Efectos redistributivos de la estrategia anti inflacionaria en México: 1982-2001

Pablo Sandoval Cabrera

Resumen: En este trabajo se realiza un análisis sobre la estrategia anti inflacionaria en México desde principios de los años ochenta y como esta estrategia al sustentarse en medidas de corte recesivo (contención salarial y del gasto social) tuvo efectos redistributivos a favor de los grupos de mayores ingresos y en detrimento de los asalariados y los grupos más pobres.

Palabras clave: Recesión, pobreza, desigualdad, equidad, ingreso, inflación.

Introducción.

Desde principios de los años ochenta la implementación de una nueva propuesta de desarrollo -sustentada en la apertura comercial, la desregulación económica y la reducción de la participación del Estado en la economía- se acompañó de la instrumentación de diversas medidas para lograr la estabilización de la economía, buscando con ello resarcir algunos de los múltiples desequilibrios ocasionados por el modelo de economía cerrada y la excesiva participación del Estado en la economía. Entre estos desequilibrios dos fueron especialmente afrontados: la inflación (que en algunos años alcanzó los tres dígitos) y el déficit del sector público.

La transición hacía el modelo de economía abierta desafortunadamente se ha acompañado de ciclos recesivos recurrentes, la mayoría se han manifestado como crisis financieras y de deuda externa. En el período que nos toca analizar, tres han sido los años de inicio de estas crisis, iniciando en 1982 con la llamada crisis de la deuda externa que obligó al país a declarar una moratoria en el pago del servicio de la deuda externa, le siguió la crisis bursátil de 1987 y finalizó con la última gran crisis del siglo XX, la crisis de liquidez de 1995 que tuvo repercusiones mundiales y motivo un urgente rescate del país por parte de gobiernos y organismos internacionales encabezados Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

Las necesidades financieras que se presentaron en estos años obligaron al país a someterse a las exigencias del FMI en el diseño de su política económica. En especial una de las exigencias mayores fue la implementación de rigurosos programas de ajuste, también conocidos como programas de choque, que incluían entre otras medidas, el control de la inflación y del déficit presupuestario del gobierno mediante fuertes reducciones de la demanda agregada acompañadas de políticas de desregulación, apertura comercial y adelgazamiento del Estado.


De esta manera la estrategia de estabilización, que a lo largo de casi veinte años se ha seguido, aunque con algunas variaciones en la priorización de los instrumentos a aplicar, prácticamente se ha sustentado en los mismos argumentos derivados de una concepción teórica también dominante. Dicha concepción concibe a la inflación como un fenómeno esencialmente monetario, de tal suerte que la oferta monetaria y las variables que la determinan se convierte en el objeto focal de tal estrategia.

En un primer momento dicha política se centro en el control de la demanda agregada por la vía de la contención salarial y la reducción del déficit público, tomando como ancla nominal al Tipo de Cambio. De hecho esta fue la visión dominante hasta mediados de la década de los noventa (para el Banco de México hasta este momento no existía en el país formalmente, una política monetaria). En una segunda fase, poco después de la crisis financiera de 1995, se inicia una estrategia centrada en el manejo de otras variables. El inicio de esta nueva fase ocurre con la implementación de un tipo de cambio flexible (libre flotación), y se afianza con la autonomía del Banco de México que se convierte, a partir de entonces, en la institución mandatada legalmente para controlar la inflación (de hecho este es su cometido principal de acuerdo a la legislación que lo regula). Desde este momento la política anti inflacionaria se fortalece con la instrumentación de una política monetaria restrictiva centrada en el control estricto de la oferta monetaria.

Lo que se observa en estos veinte años de vida del modelo Neoliberal (para algunos todavía en proceso de transición) es una férrea política de control de la inflación a cualquier costo, generando efectos redistributivos a favor de un cierto sector de la población y en detrimento de otro. Pareciera evidente que los grupos más vulnerables (de menores ingresos) han sido los que han cargado con los mayores costos sociales y económicos de esta política, de tal suerte que la lucha anti inflacionaria ha tenido, al parecer, (trataremos de corroborarlo) impactos directos e indirectos en el crecimiento de los niveles de pobreza y marginación en México en los últimos años.

La pregunta clave que trataremos de responder es ¿Cuáles han sido los costos sociales y económicos (fundamentalmente) de la estrategia de estabilización en México y qué efectos se han tenido sobre las condiciones de bienestar de la población?.

En este sentido, los objetivos del trabajo de investigación son tres básicamente:

1. Dilucidar los fundamentos teóricos que le han dado sustento a la estrategia de estabilización en México.
2. Evaluar los efectos redistributivos que dicha estrategia ha tenido.
3. Determinar si, a la luz de sus costos y beneficios, dicha estrategia sigue siendo viable.


