ENCUENTROS ACADÉMICOS INTERNACIONALES
organizados y realizados íntegramente a través de Internet



La deslegitimación de Keynes de la desigualdad de la renta y la vigencia actual de su pensamiento
 

Salvador Pérez Moreno
Manuel J. Delgado Martínez


Resumen
Aunque Keynes no dedicó explícitamente ninguna obra a la problemática de la distribución de la renta, el autor inglés constituye una figura importante también en este ámbito. En el presente trabajo, traemos a colación la influencia de Keynes en la deslegitimación de las ideas imperantes en su época acerca de las ventajas económicas que podían conllevar la desigualdad distributiva, teniendo en cuenta su posición ante la distribución de la renta en el contexto de su pensamiento económico. De igual modo, sometemos a debate la vigencia de las propuestas keynesianas, en conexión con las críticas y cuestionamiento del denominado Estado de bienestar, en aras a aportar alguna luz sobre las posibles razones que han podido contribuir al descrédito que actualmente parecen sufrir las tesis de Keynes y el propio Estado de bienestar.

Palabras clave: Keynes, desigualdad, vigencia, Estado de bienestar

Este texto fue presentado como ponencia al
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
Historia y teoría económica
celebrado del 6 al 24 de abril de 2006

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Salvador Pérez Moreno es Doctor en Economía y Profesor del Dpto. de Economía Aplicada (Política Económica) de la Universidad de Málaga. Sus principales líneas de investigación son el pensamiento keynesiano, el crecimiento económico, la distribución de la renta, la pobreza y la cooperación internacional.

Manuel J. Delgado Martínez es, además de Abogado ejerciente, investigador en la Universidad de Jaén, centrando su trabajo en numerosos aspectos socioeconómicos de la legislación en vigor, amén de otras vertientes normativas relacionadas con dicha temática.


1. Introducción
Parece evidente que cualquier intervención gubernamental que se proponga la implementación de un modelo de actuación global en pro de reducir la desigualdad de la renta debe contemplar la política fiscal como uno de los principales mecanismos que permite ayudar a los grupos más desfavorecidos, tanto en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como en lo que concierne a la protección social y disminución de la vulnerabilidad de los mismos ante ciertas adversidades.
En las últimas décadas, se vienen cuestionando, desde las denominadas las tesis neoliberales, la intervención estatal en la economía y, en particular, el denominado Estado de bienestar desarrollado en la mayoría de las sociedades industrializadas a partir del decenio de los cuarenta. Recordemos que, en palabras de Wilensky (1975, p. 1), “la esencia del Estado de bienestar es la garantía por parte del gobierno de estándares mínimos de rentas, alimentación, salud, vivienda y educación, atribuidos a cada ciudadano no como gesto caritativo sino como un derecho político” .
La fuerte expansión del Estado de bienestar coincidió con el periodo dorado de auge económico de los países desarrollados entre 1945 y 1975. Este crecimiento del Estado de bienestar tuvo su refrendo en la disminución de las desigualdades sociales que se produjo de manera generalizada en estos países (ver Navarro, 1995, pp. 50-51). En el caso español, en concreto, se aprecia una tendencia hacia una distribución más igualitaria de la renta en las décadas de los setenta y los ochenta como consecuencia, en buena parte, del papel desempeñado por el sector público a través de su política redistributiva (ver Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, 1996, pp. 7-8).
Los motivos que se viene aduciendo contra el Estado de bienestar son múltiples. Insostenibilidad financiera, falta de legitimidad, ineficiencia o incluso falta de eficacia en el logro de los objetivos clásicos del Estado de bienestar –igualdad, redistribución y reducción de la pobreza–, son algunos de los argumentos más comunes (Ochando, 1997, p. 55). Pero quizá sea la consideración de la presumible incoherencia o inutilidad de las políticas keynesianas para hacer frente a los problemas económicos uno de los principales aspectos que han contribuido a poner en entredicho el papel del Estado de bienestar, dado que la política keynesiana había servido de sustento al mismo hasta la década de los setenta. No olvidemos, de hecho, que, como acentúa Tobin ([1983] 1985, p. 3865), “la economía keynesiana proporciona, como mínimo, una justificación para las medidas del estado de bienestar y otros esfuerzos del gobierno respecto a la redistribución de la riqueza”.
