Sombras

A pesar de que la economía como ciencia social nace en el Siglo XVIII, en la obra de Adam Smith ya se vislumbra las dos principales plagas que en el Siglo XXI se ciernen sobre los países endeudados: la primera, la imposibilidad de terminar de pagar la deuda externa; y, la segunda, la creación del Cartel de Acreedores cuyo objetivo no es recuperar la deuda, sino extraer la mayor ganancia de ella.

Esos peligros son advertidos a lo largo de La riqueza de las naciones, pero baste citar el siguiente fragmento:[1]

‘Síguese probando lo ruinoso que es formar fondos perpetuos para pagar intereses por deudas nacionales... que asimismo hay experiencia de que nación ninguna una vez empeñada se haya visto libre de su deuda.’ 

A pesar de que, como lo recordábamos en el capítulo quinto, La riqueza de las naciones fue publicada en América Latina recién en 1958; ya en 1933 se había editado en España una versión adaptada al castellano moderno por José Tallada, quien en referencia a la gran crisis de los años 30 expresa lo siguiente:[2]

      ‘Y las propias esencias de la economía liberal capitalista nunca hasta ahora habían experimentado con tanta intensidad el falseamiento del espíritu de libre concurrencia, por Trust, Kartells, Consorcios, Ententes, etc., que en definitiva no son más que limitaciones unilaterales al libre juego de la oferta y la demanda.’ 

 

En la América Latina actual, la primera plaga o ‘lo ruinoso que es formar fondos perpetuos para pagar intereses por deudas nacionales’, se puede visualizar observando cualquiera de las cifras en dólares destinadas al pago de la deuda externa. Pero, para abreviar, analicemos únicamente las repercusiones que la deuda tiene sobre nuestra capacidad de ahorrar e invertir.

 

En los primeros años del Siglo XXI, la deuda latinoamericana supera los 852 mil millones de dólares, cantidad que genera un pago anual por amortización e intereses que sobrepasa los 134 mil millones.[3] Esto significa que más de la mitad del total que pagamos a los Gobiernos -por impuestos a la renta, al consumo y al valor agregado; por las tarifas de electricidad, agua potable, teléfono y demás servicios básicos; así como por los aranceles al comercio y por todos los demás gravámenes que ingresan a formar parte del presupuesto del Estado- salen automática e incesantemente fuera del país, para pasar a engrosar las altas tasas de rentabilidad que nuestros acreedores obtienen con la tenencia de los pagarés de nuestra deuda.

La gravedad del estrangulamiento que sufren nuestros países a causa de ese incesante desangre, puede ser visualizada incluso imaginando el escenario más optimista posible.

Supongamos que en este instante recibimos tres deliciosas noticias: la primera viene desde Washington y en ella nos informan que los acreedores de los Clubes de Paris y Londres han resuelto donar a Latinoamérica 52 mil millones de dólares, que serán descontados de la deuda externa; la segunda grata noticia proviene del FMI, cuyo directorio ha decidido reducir para siempre la tasa de interés de la deuda y colocarla a un nivel del 5 por ciento anual, que es la tasa más baja desde la creación del FMI; y la tercera buena noticia procede de nuestro estimado Ministro de Finanzas, quien nos informa que en su último viaje a Washington y Europa, ha logrado obtener un generoso plazo de 100 años para pagar nuestra deuda externa.

De ser ciertas esas tres noticias, cada año ahorraríamos 86 mil millones de dólares, al reducir el pago anual de 134 mil millones a solo 48 mil millones;[4] cifra que tendría que ser cubierta con nuestro superávit comercial. Es decir, con lo que logremos exportar por encima de lo que necesitemos importar.

 

Sin embargo, como el superávit comercial después de veinte años de continuo esfuerzo no ha logrado alcanzar los 12 mil millones de dólares,[5] apenas lograríamos cubrir una cuarta parte de los reducidos pagos -reducidos en nuestro ejemplo- que año tras año tendríamos que entregar a nuestros acreedores.

