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La situación actual del sector agrario.

La agricultura peruana se ha caracterizado por ser una actividad económica con dos claros nortes: 1) La producción agraria de subsistencia y 2) La gran hacienda latifundista, que se caracterizó fundamentalmente por el desarrollo de un modelo agroexportador. A lo largo del siglo XIX el desarrollo minero provocó una ruptura regional y consecuentemente se sentenció la “reagrarización” del sector.26 Como se puede observar, la crisis actual del sistema agrario, no es consecuencia de las políticas de los últimos gobiernos, sino que hunde sus raíces de forma profunda en la historia de la colonia y de la república. Por este mismo razonamiento no parece pertinente culpar a la Reforma Agraria de 1969 promovida por Velasco, de los males actuales del sector agrario y de la decadencia del ruralismo. Algunos de los problemas más graves que hay que evaluar en el presente agrario, es la ruptura de la relación hombre/tierra, y la instauración de modelos de desarrollo que han obviado la necesidad de ejecutar un cambio social en el ámbito rural, que permita reinterpretar su realidad como un conjunto identitario capaz de promover los lineamientos de su propio desarrollo, la optimización de sus recursos internos y consecuentemente la integración regional que organice una distribución más equitativa de la renta.

La comentada Ley de Reforma Agraria de 1969, ha sido profundamente criticada. Uno de sus principales logros fue el desmantelamiento de una agricultura extensiva, de hacienda, en la cual el régimen oligárquico tenía plenos derechos sobre los productores. A pesar de eso, como reconocen Burga y Manrique, las grandes unidades terratenientes se mantuvieron intactas, debido a la opción estatal colectivista asumida por el régimen velasquista, bajo el criterio de que debía promoverse la explotación asociativa de la tierra bajo una modalidad cooperativista impuesta, que no respetaba el pasado de las formas de cooperación andina basada en la institución del ayllu. Esta reforma, pues, chocó frontalmente contra las demandas de un amplio sector de agricultores peruanos y esto explica el descalabro de las Cooperativas Agrarias de Producción (C.A.P.), las cuales fueron posteriormente parceladas y la destrucción de las Sociedades Agrícolas de Interés Social (S.A.I.S.) de la sierra, que funcionaron limitadamente.27

Otro de los elementos de fracaso de la reforma agraria – exceptuando el importante factor de la financiación de la misma, la cual exige una ingente cantidad de recursos financieros- es, tal como reconoció Washington Zúñiga, el profundo desconocimiento de los objetivos reales de dicha reforma. Apoyando esta idea habría que hacer referencia a las palabras del senador Ramiro Prialé cuando en el Senado se discutía el proyecto de ley: “El criterio político, el interés de ganar simpatías populares, conducen fatalmente a muchas gentes a adoptar aptitudes que son sencillamente resultado de una propaganda demagógica. Estoy seguro de que si en cualquier lugar se hace la siguiente pregunta: ¿No cree usted que las grandes haciendas deben ser parceladas? El hombre común y corriente, víctima de todas estas campañas dirá: Por supuesto deben ser totalmente parceladas. Y si se le dice a continuación: ¿Qué piensa usted de la concentración parcelaria?, seguramente dirá: Bueno ¿qué es eso?.”28

Nuevamente estamos asistiendo al fracaso de un plan político cuyo fin debería ser la mejora, en primer lugar, de la calidad de vida del agricultor y en segundo lugar, agregado a este factor, el implemento de unas medidas de producción agrícola más ventajosas para el mismo. Sin embargo, en este caso observamos un ejemplo más de política que no tiene como objetivo final el servicio a la comunidad, sino que desarrolla o modifica leyes de forma inconsistente, insostenible y finalmente perjudiciales empleando para ello recursos electoralistas, los cuales prometen si no de forma directa, si por lo menos tácitamente, que los cambios se producirán en el corto plazo. Siendo ello imposible de cumplir, por lo tanto, las clases afectadas por las reformas tenderán a desvincularse, frustrados, de los “seudoprogramas” de promoción agraria, destruyéndose así el principal elemento posibilitador de un cambio; el capital social.29

A estas circunstancias históricas y multifactoriales de desruralización, también habría que añadir el fenómeno del terrorismo producido durante la década de los años 80. Sendero Luminoso, cuyos objetivos perseguían la creación de una nueva sociedad de corte marxista–maoísta, que en un principio contó con el apoyo de algunos sectores rurales y posteriormente utilizó a las clases sociales más desfavorecidas para desarrollar su programa político-militar. Este clima de inseguridad coadyuvó a incrementar las tasas de éxodo rural. Según las estadísticas del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), en su informe anual para 2.003, en Perú, aproximadamente el 10% de sus habitantes (26% de la PEA), está vinculada al sector agrario con un perfil de subsistencia tal observando que las unidades productivas tienen un promedio de 3.1 hectáreas.

Esta situación hace difícil una planificación agraria que permita incrementar los precios de los productos agrícolas y de este modo poder reinvertir los beneficios en mejoras para los sistemas productivos, en la creación de productos con valor agregado o la generación de cadenas de valor. En función a esto, el sector agrario tan solo ha sido capaz de aportar un 0.001% de la recaudación tributaria del país y esto, en parte, explica las dificultades que tiene el gobierno por financiar el sector, tanto así, que en el período de 2.003, el sector agrario tan solo ha recibido el 3.4% de las colocaciones del sistema financiero.30¿Por qué?. La respuesta es tan sencilla como dramática; el sector agrario no es atractivo ni puede ofrecer una alta rentabilidad en el corto plazo tal y como favorecen las teorías de la empresa neoliberal.

Los problemas actuales son por lo tanto consecuencia de los factores humanos, históricos e institucionales que se han ido exponiendo en la descripción del problema y sobre todo son manifestación del divorcio entre la idea de política como servicio por una política como negocio oportunista. Como producto de estas cuestiones se han ido fundando los pilares de una nueva sociedad que atiende a unos nuevos parámetros de convivencia entre la ciudadanía-instituciones y viceversa, así como la generación de unas tendencias de consumo características de una sociedad de mercado, que ha sido adherida de forma artificial a una entramado social que, mayoritariamente, debe cubrir en diferente grado Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), antes que insertarse en un sistema generador de estrés y frustraciones. Y uno de los principales peligros que se cierne sobre el futuro de una economía desequilibrada con el sistema de mercado es el fomento de la individualidad, la pérdida del criterio de cooperación comunitaria, de ayuda mutua, de desconfianza con las instituciones y con el vecino, factores que son imprescindibles para desarrollar no solo una economía sino una sociedad.

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