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Alfonso Klauer

Investigación y Desarrollo e Integración Productiva

La investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, ha llegado actualmente en el mundo a un nivel de sofisticación y especialización tan grande, que hemos quedado rezagados a distancias casi siderales. Y, por añadidura, demanda presupuestos enormes.

En tales circunstancias, resulta objetivamente absurdo e inútil pretender que, con nuestros escasos recursos, y sobre la pobrísima base que hay en el país, pretendamos incursionar con éxito en todos sus ámbitos. Debemos pues, serena y responsablemente, optar. Es decir, debemos ser muy selectivos. De las actividades económicas que se desarrolla en el Perú, todo indica que es sólo en pesquería y producción agropecuario– forestal en las que tenemos posibilidades de concretar investigación científica, técnica y tecnológica que sea capaz de resolver carencias y urgencias acuciantes.

Pero no sólo para atender los objetivos que tradicionalmente incluye la Investigación y Desarrollo (I&D). Sino también, como mostraremos, para empezar a resolver cruciales entrampamientos socio–culturales que afectan directa y gravemente la producción, la productividad, los costos, los ingresos de los trabajadores y, en definitiva, los resultados familiares, empresaria-les, sectoriales y macroeconómicos en el Perú.

En su sentido actual, la I&D incursiona en las esferas de las ciencias aplicadas. Sin embargo, en un sentido más rico y amplio, puede incorporar objetivos nuevos que entran en los terrenos de las ciencias sociales.

Entre los objetivos de la I&D, hoy en general se cuentan:

 

a) racionalizar y mejorar los procesos productivos con énfasis en el incremento de la productividad;

b) disminuir costos;

c) incorporar insumos nuevos, mejores y más baratos;

d) estandarizar la producción;

e) mejorar la calidad y presentación de envases y empaques;

f) mejorar los sistemas de comercialización;

g) promover más y mejor los productos;

h) estudiar los mercados y sus tendencias; i) acceder a nuevos mercados, y;

 j) descubrir y diseñar productos nuevos de cada vez mejor calidad

Como muestra Silvia Gálvez, –Coordinadora del Programa de Agroindustria del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile (INIA)–, hay una fuerte tendencia en los más grandes y modernos mercados a privilegiar la calidad de los productos.

“Competir en base a costos es menos eficiente que competir en base a calidad…” –nos dice recogiendo una importante conclusión del Comité Asesor del Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos –.

Pero si la “calidad de los productos” es el principal argumento de compra de los consumidores en los grandes mercados en expansión; el “precio de los productos” es a su vez el centro de atención de los compradores en los pequeños mercados, más aún cuando están en recesión.

Así, de cara a los mercados externos, tenemos obligación de orientar la I&D hacia la obtención de una mejor calidad en nuestros productos de exportación. Y, por añadidura, de cara al mercado interno, es imperioso privilegiar en la I&D la obtención de menores costos, no sólo sin sacrificar la calidad, sino incluso incrementándola. Nuestro reto es doble.

Y ambos desafíos –como extensamente se verá en el tercer tomo–, estarán siempre presentes, ya sea que se trate por ejemplo del caso de la papa y el arroz; o de la kiwicha, la uña de gato, o los colorantes a partir de la cochinilla y el marigold. O que se trate de productos semielaborados que se venden a granel, como la harina de pescado. O de productos algo más elaborados como los embutidos y las conservas. O incluso de servicios como el turismo. En ésos y en todos los demás casos estarán siempre presentes cada uno de los objetivos tradicionales de la I&D. Mas ello implica contar, entre otros elementos, con científicos y especialistas en muy diversas ramas; técnicos y auxiliares bien entrenados; multitud de extensionistas; laboratorios con equipamiento actualizado; estaciones experimentales bien distribuidas en el territorio; así como equipos de comunicación e informática –hoy imprescindibles–, y unidades de transporte.

Así, frente a nuestra inveterada escasez de recursos, puede tener enormes repercusiones poner cien por ciento en acción innumerables recursos existentes que están mínimamente utilizados.

Quizá el ejemplo más notorio es el de las universidades y otros centros académicos superiores. Ya sea que hablemos de los profesores y los estudiantes; o de sus instalaciones de estudio e investigación; o de las investigaciones de la planta docente y las tesis de sus graduados. Hoy la inmensa mayoría de esos enormes recursos está absolutamente desvinculado de la actividad económico–productiva del país.

Integrar la plena potencialidad de esas instituciones con el sector económico–productivo del país puede reportar resultados extraordinarios, quizá hasta impensables. Se trata de más de 100 instituciones, de más de 15 000 profesores, y de más de 700 000 estudiantes. Es decir, de un gigantesco ejército que hoy, paradójica y patéticamente, está inmovilizado de espaldas al Perú. Ambos mundos extraños entran en contacto sólo cuanto los egresados salen a buscar trabajo. Y, previa frustración, mutuamente reconocen sus calidades y capacidades cuando el país contrata como taxistas, en Lima, a los ingenieros, médicos y abogados que se gradúan en las universidades de todo el país.

