TEORÍA SOBRE LA FUNCIÓN DEL ESTADO

América, o mejor dicho América Latina, en palabras de Leopoldo Zea, nació al mundo bajo el signo de la conquista. Desde el mar desembarcaron hombres portando armas, ansiosos de extraer las riquezas naturales de este nuevo mundo. Nos impusieron su lengua, su religión, sus costumbres, en definitiva, nos trajeron su cultura, la cual se confrontó e impuso finalmente a la nativa. Estábamos en el tiempo de la conquista y, más tarde, en el de la colonización. Después de la gesta independista, las jóvenes repúblicas americanas, si bien alcanzaron su emancipación política de la península, su dependencia económica permaneció intocada. Estamos hablando de la existencia de una nueva forma de conquista y neocolonialismo, controlado por el centro, quien en última instancia determina el camino a seguir, el sendero a transitar para la periferia, acciones que hoy toman el nombre de teoría de la modernización[1].

 

Claro, hoy los conquistadores, por lo general, ya no vienen en barcos. No, ahora, y recordando las palabras de Pierre Bourdieu hay una forma especial de coerción, la llamada violencia simbólica[2] que en forma sigilosa, arremete contra la periferia. Hablamos de la utilización de los llamados aparatos ideológicos de Estado (AIE). Chantal Mouffe menciona que “estos aparatos ideológicos de Estado se presentan bajo la forma de instituciones distintas y especializadas entre las cuales Althusser cita: el AEI escolar, el AEI familiar, el AEI religioso, el AEI jurídico, el AEI político, el AEI sindical, el AEI de la información y el AEI cultural”. (Mouffe: 126: 1985). Sin embargo, para nuestro estudio, y haciendo nuestras las palabras de Bourdieu tomaremos el concepto de campo[3] antes que aparato ideológico, “para no incurrir en ese funcionalismo que concibe la escuela, la iglesia, los partidos como ‘máquinas infernales” (Bourdieu, 1984:45).

 

En el actual escenario donde la opción impuesta es el neoliberalismo[4] y cuya injerencia en la región latinoamericana, de otro lado, es hegemónica nos plantea una nueva forma de dominio. Los países satélites no deben agotarse en crear estrategias para su desarrollo, pues, el centro ya tiene las recetas, la panacea para todos sus males. Entonces, tenemos a todo un cuerpo de tecnócratas que nos ofrecen ‘soluciones’ en las que existe un divorcio completo entre lo económico y lo social. Los cuestionamientos que se hagan al modelo simplemente son recibidos como aportes medievales e irracionales y, por lo tanto, son desechados. En definitiva, a lo que se apunta es que los países atrasados, para alcanzar su desarrollo, sigan, a pies juntillas, el camino trazado por los países del “primer mundo” (desde la visión neoliberal desde luego que hay naciones de primera, segunda, tercera, cuarta  y otras tantas categorías.).

 

Como resultante tenemos un mundo globalizado, o mejor en palabras de McLuhan, una “aldea global”, plagada de contradicciones y asimetrías, donde a decir  de Wilfredo Lozano, “hoy hay ricos más ricos y grupos medios y pobres en situación de mayor vulnerabilidad” (Lozano: 1998:133). En esta tónica, los diferentes gobiernos latinoamericanos, unos con mayor celeridad y profundidad que otros, han ido adoptando, sin beneficio de inventario, las disposiciones del llamado “Consenso de Washington”[5], especialmente en lo atinente a la liberalización económica, la apertura al capital extranjero y la reducción del Estado.

 

Al referirnos al Estado, bien vale en esta parte hacer una puntualización. Como conocemos existe una posición que considera al Estado como un instrumento para promover los intereses comunes de la clase dominante. Sin embargo, frente a esa visión existe otra que Claus Offe la sintetiza señalando que “el Estado no favorece intereses específicos y no está aliado con clases específicas. Lo que el Estado protege y sanciona es, más bien, un grupo de instituciones y relaciones sociales necesarias para el dominio de la clase capitalista. El Estado no es ni un ‘sirviente’ ni un ‘instrumento’ de clase alguna. En vez de defender los intereses específicos de una clase singular, trata de poner en práctica y garantizar los intereses colectivos de todos los miembros de una sociedad de clases dominada por el capital” (Offe, 1990:106).  En definitiva esto nos conduce a pensar en la noción de una autonomía relativa del Estado[6].

