Fundamentos de valoración de empresas

 

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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

Capítulo VII

PANORAMA EMPRESARIAL

Las pequeñas empresas

El tema estrella de la Economía, en la década de los 90, es la denominada PYME, un concepto cuya definición exacta no existe y que en adelante identificaremos como “pequeña empresa”. El motivo de este creciente interés es doble: Primero, el colapso que padecen las teorías económicas relativas a las grandes empresas ha desviado la atención de los académicos hacia una realidad que consideran menos compleja. Muchos de los modernos trabajos sobre PYME, copiados unos de otros, arrastran la queja de que los métodos y teorías punteras de la economía estaban basados en la gran empresa. Esto ya ha dejado de ser así; hasta los años ’80, la mayor parte del dinero que se destinaba a investigaciones empresariales era aportado a las universidades estadounidenses por las grandes multinacionales, lo cual condicionaba el resultado de la investigación, que luego se propagaba por el mundo entero y a veces era aplicados a paisajes empresariales, como el español, donde la gran empresa apenas existe. Sin embargo hoy, las corporaciones van por delante de la academia; por eso prefieren hacer sus propios estudios confidenciales y han dejado de encargar y financiar investigación científica susceptible de difusión pública.

En cambio y en segundo lugar, la financiación para investigar sobre las PYME está siendo fácilmente obtenida de instituciones públicas. Esto se debe a que la moderna investigación sobre PYME está favoreciendo sobre todo a las grandes multinacionales, los verdaderos usuarios de las Administraciones públicas. Eso les permite conocer mejor a sus nuevos clientes potenciales, las pequeñas empresas, un mercado mucho más interesante que los consumidores finales, especialmente para productos y servicios como la banca, los seguros, la consultoría, etc.

En el panorama empresarial actual, la pequeña empresa no suele ser un competidor serio para la empresa grande, sino un consumidor potencial o bien una forma de autoempleo. A pesar de las apariencias, la creación de microempresas no tiene como misión principal la de reducir el paro, sino suministrar a la gran empresa y ahorrarle a ésta los costes laborales y administrativos que tendría la realización de actividades productivas dentro de su organización. Éste es un motivo adicional por el que este tipo de empresas debería ser mejor estudiado, en el ámbito de las Ciencias Sociales: Su relación con las grandes empresas. El panorama empresarial actual ha dado motivos suficientes para restar interés a las relaciones entre proletarios y patrones, puesto que ahora existe también una relación de opresión y, aunque no se suela admitir, un conflicto de clases entre pequeños y grandes empresarios. No se trata de la rivalidad tradicional entre competidores, pues las denominadas PYME ya no representan una amenaza en los mercados locales, sino de una verdadera colisión de intereses de clase. En 2004, en España, se ha producido un hecho insólito: Una huelga de empresarios a nivel nacional, en el sector de los vehículos grúa. No se trataba de una pugna con sindicatos, ni con el Gobierno, sino un plante ante las grandes empresas .las aseguradoras. por lo que consideraban un abuso de posición dominante en su relación de clientela.

En la investigación en Economía de la empresa, ocupan un lugar destacado entre las grandes empresas con las que las PYME se relacionan, las que pertenecen al sector bancario. La financiación de la pequeña empresa se basa en la ausencia de activos (incluyendo intangibles) que garanticen a la banca su inversión. También es muy importante el problema de la información y la diferencia de poder de negociación con respecto al prestamista.

Por todo ello, las nuevas empresas se están convirtiendo en un tema prioritario de las políticas públicas y no sólo en una moda académica. De momento, se está consiguiendo que los poderes públicos fomenten la creación de nuevas empresas, como forma de autoempleo, es decir, para disimular el paro. A las empresas creadas les permitirán crecer, todo lo más, hasta tener la consideración de “medianas”, pero nunca serán capaces de salvar la brecha con respecto a las denominadas “grandes”, ni eludir la barrera legislativa estatal. Más adelante, se las arreglarán para exigir a los pequeños negocios la suscripción de seguros obligatorios y la contratación de auditores externos42. Se esgrimirá como argumento la defensa de la competencia para exigir a los negocios determinadas garantías que supondrán para ellos un coste y para las corporaciones un ingreso.

La Administración, perteneciente al actual estado sin vocación intervencionista, derrocha sin miramientos cada vez más recursos públicos destinados a formar emprendedores, concienciar, alentar, asesorar, controlar,...

de todo ese ineficiente conjunto de programas, proyectos, iniciativas públicas e instituciones, de las que los sucesivos intermediarios van embolsando su cuota correspondiente, tal vez se logra que un pequeño porcentaje de los destinatarios de ayuda forme una empresa, cuya esperanza de vida será cinco años. Entonces surge la oportunidad para la Banca. Al emprendedor le han enseñado que tiene que pedir un préstamo, suponiendo que no procede de familia adinerada.

Si los programas de fomento empresarial y del empleo tuvieran que funcionar de acuerdo con los intereses de sus destinatarios aparentes, habría sido mucho más interesante que el capital público, en la misma cantidad que se está despilfarrando, hubiera asumido la iniciativa de crear empresas acordes con los proyectos presentados.

La rentabilidad de dichas empresas habría permitido la reinversión y, en aquellas regiones en que la iniciativa privada no ha prosperado, podría haberlo hecho la iniciativa pública.

En multitud de conferencias, cursos y manuales se nos vende el “entrepreneurship”, como si fuera un producto de consumo, es decir, como si se nos vendiese un electrodoméstico.

