Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

La todavía costosa defensa centralista

El ex Ministro de Defensa, David Waisman, sustentando en el Congreso el presupuesto de su sector para el 2002, informó que representa una disminución drástica en comparación con el del año que termina. Y en verdad, y fuera de toda duda, así es. ¿Pero sabe el ministro que tal menguado presupuesto equivale aproximadamente al 1,4 % del PBI del país? ¿Y que en consecuencia es proporcionalmente más costoso a nuestra economía que el presupuesto militar que tenía Estados Unidos en los años treinta, cuando a pesar de la recesión que lo abrumaba era una potencia mundial? Pero, además, debe saber que es también relativamente mayor, hoy en día, al presupuesto militar de España, una de las grandes economías del mundo desarrollado, que sólo destina a ese efecto el 1,2 % de su PBI.

Es decir, y aunque significativamente disminuido, nuestro presupuesto de Defensa es todavía desproporcionadamente alto. En otros términos, todavía nos resulta muy oneroso. Aunque de ello no sea tampoco conciente uno de los más eminentes especialistas de la Comisión de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, el militar peruano, y ex presidente de la República, general Francisco Morales Bermúdez.

Para él, nuestro país debe imitar el principio estratégico de la defensa de Francia, la quinta potencia económica mundial: estar siempre preparado para cualquier contingencia. ¿Cómo pueden ser similares las estrategias generales de defensa de dos países con historias e historias militares tan sustancialmente distintas? Muy poco confiables de solidez profesional y técnica podrán ser los planteamientos de reestructuración que partan de hipótesis tan erróneas y por consiguiente deleznables.

A nadie escapa la regla de que a más errónea una hipótesis de guerra más costosa la factura que se paga. En tiempo de paz, porque la inseguridad consustancial a una hipótesis incorrecta, obliga a tener fuerzas armadas y equipamientos sobredimensionados, y, en consecuencia, costosísimos: el equivalente a dos o tres fuerzas en vez de una –como bien sabe por ejemplo el general Morales Bermúdez–. Y, en tiempo de guerra, porque ésta ya está perdida antes de que se produzcan las batallas –basta recordar la catástrofe alemana a partir del memorable Día D, en la última guerra mundial, tras asumir fallidamente que la invasión aliada no sería por Normandía.

Nuestro país, en relación con los costosos asuntos de la defensa, no puede darse el contraproducente exceso de seguir pagando pólizas de seguro que hipotequen su futuro. Y, menos todavía, puede seguirse exigiendo a los pueblos del Perú que paguen un seguro que nadie podrá garantizar que recibirá las coberturas que, en letra siempre menuda, ofrecen las pólizas más enrevesadas y truculentas, cuando no tramposas.

En la falsa dicotomía “seguridad o desarrollo”, históricamente, nunca se ha conseguido una buena defensa; y siempre, en cambio, se ha la logrado hacer perdurar y agudizar el subdesarrollo.

Las demandas por satisfacer las voraces e insaciables exigencias de aquélla, invariablemente han estrangulado las economías más pobres, dejándolas sin recursos para educación, salud, carreteras, etc.

Lo cierto –y bien lo saben los analistas, y sobre todo los economistas–, es que, a pesar de la sustantiva reducción presupuestal que se ha planteado para el 2002 en el sector Defensa, ése –y el presupuesto para el servicio de la deuda externa– son realmente los dos únicos pliegos presupuestales adonde, más temprano que tarde, voltearán desesperadamente todas las miradas, con el fin de que se solventen las carencias más sentidas de la población.

Más aún cuando hoy, a diferencia de antes, todos los pueblos del Perú, al unísono, reclaman soluciones múltiples y sin dilación. No hay otros pliegos presupuestales a los cuales revisar y ajustar. Así de simple, así de dramática, así de peliaguda es la cosa.

