ESTRATEGIA ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO

EL NUEVO ROL DEL ESTADO ECUATORIANO

Cuando afirmamos que la aplicación del modelo neoliberal en América Latina ha generado el crecimiento de la pobreza y que, por otra parte, ha propiciado que la región ostente la más alta desigualdad en el reparto de la renta en el mundo, nos lleva a la conclusión de que las fuerzas que operan en el mercado por sí sólas no pueden controlar la desigualdad social y que, por el contrario, conforme lo sostenía J. J. Rosseau, el Estado es quien tiene la función social de corregir esas desigualdades.

En ese sentido, la tarea debe orientarse a fortalecer la presencia y participación del Estado ya que como bien lo sostiene el propio Presidente del BID, Enrique Iglesias[1], “si bien es necesario que actúe en el mercado la mano invisible de que hablaba Adam Smith, hoy es imprescindible también que actúe la mano visible del Estado, asistiendo socialmente a la población”.

Desde esa perspectiva, se concuerda con la posición de que si bien “el surgimiento de nuevos mercados globales y de la economía del conocimiento, junto al fin de la guerra fría, ha afectado a la capacidad de los gobiernos nacionales para controlar -como antes- la vida económica y proporcionar una gama de prestaciones sociales en continuo crecimiento, se debe crear un marco diferente, que evite tanto el gobierno vertical, burocrático, auspiciado por la vieja izquierda como la aspiración de la derecha a desmantelar el Estado en su conjunto” (Giddens, 2000: 12, lo interlineado es añadido). En efecto, lo que se debe alentar es la redefinición de un nuevo rol para el Estado ecuatoriano, el cual debe reflejarse en un papel activo e indelegable en cuanto a  la implementación de medidas sociales; pues, como bien lo sostiene Eric Hobsbawn, “El Estado - nación es la única instancia capaz de distribuir el PNB con otros criterios que no sean el puro beneficio económico. Sigue siendo la herramienta más adecuada. Por eso ya es hora de que el gobierno recuerde que su principal objetivo no es la riqueza nacional sino el bienestar y la justicia social” (Hobsbawn, 2000:54).

Entonces, con ello lo que se plantea es la necesidad de robustecer al Estado-nación, donde la soberanía y autonomía sean dos de sus elementos característicos en su accionar. Lo que se propone es un Estado vigoroso, defensor de los intereses de la colectividad. Pero ello no implica volver a un Estado centralista sino más bien, impulsar su descentralización a fin de que los organismos seccionales y provinciales que son quienes conocen de cerca las necesidades de sus respectivas localidades, impulsen el crecimiento y desarrollo sostenido del país, enmarcado en políticas nacionales trazadas, definidas y supervisadas por el gobierno central. De no proceder en ese sentido, para el caso ecuatoriano, representaría -de alguna manera- seguir  manteniendo un esquema centralista que ha motivado el surgimiento de un polo de desarrollo conformado por Quito, Guayaquil y Cuenca, en detrimento de las restantes 19 provincias. En definitiva, lo que se quiere no es un Estado, recogiendo las palabras de Tony Blair[2],  ‘remador’ sino un Estado que conduzca con mano firme el timón de la barca. En este aspecto, debe tenerse cuidado en no  confundir descentralización con desmantelamiento del Estado, sino más bien el proceso por el cual ciertas responsabilidades y actividades que ejecuta el gobierno central son transferidas a los gobiernos locales, con la finalidad de responder en forma eficiente las demandas que plantea la población y lograr, por otro lado, la participación de la ciudadanía en la resolución y discusión de su problemática.

Debe coincidirse en que las áreas estratégicas del país sean manejadas exclusivamente por el Estado, especialmente en lo que tiene que ver con salud, educación, energía y telecomunicaciones. De otro lado, la participación privada puede darse en aquellas áreas consideradas no estratégicas y siempre y cuando las decisiones que comprometan el interés público se hallen subordinadas al veto del Estado, acción conocida como ‘golden share’ o acción de oro. Esto resulta fundamental tener presente a fin de evitar aquello de que “el énfasis neoliberal en la privatización de los programas sociales y la prestación de los servicios implica transformar en mercancías una gama amplia de bienes que hasta entonces habían quedado preservados de tal carácter, en beneficio de sectores amplios de la población de menores recursos. La privatización convierte en mercancía la vida, la salud, la educación y el bienestar de la gente, y por lo tanto les pone un precio” (Vilas:22). Ciertamente este carácter mercantilista que le otorga la privatización complica enormemente el poder conciliar intereses del sector privado cuyo accionar está en función de cuestiones meramente económicas frente a los bienes y servicios sociales que responden a otra dinámica. El problema se torna aún más espinoso en la medida en que se profundizan los procesos de desregulación estatal.