En Lima, y desde Palacio de Gobierno, aunque se desplazen a todas horas en avión y helicóptero, los líderes del centralismo serán incapaces de enlazar esos dos mundos hoy divorciados. Ésa es una tarea que sólo podrán concretar, en el epicentro de cada urgido espacio del país, las autoridades regionales y provinciales.

Pero integrar a cabalidad a los centros académicos con el aparato económico–productivo del país no implica prescindir de todas las exigencias de infraestructura y equipamiento para I&D a que hemos aludido antes. Sólo significa que se ha atendido a algunas. Y, en consecuencia, que los recursos imprescindibles ya no son tan grandes. Mas si esa solución tiene la bondad de representar un ahorro significativo para el país, será poca cosa al lado de los grandes beneficios que pueden obtener sus protagonistas, y por supuesto también el país en su conjunto.

Habíamos sin embargo advertido que, pensando en particular en el caso del Perú, en adición a los objetivos tradicionales de la I&D, ésta debe considerar además propósitos que incursionan en el ámbito de las ciencias sociales. Y es que es evidente la necesidad de dar solución a problemas que, sin ser intrínsecamente económicos ni técnicos, afectan económica y recíprocamente, a los productores masivos del país, a la élite empresarial, a los mercados de consumidores, y, en definitiva, al país en su conjunto.

En relación con los productores masivos del país, permítasenos un ejemplo que pone de manifiesto el pesado lastre estructural que –estando en sus manos la solución, pero al ser ésta indefinidamente diferida– sigue afectando tanto sus intereses. Veamos. En el contexto de la grave crisis algodonera peruana, en la segunda quincena de enero del 2002, en protesta por la inclusión del algodón en rama en la lista de los productos afectos al pago del Impuesto General a las Ventas, los pequeños productores algodoneros de Ica bloquearon la carretera Panamericana Sur. A la postre, tras dos semanas de “diálogos y negociaciones” –y anunciado por el Ministro de Agricultura – consiguieron que se les pague 105–108 soles (30,00–30,85 dólares) por quintal, esto es, 10 soles (2,86 dólares) adicionales

A partir de ese precio del algodón en rama, el algodón fibra peruano (desmotado y enfardado), llega a costar 80 dólares por quintal aproximadamente 306. Mas un producto importado, de calidad equivalente (a partir del algodón que se cotiza a 37 dólares por quintal en la Bolsa de Nueva York), llega a las grandes hilanderías peruanas a 60 dólares por quintal

En las importaciones de los años 1999 y 2000, por el algodón importado se pagó un promedio CIF de 79,3 y 69,4 dólares por quintal, respectivamente. Y según parece, el precio bajó hasta cerca de 50 dólares por quintal el 2001. Es decir, salvo circunstancias excepcionales, a 80 dólares por quintal, el algodón peruano está totalmente fuera del mercado. Sus precios no son competitivos.

Pero, haciendo cada vez más complejo el problema, su condición genética va en constante deterioro. Y su limpieza es cada vez menor. Así, costoso y de calidad menguante, no es precisamente un producto apetecible por el mercado, y menos por la industria hilandera internacional. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué razón hay para que –a pesar de los míseros salarios de la agricultura–, los precios no sean competitivos? ¿Qué impide mantener la condición genética e incluso mejorarla? ¿Qué explica que cada vez el producto sea de menor calidad por la presencia de crecientes porcentajes de impurezas? ¿Hay, pues, alguna causa común a todas esas manifestaciones de deterioro del producto? Todo indica que la explicación más cabal es que, habiendo desaparecido las grandes unidades productoras, prevalece la costosa producción de miles de parceleros que, en pequeñísimas y aisladas unidades de producción, obtienen 25 quintales por hectárea; esto es, la cuarta parte de la producción que se logra en contadas, más extensas y más eficientes unidades productivas, en Cañete por ejemplo.

Éstas, no obstante, son incomparablemente más pequeñas que las grandes unidades de producción en las que, en el hemisferio norte, se obtiene cosechas a precios mucho menores. Los costos, sin duda, son inversamente proporcionales a la magnitud de las unidades de producción. Así, en los productos de mayor demanda, en que existen gigantescas unidades de producción, la microagricultura no tiene forma alguna de ser competitiva.

En las actuales circunstancias del Perú, resulta sin embargo inimaginable la sustitución rápida de miles de pequeños productores por unos pocos grandes productores. Y menos siguiéndose las modalidades de abuso y agresión con que se consolidaron las grandes haciendas azucareras en la costa norte del Perú, desde fines del siglo XIX, pero en especial en torno a 1930.

