Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

Profusión de leyes y papelería burocrática

Ya hace una década tocó a Hernando de Soto y los técnicos del Instituto Libertad y Democracia, poner el dedo sobre esa llaga. Y hay que reconocer sin reservas que, en esa materia, harto ha cambiado el país. No obstante, en una magnífica prueba de que el tiempo cuenta, y de que en consecuencia ese plazo no ha transcurrido en vano, hay que admitir, también sin reservas, que ya no nos satisface, como peruanos, el punto al que hemos llegado.

Es decir, nuestro parámetro de comparación ya no es cómo estábamos en los años anteriores a la entrada en vigencia la Ley de Simplificación Administrativa. No, nuestro parámetro de comparación a ese respecto, hoy, es lo que se da en el mundo que nos rodea hoy. Los de Chile, hoy; los de Alemania y Suiza, hoy.

Se ha dicho que “quien logra trabajar en el Perú puede trabajar en cualquier lado”. En otras palabras, se nos ha dicho, y no precisamente para que sintamos orgullo de ello, que la persona o empresa que es capaz de superar con éxito todas y cada una de las barreras que el “moderno” Estado peruano pone a todo tipo de iniciativa, es capaz de trabajar e invertir en cualquier otro rincón del mundo, donde se plantean menos absurdas y disparatadas exigencias.

Una elocuente muestra de cuán capaz es el Estado peruano de poner trabas, barreras, “exigencias burrocráticas” inútiles, insólitas, inauditas; y en consecuencia inventar sobre costos y propiciar desaliento, nos la acaban de ofrecer los ejecutivos de la recientemente inaugurada explotación polimetálica de Antamina.

Desde el día que empezaron a realizar las gestiones burocráticas, al día de la puesta en marcha del proyecto, tuvieron que superar doscientos, sí 200 trámites administrativos. No dude Toledo en convocar a de Soto para que ayude a resolver ese kafkiano entuerto.

A menos que hayamos caído ya en alineación sin remedio, nunca encontraremos un ejecutivo internacional que esté dispuesto a pagar de su peculio esos sobre costos, que no sólo colman de hastío sino que son elevados. Y menos esperemos que les proponga a los accionistas de su empresa que, de sus utilidades, cubran esos sobre costos. En tal virtud, sólo vendrán a nuestro país inversiones sobre proyectos extraordinariamente rentables, esto es, muy pocas inversiones.

Pero como está claro que en el contexto de la descentralización serán inversiones medianas y pequeñas las que más falta nos hará, de éstas no vendrá ninguna. Porque nuestro mercado interno, a todas luces pequeño para cualquier giro de negocios, no ofrece gran rentabilidad a las empresas medianas y pequeñas.

¿Es eso lo que queremos, ahuyentar la inversión extranjera? ¿Seríamos tan estúpidos de proponernos un objetivo tan absurdo? ¿Verdad que no? Pero no podemos a este respecto hablar sólo del futuro. En el pasado, de 1940 para acá, ¿cuántas inversiones extranjeras que estaban inicialmente proyectadas para el Perú siguieron de largo a Chile o Bolivia, o a Australia y Sudáfrica? Innumerables, sin duda. ¿Podemos evaluar el perjuicio? Imposible. Pero dada su evidente magnitud, y gran significación, tampoco podemos obviarlo.

También lo asignaremos a ese genérico “Otros” del recuento final, y pero esta vez en 10 % (y no es ninguna exageración). No sufre sin embargo solamente el gran inversionista extranjero.

Ni solamente el funcionario al que le asignan remontar las barreras que contraproducentemente ponemos por todos lados. Al fin y al cabo, aunque por una tarea ingrata, bien pagado está. No, más que ellos, proporcionalmente muchísimo más, sufrimos nosotros mismos, todos los días. Ya para pagar los arbitrios de una casa. Ya para obtener el duplicado de una licencia de conducir.

