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Alfonso Klauer

Grandes lineamientos estratégicos

Hacia una República Federal

A diferencia de países socialmente más o menos homogéneos como Argentina o Uruguay, o incluso como Ecuador y Bolivia, el Perú tiene, quizá como ningún otro en América Latina, razones objetivas y suficientes –profundas y ancestrales– para ser una República Federal.

Por el contrario, no existe razón ni condición objetiva alguna –salvo la absurda imposición histórica de los sucesivos imperialismos que han hegemonizado desde fuera y desde dentro–, para ser, como es, una República Unitaria.

Es absurdo e ilegítimo, torpe y vil –como lo acaba de hacer el presidente Fujimori desde Canadᖠconfundir federalismo con separatismo.

Son, históricamente, cosas absolutamente distintas. El separatismo, como ha ocurrido en Europa del Este tras la disolución de la Cortina de Hierro, da paso a varios países allí donde antes existía sólo uno.

El federalismo, en cambio, preservando la unidad –en aspectos sustanciales y básicamente de cara al mundo–, busca el reconocimiento de que, habida cuenta de las ricas e inocultables diferencias culturales, idiomáticas, geográficas y de riqueza en el territorio, las diversas poblaciones regionales tienen legítimo derecho a contar con: a) gobiernos autónomos, y; b) legislaciones propias; que les permitan, c) usar, fundamentalmente en su beneficio, las riquezas de su territorio. Pensar así no es sino pensar como en su tiempo lo hicieron Washington en Estados Unidos, y quienes sentenciaron el federalismo en Alemania. Es una torpeza afirmar que quienes, con el federalismo, sentaron las bases de la grandeza de esos países, al propio tiempo incurrieron en traición a sus patrias.

Por lo demás, en nuestro entorno inmediato, Brasil, México y Argentina –con menos razones históricas que el Perú– son también países federales, con estados o provincias federales.

Los pueblos del Perú, pues, tienen legítimo e inabdicable derecho a constituir una República Federal. Y es necesario que adquieran conciencia de que ese debe ser el centro principal de sus preocupaciones políticas inmediatas y mediatas.

Fundamentalmente por el hecho de que la centralista Constitución Política del Perú, pensada y redactada como está, es un obstáculo que es imperioso e imprescindible remontar.

Los pueblos del Perú, pues, con todos los medios pacíficos pero efectivos a su alcance, recurriendo incluso a la conciencia internacional, deben presionar al actual y todos los gobiernos que sea necesario, hasta cambiar la Constitución y que ésta reconozca la existencia de un Perú unitario pero federal.

Entre tanto, las provincias y departamentos del país –ellas, no las cúpulas congresales en Lima–, deben ir definiendo la configuración de todos y cada uno de los estados federales o regiones autónomas del nuevo Perú.

Mal haríamos en extrañarnos que finalmente esa configuración se parezca más al Perú del siglo XIV que conquistaron los inkas, que a las doce regiones por las que, forzando absurdamente las cosas y de espaldas a la historia, se optó en años anteriores.

El Gobierno Federal y las Regiones Federales El país debe diseñar una clara distinción entre las responsabilidades del gobierno federal central y las de las regiones federales.

En principio, por ejemplo, puede pensarse que deben corresponder al gobierno federal central las siguientes responsabilidades: a) Relaciones internacionales; b) Defensa nacional; c) Policía federal; d) Legislación de carácter general, común a todas las regiones; a partir de un Congreso emanado de elecciones con distrito electoral regional y renovado bianualmente por tercios, o por mitad a la mitad del período presidencial; e) Jurado Nacional de Elecciones; f) Corte Suprema de la República; g) Definición de normas y parámetros nacionales (en educación, salud, vivienda, actividades productivas, transportes y comunicaciones, etc.); h) Ejecución de grandes obras de interés multiregional; i) Operación de proyectos de interés general, y; j) Administración provisional y temporal de un Fondo Nacional de Compensación que distribuya los “nuevos ingresos” a las regiones con menos recursos.

