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Alfonso Klauer

Los tributos de los conquistados y la crisis del imperio

La historia ha registrado que en el siglo III dC, cuando arreciaba la crisis del Imperio Romano, “las protestas contra los impuestos se [tornaban] endémicas”.

Dice también la historia que en esa época, en el Imperio Romano, “la inflación alcanzó niveles gravísimos (...) una medida de trigo, que en el siglo I dC costaba 6 dracmas, en Egipto subió a 200 en el año 276, a 9 000 el año 314 y a 78 000 el año 334, y más tarde a más de 2 millones [de dracmas]”.

Es decir, más de 2 500 % sólo en la última fase. ¿Estaba condenado el Imperio Español a correr igual fortuna? ¿Qué causas podrían explicar que el mismo fenómeno se presentase en dos coyunturas históricas aparentemente tan distintas? ¿Serían finalmente iguales –o equivalentes– los desenlaces?

“La riqueza que manaba de las provincias conquistadas [por el imperio romano] (junto con los ingresos obtenidos de la explotación estatal de las minas) permitió suprimir totalmente los impuestos directos a los ciudadanos romanos”. Todos los demás, esto es, sólo los pobres, pagaban impuestos.

Diez siglos después, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, a cuyos intereses resultaba muy grata la antigua y “primitiva” política romana, la mantuvieron en sus reinos.

Carlos V y Felipe II la harían perdurar en su imperio: sólo los pobres pagaban impuestos.

Hemos advertido ya en el tomo I, que, a pesar de las ingentes cantidades de riqueza que llegaban a España, el imperio era incapaz de escapar de sus deudas y terminar de amortizarlas.

La bancarrota había sido declarada oficialmente en 1552, 56, 57, 75 y 96. Felipe III volvería a declararla en 1607; y sus sucesores en 1627, 1653 y 1697.

¿Cómo podía ocurrir aquéllo, si sólo en 1680 en el virreinato del Perú se había recaudado 13 millones de pesos? Lo que en cifras de hoy representaría aproximadamente 15 400 millones de dólares? ¿Nada de ello sobraba para enviarse a la metrópoli? ¿Tal era el nivel de gastos en los que incurría la sede virreinal en Lima?

Ya hemos mostrado cómo, desde la obtención misma del Rescate de Atahualpa, la inflación fue erosionando el valor de las monedas de Europa, en particular las de España.

Quizá existan pruebas, incluso, de que la metrópoli, entre los siglos XVIII y XIX, ante su incapacidad de pagar deudas y otras obligaciones fiscales, empezó a practicar desaforadamente lo que hoy se conoce como “emisiones inorgánicas de dinero” –monedas de baja ley, dinero sin respaldo–.

Así, mal podemos ya traer a valor presente los 68 millones de pesos que recaudó México en 1809, cuando Napoleón había ya paseado sus tropas por España, humillando a todos los peninsulares. No conocemos en cuánto erosionó el valor del dinero la inflación acumulada a esa fecha.

Lo que sí se sabe, en cambio, es que ante la crisis económica, ante el decrecimiento de la recaudación en los demás rubros de la economía, la Corona, desde inicios del siglo XVIII, empezó a hacer uso cada vez más intenso del que –en su agotada imaginación–, aparecía como el último recurso que le quedaba a mano: el incremento de la carga tributaria que pagaban los miembros más pobres de las naciones conquistadas, por el sólo hecho de vivir en su tierra. El Imperio Español, pues, siempre que le convenía repetía las viejas políticas romanas.