Exclusión Social, más allá de la pobreza. El caso de Andalucía

Mónica Domínguez Serrano

RESUMEN En la presente ponencia tenemos un doble objetivo. De una parte, se trata de hacer una reflexión sobre los conceptos de pobreza y exclusión, sus similitudes y diferencias, su alcance y su evolución. De otra, se pretende hacer una breve referencia al caso de Andalucía también desde una doble perspectiva: se presenta de forma resumida la coyuntura de la región española en relación a las principales variables relacionadas con la pobreza y exclusión y, junto a lo anterior, se realiza un análisis de las causas de la situación y de las medidas políticas adoptadas a efectos del paliarla.

PALABRAS CLAVE

Pobreza, Exclusión Social, Andalucía

 
1. Introducción.

La exclusión social es un fenómeno que supera el concepto de pobreza. En un momento como el actual cada vez es más preocupante el hecho de que existan personas no ya pobres económicamente sino excluidas de todo proceso socioeconómico.

La superación de la cuestión económica cobra especial importancia en sociedades con altos niveles de desarrollo. Es en este contexto donde situamos nuestro análisis.

En la región andaluza, donde encontramos los menores niveles económicos nacionales, se observan también las mayores tasas de exclusión social.

Con el presente trabajo se persigue, de una parte, reflexionar sobre los conceptos de pobreza y exclusión y, de otra, observar el caso de Andalucía. En este sentido el segundo epígrafe hace referencia al origen del concepto de pobreza y su lógica evolución hacia la consideración de nuevas dimensiones de índole no únicamente económica sino social. En tal evolución surge el concepto de exclusión. En el epígrafe 3 se hace referencia al caso andaluz. En primer lugar se presenta un breve escenario descriptivo de la situación de la región para, a continuación, hacer referencia al escenario político desarrollado al respecto. Por último se presenta un cuarto apartado con las principales conclusiones del trabajo.


2. ¿Pobreza o Exclusión?

A lo largo del pasado siglo, muchos han sido los que se han preocupado por el tema de la pobreza. Podríamos remontarnos al primer tercio del siglo XX para ver los primeros estudios sociológicos relativos a esta realidad. No obstante, han sido distintas las perspectivas desde las que se ha ido considerando. Por una parte está la evolución del concepto en sí, que va desde la concepción de la relación que se establece entre la pobreza y el desarrollo de un territorio, a la adquisición progresiva de un carácter multidimensional, en el que lo que interesan son las implicaciones de la pobreza, las manifestaciones de desigualdad social y marginación (que en enfoques posteriores se transformará definitivamente adoptando su denominación actual: exclusión) ; y por otra, los distintos enfoques adoptados para la medición del fenómeno, pasando del protagonismo de los enfoques absolutos al predominio del enfoque relativista. En España, los pioneros en la medición de la pobreza, tal como es entendida ahora, son Ruiz-Castillo (1987) y Bosh, Escribano y Sánchez (1989), que dan un salto cualitativo al introducir la metodología europea y considerar la perspectiva de la distribución territorial.

Desde mediados de los años ochenta, el análisis de la pobreza en España adquiere una nueva dimensión. Resultado del progresivo acercamiento de nuestro país al resto de los países europeos, empieza a utilizarse la misma metodología de estudio, a considerarse a la pobreza de un modo mucho más amplio, hasta el punto de que el objeto de interés central ya no es la pobreza en sí, sino las políticas y estrategias necesarias para combatir esta situación de pobreza.

Si tuviéramos que sacar un denominador común a todas estas definiciones, sin duda sería el marcado carácter economicista. Desde sus orígenes, la pobreza se ha venido identificando con carencia de medios económicos, más aún, con escasez monetaria.

Leyendo la definición de pobreza que da la Real Academia de la Lengua Española nos encontramos con algo curioso, no hace alusión a ningún criterio económico y, por supuesto, mucho menos, social. Encontramos que pobre es el “que no tiene lo necesario para vivir”. Se hace referencia al concepto de necesidad, pero en ningún caso se estipula que ésta sea de tipo económico.

Amartya Sen es quien introduce en el pensamiento económico la consideración de que la pobreza debe empezar a ser medida más que por el nivel de ingresos que recibe el individuo, por lo que éste es capaz de hacer con estos ingresos, por sus capacidades.