Para pagar una multa. Para obtener un certificado policial, un certificado médico, un permiso de importación; en fin, para cualquier gestión menuda o grande que tengamos que hacer.

Mas no pretendemos aquí evaluar cuánto pierde directamente la sociedad por todo ello, en tiempo, combustible, coimas, salud mental, etc. No, queremos imputar al Estado (pero en consecuencia sí indirectamente a la sociedad), cuánto ha dejado de percibir por la infinidad de proyectos locales, grandes, medianos y pequeños que han dejado de concretarse por los sobre costos (directos e indirectos) del burocratismo absurdo. Y cuánto ha dejado de percibir porque se prefiere pagar una fracción, la coima –al policía, al oficial, al escribano, al juez, al funcionario de la posta médica, al de aduanas, al de fiscalización tributaria, etc., etc., y etc.–, en vez de pagar lo que oficial y legalmente corresponde. Resulta también imposible definir un valor a ese perjuicio. Pero tampoco podemos soslayarlo para efecto de nuestro recuento.

A cuenta gotas, día tras día, miles de veces al día, el Estado deja de percibir ingresos por este concepto. Asignémosle entonces, en “Otros”, un valor tentativo. ¿Pero cuánto? Dejemos que sean los microbuseros, nuestros conocidos “choferes de combis”, quienes nos den una pauta de qué representa en términos económicos el “vale todo”, la “ley de la selva”, la “cultura combi”, o la “cultura chicha”. Sépase que las infracciones que comenten, en promedio, en doce horas diarias, cada cinco minutos, trescientos días al año, sólo considerando a diez mil de ellos, y a 15 dólares promedio por falta, eventualmente significaría, en cualquier país desarrollado, o, sin ir muy lejos, en Chile, un ingreso anual de 6 500 millones de dólares al Estado.

Pero claro, ello nunca alcanza a darse porque, precisamente en esos países donde la ley se cumple, nadie o muy pocos la infringen.

De allí que también resulta muy aleccionador un patético caso presentado por Panamericana Televisión. En efecto, se nos ofreció las declaraciones de un microbusero limeño que hace cinco años trabaja en lo mismo, pero en Nueva York. “No señorita, aquí respeto todas las luces rojas; no ponga en marcha el vehículo hasta que los pasajeros se hayan sentado; ni se me ocurre tocar el claxon; en Lima era otra cosa”.

Mas no sigamos desviándonos del tema central. Así, si tenemos que asignar un monto al rubro que nos ocupa, visto todo lo que acabamos de presentar, no dudemos que puede asumirse un mínimo 5 % para reflejar, aunque fuera parcialmente, el perjuicio que el Estado peruano se autoinflige con su torpeza burocrática.

Detrás de ésta, sin embargo, hay otra enfermedad aún más grave: la “legicitis”, si así podemos denominarla. Y no es otra cosa que esa tendencia enfermiza y morbosa de legislar y legislar, corregir, enmendar, parchar, derogar, volver a poner en vigencia, etc., hasta el hartazgo, y en todas las instituciones. En el período 1980–91 se dieron en el país 4 486 leyes o normas con rango de tales. Sorprendentemente, sólo un tercio de ellas surgieron del Congreso. Este, por lo demás, y a lo largo de nuestra historia republicana, ya ha promulgado más de 27 500 leyes. Y ciertamente varios miles de ellas están vigentes.

¿Pero acaso esa “legicitis” –aguda en el caso peruano–, termina llenando todos los vacíos? No. Sin embargo, por el número de leyes dictadas, debería esperarse que ya no hubiera un solo tema por cubrir. Mas el caso de la esperada sanción a los dueños de canales de televisión, que recibieron millones de dólares de las arcas fiscales, palmariamente deja en evidencia que, más bien, quedan muchos vacíos por llenar.

