Julio Mario Orozco Africano
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PRESENTACIÓN
Las democracias se cimientan sobre dos grandes columnas: la
libertad y la igualdad. Sobre estos derechos fundamentales se erigen los demás
derechos, incluso los llamados “prestacionales” o derechos económicos, sociales
y culturales, que les son propios al Estado Social del Derecho. Hoy estamos aquí
precisamente por dos de ellos: la salud y la seguridad social.
Si bien es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud planteado
por la Ley 100 de 1993 ha tenido muchas bondades, como el incremento progresivo
de los recursos para la salud y el consecuente aumento de la cobertura en
aseguramiento, son precisamente esas dos ventajas las que nos llevan a
plantearnos hoy un ajuste a la reforma.
Si el estado invierte hoy unos 9,3% del producto interno bruto en salud, lo cual
asciende a una cifra cercana a los 18 billones de pesos; y si la cobertura de
aseguramiento alcanza tan sólo 66%, nos asalta la inquietud de ¿por qué no se ha
alcanzado la tan anhelada universalidad que ordena nuestra Constitución
Política? De los 45,5 millones de colombianos hoy, diez años después de
implementada la reforma, existen unos 15 millones en el Régimen Contributivo de
Salud, unos 2 millones en los regímenes exceptuados de la Ley 100 y unos 13
millones de pobres asegurados en el Régimen Subsidiado de Salud.
Las cuentas son claras. Si repartimos todo el dinero que se invierte en salud,
Colombia tendría para asegurar a la totalidad de sus habitantes con un gasto per
cápita de $395.000, lo cual supera la unidad de capitación del Régimen
Contributivo. Sin embargo, aún persisten 15,5 millones de colombianos sin un
seguro de salud.
¿Cómo hacer entonces más eficiente nuestro modelo de salud?, ¿cómo evitar la
evasión y elusión que niega la oportunidad a unos 500.000 pobres de ingresar al
Régimen Subsidiado de Salud?, ¿cómo mejorar nuestro sistema de información que
permite la dilapidación de más de un billón de pesos por sus deficiencias para
detectar duplicidades, fraudes y evasiones?, ¿cómo mejorar el flujo de los
recursos?, ¿cómo mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la
salud que sostienen el sistema? y más importante aún ¿cómo redireccionar el
sistema de aseguramiento articulándolo a las funciones esenciales de salud
pública con las que se comprometió nuestro país ante el seno de la Organización
Panamericana de la Salud?
Estas y otras inquietudes asaltaron la mente de nuestros docentes y estudiantes,
así que nos dimos a la tarea de iniciar una serie de foros y debates, con el
acompañamiento de expertos en la materia, para investigar si los 11 o 12
proyectos de ley que pretenden reformar el Sistema General de Seguridad Social
en Salud apuntaban hacia el deber ser de los sistemas de salud según lo plantean
organismos internacionales como la OMS, OPS, Banco Mundial, BID, CEPAL, etc.
Después de los foros y debates se organizaron ocho mesas de trabajo, en las que
se debatieron los siguientes aspectos de la reforma:
• Regulación e Inspección, vigilancia y control del sistema
• Aseguramiento en del sistema
• Provisión de servicios y Recurso Humano
• Promoción, prevención y salud pública
• Financiación del sistema
• Sistema de información
• Participación social en salud
• Calidad en la atención en salud
Los hilos conductores de las discusiones fueron los tres principios
constitucionales ordenados para el Sistema General de Seguridad Social en Salud:
Universalidad, Eficiencia y Solidaridad. Siempre teniendo en mente la pregunta:
¿cómo reducir la brecha de inequidad en salud en Colombia?
Por qué reformar la reforma, es el resultado del trabajo en el que concurrieron
el cuerpo docente y dicente de nuestra alma máter para elaborar un documento que
recogiera lo mejor de cada proyecto de ley y las recomendaciones de organismos
internacionales a partir del análisis comparativo con otros modelos de salud de
Latinoamérica.
Esperamos que el presente libro se convierta en una valiosa herramienta que
aporte elementos tecnocráticos a los Honorables Senadores de la República en sus
discusiones y debates al seno de la comisión séptima para que todos los
colombianos disfruten de su derecho a la salud con libertad, equidad y calidad
en la atención.
