Alexei Guerra Sotillo

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Parece existir un consenso generalizado en la literatura consultada, en el sentido de atribuir la noción de “informalidad” a las investigaciones auspiciadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la labor realizada por Keith Hart hacia fines de la década de 1960, dirigida a estudiar los mercados laborales urbanos en África.

Como refiere Portes (2000), Hart postuló un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, basado en su mayor parte en la distinción entre empleo y autoempleo. El concepto de informalidad se aplicaba a los autoempleados. Hart enfatizó el notable dinamismo y la diversidad de estas actividades que, en su opinión, trascendían con mucho a los limpiabotas y los vendedores de fósforos.

Hay, no obstante, quienes sostienen como Quijano (1998) que existe un similar origen y desarrollo histórico-analítico entre la noción de informalidad con la definición de marginalidad.

Durante los años 50, 60 y buena parte de los 70, diversas teorías y enfoques conceptuales empezaban a estudiar las características de la estructura económica de los países latinoamericanos, de su condición o relación con el sistema capitalista, y de las vías para superar la situación de atraso o subdesarrollo que definía a buena parte de los países de la región.

La tesis de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), así como los trabajos de sociólogos, economistas y científicos sociales en torno a la Teoría de la Dependencia y el Subdesarrollo, que sustentarían a la larga la política de sustitución de importaciones, o la tesis del desarrollo endógeno, aplicadas por varios gobiernos de la época, constituyeron las aproximaciones no sólo teóricas sino ideológicas que desde el materialismo histórico o el estructural-funcionalismo analizaron la realidad económica latinoamericana.

El proceso de industrialización acelerada, las migraciones rural-urbanas, el crecimiento demográfico, físico y económico de las principales ciudades latinoamericanas, fueron sentando las bases paulatinamente, de los problemas de empleo, vivienda y conformación de zonas deprimidas en los márgenes urbanos, con distintas denominaciones (barrios, favelas, villas miseria). En estos ámbitos citadinos, una vez que se fueron agudizando los problemas económicos y sociales y el empobrecimiento de crecientes masas humanas, se conformaría el territorio concreto y real objeto de la discusión sobre la “informalidad”, y en cierta forma, sobre la noción de “marginalidad.”

Quijano (1998) describe acertadamente el panorama de la región latinoamericana de la época:

Aquello ocurre en todo el orden capitalista mundial, pero sobre todo en las áreas donde la heterogeneidad histórico-estructural es más acusada, por el nivel “subdesarrollado” del capital. En tal perspectiva, el continuo crecimiento de una población sin empleo e ingresos salariales estables, no proviene del pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Es un fenómeno producido por las propias tendencias globales del capital, cuyos efectos sobre la población trabajadora se ejercen en todo el universo capitalista, pero que se agravan en las condiciones de una sociedad “dependiente” (...) donde el rasgo sobresaliente era, y todavía es, el desencuentro permanente entre sus normas y valores “formales” y sus prácticas sociales reales.

Desde otra postura, Barrantes (1997) defiende la denominación de “Economía Popular”, y afirma que ella define una región específica del conjunto de relaciones de nuestra configuración societal, no reducida a una locación geo-espacial específica (vgr. Las denominadas zonas marginales, lo urbano, lo rural, lo micro) sino que se encuentra múltiplemente inscrita en el entramado político, ideológico, simbólico, imaginario, económico, jurídico y cultural venezolano.

Freije (2001) ha indagado sobre el empleo informal en América Latina y el Caribe con base en los estudios y cifras suministradas por la CEPAL y la OIT para la región, los cuales a decir de este autor, denotan la disparidad de registros y la dificultad para llegar a conclusiones respecto a la tendencia que muestra el tamaño del empleo informal en la zona, pero que en todo caso sugerirían que ningún país latinoamericano ha podido eliminar la informalidad, en el caso de las estadísticas de la OIT, y que países como Chile, El Salvador y Honduras han mostrado una disminución del tamaño relativo del empleo informal en sus economías.

