Rebelión contra el centralismo

 

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Alfonso Klauer

...en la conciencia de la prensa, de muchos ideólogos y del poder real

Nadie puede poner en duda que, prescindiendo incluso de la voluntad de las partes, la población termina asimilando como propias muchas de las ideas que, a través los medios de comunicación masiva, lanzan primerísimos actores. Cuéntese entre éstos a las propias empresas periodísticas y los periodistas independientes que trabajan en ellas. Pero también a los intelectuales, a los denominados evaluadores de opinión pública, y a los líderes de opinión a los que sistemáticamente convocan los medios.

Como en casi todos los órdenes de cosas, hay siempre quienes tienen poco que decir, aunque por lo general con mucho histrionismo; y quienes, por lo menos en comparación con aquellos, tienen bastante más que proponer. A este respecto, la prensa peruana es muy selectiva. Obsesionada con el rating, por cada cien veces que convoca a aquellos, convoca una a éstos. Con plena coincidencia de intereses, la prensa está siempre de la mano con todos aquellos a quienes les obsesiona “estar en la foto” –como, autorretratándose, alguna vez sentenció Boloña –.

Como no podía ser de otra manera, no habría de ser precisamente la descentralización el tema que rompa ese “ratiniano” esquema. Mas esto, como nos lo demostró fehacientemente Mariátegui , no es nuevo sino más bien viejo en el Perú. También en su época los descentralistas y federalistas más lúcidos “no ejercían influencia efectiva” sobre la opinión pública. Es decir, eran a quienes menos convocaba la prensa. O, mejor, a quienes más silenciaba el poder real que controla la prensa.

Pero las ideas de la población son también un fiel e indudable reflejo de la educación recibida en la escuela y la universidad. Y allí, y respecto del tema que nos ocupa, los cursos y textos de Historia, y de Historia del Perú en particular, tienen una responsabilidad enorme e indisimulable.

Como veremos a lo largo de este trabajo, no son precisamente menos ingenuos ni más lúcidos los escasos mensajes que reiteradamente presentan todos esos actores a la población.

El silencio es ciertamente un tipo de mensaje. Y los jefes de Estado sin duda actores primerísimos en la escena política. En esos términos, los silencios de los Jefes de Estado cumplen una función de primer orden en la formación, o, mejor, en la mal formación de la conciencia popular. De allí que deba resaltarse la inaudita omisión del problema del centralismo (que con menor o mayor gravedad afecta a todos los pueblos latinoamericanos), en las declaraciones oficiales de la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en noviembre del 2001 en Lima. Merecieron atención el narcotráfico, la violencia, el te- rrorismo, el endeudamiento externo, la integración, etc. Pero no se dijo una sola palabra sobre el centralismo estructural que, en mayor o menor medida, afecta a todos nuestros países.

Pues bien, como ese lamentable y muy significativo silencio, y sólo en torno a los temas esenciales de este libro, estas son, entre explícitas e implícitas, entre claras y ambiguas, entre puestas de manifiesto e insinuadas, algunas de las ideas más discutibles que los principales “comunicadores”, aquellos que más exhibe la prensa, empecinadamente presentan a la población.

• Nuestros enormes y graves problemas (sociales, económicos, políticos, etc.) pueden empezar a resolverse con una adecuada “agenda política”.

Con sinceridad nos preguntamos, ¿a qué llaman “agenda política” nuestros políticos, ideólogos y especialistas? ¿Equivale a “plan de gobierno”? ¿Incluye diagnósticos (de la realidad y de las posibilidades de enfrentarla), metas y objetivos, estrategia para alcanzarlos, criterios explícitos de priorización, y prioridades definidas? ¿Es la agenda política del país necesariamente la misma que la agenda política del gobierno, y ésta necesariamente igual agenda política del presidente de la República? ¿Si se extravía ésta se pierden todas? ¿Qué significa “invertir la agenda”? ¿Y qué se quiere exactamente expresar cuando por ejemplo se dice que, en medio de las ostensibles dificultades iniciales de su gobierno, el presidente Toledo se esforzó denodadamente por “rescatar su agenda política” –como ha sostenido Paredes Castro , Jefe de la Sección Política del diario El Comercio–. ¿Quién y cómo pudo robar, secuestrar o “invertir” la agenda política al presidente de la República? ¿Y quién nos garantiza que no vuelva a perderse? ¿Ante ese riesgo, no sería mejor, por ejemplo, tener “agendas descentralizadas”?

• Corresponde al Gobierno, y dentro del él principalmente al presidente de la república, diseñar, proponer y manejar la “agenda política” ¿Al Gobierno, sólo a él? ¿Y en Lima y desde Lima y el Palacio de Gobierno? Insistimos, ¿la agenda del presidente, es la agenda del Gobierno y, también entonces la del país? ¿Es que nuestros especialistas no reparan en que esos tres elementos no constituyen una misma unidad? Y, en consecuencia, y aun cuando lo quisieran, no pueden tener los mismos intereses y objetivos.

¿No nos han sido suficientes los diez años de la funesta experiencia fujimontesinista para adquirir conciencia de que la “agenda política” no es una? ¿Y que, como también lo confirma todo el resto de nuestra larga historia republicana, puede haber discrepancias e incluso graves contradicciones entre las agendas de esas tres entidades?

 • El “liderazgo” del presidente de la república del imprescindible e insustituible. Él debe asumir y mantener el liderazgo del país. Y si por momentos lo pierde (como se dice que “sintió el país” tras las primeras semanas de su gobierno), debe retomarlo. ¿Es o será suficiente el liderazgo del actual y los siguientes presidentes? ¿Puede una, o pueden quince o cien personas, enfrentar los retos que necesariamente deben ser enfrentados por miles y millones de personas? ¿Tienen acaso unos pocos la fuerza, el tiempo y el conocimiento para hacer lo que deben hacer muchos? ¿Tienen esos pocos la motivación vital y necesaria para iniciar y afrontar la solución de las demandas que aquejan a millones, y que simultáneamente se plantean en múltiples escenarios del país? • Las precariedades sociales del país son innumerables.

¿Alguno de nuestros reputados “comunicadores” ha estimado y divulgado alguna vez cuánto costaría resolverlas, aunque no fuera completamente sino sólo en términos decorosos? Ya veremos cómo el absoluto desconocimiento de la magnitud de nuestros problemas lleva a muchos a conclusiones profundamente erróneas, e incluso a conclusiones ridículas.

