BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, DEMOGRÁFICO Y CULTURAL DE
COICOYÁN DE LAS FLORES

Ricardo García Jiménez
 

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Capítulo X: Organización sociopolítica

Cada grupo, colonia, barrio y agencia forma parte de un todo completo y su estructura opera en función de ese todo. Comprender su organización territorial, sus formas de gobierno civil y religioso, el control del gobierno estatal y federal, las relaciones interétnicas y la vida política son los temas que se tratan en este apartado.

1. Agencias, barrios y colonias

En el municipio de Coicoyán de las Flores gran parte de sus localidades (agencias, barrios y colonias) conservan un sistema de poblamiento disperso. El municipio está conformado por la cabecera municipal y 17 agencias (Ver Tabla 30).

Cada agencia, barrio o colonia se integra por unas cuantas familias emparentadas entre sí, formando una unidad compacta que depende política y socialmente del pueblo, con base en la población territorial que dicho municipio posee.

La mayoría de las agencias tiene una organización política y religiosa similar a la de la cabecera municipal, se realiza por el sistema de usos y costumbres.

2. Gobierno y autoridades tradicionales

La división político territorial del estado de Oaxaca reconoce la existencia de 570 municipios, 729 agencias municipales, 1 526 agencias de policía y 726 núcleos rurales, o sea, 3 551 localidades con reconocimiento político-administrativo y un rango poblacional en el que por lo menos 525 municipios no alcanzan a tener 15 000 habitantes, que es el mínimo legal para conformar un municipio.

Lo anterior obedece a razones históricas relacionadas con la defensa de los pueblos, de sus categorías municipales y territoriales, a los cambios y a la confusión misma de la legislación vigente.

La institución municipal es el escenario en el que se desenvuelve la dinámica política y administrativa local de las comunidades. El estado de Oaxaca cuenta con 570 municipios (23 por ciento de los existentes en el país), donde el mayor porcentaje de tenencia de la tierra es comunal concentradas en los llamados pueblos indígenas.

Hay que resaltar que de los 570 municipios que conforman la entidad, 418 eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres.

De acuerdo con la legislación oaxaqueña vigente, la división territorial establece las categorías administrativas siguientes: cabeceras municipales, villas y pueblos, y, como dependientes de éstas, las agencias municipales y de policía que corresponden a las congregaciones y núcleos rurales.

Conforme a las Constituciones federal y estatal, el órgano de gobierno municipal está constituido por un Ayuntamiento, compuesto por un presidente municipal (encargado de la representación política y administrativa), un síndico (encargado de la procuración de justicia, con funciones de ministerio público y de representación jurídica) y regidores (con funciones administrativas para la prestación de servicios públicos diversos). Además, la legislación oaxaqueña reconoce la figura del alcalde (encargado de la administración de justicia o con funciones de juez).

En los pueblos de Oaxaca se llama “Ley del Pueblo” al derecho consuetudinario. Este derecho esta fundado en la costumbre. Para las comunidades indígenas, hay costumbres que se vuelven ley. Este derecho consuetudinario se puede definir como el conjunto de reglas que rigen la vida y las relaciones sociales y políticas en los pueblos. Para ello la autoridad hace respetar u observar la “ley”, basándose en las costumbres jurídicas del pueblo, para evitar que alguien en particular perturbe el orden público o la vida pacifica de la comunidad, causando perjuicio material o moral a otros .

Recordemos que en el Estado de Oaxaca, los pueblos indígenas mantienen vigentes sus tradiciones y dentro de estas, la elección de sus autoridades municipales posee tintes muy particulares, comparándolo con el del sistema de partidos políticos. Este sistema de organización social y política, les proporciona a las comunidades una identidad cultural propia y los constituye como un ejemplo de democracia participativa directa en el estado.

Sin embargo, y a pesar de que Oaxaca es considerado un estado con una diversidad pluricultural y que posee un sistema electoral por usos y costumbres, paralelo al de sistemas de partidos políticos, que es considerado como de avanzada, no fue sino hasta hace algunos años que se empezaron a dar cambios legislativos de gran envergadura en materia del Derecho Indígena.

Pero estos cambios fueron alentados por las demandas del movimiento indígena a partir de la irrupción del EZLN en enero de 1994 y, por la ratificación, de parte del Gobierno Mexicano del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho Convenio establece en el artículo 2: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de impulsar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad”.