En este trabajo, pretendemos traer a colación la posición de Keynes ante la desigualdad de la renta en el contexto de su pensamiento económico, y su influencia en la deslegitimación de las ideas imperantes en su época acerca de las ventajas económicas que podían conllevar la desigualdad distributiva. De igual forma, sometemos a debate la vigencia de las propuestas keynesianas en conexión con las críticas y cuestionamiento del denominado Estado de bienestar, tratando de aportar alguna luz sobre las posibles razones que han podido contribuir al descrédito que actualmente sufren las tesis de Keynes y el propio Estado de bienestar, especialmente, desde determinados posicionamientos.
2. La deslegitimación de Keynes de la desigualdad de la renta
A lo largo del siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX, estuvo presente en la sociedad el argumento de que la redistribución de la renta de los ricos –a quienes se suponía capaces de ahorrar una parte– entre los pobres –de quienes se suponía que gastaban todo su ingreso– tiene un efecto desfavorable sobre la producción como consecuencia de su influencia negativa sobre el ahorro, de acuerdo con el pensamiento de los economistas clásicos .
Pero, la irrupción de Keynes en la más alta escena científica dio un giro inesperado a este argumento. Así lo reconoce, p. ej., el mismo Schumpeter ([1954] 1995, p. 1267), cuando afirma que “no debe olvidarse que [Keynes] prestó un servicio decisivo a los igualitaristas en un punto de fundamental importancia. Desde hacía mucho tiempo los economistas de esa tendencia habían aprendido a prescindir de todos los demás aspectos o funciones de la desigualdad de los ingresos, salvo en un caso: al igual que J. S. Mill, habían mantenido ciertos escrúpulos en cuanto a los efectos de la política igualitaria sobre el ahorro. Keynes los liberó de esos escrúpulos”.
En palabras de Paukert (1973, p. 109), Keynes “convirtió el argumento más convincente en contra de la igualdad de ingresos en el argumento económico más importante a favor de dicha igualdad, y transformó un pecado capital en virtud cardinal”.
En efecto, hasta entonces, aquellos que habían pretendido atenuar la desigualdad económica habían tropezado frontalmente con la arraigada idea de que el crecimiento del capital dependía especialmente del ahorro de las clases ricas. El autor británico aceptaba la tesis de que la gente más rica ahorraba proporcionalmente más que la gente pobre, pero consideraba que el aumento del consumo era el método más eficaz para aumentar la producción en una economía que opera por debajo de su capacidad.
Keynes estaba convencido que en las condiciones de la época, el ahorro de las instituciones era suficiente y, en contra de la creencia clásica, la “frugalidad” de las clases más opulentas, lejos de favorecer el crecimiento económico, lo retiene. Así, pues, cualquier medida de política económica que favorezca la igualdad distributiva y que suponga, por tanto, un incremento del consumo, se traducirá en un estímulo para el crecimiento económico.
De este modo, Keynes se opone a la postura de los economistas clásicos y arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una distribución de la renta más igualitaria, proporcionando un argumento de peso a favor de la relación de compatibilidad entre distribución de la renta y crecimiento económico, en la cual la distribución influye positivamente sobre el crecimiento.
La ruptura esencial de Keynes con los economistas clásicos se produjo en relación con la Ley de Say que, formulada de un modo amplio y simple, sostiene que la oferta crea su propia demanda. Se suponía que la creencia en la Ley de Say implicaba que el desempleo, al menos en cuanto proposición a largo plazo, no era posible. Además, implicaba que la economía se ajustaría por sí misma, esto es, que las discrepancias respecto del equilibrio con pleno empleo y plena producción serían sólo temporales.
Una manera equivalente de formular la Ley de Say consiste en decir que el ahorro agregado será siempre igual a la inversión de pleno empleo. Generalmente se prefiere el consumo presente al consumo futuro, pero dado que el ahorro es una función del tipo de interés, puede inducirse a mantener más activos en forma de ahorro si se ofrece un mayor tipo de interés. Así pues, los clásicos razonaban que el volumen de ahorro estaba relacionado positivamente con el tipo de interés (ver Ekelund y Hébert, [1992] 1997, p. 549).
