Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

Gran movilización, permanente dinamización

Entre los recursos de que dispone el país se cuentan innumerables instituciones que deben ser convocadas para coadyuvar al proceso de descentralización. He ahí a las universidades, públicas y privadas. Tanto a su profesorado como a sus miles de estudiantes. Pero también hay en el país muchísimas organizaciones no gubernamentales que pueden igualmente dar aportes sustantivos.

Como parte del proceso de descentralización, las universidades del país, en todos sus programas y facultades, deben constituir servicios de voluntariado, pero también prácticas pre–profesionales obligatorias en provincias. Las universidades de provincias deberán atender preferentemente a la región en la que están ubicadas. Y una entidad en Lima, sea del Ministerio de Educación o del Ministerio de la Presidencia, debería asumir la responsabilidad de canalizar las solicitudes de las regiones a las universidades situadas en Lima.

Si asumimos a la descentralización no como un proceso simplemente administrativo, sino como la gran cruzada del Perú en el siglo XXI, deberá entonces convocarse el concurso de todas esas y quizá muchas otras instituciones. No sólo para reforzar la capacidad institucional de los distritos, provincias y regiones del país. Sino también para contribuir a incrementar la mística y los ideales del proceso.

¿Cómo desconocer, sin embargo, que tratándose de una gran cruzada de largo aliento, hay un sector social y profesional al que, sin retaceos de ningún género, le cabe una responsabilidad histórica inigualable e insustituible? ¿Hay acaso, en perspectiva de largo plazo, algún otro sector específico que pueda contribuir más, e incluso sustituir la contribución de los maestros en el proceso? Ninguno. Puede aún sostenerse que, sólo si ellos apuestan y se juegan por la descentralización, ésta tendrá éxito.

En principio, el proceso de descentralización podría y debería contar con esos 300 mil promotores: los maestros. Ello daría un impulso enorme. Y significaría un aporte de entusiasmo invalorable. No obstante, hay señales que dan lugar a seria preocupación.

En efecto, obsérvese las prioridades explícitas de los dirigentes de los maestros peruanos agrupados en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú –SUTEP–. Ellos, convocando a un paro nacional el 6 de diciembre del 2001, reivindicaron entre otras, además de legítimos aumentos de sueldos, las siguientes demandas: defensa de la escuela pública y de calidad; moralización del sector; y 25 % del presupuesto del Estado para educación. Pero no dijeron una sola palabra sobre la descentralización de la educación.

¿Qué insinúa ese silencio en contraste con las otras manifestaciones explícitas? Pues simple y llanamente que la descentralización de la educación no sólo no es la más importante, sino que ni siquiera forma parte de las prioridades de dicha y harto “experimentada” dirigencia.

¿Es ésa también la perspectiva de todos los maestros agrupados en esa enorme organización sindical, y asimismo la de todos los maestros peruanos? Francamente creemos que no. Pero si estamos equivocados, y lo fuera, las perspectivas serían muy preocupantes. ¿Puede imaginarse un proceso de descentralización en el que los maestros se hagan de lado? Y más aún, colocándonos por un instante en el peor de los casos, ¿qué descentralización del país y de la educación puede esperarse con 300 mil maestros en contra, sabiéndose como se sabe que es un proceso de décadas, en el que lo que se fomente entre niños y jóvenes al respecto resultará decisivo para el desarrollo del dicho proceso? Aunque sólo fuera a la luz de un chato inmediatismo reivindicativo, los maestros peruanos deben tener conciencia de que la descentralización del país, y como parte de ella la de la educación, es, sin género de duda, la mejor plataforma para un sustantivo y perdurable mejoramiento de su situación económica y profesional.

Sólo cuando las poblaciones directamente involucradas –autoridades locales, padres de familia y los propios maestros–, tengan control directo sobre los más importantes asuntos relativos a la educación (contenidos, infraestructura, equipamiento, organización, plantel educativo y haberes e incentivos), sólo así –repetimos–, mejorará sustantivamente la educación y la situación de los maestros en el país.

¿Resulta muy difícil percibir que en las pequeñas, cercanas y hasta familiares comunidades con las que cotidianamente interactúan, los maestros obtendrán los reconocimientos de todo género que hoy les niega el siempre lejano e inaccesible poder central? Objetivamente, y aun cuando no nos consta que sea el caso, sólo a unos pocos “dirigentes nacionales” podría interesarles que se mantenga el centralismo en la educación. Quizá de ello obtengan privilegios que quieren mantener y que eventualmente ven amenazados con la descentralización. Los hechos, en todo caso, darán el veredicto final. Entre tanto, guardamos la esperanza de que los maestros del Perú se coloquen a la vanguardia del proceso de descentralización, porque su concurso es decisivo para que se inicie, afiance y adquiera permanente dinamización.

Pero a su turno, cómo negar que a las máximas autoridades del Ministerio de Educación les corresponde también asumir actitudes y conductas decididamente descentralistas. ¿Están acaso poniéndolas de manifiesto? No. Y ello es también sumamente preocupante.

Nicolás Lynch, Ministro de Educación, fue enfrentado a la siguiente inaudita interrogante por un dirigente del SUTEP  “¿Y quién es el Ministerio de Educación para evaluar a los maestros?”.

No hay error. Por insólito que parezca, no se estaba cuestionando al Ministerio de Transportes ni al de Energía y Minas. Se estaba poniendo en tela de juicio al mismísimo Ministerio de Educación, al empleador de los maestros estatales del Perú. Es decir, no se estaba cuestionando su competencia jurisdiccional, sino que, en relación con la tarea de evaluación, obviamente se estaba poniéndose en tela de juicio su autoridad técnica y moral. La respuesta sin embargo, relatada por la propia autoridad, deja mucho de desear. En efecto, argumentó que hoy es “el Ministerio de Educación de un gobierno democrático, surgido de las urnas”.

¿Pero acaso –y muy bien lo sabe el doctor Lynch–, no surgieron también de las urnas anteriores gobiernos con políticas igualmente deplorables en todo orden de cosas en materia de educación? ¿En que desde Lima se monitorea los concursos para cubrir plazas de maestros en Cotahuasi, por ejemplo, a donde cuesta llegar dos días desde la capital? ¿Y donde el nombramiento tarda cuatro meses en llegar a manos del maestro? ¿Y donde a éste se le acumulan tres y hasta cuatro meses impagos? ¿Y donde nadie lo evalúa a lo largo del año escolar? ¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno democrático pero híper centralista de ese género? Es preocupante que las máximas autoridades del Ministerio de Educación no tengan en mente, y a flor de labios, la imperiosa necesidad de la descentralización de la educación.

Sólo en el contexto de ella los maestros serán convocados, seleccionados, nombrados, evaluados, pagados e incentivados, precisamente por la comunidad a la que sirven, aquella con la que tienen contacto todos los días. Sólo en el contexto de la descentralización los maestros encontrarán la autoridad moral que a gritos, y llenos de lógicas y justas razones, reclaman de aquellos a quienes prestan sus servicios profesionales.

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