Crisis Financieras México, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina

 

Alicia Girón González

 

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La primera crisis del siglo XXI

Michael Camdessus, director gerente del FMI hasta fines de los 90, expresó en 1995 que México era el primer país en el contexto de la mundialización de los mercados financieros que presentaba una crisis de tal magnitud. Y, añadió:  "Es preciso que todos los países aprendan de esta experiencia y se preparen para enfrentar situaciones similares. En toda crisis se mezclan los peligros y las oportunidades; ya que hemos neutralizado el peligro inmediato, aprovechando ahora las oportunidades" (FMI, febrero de 1995). Efectivamente el paquete de salvamento fue el más grande otorgado hasta entonces por el FMI y la comunidad internacional. La crisis bancaria mexicana que desembocó en una crisis financiera con efectos en otros países latinoamericanos fue la pauta para nuevos programa de estabilización del FMI y la alternativa para otros países que cayeron en situación similar.

4.1 El entorno de la crisis, el rescate y la extranjerización

Los cambios que se presentaron en la reforma financiera en México fueron acompañados por las modificaciones en el perfil y la organización de la producción, desde la privatización de los bancos hasta la actividad económica en general. Por otro lado, la renegociación de la deuda externa en el marco del Plan Brady y las expectativas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), permitieron que México pudiera volver a obtener créditos en el mercado internacional de capitales. "Por la privatización de los bancos el gobierno federal recibió 39, 711 millones de pesos (equivalentes a casi 13,000 millones de dólares). Como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al Fondo para el pago de la deuda interna." (SHCP, febrero de 1995).

La banca mexicana a pesar de un entorno favorable presentaba ciertos desajustes; la cartera vencida (los préstamos impagados) de los bancos creció a una tasa mayor que el PIB en el periodo de 1990-1994. Los problemas de capitalización se agudizaron y existía un alto nivel de endeudamiento en empresas privadas, bancos comerciales y banca de desarrollo.

El año 1994 fue muy difícil, pues a las circunstancias señaladas se sumaron los aumentos significativos en la tasa de interés de Estados Unidos, la disminución de los flujos de capital hacia México, la necesidad de lograr financiamiento a través de los tesobonos captando el dinero de los fondos mutualistas. Por otra parte, hubo una difícil transición sexenal y las reservas del Banco de México se fueron agotando, con la consiguiente depreciación del peso mexicano, que profundizó la complejidad de la crisis bancaria.

La crisis financiera, particularmente en el sector bancario se manifestó en el crecimiento de la cartera vencida, en las dificultades para constituir reservas preventivas y en los problemas de capitalización del sistema bancario. Desde entonces se ha registrado una mayor presencia de filiales de intermediarios financieros extranjeros, alianzas estratégicas y fusiones, como opción para enfrentar la competencia y las necesidades de recapitalización.

 

4.1.1 Primera etapa (1989-1994)

En el entorno de la transformación financiera, la problemática de la banca se ha expresado en problemas de capitalización y de carteras vencidas, así como en altos niveles de endeudamiento de las empresas, de los particulares y de los propios  bancos comerciales y de desarrollo. Por su complejidad, la crisis bancaria en México es, sin duda, reflejo de la creciente integración y de las innovaciones de productos financieros en las operaciones de crédito y préstamos en los mercados financieros, de la conversión de activos bancarios en valores, llamada también “titularización'' (securitization), cuya regulación y supervisión deben ser más específicas.

La industrialización ha sufrido rupturas ante el proceso de apertura hacia el exterior que resultó tan negativo para la pequeña y mediana industria, provocando, antes y después de la crisis de 1994, el problema de las carteras vencidas. La crisis mexicana, caracterizada por la “crisis de los tesobonos' o ``crisis de la deuda interna'', acompañada de la insolvencia de las empresas, la banca comercial y la banca de desarrollo, se suma a las crisis de los ochenta: deuda externa, crisis bancaria, crisis bursátil, inestabilidad y devaluación cambiaria, las cuales son un reflejo en gran parte de la reestructuración del sistema financiero nacional en el marco de los cambios en los mercados internacionales de capital (Culpeper 1997). Sin embargo, la crisis bancaria, cuya solución ha incluido programas de rescate, ha tenido un costo social muy elevado, se profundiza y parece difícil salir de ella.