Esta es la idea de base en que sustentamos nuestro estudio. No cabe duda de la relevancia de lo económico dentro del análisis de la pobreza, sin embargo, se impone el dar un paso más y empezar a incluir definitivamente cuestiones tales como la salud, la educación, el derecho a una vivienda...factores todos estos cuya consideración parece lógica, pero respecto a los cuales se sigue observando una doble debilidad, por una parte, en relación a su aceptación por el conjunto de la sociedad y, por otra, en cuanto a verse reflejada en las políticas económicas y sociales llevadas a cabo en nuestro país, como veremos más adelante.

El II Programa de Lucha contra la Pobreza en la Unión Europea define al pobre como “aquella persona, familia o grupo cuyos recursos –materiales, culturales y sociales– son tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de vida aceptable en los Estados miembros en los que viven”.

La alusión a la renta no es directa, pero se puede intuir. Por tanto, nos estamos refiriendo a grupos cuyo nivel de renta difiere, por debajo, de la situación media.

Son dos las perspectivas desde las que se puede ahondar en el estudio de la pobreza: objetiva y subjetiva.

 Los enfoques objetivos son aquellos que utilizan como fuente de información variables económicas objetivas, como pueden ser el nivel de ingreso o de gasto. Dentro de esta metodología de análisis nos encontramos las utilizadas por la UE y la OCDE, que consideran pobres a los hogares cuyos ingresos son inferiores al 50% de la Renta Familiar Disponible Neta (RFDN) por habitante, aunque cada una utiliza una escala de equivalencia y ponderación de los miembros del hogar.

 Los enfoques subjetivos son los que miden la pobreza a través de las opiniones de los encuestados. Así, encontramos el método Deleeck y el método Leyden, que se basan en el establecimiento de un mínimo de ingresos que los encuestados consideran necesario.


Un segundo criterio de clasificación es el que distingue entre:

 La pobreza absoluta, que hace referencia a una situación en la que la persona carece de una serie de recursos para satisfacer las necesidades que se establecen como básicas para llevar una vida diga (alimento, vivienda, educación, atención sanitaria...). Se suele utilizar para medir la pobreza en los países menos desarrollados.

 La pobreza relativa, se refiere a situaciones en las que la persona recibe comparativamente menos que el resto de la población. Se trata de una medición de desigualdad entre semejantes con respecto a la distribución de los recursos. Es utilizada principalmente en los países más desarrollados, donde la mayor parte de la población tiene satisfechas sus necesidades básicas.


En este enfoque, donde se realiza una comparación, se establece que son pobres los que se sitúan por debajo de un determinado porcentaje del gasto o ingreso medio de un país, en general, el 50%. Así se habla de línea de pobreza o umbral de pobreza.

En base a donde se fijen estas líneas podemos establecer una tipología de pobreza:
 Pobreza relativa:
● Precariedad social o económica, comprende aquellas personas cuyos ingresos/gastos se sitúan entre el 35% y el 50% de la media nacional.
● Moderada, aquellos cuyos ingresos/gastos se sitúan entre el 25% y el 35% de la media nacional.

 Pobreza severa:
● Grave, aquellos cuyos ingresos/gastos se sitúan entre el 15% y el 25% de la media nacional.
● Extrema, los que tienen unos ingresos/gastos por debajo del 15% de la media nacional.


Hay que llamar la atención respecto de un segundo término que aparece en los modelos de pobreza a nivel europeo, el de exclusión social. Como veíamos, el ámbito de actuación que se le atribuía tradicionalmente a la pobreza, ha ido ampliándose, pasando de una concepción puramente monetaria a una en la que se tienen en cuenta otros aspectos que se engloban, en un primer momento, en el concepto marginación. Si entendemos ésta desde un punto de vista de aislamiento y separación de una persona en el trato social, tal como define el diccionario, podemos observar cierta similitud con lo que entendemos por exclusión. Precisamente éste es el paso que dan los países europeos, sustituyen en las últimas décadas, de forma definitiva, un término por otro.

La Academia define la exclusión como el hecho de negar la posibilidad de alguna cosa. Esta definición se acerca más al objeto de nuestro estudio. Nos interesa la idea de considerar excluido al “estar fuera de un proceso”, sí, pero también al hecho de encontrar un obstáculo a la entrada. Es decir, se trata de recoger, junto a la visión estática de la marginación -estar fuera-, la visión dinámica -imposibilidad de entrar, de incluirse-.