La hipótesis que tentativamente guiara la presente investigación es la siguiente: “La estrategia anti inflacionaria en México ha tenido efectos redistributivos a favor de los grupos sociales de mayores ingresos, ampliando la brecha entre pobres y ricos”.

Para poder constatar la validez de esta hipótesis seguiremos la siguiente metodología de análisis:

En un primer momento revisaremos la trayectoria que ha seguido la distribución del ingreso en México analizando la información existente con base en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y tomando como indicadores base el índice de Gini, también llamado coeficiente de desigualdad de Gini y calculando igualmente los coeficientes de dispersión decil para los años sujetos a análisis.

En un segundo momento trataremos de dilucidar que factores han sido los determinante de dicha distribución y si existe alguna relación causal con la estrategia antiinflacionario. Partimos del supuesto de que existe una asociación directa en este periodo entre el comportamiento de la inflación y del salario real para el mismo periodo.

La expectativa es que dicha correlación se de, aunque estamos convencidos de que, por sí misma, no es prueba fehaciente de causalidad. Por tal razón, se hace necesaria una revisión de las características que ha asumido la estrategia anti inflacionaria y si en su definición se considera la contención salarial como una medida explícita.






































I. La estrategia de combate a la inflación, su fundamento teórico y sus resultados.

Siempre se ha sostenido en el terreno de la teoría económica que la inflación tiene efectos desestabilizadores en la economía al propiciar cambios en los precios relativos (precios, salarios, tipo de cambio y tasas de interés) en los que se sustentan los equilibrios de los distintos mercados y el equilibrio general.

Debido a las disparidades en los precios relativos de los distintos mercados, altos niveles de inflación propician, también, procesos de redistribución de la riqueza entre los agentes económicos a través de cambios relativos en las participaciones de los salarios, las ganancias del capital y la renta de la tierra en el ingreso de un país.

Se argumenta que son los grupos de asalariados los más afectados por fenómenos inflacionarios debido las restricciones que existen en los mercados de trabajo (contractuales las más importantes) que impiden se de una indexación automática entre salarios y precios cuando estos cambian y además porque son los grupos que destinan una mayor proporción de su riqueza a la adquisición de bienes y servicios básicos, siendo estos bienes los de mayor movilidad en su precio cuando existen fenómenos de inflación recurrente (llamada por algunos inflación inercial).

Por estas razones se argumenta que menores niveles de inflación tienen efectos favorables sobre el bienestar de los grupos más vulnerables al incrementar su poder adquisitivo por consecuencia de una menor inflación.

Sin negar que ello sea válido, cierto es que dichos efectos dependerán esencialmente de cómo se distribuyan los costos (entre salarios, ganancias y rentas) en que se incurre cuando se combate a la inflación, es decir, los llamados costes del ajuste. Si estos costes son soportados por uno u otro sector los resultados serán distintos y los efectos sobre el bienestar también.

En el caso mexicano la estrategia anti inflacionaria implementada a partir de la crisis de 1982 se sustento en medidas de corte recesivo que buscaron desde un primer momento restarle liquidez a la economía para controlar la demanda interna. Dos grandes medidas se implementaron desde un inicio y se repitieron durante prácticamente todo el período: el control de los salarios y la reducción de la participación del Estado en la economía que se expreso en menor gasto e inversión pública.

Fueron diversos programas los aplicados, todos con un notable rasgo ortodoxo , empezando por el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) , los Pactos de Solidaridad Económica (PSE) que agregaron algunos elementos de tipo ortodoxo como los acuerdos o concertaciones entre los distintos agentes económicos para alcanzar metas de inflación acordando alzas de precios, salarios, tarifas de servicios públicos y gasto de gobierno; hasta llegar a los Acuerdos de Unidad Para Reforzar la Emergencia Económica (AUSEE) instrumentados para afrontar la crisis financiera de 1995. Todos ellos surgidos en situaciones críticas para la economía y teniendo como telón de fondo los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, el Bando Mundial y/o el gobierno Norteamericano. No viene al caso analizar exhaustivamente cada uno de ellos baste decir que en todos “se conservan y refuerzan los instrumentos recesivos y contractivos de la demanda interna agregada: 1) la severa restricción de la oferta monetaria y crediticia; 2) la política fiscal contraccionista; 3) el deterioro de los salarios reales” (Calva: 1996; 101). A partir de 1999 la estrategia de combate a la inflación define más su corte monetarista y se sustenta en el manejo del circulante monetario y el crédito interno, en un contexto de tipo de cambio flexible y mayor apertura comercial.










