Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
 |
SECCIÓN IV
AÑO 1999:
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y UN NUEVO MODELO POLÍTICO PARA LA GERENCIA PÚBLICA
B. El Contexto Histórico de la Nueva Carta Magna.
Los cambios que la sociedad registra a lo largo de su evolución no pueden
considerarse, a nuestro juicio, producto de la causalidad ni se dan de forma
espontánea o sencillamente, a la genialidad de quienes los promueven.
Evidentemente asumir esta última premisa para efectos del análisis implicaría
desconocer la trama de interrelaciones y múltiples determinaciones que preside,
condiciona y determina el fenómeno social, independientemente de que éste, en su
desarrollo, pueda mostrarse de manera abiertamente perceptible o no, como por
ejemplo, sucedió con las revoluciones en Europa y América durante el siglo
pasado (Inglaterra, Francia, Norteamérica, Venezuela, etc.), Rusia a comienzos
del presente siglo, y las que al final de la época, de acuerdo con el criterio
de Mires (Fernando Mires) generan nuevos paradigmas y promueven la revolución
que nadie soñó.
En este orden de ideas, cabe sostener que la nueva Constitución de Venezuela,
aprobada en las postrimerías del siglo, al igual que todos los Textos
Constitucionales que se redactaron con anterioridad, es la expresión de la
coyuntura actual y responde a un proceso que estructuralmente se gesta en los
últimos cuarenta años y se acelera en la última década cuando el sistema
económico, político, social e institucional que sirve de soporte al Estado,
acusa un elevado grado de deterioro y se plantea, por parte del liderazgo
político emergente, la refundación de la República, la reestructuración del
Estado y la relegitimación de sus poderes, a partir de una revolución
democrática .
1. La Primacía de lo Político
La agudización de la crisis económica y la malograda credibilidad del estamento
político nacional, según se ha señalado, fueron generando el clima de angustia y
frustración colectiva que se constituyó en el escenario propicio para el
alzamiento militar del 4 de Febrero de 1992. Esta tentativa de golpe de Estado
evidenció claramente ante el país y el mundo la realidad política, económica y
social que se estaba viviendo para el momento en Venezuela.
El alzamiento militar se venía gestando desde años antes, por parte de un grupo
de militares de mediana formación académica, quienes venían discutiendo y
planteándose posibles salidas a la situación de ilegitimidad del sistema
político que estaban sintiendo en el país, y cuyo tiempo de tolerancia
percibieron agotado luego de los dramáticos sucesos del 27 de Febrero de 1989
cuando fueron obligados a pacificar con las armas a una muchedumbre
desconcertada y aturdida por la ausencia de respuestas a sus necesidades básicas
de subsistencia.
El escenario político del país aún cuando muestra transformaciones
significativas en lo institucional luego dl intento golpe de Estado, (Kornblith.
1998; Caballero. 1998; Romero, 1994; Guerra C. 1997), a finales de la década
cambia radicalmente cuando uno de los protagonistas del histórico hecho resulta
electo presidente de la República en elecciones democráticas y con un
impresionante apoyo popular. En el mes de diciembre de 1998 se realiza la última
elección presidencial democrática de este siglo, la cual puede calificarse como
la continuación de un proceso histórico que venía conformándose soportado en la
base popular desde 1992 e impulsado por la propuesta de una Asamblea
Constituyente, cuyo propulsor y protagonista es el comandante Hugo Chávez Frías,
quien protagonizó el fallido golpe de Estado.
La gestación y el nacimiento de los nuevos actores que habrían de dominar la
escena política de finales de los noventa opera desde diciembre de 1983, cuando
se funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), teniendo como
dirigentes principales a los para entonces capitanes del ejército Hugo Chávez
Frías, Jesús Urdaneta y Joel Acosta Chirinos, incorporándose en 1986 el mayor
Francisco Arias Cárdenas .
Sería este grupo de oficiales quienes, agrupados bajo el pensamiento político de
Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, protagonizarían la intentona
golpista de 1992 como insurgencia contra el modelo político instaurado en 1958,
la depauperación económica de amplios sectores de la sociedad venezolana, la
corrupción política, así como contra las medidas de ajuste económico
implementadas en la segunda administración de Carlos Andrés Pérez, que
inicialmente habían desencadenado el estallido social del 27 de febrero de 1989.
A la derrota militar de febrero de 1992 le siguió un intenso periodo de lucha
por el posicionamiento político y la transformación del MBR-200 de grupo de
vanguardia militar a partido político de masas bajo el nombre de Movimiento
Quinta República, (MVR) para convertirse en la primera fuerza política del país
en la contienda presidencial de 1998 bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías,
quien logra convertirse en Presidente de la República al alcanzar un total de
tres millones catorce mil ochocientos doce votos (3.014.812) que representan un
56,49 % de los votos válidamente emitidos; su más cercano competidor fue el
independiente de extracción socialcristiana Henrique Salas Römer de Proyecto
Venezuela, quien obtuvo dos millones ciento cinco mil ochocientos nueve votos
(2.105.809), equivalentes al 39,46% de los votos válidamente emitidos. Dicho
resultado para algunos significó el desplazamiento definitivo de los partidos
políticos que en 1958 hicieron posible el nacimiento del actual régimen
democrático: Acción Democrática y COPEI, por cuanto ambas candidaturas lograron
acumular alrededor del 96% de los votos. Respecto a la afirmación del
desplazamiento y declive de los partidos políticos fundadores de la democracia,
es válido acotar una precisión referida al candidato Henrique Salas Römer,
quien, a pesar de recibir a última hora del evento electoral el apoyo de los
mencionados partidos, ciertamente no puede considerarse como un agente de la
vieja política, toda vez que aún cuando había tenido actuaciones anteriores en
el Congreso de la República, habiendo sido electo como independiente en las
planchas de COPEI, venía de ser uno de los principales protagonistas del
novísimo proceso de surgimiento y consolidación de liderazgos regionales
iniciado en el país a partir de 1989 con la elección popular de Gobernadores y
Alcaldes. Efectivamente, Salas Römer logró en el estado Carabobo conquistar en
dos oportunidades la gobernación al frente de Proyecto Carabobo, (nombre de su
partido antes de trascender a la forma de organización política nacional),
logrando igualmente el desplazamiento en la mencionada región de los partidos
del status.