Tenemos dos conceptos, pobreza y exclusión, que presentan dificultades en cuanto a su límite. La tarea se vuelve compleja cuando tratamos de definir el ámbito que comprende cada uno de ellos. En muchas ocasiones, ambos son utilizados como sinónimos cuando en realidad hacen alusión a realidades distintas. ¿Que tienen en común ambos términos? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es más amplio? Sin duda, como paso previo a nuestro análisis, resulta imprescindible tratar de dar respuesta a estas cuestiones y delimitar qué entendemos por pobreza y qué por exclusión.

No obstante, no constituye nuestro objeto de estudio el hacer un análisis exhaustivo de la etimología y desarrollo teórico de ambos términos sino, más bien, el de definir qué entenderemos como tales en lo que sigue.

Para nosotros, el concepto de exclusión supera al de pobreza, en el sentido que recoge aspectos económicos, pero también sociales. Es un concepto multidimensional que, como señala el Informe 8 del CES , engloba las causas y los efectos de la pobreza. Por tanto, podemos hablar de que existen personas que no son pobres y sin embargo están excluidas, mientras que en sentido contrario no se produce esta correspondencia, pues si alguien es pobre, se considera excluido en el sentido que no se encuentra en situación de igualdad con el resto de ciudadanos.

En palabras del III Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza (Pobreza-3) –donde se sustituye por primera vez el término de pobreza por el de exclusión social– “el problema no es ya solamente el de desigualdades entre la parte alta y la parte baja de la escala social (up/down) sino también el de la distancia, en el cuerpo social, entre los que participan en su dinámica y los que son rechazados hacia sus márgenes (in/out)”.

En concreto, consideraremos que una persona está excluida siempre que se le niegue algún derecho, siempre que se encuentre ante cualquier tipo de situación que le impida tener cubiertos sus derechos o que le impida tener acceso a los mismos.

Merece la pena, en este punto, detenernos a reflexionar. Hasta ahora hemos venido enmarcando nuestro análisis en el contexto de los países más desarrollados, es decir, hemos venido considerando que la exclusión social viene determinada por la privación de derechos tales como la educación, la vivienda, la salud...en definitiva, por derechos básicos del estado de bienestar. Esta posición parece lógica puesto que nos encontramos en una zona privilegiada, donde el resto de derechos humanos se suponen cubiertos. Sin embargo, no conviene olvidar que por exclusión, y por tanto como excluidos, debemos considerar un conjunto mucho más amplio. No podemos obviar que la inmensa mayoría de habitantes del planeta, además de atravesar importantes situaciones de pobreza económica, vive permanentes formas de exclusión, basadas en la imposibilidad de acceder a derechos fundamentales como la libertad o la igualdad, fruto de la conjugación de diversos factores culturales y sociales como pueden ser los radicalismos religiosos o los regímenes autoritarios que privan a la humanidad de sus derechos políticos y civiles.

A efectos de nuestro análisis, dado que se sitúa en el contexto europeo, consideraremos que están en situación de exclusión todas las personas que, viviendo en nuestro país, no tengan cubiertos o no tengan acceso a los derechos básicos establecidos en la Constitución Española: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político -como se establece en su Articulo 1-. Para cumplir lo anterior, la persona debe tener derecho a educación, propiedad privada, trabajo y elección de oficio, protección social, económica y jurídica, asistencia y prestaciones sociales, salud, cultura y vivienda digna .

Resulta difícil medir la exclusión. No son muchos los estudios que incluyen otras variables junto a la económica en la determinación cuantitativa de la realidad social, si bien es cierto que desde mediado de los ochenta existe una tendencia a su incorporación en los análisis. Los principales estudios sobre pobreza a nivel nacional, basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares, se limitan a profundizar en variables de ingreso y gasto. Hay varios motivos para que esto sea así: el primero de ellos es la dificultad de medición de un fenómeno tan complejo, hablamos de multitud de factores que inciden en su determinación, y esto no resulta fácil de integrar en un modelo. Junto a este factor, aparece la escasez de fuentes estadísticas capaces de aportar datos útiles para la elaboración de un análisis riguroso, únicamente la Encuesta de Presupuestos Familiares y el Panel de Hogares de la Unión Europea suministran alguna información relativa a vivienda o a salud que pueden ser utilizados.