II. Efectos redistributivos: evolución de la distribución del ingreso y la pobreza

1. En torno al concepto de equidad.

Hablar de conceptos como equidad, justicia, igualdad siempre ha sido un tema escabroso y polémico para los economistas, porque se invaden otros campos del saber, como la ética la filosofía y la sociología, por mencionar algunos. En cierto sentido la importancia de la equidad deriva del hecho de que puede ser percibida de diferentes formas y dependiendo de cómo se relacione con los valores sociales de cada comunidad serán la importancia y medidas que se sigan en su consecución.

La equidad está íntimamente ligada con el concepto de desigualdad. El término desigualdad alude al hecho de que un conjunto de magnitudes económicas o de cualquier otra índole, son diferentes. El término inequidad y otros con igual connotación, hace referencia a juicios de valor sobre el perfil de esas magnitudes. Por ello, “la meta de lograr una equidad absoluta no es realista. Más bien los gobiernos deben centrarse en lograr la meta más razonable de ofrecer a todos los miembros de la sociedad un nivel de oportunidades adecuado o aceptable. Usando la terminología del profesor Sen, ello significa suprimir las privaciones absolutas y reducir las relativas”(Tanzi, Vito: 1998).

La desigualdad económica es un hecho real, en el sentido de que los ingresos y la riqueza entre las familias, regiones, países o estratos sociales son dispares en la gran mayoría (si no es que en todos) de los países del orbe. Lo justo o injusto de ese hecho atañe a cuestiones valorativas. Vista desde la óptica normativa, los juicios de valor terminan por ser decisivos para la conclusión y la desigualdad deja de ser simplemente un hecho y pasa a ser una situación que interpretamos a partir de preconcepciones de justicia.

Dependiendo de cuales sean esas preconcepciones de justicia se establecerán diferentes medidas de política económica para alcanzar metas de reducción de la desigualdad . Por ejemplo, para los clásicos la igualdad era en sí misma nociva por dos razones: porque tenía como resultado una disminución de los incentivos para la ganancia y el trabajo, y un aumento de la población, en base a los principios de Malthus (Stigler: 1997). Para los clásicos y los neoclásicos lo justo era que el individuo recibiera una cantidad de renta correlativa a su producto, es decir de acuerdo a su productividad marginal, de tal suerte que las tareas de asignación de la riqueza en una sociedad, desde esta perspectiva debería de dejarse en manos del mercado “la práctica general debe ser laissez-faire; toda desviación de este principio, a menos que se precise por algún gran bien, es un mal seguro”(Ibídem).

Se han desarrollado diversas teorías para determinar que relación existe entre crecimiento económico y distribución de la renta, la más conocida, tal vez, es la hipótesis de S. Kuznets , que establece “que la desigualdad en la distribución de la renta o ingreso aumenta en las primeras etapas del crecimiento económico, cuando la transición de una sociedad preindustrial a una industrial es más rápida; la desigualdad se estabiliza por un tiempo, y luego disminuye en las últimas etapas del crecimiento, dando lugar, según Kuznets, a una curva en forma de “U” invertida que expresa la relación entre una medida de desigualdad, como podría ser el índice de Gini, y crecientes niveles de ingreso per cápita” (Boltvinik y Hernández: 1999, 156) . Es importante comentar que a pesar de estar construido sobre supuestos muy restrictivo - como la existencia de dos sectores uno agrícola y otro no agrícola, con porcentajes de población de 80% y 20% respectivamente, así como diferencias de ingreso per cápita de 2 a 1 a favor del sector no agrícola- el modelo ha confirmado ser un válido referente teórico en los estudios que se han hecho en diferentes países para correlacionar las variables Ingreso y Crecimiento, aun habiendo relajado estos supuestos .


2. Medición de la desigualdad.

En este trabajo no revisaremos pormenorizadamente la relación entre distribución de la renta y crecimiento, enfocaremos el análisis a la búsqueda de evidencias que nos permitan saber si la estrategia de combate a la inflación ha tenido efectos redistributivos en el periodo 1982-2000. Para poder lograrlo necesitamos, en un primer momento dilucidar como ha evolucionado la distribución del ingreso en este periodo, para lograrlo requerimos tener a la mano indicadores sobre dicha distribución.