Alternativamente, sin embargo, tampoco es verosímil –ni nos parece adecuado a los intereses del país–, que las grandes extensiones de ampliación de la frontera agrícola, sean dedicadas a cultivos de exportación.

¿Significa ese doble descarte que no hay entonces posibilidad de concretar la constitución de grandes unidades de producción, que permitan abaratar sensiblemente los costos, adquirir semillas mejoradas y adoptar prácticas agrícolas que posibiliten obtener productos de mejor calidad? ¿Y que al propio tiempo generen entonces mejores márgenes de ganancia? ¿E incluso permitan la creación de empleo calificado, al requerir el concurso de ingenieros y técnicos que hoy pululan subempleados en las ciudades? ¿Se trata, pues, de un problema sin solución? A nuestro juicio, no. Hay todavía una forma, inédita en el Perú, de lograr ese trascendental objetivo. Y tenemos obligación moral –y patriótica– de ponerla en práctica; o, sin más alternativa, por lo menos de intentarlo: la masiva integración económico–productiva de los parceleros dentro de cada valle. Fórmula ésta que, por lo demás, siendo válida para el caso de la producción de algodón, también lo es, y muy en especial en el Perú de hoy, para el caso de la papa, el arroz, el maíz, el trigo, y la ganadería lechera.

No se puede afirmar que la fórmula que propugnamos ya fue ensayada en el Perú, y, para más señas, con deplorables resultados.

No, las cooperativas y las Sociedades Agrícolas de Interés Social –las ya desaparecidas y olvidadas SAIS–, que quedaron constituidas en el contexto de la Reforma Agraria, fueron “impuestas”; constituyeron “integraciones forzadas”. Sus participantes no fueron “sujetos protagónicos”. Fueron “objetos” instrumentalizados por el dirigismo estatal durante el gobierno militar, en particular en el período 1968–75.

Propugnamos entonces que se enfrente el largo, difícil y costoso desafío de que millones de pequeños parceleros y campesinos del Perú, libre y responsablemente, se integren unidades productivas agrícolas, ganaderas y agropecuarias. Para que en cada valle, en lugar de miles de pequeños agricultores y ganaderos, logren conformarse unas pocas decenas de medianas y grandes asociaciones empresariales.

En la década 1990–99 el Estado peruano ha destinado 45 millones de dólares al proceso de titulación de tierras en el campo.

En el contexto de la más absoluta atomización de la producción agraria, ¿de qué y ante quién puede servir el título de propiedad de seis surcos de tierra en una ladera en las alturas de Páucar del Sara Sara; o el de un cuarto de hectárea en un estrecho valle como el del río Yauca, por ejemplo? Ciertamente, a lo sumo, para garantizar la partición de esos predios en otros menores, como consecuencia de la herencia. ¿Pero acaso para respaldar un crédito bancario, o el de un proveedor? ¿O para que el Estado se involucre en compromises solidarios con los tenedores de esos títulos? En cambio, en el contexto de la integración productiva, es concebible imaginar otra cosa. En efecto, en presencia de directorios debidamente constituidos, con profesionales manejando los asuntos empresariales y productivos, con estudios técnico–económicos solventes de por medio, las medianas y grandes unidades productivas se constituyen en sujetos de crédito bancario y comercial.

No obstante, caeríamos en estéril idealismo si esperamos que la integración productiva surja rápida y espontáneamente, aquí y allá, en todos los rincones del país. El Estado, pues, tiene obligación de alentarla, propiciando la concertación de la que ésta debe surgir.

A nivel del Estado Cederal:

a) solventando el funcionamiento del núcleo central de especialistas que diseñe las estrategias a seguir para alcanzar el propósito;

b) solventando la compleja y costosa campaña de promoción que sería indispensable realizar a través de los medios de comunicación masiva, y;

c) dar a conocer sistemáticamente al país los logros que se viene alcanzando, premiando además a los principales protagonistas de los mismos

Y a nivel de las Regiones, financiando, dirigiendo y orientando el trabajo de campo de antropólogos, sociólogos, sicólogos sociales, y otros especialistas, que cumplan las distintas y sucesivas tareas que demanda la integración productiva. Es a las autoridades de estas instancias a las que, en definitiva, les corresponde concretar las metas de integración.

En lo que a la elite empresarial se refiere, no son menos importantes los objetivos en los que, también a través de la concertación, deben lograrse formas de integración productiva. No sólo al interior de cada gremio, sea que esté o no constituido. Sino, y de gran trascendencia, entre los distintos gremios.