No constituye, tampoco, el objeto de este estudio el establecer una metodología que nos permita realizar una medición adecuada del fenómeno de la exclusión social, para, de esta manera, realizar un diagnóstico mucho más preciso, que nos permitiera poner en marcha políticas acordes con las necesidades reales. Sería interesante, sin embargo, para posteriores estudios, profundizar en este aspecto y lograr establecer una visión integradora de ambos conceptos: pobreza y exclusión.

En definitiva, lo que nos va a permitir entender la diferenciación de estos dos conceptos es la idea que subyace y va a resultar clave a la hora de determinar las situaciones de exclusión, que es, como señala la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de Vida y Trabajo , la posibilidad o no de la persona de participar en el conjunto de la sociedad.


3. La exclusión social en Andalucía.

3.1. Estado de la cuestión.

La exclusión social no es un problema nuevo en nuestra región, aunque al tratarse de un fenómeno complejo, aún se desconoce parte de su naturaleza.

De la exclusión social se han preocupado distintos ámbitos: académico, político, institucional…; cada uno con una perspectiva propia, sin embargo, la coincidencia es unánime en torno al hecho de que la exclusión es un fenómeno complejo, que se gesta a través de la relación de factores dependientes entre sí en el seno de procesos sociales, que tiene, por tanto, un carácter dinámico y que se concentra en espacios diferentes.

La consecuencia de los de procesos de exclusión no es únicamente la pobreza económica que sufren los hogares o las personas, se trata de algo más trascendental tanto para ciudadanos como para sociedades; se trata de carecer de un espacio, de no poder acceder a los circuitos de participación, en definitiva se trata de estar situado fuera de la sociedad. En este sentido, la pobreza se puede considerar un problema social más estático y menos complejo, con una incidencia indudablemente grave sobre el grupo de población afectado, pero que no impide por si sola la participación en la sociedad. La exclusión sin embargo es más dinámica, es una trayectoria que se recorre de distinto modo según los diferentes ciudadanos y que tiene unas consecuencias singulares, determinadas generalmente por la acumulación de circunstancias.

Pese a lo anterior, el primero de los factores a considerar para el análisis de la situación de un determinado territorio, en relación a su situación socioeconómica, sigue siendo -principalmente por la disponibilidad de datos y porque permite hacer una primera acotación-, el nivel de ingresos y gastos.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se caracteriza por ser una de las regiones españolas con mayor porcentaje de población pobre y excluida. De hecho, un 22, 54% de los andaluces se situaban en 2002 por debajo del umbral de pobreza. Estas cifras son especialmente preocupantes puesto que hablamos de que casi una cuarta parte de las personas que habitan en esta región no disponen ni siquiera de los ingresos mínimos, no hablamos ya del acceso a otro tipo de recursos o derechos básicos. Este porcentaje se reduce a un 14,7% como media en el conjunto nacional.


Figura 1. Personas situadas por debajo de la línea de pobreza. 2002

Personas Porcentaje
Andalucía 1.662.181,35 22,54
España 6.050.633,57 14,73
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Resultados para Andalucía. IEA
Nota: la línea de pobreza del 60 por ciento (LP60) está referenciada a la mediana nacional calculada según el gasto medio equivalente por hogar




Es interesante, una vez observado el número de personas que se encuentran en situación más precaria, hacer un análisis más pormenorizado de en qué situación se declara el resto. Si nos centramos en los resultados de las personas que declaran tener mayor o menor dificultad para llegar a fin de mes, en torno a un 40% de los andaluces llega con facilidad, pero un 10% declara llegar con mucha dificultad. Si comparamos estos resultados con las cifras nacionales, el 25,85% de los que llegan a fin de mes con mucha dificultad son andaluces y el 23,01% de los que llegan con dificultad.


Figura 2. Personas con dificultad para llegar a fin de mes en Andalucía. 2002.

Personas Porcentaje Porcentaje respecto al total nacional
Con mucha dificultad 764.665,55 10,37 25,85
Con dificultad 1.441.453,12 19,55 23,01
Con cierta dificultad 2.080.652,43 28,21 17,28
Con cierta facilidad 2.186.124,41 29,65 17,34
Con facilidad/mucha facilidad 854.558,08 11,59 12,40
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Resultados para Andalucía. IEA


Al mismo tiempo, casi un 60% de los andaluces se declara sin capacidad de ahorrar.