No es difícil prever que, con el actual esquema de defensa del país, y a pesar de la anunciada reestructuración de las fuerzas armadas, será casi imposible que el presupuesto de defensa baje mucho más del actual 7,5 % del presupuesto fiscal. Pero además todos saben que ésa no es la cifra definitiva. Porque, por conocidas razones, los presupuestos del equipamiento militar más importante siempre quedan incluidos en el pliego del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, es muy probable que, de no cambiar sustantivamente las cosas, el promedio en gastos totales de defensa en los próximos diez o veinte años sea del orden del 10–12 % del presupuesto. Debe tenerse presente que sólo en aviones de combate en 1996 se gastó 254 millones de dólares, y en 1998 otros 117 millones de dólares.

Sin embargo, no deja de ser sumamente extraño que, después de aprobado en el Congreso el presupuesto fiscal del 2002, el país se entere de que “la mayoría de motores de los MIG–29 está inoperativa”. Y que para resolver ésa y otras deficiencias, la Fuerza Aérea tendría al 90 % avanzadas las negociaciones con la Compañía de Defensa Aeronáutica y Aeroespacial de Europa –EADS– “por más de 200 millones de dólares”.

Sólo es esa operación se esfumaría un 2 % del presupuesto estatal. ¿Estaba ese monto incluido en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para el 2002? ¿O se recurrirá para ello a la Reserva de Contingencia para la que está previsto algo más de 240 millones de dólares, que entonces virtualmente se volatilizarían? Y conste que 200 millones de dólares es más que todo cuanto en el presupuesto se tiene previsto invertir en los sectores educación y salud juntos, y también superior a las inversiones previstas para el sector transportes, y equivalente a las transferencias que del Fondo de Compensación Municipal se hará en todo el año a 900 distritos del país.

Asumiendo que no se dieran cambios presupuestales drásticos en los próximos diez años, los 10–12 mil millones de dólares en gastos de defensa, y los 20–22 mil millones de dólares para el servicio de la deuda, serán los montos a las que el resto de los pliegos presupuestales quieran morder una porción para mejorar sus propias cifras.

Siendo tan gran grandes las demandas por incrementos salariales en la administración pública, y tan grandes las demandas por mejorar la atención de los servicios sociales (salud, educación, etc.) y la inversión pública (carreteras, etc.), todo incremento en el presupuesto fiscal tiene invariablemente esos únicos destinos. Mas como esos incrementos nunca serán suficientes, la única forma de mejorar significativamente sus correspondientes pliegos presupuestales será disminuyendo todavía más el pliego de Defensa y disminuyendo el de servicio de la deuda.

Si ello es tan claramente previsible, debemos entonces ser capaces de diseñar cambios fundamentales en nuestra estrategia de defensa de modo tal que, a un costo significativamente menor, nos cubramos igualmente de los riesgos del caso.

Existe entonces el legítimo derecho para que todos hagamos un alto en el camino y, objetivamente, a la luz de las verdaderas amenazas y riesgos que puede percibirse en el contexto histórico e internacional actual, discutamos cómo replantear los mecanismos y estrategia de seguridad que mantenemos vigentes.

Mas en todos los análisis deberá tenerse siempre presente una de las principales lecciones de la historia de los países desarrollados: sin desarrollo no hay seguridad, aunque se gaste en ésta lo que se gaste. Y peor aún en el contexto del centralismo. Pues ningún presupuesto de defensa será capaz de contrarrestar las enormes vulnerabilidades de todo orden que crecientemente desata aquél.

En definitiva –y como lamentablemente viene ocurriendo–, no pasa de ser un absurdo plantearse la reestructuración de las Fuerzas Armadas dentro de un contexto centralista. Como veremos más adelante, también debemos plantearnos esa trascendental decisión dentro del contexto de un amplio y profundo proceso de descentralización. No sólo es posible. Sino que, por coherencia estratégica, será más viable y consistente, y de mucho mejores proyecciones.

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