• Son innumerables nuestros problemas, pero podemos resolverlos en plazos razonables, razonablemente aceptables. ¿Alguien alguna vez se ha atrevido a definir a conciencia cuáles son esos siempre insinuados “plazos razonables”? No obstante, en ellos se sustentan los reiterados pedidos de paciencia que los gobiernos y la prensa le hacen a la población peruana.

Como dice el diario El Comercio, por ejemplo – y en esto coincidimos con sus expresiones–, es resueltamente criticable que muchos quieran un “gobierno duro” que resuelva los problemas “de inmediato”.

¿Alguna vez ha planteado ese diario cómo se ha inoculado en gran parte de la población peruana la proclividad al autoritarismo y al inmediatismo? ¿Conociendo la respuesta, por qué la silencian? ¿A quién o a quiénes libran de esa responsabilidad? ¿O se pretende insinuar que ello surgio accidentalmente y por generación espontánea? ¿No son los propios intelectuales y empresarios que manejan El Comercio, víctimas de ese deplorable inmediatismo, en el que convergen el idealismo y el desconocimiento de la realidad?  

¿O creen que los plazos que sugieren en Propuestas para una Agenda de Gobierno son coherentes con la situación del Perú de hoy? ¿Creen realmente que es posible alcanzar la reforma del aparato estatal peruano en 4 años , cuando lo más probable es que demande 20? ¿Y que se puede alcanzar la institucionalización del país de inmediato , cuando quizá sólo se podrá lograr al cabo de tres generaciones? ¿Y el fortalecimiento de las municipalidades en cinco años, cuando sin duda costará más de 30? ¿Y la descentralización del país en esos mismos cinco años, cuando lo más probable es que no la materialicemos ni en tres generaciones? ¿O es que acaso no entendemos qué significa “plazo”? Ciertamente no es el período en el que se inicia el cumplimiento de un objetivo, sino el tiempo que se prevé demandaría alcanzarlo.

• Para los peruanos es un enorme reto “vivir en democracia”.Así, para el diario El Comercio, y para intelectuales como Raúl Ferrero Costa , y muchos otros, “desde el 28 de julio de este año le toca al país aprender de nuevo a vivir en democracia”.

¡Pero si hace 180 años que vivimos en una “república democrática”! ¿Se nos está diciendo que, tras los diez años de la dictadura fuji–montesinista, habíamos olvidado todo cuanto aprendimos y experimentamos en los 170 años precedentes a ella? ¿Cómo entonces se combatió democráticamente a esa dictadura si habíamos olvidado todo? ¿Quién y cómo derrotó al impostor en las elecciones del 2000? ¿Quién y cómo sancionó entonces el definitivo triunfo de Toledo en las impecables elecciones del 2001? No, es absolutamente evidente que no habíamos olvidado nada. Nada por lo menos de lo poco que, en verdad, habíamos aprendido desde 1821.

¿Cómo es, sin embargo, que en tanto tiempo hemos aprendido tan poco? ¿Por qué no nos lo dicen, clara y sintéticamente, quienes postulan la re–educación democrática? Lo diremos entonces nosotros, simple y llanamente; es poco, muy poco, cuanto se pudo y experimentarse y asimilarse en la prolongada y farsesca “democracia” aún vigente.

Así, tras frases aparentemente irreprochables, se nos está planteando que, en realidad, el reto es seguir aceptando la burda “democracia” representativa vigente que, en casi dos siglos, no ha resuelto nada; sino, por el contrario, nos ha colocado al borde del abismo. Sin que en el fondo cambiase nada, en nuestra “democracia” se han alternado en la conducción del aparato estatal gobiernos surgidos de golpes militares, de golpes cívico–militares, gobernantes “democráticos” elegidos en elecciones fraudulentas, dictaduras, “demócratas” que se transforman en dictadores, y, ciertamente, demócratas formales surgidos de comicios intachables.

Además de asistir periódica aunque erráticamente a elecciones, dentro de lo poco que se pudo aprender en esa sinuosa y enrevesada trayectoria republicana, hay otras dos lecciones. Y, a toda costa, muchos se empecinan en que sean preservadas incólumes:

• El pueblo, de cara a sus sagrados objetivos, tiene derecho a combatir, hasta con la insurgencia, a las dictaduras, incluso a las que se encubren bajo ropajes republicanos. Pero –fluye de hecho sibilina e implícitamente en el contexto de la ideología dominante–, que en presencia de las formales “democracias” republicanas, no tiene en cambio derecho a combatir para alcanzar esos mismos sagrados objetivos.

¿A cambio de qué intervinieron los pueblos del Perú en los combates contra las dictaduras? A cambio de nada. ¿Y a cambio de qué se mantuvieron dóciles y pacíficos los pueblos del Perú en las democracias formales? A cambio de nada. ¿Hasta cuándo se cree que se va a mantener vigente esa farsa en la que, en ambas circunstancias, son otros, muy pocos, quienes sí alcanzan sus objetivos? No, “el horno ya no está para bollos” –como se estila decir en ocasiones como ésta en muchas poblaciones del sur del país–.

• El centralismo es uno entre múltiples problemas de magnitud equivalente; y la descentralización una entre múltiples soluciones, o tareas gubernamentales, de similar importancia.

Según el diario El Comercio el centralismo es, por ejemplo, tan relevante como la falta de liderazgo presidencial; y su solución es, también por ejemplo, tan decisiva como seguir privatizando los activos del Estado.

Sin embargo, en las semanas previas a las elecciones generales del 2001, el mismo diario El Comercio, en Propuestas para una Agenda de Gobierno, presentó la descentralización como una de las 32 grandes tareas que correspondía enfrentar o empezar a resolver al Gobierno que asumiría sus funciones el 28 de julio.

Más aún, en el citado documento, el diario El Comercio propone los que entiende como los “4 pilares de la reconstruc- ción nacional”: Educación, Cultura ética, Institucionalización y Orden Económico.

Así, a la luz de los criterios del diario más influyente del país, la descentralización no es uno de los grandes pilares de la “reconstrucción nacional”, sino uno de 32 otros objetivos igualmente importantes entre sí, pero subalternos respecto de aquellos.