Figura 3. Personas con posibilidad de ahorrar en Andalucía. 2002.

Personas Porcentaje
Sí 2.917.588 39,56
No, o muy poco 4.407.161 59,76
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Resultados para Andalucía. IEA


Muy relacionado con el aspecto económico -desde el punto de vista de los ingresos- aparece el empleo puesto que, en estratos sociales más desfavorecidos económicamente, éste se considera la principal fuente de ingresos para los andaluces, junto a las prestaciones por desempleo y otras similares.

Andalucía presenta las mayores cifras de paro españolas. Para todos los periodos de tiempo considerados supera el 20% del total nacional, cifra realmente significativa. Pero además, la situación es aún más preocupante cuando nos referimos al tiempo durante el cual los andaluces buscan empleo. Casi el 30% de las personas que buscan empleo durante más de 2 años son andaluces. Si hay alguien que puede considerarse excluido del mercado de trabajo, desde luego forma parte de este segmento, por lo que la cifra del 29,73% nos da idea de que hay un frente importante que atender. Del mismo modo, dentro de Andalucía el número de personas que buscan empleo durante 2 años o más alcanzan el 21% del total de parados.




Figura 4. Parados por tiempo de búsqueda de empleo. 2005.

Andalucía España Porcentaje respecto al total nacional
Menos de 6 meses 205,55 889,35 23,11
De 6 meses a menos de 1 año 63,775 257 24,82
De 1 año a menos de 2 años 62,95 256,05 24,59
2 años o más 88,375 297,3 29,73
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 2005.
Nota: Miles de personas



Como siguiente dimensión a tener en cuenta vamos a referirnos al derecho a tener una vivienda digna. Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, un 3,85% de los andaluces habitan en una vivienda que no dispone de agua caliente, un 89,69% no dispone de calefacción y un 18,07% no dispone de teléfono fijo, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, en sentido contrario, un 11,32% declara disponer de una vivienda secundaria. A la luz de los datos, en este aspecto no podemos considerar que Andalucía se encuentre en una situación demasiado precaria, si bien es cierto que habría que tener en cuenta otras dimensiones como el régimen de ocupación de la vivienda y, lo que es aún más importante, el número de personas que ni siquiera dispone de estas viviendas que, por otra parte, serían los verdaderamente excluidos socialmente.

El último de los factores señalados es más difícil de considerar pero, respecto al régimen de tenencia podemos decir algo. De las personas que declaran tener vivienda en propiedad y no estar pagando actualmente préstamo o hipoteca, sólo un 8,74% declara hacerlo con mucha dificultad y un 20,30% con dificultad, el resto lo hacen con relativamente poca dificultad. Desde luego, este rango de población no es el que nos ocupa, pues entendemos que se trata de personas con cierto poder adquisitivo que no requieren ni siquiera de una hipoteca para pagar su vivienda. De entre los que tienen vivienda en propiedad pero están pagando un préstamo o hipoteca, un 9,8% la paga con mucha dificultad y un 20,66% con dificultad, para el resto tampoco es excesivamente problemático hacer frente a este gasto básico. Finalmente nos encontraríamos ante el segmento más próximo a los que podríamos considerar excluidos. Se trata de personas que viven de alquiler -en su mayoría por no poder disponer de una vivienda en propiedad- y aún así un 22,07% tiene mucha dificultad para hacer frente a los gastos mensuales, un 22,01% dificultad y un 23,88% cierta dificultad.












Figura 5. Hogares según dificultad para llegar a fin de mes y régimen de tenencia de la vivienda en Andalucía. 2002.

Propiedad sin préstamo o hipoteca en curso Propiedad con préstamo o hipoteca en curso Alquilera
Con mucha dificultad 8,74 9,80 22,07
Con dificultad 20,30 20,66 22,01
Con cierta dificultad 29,61 22,79 23,88
Resto de gradosb 41,35 46,75 32,05
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Resultados para Andalucía. IEA
Nota: a Incluye 'Alquiler', 'Alquiler reducido o cesión semigratuita', 'Cesión gratuita' y 'No consta'
b Incluye 'Con cierta facilidad', 'Con facilidad', 'Con mucha facilidad' y 'No consta'


Otro de los factores a considera es la educación. Si bien es cierto que una persona analfabeta no tiene por qué estar excluida de la sociedad , sí es habitual la relación inversa, es decir, las personas excluidas suelen carecer incluso de los niveles educativos más elementales. Se observa que un 21,6% de las personas andaluzas con más de 16 años son analfabetas. Estos porcentajes son excesivos y, nuevamente, si comparamos la situación de la región con la de la media española (14,40%) la comunidad presenta unos niveles preocupantes.


