La República Federal de los Andes

Una propuesta de descentralización del Perú


 

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Alfonso Klauer

Criterios de demarcación

Un país, como una región, o una región federal, es al propio tiempo el pueblo que lo compone y el territorio sobre el que aquél se asienta. Concurren el sujeto protagónico y el objeto de que aquél se vale para la consecución de sus objetivos.

Pues bien, por múltiples razones –sobre las que la Historia, en particular, no puede evadir su responsabilidad–, cada vez que se estudia o focaliza la atención sobre un país, o sobre una región, tradicionalmente se tiende a privilegiar la importancia del segundo elemento: el territorio, el objeto; y todos los otros elementos que le son consustanciales (situación económica, integración física, riquezas disponibles, etc.). Basta escuchar a nuestros gobernantes o a los técnicos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo.

En sus discursos o en sus recetas, hacen tabla rasa de las diferencias que existen entre nuestros pueblos o que se dan al interior de los mismos

No, no se trata de desarrollar un territorio por el territorio mismo, sino en la medida en que es el recurso para el desarrollo del pueblo que se asienta sobre él. Ni de desarrollar tampoco entonces la economía de un territorio por la economía misma, sino en tanto y en cuanto es la expresión de la situación de bienestar o frustración del pueblo que la sostiene. Consistentemente, pues, no se trata de emprender la descentralización en función del territorio o de la economía que se da en él, sino en función del pueblo, de sus intereses y sus expectativas.

De allí entonces que, para definir la demarcación territorial, o, si se quiere, el escenario en el que deberá darse el proceso de descentralización, debe privilegiarse los aspectos humanos y sociales de la cuestión, antes que los aspectos no humanos o materiales del asunto.

En virtud de ello, y en principio –y a diferencia de lo que se planteó en el Plan Nacional de Regionalización de 1984–, sobre la base del conocimiento aportado por las ciencias sociales, y en particular la Sicología, la Antropología, la Sociología y la Politología, postulamos que uno debe ser el criterio rector: cada Región –o, como postulamos, cada Región Federal– debe reunir una población homogénea, o lo más homogénea que sea posible.

Porque a mayor homogeneidad, mayor identidad de intereses y, en consecuencia, mayor identidad de objetivos; en definitiva, y a la postre, mayores posibilidades de consenso. En otros términos, a mayor homogeneidad menor potencialidad de conflictos.

Cómo desdeñar este principio, habida cuenta de la enorme importancia y trascendencia que la ausencia de conflictos y el consenso que de ella intrínsecamente se deriva, tienen en el manejo de los asuntos públicos. Más aún cuando, como en el caso de nuestro país, la experiencia de manejo descentralizado hasta diríamos que vuelve a partir de cero

No se crea sin embargo que estos son planteamientos puramente académicos. No, aspirar a reunir en cada Región a una población homogénea no es sino recoger la que –aunque por lo general poco reivindicada–, es sin embargo, y sin duda, la más importante constatación que puede hacerse sobre los pueblos desarrollados del planeta: son básicamente poblaciones homogéneas.

He ahí, por ejemplo, Suiza, Alemania, Suecia, Inglaterra, la mayoría de ascendencia anglosajona de Estados Unidos, Japón, etc. Y precisamente por homogéneas es que se han descentralizado.

Es decir, siendo homogéneas es que, desde muy antiguo, en salvaguarda de sus legítimos y similares intereses individuales y familiares, todos entendieron que tenían igual derecho a disponer de las riquezas del territorio; y, en salvaguarda de sus legítimos y comunes intereses colectivos, todos reconocieron la importancia de ocuparlo y desarrollarlo en toda su extensión, sin dejar espacios vacíos que siempre son vulnerables a ser ocupados por terceros.

Pues bien, cuando se habla de homogeneidad poblacional, normalmente se tiende a hacer prevalecer, cuando no a considerar exclusivamente, la homogeneidad socio–económica (aquella en la que por ejemplo centran su atención las encuestas de opinión).

