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Alfonso Klauer

El Presupuesto del Estado: instrumento decisivo

Durante el proceso de transferencia de las responsabilidades del actual Estado centralista a las regiones, el Presupuesto del Estado deberá ser un importantísimo instrumento de dinamización y retroalimentación de la descentralización.

Aun cuando las autoridades regionales recién asumen sus funciones en enero del 2003, el presupuesto fiscal del 2002 debería tener ya su versión regionalizada: cuánto de cada concepto y por todo concepto tiene como destino a cada región (o provisionalmente a cada departamento). Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, como cada Ministerio y Poder del Estado, y el propio Congreso, tienen obligación de presentarle al país esa información. Cada región tiene derecho a conocer con qué recursos económicos va a comenzar el proceso de descentralización.

El Presupuesto del 2002 prevé que el 31 % de los egresos se concretarán en provincias. Es decir, el 69 % del gasto e inversión estatal en el país se concentra todavía en Lima que –como está dicho–, solo reúne al 32 % de la población. No obstante, sobre todavía menos del 5 % del total de los recursos fiscales tienen autonomía de decisión las autoridades de casi dos mil municipios en provincias.

Asumiendo por ejemplo que en 20 años pueda alcanzarse la meta de que hasta el 40 % de los recursos fiscales sean directa y autónomamente manejados en las regiones (incluyendo sus provincias y distritos), ya puede el Ministerio de Economía y Finanzas ir diseñando la estructura porcentual de cómo año a año habrá de irse logrando la meta. Sólo con ese dato, proporcionado a tiempo, en las regiones, provincias y distritos se irán preparando cuadros técnicos y proyectos de gasto e inversión.

Entre tanto se alcance esa meta, y como alguna vez empezó a ocurrir en la década pasada –hasta se diría que por accidente–, todos los meses, trimestres, semestres y años, todo el país debe ser enterado de cuántos recursos se destinan periódicamente a cada región. Y, dentro de éstas, a cada provincia, que a su turno deberá dar cuenta de cuánto fluye a cada distrito.

Y en sentido inverso, de los distritos al conjunto del país, en cada espacio las poblaciones deberán ser sistemáticamente enteradas de cómo se están utilizando los recursos: cuánto en gasto y en qué; cuánto en inversión y en qué. Sólo así las poblaciones podrán ejercer su legítimo e inalienable derecho a la fiscalización.

Por otro lado, deberá ser en el contexto del proceso de descentralización cuando por fin en el país empiecen a adoptarse políticas razonables y modernas de administración de las remuneraciones.

Basta ya de la nefasta política de otorgar sólo incrementos salariales homogéneos. Ésa es la forma más eficiente de garantizar la mediocridad de la administración pública. Y ello a su vez será un serio lastre para alcanzar los objetivos que nos propongamos.

Más aún, iniciado el proceso de descentralización, sería un despropósito que el Congreso pretendiera dar a luz un solo escalafón y una sola escala salarial para toda la administración pública del país. No, ya no habría lugar para ello. Cada región debe ser completamente libre de diseñar su propio escalafón y su propia escala de remuneraciones para sus funcionarios y otros servidores públicos.

Y cada región, a fin de expresamente fomentar la descentralización dentro de su propio territorio, en tendencia sistemáticamente creciente y hasta alcanzar una meta razonable, deberá privilegiar a quienes trabajan fuera de la sede de la misma.

Un criterio podría ser, por ejemplo, y en tanto se llegue a la meta prevista, hacer crecer paulatinamente los sueldos y salarios de los servidores públicos de las áreas periféricas, hasta que alcancen a ser tantas veces como días de acceso hay respecto de la sede de la región.

Simultáneamente, deberá fomentarse a la empresa privada para que haga otro tanto. Con ello, al fin y al cabo, tampoco estaremos inventando nada nuevo. Véase a este respecto lo que hacen por ejemplo las empresas transnacionales cada vez que trasladan a un funcionario fuera de su sede central: lo estimulan con 3, 4 y hasta 7 veces su sueldo, en tanto más remota sea la localización de su trabajo.

Tampoco deberá hacerse homologaciones rasas entre trabajadores de la misma ocupación. A cada grupo homogéneo de trabajo, ya sea que se trate de los choferes o de los médicos, por ejemplo, deberá corresponder un rango salarial, desde un mínimo a un máximo, que se asignarán en razón de criterios objetivos: edad, estado civil, número de hijos, antigüedad, calificación académica, experiencia en el área, etc.

He ahí un magnífico ejemplo de cómo en áreas genéricas pero especializadas, deberá prestar su concurso a las regiones la nueva administración gubernamental que surja en el proceso de descentralización. Es decir, y para el caso que venimos tratando, no en definir escalas de remuneraciones, sino en ofrecer criterios técnicos y modernos de administración salarial y evaluación de personal.

En relación con el abastecimiento de bienes y servicios, en el contexto del actual centralismo se dan distorsiones que en muchos casos resultan inauditas. Así, oficinas estatales o instituciones públicas de provincias alejadas se abastecen y recurren a servicios de empresas de Lima, sin que el precio ni la calidad sean las razones que prevalecen.

En el proceso de descentralización debe institucionalizarse el principio de que, salvo casos realmente extraordinarios, el abastecimiento de bienes y servicios debe hacerse directamente en la localidad adquiriente o en la más próxima. Será, sin duda, una forma de dinamizar las economías locales.