Existen, afortunadamente, una amplia gama de recursos estadísticos para medir la desigualdad, como expresión de la distribución de la renta entre los distintos estratos de una sociedad. Entre estos, utilizaremos dos: el coeficiente de desigualdad de Gini y el Coeficiente de dispersión decil (Banco Mundial: 2002, 26).

a) Coeficiente de desigualdad de Gini. Es el indicador de desigualdad más común. El coeficiente varia entre 0, que refleja una igualdad total, y 1, que indica una desigualdad total (una persona tiene toda la renta o el consumo y las demás no tienen nada). Este coeficiente puede representarse gráficamente mediante el área de la curva de Lorenz y la línea de igualdad. Si cada individuo tuviera la misma renta (igualdad total), la curva de distribución de la renta sería la línea recta del gráfico, es decir, la línea de igualdad total. Dicho coeficiente se calcula como el área “A” dividida entre las áreas “A” y “B”. Si la renta está distribuida de forma igualitaria, la curva de Lorenz y la línea de igualdad total coinciden, en cuyo caso el coeficiente de Gini es 0. Si un solo individuo recibe toda la renta, la curva de Lorenz pasa por los puntos (0,0), (100,0) y (100,100), y las superficies de las áreas A y B son similares, con lo que el coeficiente de Gini tiene el valor de 1. Una de las críticas que se le hacen a este indicador deriva del hecho de que penaliza cualquier cambio en la concentración, aunque esta se de a partir de una transferencia de renta de los estratos superiores hacia los inferiores. Otra desventaja es que no es acumulativo de los grupos, en el sentido de que su valor total no es equivalente a la suma de los coeficientes de Gini de los grupos o subgrupos. .















El índice de Gini se calcula mediante la siguiente formula.
n-1 n-1
G =Σi=1 (Pi – Qi)/ Σi=1Pi

Siendo:

Pi= Representa el acumulado de la proporción que cada observación representa dentro del total (pi).

Qi= Representa el acumulado de la proporción de la variable perteneciente a cada unidad.

Su valor mínimo que es cero se alcanza cuando Pi=Qi para todo “i”. Es decir su valor es nulo cuando la variable (ingreso, consumo u otras) se distribuye democráticamente entre todas las unidades. Su valor máximo es uno y se llega a él cuando Q1=Q2=Qn-1=0, es decir, G será igual a la unidad si el valor total de la variable le corresponde sólo a una de las observaciones (Cortés y Rubalcava: 1984; 53).

b) Coeficiente de dispersión decil. Este indicador presenta el coeficiente de la renta o consumo medidos del 10% más rico de la población dividido entre la renta media del 10% más desfavorecido. El mismo se puede calcular para otros percentiles, por ejemplo; la división del consumo o ingreso medio del 5% más rico entre el consumo o ingreso medio del 5% más pobre. Con este coeficiente se puede expresar la renta de un estrato determinado como múltiplo de la renta de otro.

Son estos instrumentos estadísticos los que utilizamos para medir la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares para los años 1982-2000, utilizando la información relativa a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publica.

Es importante mencionar que la encuesta se aplica a una muestra de hogares en dos zonas clasificadas como de alta y baja densidad. Las zonas de alta densidad de población están constituidas por localidades mayores a 15 mil habitantes pertenecientes a alguna de las 12 áreas metropolitanas del país: (Ciudad de México, Orizaba, Torreón, Guadalajara, Monterrey, León, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tampico.

La zona de baja densidad está formada básicamente por municipios que alojan localidades menores de 15 mil habitantes, incluyendo las zonas rurales de municipios con alta densidad pero cuentan con localidades menores de 2500 habitantes y/o que se dedican a la ganadería o actividades forestales.
(Véase ENIGH-INEGI en www.inegi.gob.mx).

Es por esta razón que la ENIGH, aún siendo una fuente importante (tal vez la más importante) presenta problemas de sub-reporte, entre otras razones, porque su información sobre el Ingreso y Gasto de los hogares no es siempre compatible con los agregados que reportan las cuentas nacionales. A pesar de ello, como toda información muestral que cumple con los requisitos de representatividad estadística, es una fuente de información que permite derivar inferencias sobre las características de la población. Pero además por esta misma razón utilizamos otro tipo de variables para analizar el problema que aquí hemos planteado referente a los efectos redistributivos de la estrategia antiinflacionario en México.

3. Efectos Redistributivos: en busca de evidencias.

Comportamiento de Salarios y Precios: primera evidencia.

Actualmente el salario mínimo general sigue siendo un indicador fundamental para conocer la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso en México, la mayoría de las relaciones contractuales entre empleados, obreros y empleadores (entre trabajo y capital) se dan sobre la base del salario mínimo.

Lo primero que se observa al revisar la serie histórica de la tasa de crecimiento del salario mínimo real es su caída constante durante todo el período, a excepción de los años (1994, 1998 y 2000) en donde se da una mínima recuperación del mismo.

De acuerdo a diversos cálculos de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios hasta el año 2000, tomando como referente el salario de 1980, es de alrededor de un 75%, en otros términos, con un salario mínimo en el 2000 sólo era posible comprar el 25% de la canasta básica de 1980.