No, no hablamos de ella. O, en todo caso, no hablamos preponderantemente de ella. Bastante más significativa es la homogeneidad socio–cultural, en su sentido antropológico y sociológico, y en cuya definición adquieren preeminencia las variables históricas, étnicas, lingüísticas y políticas. Éstas, pues, serán las variables instrumentales o criterios con los que se deberá tratar de precisar y reunir poblaciones homogéneas en los Estados Regionales:

• De orden histórico

• De orden étnico y etno–lingüístico

• De orden político Sin embargo, y bajo la insoslayable condición de que no colisionen con ellos, habrá que recurrirse a criterios complementarios, que en general son precisamente aquellos que tienen a estar relacionados con el territorio

• De orden geográfico

• De orden económico

• De integración física

Creemos que estos son los criterios básicos a emplear para definir la demarcación de los Estados Regionales. Como se verá, el uso consecuente de ellos da curso a una demarcación sensiblemente distinta a la departamentalista.

Puede haber serias resistencias para adoptarlos. Más todavía entre quienes, con precipitación y vehemencia, en la práctica postulan que debe comenzarse ya, y como sea. Nuestra propuesta no sólo puede suscitar entonces resistencias porque supone estudio y reflexión; es decir, demanda un tiempo mínimo para el que ya no hay lugar ahora que están convocadas las elecciones para las “regiones – departamentos”. Sino, además, porque una demarcación diferente a la departamentalista representa afectar los siempre presentes aunque bien mimetizados intereses caciquistas.

En coherencia con un postulado que hemos planteado bien al principio de Rebelión contra el centralismo –respecto de cuántas resistencias habrán de desatarse para mediatizar la descentralización–, no pretendemos en lo más mínimo poner obstáculos y menos aún dar buenas razones a los “mediatizadores”. Iniciemos la descentralización con los “Estados – departamento” o las “regiones – departamento”.

Pero en adelante tengamos entonces en cuenta que, tanto de cara a la viabilidad económica de cada circunscripción, como de cara a su factibilidad política, cada una tiene la obligación de pensar y repensar sus límites y alternativas de integración con otros espacios. Esto es, planteamos que la demarcación departamentalista debe ser considerada por todos como transitoria, no como definitiva. Como susceptible de mejorarse y no como inmutable. A tal efecto, los planteamientos que hacemos a continuación pueden servir de referencia.

Los siguientes son los criterios que puede usarse para que, en el futuro, y cuanto antes mejor, vaya progresivamente redefiniéndose la demarcación de los Estados Regionales. Es decir, y en la práctica, para lograr integraciones inter–departamentales adecuadas; o, si se prefiere, lo menos conflictivas.

De orden histórico: Deben pertenecer a una misma Región aquellos pueblos que tienen una larga, centenaria y hasta milenaria, idéntica raíz histórica.

Así, a nuestro juicio –y como extensamente hemos desarrollado en El mundo pre–inka: Los abismos del cóndor (tomos I y II)–, todos los legítimos descendientes del pueblo tallán deben formar parte de una misma Región. Y otro tanto, por lo menos también, deberán hacer los igualmente legítimos descendientes de las ancestrales naciones chimú, chavín, ica, chanka, inka, kolla y chachapoyas 17. No obstante, y como se ha argumentado antes, ello es prácticamente imposible en el caso del pueblo lima, e inviable en el caso de los múltiples y grandemente aislados antis amazónicos.

En sentido inverso, resulta absurdo, porque es potencialmente conflictivo y porque resta fuerzas en vez de incrementarlas, reunir en una misma Región a pueblos con relaciones conflictivas y/o de muy pobre vinculación histórica. En la experiencia de la regionalización que se diseñó y puso en práctica en el período 1987–92, quizá el mejor ejemplo de un error de esta naturaleza fue el que se dio al conformar la Región Inca, en la que se forzó la reunión del pueblo inka, del Cusco, con sus ancestrales e incluso sojuzgados rivales, los pueblos antis del vecino Madre de Dios.

De orden étnico y etno–lingüístico: De igual forma, deben pertenecer a una misma Región pueblos que tienen los mismos orígenes étnicos y la misma lengua.