Por su parte, la inversión estaba relacionada negativamente con el tipo de interés, ya que los rendimientos de una inversión disminuyen con los aumentos marginales de la misma (manteniéndose constante el estado de la técnica). Estos rendimientos marginales decrecientes de la inversión llevan consigo el requerimiento de tipos de interés cada vez más bajos para aumentar el volumen de inversión. A un determinado tipo de interés, razonaban los clásicos, el ahorro es igual a la inversión, lo cual quiere decir que lo que no se consume (que se ahorra) se invierte (vuelve al flujo del gasto). Un mecanismo de tipos de interés flexibles garantiza este resultado. La flexibilidad, en este contexto, significa que si la inversión supera al ahorro, el tipo de interés, por la competencia entre los inversores, tenderá a subir. A la inversa, si el ahorro es mayor que la inversión, la competencia entre los ahorradores empujará el tipo de interés a la baja.
El crecimiento del capital, por tanto, estaba estrechamente ligado al nivel de ahorro, ya que, según la argumentación clásica, un aumento de la propensión a ahorrar, baja el tipo de interés y, consecuentemente, estimula nuevas inversiones. El aumento del ahorro representa una disminución en el consumo; pero esta disminución provocada por el incremento del ahorro se compensa exactamente por el aumento de la inversión. Por lo tanto, un acto de ahorro individual es precisamente tan bueno para la demanda como otro de consumo, de forma que un deseo de conservar riqueza aumenta la inversión y es estimulante para la producción.
Los autores clásicos justificaban, por tanto, las desigualdades existentes aduciendo que cualquier medida que pudiese perjudicar al ahorro, como la redistribución de la renta a favor de las capas con menos recursos, iría en contra de la acumulación del capital de una sociedad que, como hemos señalado, era el motor del crecimiento económico.
En el caso del pensamiento de Keynes, conviene recordar sucintamente algunas claves de su andamiaje teórico. Keynes [1936] (1998) plantea su General Theory partiendo de la idea central de que el nivel de ocupación y producción de la economía viene determinado por la demanda eficaz, dado que él considera dados factores tales como la cantidad y destreza de la mano de obra disponible, la cantidad y calidad del equipo capital existente y el estado de la técnica. Así, pues, Keynes desarrolla su estudio esencialmente en el lado de la demanda, ocupándose de la incidencia de la desigualdad de la renta en la actividad económica a través del análisis de los factores explicativos del consumo y de la inversión (ver Pérez Moreno, 2002).
En síntesis, en cuanto al primer componente, Keynes entiende que el consumo depende de varios aspectos. En primer lugar, subraya la importancia de la renta neta, esto es, la renta una vez sustraído el coste de uso y el coste suplementario; en segundo lugar, los factores objetivos que influyen en la propensión a consumir, entre los que cita los cambios en la unidad de salario, las variaciones imprevistas en el valor de los bienes de capital y las modificaciones sustanciales del tipo de interés y la política fiscal; y, por último, los factores subjetivos, si bien éstos presentan poca probabilidad de sufrir cambios relevantes en períodos cortos, por lo que Keynes los considera constantes.
En el tratamiento que Keynes realiza de los factores objetivos, éste hace referencia a la relevancia de la distribución de la renta al tratar los cambios en la unidad de salario y, de manera muy especial, cuando analiza los efectos que pueden derivarse de los cambios en la política fiscal. De este modo, cabría decir que la distribución de la renta y sus posibles variaciones –con motivo principalmente de la aplicación de determinadas políticas redistributivas–, junto con los cambios en el valor de los bienes de capital, parecen erigirse como los elementos que Keynes considera más significativos en su análisis de los factores objetivos del consumo. El economista inglés viene a sugerir, al respecto, que una mejora en la distribución de la renta estimula dicho componente de la demanda agregada, afectando igualmente a la propensión marginal a consumir y, por ende, aumentando el multiplicador de la inversión.
En cuanto a la inversión, ésta viene determinada conjuntamente por el tipo de interés y la eficiencia marginal del capital. El primero, a su vez, depende de la cantidad de dinero disponible y la preferencia por la liquidez. Keynes argumenta que, mientras que la cantidad de dinero disponible responde al funcionamiento del sistema bancario y, en última instancia, a la política monetaria aplicada, la preferencia por la liquidez está influenciada por el tipo de interés, el nivel de renta y la velocidad-renta del dinero, cuyo valor es resultado de diversos aspectos entre los que se encuentra la distribución de la renta. Así, una distribución de la renta más igualitaria puede estimular la velocidad-renta del dinero y reducir, subsiguientemente, la preferencia por la liquidez, favoreciendo, de esta forma, la inversión a través de una rebaja del tipo de interés. No obstante, hay que recordar que Keynes confiere a esta influencia una importancia reducida.
