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4. LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA NACIONALIZACIÓN
Del mismo modo que las privatizaciones más importantes por parte de los Estados
se ha llevado a cabo mediante Oferta Pública de Venta, en un trabajo anterior
(Galindo, 2003) se apunta el caso hipotético y posible de que un ente
territorial o una empresa pública (Por ejemplo, la SEPI) nacionalice una empresa
privada mediante OPA. Esto sería contrario a determinados planteamientos
políticos, como el célebre “Consenso de Washington”, sin embargo, no tiene por
que ser contrario a los compromisos jurídicos, como el denominado “Pacto de
estabilidad”, en el supuesto de que dicho ente o administración pública se
encuentre con superávit presupuestario y decida argumentar la operación en el
motivo político que crea más oportuno, normalmente, el rescate de puestos de
trabajo, cuando la empresa en cuestión se encuentra en una crisis que amenaza
con ocasionar regulaciones de empleo. Evidentemente, el lector observará que
este caso es muy hipotético, teniendo en cuenta la política de laissez faire que
practican hoy los Gobiernos
De modo inverso a como se ha argumentado para las privatizaciones, el hecho de
la “nacionalización apalancada”, conservando un determinado porcentaje de
accionariado disperso entre el público sería una ventaja que el sector público
podría aprovechar (esto podría denominarse “capitalismo popular de estado”). La
evolución del valor de las acciones en el mercado puede depender de las
expectativas acerca del precio indemnizatorio que puedan percibir los actuales
accionistas. En tal caso, las expectativas de los accionistas que no vendieron
se formarán con respecto a la eficiencia de la posterior gestión de la empresa
nacionalizada.
También es factible que la empresa siga siendo privada, pero opte por deshacerse
de aquellos negocios que no considera interesante y puede traspasarlos o
venderlos al Estado para su nacionalización. Esto también puede traer
repercusiones en el valor que los accionistas perciban de su inversión. Por
último, el Estado podría, en vez de sufragar ineficiencias del sector privado,
asumir determinadas fases productivas, de un modo que podríamos nombrar como
“arrogaciones administrativas”. Esto supondría un exceso de participación del
sector público en la Economía, no obstante, si analizamos a quién favorecen en
último término algunas actuaciones del sector público, observaremos que las
políticas de infraestructuras están destinadas a permitir el mejor
funcionamiento de la actividad empresarial privada. Los inversores bursátiles
aprecian la disposición de las autoridades locales a colaborar con la empresas
en determinadas actividades en las que suelen tener ventajas competitivas, entre
ellas, las encaminadas a asegurar el consumo. Por eso, el valor de la empresa
puede verse incrementado ante determinadas inversiones públicas.