¿Podrá quizá argumentarse que por deficiencia de los legisladores? Sospechamos que no. Después de todo cuanto está dicho hasta aquí, hay lugar a pensar que muchísimos de los vacíos y deficiencias legales están precisa y exprofesamente diseñados para que, como en el caso que estamos recordando, sirvan de magníficas evasivas ante el sacrosanto principio de la no retroactividad de las leyes. ¿Se cree por ventura que la “legicitis aguda” es prerrequisito para el desarrollo? Es evidente que no, ¿verdad? ¿Cómo explicar entonces tan agotadora, costosa e inútil manía? Pues simple y llanamente en el paternalismo y, en definitiva, en el autoritarismo intrínseco del centralismo. Como los padres castradores que exigen que sus hijos hagan las cosas sólo como ellos disponen, en igual forma el también castrante poder real pretende que la sociedad haga las cosas exactamente como él dispone.

¿Pero acaso y a su vez sólo por manía imitativa o complejo especular? Tampoco. Disponiéndolo todo, se garantiza que el conjunto social actúe no en función de sus propios intereses, sino en función de los intereses de quien ordena. En ese sentido, y una vez más, es muy eficiente, respecto de sus propios objetivos, ese poder real que muchos siguen presumiendo ineficiente. Pero además de autoritarismo hay abuso y prepotencia.

Porque los vacíos legales nunca favorecen al chico, al pobre, al desamparado, al sin poder. Si para alguien sirven –como lo estamos viendo en el caso de los dueños de los canales de televisión, o en el caso las grandes distribuidoras de energía eléctrica de Lima–, es siempre para el grande, para el poderoso. Es la inexorablemente eficiente ley del embudo.

Para terminar, debe tenerse conciencia de que el autoritarismo traslada a la “legicitis aguda” su tramposo y amañado espíritu castrante. En efecto, frente a nuestro copiosísimo derecho positivo, se restringe el criterio de conciencia de los jueces a definir si un acusado es o no culpable. Mas los mismos jueces, allí donde hay vacíos legales, no pueden aplicar su criterio de conciencia para dictaminar en función del espíritu de las leyes. Así, ante los vacíos de las leyes, que siempre sirven a los poderosos, los jueces deben cruzarse de brazos.

¿Por qué en nuestro país, hoy más que antes, el poder le tiene tanta aprensión y hasta temor al criterio de conciencia de los jueces? Pues simple y llanamente porque, a diferencia de lo que ocurrió durante el virreinato y los 180 primeros años de la República, hoy está claramente en evidencia que poderosos y jueces ya no pertenecen al mismo estrato social. Estos, en su inmensa mayoría, son miembros de un estrato social más bajo. Y esto, en el contexto de nuestro arraigado racismo, da lugar a desconfianza.

En el Perú, como en todas las sociedades en las que se dan estratificaciones sociales muy marcadas, pero sobre todo allí donde hay criterios étnicos en la definición de los estratos, cada grupo social confía sólo en sí mismo, nunca en los otros. De allí que, como vimos bastante más adelante, no hay “un nosotros”, genérico e incluyente, sino “varios nosotros”, específicos y excluyentes. ¿En qué se sustenta el hecho de que los países desarrollados se caracterizan por tener un derecho positivo más bien breve, y en consecuencia de tipo genérico? Pues en que son sociedades homogéneas, en las que sí hay “un nosotros” colectivo. Esto es, son sociedades intrínsecamente más democráticas, en las que todos confían en todos. En ellas, pues, no hay temor al criterio de conciencia de los jueces. Estos no tendrán filtros étnicos y menos racistas que distorsionen su conciencia.

A todos estos respectos, entonces, en el contexto del proceso de descentralización también tendremos que concretar cambios sustantivos. Así, en el seno de grupos sociales más homogéneos, podremos y deberemos desterrar la “legicitis”.

Las regiones, salvo cuando corresponda hacer precisiones específicas como fechas, montos, etc., deberán darse sobre todo disposiciones más bien genéricas. Y, dentro del espíritu de éstas, dejar que los ciudadanos actúen con libertad y espontaneidad. Con iniciativa, sin temor, potenciando sus aptitudes.

 

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