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Alfonso Klauer

El proyecto imperial contra los proyectos nacionales

Los recursos de los pueblos al servicio del imperio

Durante el Imperio Inka, de manera coherente y sistemática la élite hegemónica movilizó los recursos del imperio para alcanzar sus objetivos de grupo. Y de la gigantesca masa de recursos movilizados, tácticamente se concedió una fracción de los beneficios al sector intermedio, pero también porque así convenía a la élite inka.

La conquista de los territorios supuso que todos los recursos pasaron a ser del dominio absoluto del poder imperial: tierras, ganado, bancos de pesca, aguas, bosques, minas y canteras, etc. Era el único que, a través del aparato estatal, podía disponer el uso y destino de los recursos.

No obstante, la conquista y dominación imperial representó otro cambio: los trabajadores de los pueblos dominados pasaron a ser fuerza mecánica de trabajo, es decir, un recurso material más. Y en esa condición fueron manejados por el poder imperial.

Las tierras del imperio

El Estado imperial, como único dueño de la tierra, la redistribuyó íntegramente. Así, la mayor parte de los pueblos se vieron confiscados, reiteradamente en algunos casos, de variadas extensiones de tierra cultivada y pastos. Todos, sin excepción, vieron cómo a partir de su conquista había pasado a ser el poder imperial el que decidía el uso de las tierras, con la más absoluta discrecionalidad.

¿Será necesario insistir en que la discrecionalidad del poder imperial inka estaba prioritaria y esencialmente orientada en función de sus intereses y objetivos? ¿Y que contando con poder omnímodo tomó para sí lo más valioso y codiciado, dejando el saldo para los pueblos dominados?

Veremos objetivamente que nuestra hipótesis tiene enorme asidero. No obstante, y para patentizar el contraste, permítasenos adelantar la hipótesis más socorrida que a este respecto ha venido sosteniendo la historiografía tradicional. Cossío del Pomar, por ejemplo, la formula en los siguientes términos:

“en la repartición de los bienes, las necesidades del ayllu eran las que primero se atendía. El Sol y el Estado debían conformarse con lo que sobraba”.

Cossío del Pomar, como muchos, ha puesto su granito de arena en dar forma y difundir la historiografía tradicional andina.

Él, como otros, ha abordado el tema del Tahuantinsuyo con más pasión y sentimiento que con criterios científicos. Así, cae en clamorosas contradicciones.

El idealista sentido de la justicia y generoso desprendimiento del poder imperial que ha visto en el Tahuantinsuyo –y que transmite en la cita que acabamos de presentar –, es, muy probablemente, la razón por la que también él habla del “Gran Imperio de los Incas” 515. No obstante, no tendrá reparos en decir, páginas más adelante en su libro, que la nación inka fundó “su bienestar en la opresión de otros pueblos” 516.

La versión inka –que Cossío del Pomar y otros autores han recogido sin mayor enjuiciamiento–, viene sosteniendo que durante el imperio las tierras, según el destino de las cosechas, podian considerarse clasificadas en tres grandes grupos: tierras del Inka –o del Estado–, tierras del Sol –o de la religión–, y tierras del ayllu –o de los hatunrunas–.

Si bien muchos autores no lo indican claramente, por lo general se insinúa que a esos presuntos tres tipos de tierras correspondían extensiones iguales. Núñez –como pocos– hace específica referencia a tres tercios iguales, o “una tercera parte para cada una de estas categorías” de tierras.

Así, una parte de las tierras agrícolas del imperio –sin duda las mejores de cada valle–, contribuyó al mantenimiento de la élite y a solventar los gastos que ella decidió realizar.

Muchos autores –como Núñez por ejemplo –, creen que hasta un tercio del área cultivada tuvo este destino. Eran –según Rostworowski–las “tierras del Inka” o del Estado.

