1. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Una reflexión política.

"Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, pero quizás desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable".

EDUARDO GALEANO.

Notas introductorias. Después de dos años de implementación y construcción colectiva en el Departamento de Risaralda, el presupuesto participativo comienza a ser relativamente conocido en el ámbito nacional, en particular entre los especialistas de la gestión pública moderna, la planificación regional y entre politólogos y sociólogos interesados en nuevas experiencias democráticas a escala local.

La imagen pública y los resultados del presupuesto participativo ofrecen buenas razones para justificar la atención que ha estado recibiendo por parte de la Gobernación y de los municipios del departamento que están comprometidos con esta estrategia de construcción de gobernabilidad. Del proceso se desprenden las siguientes consideraciones:

En primer lugar, es un proceso concreto de democracia directa, de construcción de lo público, que efectivamente involucra a muchos ciudadanos en el debate y la toma de decisiones públicas propiciando la consolidación de la democracia social.

En segundo lugar, el presupuesto participativo ha estimulado el desarrollo de una sociedad civil activa en el departamento, el control social, el surgimiento de nuevos liderazgos sociales y políticos y con ello se ha contribuido decididamente a la construcción de una ciudadanía autónoma y al empoderamiento de las comunidades.

En tercer lugar, es un instrumento efectivo que ha promovido una mejor distribución de los recursos de los municipios, favoreciendo a sectores de la población que se encuentran en peor situación económica.

En cuarto lugar, se ha mejorado el desempeño gubernamental en su totalidad en lo relativo a la relación con ciudadanos, con las autoridades municipales, se han fortalecido los procesos de planificación participativa, incrementado así la eficiencia de la gestión pública y la gobernabilidad.

En quinto lugar, ha logrado propiciar una reducción de las prácticas del clientelismo, las cuales, como es de público conocimiento, están muy difundidas en nuestras instancias gubernamentales.

Por lo tanto, esta reflexión apunta a hacer un cuidadoso análisis de la experiencia que en los municipios risaraldenses se viene ejecutando asignando sus recursos a través de la metodología de presupuesto participativo.

Este ejercicio tiene como objetivo enriquecer y sistematizar este debate. Si bien hará una inevitable referencia a los aspectos históricos del proceso y a su dinámica, lo que se hará es analizar el proceso del presupuesto participativo a la luz del principio de legitimidad democrática y construcción de ciudadanía; del criterio de desempeño de la gestión administrativa y los aspectos más relevantes del proceso metodológico.

Estos aspectos son absolutamente esenciales para comprender mejor esta experiencia, analizar su potencial y examinar las posibilidades de transferir las enseñanzas que deja la implementación en el departamento de Risaralda a otros gobiernos locales y de expandirlos a otros niveles de gobierno.(1)

El primer aspecto consiste, ante todo, en determinar en qué medida el presupuesto participativo representa un efectivo avance respecto del principio de legitimidad democrática (2). La respuesta a este interrogante no es para nada sencilla. Como sabemos, existe una gran controversia sobre las diferencias y las ventajas comparativas entre las democracias representativas, las directas y las participativas.

Bobbio hace una importante distinción entre la democracia representativa -una forma de democracia basada en el principio de representación que es común en todos los estados democráticos modernos- y la democracia parlamentaria -un tipo particular de democracia representativa caracterizada por poseer un cuerpo ejecutivo derivado del parlamento-. Sin embargo, como el parlamento es una institución central de la democracia representativa, es inevitable que el análisis de ésta última a menudo se centre en la institución mencionada.(3)

Además, las pruebas empíricas observadas hasta ahora parecen confirmar las ideas que plantean que otras formas de democracia - que no sean representativas- son impracticables (debido al tamaño y la complejidad de la sociedad moderna) o poco deseables (porque sus consecuencias prácticas son la manipulación en el mejor de los casos y el totalitarismo en el peor de los casos).

En este contexto, el abordaje de este tema cobra importancia no sólo para tratar con profundidad la práctica del presupuesto participativo, sino también para investigar las posibilidades de construir un marco teórico más sólido y sustancial para nuevas formas de democracia.

El segundo aspecto consiste en determinar en qué medida la experiencia del presupuesto participativo contribuye, o al menos no obstruye, al mejoramiento de la gestión administrativa de los gobiernos departamentales y de los municipios.(4)

La respuesta a este interrogante tampoco es sencilla. Por el contrario, la idea general arraigada en muchos influyentes teóricos del Estado y encargados de planificación es que la complejidad y la especialización de funciones del Estado moderno no son compatibles con la participación ni con la opinión de los ciudadanos comunes.

Sin embargo, la principal preocupación será, comprender y explicar cómo logró hacer la gobernación del departamento de Risaralda el proceso, al igual, y con la ayuda de los conceptos de sociedad civil y esfera pública, se analizará de qué manera es posible articular estas dos formas de democracia en la noción de democracia directa.

1. Es importante comprender que el proceso de presupuesto participativo debe ser leído en el marco del contexto histórico, político y social. Por eso, cualquier intento por implantar procesos similares debe tener en cuenta la importancia de considerar las particularidades sociales, culturales y políticas de cada municipio.

2. Cfr. COHEN, Joshua. Democracia y legitimidad. México. 1997. Este principio expresa el concepto de autogobierno de una determinada comunidad. Es decir, en una asociación, cuanto mayor sea el nivel de gobierno por medio de la deliberación pública de sus miembros, mayor será el alcance del principio de legitimidad democrática.

3. Cfr. BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Barcelona. 1987.

4. Como es sabido, analizar el desempeño gubernamental no es una tarea fácil. Siempre resulta difícil seleccionar la información y elegir los parámetros que permitan hacer comparaciones y obtener buenos resultados sobre el desempeño gubernamental.