Cabe sin embargo preguntarse aquí: ¿reconstrucción nacional? ¿Puede acaso reconstruirse lo que nunca ha estado construido? Pues bien, permítasenos adelantar aquí entonces que las tesis centrales de este libro son sustancialmente diferentes. En efecto, nuestras propuestas esenciales son: • el centralismo es, con mucho, el problema más gravitante de todos;

• y, en consecuencia, la descentralización la tarea más importante, prioritaria y trascendente; tanto para el Gobierno y el Estado peruanos, como para los partidos y demás organizaciones e instituciones del país, y para todos los sectores de la población.

A nuestro juicio, es en el contexto del proceso de descentralización que tienen sentido tanto aquellos objetivos a los que el diario El Comercio denomina “pilares” como el resto de los que propone. Dicho en otros términos, y para quebrar definitivamente la inercia subdesarrollante del centralismo, deberá corresponder a los Gobiernos Regionales la tarea de conseguir que, en el tiempo, se alcance la mayoría de los objetivos que se diseñe. Y entre ellos, sin duda, deberán estar la educación, la cultura ética, la institucionalización e incluso, el orden económico. Aunque, claro está, y en relación con este último, deberá corresponder al Gobierno Central un rol rector, así como de supervisión y coordinación muy estrecha.

• Educación: la impostergable gran cruzada nacional. El planteamiento parece irreprochable. Y, por lo demás, infinidad de personas lo han formulado y siguen lo formulando, incluso de muy buena fe

Ya en los inicios de la República se escuchó innumerables veces a Bartolomé Herrera proclamando la idea. El sacerdote, en su curul parlamentaria, en 1849, repetía, “empléese una buena porción de la renta pública en escuelas. Instrúyase, edúquese al indio y se mejorará su condición”.

Bien lo sabe El Comercio, el discurso se publicó en su edición del 10 de noviembre de ese año. La idea es pues antigua. Tan vieja en años como clara de entender por cualquier ser humano, más aún por los parlamentarios y gobernantes cultos. ¿Por qué, entonces, nunca fue puesta en práctica? Pues sencillamente porque, más allá de las palabras que lleva el viento, y que recogen los diarios, a ninguno de nuestros gobernantes le ha interesado realmente ponerla en práctica.

Ya veremos extensamente en qué estaban concentrados sus desvelos, que no precisamente en educar a los indios.

Mas tenemos otra objeción sustantiva. En efecto, la idea encierra una terrible trampa ideológica que a mucha gente pasa inadvertida. “¿Podremos pretender –se pregunta por ejemplo el diario El Comercio – que sin ciudadanos preparados, el país entienda cabalmente los abstractos y complejos razonamientos democráticos?”.

Hecha la interrogante, El Comercio, y todos cuantos piensan como él, no la responden explícitamente, y menos en público.

¿Por qué no la responden? ¿Dado acaso porque es obvia la respuesta? ¿Quién dice que es obvia, si no lo es? Por lo demás, ¿son concientes de la falacia que encierra su pregunta, y que es la misma en la que caen cuando sostienen que “grandes segmentos de la ciudadanía no entienden los principios democráticos básicos, como la separación e independencia de poderes”. Que no es sino otra forma de decir lo que asevera el ya citado Miguel Ferré Trenzano: “las grandes mayorías tienen un escaso aparato crítico para discernir si el discurso político es creíble o no, si es sensato o no”.

Veamos primero la falacia: “los ciudadanos no preparados no entienden los abstractos y complejos razonamientos democráticos, que sí entienden y son capaces de discernir los ciudadanos preparados”.

Pues bien, preguntamos, ¿los constitucionalistas, jueces, magistrados de todo nivel; ministros, generales y otros altos funcionarios del Estado; y los grandes y medianos empresarios y profesionales de todo género, que durante la dictadura pasada asistían a la oficina del “asesor” –a ahondar la tumba de la incipiente democracia peruana–, entendían o no entendían los complejos razonamientos democráticos de separación e independencia de poderes; sabían o no discernir sobre lo que ellos y su interlocutor tenían entre manos?

 Claro que los entendían, claro que discernían. Y claro que los entienden, e igual disciernen, todos aquellos que hoy cumplen esas funciones (y que si nos descuidamos van a caer en las mismas faltas y delitos). ¿Y entonces, para qué tanto entendimiento y para qué tanto discernimiento? ¿Para beneficiarse a sí mismos perjudicando al resto del país? ¿Nos dirán que todos ellos, muy bien preparados, eran y son la excepción? No, como veremos más adelante, no eran ni son la excepción: cientos y miles de hombres de gran nivel académico han tenido en sus manos las riendas del país a lo largo de la República.

Y la gran mayoría de ellos ha venido invariablemente cavando la tumba de la democracia y del desarrollo del Perú. ¿Cuándo entenderemos que no es la educación sino la cultura la que provee o no valores éticos y morales? ¿Y que es precisamente la subdesarrollada cultura occidental que prevalece entre nosotros la que menos valores inculca? ¿Y que es de ella que se deriva esa “subcultura chicha” o “subcultura combi” en la que, a imagen y semejanza de los que más poder tienen, nadie cumple ninguna norma? ¿Mientras todo ello subsista no podremos empezar a construir nuestra democracia? ¿Estamos en un círculo vicioso? Sí. ¿Hay forma de romperlo? También, pero lo veremos en un instante.

Entre tanto, de la interrogante inicial surge también inevitable la siguiente, ¿mientras la inmensa mayoría de ciudadanos no esté preparada, qué? Quienes ante la opinión pública callan también esta respuesta, dicen generalmente en privado, entre otras cosas, “no se puede entregar poder a gente ignorante, antes hay que educarla”.

Otros, sin dejar de tener en mente los bajísimos niveles educativos de la población peruana en general, y de la rural en particular, se preguntan si organizativa, administrativa y técnicamente los distritos, provincias y regiones del país están preparados para asumir nuevas responsabilidades de poder, incluido el adecuado y autónomo manejo de nuevos recursos presupuestales para gasto e inversión. Según parece, hasta el propio presidente Toledo sería presa de esa duda: “Quizás los departamentos no están preparados” –le habría dicho a Alan García en la entrevista que sostuvieron el 19 de noviembre en Palacio de Gobierno –.

En definitiva, unos y proponen: primero hay que educar y después dar poder real a los gobiernos Regionales, provinciales y distritales. En el interín, y mientras se educan, hay que descentralizar paulatinamente, concluyen. “Hay que delegar progresivamente el poder de decisión...” –dice en ese sentido, el diario El Comercio, aunque elípticamente por cierto–.