Por su parte, la eficiencia marginal del capital, que constituye desde su punto de vista la principal variable explicativa de la inversión, depende del precio de oferta de los bienes de capital y de los rendimientos esperados de los mismos. En relación con estos últimos, Keynes resalta la importancia de las previsiones más probables sobre ciertos elementos entre los que figura de manera destacada el consumo futuro que, a su vez, se conforman en buena medida de acuerdo con la situación del consumo presente. De este modo, Keynes explica la incidencia de la distribución de la renta sobre la inversión, en la medida en que afecta a la eficiencia marginal del capital a través de las expectativas de consumo. Por otro lado, el economista inglés introduce un aspecto subjetivo en la configuración de la eficiencia marginal del capital al subrayar igualmente la relevancia del estado de confianza en el que se apoya tales previsiones, que depende principalmente de las perspectivas existentes en los mercados financieros y de la psicología de los inversores, en conexión con la cual Keynes destaca la relevancia de los animal spirits o impulsos vitales de los propios inversores y su relación con el clima de opinión que suscita la situación político y social reinante.
De esta forma, Keynes argumenta que una mayor igualdad distributiva favorece la demanda agregada y, por ende, el crecimiento económico, en la medida en que alienta el consumo y la inversión a través de los reseñados mecanismos económicos.
3. La muerte de Keynes, ¿una realidad o una coartada?
Como es conocido, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las condiciones estructurales de la economía propiciaban unas condiciones adecuadas para la aplicación de las tesis keynesianas (ver Ramírez Benéytez, 1999, pp. 351-361). Los gobiernos se limitaban a proporcionar o retirar recursos, a través de la política presupuestaria, para gobernar la coyuntura y para complementar la inversión privada con el gasto público necesario, suministrando las infraestructuras o los equipamientos sociales no rentables para el capital privado. De esta forma, los planteamientos keynesianos se convirtieron en una especie de recetario de aplicación obligada y generalizada por los gobiernos occidentales, con independencia de su adscripción ideológica o su afinidad política.
Pero, a partir de la década de los setenta, incluso quienes habían sido los más activos partidarios del economista británico, lanzaron a los cuatro vientos que, en realidad, Keynes estaba muerto y que sus ideas ya no constituían una guía adecuada para la acción correcta de la política económica. Ante tal situación, un elevado número de economistas teóricos han utilizado a partir de esta fecha diferentes vías –Nueva Macroeconomía Clásica, Economía de la Oferta, Public Choice, etc.– con el manifiesto propósito de lograr una mayor consistencia de la Ciencia Económica y orientar las directrices generales que debían regir la política económica (ver Mancha Navarro y Villena Peña, 1993).
Entre las razones que se argüían para refutar el paradigma keynesiano figuraba el cambio de las condiciones generales de la economía, especialmente en lo que respecta a la aparición de un fenómeno impropio de los años anteriores: la concurrencia simultánea de la inflación con el desempleo. Asimismo, la reestructuración de un sinfín de sectores industriales, los cambios acaecidos en el campo de la innovación tecnológica y la progresiva globalización de la economía, parecían emerger un nuevo panorama alejado de las antiguas controversias económicas. Por otro lado, se señalaba que las políticas de demanda no conllevan sino una permanente expansión del gasto público y, en consecuencia, o se ven obligadas a imponer una fuerte presión fiscal que puede desincentivar la asignación de recursos, o generan déficits presupuestarios que multiplican la carga de la deuda de los Estados y bloquean la economía.
De acuerdo con Torres López (1998, pp. 46-50), las críticas a la política keynesiana, aunque bien fundadas, ni eran nuevas ni se pueden considerar como prueba definitiva de su ocaso. De hecho, los monetaristas de la Escuela de Chicago ya venían manifestando algunas de ellas prácticamente desde los años cincuenta y, sin embargo, las ideas keynesianas habían triunfado en la práctica de los gobernantes. Más aún. Algunos autores sostienen que la recuperación económica de la segunda mitad de los años setenta pudo ser fruto de las políticas keynesianas adoptadas durante la crisis de los primeros años de la década, en la que los gobiernos promovieron aumentos del gasto público, de los salarios reales, de los gastos de protección social y del crédito en el conjunto de las economías.