Con el proceso eleccionario de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de
julio del año siguiente, se consolidó una tendencia de crecimiento electoral de
las organizaciones políticas aglutinadas alrededor del Presidente Chávez cuando
los candidatos del llamado Polo Patriótico, alcanzaron más del 90% de los
escaños a elegir en un proceso que si bien fue inicialmente concebido bajo las
características de la nominalidad pura , la modalidad adoptada para abordar la
campaña electoral lo convirtió en un proceso para la medición de fuerza de dos
sectores claramente diferenciados en el escenario nacional: los de la vieja y
la nueva política. En el referido proceso fue electo un solo candidato
directamente identificado con los partidos ubicados fuera de la órbita del Polo
Patriótico , y algunas personalidades independientes postuladas por el
denominado Polo Democrático. Retomando el planteamiento formulado más arriba,
es evidente que el carácter permanente del desplazamiento de las organizaciones
AD y COPEI, así como el posible surgimiento de nuevos actores en la escena
política nacional no podría ser decretado ni descartado aún cuando era un
objetivo públicamente señalado por el nuevo liderazgo, iba a depender en buena
medida del resultado de la experiencia constituyente. Esta era asumida por el
colectivo como un lapso de necesaria espera para el cabal funcionamiento del
gobierno, y de la capacidad de éste para, superado el estadio Constituyente,
satisfacer los grandes niveles de expectativa generados en la población.
Las condiciones fundamentales para que se produjera esta compenetración entre el
líder golpista y la mayoría popular estuvieron signadas por tres aspectos
fundamentales:
1. Un líder altamente carismático.
2. Una oferta electoral que, dadas las condiciones del país, lucia más atractiva
para la colectividad.
3. La ausencia absoluta de una propuesta que, aunque elemental, pudiese promover
algún debate y por tanto colocarse a la altura de la propuesta de la Asamblea
Constituyente.
La oferta electoral de cambio estructural propuesta por el electo Presidente de
la República, involucraba la convocatoria a una Asamblea Constituyente y aún
cuando no representaba ninguna garantía para una transformación total de las
deterioradas estructuras del sistema político venezolano, aparecía como una
opción válida dentro de las circunstancias de crisis institucional que vive el
país.
La Asamblea Constituyente no es un fin en sí misma, sólo tiene la función de
servir como mecanismo para el diseño, elaboración, redacción y presentación de
la propuesta de reforma del Texto de la Constitución Nacional. El problema que
se planteaba era que existía una mayoría que apoyaba la idea de una Asamblea
Constituyente pero no estaban definidas las normas e instituciones que se
pretendían modificar en el Texto Constitucional; situación ésta que producía
dudas y temores en relación con la convocatoria del Poder Constituyente.
Por otra parte, los factores de poder que desde 1992 no han
mostrado voluntad alguna para reformar la Constitución, se presentan como
fervientes partidarios de una reforma Constitucional, demostrando con ello la
intención de bloquear el llamado a la Asamblea Constituyente, que representaba
la promesa electoral del presidente electo Hugo Chávez Frías, con la cual logró
recoger el sentimiento de voluntad popular.
Un estudioso del tema, a propósito de la situación expresaba:
La realidad económica, política y social del país demuestra que el sistema
político del Estado venezolano está en franco deterioro, más por razones de
funcionamiento que por la organización en sí misma. El cambio, entendido como la
renovación de las instituciones encuentra diversos obstáculos en el propio
manejo de las circunstancias que realizan los factores de poder. Ante esta
coyuntura, podría asumirse la Asamblea Constituyente como un instrumento de
cambio que le dé al proceso dos atributos fundamentales: la legitimidad, de la
cual carece el Congreso para ejecutar la reforma Constitucional; y la
integración de las fuerzas políticas, en el objetivo común de consolidar un
sistema verdaderamente democrático (Alvarez, T.1998: p.l27).
El debate sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente, junto con el
proceso de elecciones tanto para su integración, como para los referendos del
caso y la discusión y aprobación del nuevo Texto Constitucional, evidentemente
le colocaban primacía a lo político frente a lo económico desde la óptica
gubernamental.
Vale señalar la ausencia de un plan económico formalmente estructurado que se
traduce en la desatención que la crisis y sus dimensiones exige, de tal forma
que en el primer año de gobierno se observa una confrontación abierta entre los
sectores políticos que tradicionalmente detentaron el poder y los sectores
emergentes. El Presidente de la República asumió el rol de actor protagónico en
este escenario, con un liderazgo sustentado en las bases populares y en el
sector castrense.