Este hecho también se reflejo en la participación que tuvieron los salarios en el Producto Interno Bruto. Al respecto se observa una caída constante de los mismos, ya que mientras en 1976 representaban el 40% del PIB, en 1982 su participación se redujo al 35%, en 1990 llego al 25%, cerrando en un 18% para el año 2000; esto es, menos de la mitad de la participación observada en el año de 1976. (EH-INEGI)

Las cifras parecieran contundentes respecto a la tendencia en la concentración del Ingreso en detrimentos de los grupos sociales asalariados y a favor de los no asalariados, rasgo que más adelante corroboraremos.

Comparando las tendencias del salario real con la tasa de crecimiento del índice de precios de la canasta básica se observa una relación directa entre altos niveles de inflación con altos niveles de caída en el salario real, particularmente en la década de los ochenta en donde se dieron niveles de inflación mayores a 2 dígitos que se acompañaron con tasas de decrecimiento del salario mínimo real mayores al 10% para alguno años. Particularmente en los años de mayor inflación en los precios de los bienes de la canasta básica (1983,1987 y 1988) se observan caídas significativas del salario mínimo real (Ver Cuadros 1, 2 y Gráfica 1) de hasta 15 puntos.

Es importante resaltar que en la década de los noventa en ninguno de los años la inflación pasó de dos dígitos, siendo el año crítico 1995 al registrar una inflación de 41 por ciento asociada con una caída del salario real de 12.89 por ciento, la mayor para este periodo; la razón es clara, este fue el año de la última crisis financiera. Se observa asimismo, que en los años de menor inflación; 1994, 1998 y 2000 con incrementos de 7.37, 15.46 y 8.74 por ciento, respectivamente, fueron los únicos en los que la tasa de crecimiento del salario mínimo real fue positiva –aunque mínima- (sólo en el 2000 alcanzó el 10.1 por ciento de recuperación, para los otros 2 años el crecimiento fue inframarginal, es decir, menor a una décima de punto). (Cuadros 1, 2 y Gráfica1).

La asociación analizada entre la tasa de crecimiento del salario real (la mayoría de los años negativos) la tasa de crecimiento del índice de precios de la canasta básica (positiva y de 2 y hasta 3 dígitos para algunos de los años) pareciera dar iniciales evidencias del efecto redistributivo de las políticas de control de la inflación de tipo ortodoxo –recesivo- aplicadas en México en los últimos 20 años- en detrimento de los asalariados.

Ello se constata y refuerza con la pérdida de peso relativo (mayor al 50% de 1976 al año 2000) que ha sufrido el salario en su participación en el PIB del país en dicho periodo.

En otras palabras, lo que estamos corroborando, en un primer análisis, es que la carga del ajuste económico recayó esencialmente en los asalariados, los cuales conforman los estratos de menor ingreso de la sociedad, como en seguida veremos.

Distribución del Ingreso: segunda pesquisa de evidencias.

Analizando la trayectoria seguida por la distribución del ingreso para algunos años seleccionados de 1977 a la fecha, con base en el índice de Gini, nos damos cuenta que al parecer la concentración del ingreso ha tenido un comportamiento irregular pero creciente a partir de 1983. En este año el índice alcanzo un valor 0.4449 unidades, tuvo una ligera caída en 1984 y creció de manera constante hasta1994 año en que tuvo un valor de 0.4558 y subió a 0.4811 en el año 2000.

Recordemos que el valor de este estadístico oscila entre “0” (menor concentración) y “1” (mayor concentración) y por sí mismo dice mucho en tanto más se acerque a los extremos, en tanto no es literalmente apropiado hablar de un nivel de concentración intermedia del ingreso. Sin embargo, lo que se observa y es importante destacar es que su valor si se ha movido al alza durante el período de análisis, lo que es indicativo de cambios en la concentración del ingreso.

Para saber en que sentido se dieron esos cambios es necesario realizar una evaluación de la distribución del ingreso por deciles, combinándolo con el cálculo y revisión de coeficientes de dispersión decil. Al respecto calculamos los coeficientes de dispersión decil para ver la relación proporcional del menor decil con el mayor por una parte, y de dos deciles más bajos con relación a los dos más altos (Ver cuadros del 6 al 17 y Gráfica 2)

Los resultados de la Encuesta del Ingreso-Gasto familiar, para los años sujetos a análisis, indican una constante concentración del ingreso de los estratos (deciles) superiores, en detrimento de los estratos de menores ingresos. Para todos los años (Excepto 1984) el Ingreso del 20% más rico equivalió a más del 50% del ingreso nacional, siendo el 2000 el año de concentración mayor en estos estratos, lo que naturalmente coincide con el valor más alto del coeficiente de Gini para este periodo que fue de 0.4811. En tanto el periodo de participación menor en el ingreso para el 20% más pobre fue 1983 con una participación de 4%, seguido de los años 1998 y 2000 con participaciones del 4.16% para ambos años.