Incluso, algunas de las recetas de intervención que había propuesto Keynes han seguido siendo utilizadas en muchas ocasiones, a pesar de que quienes las llevaron a cabo nunca asumieran la herencia keynesiana. Piénsese, p. ej., en el caso mismo de los Estados Unidos de Ronald Reagan, a cuya expansión económica contribuyó de manera importante el impulso estatal a la demanda agregada, aunque basado fundamentalmente en el aumento del gasto público militar .
En esta dirección, cabe traer a colación, por ejemplo, un interesante artículo de Paul Krugman publicado en New York Times el 18 de Julio de 2001 bajo el título “Other People’s Money”, en el que afirma que “no era verdad cuando Richard Nixon lo dijo, pero ahora sí es verdad: todos somos keynesianos, al menos cuando se trata de nuestra propia economía”. El economista de Long Island sugiere que todos –incluso aquellos que imaginan haber rechazado el keynesianismo en favor de alguna doctrina que congenie más con el libre mercado– en la práctica analizan el actual desaceleramiento de la economía norteamericana de acuerdo con el marco intelectual creado por Keynes hace 65 años. En particular, todos creen que durante una depresión lo que se necesita es gastar más.
Krugman añade al respecto que “cada vez que leemos un artículo que expresa que la disminución de la confianza del consumidor puede llevarnos a una recesión, o que las reducciones de los tipos de interés generarán una pronta recuperación, o incluso que esta vez las reducciones de los tipos de interés pueden no funcionar, estamos leyendo economía keynesiana. Al igual que aquel hombre que no fue consciente de haber escrito en prosa durante toda su vida, estos escritores pueden no saber que son keynesianos, pero lo son”.
Este tipo de consideraciones viene a refrendar claramente como las actuaciones desde la demanda han sido y siguen siendo hoy día instrumentos imprescindibles para generar estímulos a la actividad y para alentar el crecimiento económico.
No parece incongruente sopesar, pues, en línea con la opinión de Torres López (2000, p. 51), que “la obra de Keynes ha dejado de ser influyente en la teoría, en los principios inspiradores y en las propias formas de la política económica pero eso no ha sido consecuencia de que los puntos de vista alternativos hayan logrado mostrar un cuerpo de conocimientos que la pusiera en cuestión”. Se trata, apostilla este autor, “de una paradoja que es el resultado de que la obra de Keynes no es inadecuada o incorrecta en sí misma, más bien todo lo contrario, sino del hecho de que ahora se persiguen objetivos políticos distintos a los que él trataba de alcanzar cuando formulaba sus propuestas [el énfasis es nuestro]. Sólo eso justifica que quienes verdaderamente establecen las grandes coordenadas de la acción social no necesiten ya recurrir a los análisis keynesianos para sostener el sistema económico y corregir sus deficiencias coyunturales”.
De esta forma, la inaptitud del keynesianismo no parece derivarse de que sus recetas de política económica hayan llegado a ser inútiles para generar expansión y crecimiento –aunque la forma en que lo hacen no favorece la estrategia de transformación en el sistema productivo–, como muestra el hecho de que las posteriores políticas conservadoras no hayan podido renunciar ni a la intervención del Estado ni al propio incremento del gasto para impulsar la actividad económica cuando les fue necesario. La obsolescencia de las tesis de Keynes, en cambio, podría entenderse como una consecuencia de que la filosofía social que inevitablemente sirve de apoyo al keynesianismo y que implica una cierta concepción de cohesión social o incluso de equidad, en los tiempos que corren, no constituye precisamente la principal preocupación de los grandes poderes, la “fuerza social dominante” en palabras del propio Keynes, de acuerdo con los parámetros e intereses dominantes y el momento histórico correspondiente.
Y esa puede haber sido una de las causas del intento de “asalto al Estado de bienestar” promovido por las corrientes neoliberales, con el trasfondo de las consecuencias negativas que algunos le achacan al drenaje de recursos desde las capas más pudientes hacia las más desfavorecidas y que ha supuesto incluso en las últimas fechas una importante línea de trabajo en el estudio de la relación entre distribución de la renta y crecimiento económico.