La conclusión de Freije (2001) en torno al fenómeno se expresa en los siguientes términos:

Cinco aspectos se destacan como los más importantes y urgentes con respecto al tamaño y la tendencia de las actividades informales en América Latina y el Caribe. Estos aspectos son: el complejo efecto que las regulaciones tienen sobre las actividades informales; el impacto que las políticas macroeconómicas han tenido sobre el sector informal en las últimas dos décadas; la pobreza, desigualdad y estancamiento social que suelen acompañar al empleo informal; la falta de protección social que afecta a los trabajadores informales; y la baja productividad que muestra la mayor parte de las actividades informales. La literatura ha identificado los primeros dos aspectos como las principales causas del voluminoso sector informal que aun caracteriza a los mercados laborales de la región. Los últimos tres aspectos son las consecuencias del empleo informal y las razones por las que los investigadores y los responsables de la formulación de políticas deben encontrar estrategias para combatir el problema.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica –ILPES- (1998), al estudiar la evolución del mercado de trabajo en América Latina resaltan cambios ocurridos en la estructura del empleo y el significativo deterioro de su calidad. Afirma esta institución que por un lado, disminuye la importancia del sector público y de la gran empresa privada como generadores del empleo y, por otro, aumenta la importancia de las pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Esas dos categorías, sumadas al servicio doméstico, pasan de 40% del total del empleo en 1980 a 52% en 1990 y a 57% en 1996.

Este organismo expresa que de mantenerse la tendencia, se puede prever la influencia de tales procesos en la estructura del empleo, ya que de cada 100 nuevas ocupaciones generadas entre 1990 y 1994, 81 se concentraron en el sector informal y en la microempresa. En 1995 esa cifra subió a 84 y en 1996 a 85, año en que el sector informal se consolida como la mayor fuente de generación de empleo en la región.

Pese a las diferencias evidentes que naturalmente existen en la estructura laboral, económica y socio-productiva de cada país, estas cifras permiten constatar como punto en común el peso y la presencia de la economía informal en América Latina.

En el caso venezolano vale mencionar también, el trabajo de Valente y otros (2002) en torno al desempeño del sector informal en el estado Zulia durante el período 1984-1998, sustentado en el análisis estadístico del empleo por sectores (formal e informal) en el contexto del entorno macroeconómico de Venezuela, y su manifestación en el mercado laboral de dicha entidad.

De acuerdo al referido trabajo, el total de nuevos empleos (588.229) que se generaron en el Estado Zulia durante el período 1984-1998, al sector formal sólo le correspondió el 33,93% (equivalente a 119.575 empleos), mientras que el informal absorbió el 66,07% (es decir 388.654 empleos), lo cual evidencia el debilitamiento del mercado de trabajo regional en el cual las industrias organizadas mostraron poco dinamismo para generar empleo, dado el largo proceso de estancamiento de la economía venezolana, y por ende, de la zuliana.

Aunque dicha investigación comprende un análisis esencialmente estadístico y macroeconómico de la economía informal en el estado Zulia, es conveniente resaltar lo afirmado por Valente y otros (2002) en cuanto a considerar que

A nivel micro, la informalidad está vinculada a las estrategias de inserción laboral de los grupos domésticos ante situaciones de carencias educativas, desempleo, subempleo y/o bajas en los niveles de ingreso familiar; así como también a formas “tradicionales” de organización social de la producción que no responden a la lógica de maximización de la ganancia sino más bien a garantizar los bienes que permiten la manutención y desarrollo de la familia.

La naturaleza estructural y compleja de la economía informal, plantea diversas conexiones y vínculos teórico-prácticos con temas como el desempleo, las carencias educativas y, ciertamente, con el de la pobreza.

En el terrero tributario, Giménez (2002) demuestra, a través del análisis de la Ordenanza que establece el impuesto a las actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar en el Municipio Iribarren del estado Lara, la posibilidad de pechar y aplicar la potestad tributaria municipal a quienes realizan actividades de manera informal en su jurisdicción, y además, aporta datos interesantes en torno a los ingresos promedio, motivaciones y disposición a pagar impuestos de comerciantes informales entrevistados que muestran otra dimensión, poco explorada y alejada de la imagen tradicional del sector informal.

Es innegable que el crecimiento de la economía informal en Venezuela ha estado relacionado, entre otros elementos, con el aumento del índice de desempleo y con la imposibilidad del llamado sector formal del aparato productivo de absorber no sólo la mano de obra calificada o con experiencia en situación de desempleo, sino a los venezolanos que cada año se incorporan a la población económicamente activa del país, estimada según García (Diario El Nacional, 01-06-2003) en 350.000 personas, y de acuerdo a Santos (Diario El Universal, 14 –07-2003) en 240.000 personas.

Algunos datos que ilustran dicha realidad son aportados por un estudio elaborado por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, según el cual una persona que ha tenido trabajo pero que se encuentra desempleada en Venezuela pasa en promedio 12,2 meses buscando empleo; el lapso de búsqueda varía de acuerdo a la capacitación, (65% de la población desempleada no ha finalizado la educación media) la edad, la actividad económica y hasta el sexo (una mujer dura año y medio y una persona de 50 años puede permanecer cesante más de dos años). (Diario El Nacional, 26-03-2003.)

