Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

Sobre servicios públicos

En Lima es imposible decidir adecuadamente la prioridad en la construcción, y el diseño de por ejemplo los Consultorios Jurídicos Populares que se requiere en todo el territorio. Del mismo modo que es absurdo e ineficiente que el Ministerio de Justicia, desde Lima, decida dónde construir y diseñe, administre los centros penitenciarios de todo el país; y que siga pretendiendo monitorear con eficiencia la rehabilitación carcelaria.

Desde la capital es imposible que el Ministerio del Interior, monopolizándolos, tenga un manejo adecuado del orden interno y la seguridad ciudadana en todo el país.

Por su clamorosa ineficiencia, y generalizada corrupción, es inaceptable que un contingente tan grande, disperso, y de tan múltiples funciones como la Policía Nacional, con más de 94 000 efectivos y 11 000 empleados en la Sanidad de la Policía , esté bajo un solo comando, en Lima.

Y que desde la capital, y sólo desde ella, se autorice el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad, se supervise a todas las unidades de serenazgo municipal, y se autorice y controle a todos los grupos de ronderos rurales.

En Lima y desde Lima, nunca acierta un Gobierno en designar adecuadamente a los 25 prefectos; menos en la designación de los 194 subprefectos; y, menos aún, a nombrar los 1 819 gobernadores distritales. Además de ser harto cuestionable su existencia misma, es imposible que el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano maneje adecuadamente desde Lima el Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA), cuyo ámbito de acción incluye a los 1 819 distritos del país. Así como los programas de niños abandonados y madres sustitutas (wawa wasis) en todo el territorio. Y la atención de los casos de violencia familiar en todo el país.

Es absurdo que desde Lima, el Ministerio de Trabajo asuma la responsabilidad de formar micro y pequeñas empresas, y de conseguir puestos de trabajo individualmente a personas desocupadas.Pero asimismo de mediar en la solución de conflictos laborales que se dan en todo el ámbito del territorio.

Es imposible que desde la capital el Ministerio de Educación acierte en la adecuada designación de los maestros de todo el país. Y que administre adecuadamente el desempeño de más de 300 mil maestros y el funcionamiento de 55 800 centros escolares; y que, por ejemplo, diseñe y lleve a cabo adecuadamente los programas de alfabetización multilingüe en cientos de pequeñas y remotas área rurales e incluso urbanas.

Como es absurdo que en Lima se priorice, diseñe y se decida la ejecución de aulas y centros educativos en los 1 819 distritos del país, y otros miles de espacios rurales.

En Lima y desde Lima es imposible que el Ministerio de Salud maneje adecuadamente tanto grandes hospitales regionales como medianos hospitales provincianos y pequeñas postas en miles de rincones del territorio.

Y que siga pretendiendo controlar y desarrollar centralizadamente la lucha contra la desnutrición y la prevención de enfermedades, cuando el impacto de los males correspondientes está tan extraordinariamente disperso en el territorio del país. Pero a este cuestionamiento no puede escapar ESSALUD.

Con 48 000 trabajadores, según el Ministro de Trabajo  –o sólo 34 000, según el Presidente Ejecutivo de la propia institución –, su gigantismo es inaceptable. Encubre mil formas de ineficiencia, muchas modalidades de corrupción, y todas las expresiones de indolencia que es posible imaginar.

Por lo demás, tiene que replantearse el estatus jurídico de esta entidad. Su situación actual es ambigua. No es una institución del Estado. Pero tampoco es en rigor una entidad privada. No obstante, y aparentemente desde su fundación, viene siendo controlado por el Estado, que no sólo nombra a sus principales directivos, sino que, en la práctica, controla también el directorio.

Aunque sin fines de lucro, debería funcionar como una entidad privada en cuyo directorio el Estado tenga a lo sumo dos representantes, dentro de un conjunto de por lo menos once (de los que ninguno debería tener conflicto de intereses con la institución). Ello le daría completa autonomía orgánica, económica y política, para, entre otras cosas, cobrar al Estado las deudas pendientes de éste.

Por lo demás, extrañamente, hoy forma parte del sector Trabajo. Esto es, de algún modo depende funcionalmente del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ¿Por el hecho de que el directorio incluye representantes de los aportantes, es decir, de los trabajadores y empleadores? No es sino un absurdo que dicha entidad quede definida por la composición de su directorio y no por los fines que persigue. En estricta correspondencia con éstos, y aunque como entidad privada, debe pertenecer al sector Salud.

Porque es con éste con el que tiene que coordinar acciones y políticas, tanto en situaciones normales como extraordinarias.

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