¿Pero cuándo estarán educados? ¿Dentro de 5, 10, 20 o más años? ¿Sabiendo, como nos demuestra la historia, que mientras haya centralismo las grandes mayorías no alcanzarán nunca el nivel de educación que se les exige para administrar sus asuntos? ¿No tenemos conciencia de que, cuando en algún momento del futuro, las masas alcancen el nivel educativo que hoy se les exige, ya se estará frente a niveles de exigencia mayores, nuevamente insatisfechos? ¿No reparamos que el poder le coloca a la educación y capacitación el papel que la carnada cumple en las carreras de galgos, esto es, el de objetivo inalcanzable? Los mentores concientes e inconcientes del centralismo no reparan en la soberbia, la pedantería y el error en que incurren.

Preténdanlo o no, implícitamente afirman que “sólo en Lima hay gente capaz (aunque haya nacido en Barranco, Cabana o Characato)”.

Ello, a todas luces, es inaceptable. En todo el país hay políticos y profesionales regionales, provinciales y distritales, absolutamente capaces de asumir las responsabilidades correspondientes.

Sólo de manera descentralizada, con Gobiernos Regionales con amplio poder de decisión, se podrá alcanzar, entre muchos otros, el objetivo de mejorar sensiblemente los niveles de educación del país, así como el de adecuar los contenidos de la educación a las verdaderas necesidades de cada espacio.

Y, para romper el círculo vicioso señalado antes, sólo con Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales con los poderes que correspondan a cada nivel, se podrá establecer los innumerables mecanismos y escalones de control y sanción de las normas, que permitan imponer una genuina institucionalización democrática.

El poder centralizado, corruptor por antonomasia, nunca será capaz de hacer prevalecer la institucionalidad democrática: no le conviene hacerla prevalecer; ella es la negación de sus prebendas y privilegios. Cientos y miles de personas, distribuidas en todo el territorio del país, en cambio, serán capaces de tener la autoridad y el ascendiente que el omnímodo poder central no ha alcanzado ni alcanzará jamás. Ésta, como veremos, es precisamente una de las grandes lecciones que debemos sacar de la historia de los pueblos desarrollados del planeta.

• La descentralización, así como el equilibrio de poderes, y el respeto a los fueros municipales, siendo aspectos entre sí independientes, son aspectos igualmente relevantes de la institucionalización democrática.Y ésta, prerrequisito del desarrollo.

Ése es un concepto erróneo, y por múltiples razones. Pero he aquí las razones que consideramos más destacables. En términos estrictamente formales, y como lo viene demostrando la historia del Perú, puede haber equilibrio de poderes y respeto a los fueros municipales, de consuno con el más acusado centralismo. Basta ver lo que ocurrió en los gobiernos de Belaúnde y García.

Y, a la inversa, como lo demuestra la historia de la humanidad, en ausencia de centralismo, aunque en presencia de concentración del poder, puede darse un total desequilibrio de poderes y muy poco respeto por los fueros locales. Las monarquías europeas del pasado constituyen buenos ejemplos. Los tres aspectos parecen mutuamente independientes. E igualmente relevantes; aunque, en rigor, igualmente irrelevantes para efectos de explicar el desarrollo y la democracia, La historia de la humanidad, sin embargo, muestra y demuestra que el no centralismo, o, si se prefiere, la descentralización de hecho, es por milenios más antigua que la democracia. Durante miles de años mal pudo establecerse relación alguna entre ambas e importantes manifestaciones de la vida del hombre en sociedad.

Pero la historia también muestra y demuestra también que, muchos pueblos alcanzaron el desarrollo (el de su tiempo), sin conocer la democracia, aunque sí la descentralización. Egipto, Grecia y Roma son buenos ejemplos. Asoma entonces que, por ahora con prescindencia de la democracia, habría una importante relación entre desarrollo y descentralización.

En los últimos dos siglos 180 países de la Tierra se debaten en el subdesarrollo. Unos en democracia pero centralizados (Argentina y Chile, entre muchos); otros en democracia, pero descentralizados (Sudáfrica y Nigeria, para sólo citar dos casos); unos en dictadura y centralizados (Corea del Norte, por ejemplo); y otros en dictadura pero descentralizados (como Cuba y China), o en regímenes muy discutiblemente democráticos pero descentralizados, como la India, por ejemplo. La descentralización, entonces, puede ser el escenario de democracias y dictaduras; y puede también ser el escenario de desarrollo y subdesarrollo. Pero asimismo, ni la democracia ni la descentralización son garantía del desarrollo.

Mas en los mismos dos últimos siglos sólo 24 países han alcanzado el desarrollo. En todos se da una auténtica democracia, aun cuando varios se reivindican como monarquías, y más de uno incluso se proclama imperio. Pero, sin excepción, esas genuinas democracias desarrolladas han surgido en pueblos absolutamente descentralizados. Ninguna en el seno de un país centralizado. La descentralización, entonces, aun cuando no es garantía del surgimiento de la democracia, ni garantía del surgimiento del desarrollo, sí es, en cambio, el prerrequisito indispensable para el surgimiento de las democracias desarrolladas. Y, en consecuencia, el sustrato básico e insustituible de la institucionalidad democrática.

No es una entre diversas condiciones equivalentes, sino la primera y más importante de las condiciones para el surgimiento de la democracia desarrollada.

• El Estado es uno e indivisible (Art. 43° de la Constitución peruana). Sin que deba considerársele una digresión, porque tiene mucho que ver con la esencia de los planteamientos finales de este libro, queremos abordar esa idea para contribuir a superar las ambigüedades y errores a que da lugar la palabra “estado” (ya sea que se la escriba con minúsculas o mayúsculas), o el uso equívoco de ella. Porque en múltiples ocasiones, sin precisar el sentido en que la usan, muchas personas aluden con ella tanto a “país” como a “aparato estatal”, pero también a “nación”. Y, ciertamente, no son lo mismo.

Veamos cómo en la propia Constitución de la República se hace un uso ambiguo y equívoco de palabra “Estado” (con lo que, paradójica e irónicamente, hasta quedan constitucionalmente convalidados los problemas que se derivan de ello).

• Cuando el Art. 1° de la Constitución habla de la sociedad y el Estado, resulta obvio que con la última expresión, y dada la que la precede, se está aludiendo a la institución que, dentro y fuera del territorio del Perú, representa al conjunto de la sociedad peruana; es decir, se está aludiendo al “aparato estatal”.

