Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela

 

Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

 

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SECCIÓN IV

AÑO 1999:
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y UN NUEVO MODELO POLÍTICO PARA LA GERENCIA PÚBLICA


B. El Contexto Histórico de la Nueva Carta Magna.


2. Una Economía Postergada

Durante el primer año de gobierno del Presidente Chávez no hay discusión en cuanto a que lo político predominó sobre lo económico y, precisamente, las exigencias y demandas del sector empresarial tanto nacional como extranjero estuvieron centradas en la definición de las medidas de política económica que se pondrían en práctica y la seguridad de un clima jurídico favorable a las inversiones. Uno de los numerosos testimonios que avalan la afirmación anterior señalaba expresivamente a manera de evaluación expost, lo siguiente:

“Lo que a uno le gustaría es que el Presidente y su equipo pusieran en la reactivación económica el mismo interés y la misma energía que dedicaron a cambiar el sistema político venezolano. El Presidente tiene la oportunidad histórica para lograr que desarrollemos el gran potencial de crecimiento que tenemos”. (Rodríguez Mendoza, 2000).

Dada la interrelación de la economía venezolana con el contexto externo, vale señalar que según el Presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio Casas González a comienzos de 1999, aquella mostraba los efectos negativos arrastrados del año anterior por la baja en los precios de los productos básicos, principalmente el petróleo, la retirada de los capitales hacia las economías más desarrolladas, la crisis brasileña generadora de mayor inestabilidad en la región, el desempeño económico de Ecuador y Colombia, principales socios comerciales de Venezuela. Sin embargo, ese entorno adverso tendió a moderarse a partir del mes de marzo, con la importante recuperación económica del Sudeste Asiático y la mayor estabilidad de los mercados financieros; además, contribuyó a ello el desempeño de las economías industrializadas y China. La estrategia de reducción de la oferta petrolera por parte de la OPEP resultó exitosa y, combinada con la reducción de los niveles de inventario y la llegada del invierno en la región septentrional, posibilitó la recuperación de los precios del crudo.

En el plano interno -prosigue Casas González- los recortes programados de la producción petrolera, aunado a la disminución de las inversiones en este sector, se convirtieron en elemento determinante de la contracción de la economía durante el año en cuestión. Los datos estadísticos registran, por ejemplo, esa contracción en el sector petrolero, de 6,8% y en el sector no petrolero, de 6,9% y, similarmente, una merma en los derechos de importación, de 17,5%. El superávit de la Balanza de Pagos fue de US$ 724 millones, principalmente por la recuperación del volumen exportado. El descenso de las tasas de interés obedeció a la disminución de la inflación, la menor tasa esperada de depreciación y el efecto del acuerdo entre el Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Bancos, FOGADE y la Asociación Bancaria de Venezuela.

Con respecto al déficit fiscal, se señala que las cifras preliminares lo sitúan en el 3.1% del PIB, resultado que mejora el de 1998 (4.1%). La magnitud de este rubro impuso al Gobierno la adopción de medidas de ajuste fiscal destinadas a incrementar los ingresos y disminuir los gastos, las cuales fueron incorporadas a la Ley Habilitante, aprobada finalmente el 26 de Abril, luego de controversias y confrontaciones políticas entre el Congreso de la República y el Ejecutivo Nacional .

Asimismo, entre las medidas de ingreso que fueron aprobadas están: la creación de un Impuesto al Débito Bancario (1DB): la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sustitución del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, con una disminución de la tasa de 1%; la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas y del Decreto de Creación de Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica y la Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público durante el Ejercicio Fiscal 1999 .

En el contexto o escenario económico que rodea
al proceso político en que desarrolla la actuación del gobierno dirigida a dotar al Estado y a su aparato público de un nuevo esquema organizativo - institucional, el propio Instituto Emisor participó y fue objeto de opiniones disímiles en cuanto a la vertiente económica y su rol autonómico, a consagrarse en el Texto Constitucional. Desde sus comienzos y durante el Proceso Constituyente, apoyó públicamente el único artículo propuesto por el Primer Magistrado con relación al área monetaria y cambiaria, alegando que una orientación principista bastaba para indicar el rumbo moderno a la labor del Banco Central. No obstante, en definitiva, el articulado aprobado tiene rango legal y reglamentario y deja abierta la posibilidad de una nueva Ley Orgánica que ratifique su carácter de órgano técnico, por encima del quehacer político, para administrar los bienes del Estado .

A nuestro modo de ver, más allá de la coyuntura económica determinada por los indicadores y las estimaciones que de ellos se hizo durante y después de la discusión del Texto Constitucional, es posible advertir un ambiente generalizado, proclive al cuestionamiento de la orientación neoliberal que copó la escena e impregnó las principales medidas de política económica que en el período anterior se habían implementado y que, lógicamente, con los resultados que produjeron, era de esperar un marco jurídico-constitucional diferente o que por lo menos no lo consagrase, tal como era la aspiración de los ideólogos y la posición doctrinaria de algunos sectores empresariales representados en los organismos y asociaciones de empresarios. Por supuesto, esta posición no encontró eco suficiente en la Asamblea Constituyente, donde como es sabido, la mayoría de sus integrantes afiliados y afectos al nuevo gobierno y, por consiguiente, a la reorientación de una política económica reivindicadora de lo social, terminaron por plasmar un Capítulo dedicado a la materia económica de tal manera que ahora puede hablarse de la “Constitución Económica”. Adicionalmente también se ampliaron los derechos sociales y se previó un espacio más amplio para la participación popular y el desarrollo de nuevas formas asociativas tanto en lo político como en lo económico, con lo cual los esquemas de la democratización del poder, en uno y otro plano, constitucionalmente se acercan, al menos en teoría.

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