Por otro lado, como apunta Giddens (1998, pp. 655-677), el mundo postindustrial de hoy día presenta una naturaleza plural y diversa en grado sumo; el auge está en la flexibilidad, diversidad, diferenciación, movilidad, comunicación, descentralización e internacionalización. La historia ha dejado, en cierta medida, de tener sentido porque ya no es posible describir procesos generales, referidos a un grupo numeroso y homogéneo de personas; precisamente, la primacía actual del individualismo parece favorecer a quienes discuten la validez de los postulados teóricos keynesianos, cuya visión global y referida a toda la sociedad como un sistema no puede dejarse de lado, si bien queda hoy seriamente comprometida.
Un factor enormemente importante que, a veces, se pasa por alto es el de la inmadurez que reina entre cuantos habitan las zonas desarrolladas; el análisis de Sombart (1913, pp. 45-90), plenamente actual pese a la lejana fecha en que fue formulado, acentuó dicha circunstancia . En un sentido similar, Torres López (1994, pp. 25-45) indica que los principios predominantes en nuestras sociedades opulentas pueden agruparse así: el acentuado rechazo de los valores solidarios, el más exacerbado individualismo, la autosatisfacción personal a toda costa, la exclusiva autodefensa y el propio ensimismamiento; tales perspectivas insolidarias “ciegan” cualquier hipótesis o solución –social o colectiva– aplicada a la pobreza y tampoco corrigen la desigual e injusta distribución de rentas que asigna el mercado .
Así, los teóricos que predican la no regulación estatal de los mecanismos económicos apuestan por un pensamiento esencialmente antisolidario; el propio conocido especulador –hoy filántropo– Soros (1999, pp. 21-33) reconoce que el sistema económico, sin una regulación ajena a su lógica del máximo beneficio posible, es autodestructivo; el afán de lucro ha penetrado el mundo político, cuyos valores o máximas éticas –interés general– no casan con el beneficio privado que mueve a los agentes económicos.
El mercado, cuando opera al margen de la regulación estatal (ver Martin y Schumann, 1998), intensifica en exceso los conflictos sociales; la creciente inseguridad laboral (despidos masivos, trabajos basura temporales, etc.) tiene como contrapartida el descrédito del sistema político representativo. La progresiva e irrefrenable erosión del Estado de bienestar disminuye las redes establecidas por parte del poder público para socorrer a la población en supuestos de necesidad vital grave –léase, paro, enfermedad, gestación, vejez, etc.–, lo cual aumenta las bolsas de “excluidos sociales” y, con ello y al unísono, los desórdenes públicos provocadas por los “desheredados” del sistema.
Asunto igualmente importante a la hora de hablar de la “crisis” que atenaza al Estado de bienestar, aparte del precitado asalto por parte de las ideologías neoliberales, es el de la progresiva erosión del derecho administrativo público y de intervención sobre el cual dicho Estado ha ido articulándose tradicionalmente; como bien señala Parada (2003. pp. 407-411), las nuevas ideas de privatización, libre competencia y globalización económica, aplicadas a la gestión de los servicios públicos, supone una progresiva disminución del aparato administrativo y, con ello, de sus funciones de intervención en aras del interés general .
Así, pues, ¿está el keynesianismo verdaderamente fallecido y felizmente enterrado, desahuciado, enfermo, convaleciente o todavía vivo y coleando? Aunque ciertos compañeros de profesión han tratado de sepultar el pensamiento keynesiano, lo cierto es que sus teorías económicas, así como las consecuencias políticas y sociales que de las mismas se desprenden, continúan representando un punto de referencia obligado entre los profesionales de la disciplina, pese a que el nuevo orden económico y los objetivos predominantes distan de los que envolvían a las propuestas keynesianas. Recordemos, de facto, las palabras de Samuelson (1988a, p. 34) al preguntarle por la muerte de Keynes, cuando afirmaba que efectivamente “Keynes está muerto, al igual que Einstein y Newton”.