• Mas cuando, como en muchas otras Constituciones del mundo, el Art. 43° de la nuestra expresa que “el Estado es uno e indivisible”, ya el concepto no queda del todo claro. ¿Está haciendo referencia al país, al aparato estatal, o a ambos? Por lo demás, y como en múltiples artículos, allí se incurre en un lirismo que no resulta esclarecedor sino alienante, porque engaña con una afirmación que, como con contundencia demuestra la historia, no siempre es incontrovertible. Porque se asume como realidad lo que en verdad es un deseo; se sustituye el ser (la verdad), con el deber ser (la ilusión).

En efecto, el hecho de que deseemos que nuestro país, y también su aparato estatal, sean indivisibles, no significa que son indivisibles. ¿Es que acaso no somos testigos de lo ocurrido con la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia, donde no sólo que quebraron los aparatos estatales sino los propios países? • Pues bien, para concluir con la digresión, veamos el caso del Art. 54° de nuestra Constitución: “El territorio del Estado...”

En este caso ya no tenemos duda alguna de que la imprecisión ha dado lugar a que los constitucionalistas incurran en un yerro garrafal, dado que el territorio del Perú no es un activo del Estado sino de la sociedad peruana. Si así no fuera, el Estado hasta lo podría privatizar.

Por lo demás, en el lenguaje cotidiano es muy frecuente verificar que se sustituye como sinónimos “Estado” y “nación” (Estado peruano = nación peruana). El error –como lo observó JorgeBasadre–, se remonta sin embargo hasta la primera Constitución del Perú, la de 1823 43, en que burdamente se incurrió en él.

Así, como se verá inmediatamente y más adelante otras veces, cuando prevalece la falta de rigor en el lenguaje –o errores en la lógica con que se elaboran los conceptos–, las soluciones a las que se llega dejan mucho que desear.

• La descentralización no es parte del proceso de reforma del Estado.

El Comercio –en sus reiteradas Propuestas para una Agenda de Gobierno –, hace ese planteamiento. Porque en efecto en dicho documento, dentro de los objetivos sobre Gobierno y Estado, se propone nueve, entre los que el primero es “Reforma del Estado”, y el cuarto “Descentralización”.

Siendo pues, según lo plantea el diario, y aparentemente al menos, dos objetivos distintos, podría emprenderse y hasta lograrse la Reforma del Estado sin acometer la Descentralización; o, en su defecto, obtenerse ésta sin siquiera iniciar la Reforma del Estado.

La flagrante contradicción se da porque en el documento se reduce el objetivo de Reforma del Estado, esto es, la reforma del aparato estatal, a la “modernización” del mismo. Pero, así y todo, ¿imagina alguien que es posible “modernizar”, y, supuestamente, entonces, hacer eficaz un aparato estatal centralista, cuyo objetivo e intrínseco es subdesarrollar el país? No puede ser, ni ser considerado eficaz, un aparato estatal centralista y, por consiguiente, suicida.

La modernización del aparato estatal tiene que hacerse también en el contexto de la descentralización. O, dicho en otros términos, los Gobiernos Regionales, si a su turno no incurren en centralismo regional, serán los únicos que podrían concretar una verdadera modernización de sus aparatos de gobierno.

Podrán quizá los autores de Propuestas para una Agenda de Gobierno objetar que, en realidad, están entendiendo Estado por “aparato estatal” ; y que cuando hablan de Descentralización se refieren a descentralización de “todo el país”.

Si en rigor ése fuera su razonamiento, el absurdo, entonces, resultaría insalvable. Porque la genuina descentralización del “país” (el todo), implica, necesariamente, la descentralización del “aparato estatal” (una de las partes del todo). ¿Cómo podría reformarse el todo preservándose incólume una de las partes? El razonamiento lógico correcto es sin duda otro: debe acometerse la descentralización del país y, como parte de él, la descentralización y modernización del aparato estatal. Ya veremos, sin embargo, en la siguiente observación, como El Comercio, sin reparar en el error, incurre en una nueva y flagrante inconsistencia.

• La descentralización es parte del proceso de reforma del Estado.

Por insólito que parezca, en irrefutable prueba de su inconsistencia ideológica y conceptual, El Comercio –y muchos autores–, sostienen ésta afirmación, que no sólo es contradictoria con la precedente; sino que es en sí misma incoherente, porque el todo (la descentralización del país), no puede estar contenido en una de las partes (la reforma del aparato estatal).

A menos que esta vez El Comercio esté hablando de la descentralización del aparato del estado, y no del país, como nos dijo antes; y de la reforma del país, y no del aparato estatal, como también nos dijo antes. Pero si así fuera, sería obvio que, aturdidos en sus palabras y conceptos, los autores del documento no saben ni qué dicen ni cuando se desdicen.

Retando a la realidad, lanzándose contra los molinos de viento, Paredes Castro plantea: hay que tener el coraje de emprender una real reforma del Estado. ¿Qué es o qué se quiere descentralizar? ¿El actual Estado elefantiásico y defectuoso? En cierto sentido no se equivoca, porque hay quienes sindican que hay que tener coraje para lanzarse a aventuras absurdas (y también para el suicidio). Lo fundamental, sin embargo, es que nuestro analista plantea que primero se transforme el aparato estatal y luego se le descentralice. Primero habría que reducir al elefante al tamaño de un chancho, por ejemplo, luego aderezarlo adecuadamente, y después repartir el tocino.

Asumiendo por un instante que fuera posible concretar ese corajudo proyecto de transformación y luego descentralización del aparato estatal, ¿cuánto tiempo demandaría? ¿Acaso los 4 años que postula con lamentable desconocimiento de la realidad el propio diario El Comercio? No, muchísimo más.

Y asumiendo que los pueblos del Perú estén todavía dispuestos a esperar algún tiempo la consecución de ese objetivo, ¿qué iría descentralizándose entre tanto? ¿Y quién asumiría el rol protagónico en el proceso de conseguir este otro e indefinido objetivo? ¿El centralista, elefantiásico y defectuoso aparato estatal en trance de transformación? ¿Aquél que en el camino de elefante a chancho, es más probable que devenga en maquisapa arbórea, a la que nadie podrá pedirle que sea capaz de arrastrar una carreta? No, insistimos, la transformación y modernización del aparato estatal tiene que darse en el contexto de la descentralización.Y sus protagonistas, todos a una, simultáneamente, tienen que ser los gobiernos regionales, las municipalidades y el gobierno central, incorporando cada uno cuanto mecanismo de participación sea posible.