 

Con esta referencia teórica, vale recordar a Martín Carnoy, en su obra ¿A dónde nos llevan las teorías del Estado?, en la que nos señala que el utilitarismo smithiano considera que “la esfera de producción se sostiene por sí sola y organiza a la sociedad. El Estado debiera ser la expresión perfecta de las voluntades humanas, el funcionamiento sólo para invertir en aquellos bienes que el sistema de libre empresa considera no lucrativos pero que el público exige (defensa, carreteras y algunas formas de educación, por ejemplo), aplicando la ley y utilizando una política monetaria y fiscal para aplacar los ciclos de negocios inherentes al desarrollo de la libre empresa” (Carnoy: 1993: 309). En definitiva y según lo refiere el propio Carnoy, se aboga por aquello de que el “mejor Estado” es aquel que es el “menor Estado”. Entonces llegamos a lo que Adam Smith en su tiempo sugería: dejar actuar a la mano invisible en el mercado, es decir: el dejar hacer, el dejar pasar...

 

Y como resultante de todo tenemos una visión neoclásica simplificada en que “el Estado esencial es el Estado mínimo, restringido ante todo, si no por completo, a proteger los derechos individuales y la propiedad de las personas” (Ahumada, 1996:71).

 

Este enfoque predominante en el modelo neoliberal induce a pensar – o por lo menos alienta la idea – de que el Estado-nación, aquel celoso de su soberanía es algo ya anticuado, propio de etapas de la historia ya superadas. Ahora se habla del Estado-nación moderno, donde el concepto de soberanía es mucho más flexible, donde hay un predominio de las leyes supranacionales. Esta posición por demás inexacta y que se presta para manipulaciones –ya que siempre se aplica en una sola vía: del norte hacia el sur- de acuerdo a los intereses del centro se explica con base al concepto que sobre nación manejan tanto Europa como los Estados Unidos. En ese aspecto, es importante rescatar el hecho que “La idea de nación sostenida por el mundo occidental no es la idea que sobre nación  han venido sosteniendo los pueblos de América Latina. El Estado-nación europeo y occidental afirma y defiende su soberanía frente a otras soberanías y en defensa de la misma interviene, ampliando la propia, originando una nueva forma de imperialismo, diverso del de la antigüedad expresado en Grecia, Roma y la Europa del Sacro Imperio Romano. Es el neoimperialismo” (Zea, UNAM, 49).

 

Y bien, el desarrollo de este experimento en América Latina ha sido costoso y lacerante; pues, luego de algo más de una década de funcionamiento del modelo neoliberal, los resultados han sido nefastos[7]. La década del ochenta para América Latina fue la década perdida pero sin duda y conforme se afirma con acierto, la década del noventa fue de la exclusión social en la que prevaleció el “apartheid global”, el mismo que tiene rostro de pobreza y de injusticia, de deuda externa, de desempleo y precariedad, de negación de derechos, de migración y racismo, de pérdida de valores, de la fe y esperanza (los miles de migrantes ecuatorianos, por ejemplo, que a diario llenan los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y que tienen por destino a España, Italia y los EE.UU, dejan su tierra que los vio nacer ya que el Estado, por efectos del sistema imperante, se ve en la incapacidad de ofrecerles a sus ciudadanos una posibilidad para crecer y producir en el propio Ecuador, junto a los suyos), entre otras cosas.