Así, no corresponde, y menos todavía mientras subsistan las diferencias, integrar en una misma jurisdicción a pueblos con raíces étnicas distintas. Ese error también se cometió en el citado caso de Cusco y Madre de Dios. Y se dio en el caso de la forzada y abortada integración entre los pueblos chimú, de La Libertad, y chachapoyas, de San Martín. O, peor todavía, en el caso de la Región Nor Oriental del Marañón, de la aún más forzada integración de los pueblos chimú, de Lambayeque, con los cajamarcas, de Cajamarca, y los chachapoyas, de Amazonas. Menos aún corresponde integrar pueblos que tienen idiomas distintos. Tal fue, una vez más, el caso de la reunión de inkas, quechua parlantes, con los multilingües aunque no quechua hablantes pueblos de Madre de Dios. Pero también fue el caso, en la Región Los Libertadores – Wari, con la integración del pueblo ica, castellano parlante, con el pueblo chanka, quechua hablante.

O, en la Región José Carlos Mariátegui, en la reunión de los pueblos de Moquegua y Tacna, mayoritariamente castellano parlantes, con los de Puno, mayoritariamente aymara hablantes.

De orden político: No sólo en el sentido tradicional y restringido del término, referido a filiaciones partidarias; sino sobre todo en su sentido más amplio y rico, y que se refiere a las fuerzas que es capaz de reunir un pueblo en pro de sus objetivos.

En este último sentido, con enorme desventaja se lanzarán al proceso de descentralización todos aquellos pueblos con escasa población. Es por ejemplo el caso de Madre de Dios, Tumbes y Tacna. Habíamos comparado antes los territorios de Tumbes con Trinidad y Tobago. Sin embargo, mientras que aquél tiene menos de 200 mil habitantes, éste es cinco veces más poblado. Y si en extensión Tacna es comparable a Swazilandia, no lo son demográficamente: éste es también cinco veces más poblado. Mucho más notoria es sin embargo la comparación entre Austria y Madre de Dios: aquél es 116 veces más numeroso. Deberá procurarse, en la medida de lo posible, que los pueblos numéricamente pequeños se integren con aquellos vecinos con los que se da más homogeneidad.

No es muy distinta la situación de los pueblos con baja densidad en el territorio. Es una vez más el caso de Madre de Dios, pero también el de Loreto, Ucayali, Moquegua, Pasco, Amazonas, San Martín y Ayacucho. En la medida de lo posible, y aunque será difícil concretarlo en el caso de los grandes departamentos amazónicos, no deben ser individualmente base de “estados – departamento”.

En todo caso, y con el objeto de reforzar su potencial demográfico, todos ellos deberán diseñar agresivas políticas de poblamiento, con estímulos de largo plazo y convincentes.

En el sentido tradicional del término “política”, las encuestas, y mejor aún los resultados electorales, son generalmente una buena pauta. Así, por razones históricas que aquí poco representaría ahondar, hay claras manifestaciones de tendencias ideológico– políticas más o menos prevalecientes en cada departamento.

En conciencia de ello, resulta absurdo reunir en una misma jurisdicción a poblaciones con posiciones políticas que, siendo legítimas, son distintas, e incluso contradictorias. En ese caso, y antes de comenzar, se está restando antes que sumando. Y es esto último lo que, insistimos, corresponde buscar.

En razón de ello, y en abundamiento de razones antedichas, resulta por ejemplo discutible la integración de Tacna, donde pre- valecen posiciones de “centro”, con Puno, donde el peso de las posiciones de “izquierda” es sensiblemente mayor. Así, de acuerdo a las cifras oficiales que proporciona la ONPE 18, en los últimos cinco procesos electorales (1980, 85, 90, 95 y 2001), en promedio, en Tacna se ha dado un 23 % de votos a partidos de izquierda, o que circunstancialmente contaron con las simpatías de ésta; en tanto que en Puno ese porcentaje fue 32 %. El 40 % de diferencia que hay entre una cifra y otra es estadísticamente muy significativo, y bajo ningún concepto puede ser obviado y, menos aún, puede ser dejada de tomar en cuenta la realidad que ello refleja.

Ya es bastante suficiente con que el Congreso en Lima refleje pugnas políticas que hacen interminables y tediosos los debates, y difíciles y precarios los consensos.

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