Y si lo dicho hasta aquí no resulta suficiente para desestimar la ambigua expresión, y a fin de cuentas también confusa idea que venimos enjuiciando, permítasenos entonces agregar lo siguiente.

La descentralización implica, necesariamente, una alteración sustancial de la estructura del poder. En ese sentido, dice parcialmente acertado El Comercio: “Descentralizar el país implica romper con una forma gubernamental...”

Pero no, descentralizar el país no es romper con una forma gubernamental (parte), sino romper con la estructura general de poder del país (todo), intrínsecamente centralista. Estructura de poder en la que se suman, integran y sintetizan, tanto el poder gubernamental como el poder económico, el poder político, el poder de los aparatos de intermediación informativa e ideológica, etc

De allí que, y en esto sí tiene razón El Comercio, romper esa estructura efectivamente supone “un esfuerzo no sólo del Gobierno, sino de toda [la población]”.

En el original, sin embargo, El Comercio habla de “la nación”, y no “la población”, como hemos colocado. ¿Cuándo entenderemos que el Perú es un país multiétnico y multilingüístico y, en consecuencia, bastante más que una nación, un conjunto de naciones en el trance de convertirse en una.

Tampoco aquí pretendemos hacer una disquisición puramente académica. No, se trata de una precisión conceptual de la máxima importancia. Porque si fuésemos “una nación” (conjunto étnica, lingüística y culturalmente homogéneo e integrado), entonces ya no sería necesario lograr ese objetivo, ya estaría logrado. Mas no lo está.

De allí que es importantísimo y trascendental lograrlo. Entre otras razones porque es el único objetivo que, alcanzado, es la verdadera garantía de la subsistencia de nuestro país: unido, tal como lo concebimos hoy. Si no logramos constituir “la nación peruana”, corremos el gigantesco riesgo de ver finalmente quebrado nuestro país.

En tal virtud, si reconocemos que la estructura de poder vigente es centralista y subdesarrollante; debemos agregar que es, inconciente, pero resueltamente, antinacional. Porque el empobrecimiento sistemático y creciente del Perú es, potencialmente, el más grave fermento de quiebra de la unidad del país. A menos que estemos dispuestos a creer en la absurda e históricamente negada tesis de la “paciencia infinita de los pobres”.

La disquisición nos conduce a una conclusión de extrema importancia. En ese sentido, esencialmente, coincidimos con Luis Pásara cuando postula que en el Perú se tiene que levantar un proyecto social que le permita ser nación” . Bien podemos decir entonces que, el más nacional de todos los proyectos nacionales que se puede plantear y concretar en el Perú, es aquel que precisamente permita la formación definitiva y consolidación de la nación peruana.

Pues bien, estábamos en que la genuina descentralización del Perú implica quebrar la actual estructura de poder centralista y subdesarrollante, pero además antinacional. Así, mientras más profunda sea aquélla, más se modificará la estructura de ésta.

Entre los distintos protagonistas del proceso de descentralización en ciernes, bastante más concientes de la necesidad del cambio en la estructura de poder son precisamente quienes van a perder parte de su actual cuota de poder efectivo. Y de ello, aunque no libre de ambigüedades y contradicciones, son también concientes los autores de Propuestas para una Agenda de Gobierno de El Comercio. De allí que afirmen que la descentralización conllevará “para el Gobierno Central el sacrificio de ceder poder a los gobiernos locales...”.

No, no sólo para el Gobierno Central. No sólo para los integrantes del Poder Ejecutivo, los Ministerios, y el Congreso. Ni sólo para ellos y los miembros de otras instancias del aparato estatal como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Fuerzas Armadas, SUNAT, SUNAD, etc. Sino que también verán afectado su poder hasta las autoridades provinciales de Lima y otras grandes ciudades. Pero, no sólo ellos.

Ciertamente no. También se verán afectados los intereses económicos de todo género y dimensión. Así, muchos grupos económicos que hoy tienen por ejemplo sus oficinas en Lima, pero sus plantas industriales en provincias, deberán tener que pasar a depender institucionalmente de poderes regionales a los cuales siempre han desairado, cuando no despreciado. Otro tanto ocurrirá incluso con las distintas instituciones religiosas. Con instituciones educativas y de salud. Y hasta con las organizaciones políticas, para no citar sino a ellas.

Resulta entonces obvio que, coherentemente, vengan ya preparándose para, en el peor de los casos, ceder apenas un poco de poder. Viejos y duchos como son en la materia, saben a ciencia cierta que una forma de retener la mayor parte de su poder actual es tomando la iniciativa en la definición del problema. Ya la tomaron. Ya empezaron a vender “su definición” como si fuera “la definición” del problema. Ya se lanzaron a sembrar e inocular “su definición de descentralización”, en la expectativa de que ningún otro grupo en el país alcance a tener éxito en la postulación de otra definición que, de terminar prevaleciendo, les haga perder más poder del que han previsto sacrificar.

Mariátegui nos hace ver que, por ejemplo, exactamente la misma estrategia adoptaron los grupos dominantes antaño frente al gravísimo problema de la miseria, atraso y explotación del campesinado andino (el “problema del indio”): impusieron su definición de que era un problema administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional y eclesiástico. Así lograron evitar que se reconociera que era un problema inicial y esencialmente político y económico.

Hoy, en términos muy similares, y en relación a la descentralización, a través de sus ideólogos ya han planteado, y lo reiterarán hasta el cansancio, que es un problema estrictamente administrativo y organizativo. Definiéndolo, circunscribiéndolo, están planteando entonces que “la descentralización [del aparato estatal] es parte del proceso de reforma del [aparato estatal]” . Así, no sería un problema de toda la estructura de poder del país, sino sólo de la estructura de poder del aparato estatal.

El virtud de ello, los grupos de poder históricamente centralistas del país, con concepciones miopes, tras fraseos demagógicos, y con subterfugios legalistas, van a pugnar para se concrete en el país una muy sui generis modalidad de descentralización del aparato estatal; o mejor, y en realidad, para que sólo se ponga en ejecución un nuevo remedo de descentralización.

Javier Iguiñiz sostiene que lo que más impulsa nuestro centralismo “es el carácter concentrador” del capitalismo subdesarrollado del Perú del que, sin embargo, obtienen beneficios los grupos económicos dominantes de la sociedad peruana. No obstante, complementamos, sin pertenecer al poder económico dominante, hay quienes, bajo su propia bandera, medran igualmente del centralismo.