Las mediciones del coeficiente de Gini y el análisis por deciles de la participación del ingreso de los hogares, parecieran arrojar evidencias de una distribución desigual del ingreso aunque no notablemente creciente, sí constante para este periodo de implementación de programas de estabilización de corte ortodoxo.

Un fenómeno destacado que se puede clarificar cruzando los datos de tasa de inflación, tasa de crecimiento del salario mínimo real y distribución del ingreso, es que en los años de menor inflación y de recuperación marginal del salario mínimo real, que fueron los años 1994,1998 y 2000, el coeficiente de Gini alcanzó los valores más altos del periodo (0.477, 0.4761 y 0.4811) respectivamente y como es de esperarse la participación del decil (X) superior en la distribución del ingreso también fue la mayor, equivalente al 38.42, 38.11 y 38.7 por ciento para estos tres años respectivamente. En contrapartida la participación del decil inferior (I) fue de las más bajas del periodo. (Cuadros 6 a 17 y Gráfica 2).

El cálculo de los coeficientes de dispersión decil hace más evidentes las dispersiones que se dan entre los estratos más altos de Ingreso con relación a los más bajos.

Nuevamente saltan a la vista las grandes disparidades, las que casualmente son mayores en los años 1994,1998 y 2000. Revisando el coeficiente de dispersión decil del 10% más rico relacionado con el 10% más pobre se constata que la riqueza del 10% más rico es 25.4 veces mayor que la riqueza del 10% más pobre en los años de 1998 y 2000, en los cuales se registra la mayor disparidad. En los mismos años pero calculando la relación de riqueza del 20% más rico con relación al 20% más pobre el coeficiente indica que el 20% más rico disfruta de un ingreso 13 veces más grande que el 20% más pobre. En contrapartida los años en los que se observan las menores disparidades son 1984 y 1996 en los que, de acuerdo a los coeficientes de dispersión decil, se destaca que la riqueza del 10% más rico es 19 y 20 veces más grande que el 10% más pobre, respectivamente. En tanto la riqueza del 20% más rico es 10.24 y 11 veces la riqueza del 20% más pobre.

Otro rasgo interesante que destaca al agrupar los porcentajes de ingreso por grupos de deciles es que para todo el periodo analizado (exceptuando 1984) la proporción de ingreso nacional que disfruta el 20% más rico es incluso mayor a la riqueza que está en manos del restante 80% de los hogares mexicanos.

Un dato adicional que ayuda a entender el origen de estas disparidades en la distribución del ingreso de los hogares mexicanos y que fortalece las tendencias hasta aquí observadas, es el relativo a la distribución de la población ocupada por nivel de ingreso (medido en número de salarios mínimos). En relación a este indicador se observa que entre un 80 y un 85% de la población ocupada recibe entre cero y tres salario mínimos, en tanto entre el 1.6 y el 2.2 por ciento de la población ocupada percibe más de 10 salarios mínimos, lo anterior para los años 1991 a 1999. Nuevamente como lo hemos apuntado las disparidades en los ingresos del personal ocupado, que son en esencia, los que explican el ingreso de los hogares, están fuertemente polarizadas y son como veremos más adelante un componente importante en la explicación de la pobreza que ha vivido el país, con mayor agudeza en los últimos 20 años.
Bajo cualquier conservador criterio valorativo –axiológico- se estará de acuerdo en que la distribución del ingreso en México es altamente desigual, desgraciadamente no existen datos más desglosados para refinar el análisis, pero es muy probable que haya incluso fuertes disparidades en la distribución del ingreso al interior de cada decil, es decir, no solamente hay pobres y ricos, si no pobres en condiciones extremas y “ricos muy ricos”.