Y es hasta marzo de 1997 cuando se reformaron los artículos 25, 29 y 98 de la Constitución Política Local, para hacer más explícito el reconocimiento a los derechos electorales de los pueblos indígenas en Oaxaca. También, en septiembre de este mismo año, se hicieron adecuaciones al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, en lo referente al Libro IV: “De la Renovación de Ayuntamientos en Municipios que Electoralmente se Rigen por Normas de Derecho Consuetudinario”, con el argumento jurídico de dar mayor funcionalidad y claridad al ordenamiento del proceso electoral por usos y costumbres. Finalmente en 1998 se promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca.

No obstante y ante toda esta gran carga reformadora, el sistema normativo tradicional adolece de resolución justas cuando surgen conflictos en los municipios que se rigen por los usos y costumbres.

Tan solo en el proceso electoral de 2001 se generaron conflictos en 122 municipios, de un total de 418, que eligieron a sus autoridades por normas de derecho consuetudinario y, lo más grave, es que estos problemas provocaron situaciones de ingobernabilidad, deterioro de la convivencia social, violencia política en el estado y pérdida de vidas humanas en municipios altamente polarizados.

En el caso del municipio de Coicoyán de las Flores, la elección de sus autoridades y la solución de sus problemas se realizan bajo el sistema de usos y costumbres. Claro que con sus características particulares. Una de ellas es que no permite la intromisión o injerencia de partidos políticos en los procesos de elección de sus autoridades.

Pero esta exclusión existe solo en apariencias, ya que es hecho que existe la presencia virtual de varias instituciones políticas a través de organizaciones civiles (que son brazos de partidos políticos) que se posesionan en las localidades.

Su estrategia es el impulsar desde fuera de las comunidades a posibles (lideres) candidatos a la presidencia municipal y a cargos de elección. Esta intromisión indirecta ha llegando a causar divisiones y enfrentamientos entre candidatos como los sucedidos en el presente trienio.

Pero el método utilizado en este municipio para la selección de sus candidatos se apoya reconociendo ciertas cualidades que debe poseer el candidato, entre las que destacan una reputación moral sujeta aprueba, el arraigo al municipio y la participación del candidato en tequios . Estas cualidades serán presentadas en una asamblea comunitaria , y las propuestas serán examinadas por un “cuerpo de principales” que fungen como asesores y líderes morales de colonias, barrios o agencias.

El perfil de los candidatos a presidente municipal se define aproximándose el tiempo para la renovación del Ayuntamiento, dado según por “costumbre”. Por lo general, solo se pueden ser elegibles hombres mayores de 25 años y originarios del municipio, junto con las características ya antes citadas más arriba. Los cargos públicos duran tres años, salvo que la asamblea comunitaria disponga lo contrario.

Hay que destacar que a la convocatoria emitida por la asamblea y el cuerpo de principales para la elección de sus autoridades, asisten tanto hombres, mujeres y jóvenes de dieciocho años, quienes pueden proponer candidatos y votar por los mismos. (Ver Fotografías Elección de Autoridades por Usos y Costumbres).

Pueden existir tantos candidatos como la asamblea lo proponga. Quien organiza, vigila y cuenta los votos es una “casilla electoral” aceptada y validada por la asamblea que está integrada por un presidente-secretario y hasta 12 escrutadores que fungen como fedatarios de la comunidad. Cerrada la lista de candidatos se someten a votación cerrada a través del voto secreto y directo.

Los candidatos que obtienen el mayor número de votos pasan a ocupar los distintos cargos en orden descendente. Por ejemplo, quien obtiene el mayor número de votos se convierte en presidente municipal titular; el segundo en votos, en síndico procurador titular; el tercero en votos, en regidor de hacienda titular; así hasta agotar todos los cargos titulares, y posteriormente siguen los suplentes .

Es “costumbre” que una vez obtenidos los resultados finales de la elección, se invite a los miembros de la comunidad para que conozcan los resultados, no importando la hora que sea. También se da a conocer en todas las agencias, colonias y barrios quienes integrarán el nuevo cabildo.

El Instituto Estatal Electoral de Oaxaca sólo participa como simple observador en las elecciones que se llevan a cabo. Una vez que se obtienen los resultados definitivos, los integrantes de la casilla electoral, junto con las autoridades salientes, acuden ante dicho organismo para que sea testigo y tome nota de quienes serán las nuevas autoridades municipales para después extender la respectiva constancia de mayoría.

Es atribución del presidente municipal titular electo, nombrar un alcalde (quien funge como juez de paz), un secretario, un mayor (jefe de la policía) y un encargado de llaves (quien es el responsable de abrir las instalaciones y oficinas que albergan al cabildo).

