Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela

 

Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno

 

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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?


J. Los efectos sociales del ajuste neoliberal 1993-1998



El objetivo fundamental sobre el cual se ha sustentado la política social en las últimas cuatro décadas, tanto en Venezuela como en el sur del continente, ha sido la búsqueda e implementación de políticas sociales destinadas a la superación de la pobreza y al crecimiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.

La pobreza se ha constituido en uno de los principales problemas que actualmente afrontan las naciones del mundo. Tal fenómeno afecta a todos los países de manera distinta y en el caso venezolano ha desarrollado sus propias características. Cabe destacar que sólo en Venezuela actualmente, sobreviven alrededor de 13 millones de personas en situación de pobreza (PROVEA. 1999), lo cual sin duda pone en evidencia la magnitud de la problemática social que enfrenta el país en los actuales momentos.

Según se ha analizado, la puesta en marcha de Planes de Ajustes Estructurales desde finales de los años 80 ha surtido un efecto motorizante del proceso de empobrecimiento de la población venezolana, tomando en cuenta que dichos planes han estado sustentados en la adopción de fuertes medidas de corte fiscal, monetario y cambiario que han impactado profundamente a las clases mas desposeídas. Estos programas de corte neoliberal fueron adoptados durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez surtiendo un impacto social perverso, que encontró su clímax en los hechos acaecidos en Febrero de 1989 cuando una revuelta social a nivel nacional, tomó las calles para desbordar su ira ante el notable y sostenido proceso de deterioro de las condiciones de vida que estaba experimentando la sociedad. Dichos planes fueron diseñados desde una óptica eminentemente economicista dejando a un lado el impacto social que todas estas medidas generarían en la población de menos recursos.
Una reciente publicación del Informe de Desarrollo Humano (1998), de las Naciones Unidas evidencia lo antes señalado al decir: “..es el Continente Latinoamericano el de mayor desigualdad social y por ende, de oportunidades. En Venezuela, el 20% más pobre tiene un ingreso per cápita de 1.505 dólares anuales, mientras que el 20% más rico tiene 24.411 dólares. Esta proporción es similar en Chile y Argentina...”.

Estadísticas en el ámbito social (PROVEA. 1999)
revelan que Venezuela posee el tercer índice de pobreza más alto de América Latina, y de igual forma posee el crecimiento más acelerado del empobrecimiento en los últimos 5 años.

En Venezuela la problemática no ha estado fuera de lo que ha sido la tendencia en el continente en los últimos años: en la actualidad hay cerca de 13 millones de personas que viven en situación de pobreza, cuestión que pone de manifiesto la gravedad de la situación que atraviesa la población venezolana. Uno de los rasgos más resaltantes que ha caracterizado el proceso de empobrecimiento en Venezuela en los últimos años radica en la expansión del radio de acción de la pobreza. Dicho en otros términos el fenómeno de la pobreza se ha generalizado.

El componente de protección social de la Agenda Venezuela según datos del Ministerio de la Familia, se ubicó en las siguientes cifras: Para el año de 1996 se invirtieron Bs. 393.552,6 millones; para el siguiente año, 1997, se invirtieron alrededor de Bs. 502.903,5 millones; y para él ultimo año de gobierno, la cantidad invertida se ubicó en Bs. 564.603,7 millones.

A pesar de los progresivos aumentos presupuestarios que se realizaron durante los últimos tres años de gobierno en el componente referido a la protección social, la situación de deterioro social no revirtió su tendencia, sino que por el contrario se afianzó aún más; esta última afirmación la podemos sustentar si observamos las cifras emanadas por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) que revelan lo siguiente: “...La pobreza, que para 1982 afectaba al 27% de la población, al iniciarse 1998, se constata que el 68,7 % de los venezolanos no tiene ingreso para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias...”.