Solamente agregaremos unas observaciones más tratando de proyectar los resultados de este apartado hacia la hipótesis que deseamos corroborar. Lo que hemos sostenido hasta este punto es que el coste de la estrategia de combate a la inflación durante los últimos 20 años ha recaído en los estratos de ingresos más bajos representados básicamente por los asalariados. Hemos tratado de demostrar también, como dichos costes se han reflejado en una caída constante (aunque irregular) del salario mínimo real durante todo el periodo, y en el mismo sentido acabamos de constatar que la dispar distribución del ingreso entre los hogares mexicanos a favor de los niveles de mayor ingreso es otra evidencia de los efectos redistributivos de la mencionada estrategia, en este sentido hemos tratado de constatar lo que aparece en la declaración de la estrategia antiinflacionario por parte de los hacedores de la política económica al indicar en todos los programas ( antes mencionados) que su fundamento es la contracción de la demanda interna agregada por la vía de la contención salarial y reducción del gasto público y las evidencias hasta aquí presentadas a punta a que así ha sido. En consonancia con lo anterior apuntaremos una evidencia más sobre los efectos mencionados, la evolución de la un indicador más rico, aunque más complejo, y que esta funcionalmente relacionado con la distribución del ingreso y la riqueza, me refiero a los niveles de pobreza registrados en el país en el mimo periodo.

a) Evolución de la pobreza en México 1984-2000.

El tema de la pobreza siempre ha sido terreno fértil para el debate no solamente del entendimiento y definición del término sino también de su medición. Se acepta en principio que es un concepto multidimensional que rebasa la consideración de la disponibilidad de satisfactores para abarcar aspectos de tipo institucional y de desarrollo humano.

Sin expandir demasiado la discusión sobre la definición y medición de la pobreza es justo mencionar algunas de las aportaciones que el profesor Amartya Sen ha hecho al respecto y que ha sido de la mayor influencia y reconocimiento. En un excelente trabajo que publico en 1978 desarrollo un marco analítico muy pertinente y adecuado para identificar los factores determinantes de la pobreza –aunque fue desarrollado en forma especifica para el análisis del hambre y, en particular, de las hambrunas- es el de titularidades… se refiere a “la habilidad de las personas para comandar alimentos a través de los medios legales disponibles en una sociedad, incluyendo el uso de las posibilidades de producción, comerciales, titularidades vis a vis el Estado y otros métodos” (Ibid, p. 45).
“El conjunto de titularidades posibles de una persona depende de sus parámetros: su dotación inicial y el mapa de titularidades de intercambio con la naturaleza y con otras personas”23 (Ibid, p.46). Este es instinto, un esquema muy útil para entender los determinantes de la pobreza con un enfoque multidisciplinar, por ejemplo el deterioro de los salarios en México durante los 20 años que aquí analizamos equivale a una perdida de gestión en el mapa de titularidades de intercambio de los asalariados y que se traduce en un aumento de la pobreza.

Sin ahondar más en los debates sobre la definición y medición de la pobreza, aquí analizamos el comportamiento de la llamada “Pobreza de Ingreso” que tiene como determinantes la falta de ingresos mínimamente suficientes para poder solventar el costo de satisfacción de las necesidades básicas. Así se habla de líneas de pobreza a partir del establecimiento de “montos mínimos que permiten a un hogar disponer de recursos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de sus miembros”, (Verdeja: 2001, 62) en términos de requerimientos nutricionales establecidos por organismos internacionales.

A partir de estos criterios se definieron 3 grandes grupos poblacionales (Ibid p. 68)

• Hogares en pobreza extrema: cuando el ingreso total del hogar es menor al valor de la canasta alimentaría, es decir, los ingresos totales del hogar no son suficientes, para atender las necesidades alimentarías del grupo familiar.
• Hogares intermedios: cuando el ingreso del hogar es superior al valor de la canasta alimentaría, pero inferior a dos veces dicha cantidad.
• Hogares con nivel de bienestar superior al intermedio: cuando el ingreso del hogar es mayor a dos veces el valor de la canasta alimentaría.


La ventaja de utilizar el método de los ingresos en la estimación de la pobreza es que permite continuar tomando como referencia la información sobre Ingreso y Gasto de los hogares, obtenidas en la Encuesta de Ingreso y Gasto de los hogares mexicanos.

Analizando las estimaciones sobre la magnitud de la pobreza en cualquiera de sus grupos, se sostiene una tendencia creciente de 1984 al año 2000. (Ver cuadro 16)

Revisando la evolución que ha tenido la extrema pobreza, tanto en número de hogares como en población, resalta un fuerte crecimiento de ambos.

El número de hogares en extrema pobreza crece de un inicial de 1.6 millones de hogares en 1984 a 3 millones para el año 2000. Igual tendencia se observa en la trayectoria del total de pobres, que crece, de un total de 11 millones en 1984 a 19.4 millones en el año 2000 (Cuadro 16), es decir, el crecimiento fue de 43% en el número de pobres de 1984 al año 2000.

La información nos muestra que el crecimiento de la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales en comparación con las urbanas, pero además la cantidad de pobres es mayor en estas zonas a pesar de ser las áreas urbanas las de mayor concentración de población: en promedio para todo el periodo, alrededor del 60 del total son de origen rural.