Algo que llama la atención es que, ante la ausencia de las autoridades titulares ya sea por horas, días o semanas, por enfermedad o comisiones, las autoridades suplentes asumen el cargo para que no exista un vacío de poder en el Ayuntamiento.

A su vez, cada agencia municipal o de policía nombra a sus representantes de manera autónoma y puede también hacerlo mediante un sistema igual o distinto al empleado por la cabecera.

Hay que destacar que el Ayuntamiento de Coicoyán de las Flores, se encuentra integrado por un presidente municipal, un síndico, un regidor de hacienda, un regidor de obras y un regidor de educación que son reconocidos constitucionalmente (Ver organigrama y Tabla 30).

3. AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS O RELIGIOSAS: En el municipio de Coicoyán de las Flores existe una parroquia que depende de la diócesis de Huajuapan de León. Los diferentes sacerdotes que han estado en la parroquia del lugar han fungido como promotores ante la autoridad municipal para la construcción de edificios públicos (auditorio, biblioteca, etc.) y servicios urbanos que se traducen en una mejora social.

También su participación entre la población ha sido de consejeros espirituales, familiares y sicólogos personales, sobre todo de la población de jóvenes indígenas. Los párrocos promueven además el conocimiento de una cultura de sus derechos humanos, así como también de los riesgos de ciertas enfermedades de trasmisión sexual como el SIDA.

Asimismo, las autoridades religiosas in sitium se convierte en promotores de la fe de su religión. También cumplen como contrapeso a la una transculturación norteamericana que induce a una visión individualista, competitiva y consumista que fomenta la envidia de los miembros de la comunidad hacia los emigrantes que regresan después de varios años o meses de trabajo con posesiones económicas y materiales.

Asimismo las autoridades religiosas del municipio, sobretodo la católica, realiza trabajo de contención por la proliferación de otras religiones, como las evangélicas por ejemplo.

El eslabón que existe entre las autoridades municipales y la autoridad religiosa es a través de la mediación del Consejo de Principales, con ello se cuida que no se de una fusión y confusión entre las autoridades del Estado y la de Dios, con el fin de hacer prevalecer el Estado laico marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los cargos o autoridades eclesiásticas de la parroquia son nombrados en conjunto entre el clérigo y el Consejo de Principales. En casi todos los municipios del estado de Oaxaca los cargos o autoridades eclesiásticas son los siguientes:

a) Mayordomos

b) Fiscales

c) Rezadores

d) Mayores de Iglesia

e) Sacristanes

f) Topiles

Cabe señalar que la población de este municipio es eminentemente católica (Ver Tabla 31 y Gráfico Estructura de la Población de 5 Años y Más Según Religión, 2000).

Hasta la fecha no se han detectado problemas o conflictos por diferencias religiosas en el municipio, salvo la marginación y exclusión de algunas iglesias por parte de la religión mayoritaria.

4. VIDA POLÍTICA (CACIQUES, LÍDERES, GRUPOS Y PARTIDOS POLÍTICOS CON INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO).

Toda sociedad crece y se desarrolla, ello implica una complejidad en las relaciones entre individuos y grupos y, por consiguiente, se generan modificaciones en las relaciones sociales, políticas, económicas y/o culturales debido en parte por los cambios que se dan en la base económica que sustenta el edifico de la sociedad.

Bajo este marco el reclamo de los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios ocupados pueden desatar conflictos por la posesión de la tierra y el usufructo de los recursos naturales.

Asociado a esta posesión usufructuaria por parte de los miembros de las comunidades se da una relación simbólica que guardan los individuos con sus lugares sagrados e históricos, con los mitos y sus tradiciones, que constituyen, el espacio concreto donde los pueblos indígenas existen y crean sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, dándoles identidad y diferenciándolos del resto de la sociedad.

Por lo tanto, el control de sus territorios y sus recursos constituyen la posibilidad de mantenerse y desarrollarse sin dejar de ser lo que son. Por eso, cuando se ven amenazados por agentes externos a sus comunidades, responden de manera defensiva, construyendo argumentos que se apoyan en la posesión histórica, títulos primordiales, resoluciones presidenciales, sentencias de los tribunales agrarios, etc.

Desde la posición del gobierno se adoptan varias posturas para solucionar o manejo de los conflictos. Una pretende minimizar los problemas reduciendo los reclamos de control territorial a asuntos agrarios por la tenencia de la tierra, lo que de principio reduce toda posibilidad de arreglo constructivo, y genera problemas más complejos. Otra ubica los conflictos como disputas intercomunitarias, donde las comunidades mantienen añejas disputas por espacios improductivos “porque les gusta pelear” y “así son por naturaleza”, belicosos.

