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Alfonso Klauer

Información y telecomunicaciones: recursos estratégicos

¿Puede alguien imaginar que, hoy por hoy, es posible que el país se lance a una gran campaña de movilización cívica, por y para la descentralización, sin el concurso de los grandes medios de comunicación masiva? Es en ese sentido, y no en el restringido y tradicional sentido del término, que las telecomunicaciones, y en particular la televisión, constituyen un recurso social estratégico, no tienen sustituto de igual eficacia. Así, aunque sólo fuera por ello, la política de telecomunicaciones vigente en el contexto del centralismo tiene que cambiar drásticamente.

El espectro electromagnético es un activo intangible de la sociedad peruana. Y, en su nombre, lo administra el Estado. Pues bien, por razones de índole estrictamente técnica, el rango de dicho espectro susceptible de ser utilizado para emisiones de señal abierta de televisión, por lo menos por ahora, sólo permite la transmisión en siete frecuencias. De allí que solamente haya siete cadenas televisivas a nivel del país –las de los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13–.

La naturaleza, así como el actual desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, impiden que en la actividad de las comu- nicaciones televisivas puedan participar otros y distintos agentes económicos a los que ya están presentes en ella. Es decir, aunque quisiera, y aunque tuviera los recursos necesarios para hacerlo, ya nadie más, ni individual ni colectivamente, puede incursionar en las transmisiones televisivas de señal abierta.

Así, en dicha actividad, y más allá de la voluntad de la sociedad, no se puede cumplir el principio económico de libre concurrencia de los factores (capital, técnica, etc.), que es una de las reglas de oro de la competencia perfecta. En ésta, como todos los agentes tienen amplia libertad para entrar y salir del mercado, abriendo o cerrando sus empresas, el Estado no tiene razones para intervenir. Y, menos entonces –vía expropiación o confiscación, por ejemplo–, para expulsar o sacar a ningún agente del mercado. A la postre, la existencia de competencia perfecta es obviamente la razón de fondo del derecho inalienable a la propiedad.

Así, ante la insuperable restricción técnica que se da en la televisión de señal abierta, ¿cómo puede seguir manteniendo la sociedad, para esa actividad, una legislación específica en la que se consagra un principio equivalente al de la propiedad inalienable –que en este caso es el de usufructo perpetuo–? ¿A título de qué argumento socialmente válido puede seguirse consagrando la absoluta arbitrariedad de que sólo siete empresas –y en la práctica casi sólo siete familias– en el país puedan tener en su poder, y hasta el fin de los tiempos, instrumentos política, económica y socialmente tan poderosos como los de la televisión de señal abierta? ¿El hecho de haber sido las primeras en concurrir a ese mercado? ¿Quién entonces defiende, y cómo consagra los derechos indiscutibles de nuevas generaciones de agentes potenciales que quieren intervenir en ese giro? .

Por el hecho de nacer una generación después, ¿deben quedar condenados a no poder participar nunca de esa actividad, tan anhelada, legítima y lícita como cualquier otra; cuando tal participación posterior sí puede ocurrir en la competencia perfecta que teóricamente se da en otras actividades? La sociedad, incluso más que el Estado, tiene derecho a cambiar esas leyes que aún rigen el acceso y funcionamiento a la televisión de señal abierta.

Y, entre otras razones, porque han sido dadas en el contexto del centralismo antidemocrático y excluyente; en el que, a espaldas y contra los verdaderos intereses de aquélla, se han privilegiado y hasta consagrado los derechos de una ínfima minoría, a expensas de los derechos de la inmensa mayoría. Minoría en la que, además, y como ha quedado demostrado, han sido incluso mayoritarios los propietarios de conducta infame e inescrupulosa. Postulamos entonces que las licencias y los derechos a transmisión de televisión de señal abierta, para cada canal e independientemente, deben concederse cada veinte años a través de licitaciones públicas inobjetables. Es un período suficiente para que hasta la más grande inversión en ese rubro resulte rentable

La nueva Ley de Telecomunicaciones, e, incluso mejor, la Ley de la Televisión Peruana, habida cuenta de que las transmisiones de ese tipo son invariablemente de alcance geográfico reducido, deberá estar diseñada en función del proceso de descentralización que deberá emprender el país. En tal virtud, deberá claramente discriminarse el caso de las grandes cadenas de televisión, del caso de las televisoras locales.

Así, mientras que los derechos de aquéllas deberán ser concedidos por una instancia estatal, y una Comisión Multisectorial a nivel del país; los derechos de éstas deberán quedar reservados para las autoridades estatales regionales, y sus correspondientes y equivalentes comisiones multisectoriales.

En todos los ámbitos geográficos, sin embargo, la sociedad peruana debe alentar que las empresas de televisión sean operadas, preferentemente, por grandes, prestigiadas y respetables instituciones de la sociedad, como las universidades, públicas y privadas; institutos; los gremios profesionales y las comunidades religiosas, por ejemplo; que pueden o no asociarse entre sí y con inversionistas extranjeros (cuya participación accionaria no debe superar el 25 %). El concurso de la televisión no es sin embargo suficiente.

Por sus características específicas, ella no puede proporcionar información que habrá de resultar indispensable para el proceso de descentralización, democratización y desarrollo del país.

En ese sentido, todas las instancias del Estado, tanto a nivel del país en su conjunto como a nivel de cada una de las regiones, deberán permanentemente recurrir a la prensa escrita para difundir información precisa y actualizada sobre su marcha económica, por ejemplo: ingresos, egresos, proyectos, avances de ejecución, presupuestos, etc.

Si hoy la ley exige que los bancos presenten pública y periódicamente información equivalente, cuánta mayor razón para que otro tanto y más hagan las autoridades del país, de las regiones, provincias y distritos, respecto de su desenvolvimiento. Sólo así podrán ser adecuadamente controladas y evaluadas.

Mas ello todavía no es suficiente. Hay información que, por la magnitud del espacio que ocupa, es imposible presentarla en la prensa escrita. No obstante, es imprescindible que esté permanentemente a disposición de la ciudadanía, en general, y de los agentes económicos, políticos, sociales, etc., en particular.
INTERNET es hoy, a ese respecto, un recurso valiosísimo e insustituible. Así, tanto las entidades estatales responsables en todo el país, como las autoridades regionales, por lo menos ellas, deben dedicar atención suficiente como para tener y mantener bien implementadas y diseñadas páginas web en las que, gratuitamente, se ofrezca la mayor cantidad posible de información.

Bien nos lo recuerdan los investigadores del Proyecto Agenda: Perú, “para que el mercado asigne recursos en forma eficiente, es necesario que los agentes económicos (consumidores, empresas productoras de bienes y servicios, inversionistas y trabajadores, entre otros), dispongan de la información adecuada (...) para tomar decisiones”.

Pero también, y para ayudar a otros a tomar decisiones, demandan información adecuada y oportuna los científicos, investigadores sociales, políticos, universitarios, estudiantes, etc. A ese respecto, muchas de las páginas web del Estado peruano dejan aún muchísimo que desear. Si queremos que cada vez más personas se involucren en el quehacer del país y de sus regiones, mayor y más profesionalmente presentada deberá ser la información ofrecida.