En tal virtud, el país debe proponerse como meta que –en un plazo que quizá no deba superar a 20 (veinte) años– el gobierno federal sólo maneje la fracción de presupuesto general estatal que resulte necesaria para el cumplimiento de dichos propósitos y que, según experiencia de países desarrollados, no debe pasar del 42–54 % del total, largamente distinto del 96 % que controla hoy .

El resto, íntegramente, debe pasar a ser administrado por los gobiernos regionales y los municipios provinciales y distritales.

Por su parte, también en principio, debe corresponder a los gobiernos de las regiones federales y/o provincias lo siguiente:

a) Policía regional. La Policía de tránsito deberá ser responsabilidad de los municipios provinciales

b) Legislación de carácter regional

c) Jurado Regional de Elecciones. Los Jurados Provinciales deberán ser de responsabilidad de las provincias

d) Corte Superior. Los Juzgados de Primera Instancia deberán ser responsabilidad de las provincias y/o distritos

e) Adecuación de las normas y parámetros nacionales y definición de las normas y parámetros regionales

f) Ejecución de obras de interés regional

g) Operación de proyectos de interés regional, y h) Las provincias y/o distritos, según corresponda en cada caso, deben asumir íntegramente las responsabilidades de manejar y operar los establecimientos de educación y salud que hoy maneja el Estado

Tratándose –como reiteradamente se ha dicho–, de un proceso de largo aliento, y a fin de minimizar los riesgos, todo ese traslado de responsabilidades debe concretarse en un razonable plazo final –quizá también de hasta 20 años–, en el que, sin pausa, sin excepción, año a año, en el marco de un cronograma pre–establecido surgido del diálogo, los nuevos responsables vayan asumiendo nuevas responsabilidades.

No deberá concederse al gobierno central incumplimientos de ninguna índole. Debe haber cabal conciencia de ello. Y cada sucesivo gobierno central y cada uno de los sucesivos gobiernos regionales, de acuerdo al cronograma preestablecido, deben ser evaluados en función de su cumplimiento. Sin treguas ni dobleces.

No uno sino mil responsables A fin de mantener el mínimo de coherencia que hoy se da en torno a las elecciones generales y municipales, la elección de los gobiernos regionales debe representar el derecho de los presidentes regionales a conformar libremente, pero como resultado del diálogo interno, sus propios gabinetes de secretarios regionales.

En principio puede hablarse de secretarios de Agricultura y actividades afines, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Educación, Salud, Energía y Minas, Industria y Comercio, y Gobierno Interior y Policía.

El país no puede seguir siendo manejado por una persona. Y lo último que debe asustarnos es la proliferación de funcionarios.

Debe sí preocuparnos la proliferación en los ministerios de miles de funcionarios públicos sin responsabilidades, es decir, desprovistos realmente de capacidad de decisión, sin metas que cumplir, y sin otras que rutinarias obligaciones burocráticas intrascendentes.

Y debe preocuparnos que, en el extremo opuesto, exista un pequeño grupo de funcio- narios públicos y ministros que concentran todo el poder, toda la capacidad de decisión, el manejo de todos los recursos del Estado y protegidos por una gruesa coraza de impunidad, y que al propio tiempo se muestran soberbios ante la crítica pero sumisos y obsecuentes ante el poder presidencial.

Obsérvese a los países desarrollados. En cada uno de ellos hay miles y miles de personas que diariamente toman decisiones y cotidianamente son evaluados por sus electores, sea en los distritos, en las provincias o en las regiones, en función de las metas y de los programas a los que se comprometieron.

Es decir, son diariamente evaluados, supervisados y vigilados precisamente por quienes más cerca se encuentran de ellos. Otro tanto debemos hacer los peruanos

El poder y los recursos estatales que hoy absurda e ineficientemente se concentran en una persona, debe ser transferido a 10 000 – 12 000 personas en todo el territorio nacional.