Son los altos y medios funcionarios que reclutan los gobiernos, pero también los políticos profesionales y los advenedizos, que con el centralismo disfrutan de los enormes beneficios de retener en sus manos 25 veces más poder de decisión del que tendrían en un Perú completamente descentralizado. Cómo van a aceptar de buen grado deshacerse del 96 % de coimas y prebendas que reciben manejando aquí, sólo ellos, todo el presupuesto del Estado.

Unos y otros, harán lo indecible por oponerse a la descentralización y, en el peor de los casos, advirtiendo que el aluvión es imparable, por mediatizarla, para así conservar el grueso de las prebendas.

En puridad de verdad, y frente a lo inevitable, aceptando ceder una cuota del poder, pero en actitud que trasuntará revancha, van a pugnar además para que la porción que terminen concediendo quede absolutamente fraccionada a lo largo y ancho del territorio. Con enorme mezquindad, buscarán impedir que nadie se haga de la cuota de poder que ellos pierdan. Van a pugnar por balcanizar el poder; esto es, en rigor, para atomizar la migaja del poder de que se vean obligados a conceder.

Como ocurrió durante las deliberaciones constitucionales de 1993, y volvió a repetirse durante las campañas electorales del 2000 y 2001, serán los que postulen la descentralización municipalizada. “Delegar el poder de decisión a las provincias”, propone por ejemplo.

¿Es ésa también la posición del gobierno del presidente Toledo, cuando por ejemplo declara haber asumido el compromiso de una “descentralización basada en el fortalecimiento del poder municipal” 57, y aun cuando prevé la existencia de gobiernos regionales? No queda claro. Y menos todavía cuando, vencido el plazo que a sí mismo se dio su gobierno (diciembre del 2001), nada se sabe del anunciado Plan de trabajo de todo el proceso de descentralización .

Pero a diferencia de la propuesta planteada por el diario El Comercio, donde implícitamente se postula delegar el poder a las 194 municipalidades provinciales; de la hasta ahora brevísima propuesta del Gobierno, incluso podría entenderse que se refiere a ésas y las 1 819 municipalidades distritales del país.

¿Podemos imaginar ese escenario: dos mil municipalidades arañando el poder, aferrándose a las insignificantes cuotas se poder que se les asigne? La alternativa es la genuina y total descentralización del país. Ello, como extensamente veremos más adelante, implica la descentralización del poder político, a través de la constitución y consolidación de sólidos poderes regionales, que a su vez se sustenten en sólidos gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales.

Pero también implica la descentralización de la economía y todo el aparato productivo, la descentralización de la creación cultural (educativa, técnica, científica, artística, deportiva), la descentralización del poder social, la desconcentración de la población en Lima, etc.

Mas, en este último aspecto, no para que otras ciudades, y menos las que le siguen en población, crezcan a expensas del paulatino despoblamiento de la actual capital del Perú. Bien dice Iguiñiz a este respecto, “no nos interesa un descentralismo urbano”.

En efecto, interesa a los peruanos que el viaje de retorno signifique el repoblamiento del campo y, en definitiva, la plena ocupación de nuestro territorio, como aquella que asombró a los conquistadores españoles (y que los obligó a crear las “reducciones”, donde concentraron a la población que habían encontrado dispersa en todos los rincones de los Andes).

Debemos sin embargo cuidarnos de aquellas voces que, cargadas de cursilería, alientan siempre la creación de ciudades satélite, aquellas que surgen de intelectuales delirios de escritorio y no de la realidad. Y debemos también cuidarnos de impulsar ciudades efímeras, como aquellas que surgen explosivamente en torno de riquezas o glorias pasajeras. Bastante sufrieron ya los pueblos del Perú durante la Colonia con el colapso de Huancavelica, Potosí y Puno, que durante mucho tiempo fueron más grandes y ricas que Lima. Y sobre Chimbote misma, hoy, pende el mismo riesgo.

Ocupemos el territorio con sentido histórico, con eficiencia y racionalidad. Como hoy mismo ocurre en todo el espacio europeo, por ejemplo. Con cientos de miles de pequeñas poblaciones bien arraigadas, para que así, legítimamente, podamos usufructuar de los ingentes recursos que todavía encierra nuestro suelo. Para que a su vez la riqueza generada, en millones de manos, permita crear y consolidar por fin una auténtica democracia y el genuino desarrollo del país.

• Paternalismo ante ciudadanos de segunda categoría.

Hasta las más entusiastas propuestas de descentralización caen y habrán de seguir cayendo –y quizá hasta nosotros mismos–, en mil y una variantes de incongruente y dañino paternalismo, que disimula un nada democrático autoritarismo.

En efecto, un paternalismo castrante está también presente en las Propuestas para una Agenda de Gobierno de El Comercio.

Por ejemplo cuando afirma: “la descentralización no funcionará si las provincias no son fortalecidas...”; o cuando postula que se debe “crear las condiciones para fomentar la inversión en las provincias”.

No, no se trata de que, desde afuera, desde Lima y desde el Gobierno Central, las provincias sean fortalecidas. Se trata de que las regiones, provincias y distritos del país se fortalezcan. Y tampoco se trata de que, siempre desde fuera, se fomenten condiciones para la inversión fuera de Lima. Se trata de que las propias regiones, provincias y distritos diseñen sus propias formas, incluso mutuamente competitivas, de captar inversión foránea. Hay, sin embargo, quienes caen no sólo en el paternalismo que impide el aprendizaje, entrenamiento y capacitación de otros, sino incluso en la aún más dañina exclusión. Bien resume esta posición Julio Favre, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, cuando afirma: “el empresariado peruano tendrá que asumir su rol de líder y conductor de esta nación”. No, ni el empresariado ni ningún grupo puede atribuirse protagonismo excluyente de tal índole.

Ese erróneo planteamiento es precisamente coherente con el más acusado centralismo: un centro, un líder. La descentralización del país, por el contrario, sólo se concretará con innumerables liderazgos: geográficos, vocacionales, políticos, empresariales, confesionales, generacionales, etc. No hay lugar para exclusiones. La tarea corresponde a todos.

No sólo por derecho. Sino porque es nuestra única alternativa viable. A menos que aún no alcancemos a adquirir conciencia de que los retos son tan gigantescos, que sólo con el concurso igualmente creativo, original, protagónico y titánico de todos, podremos alcanzar nuestra metas. En palabras de Jorge Bruce , “todos estamos inmersos en la tarea de sacarnos adelante. O juntos navegamos o juntos naufragamos, para recurrir a esa imagen de la nave que parece gustarle al Presidente de la República”.