Eso es así porque, detrás de las iniciativas empresariales se encuentra el interés de los bancos, de las aseguradoras, de las consultoras y auditoras, etc. Cada vez se hacen obligatorios más requisitos para las nuevas empresas. Las empresas que crecieron en otra época y hoy son grandes corporaciones no tuvieron que soportarlos; nadie tenía derecho a pedirles cuentas y menos aún auditorías de cuentas; nadie les pedía impuestos en los estadios iniciales del capitalismo, nadie les imponía licencias, condiciones, saldos indisponibles, garantías adicionales, fianzas, cotizaciones, honorarios, obligación de recaudar por cuenta de la Administración, sufragio de cursos a sus empleados, costes, cargas, gravámenes, responsabilidades,...

esto se demuestra por el notable retraso, dentro de la Ciencia Económica, del surgimiento de la Teoría de los costes de transacción y la Economía institucional. La competencia se enfrenta a una deslealtad diacrónica, en la medida en que las nuevas obligaciones suponen costes fijos y, por lo tanto, no afecta apenas a la competitividad de las grandes empresas. De hecho, el sistema fiscal nunca es progresivo en el impuesto sobre sociedades, a pesar que el Reglamento del Impuesto español de 1998 establece una pequeña rebaja, como un incentivo más a la creación de empresas. Por lo que respecta a los impuestos indirectos, la progresividad ha sido siempre inexistente., lo cual disuade a eventuales competidores quijotescos de las empresas de tabaco, bebidas alcohólicas e hidrocarburos.

Sin embargo, a las Instituciones que fomentan la creación de empresas parece habérseles pasado por alto el tema de la supervivencia y el crecimiento. Las sucesivas modificaciones de la regulación del Sistema financiero, muchas de ellas acaecidas recientemente y encaminadas a favorecer la financiación de la PYME, tienen una eficacia bastante reducida y un futuro poco prometedor, en relación con el fomento de la creación y supervivencia de las empresas españolas. En general, la política económica de los últimos Gobiernos es bastante criticable en cuanto al fomento de la competencia y las oportunidades de crecimiento.

Por indicios diversos, el marco regulador parece supeditar la actividad de las pequeñas empresas a las necesidades de las grandes. Los programas de ayuda vigentes y las reformas del Sistema Financiero43 están destinados a instituciones financieras, con la excusa de beneficiar indirectamente a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Por ejemplo, la principal reforma de la ley de Capital Riesgo, consiste en ampliar el plazo en el que dichas entidades inversoras pueden disfrutar de incentivos fiscales. Por otra parte, el pretendido y casi legendario acceso de las PYME al mercado de valores, como medio para facilitar su financiación, ha fracasado siempre, porque, en caso contrario, se estaría restando demanda a los créditos bancarios.

Es preciso notar que en las empresas más recientes, la importancia relativa de los elementos intangibles acumulados es menor y, por lo tanto, la limitación de los datos contables debida a ese fenómeno es también menor. Por ese motivo, en las PYME (de menor antigüedad, por término medio), la medición del tamaño puede no ser tan relativa como en las grandes empresas. Es lógico pensar que la existencia de activos intangibles, más que una variable de medida del tamaño, sea una característica distintiva entre las empresas en que los intangibles son cuantitativamente importante (grandes empresas) y aquellas en que el tamaño es definible en términos más materiales.

La flexibilidad organizativa parece ser la única ventaja competitiva que se ha atribuido a las empresas de menor tamaño. La gran empresa ha contado con el apoyo de los Estados para imitar con éxito esta cualidad. Veamos de qué forma: Tras haberse utilizado estrategias de subcontratación en sectores de alto riesgo económico, tales como la construcción naval, el fenómeno de la desintegración ha sido favorecido en España cada vez más, con el proceso de ‘flexibilización’ del mercado laboral que se inició con las reformas de 1994. A partir de la institución de las Empresas de Trabajo Temporal, las grandes compañías no sólo pueden desintegrar sus procesos productivos a través de las contratas, sino que pueden volver a integrarlo técnicamente, sin someterse a la estricta vigilancia de los comités de empresas. Podría decirse que aquella supuesta flexibilidad característica de la pequeña empresa no era otra cosa que una opacidad en los posibles incumplimientos de la normativa laboral. En el proceso de desmantelamiento institucional del Derecho laboral, el Estado proporciona ahora las mismas posibilidades a la gran empresa, en el marco de la legalidad.

Por otra parte, la flexibilidad organizativa atribuida a las PYME en comparación con la gran empresa no impide que la capacidad de reacción a la crisis del sector o del ciclo económico sea mucho más notable en estas últimas.

Mientras que en la gran empresa, normalmente con una plantilla más numerosa, la flexibilidad ante la crisis se manifiesta en la reducción de empleo (Todd, 1998), el dinamismo que se atribuye a las empresas de menor dimensión está, sobre todo, ligado al nacimiento y desaparición de empresas (Salas, 1994).

Uno de los grandes logros de la oleada de flexibilización laboral es la creación de empresas de ínfimo tamaño, denominadas “microempresas” cuya finalidad principal es el autoempleo”. Existe un estudio empírico (Galindo, 2005), de cuyos datos se desprende que la media de rentabilidad financiera de las empresas españolas pequeñas es negativa y, por lógica, es de esperar que, en la de la inmensa mayoría de ellas, sea inferior a los tipos de interés. Eso significa que la práctica totalidad de empresas españolas de pocos empleados son empresas de autoempleo y que sus propietarios, con tal de asegurarse una renta del trabajo a sí mismos, se están descapitalizando, hasta el momento de arruinarse (por término medio, a los cinco años) o encontrar trabajo por cuenta ajena.

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