La  volatilidad financiera, el entorno recesivo, la política monetaria restrictiva (cuyo principal instrumento es la reducción del crédito interno), el repunte inflacionario, la falta de liquidez, el incremento de los márgenes de intermediación, el sobreendeudamiento de empresas y particulares con la banca comercial y la deuda externa de ésta, son los factores que explican la grave crisis bancaria que se precipitó después de la devaluación de diciembre de 1994. Todo lo anterior aceleró el deterioro de los balances y de los activos bancarios de la cartera crediticia (créditos al consumo, corporativos e hipotecarios) y los niveles de capitalización (Girón, 1994).

El Banco de México, destaca la posición neta acreedora o deudora de los agentes económicos respecto del sistema financiero interno.[4] Así, según esa institución la posición neta acreedora de las familias es negativa de 1993 a 1995; la posición negativa de las empresas empieza en 1992, llegando a un nivel máximo en marzo de 1995: a menos 10.7 como porcentaje del PIB. A partir de 1996 se observa un cambio positivo y se mantiene en crecimiento constante hasta 1999. En el caso de las empresas, el incremento que se observó a fines de 1994 en su saldo neto deudor se vio muy influido por el efecto de la devaluación en sus pasivos en moneda extranjera. La disminución que en 1995 registró dicho saldo neto obedeció en parte a que la banca dio de baja la cartera incobrable (Banco de México, 1995); a partir de 1996 existe una posición neta acreedora positiva 

La emergencia de la inestabilidad financiera, el abandono de la política de tipo de cambio vigente hasta diciembre de 1994 y la adopción de un régimen cambiario más flexible, implicaron cambios en la instrumentación de la política monetaria. Así, la inestabilidad tuvo efectos amplios sobre el sistema financiero, particularmente en el sector bancario, que se manifestó como se mencionó, en  el crecimiento de la cartera vencida y dificultades tanto para constituir reservas preventivas como de capitalización. Ante el peligro de colapso y de insolvencia, el Banco de México activó el rescate bancario a través del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), hoy Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB>[5]) y el Programa de Capitalización Temporal (Procapte).

Así, se puede afirmar que “...de 1989 a 1994 aumentó la vulnerabilidad actuando el banco central como prestamista de última instancia del sistema bancario mexicano, evitando la crisis de proporciones mayores.”(Marino, 1996, pp. 18-19).  Por otra parte, los activos bancarios luego de un importante incremento en términos reales entre 1989 y 1994, se contrajeron 14.8% hasta el tercer trimestre de 1995, a pesar del establecimiento de nuevas instituciones bancarias.

Esta etapa de la crisis estuvo caracterizada por la ampliación de la competencia del sistema bancario mexicano asociada al auge crediticio que tuvo lugar en ese período. Asimismo, al agravamiento del problema de las carteras vencidas, se sumó la incertidumbre prevaleciente en 1994; además, los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos a partir de febrero de 1994, hicieron más atractivo invertir en activos de ese país que en activos de los mercados emergentes. 

4.1.2 Segunda etapa (1995-2001)

Uno de los problemas que enfrentó la banca mexicana a partir de la crisis de 1994 y principios de 1995 es la modificación en el crédito a los diferentes sectores.

 La asignación del crédito al sector privado descendió de 613 000 millones de pesos en 1994 a 564 000 millones en 1998;  en términos porcentuales se observa una tasa anual decreciente de 2.73 % en el periodo 1994-1998.  Cabe recalcar que al instrumentarse el Fobaproa y las medidas de rescate bancario que permitieron capitalizar a los bancos y sanear sus carteras vencidas al excluir los créditos insalvables o estos fondos atribuibles al rescate, la caída en el financiamiento fue de 37.4% en 1995; en diciembre de 1996 y de 1997 las variaciones negativas fueron de  35.5% y 12.9%, respectivamente. El panorama en 1998 y 1999 fue similar, dado que en términos reales hubo una variación de –4.6% y –9.7%,  respectivamente, y no existen aún signos de que el sistema bancario vaya a aumentar el financiamiento al sector privado.