Ese conjunto incluía las áreas que se adjudicaron a sí mismas las familias extensivas –panacas– de que se componia la élite 520 del entorno más próximo al soberano Inka. Quizá también incluía las que, a título privado, y desde Pachacútec –a decir de Espinoza–, se autoasignaron los últimos Inkas: Pachacútec, en Ollantaytambo y Machupicchu; Túpac Yupanqui en Tiobambay Chinchero; Huayna Cápac en Yucay, Quispeguanca, Cochabamba (Bolivia), Jaquijaguana, Gualaquija (¿Ecuador?) y Pucará.

Algunos autores presumen que las extensiones que se considera como “tierras del Inka”, incluían también aquellas con las que Túpac Yupanqui y Huayna Cápac recompensaron la incondicionalidad de algunos kurakas sometidos. Y que incluían además aquellas áreas que fueron entregadas como premio, en usufructo y para el sostenimiento del sector intermedio.

Con los frutos de otro lote de tierras confiscadas, aquellas a las que se denominó las “tierras del Sol”, se solventó el consumo en las celebraciones y fiestas religiosas dedicadas al Sol y a las innumerables huacas –o divinidades– andinas. Y quizá también el consumo del clero y el que demandaban actividades afines, como las de los acllahuasis, por ejemplo.

Las áreas restantes, “las tierras del ayllu”–entre las que estaban sin duda las tierras agronómicamente más pobres–, fueron asignadas en usufructo a los ayllus de hatunrunas, ya sea a los que permanecieron en sus territorios y a los que, en calidad de mitimaes, fueron removidos de sus tierras ancestrales.

Los frutos extraídos de ellas permitían que la fuerza de trabajo se mantuviera existiendo, perviviera.

No deja de sorprender el hecho de que la historiografía tradicional, casi unánimemente, haya obviado discriminar y precisar de qué tierras se obtenía los frutos con los que el poder imperial, a lo largo de todo un siglo, financió sus gigantescos gastos militares: alimentación, vestido, armas, comunicaciones, construcciones, etc. Del Busto–erróneamente en nuestro concepto– cree que las “tierras del Inca” se dieron abasto para proveer todo ello.

Y –salvo Espinoza– prácticamente ningún otro historiador precisa bien a cuál de los tercios pertenecían las tierras que produjeron los excedentes con los que se solventó el consumo del enorme sector intermedio de especialistas.

Sorprendentemente, en la Gran Historia del Perú estos asuntos del uso de la tierra, o, en su defecto, cuanto se refiere al sustento de la economía imperial, no han merecido ninguna atención –ni siquiera en un espacio de seis líneas como el que se dedica al rayo (Illapa), una de las divinidades menores del pueblo inka–. Y otro tanto puede decirse de la versión que se ofrece en Culturas Prehispánicas.

Aunque no puede considerársele sino como la hipótesis tradicional, la que desde antiguo sostiene que las tierras del Inka, del Sol y del ayllu eran “tres tercios iguales” nos parece realmente insostenible. Veamos.

a) Resulta inimaginable que los gastos por consumo religioso –provenientes de las “tierras del Sol” –hubieran representado tanto como un tercio de la producción agrícola del imperio. Quizá ni los más acérrimos defensores de la hipótesis de que el Imperio Inka fue un Estado eminentemente Teocrático se atrevan a seguir postulando una cifra tan absurdamente agigantada;

b) Por el contrario, resulta inimaginable que, sólo con otro tercio de la producción, se hubiera solventado el extraordinario y ostentoso consumo de la élite, los sectores intermedios, los gigantescos gastos militares y las inversiones que se realizó, y;

c) También resulta inimaginable –incluso en el Estado más opresor y abusivo –, que los restantes nueve millones de pobladores del imperio hubiesen podido alimentarse con la producción del último tercio de las tierras cultivadas que, por añadidura, eran las de menor productividad.

