BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
 

 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Defendiendo lo público y construyendo ciudadanía.

La experiencia del departamento de Risaralda. Colombia

 Jahir Rodríguez Rodríguez

 

 

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3.4. La gobernabilidad.

La gobernabilidad democrática es en gran parte una construcción de y para los procesos de democratización, sin perjuicio de que resulte perfectamente generalizable. Esta se produce además en un tiempo en que está cambiando el entorno y el paradigma tecno económico, en que se ha agotado el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, con nula capacidad de maniobra fiscal por la carga de la deuda, crecientes retos sociales y escasas capacidades institucionales.

En términos prácticos, cuando se trata de concretar qué se debe atender y cómo se debe actuar para que una democracia sea gobernable, las propuestas son tantas y tan diversas que la “gobernabilidad” parece el nuevo compendio de las ciencias sociales.

Frente a la desconfianza inicial por la palabra, a partir de cierto momento todo es gobernabilidad: asegurar mayorías parlamentarias a los presidentes, construir consensos y coaliciones, fortalecer el sistema electoral y de partidos políticos, asegurar la suficiencia financiera del Estado, reordenar sus relaciones con los poderes descentralizados, reformar la policía y el ejército, introducir la nueva gestión pública, fortalecer el poder judicial y el estado de derecho, garantizar los derechos humanos, prevenir y gestionar conflictos y desastres, proveer bienes públicos...la gobernabilidad deja incluso de tener una dimensión exclusivamente política y se pasa a hablar de gobernabilidad económica, social, medioambiental, educativa, urbana, etc.

Desde la perspectiva de la ciencia política, Hyden ha desarrollado un concepto de gobernabilidad basado en el concepto de “régimen” que es una convención para designar las normas explícitas e implícitas que definen quiénes son los actores políticos relevantes y a través de qué canales y con qué recursos se posicionan activa y políticamente. Un régimen no es un conjunto de actores políticos, sino más bien un conjunto de reglas fundamentales sobre la organización del espacio público. Esta noción de espacio público comprende tanto al Estado como a la sociedad civil y traza la línea divisoria entre público y privado.

Sobre esta base, Hyden desarrolla un concepto de gobernabilidad como la gestión consciente de las estructuras del régimen con la mirada puesta en el fortalecimiento de la legitimidad del espacio público. En esta definición, régimen y estructura de gobernabilidad significan lo mismo, y las estructuras se hallan basadas en normas. La legitimidad es la variable dependiente producida por una gobernabilidad efectiva.

Gobernabilidad y políticas públicas son entidades conceptualmente de manera diferente aunque en la práctica se afectan mutuamente. Gobernabilidad se refiere a la “metapolítica” y concierne a la estructura institucional de la acción política tanto del gobierno como de los actores de la sociedad civil. Una aproximación del tipo gobernabilidad debe explorar el potencial creativo de estos actores, y especialmente la habilidad de los líderes de superar la estructura existente, de cambiar las reglas del juego, y de inspirar a otros para comprometerse en el esfuerzo de hacer avanzar la sociedad hacia nuevos y productivos caminos.

La gobernabilidad concierne a la institucionalización de los valores normativos que pueden motivar y proveer cohesión a los miembros de una sociedad. Esto implica que es improbable que pueda emerger un Estado fuerte en ausencia de una sociedad civil vibrante.

De acuerdo con lo anterior, la gobernabilidad tiene dos dimensiones:

a. una dimensión estructural que hace referencia a los arreglos institucionales existentes en una sociedad dada, y

b. una dimensión dinámica o de proceso que se refiere a las acciones de los actores que pueden afectar a la dimensión estructural.

Esto permite focalizar la gobernabilidad desde una perspectiva tanto analítica como normativa. Desde la primera, gobernabilidad implica un marco conceptual para captar los arreglos institucionales de la sociedad y la gestión de los mismos por los actores relevantes; desde la perspectiva normativa, gobernabilidad compromete el liderazgo moral de los actores para mejorar las estructuras institucionales existentes en aras de mejorar la capacidad de solución de los problemas de acción colectiva.

En este orden de ideas, otro soporte conceptual para el desarrollo del presupuesto participativo es el de gobernabilidad. Ya hemos dicho que, en una vía, el presupuesto participativo es un instrumento que fomenta la participación al involucrar al ciudadano en la toma de decisiones sobre la destinación de los recursos para inversión en las territorialidades (1), pero en otra vía, facilita la toma de decisiones entre los actores políticos y de diverso interés con la administración pública, poniéndole sello de legitimidad debido al respaldo que para la administración implica implantar acciones desde la base social y comunitaria.

Así entendido, el presupuesto participativo permite crear condiciones estables para el ejercicio del gobierno dado el territorio pasa a ser: “…una cosa que hay que gobernar para pasar a ser un conjunto que gobierna y se deja gobernar. La gobernabilidad es ese conjunto de actores, organizaciones, personas, quienes comparten un territorio con unos recursos disponibles y unas carencias para atender, armonizándolos de tal manera que los flujos de interacciones presentes permiten el buen desempeño de quienes gobiernan…” advierte el alcalde del municipio de Belén de Umbría.(2)

“La gobernabilidad es una cualidad que proponemos se postule de las sociedades o sistemas sociales no de sus gobiernos. Hablamos de la gobernabilidad de un país o de una ciudad no de sus gobiernos, aunque obviamente las cualidades y calidades de éstos son un factor importantísimo de la gobernabilidad.(3)

Un sistema social es gobernable cuando está estructurado socio y políticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales –que pueden registrar diversos niveles de institucionalización- dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias” .

En definitiva, la gobernabilidad democrática presupone la existencia de democracia, pero ésta no es condición suficiente para que exista gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia.


1. Léase territorialidades como Departamentos y Municipios.
2. NARANJO, Diego Alberto. Entrevista concedida al equipo de sistematización. Belén de Umbría. Junio. 2003.
3. PRATS Joan. Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano: Marco conceptual y analítico. Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. BID.
 

 

 

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