No obstante, de las encuestas de evaluación coyuntural del mercado crediticio se obtuvieron los siguientes resultados:

a  La gran mayoría de las empresas (62.7% en promedio anual) no utilizaron crédito durante 1998;

b La disponibilidad de crédito parece haber aumentado durante el primer semestre, para caer posteriormente, sobre    todo en el tercer trimestre;

c Las principales razones que adujeron las empresas para no utilizar financiamiento, por orden de importancia, fueron i)  el nivel de las tasas de interés; ii) la reticencia exhibida por la banca a extender crédito; y iii) la incertidumbre sobre la situación económica;

d Las empresas que obtuvieron crédito durante 1998, lo destinaron principalmente a financiar capital de trabajo (más del 50%), a la reestructuración de pasivos, y a la inversión, y

e La principal fuente de financiamiento de las empresas fueron sus proveedores, seguida por la banca comercial. (Banco de México, 1998, pp. 152 y 153).

[1] Dicho paquete fue de casi 50 mil millones de dólares: 17 800 millones del FMI; 10 mil millones de Europa, Canadá y Japón (pese a la resistencia de Alemania y Reino Unido que expresaron sus dudas acerca de la conveniencia de este esfuerzo); 20 mil millones de Estados Unidos.

[2] Debe su nombre a quien lo ideó, el entonces Secretario del Tesoro de EUA, y tuvo por objeto supuestamente aliviar la crisis de la deuda latinoamericana al alentar a los bancos a renegociar parte de esa deuda y a prolongar los vencimientos.

[3] Hacia el final del sexenio (1988-94), ante la inminencia de que el pánico hiciera que los inversionistas sacaran su dinero del país, el gobierno emitió un gran volumen de obligaciones a corto plazo, los tesobonos, que estaban denominados en dólares y que por lo tanto eran inmunes a las devaluaciones. Los inversionistas cambiaron rápidamente sus obligaciones a corto plazo denominadas en pesos (los Certificados de Depósito, Cetes) por tesobonos, cuyo valor llegó a cerca de 29 mil millones de dólares en 1994; al estallar la crisis y redimir esos valores en dólares, se agotó la reserva del Banco de México.

 

[4] “La posición neta acreedora (+) o deudora  (-) de los individuos, empresas y de los residentes del exterior se obtiene de la diferencia entre sus activos financieros (depósitos bancarios, valores del gobierno y valores privados de renta fija) y el financiamiento que cada grupo recibe del sistema bancario y de otros intermediarios del país, así como a través de la colocación de valores de renta fija. El financiamiento incluye el originado tanto por el principal como por los intereses, vigentes y vencidos, así como la cartera traspasada a Fobaproa y al programa de UDIs.” (Banco de México, 1995, p.112)

[5] El IPAB es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que garantiza los depósitos 

bancarios de dinero, así como los préstamos y créditos a cargo de las instituciones (pagando el saldo de las obligaciones, hasta por una cantidad equivalente a 400 000 UDIs por persona, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución). Sin embargo, quedan excluidos de la citada protección las obligaciones a favor de las entidades financieras; las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al cual pertenezca la institución de banca múltiple; los pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al portador; las obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades de administración y gerentes generales; las operaciones que no se hayan sujetado a disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o a las sanas prácticas y usos bancarios, en la que exista mala fe y las relacionadas con operaciones de lavado de dinero.

El IPAB podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de alguna institución. Tales apoyos podrán otorgarse mediante la suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de las obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes de propiedad de las instituciones.

Sin embargo, el costo de rescate bancario, según Standard & Poors, se estima en cerca de 800 000 millones de pesos, equivalente a 81 632 millones de dólares; 20% del PIB; 34 veces el monto del “blindaje”; casi el total de la deuda neta externa y 2.26 veces la deuda interna neta del país. La cifra representa también 100% del crédito vigente de la banca y 78% del presupuesto del gobierno para este año. El monto incluye el costo de los rescates de Bancrecer, Serfín, Atlántico, Promex e Inverlat.

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