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Alfonso Klauer

Qué no incentivar y por qué

Se observará que hemos excluido el beneficio de 0 % de aranceles a los bienes de capital a las inversiones en sectores económicamente no estratégicos, incluso cuando si se concretan en zonas de frontera. Y es que, en términos generales, es decir, si se prescinde del objetivo para el que se importan, al Perú no tiene porqué interesarle alentar la importación de bienes de capital. No sólo porque en muy contados casos son de última generación.

Sino porque, también en términos generales, benefician más al vendedor que a nosotros. Nos interesa, pues, por el contrario, alentar la fabricación nacional de bienes de capital.

Tampoco planteamos incentivos directos a las inversiones orientadas a la exportación (cuando por ejemplo destinan al exterior más del 50 % de su producción). No sólo porque el éxito (e incluso el funcionamiento) de esas empresas depende en mucho de condiciones foráneas, sobre las que no se tiene ningún control (precios fluctuantes, restricciones de ingreso a otros mercados, etc.). Y porque los niveles de exigencia del mercado exterior, requieren la importación de costosos bienes de capital que limitan la oferta de empleo. Sino también porque, las mismas exigencias de calidad, demandan la constante importación de insumos.

Y ésta, además de detraer la oferta nacional de productos equivalentes, presiona constantemente el valor de las divisas y alienta saldos negativos en la balanza de pagos.

Las típicas inversiones para la exportación manufacturera se deciden, básicamente, sobre la base de una o más de tres condiciones fundamentales: abundante fuerza de trabajo calificada, y barata; estímulos excepcionales (zonas francas, facilidades de importación temporal, devolución de impuestos, etc.), y; existencia de materia prima abundante y de reconocida calidad en el territorio donde se invierte.

Históricamente el Perú no ha podido cumplir nunca con la primera de esas condiciones. En torno a la segunda, quienes persisten en su entusiasmo por la idea, dejan de considerar que ése es también un tren que dejamos de tomar a tiempo; hoy no daría sino dividendos marginales al país. Nuestro territorio, en cambio, ha cumplido, cumple y cumplirá largamente con la tercera condición: recursos naturales abundantes.

Ésa y no otra es, por ejemplo, la explicación de las grandes inversiones mineras de las últimas décadas, y de hoy en el país (o, en su tiempo, las que dieron curso a la explotación masiva del guano y el caucho, pero también del azúcar, el algodón, la harina de pescado, etc.). Es decir, las inversiones del caso seguirán dándose les demos o no estímulos especiales. Y seguirán dándose con su especialísima característica de tener por objeto exportar materias primas casi sin ningún valor agregado.

En ese sentido, mal puede obviarse, y menos desconocerse en las actuales circunstancias, que a pesar de las grandes inversiones de ese género realizadas históricamente en el Perú, nuestro país ha venido siendo cada vez más pobre. Tanto en términos absolutos (magnitud decreciente del PBI, por ejemplo); cuanto en términos relativos (respecto de lo que vienen obteniendo otros países). Es decir, y contra todo lo que se proclama, dichas inversiones no contribuyen realmente al desarrollo del país. E incluso peor, lo perjudican, en vez de beneficiarlo.

Conviene recordar a este propósito uno de los datos más relevantes que incluimos en nuestro libro Descentralización: Sí o Sí. En efecto, en él recogimos los resultados de una importante investigación de dos prestigiados economistas peruanos: Santiago Roca y Luis Simabuko (profesores de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados –ESAN–). Ellos, rastreando el largo período 1950–97, han demostrado que hay “una relación inversa entre la primarización de las actividades económicas y el nivel de vida o ingreso de la población [peruana]”.

En otros términos, han mostrado que cada vez que se incrementa la participación de las actividades primario–extractivas en la composición del PBI del Perú, decrecen tanto el consumo per capita como el promedio de los sueldos y los salarios reales de los peruanos. Pésimo, pues, sería el negocio de insistir en una política a todas luces contraproducente.

Que sigan entonces viviendo esas inversiones para exportación, más sin ningún estímulo especial. Éste, si hay que darlo, deberá estar estrictamente en relación con el incremento creciente en el valor agregado de la producción que obtengan. Para terminar, obsérvese que explícitamente estamos excluyendo incentivos directos a la exportación. Mas no puede dejar de reconocerse que sí hemos planteado estímulos indirectos: para cuando las empresas se instalen fuera de Lima y, aún más enfáticamente, para cuando se instalen en zonas de frontera.

Es evidente que respecto de los incentivos que se sugiere, así como de la excepción planteada, toca al Congreso de la República decidir las líneas generales. Y, a las Asambleas Regionales, decidir las características específicas de los mismos. Mas, en todos los casos, con el declarado propósito de que no se incurra más en los absurdos vaivenes, idas y venidas, que han caracterizado a las políticas tributarias del centralismo.

La descentralización, pues, debe proponerse instaurar la más completa y sólida estabilidad de reglas de juego (jurídicas, económicas y políticas). Es decir, cualesquiera sean las decisiones que tomen las autoridades gubernamentales y regionales, debe prevalecer el propósito conciente y explícito de que sean largamente duraderas e inamovibles. Deberán, pues, ser previamente bien estudiadas.