Estas posturas, además de segregacionistas, son equivocadas porque atienden a la superficialidad del problema y no a los hechos de fondo. Cuando las comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no pelean sólo por un espacio de tierra donde sembrar o colocar una casa para vivir. Defienden, sobre todo, su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, a decidir su futuro. Pelean por su autonomía.

En este vertiginoso caos se llegan a mezclar intereses gubernamentales que buscan controlarlos. Si las comunidades logran su propósito de debilitar la respuesta gubernamental, el Estado utiliza el corporativismo y captan a los lideras de las comunidades. Por eso cada que pueden, los gobiernos ignoran o esquivan el problema. Cuando esto no es posible ponen a pelear a las comunidades entre ellas, generándoles problemas. Entre éstos, los agrarios. La negativa a que las comunidades controlen su vida interna y su futuro muchas veces no viene sólo del gobierno. También algunas organizaciones independientes consideran que al fortalecerse las estructuras comunitarias perderán clientela y espacios de negociación frente al gobierno, por eso pocos esfuerzos reales hacen por la solución de los problemas.

Un caso específico es la región de la mixteca, que comprende unos 40 mil kilómetros cuadrados repartidos entre Guerrero, Puebla y Oaxaca, de los cuales a este último corresponden 18 759 km2.

Administrativamente el territorio mixteco se divide en 179 municipios, de los cuales trece se ubican en el oriente de Guerrero, diez en Puebla y 156 en el oeste de Oaxaca.

En la Mixteca oaxaqueña, si tomamos como base los siete distritos con más población indígena (Coixtlahuaca, Huajuapam, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco) encontraremos que de los 156 municipios concentrados en estos distritos 139 tienen propiedad social (el 89.26 por ciento). La tierra de estos municipios se divide en 288 núcleos agrarios, 53 ejidos y 235 comunidades agrarias. Lo anterior nos dice que la identidad comunitaria esta fuertemente arraigada a la tierra.

En este espacio se localizan 167 de los 656 conflictos agrarios registrados en Oaxaca y siete son denominados por el gobierno como “de atención especial”.

Si para que exista conflicto entre comunidades agrarias deben estar enfrentadas al menos dos de ellas, entonces los conflictos mencionados involucran al menos a 332 comunidades indígenas repartidas en 130 municipios de los 156 que componen el territorio. En conjunto estas comunidades se disputan alrededor de 97 909 hectáreas del territorio mixteco. La situación no es halagüeña, pues alrededor del 52 por ciento del territorio mixteco vive en constante inestabilidad social debido a la disputa por los espacios territoriales, que involucran al 22 por ciento de las comunidades, también los altos índices de marginación y pobreza propician enfrentamientos comunitarios.

Los datos oficiales revelan que la mayoría de conflictos llevan unos 40 años de existencia (el de menos tiempo tiene 5 años y el más antiguo unos doscientos años, con algunas excepciones que remontan sus orígenes a antes de la llegada de los españoles, como Santiago Amoltepec y sus vecinos, en el Distrito de Sola de Vega; o durante los primeros años de la independencia, como el de San Miguel Cuevas y Santa Catarina Noltepec, o las comunidades triquis contra pequeños propietarios y comunidades mestizas, en los distritos de Tlaxiaco, Putla y Juxtlahuaca).

Una característica de estos conflictos es que en su mayoría cuentan con una situación jurídica solucionada, que no admite más recurso legal y por lo mismo deberían estar resueltos. No lo están, pero los órganos encargados de ejecutar las resoluciones no lo han hecho, por temor de enfrentar a grupos de poder. Ello contribuye a la inseguridad jurídica e inestabilidad política; es el caso de Santa Catarina Yosonotú contra Santa Lucía Monteverde, San Pedro Yosotatu contra San Sebastián Nopalera y San Miguel Cuevas contra Santa Catarina Noltepec.

Hay también intereses políticos de diversa índole detrás de estos conflictos. Algunas autoridades de los tres niveles de gobierno tienden a manejar los conflictos en lugar de solucionarlos porque les permite negociar con sus opositores.