 

De su parte, los tecnócratas, conforme lo destaca María Loureiro, erróneamente creen que existe “una contradicción entre democracia y eficiencia” (Loureiro: Nueva Sociedad 152: 137). Entonces, se apela a la implementación de democracias delegativas, como bien lo refiere Guillermo O´Donnell, “una mezcla peculiar de rasgos democráticos y autoritarios caracterizado por una autoridad ejecutiva que llega al poder mediante elecciones periódicas y regulares pero gobierna virtualmente sin ninguna restricción y, en buena medida, por decreto” (Ahumada: 1996: 64); o bien, el llamado “ejecutivo elevado”, de conformidad con la idea de Nancy Bermeo, que a su criterio “se encarga de adelantar las transformaciones neoliberales” (Ahumada, 1996:63), relativizando con ello el equilibrio de poderes que hablaba Montesquieu.

 

Como se ha referido hasta ahora, las reformas neoliberales y los planes de ajuste han llevado a desajustes sociales, donde la desigualdad en la distribución de la riqueza no se ha resuelto así como la creación de fuentes de empleo para la población, problemas que se mantienen intocados.

 

El proyecto neoliberal que se nos vende a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, va orientado, entre otras cosas a satanizar al Estado, endilgándole, injustamente, la responsabilidad de todos los males. “La aguda recesión económica de mediados de los años setenta ha producido un renacimiento intelectual y políticamente poderoso del neo-laissez faire y doctrinas económicas monetaristas, Esas doctrinas equivalen a una crítica fundamental del Estado del Bienestar, que se considera la enfermedad de aquello que se pretende curar; en vez de armonizar los conflictos de una sociedad mercantil, los exacerba e impide que las fuerzas sociales de paz y progreso (a saber: las fuerzas del mercado) funcionen de modo apropiado y benéfico” (Offe, 1990:137); pues, de acuerdo con esa visión neoclásica, esto se fundamenta por dos razones “En primer lugar, el aparato del Estado del Bienestar impone una carga fiscal y normativa al capital que equivale a un desincentivo para la inversión. En segundo lugar, y al mismo tiempo, el Estado del Bienestar garantiza pretensiones, títulos y posiciones de poder colectivo a trabajadores y sindicatos que equivalen a un desincentivo para el trabajo” (Offe, 1990:137-138). Evidentemente que este enfoque que adelanta el neoliberalismo resulta inexacto y el principal defecto de ese análisis se “relaciona menos con sus afirmaciones explícitas que con aquello que omite considerar” (Offe, 1990:141).

 

Con ello lo que queremos referir es que en el cuestionamiento que se hace al Estado del Bienestar lo que no se menciona es precisamente lo que señala la visión marxista en cuanto a que la tendencia decreciente de la cuota general de ganancia[8] forma parte de la crisis de las economías capitalistas, de la sobreacumulación y del cambio tecnológico incontrolado. Y es más, lo que no se dice es que el sistema capitalista está infectado por aquel cáncer que John M. Keynes en su época advertía: la especulación. En este aspecto, Carlos Vilas, califica a la especulación financiera como “la metástasis de la economía de casino y que en la reunión del Grupo de los 7 (1995), el Presidente francés Jacques Chirac la calificara como el sida de las finanzas” (Vilas, 16).  Se vive en economías artificiales, donde el capital financiero se mueve en función de las ventajas coyunturales que ofrece el mercado, por ello el apelativo de “capitales golondrinas”, que alimenta las inversiones cortoplacistas, abandonando las inversiones productivas y de largo plazo. Vivimos inmersos en lo que se ha dado en llamar “economías de casino”, absorbidos por esas burbujas financieras que lo único que muestran es cómo se acentúa cada vez más la diferencia entre la velocidad del dinero y las mercancías. El dinero se traslada de un punto a otro del planeta, en montos tan altos y en forma tan rápida, que el común de las personas lo ignoran. Esta situación propia de la economía capitalista, caracterizada por la falta de control y regulación, ha derivado en crisis financieras importantes como el efecto “tequila” en México, el efecto “zamba” en Brasil, el efecto “tango” y el “cacerolazo” en Argentina, y la crisis asiática que removió a las aparentes sólidas economías del este y sudeste asiático. Claro, todo esto para los neoliberales no cuenta a la hora del análisis y la reflexión.

