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Alfonso Klauer

Responsabilidad, condición insustituible

Pero hay, además, una condición insustituible para que el diálogo, el auto reconocimiento del derecho a equivocarnos, y los estímulos y sanciones funcionen a cabalidad. En efecto, será indispensable que se imponga también entre nosotros la responsabilidad.

Esto es, la obligación de todos, grupos e individuos, autoridades y colectividad, de asumir completamente las consecuencias de nuestras acciones y omisiones.

También eso será nuevo entre nosotros. Pues la responsabilidad no está instalada en el país, y menos prevalece entre nosotros. Y es que los pueblos, como los individuos, aprenden de quienes, desde el poder, en la cima de la autoridad, dictan la pauta, dan el ejemplo. Y el ejemplo que históricamente han dado las autoridades ha sido precisamente el contrario, el de la más absoluta irresponsabilidad.

Ni moral, ni política, ni económica ni legalmente los grupos en el poder y las autoridades gubernamentales han pagado nunca las consecuencias de sus actos o de sus omisiones.

¿Quién ha asumido responsabilidad alguna por los cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio que el Perú ha perdido a lo largo de su historia republicana? Nadie, o mejor dicho, “el país”. ¿Y quién por las erróneas decisiones que nos condujeron a las guerras? Nadie, es decir, “el país”. ¿Y quién por las guerras perdidas? Nadie, esto es, “el país”.

¿Y quién por la inicua orgía y dispendiosa farra de la riqueza del guano? ¿Y quiénes por nuestro atraso y subdesarrollo? En definitiva, casi dos siglos de latrocinios pero también de errores sin que nadie real y formalmente sea responsable de nada.

¿Cómo podemos esperar que la responsabilidad prevalezca entre nosotros si nadie la ha cultivado? Como todo ello, ¿cuántas veces en los últimos años hemos asistido al espectáculo de grandes empresas privadas quebradas que lánguidas volteaban hacia el Estado para que las saque del atolladero? ¿Y con qué recursos? Pues con los de todos los peruanos.

Sólo por ese concepto la mayoría de los peruanos ha sido privada de miles de millones de dólares que, invariablemente, fueron a parar a muy pocas manos, en complicidad con el poder del Estado, y sin duda a cambio de prebendas. Y todo ello ¿por qué?, porque a los privilegiados y sus socios en el Gobierno siempre les resultó muy fácil, y bastante más conveniente, endosarle la factura de sus fracasos a otros, en este caso “el país”, que asumir la responsabilidad de sus actos.

Así, la también nefasta escuela de la irresponsabilidad está muy instalada entre nosotros. En los últimos cincuenta años, sin embargo, estamos asistiendo a la masificación de la irresponsabilidad, que durante mucho tiempo fue patrimonio de los grupos de poder. Éstos, quizá inconcientemente, pero a la postre con gran eficacia, para tener más “cómplices” y restar autoridad moral a otros sectores de la población, los embarcaron en la misma práctica.

En efecto, primero fue con las impunes y hasta protegidas, cuando no oficialmente alentadas, invasiones de terrenos. Años más tarde, en el contexto de la Reforma Agraria, con el afianzamiento de cooperativas “minusválidas”, a las que sistemáticamente se les “protegió” con condonaciones de deudas de diverso género. A ello se agrega hoy, en nuestro paisaje cotidiano, el inmenso ejército de “combis” que siempre obtienen rebajas cuando no anulación de todo tipo de multas. Y, por cierto, los siempre recurrentes fraccionamientos tributarios a cargo de la SUNAT; y las siempre presentes amnistías tributarias a cargo de las municipalidades.

Pero no son todos. Al corrupto aparato estatal y sus socios de siempre les interesaba embarcar además a otros grupos en la vorágine de la irresponsabilidad. Así, ya hace varias décadas que el bloqueo de carreteras, vías urbanas y agresiones contra la propiedad pública y privada son impunes. Del mismo modo que es impune la calcutización de nuestras calles y avenidas. Y que no tienen costo para sus protagonistas las huelgas y paros de la burocracia estatal. Como hace décadas que los créditos irrecuperables, pero también los de costo cero, aparecen y reaparecen en nuestro escenario de la mano del populismo. Así, obreros, vendedores ambulantes, trabajadores estatales, pequeños y medianos industriales, y empresarios agrícolas y campesinos, todos, pues, fueron también embarcados en el nefasto sistema: nadie asume los costos de sus actos.