Hay organizaciones políticas, oficiales y oficiosas en la región, que mantienen en conflictos permanentes a las comunidades para asegurarse de tener seguidores y gestionar ante autoridades y otros organismos. Entre las organizaciones encontramos oficiales y oficiosas están la Organización de Autoridades Municipales y de Pueblos Indígenas de la Mixteca; la Confederación Nacional Campesina (CNC), vinculada al Partido Revolucionario Institucional; las de “izquierda”, como la Unión Campesina Democrática (UCD), ligada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), o independientes como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), entre otras. Las luchas por la tierra en la Mixteca oaxaqueña como en la mayor parte del territorio, también son luchas por el territorio y el poder.

Desde hace varios años, la población de Coicoyán de las Flores se encuentra dividida por la intervención indirecta de partidos políticos como el PRI y el PRD.

Asimismo existe la injerencia de organizaciones civiles bajo la supuesta defensa de los derechos y las causas indígenas como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB); el Frente Nacional Indígena y campesinos (FNIC); El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort); Consejo Indígena y Popular de Oaxaca (CIPO-RFM) que aglutina a su vez al Comité de Defensa de los derechos del Pueblo (CODEP), Frente Único de Defensa Indígena (FUDI), Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), El Movimiento Social Magonista (MSM).

También tienen presencia organizaciones como la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA) y el Frente Popular Revolucionario (FPR) que aglutina en su seno al Frente de Lucha Popular Guerrerense, al Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), la Unión de Campesinos Pobres (UCP), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), Partido Comunista marxista-leninista (PCML) entre otras agrupaciones.

No puede dejar de mencionarse la presencia en toda la región de organizaciones político-militares, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que han aparecido en territorio mixteco realizando acciones de propaganda para llamar a la población a enrolarse en sus filas o llevando a cabo acciones militares. La presencia de estos grupos ha provocado la militarización de esta región, ocasionando conflictos y violaciones de los derechos humanos por la presencia de militares y de gente extraña en las comunidades.

El episodio más conocido de violencia en el municipio de Coicoyán de las Flores fue el caso de David Maldonado Leyva, quien fue presidente municipal de 1969 a 1971 y fue asesinado en una emboscada antes de concluir su mandato. Su sobrina, dueña de una de las tres misceláneas grandes de Coicoyán, cuenta que a partir de la muerte de su tío varias familias abandonaron el pueblo, entre ellos los Leyva Figueroa, los Leyva Maldonado y los Solano Salazar.

En el más reciente escándalo político ocurrió hace un par de años. Este se dio cuando el entonces presidente municipal, Paulino Melo, dejó su cargo sin comprobar el uso de 2 millones 600 mil pesos. Antes de huir -su casa lleva varios meses abandonada- pidió licencia al Congreso estatal y éste se la concedió.

En la historia reciente del municipio de Coicoyán de las Flores, se dio la desaparición de poderes después de las elecciones realizadas en el 2004, debido a que ciertos grupos no permitir que organizaciones y partidos PRI-PRD formaran parte del Cabildo municipal. Ante ello el gobierno del Estado, a través del Congreso Local, insaculó una administración municipal provisional para evitar la desestabilización del municipio.

Consideramos oportuno ampliar aún más el contexto socio-político e histórico de los principales partidos, organizaciones sociales y actores que tienen presencia (directa e indirecta) dentro del municipio, con el fin de tener un marco referencial más amplio que nos ayude a entender y explicar algunos de los problemas políticos que envuelven y atan al municipio de Coicoyán de las Flores.

La política que promueven los partidos con presencia en esta región generalmente impone sus estrategias desde las cúpulas hacia las bases. Hemos visto que varios de los “líderes” de las comunidades indígenas generalmente incursionan en instituciones políticas como el PRI y PRD, pero tratan de guardan sus simpatía y preferencias hacia estas instituciones para evitar que los miembros de las comunidades sientan desconfianza hacia ellos.

Estos seudo lideres con frecuencia cambian de partido, para “ver” cuales de estas instituciones puede resolver los problemas comunitarios o personales. Sus luchas desembocan a lo sumo en fenómenos de clientelismo que permiten realizar presiones conjuntas en las que “algo” puede ganar.

Incluso los miembros y simpatizantes del PRI participan en distintos tipos de presiones y hasta movilizaciones para la toma de palacios municipales y oficinas de gobierno como elementos de presión para que militantes y simpatizantes de otros partidos (PRD, PAN, PVEM) no se posesionen de espacios de poder.

Es un hecho que el conjunto de las luchas y la correlación de fuerzas de oposición existentes en esta región no han alterado en mucho la estructura de poder armada y regida por los caciques priístas locales.