Figura 6. Porcentaje de analfabetos sobre población mayor de 16 años. 2002.

Andalucía 21,60
España 14,40
Fuente: Indicadores Sociales. INE. 2004.


El último factor que vamos a tener en cuenta en este análisis somero de la realidad andaluza es la salud y, más concretamente, nos interesan las posibilidades de acceso al sistema sanitario que presentan los andaluces. En este sentido, según la Memoria Estadística 2003 de la Consejería de Salud de Andalucía existen 0,1889 camas por cada habitante y, en medicina general se pasan anualmente 48.982.016 consultas, lo que supone que se estarían realizando 6,44 consultas por persona. Otro problema, claro está, es el de considerar a qué personas se está atendiendo, pero esto nos llevaría a un análisis mucho más pormenorizado que exigiría el estudio de núcleos excluidos de población y atención sanitaria específica. Sería además interesante tener en cuenta otro tipo de consultas y tratamientos mucho más relacionados con los sectores excluidos de población, todas las vinculadas a cualquier tipo de drogodependencia.

3.2. Políticas al respecto.

El cambio de paradigma que supone abordar el problema de las necesidades desde una perspectiva dinámica, es decir, pasar desde el tradicional concepto de pobreza al actual de exclusión, supone también el establecimiento de nuevas estrategias de actuación por parte de los propios ciudadanos y por parte de las instituciones. En lo que se refiere a los ciudadanos, han de convertirse en sujetos activos en el proceso de su propio cambio; las instituciones igualmente han de considerar a los ciudadanos como algo más que meros preceptores pasivos de ayudas, han de considerarlos potencial para el cambio. Del mismo modo, las intervenciones no pueden limitarse a establecer actuaciones asistenciales, paliativas de las consecuencias de la pobreza y de la exclusión, más bien han de ir dirigidas a eliminar las causas que originan las situaciones de exclusión, implementando políticas activas con potencia suficiente para abordar cuestiones muy complejas en las que se entrecruzan diferentes ámbitos de intervención.

El escenario europeo al que, por otra parte, se van aproximando España y Andalucía, está experimentando los siguientes procesos:

a. Incorporación de las mujeres al mercado de trabajo
b. Descenso de las tasas de natalidad
c. Cambios en la estructura familiar y composición de los hogares: nuevos modelos de familia, incremento de la monoparentalidad,
d. Envejecimiento de la población
e. Niveles de desempleo altos, precarización del trabajo...
f. Procesos Migratorios
g. Incorporación a las nuevas tecnologías (pueden producir una brecha digital)
h. Emergencia de procesos de exclusión entendidos como acumulación de dificultades persistentes que pueden componerse de diversas tales como pobreza económica, desempleo, problemas de salud, dificultades relacionadas con vivienda, etc...

Las cifras de pobreza y exclusión originadas como consecuencia del actual sistema económico, se han visto reforzadas por el acelerado proceso de globalización, a partir del cual se ha logrado mayor crecimiento económico, pero no se ha logrado en cambio una disminución de los niveles de pobreza y exclusión.

Ante esta situación, la Unión Europea empieza a prestar mayor atención al fenómeno. Uno de los primeros y más importantes acuerdos en este sentido es el Tratado de Ámsterdam (1999) que marcó un hito en cuanto a política social y de empleo en la Unión Europea pues, junto al capítulo de empleo, se añadieron nuevos cometidos sobre política social.

A pesar de todo, la exclusión continúa siendo un problema considerable, por lo cual en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, los Estados miembros se comprometieron a actuar de manera decisiva a fin de erradicar la pobreza y la exclusión social antes de 2010. Para conseguirlo se abordó una metodología que se conoce como Método Abierto de Coordinación sobre la integración social que permitirá al tiempo aunar coherencia en las actuaciones y diversidad nacional.

Los objetivos comunes para la lucha contra la pobreza fueron acordados en la Cumbre de Niza de 2000, y tomando a éstos como marco de referencia común, los países miembros elaboraron sus respectivos Planes Nacionales de Acción, incluida España, con vigencia bianual.