Sólo hacía falta incluir a los niños y los jóvenes. Y también se les hizo caer en la trampa. Porque en efecto, son miles y miles los niños y jóvenes que, tanto en los colegios como las universidades, tanto del sector público como privado, obtienen graciosamente notas muy superiores a las que corresponden a su esfuerzo y conocimientos. Tampoco aprenden lo que significa responsabilidad.

El hecho es que casi todos los peruanos, de una u otra forma, incurrimos cotidiana y flagrantemente en irresponsabilidad, eludiendo los costos de nuestras acciones u omisiones. Sin embargo, es a todas luces imposible alcanzar el desarrollo dentro de un sistema de esa naturaleza. El desarrollo cuesta, y sólo pueden obtenerlo quienes están dispuestos a pagar por él, esto es, sólo los pueblos responsables.

¿Cómo entonces quebrar el nefasto sistema en el que estamos involucrados? Una vez más la respuesta es: descentralización.

Porque el mejor caldo de cultivo para la irresponsabilidad es el centralismo. En efecto, en presencia de autoridades centrales absolutamente lejanas (no sólo en términos físicos sino sicológicos y sociológicos), el infractor no siente la más mínima presencia de mecanismos de control y sanción; máxime cuando el aparato estatal y las autoridades gubernamentales carecen de toda autoridad moral para imponerse.

En el contexto de la descentralización, en cambio, en presencia de miles y miles de autoridades, que invariablemente conocen a los ciudadanos, y que estarán en la proximidad de los mismos, unos y otros, recíprocamente, se cuidarán de sus actos, y de que cada cual asuma los costos de los mismos. En la proximidad de las decisiones, los pueblos tendrán conciencia de que quienes pierden con la corrupción y con decisiones erróneas son ellos. Ya no estará tan a mano ese tercero –“el país”–, a quién sistemáticamente se le viene endosando la factura.

No estará tan a mano, pero estará siempre presente. Porque siempre habrá un aparato estatal adonde voltear y mirar, y a quien estirar la mano suplicante, para que pague él –y a la postre todos– los errores que cometieron unos cuantos. Y ese es el peligro más grave que se puede advertir para el proceso de descentralización.

Debemos ser claros y rotundos antes de empezar. Cada distrito, cada provincia, cada región, y el gobierno del país, deberán asumir, desde el primer día, sin concesiones de ningún género, las responsabilidades y costos de todos y cada uno de sus actos y omisiones.

Todos los protagonistas, ya sea en los distritos, provincias o regiones, podrán emplear en el diálogo tanto tiempo como quieran. Pero deberán asumir la responsabilidad de todas las dilaciones innecesarias e improductivas, sin que tenga que ser el Estado el que subvencione el asambleísmo estéril.

Todos los protagonistas podrán ensayar una y mil veces, pero deberán asumir sin atenuantes de ningún género sus responsabilidades.

Se podrá hacer escuelas o postas médicas mal ubicadas o mal construidas; optar por construir coliseos deportivos en vez de caminos, o iglesias en lugar de escuelas; licitar o no concesiones; contratar o no a los mejores profesores, médicos y otros profesionales; elegir o no autoridades idóneas moral y técnicamente; gastar en festividades en vez de invertir; o no hacer nada y esperar, etc.

Legítimamente se podrá hacer todo tipo de ensayos, con el riesgo de incurrir en todo tipo de errores. Mas, en todos los casos, los responsables, llámense autoridades o comunidades, deberán asumir su responsabilidad, individual o colectiva, según sea el caso, sin que tenga que ser el Estado el que cubra las pérdidas de los actores. Y también se podrá premiar, o premiar en exceso a quien no corresponda. Y castigar, y castigar en exceso a quien tampoco corresponda. Mas siempre se tendrá que asumir el costo de dichas erróneas decisiones (que invariablemente terminan estimulando a los peores e imponiendo desánimo entre los mejores), sin que tenga que ser tampoco el Estado el que enmiende esas fallas.