En otras palabras, si continuamos aplicando la misma receta impuesta al renegociar la deuda –incluso dentro del idílico escenario formado por esas tres dichosas noticias- el monto de la deuda continuará creciendo durante los próximos 100 años.   

La segunda plaga que menciona José Tallada y que la relaciona a los Trust, Kartells, Consorcios y Ententes identificados con la crisis de los años 30, actualmente se visualiza en la existencia de los Clubes de Paris, Londres y Washington.[6] El objetivo de esas sociedades es el utilizar su poder monopólico para -como lo afirma José Tallada- impedir que los beneficios que emanan del mercado generen una equitativa distribución de costos entre deudores y acreedores.

Ese impedimento coincide con los mecanismos[7] usados por los Acreedores para prohibir que un país deudor pueda negociar directamente con un banco acreedor y, además, imponer que los países deudores tampoco puedan participar en el mercado secundario. Es decir, la segunda plaga emerge por las trabas creadas para proscribir el libre funcionamiento del mercado de capitales que sí había operado libremente hasta 1983 y bajo cuyas normas se contrató la deuda externa original.

 

Ante la imposibilidad matemática de que - algún día y bajo el actual mercado- América Latina pueda terminar de pagar su deuda externa, en la última década han brotado una serie de sugerencias, entre las que sobresalen las siguientes: en primer lugar se menciona la posibilidad de ampliar y profundizar el proceso de ajuste al consumo de la población impuesto desde 1983 y cuya vigilancia ha sido encomendada por los acreedores a los funcionarios del FMI.

 

El problema con esta primera y muy difundida sugerencia de reducir el consumo -que además constituye la receta central del Consenso de Washington[8]- es su progresivo y cada vez más evidente fracaso en lo social y en lo económico. Y en todos los países que la han aplicado.

Una segunda sugerencia apunta a la conveniencia de crear, ya en el Siglo XXI, un Cartel de Deudores que pueda buscar una solución global y negociar en un mismo plano jerárquico con el sindicato formado por el Club de Paris, el Club de Londres y el Club de Washington. Pero esta sugerencia llega con veinte años de retraso, cuando todos los rincones del mercado de capitales y todas sus herramientas, ya pertenecen en propiedad exclusiva a los acreedores.

 

Una tercera posición tiene un color radicalmente político y propone establecer –unilateralmente- un limite máximo para el pago de la deuda, que se basaría en un porcentaje fijo anual de las exportaciones que logren vender los países deudores a los países acreedores. Pero esta propuesta ya fue ensayada en 1985 por el presidente peruano Alan García sin éxito y casi a costa de su propia supervivencia, a pesar de que entonces el poder de los acreedores no era tan grande como lo es ahora.

 

Una cuarta alternativa –que fue sugerida hace muchos años por Milton Friedman- apunta a desmantelar el FMI en vista de su evidente incapacidad para encontrar un camino al desarrollo económico. El obstáculo para aplicar esta sugerencia –o alguna otra tendiente a deshacer los monopolios de acreedores y dejar la solución del proceso exclusivamente al mercado libre- es que su ejecución depende de los propios acreedores, para quienes el FMI sí ha cumplido con el único objetivo que hoy justifica su existencia: lograr consolidar las ganancias de los acreedores; objetivo en el cual el FMI sí ha sido muy exitoso como ya lo demostramos en el corolario del capítulo dos. 

 

Y la quinta opción que se basaría en un acuerdo de unidad continental para crear una moneda común: el Peso Latino. Pero crearlo, desde luego, no sería un proceso sencillo. No obstante, como ya lo esbozamos en el capítulo once, esa moneda común  podría ser fácilmente creada si adoptamos temporalmente al dólar como moneda propia, para en un corto plazo remplazarlo por el Peso Latino. [9]

El Peso Latino, además, no solo que iniciaría la integración, ampliaría el comercio regional, reduciría la dependencia en la deuda externa y marcaría el sendero para lograr la unidad de América Latina, sino que su creación solo depende de nuestra voluntad y no de la voluntad de los acreedores.