¿Dónde mejor que al interior de los gremios para empezar a plantear –y concretar– soluciones a problemas en los que están en juego los intereses de sus miembros y los del país en su conjunto? ¿Corresponde seguir dejando al Estado Central la penosa prerrogativa de imponer “soluciones estériles” –casi siempre ineficientes, cuando no completamente inútiles–, a través de leyes y decretos, que en algunos casos no duran siquiera una semana? ¿No es al conjunto de los productores de papa, por ejemplo, a quien más le interesa sustituir las importaciones de ese producto, pero garantizando ellos la calidad que demanda el mercado? ¿Y no es a los productores de arroz a quien más interesa otro tanto en relación con su producto? Y, ¿no es realmente a la Asociación Peruana de Avicultura –APA–, a la que más debería interesar concretar la existencia de un gran centro en el país, que provea a todos sus miembros de reproductoras y huevos fértiles de calidad internacional, de los que proporcional e inexplicablemente estamos importando mucho más que Chile, por ejemplo?

En fin, la integración empresarial intra–gremios –que no tiene porqué ser sustituida con entes estatales dirigistas, ineficientes y corruptos–, es una magnífica solución para enfrentar los retos de la investigación científica y técnica; de la comercialización concertada, interna y externa; de adquisiciones de gran volumen a menor precio; de estandarización de productos, envases y embalajes, etc.

Mas a ella debe sumarse la concertación empresarial inter–gremios, siendo que es también fundamental a la luz de los intereses particulares y generales en el país. Todo indica que el hecho de que no se haya dado nunca constituye un vacío enorme. Por ejemplo, ¿no es a los gremios de fabricantes de harina de pescado, avicultores y ganaderos, a quienes en conjunto interesa elevar la calidad de la harina, darle mayor valor agregado, e incluso hacerla susceptible de participar indirectamente en la dieta alimenticia humana? ¿Y no es a los gremios de productores de algodón, desmotadores, fabricantes de hilados, tejidos y de prendas y acabados, a quienes también en conjunto interesa que el algodón peruano recupere la calidad de antaño, su nivel de producción, y baje de precio hasta ser competitivo en el mercado internacional? Otro tanto puede decirse de los productores de papa, las empresas de comercialización de alimentos rápidos y los núcleos de grandes consumidores. Sus actividades y objetivos son concurrentes.

Deben concertar e integrar esfuerzos, a fin de que unos atiendan adecuadamente la demanda que plantean los otros. Y esta forma de integración vale también para el caso del arroz, el trigo y muchos otros productos.

No obstante, siendo que tampoco se han dado en el país espontáneamente estas formas de integración, habrá entonces que promoverlas y alentarlas. Y esa tarea deberá entregarse a equipos multidisciplinarios de agentes de concertación, conformados expresamente con tal propósito.

Para terminar, es en función de sus propios intereses de largo plazo que, orientados por otros especialistas, los consumidores deben también adoptar cambios de conducta. Es a los consumidores a quienes más interesa mejorar su dieta alimenticia –que como más adelante se verá, es pobrísima–, y acceder a ella a precios más bajos, librarse de riesgos de desabastecimiento, etc.

Tendrá que ser también a modernos equipos de I&D a quienes corresponda la tarea de orientar a los consumidores hacia la prosecución de dichos objetivos. Alentanto por ejemplo un sustancial incremento en el consumo de pescado, papa, maíz choclo y morado, y, en general, de todos aquellos productos en los que el país puede garantizar el autoabastecimiento. Y, simultáneamente, alentar el consumo de formas sustitutorias de todos aquellos otros que, como el trigo, implican grandes y costosas importaciones.

Como en los casos anteriores, deberá entonces emprenderse largas, imaginativas e inteligentes campañas masivas de educación dietética, consumo de “nuevos productos”, reemplazo de otros, etc.

Si el Estado nunca ha emprendido campañas de este género, y de todas cuantas venimos proponiendo, no es porque no deban hacerse, que bastante falta hacen. Sino porque, en el contexto del centralismo, ninguno de los objetivos a los que deben orientarse dichas campañas resulta relevante. Sí en cambio en el contexto de la descentralización.

Y si desde el Gobierno Central las autoridades piensan que los únicos sujetos de la concertación deben ser los políticos, quizá sea porque no han percibido que hay otros horizontes por donde desplazarse para que, con la misma acción, se obtenga logros más trascendentes. Nuestros Gobiernos, el actual y los siguientes, deben entender –repetimos–, que su verdadero rol en la concertación es alentar la participación de todos los actores, sin exclusiones.Y no en una, sino simultáneamente en mil mesas de diálogo, negociación y concertación.

Objetivamente entonces, los agentes de todas las formas de integración productiva a que hemos hecho referencia, deberán asumir la difícil, noble y generosa tarea de promover y alentar, simultánea y descentralizadamente, la concertación entre muchos y diversos protagonistas.

Priorizándose selectivamente la orientación de nuestros principales esfuerzos de Investigación y Desarrollo, y lanzándonos a una agresiva campaña de Integración Productiva, el país puede obtener importantes éxitos que hasta ahora nos son esquivos.