Ello habría significado que, en comparación con el período de independencia que vivieron los pueblos antes de ser conquistados por los inkas, su consumo quedase reducido a menos de la mitad. Y siendo que la mayoría de la población andina tenía en ese período anterior casi un consumo de subsistencia, su reducción a la mitad habría representado, lisa y llanamente, caer en inanición y ulterior extinción.

Parece más probable pues que las proporciones en que se usó la tierra, necesariamente guardaron relación con la magnitud de consumo de la élite, del sector intermedio y de necesidad de subsistencia de la población, pero además con los requerimientos de gasto del Estado y del aparato religioso.

Así, el gasto estatal administrativo, militar y de construcciones debió ser de un volumen muy significativamente mayor al gasto que se verificó en asuntos religiosos. Tuvo entonces que corresponderle un total de tierras proporcionalmente mayor. Y algunas importantes evidencias parecerían corroborarlo.

El cronista Polo de Ondegardo, por ejemplo, habría comprobado que, en un territorio agrícola tan importante como Jauja, los depósitos del Estado eran mucho mayores en número que los de la Iglesia. Así, “los derechos a tierras del primero eran inevitablemente más extensos” –concluye de ello Murra–.

A título de hipótesis proponemos pues, gruesamente, que por lo menos en las postrimerías del imperio se habría dado una distribución de tierras como la que se muestra en el Cuadro Nº 12, en la página siguiente.

El cuadro muestra tanto una agrupación de rubros como cifras que son distintas de las que presentamos en la edición original de este libro publicada en 1990.

Ningún dato empírico sustenta los cambios. Como ninguno –salvo la vaga y generalizada presunción de la existencia de “tres tercios”– sustentaba el cuadro original.

En ausencia absoluta de información sobre la materia, tanto la hipótesis representada por el cuadro original como la versión corregida que presentamos en esta edición, son sólo el resultado de un esfuerzo intelectual por tener una visión cada vez más racional y verosímil de lo que habría ocurrido en esta importantísima materia bajo el Imperio Inka.

Se está asumiendo pues que un gran porcentaje de las tierras cultivadas y pastos (40 %), se habría destinado a cubrir el enorme presupuesto del Estado imperial. No obstante, esa cifra es significativamente menor a los dos tercios (66 %) que tradicionalmente se presume entre “tierras del Inka” y “tierras del Sol”.

No puede perderse de vista que, en ausencia de comercio, gran industria, pesca industrial, gran minería, etc., la agricultura representaba en la época la inmensa mayor parte de lo que en términos modernos se conoce como Producto Bruto Interno –PBI–.

En ese contexto, bien puede decirse que el Estado imperial inka representaba un 40 % del PBI. Y esta cifra parece consistente con el 20 % del PBI que representa hoy el Estado Peruano. No sólo porque los Estados de la antigüedad, y más aún los Estados imperiales, eran proporcionalmente mucho más grandes que los Estados modernos, sino, sobre todo, porque los Estados imperiales como el inka tenían costosísimas economías de guerra.

Dentro de ese porcentaje, asumimos que sólo un 3 % habría correspondido al conjunto de las tierras destinadas a satisfacer el consumo de la élite inka, incluyendo en ella lo que llamaremos el alto clero. Y sólo un 2 % habría estado destinado al financiamiento de las múltiples y grandes celebraciones cívicoreligiosas.

Si seguimos considerando que una y otra cifra virtualmente se refieren al PBI imperial, nos percataremos de que para nada son desdeñables –como a simple vista podrían parecer –. El 3 % de un PBI como el del Perú de hoy es 1 500 millones de dólares. Esa cifra repartida entre 2 000 familias representa a cada una un ingreso realmente considerable (75 000 dólares mensuales). En términos relativos, pues, no debemos estar muy lejos de la verdad.

Y tampoco resulta una bagatela el porcentaje de 2 % que estamos asumiendo para gastos en celebraciones como el Inti Raymi, otras festividades religiosas y las grandes y derrochadoras fiestas que se daban con ocasión de los más grandes triunfos militares. El equivalente actual a 1 000 millones de dólares anuales por ese concepto no es poca cosa.