En este marco es donde se sitúa el Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006, que responde a una estrategia europea de lucha contra la exclusión que propone coordinación con el Plan para la Inclusión Social del Reino de España y con los Planes Locales de Inclusión Social. Este plan se presenta con una vigencia cuatrienal con vocación de responder a los retos planteados por Europa, planteando unos objetivos que vertebran las medidas propuestas que deberían lograrse a medio plazo, articulados en las dimensiones de Empleo y Formación, Vivienda, Salud, Educación y Servicios Sociales, junto con otros de carácter transversal que son: participación, acompañamiento social, garantía de ingresos mínimos y coordinación.

Sin embargo, esta no es la única herramienta utilizada por las instituciones andaluzas para la lucha contra la exclusión social. Además de la participación en iniciativas europeas y de las actuaciones locales planteadas al respecto, muchos son los programas sectoriales puestos en marcha por las distintas consejerías del gobierno autonómico. En este sentido destacan algunas como el Plan Integral para la Comunidad Gitana, II Plan andaluz sobre drogas y adicciones, I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. 2003-2006, Programa de solidaridad, etc.

4. Conclusiones.
El uso del concepto de exclusión social como superación del concepto de pobreza es un hecho consensuado en los últimos años en la UE. Esta evolución implica la consideración de variables que van más allá de las puramente económicas para el estudio de realidades sociales mucho más complejas.
La característica fundamental de la pobreza en España como fenómeno social es la gran heterogeneidad de situaciones existentes tanto a nivel geográfico como a nivel de colectivos específicos que por diversos factores pueden distinguirse en el mundo de los pobres. Por ello, el estudio de la exclusión social en un territorio como el andaluz, con su propia idiosincrasia, exige tener muy presente la variable territorial que va a condicionar en gran medida el resto de variables como puede ser el acceso al mundo laboral, a los servicios sociales o a las prestaciones sanitarias, por ejemplo.
La región andaluza, condicionada por ser una de las regiones con menor renta per cápita del conjunto nacional, presenta serios problemas en relación a alguna otra de las variables más estrechamente vinculadas a la exclusión social, como es el caso del empleo. En este sentido, se hace necesario articular los mecanismos adecuados para garantizar el desarrollo de una política social basada en las necesidades reales de cada territorio, haciendo partícipe de ella tanto a los distintos gobiernos con sus organismos e instituciones, como al conjunto de la sociedad. El Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006, en sintonía con las políticas adoptadas en la UE, constituye la herramienta fundamental de lucha contra la exclusión social en el territorio.
Bibliografía

Alemán Bracho, C. y Garcés Ferrer, J. (coord.) (1997): Política Social. Mc Graw-Hill. Madrid.

Blair, T. (1998): La tercera vía. El País. Aguilar. Madrid.

BOE (1979): Constitución Española. Madrid.

Bosch, A.; Escribano, C. y Sánchez, I. (1989): Evolución de la desigualdad y la pobreza en España: Estudio basado en las Encuestas de Presupuestos Familiares 1973-74 y 1980-81. INE. Madrid.

CES (1997): La pobreza y la Exclusión Social en España. Informe 8. Madrid.

Gallego, Goma, Subirats (Editores) (2003): Estado de bienestar y comunidades autónomas. Tecnos. Barcelona.

IEA (2003): Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Resultados para Andalucía. Sevilla.

INE (2004): Indicadores Sociales. Madrid.

INE (2005): Encuesta de Población Activa. Madrid.

Junta de Andalucía (2003): Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006. Consejería de Asuntos Sociales.

Junta de Andalucía (2003): Memoria estadística 2003. Consejería de Salud.

Laparra Navarro, M. (1999): El Espacio Social de la Exclusión. El caso de Navarra. Universidad de Navarra.

Pérez Yruela, M. y otros (2002): Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. CSIC. Colección Politeya. Córdoba.

Ruiz-Castillo, J. (1987): La medición de la pobreza y la desigualdad en España, Banco de España, Estudios Económicos 42, Madrid.

Sen, A (1983): Poor, relatively speaking, Oxford Economic Papers 35 (2), pp. 153-169.

Subirats, J. (2005): Social exclusion and devolution among Spanish autonomous communities, Regional and Federal Studies 15 (4), pp. 471-483.

UE (1989): Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza 1989-1994 (Pobreza-3). Bruselas.