De igual forma se pudo observar el carácter desequilibrado de esta inversión social, tomando en cuenta que muchos de los programas no beneficiaron a quienes realmente se encontraban en situación de precariedad, lo cual trajo consigo la desviación en los propósitos de tales programas, de allí que durante el gobierno de Caldera hubo infinidad de críticos y se acusaba que muchos de los beneficiarios poseían un aceptable poder adquisitivo y sin embargo disfrutaban de los beneficios. Esto dejó en franca desventaja a un grueso sector de la población que no accedió a los programas sociales, siendo éstos la población objetivo de tales programas.

Este comentario podemos corroborarlo con la opinión que emitió la Directora de la Revista SIC Mercedes Pulido de Briceño (Revista Sic-1 998) destacando lo siguiente: “...La gran limitación de la inversión social es la necesidad de llegar a los más pobres; si bien es detectable la inversión presupuestaria, esto no significa que llega a quien tiene que llegar. El problema de la focalización de la inversión social es una preocupación creciente, pues se excluyen a los que no están en algunas de las redes institucionalizadas, como es el sistema educativo, o se sobreatiende a familias que ya están insertadas en otros programas...”

Otra serie de indicadores tanto económicos como sociales evidencian que a pesar de los esfuerzos gubernamentales el proceso de deterioro de la calidad de vida no se detuvo. Para finales de 1998, la canasta de alimentos superó los Bs. 125.000; mientras que el salario mínimo se ubicó en Bs. 100.000; el ingreso familiar promedio cayó en 3,15%, acumulando un deterioro de 33% para el lapso 1993-1998; la inflación al cierre del año 98 estuvo por el orden del 30%. En lo que respecta al empleo al cierre del año la tasa de desocupación se ubicó en 13% (existen diversidad de estimaciones de esta tasa), circunstancia ésta motorizada por el proceso recesivo de la economía así como por el debilitamiento de sectores como el de la construcción, siendo éste uno de los principales generadores de empleos en las clases más bajas. El sector educativo fue otro de los afectados durante el año de 1 998. La deserción escolar se estima en un 35,1%, aunado a este hecho nos encontramos con la polémica en torno a las fuentes de financiamiento de la educación. Las cifras oficiales muestran que la educación universitaria absorbe un promedio del 38% del presupuesto del Ministerio de Educación, mientras que la educación preescolar y básica sólo obtiene el 22 %, siendo este nivel el que concentra el 70% de la población escolar.

En términos específicos, analizar los alcances del impacto social de la Agenda Venezuela nos remite a los 14 programas que estaban contemplados para asistir a la población de menos recursos, los cuales se aplicaron de forma desigual. Por una parte, por razones estructurales y, por la otra, por la dificultad de llegar a la población más depauperada. Sin embargo puede decirse que han sido un elemento importante en cuanto a la protección de grupos menores de 6 años a través de Hogares y Multihogares y el Programa Materno infantil (PAMI), en lo que respecta al factor compensatorio en los grupos escolarizados, a través del subsidio familiar (aún cuando en 1998 se cubrieron sólo tres entregas de las seis pautadas). De igual forma los Mercados Solidarios y el Programa Alimentario (PROAL), facilitaron el acceso a los productos alimenticios de primera necesidad a bajos costos, no sólo a los sectores de pobreza extrema, sino también a la empobrecida clase media.

La idea de considerar a una buena política económica como la mejor política social, quedó en entredicho con la experiencia vivida durante el periodo de gobierno de Rafael Caldera 1993-1998. Los indicadores sociales así lo revelan. Las políticas sociales no fueron asumidas como una variable fundamental dentro del desarrollo económico de un país, en tanto no se concretó la voluntad política para instrumentarlas a cabalidad. Los resultados reales igualmente constatan que el discurso político, la propuesta programática y el modelo teórico - social va por un lado mientras la marginalidad, el empobrecimiento, la miseria y la depauperación se acrecientan, por el otro.
En general, el IX Plan estuvo presentado en términos imprecisos. No consideró ningún diagnóstico de la situación social del país, ni de la pobreza como fenómeno particular. No precisó los objetivos específicos en aspectos fundamentales de la política social (Educación, Salud, Servicios Públicos, Seguridad Social). El documento sólo formuló referencias genéricas, sin detallar resultados concretos que luego pudiesen ser evaluados. Lo mismo ocurrió con respecto a las urgentes reformas institucionales que hubo que introducir en el sector social, para elevar la eficiencia del gasto social.