Si relajamos el criterio de ingreso para ampliarlo hasta los niveles intermedio el número de pobres se mueve en un rango que va de 30.4 millones en 1984 a 46.8 millones en el año 2000, que es aproximadamente, el número de pobres que se calcula existen en el país de acuerdo a estimaciones de la propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Se observa también que el número de pobres de zonas urbanas se incrementa para los rangos de pobreza intermedio y superior, es decir, en la medida en que el nivel de ingreso se amplia, el número de pobres en el medio rural decrece y se amplia la cantidad de pobres de niveles intermedio y superior en las zonas urbanas. (Cuadro 16)

De cualquier forma y en línea con las evidencias hasta aquí expuestas se manifiesta un fenómeno de redistribución del ingreso que se traduce en mayores niveles de pobreza, los que crecen en forma considerable en el periodo de ajustes recesivos y continuos, aplicados por el gobierno federal para controlar la inflación.















CONCLUSIONES

Desde nuestra perspectiva y de acuerdo a las tendencias que se observan en la tasa de crecimiento real de los salarios, la reducción de los mismos en su participación en el PIB, así como la evolución de crecimiento en la concentración y polarización del ingreso y los también crecientes niveles de pobreza confirman la existencia de efectos redistributivos de la estrategia antiinflacionario a favor del capital y las ganancias y en detrimento de los asalariados.

La línea de análisis establecida nos permitió, en un primer momento, constatar la aplicación de una política contractiva del salario como medida fundamental para lograr una reducción sistemática de la Demanda Interna Agregada tal y como se establece en la declaratoria de los distintos programas de ajuste implementados a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Este estudio arroja, sin lugar a dudas, un primer conjunto de evidencias; sin embargo reconocemos que es necesario ampliarlo para integrar al análisis otro tipo de variaciones como la evolución del gasto público (que es otro componente importante en la explicación de la demanda interna agregada) que estamos seguros fue fuertemente reducido y tuvo también efectos en la redistribución del ingreso. No fue objetivo de este trabajo el análisis intersectorial y la integración de variables de género y región entre otras para tener una imagen más profunda y especifica del fenómeno estudiado.

De cualquier forma el estudio permite inferir varias recomendaciones de política económica que creo es necesario mencionar:

1.- El estudio arroja evidencias muy claras de que el coste del ajuste recayó fundamentalmente en los grupos de asalariados. Ello se reflejo en una pérdida de participación relativa de los salarios en el PIB nacional cercana a un 50%, en la pérdida de poder adquisitivo de los mismos en cerca de un 70% de los últimos veinte años; en una mayor concentración y polarización de los ingresos y en un crecimiento inusitado de la pobreza y de la extrema pobreza.

2.- Queda claro también que los efectos de los programas de ajuste en el bienestar de los grupos más vulnerables sobre paso el límite de la sobrevivencia de grandes masas poblacionales y ello se reflejo en el crecimiento de la pobreza extrema y de la cantidad de personas que no recibe ingresos. Y aunque no dimos indicadores sobre la economía informal y el desempleo existen estudios que muestran un crecimiento también sorprendente de este sector, llegando a representar para el caso mexicano cerca del 25% del producto interno generado en los últimos años con similar participación en la generación de empleos.

3.- Justo es decir que ninguna estrategia de desarrollo puede sostenerse así de manera indefinida si las recías medidas de contracción del mercado interno no se compensa con mayores montos de inversión pública y privada que garantice y amplíen el número de empleos. Tarde que temprano a la mayor marginación social generada le corresponderá una agudización del los problemas sociales (criminalidad, drogadicción, narcotráfico, delincuencia, entre otros) y en general una mayor descomposición social.

4.- Los defensores de la estrategia ortodoxa de control de la inflación sostenía que el costo social del ajuste vendría ha ser transitorio y que una vez logrado el crecimiento de la economía que se daría en consecuencia, permitiría una mayor y más justa repartición de los beneficios; al parecer esto no se ha cumplido en el caso de México, el proceso ha sido largo (cerca de 20 años) y los beneficios reflejados en una recuperación real de salario han sido casi nulos y por el contrario la concentración del ingreso se ha agudizado en los últimos años.

5.- Finalmente, los resultados del modelo de apertura (llamado Neoliberal) implementado en México desde hace ya 20 años, no parece ofrecer mejores oportunidades de desarrollo para los grupos más vulnerables, por el contrario la depauperización de estos grupos cada vez es mayor, por esta razón fundamental una recomendación derivada del estudio realizado apuntaría hacia la reflexión en torno a que estrategia de desarrollo puede ofrecer mejores oportunidades de crecimiento para todos, es decir, habría que repensar el modelo desde nuestra perspectiva.



























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