Cuan gigantesca e inverosímil resultaría la cifra por este último concepto si nos atuviésemos al tercio de que nos sigue hablando la historiografía tradicional.

El sector intermedio, en el que para estos efectos incluimos el gasto y consumo de funcionarios administrativos y de gobierno del territorio, oficiales de ejército, sistemas de comunicación, especialistas de todo género al servicio del poder imperial, e incluso el gasto y consumo en los acllahuasis, habría sido solventado con la producción del 15 % de las tierras.

A su turno, los gastos en campañas militares, destacamentos de control del territorio, mantenimiento de infraestructura, construcción de edificaciones administrativas y militares, construcción de vías, puentes, depósitos, etc., se habrían financiado anualmente con la producción de tanto como el 20 % de las tierras.

El saldo, esto es el 60 % de las tierras restantes, que en gran parte eran sin embargo las de menor productividad, permitía el sostenimiento de los millones de familias de hatunrunas, incluyendo yanaconas y mitimaes.

Presumimos pues que, a este respecto, la gran mayoría de los pobladores andinos no habría sufrido un gran deterioro en relación con la situación que tenían antes de ser conquistados y sometidos por los inkas.

Es decir, sus niveles de consumo alimenticio –de subsistencia– apenas si habrían mermado respecto de los períodos históricos anteriores al imperio. De allí que, masivamente por lo menos, no se puso de manifiesto hambruna –como acertadamente informaron los cronistas–.

Ello explicaría su tan recurrente –como errónea– expresión de que los inkas, durante su imperio, “habían desterrado la pobreza y evitado la hambruna” –como además, y sin mayor enjuiciamiento, se repite hoy en la Gran Historia del Perú–.

La manida e idealista expresión es una grotesca deformación de la realidad histórica.

Y es errónea no porque no se haya logrado desterrar la pobreza y evitado la hambruna, sino porque tan significativos logros ya se habían alcanzado en el mundo andino desde muchos siglos antes de que hegemonizaran los inkas.

De lo contrario no podría entenderse cómo, dos mil quinientos años antes, ya se había dado la civilización Chavín. Ni cómo entre una y otra experiencia histórica habían podido surgir las civilizaciones que lideraron los moches, nazcas, chankas y chimú, por ejemplo.

No puede desconocerse que, cuando casi desde los inicios mismos de la conquista española, algunos cronistas elogiaron vívamente la organización agrícola del Imperio Inka –como en el caso del padre Bernabé Cobo, por ejemplo–, errónea y sin duda inadvertidamente creyeron que la inka fue la única civilización que se había dado en el mundo andino.

Ellos pues, sin conciencia histórica, endosaron arbitrariamente esos méritos “sólo” a los inkas –como también les atribuyeron todas las conquistas culturales que se habían dado en los Andes durante milenios y por muchos pueblos–.

Es sin embargo deplorable que un inconciente error de análisis e interpretación histórica de hace 500 años, siga repitiéndose hoy, cuando ya hay absoluta certeza científica de que la realidad fue otra. Mantener viva tan grave deformación de la historia es quizá uno de los cargos más graves que puede hacerse a la historiografía tradicional.

Por lo demás, es en la ausencia de análisis donde se vienen refugiando y disimulando algunas de las más grandes inconsistencias que todavía se difunde.

En efecto, con la “productividad agrícola de subsistencia” del siglo XVI, ¿no se habría dado hambruna generalizada si el “90 % de la población del imperio” se hubiera alimentado sólo del “33 % de las tierras cultivadas”? Resulta pues obvio que, de los tres términos de la cuestión, el último asoma a todas luces como falso. Debió ser sin duda mucho más alto, quizá tanto –o incluso más– que el 60 % que aquí estamos estimando.