El programa económico puesto en marcha desde abril de 1996, (Agenda Venezuela) se propuso contener el ritmo de crecimiento de la inflación, restablecer el equilibrio fiscal y propiciar la reestructuración y el crecimiento de la economía, a través de un conjunto de severas medidas fiscales, monetarias y cambiarias. Sin embargo, el gobierno envió señales ambiguas y contradictorias a los agentes económicos. Se mantuvieron los controles de cambio y de precio y la inseguridad jurídica para los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.

Como conclusión del IX Plan se tiene el siguiente balance de los principales procesos, hechos y problemas de la situación del país en los planos económico y social, luego de su aplicación:
Se generaron efectos macroeconómicos de signo positivo, al comenzar a reestablecerse equilibrios y a estimular dinámicas productivas y de inversión, sobre todo extranjera. Se evidenció un crecimiento del producto, de las reservas internacionales y una desaceleración de la inflación.

Tales logros macroeconómicos no impactaron positivamente el mercado laboral; por el contrario se consolidaron deterioros del nivel de empleo y en el nivel de los salarios. Además, las reformas laborales implantadas generaron regresividad en cuanto a los derechos laborales conquistados históricamente.

Durante la aplicación del IX Plan se apreció un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población, deteriorándose más las condiciones de vida de los sectores medios y agudizándose la vulnerabilidad de los grupos tradicionalmente pobres.

En los sectores de salud, educación y vivienda se evidenció la continuidad de la tendencia a la reducción del gasto público destinado a atender a la población en esas áreas.

La evaluación de la situación del sector salud evidenció una gran inequidad, se estimó que el 30% de la población no contó con oportunidades de acceso a los servicios de asistencia de salud, por razones geográficas, culturales o económicas.

La educación se presentó con gran deficiencia de cobertura que se manifestó en el abandono escolar y en la población no atendida.

La capacidad para construir viviendas y superar el déficit fue limitada. Por otro lado la situación de empobrecimiento general, aunado a los altos precios de las ofertas habitacionales, no permitieron acceder a viviendas dignas con servicios de calidad y seguridad necesarios.

Los programas sociales compensatorios implementados significaron un esfuerzo para atenuar los cuadros sociales mas afectados por la situación económica, reflejando un conjunto de limitaciones de diseño e instrumentación que impidieron una mayor efectividad.

Los avances macroeconómicos alcanzados en el marco de los deterioros sociales, permiten señalar que no hubo la esperada correspondencia entre los llamados indicadores macroeconómicos y los niveles de pobreza resultantes.

Se observa que el panorama optimista de finales de 1997 fue decayendo en virtud de que a finales de ese año, específicamente en el último trimestre, comenzaron a retroceder los precios internacionales del crudo. Por esta razón, la apertura petrolera comienza a perder su encanto e impulso, dejando entonces de ser atractiva para las empresas transnacionales el esquema de ganancias compartidas.

Para concluir el lapso gubernamental, el modelo económico y sociopolítico muestra dólares caros y petróleo barato producto de la crisis del sudeste asiático que provocó la contracción de la demanda petrolera; se genera un repunte del desempleo y de los índices de desocupación como consecuencia del cierre de importantes operadoras petroleras Así mismo, la inflación persiste como problema a pesar de las medidas fiscales tomadas por el gobierno. Como consecuencia de este escenario y ante la ausencia de propuestas por parte de la clase dirigente desde el Estado para elevar el perfil político que se encontraba severamente debilitado por el recrudecimiento de los problemas socioeconómicos que afectan a la población, los ciudadanos aprovechan la oportunidad que les presenta el sistema democrático mediante las elecciones presidenciales de finales de 1998 y deciden aceptar la propuesta de la llamada “Revolución democrática” con la esperanza de propiciar los cambios sociales, políticos y económicos tantas veces ofrecidos por gobiernos anteriores.

 

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