Pero también debemos ser capaces de superar, desterrándolas, otras formas de paternalismo que en muchos están reiteradamente a flor de labios, y que son resabios del viejo gamonalismo antidemocrático. Expresiones como “mi gente”, “mis cholos”, connotan inaceptables, aunque inconcientes, afanes posesivos y excluyentes: habla el patrón, y sólo el patrón; tanto en nombre propio, como en el de las personas que supuestamente pertenecen a su patrimonio. Los peones y los pastores de antes eran, para los gamonales, “sus” peones, “sus” pastores –como bien nos lo recuerdan Manuel Burga y Alberto Flores Galindo –.

Y también tenemos derecho de exigir a las autoridades, desde el presidente de la república hasta el más humilde servidor público, que dejen de lado expresiones en las que asumen como propios los recursos del Estado. Porque ellas, como bien saben los sicólogos, delatan la actitud (predisposición), y en consecuencia, el deseo inconciente de que ello efectivamente ocurra. Y de la predisposición a la acción, también sabemos, eventualmente, y si no se dan los controles adecuados, apenas hay un paso.

Recientemente, por ejemplo, durante la inauguración del complejo minero Antamina , el presidente Toledo incurrió, y no precisamente por primera vez, en un revelador desliz de esa naturaleza .

“Lo que ustedes inviertan en el desarrollo del Callejón de Conchucos –dijo refiriéndose a los empresarios mineros–, yo lo pongo en la misma cantidad”. Era evidente que no se refería a dinero de su bolsillo, sino del erario público. Sin embargo, inadecuada y reveladoramente, asumió como propios esos recursos.

El propósito de estos dos últimas observaciones debe entenderse en su mejor sentido. Esto es, sólo busca evitar que siga cundiendo el mal ejemplo. Porque, ¿quién duda que entre nosotros está muy bien instalada la falacia de recurso a la autoridad? En virtud de ella, y sin hacer el enjuiciamiento correspondiente, muchas personas imitan todo cuando hace y dice el Presidente de la República. Así, tenemos derecho a aspirar que éste sea, siempre, el mayor y mejor ejemplo para los peruanos en todos los órdenes de cosas.

También forma parte del paternalismo, aunque del más acusado, el protagonismo omnipresente que, llevado a su extremo en la década pasada, todo indica que sigue vigente: el presidente de la república desea estar y está en todas las inauguraciones de obras, desde las más grandes hasta las más insignificantes. Es, en la práctica, el reconocimiento implícito de que no hay más actores, de que nadie más ha hecho esfuerzos, de que nadie más ha puesto recursos. El protagonismo omnipresente es una inaceptable y antidemocrática modalidad de expropiación y exclusión.

• Tengamos cuidado, pretextando recoger “el clamor de los más pobres”, hay quienes quieren y pueden soliviantar a las masas para desestabilizar el país. Ninguna solución debe ser arrancada por la fuerza.

Todo debemos conseguirlo en democracia, esto es, con formas invariablemente pacíficas.

La frase parece sólida e impecable. Pero, como muchas de las precedentes, ésa es también una idea falaz y tramposa. Para empezar, y sin que hubiese la más mínima democracia de por medio, la misma monserga se viene repitiendo desde antaño para seguir garantizando la existencia de un sistema en el que, beneficiándose muy pocos, la inmensa mayoría se ve abrumadora y oprobiosamente perjudicada.

Resulta patético y paradójico que muchos de los principales portaestandartes de ese discurso, encuentren comprensible que, por ejemplo, en defensa de sus “legítimos intereses”, Estados Unidos bombardee un pueblo que, como tal, nunca lo ha agredido.

Cómo desconocer sin embargo que, ya en fecha tan remota como 1898, Estados Unidos estrenó su violencia imperialista ocupando en pocas semanas Cuba y Puerto Rico, en el Atlántico, y las Filipinas, en el extremo oriental del Pacífico –como bien nos lo recuerdan Mendoza, Montaner y Vargas Llosa –.

Si para esos ideólogos la violencia se justifica cuando un pueblo –como el norteamericano–, quiere defender sus grandes conquistas sociales; coherente y consistentemente, entonces, deberían enarbolar la bandera de que, con tanta o mayor razón, la violencia se justifica cuando otros pueblos –como el peruano, por ejemplo–, pretenden alcanzar las mismas conquistas sociales de que ya usufructúa aquél.

No, y menos que nunca, no se justifica hoy ninguna forma de violencia. Y, menos todavía, la violencia irracional: ni la del agresor ni la del agredido. Nadie tiene el derecho a tomar justicia por sus propias manos.

En nuestro caso tampoco se justifica –ni podrá justificarse– el recurso a la violencia para conseguir, por ejemplo, la descentralización de nuestro país. Por más trascendente y decisivo que resulte alcanzar ese primer objetivo.

Ingresamos a un terreno particularmente peliagudo. De allí que, antes de proseguir, permítasenos una pregunta que nos ayudará a dilucidar la cuestión: ¿quién hace violencia, el que observa y avisa que un avión se va a estrellar contra un edificio, con inevitables y trágicas consecuencias; o el que lanza y opera el avión? Este último, responderemos todos, ¿verdad? Compliquemos entonces un poco más el problema. Asumiendo que alguien está advertido de que puede ocurrir una tragedia como ésa, y sabe que puede evitarla, pero no hace nada por eliminar el peligro, ¿incurre o no en violencia y terrorismo cómplice? Sí, ¿verdad? Pues bien entonces, nos resulta absolutamente evidente que en el Perú –como titulamos un libro anterior–, tiene que concretarse la “descentralización: sí o sí”. Desgraciada pero ostensiblemente, ya no hay alternativa. Ya se cumplieron todos los plazos.

Seguirla difiriendo, o imponer mediante el poder político tradicional, esto es, con la violencia del poder, un remedo de solución, es alimentar la bomba de tiempo. Estallará con estrépito y gravísimas consecuencias en cualquier momento.

Estamos todos advertidos. En tal virtud, no hagamos entonces el deplorable e infame papel de cómplices de la violencia suicida que puede estrellarse contra nosotros. Hagamos de la descentralización, aquí y ahora, la causa más sublime y grandiosa de nuestra Patria. Llevémosla adelante sin remilgos ni mezquindad. Nadie perderá. Todos ganaremos.

 

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