Por otra parte, la tesis según la cual la informalidad está circunscrita o limitada exclusivamente a los sectores sociales más deprimidos socioeconómicamente, empieza a ser desmentida por la realidad.

La firma consultora Datanálisis, en uno de sus estudios dados a conocer recientemente, ha afirmado que al estudiar el fenómeno de la informalidad por estratos sociales, sus cálculos indican “que 4 de cada 10 trabajadores que pueden considerarse como parte de la clase media trabajaban a finales de febrero de 2003 en la economía subterránea; es decir, en el sector informal trabaja 40% de la clase media”. (Diario El Nacional, 30-04-2003).

Trasladándonos a otra perspectiva analítica, se puede afirmar la existencia de vínculos teóricos y prácticos entre la economía informal y la actividad microempresarial, en la tesis de que una parte considerable de quienes realizan actividades de manera informal, suelen efectuarlas bajo el particular esquema organizativo de la microempresa.

En relación a la conceptualización de microempresas, Piñate y Vivas (1995), citando a Chávez (1987), las definen como pequeñas unidades que participan en el proceso productivo global, realizando un conjunto heterogéneo de actividades que presentan características que las diferencian del sector moderno, manteniendo entre ellas rasgos comunes.

Desde el debate conceptual centrado en los elementos o rasgos distintivos de ese complejo agregado de relaciones categorizado bien como “economía informal”, o bien como “economía popular”, se destaca la vinculación establecida entre el ámbito o espacio económico, social y cultural en el que la actividad se realiza, y la forma organizativa o microempresarial bajo la cual esa acción se canaliza. En esta orientación, el documento del PNUD “Desarrollo sin Pobreza” citado por Iranzo (1995), ofrece, desde la perspectiva de la economía popular, una descripción acabada de esa realidad que se incorpora integra a continuación:

La economía popular urbana, va desde las manifestaciones más elementales de microempresa familiar hasta empresas productivas con criterios contables más formales, bien sean de origen familiar o basadas en formas asociativas. Una descripción global de la economía popular urbana debe considerar los siguientes elementos:

a) Sus agentes son familias pobres, cuyo capital tiende a estar representado, a lo sumo, en pequeños ahorros salariales y prestacionales.

b) Desde el punto de vista empresarial casi siempre se caracterizan por la precariedad de su gestión administrativa, por la concentración de funciones en una persona que debe ser al mismo tiempo productor, vendedor y administrador.

c) La lógica familiar, busca la generación de un ingreso suficiente para sus necesidades como objetivo central del proceso productivo; incorporar a dicho proceso la mano de obra familiar y utilizar la vivienda también como lugar de trabajo, son características de dicha lógica.

d) La débil acumulación del capital inicial y la falta de información tecnológica se traducen en una dotación no siempre óptima de procesos. El producto, por su parte, refleja frecuentemente la precariedad empresarial de la cual es resultado: presenta, por lo tanto deficiencias en diseño, en calidad, en homogeneidad, etc.

e) Encuentra una casi insalvable dificultad para incorporarse al “sistema institucional” debido a la excesiva regulación que caracteriza nuestra vida social y como consecuencia de esta informalidad se ve privada de acceso al sistema institucional de crédito y de compras.

f) Ha sido, hasta hace poco, ignorada en los programas de desarrollo, considerándola solamente como un “problema social”.

g) No obstante todo lo anterior, la empresa popular compite con la empresa “formal”, aprovechando nichos de mercado que le representan ventajas comparativas derivadas de su tamaño y estructura empresarial.

h) Es fundamental entender que lo pequeño y lo popular no se identifican con la ineficiencia.

Más recientemente, Márquez y Gómez (2001) analizan la modalidad microempresarial de organización, desde la óptica metodológica de los estudios de casos de éxito emprendedor, y en sintonía con una visión liberal y positiva de la economía y de la actividad empresarial.

Estos autores, al explicar la naturaleza de la investigación desarrollada, esbozan la premisa que fundamenta y resume los resultados de su indagatoria sobre los microempresarios analizados, al expresar que

Sus experiencias sugieren que la microempresa que surja de orígenes humildes puede –a partir del espíritu emprendedor, de aprovechar redes y forjar vínculos con otras empresas e instituciones- contribuir a fortalecer la economía y el desarrollo social.