 

En buena parte de las investigaciones que se ofrece, especialmente en estudios comparados entre países del Este Asiático y Latinoamérica, destaca Consuelo Ahumada, se pondera el éxito de los primeros, explicado por la limitada participación del Estado en el proceso de industrialización y en el segundo el fracaso se lo asocia con la presencia activa del Estado en la vida económica. En esto no debemos perder la perspectiva.  Peter H. Smith, con mucha claridad anota que “a lo largo de la historia el Estado ha desempeñado un papel activista en el desarrollo económico de América Latina. Ese patrón no es en absoluto exclusivo de la región. Incluso en sociedades capitalistas supuestamente defensoras del laissez-faire, como la de Estados Unidos a fines de siglo XIX, el Estado desempeñaba funciones económicas esenciales. En realidad el concepto de un Estado que deja de hacer sólo existe como construcción teórica, no como realidad empírica, y aún así es tautológico: El Estado adoptaría una postura minimalista hacia los asuntos económicos sobre la base de una decisión política, más que por respeto a una verdad superior abstracta. Un Estado que prefiere abstenerse del activismo económico también está eligiendo” (Smith: 98:98).

 

Y es que en la mayor parte de los análisis no se tiene en cuenta “el contexto histórico de las dos regiones –refiriéndose al Este Asiático y Latinoamérica- ni la dinámica del sistema económico y político internacional, ni la forma en que dichos factores influyeron en el desarrollo de los dos grupos de países que se comparan. Eso ha llevado a simplificaciones extremas, cuando no a serias distorsiones” (Ahumada, 1996:67, lo que va entre líneas es añadido).

 

La evidencia registra, por ejemplo, que en el Japón, la participación estatal ha sido decisiva. Así, Chalmers Johnson destaca “cómo al finalizar la guerra, cuando los recursos financieros eran muy escasos, el Estado japonés actuó como sustituto de un mercado de capitales que no existía, al tiempo que inducía la toma de decisiones con respecto a inversiones innovativas. Las instituciones estatales desempeñaron un papel crucial en la consecución de inversiones de capital para la industria y fue el papel central del Estado en este respecto el que permitió que se diera una racionalización industrial, así como una política estructural de industrialización” (Ahumada, 1996: 73).

 

No podemos olvidar por otra parte la posición adoptada por los gobernantes nipones que explica en buena medida su éxito: “un factor importante en el triunfo de la restauración Meiji tal vez fuese que sus dirigentes lograron avanzar lenta y programáticamente, conforme a sus conveniencias. No hubo ideología establecida que sirviese de cartabón, o la presión de grandes expectativas entre su pueblo o de parte de los extranjeros...Los dirigentes fueron libres de tomar las cosas en secuencia lógica, concentrándose primero en los hechos fundamentales y, después, en pasos más difíciles pero menos esenciales. Establecieron la ley y el orden, desarrollaron las comunicaciones, se concentraron en la educación primaria antes de hacer hincapié en la educación superior y fomentaron el crecimiento agrícola y el desarrollo de industrias sencillas antes de intentar dar paso a las etapas más difíciles y costosas de la industrialización” (Reischauer: 1981, 124-337).

 

Esto vendría a confirmar aquello de que “el Estado ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo económico, tanto de los países de alta industrialización como de los del Tercer Mundo, en el pasado y en el presente. La experiencia histórica suministra argumentos irrefutables en torno a que la planeación y centralización de la actividad económica han sido los elementos más importantes de un proceso de industrialización” (Ahumada: 1996: 83).

 

El análisis precedente nos permite identificar el tipo de discurso – o más propiamente el doble discurso- que utiliza el centro para los países satélites:  recomendar al exterior la adopción de acciones en un sentido y aplicar, a lo interno, posiciones opuestas a las de su ideario.