El rescate del Estado - nación se vuelve un imperativo, más aún cuando el capital financiero transnacional nos ha llevado a lo que se conoce como “la mundialización del capital”, apoyado en el impresionante desarrollo tecnológico y de las comunicaciones y, además, cuando se acentúa lo que Cavarozzi denomina capitalismo organizado. Se debe revertir aquella tendencia a asignar al Estado el papel de “mediador pobre, administrador de intereses generales del capital,” (Lucio Oliver Costilla, 98: 56) y más bien, recuperar su función de representante de la sociedad nacional. Y es que en este estado de cosas, se concluye categóricamente que el “Estado - nación, continúa siendo hoy el único terreno concreto y el marco tangible de la lucha política” (Jamenson, 2000: 19,). Desconocer esa realidad implicaría someterse a las fuerzas avasalladoras que nos plantea la globalización y la modernidad.

De otro lado,  compartimos el criterio de George Soros en el hecho de que “un sistema financiero mundial sin control, es una invitación al desastre y que la idea de que está más allá de todo control es algo inaceptable”. (Hosbawn, 2000: 44). Y efectivamente, son los Estados, a nuestro criterio quienes deben recuperar esa habilidad de controlar todo aquello que suceda dentro de su economía nacional. Quizá la palabra que encierre el conjunto de medidas a adoptar sea proteccionismo; pues, los planteamientos del llamado laissez - faire no van más allá del enunciado teórico ya que en la práctica la realidad es muy distinta. Y es que “la presunción de que a nivel global opera el libre mercado desconoce el rasgo esencial de la moderna sociedad capitalista: el predominio de monopolios que controlan el comercio y, por lo tanto, la inexistencia de la libre concurrencia” (Ahumada, 1996: 131).  Frente a esta realidad del mercado, el Estado es quien debe intervenir procurando por una parte la creación de empleo en esfuerzo conjunto con el sector privado y, por otra, asegurando una mejor distribución del ingreso, es decir, alentando una repartición del capital económico en la sociedad, en términos más equitativos. Asimismo, el Estado debe ser un actor muy activo en el desarrollo económico del país, invirtiendo - con prioridad- en la construcción del capital cultural y capital social, como puntales de la estrategia para lograr un crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable en el Ecuador. En este aspecto, los Estados y los organismos supranacionales, conforme lo define García Canclini “en tanto representan intereses públicos, pueden contribuir a situar las interacciones comerciales en relación con otras interacciones sociales no reductibles al mercado, como los derechos humanos, la innovación científica y estética, la preservación de contextos naturales y sociales. Los órganos estatales y supranacionales pueden operar como un conjunto de actores que reconoce, más allá del mercado, los derechos sociales y culturales, las reivindicaciones políticas de mayorías y de minorías” (García Canclini, 1999:54).

Pero sin embargo, resultaría incompleta y quizá ineficaz la propuesta si no consideramos que para enfrentar la hegemonía del capital financiero transnacional es necesario a más de fortalecer el Estado como tal, insistir en que los países latinoamericanos construyan el sueño bolivariano, esto es, de edificar en América la más grande nación del orbe, para lo cual se debe identificar la existencia de lo que García Canclini denomina ‘un espacio cultural latinoamericano’ en el que se observa “que dos lenguas predominantes y una historia multicultural común (que incluye muchas más lenguas), objetivos políticos compartidos y un desarrollo socioeconómico con intercambios crecientes que refuerzan la convergencia cultural, permiten establecer especificidades regionales” (García Canclini, 1999:53). En definitiva lo que se propone es crear un  “Estado - nación de naciones en el cual todos los individuos y pueblos se sientan partícipes y no simples instrumentos; nación que asume como propia la diversidad de las naciones, como expresiones múltiples que son de lo humano, tanto étnica como culturalmente” (Zea: 53). Esto nos sugiere la idea de vigorizar y profundizar en América Latina los procesos de integración subregional y regional en todas las áreas y niveles (que va más allá de lo económico) a fin de lograr que los acuerdos o alianzas que se forjen permitan, en palabras de Néstor García Canclini, no solamente la libre circulación de capitales, sino también de las personas y de las culturas.