Algo que llama la atención es que en muchos poblados de por esta región, la red de poder se concentra en las oficinas de los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional que se ubican a un costado o en calles cercanas a las presidencias municipales o agencias administrativas. Sirviendo esos espacios como centros de vigilancia hacia los miembros de la comunidad.

En las zonas indígenas, por lo general, las autoridades rechazan la intromisión de cualquier partido político que no sea el oficial. Nada que afecte al PRI o a sus militantes es tolerado. La función electoral se hace sin planteamientos que atenten contra los privilegios y los privilegiados, o que impliquen la posibilidad jurídico-política de elegir representantes contrarios al PRI.

Existe un pre-juicio y aberración dentro de las comunidades cuando miembros de estas mismas muestran sus simpatías por otros partidos de oposición como puede ser el caso del PRD, llegando a provocar rencillas políticas en muchas de las colonias o barrios de las localidades.

La idea inducida hacia muchos de los residentes de los municipios mixtcos, es que los partidos políticos de oposición son belicosos y contrarios al populismo indigenista oficial que está representado por el PRI. Por eso, el ir más allá, y tratar de construcción una alternativa política por esta región por una vía pacifica, resulta ciertamente muy difícil.

Por otra parte, hay que destacar que organizaciones como el FIOB, que pudo haber representado una opción de lucha política que trajeran beneficios a los pueblos indios no se dio en un marco de armonía, ya que ante la fractura que sufrió hace algunos años por diferencias políticas internas entre sus dirigentes por acusaciones de enriquecimiento inexplicable, dividió a esta organización en dos alas totalmente opuestas que polarizaron a varias comunidades mixtecas por sus luchas internas.

Una de ellas, liderada por Arturo E. Pimentel Salas, considerada el extremo radical, grupo que ha tomado edificios públicos, palacios municipales (como fue el caso de Huajuapan de León y la delegación de gobierno en esta ciudad), así como el cierre de carreteras y la quema de vehículos de trasporte público.

Por la otra parte esta la considerada el ala moderada, (conciliadora y negociadora) que es lidereada por el profesor Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, que ha tenido acercamiento con algunos municipios para trabajar conjuntamente.

Al respecto, el actual gobierno del municipio de Coicoyán de las Flores se manifestó que es relegado por el gobierno federal y estatal, y no cuentan con la asesoría necesaria para iniciar algún proyecto productivo que promueva el mejoramiento económico y social de esta localidad.

Y es en esta coyuntura como algunas organizaciones aprovechan la situación de desamparo para posesionarse en las comunidades promoviendo proyectos productivos asesorados y dirigidos por estas organizaciones, condicionando el apoyo a los miembros de las localidades para que se afilien a tal o cual partido político u organizaciones.

Otro hecho que aconteció recientemente fue el asesinato de los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organizaciones sociales que se disputan el control político en la región.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga en comunidades de los municipios Putla de Guerrero y Juxtlahuaca los hechos.

Estos homicidios se perpetraron en las inmediaciones de la comunidad San Juan Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca. Por la mañana del 8 de agosto 2005, donde fue abatido a balazos Aurelio Rojas Hernández, integrante del MULT, y al mediodía se dio muerte a Margarito Reyes de Jesús, dirigente de la Ubisort en el mismo lugar.

Las disputas de estas dos organizaciones es añeja. Y ha rebasado el manejo de las autoridades llevando el problema a otros municipios del estado de Oaxaca como en algunas ciudades del Estado de Guerrero. El 3 de agosto del 2005 fue asesinado el dirigente del MULT, Hilario González Domínguez, en un restaurante de Putla de Guerrero.

La PGJE dio a conocer que la disputa entre militantes del MULT y de la Ubisort ha generado por lo menos 10 muertes durante los primeros ocho meses de 2005. Situación que coloca a esta región como de alta violencia.

A principios del año 2005, el diputado del Partido Unidad Popular -de registro local- y dirigente estatal del MULT, Rufino Merino Zaragoza, aseguró haber recibido diversas amenazas de muerte, por lo que solicitó protección al gobierno del estado tanto para él como para su familia.

Por su parte, el asesor general del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, hace cinco años fue víctima de un atentado a balazos en la ciudad de Oaxaca, del cual resultó gravemente herido, y luego de pasar varios meses en recuperación actualmente requiere de una silla de ruedas para desplazarse.

Estos ejemplos son sólo una pequeñísima muestra de los conflictos existentes en la región Mixteca, que han influido y repercutido en el municipio de Coicoyán de las Flores y que han dado como consecuencia limitaciones en su desarrollo económico y social.


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