Pues bien, no habría sido entonces tanto en términos de alimentación como se puso de manifiesto el gravísimo daño que el Imperio Inka infirió a los pueblos dominados. Sino en todos aquellos otros aspectos de la vida a los que hasta aquí hemos hecho referencia, y en otros que veremos más adelante.

En síntesis, nuestra hipótesis respecto de la distribución de la riqueza agrícola es pues que cada individuo de la élite imperial tenía una disponibilidad de consumo de origen agrícola 20 veces mayor que el promedio de los individuos del sector intermedio, y 45 veces más alto que la disponibilidad de consumo de un hatunruna.

Si nuestras presunciones a este respecto estuviesen efectivamente cerca de la verdad, incluso en el Imperio Inka se habrían dado condiciones de distribución de la riqueza más equitativas que las que hoy mismo se dan en el Perú. Y ello es decir bastante de las gravísimas –y todavía potencialmente explosivas– inequidades que se dan en la sociedad andina de nuestros días.

En relación con la riqueza pecuaria, se sabe que la explotación como alimento e insumos de la inmensa población de camélidos jugó un papel destacable en la economía del Tahuantinsuyo, pero muy probablemente sólo fue una pequeña fracción del PBI imperial.

Como proveedores de lana para tejidos y cuerdas, de alimento seco y fresco, de cueros para calzado, como medio de transporte de mercancías y como objetos de sacrificio religioso, los camélidos fueron singularmente apreciados.

La posesión de hatos de llamas, alpacas y vicuñas siguió pautas similares a las de la tenencia de la tierra –afirma Rostworowski–.

Había pues hatos y pastos estatales y de los miembros de la élite, del Sol y de las huacas, de los ayllus, etc., en proporciones probablemente equivalentes a las que se ha señalado para las tierras.

Como en el caso de la tierra, el Estado imperial pasó a poseer enormes poblaciones ganaderas confiscándolas a los pueblos conquistados.

Su principal uso fue militar, en particular como medio de transporte de provisiones y abastecimientos. Para ese efecto, por ejemplo, se destinó hatos de 15 000 animales o más a los ejércitos en campaña –afirma Murra–. Y –según el mismo autor–, sólo en situaciones de emergencia tales hatos eran utilizados como alimento por el ejército.

Durante el Imperio Inka no se dio ninguna forma de circulación monetaria –afirma Rostworowski–.

El trueque –según Espinoza–casi no se dio en las áreas cordilleranas, donde sólo esporádicamente se dio intercambió. Los dominados ayllus de hatunrunas y mitimaes de los pueblos cordilleranos, pero más gravemente aún los más aislados, habrían pues mantenido una economía virtualmente cerrada, casi autárquica. Consumían el estrecho espectro de productos que podía producir el área donde estaban o habían sido asentados.

Según el mismo autor, el trueque sólo se dio activamente en la costa. Allí la producción artesanal especializada, con trabajadores desligados de las faenas agrícolas, impulsó un dinámico comercio de insumos y alimentos.

Sin duda, las razones de esa sustancial diferencia se remontaban al largo período de independencia anterior al surgimiento del Imperio Inka.

En efecto –como extensamente desarrollamos en Los abismos del cóndor, Tomo II–, entre el colapso del Imperio Wari y el surgimiento del inka, con la sola excepción del cordillerano pueblo inka, los pueblos donde se alcanzó el mayor desarrollo material y cultural fueron los de las costa: los icas, hegemonizados desde Chincha, y los chimú en toda la costa norte.

Y ambos tenían precisamente una larga experiencia comercial, habiéndose acostumbrado al uso y consumo de innumerables productos que llegaban desde más allá de sus fronteras, incluso desde Chile por el sur hasta México por el norte.

La referencia de Espinoza parece pues indicar que la sujeción de chinchas y chimu al Imperio Inka no había eliminado del todo su demanda por productos que se daban y elaboraban fuera de sus propios territorios.

Así, sus necesidades de intercambio, aun cuando debieron emenguar, no habrían desaparecido del todo.