Algunos economistas, por su parte, sostienen que por muchos argumentos de modernidad que se quieran buscar, estamos ante la misma polémica política y económica de los años treinta y cuarenta. Por un lado, están los que sostienen que el mercado está dotado de mecanismos autorreguladores para hacer frente a cualquier desequilibrio o problema del sistema y, por el otro, los que mantienen que el sistema puede presentar fallos, tales como una situación permanente de desempleo de los recursos disponibles o una insatisfactoria distribución de la renta, sin que surtan tendencias correctoras, lo que haría necesaria la actuación del sector público. En medio, toda una gama de variantes que se asientan en uno de estos pilares. De esta forma, estos autores aducen que la controversia es antigua y bajo distintas formas ha venido reproduciéndose a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días (ver Caballero, 2000).
Quizás proceda aquí recordar que, como en todos los aspectos de la vida, donde cabe ganar o perder, el libre albedrío humano elige entre un comportamiento egoísta o solidario; las consecuencias serán muy distintas según el color de la opción elegida, ya que ésta influirá decisivamente sobre como resolvamos las diversas “encrucijadas” vitales (ver Samuelson, 1983, pp. 852-876, cuya original postura no puede dejarnos indiferentes) .
En cualquier caso, entendemos que la obra de Keynes, al igual que todas las grandes aportaciones científicas que han marcado una época, posee un cierto carácter atemporal en el sentido de que contiene elementos y claves de entendimiento que se pueden aplicar a otros tiempos, aunque teniendo en cuenta las particularidades propias que caracterizan cada uno de los escenarios temporales y que pueden resultar inapropiadas e, incluso, excéntricas, en determinados momentos.
Es más, hoy día, casi siete décadas después, parece incuestionable como los principales inconvenientes que Keynes percibía en la sociedad de su tiempo –la incapacidad para alcanzar la situación de pleno empleo y la arbitraria y desigual distribución de la renta y la riqueza (Keynes, [1936] 1998, p. 372) – siguen estando tanto o más latente que cuando él escribía, por lo que no parece lo más adecuado dejar en el olvido aportaciones teóricas que, con más o menos acierto, ofrecen posibles vías para mitigarlos.
4. Reflexiones finales
Quede claro que la construcción teórica correspondiente al llamado Estado de bienestar, creado por Gran Bretaña en el año 1942 y cuyo andamiaje descansa sobre el pensamiento keynesiano, parte de una premisa básica y fundamental: todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene el derecho a disfrutar de unas condiciones vitales mínimamente dignas desde lo material, para lo que resulta preciso garantizar la prestación de servicios públicos universales y gratuitos a favor de toda la población sin discriminación alguna.
El pensamiento keynesiano liga, por primera vez en la historia, el principio jurídico formalista de la igualdad abstracta, reconocido a todos los ciudadanos sin discriminación por todas las constituciones liberales desde 1945, con el derecho a recibir unos servicios públicos –universales y gratuitos– mediante los cuales garantizar unos mínimos o condiciones de vida dignas para todos, sea cual sea su origen familiar, etc. Precisamente, esa unión íntima entre los principios jurídicos formales, de raíz normativa o de deber ser, con lo material y concreto, constituye quizá una de las grandezas fuertes de la teoría keynesiana. El pensamiento keynesiano apuesta por la intervención pública y colectiva en las decisiones económicas en pos del interés general, frente a quienes, desde un punto de vista individualista, apuestan en exclusiva por la primacía del mercado y su lógica darwinista.
No debemos olvidar que la convivencia social está delimitada por dos áreas, cuyos principios rectores representan principios diferentes; la política, basada sobre el bien común y el interés general, obedece a máximas jurídico valorativas que no tienen nada en común con las del mercado; las relaciones mercantiles andan tras una sola meta: el logro del mayor beneficio posible. El Estado de bienestar pretende el bien común, vía la redistribución de la renta a través de los servicios públicos –universales y gratuitos– prestados por las distintas administraciones; la política sólo se hace inteligible cuando constituye un conjunto de procedimientos que, desde la igualdad y libertad, decide lo justo, equitativo y tendente al bien común; el mercado pretende obtener unos concretos resultados, materiales y cuantitativos. La diferencia indicada entre procedimientos (política) y resultados (mercado) ayuda también a delimitar la verdadera naturaleza de cada ámbito; no conviene que los “modus vivendi” del mercado rijan también las decisiones políticas, desnaturalizándolas. El área política consagra el principio igualitario –“un hombre, un voto”– mientras que el mercado responde a la voluntad exclusiva de quienes tienen mayor poder económico.
La dimensión social o colectiva de los actos individuales parece ya totalmente descartada; el mundo actual únicamente cree en el yo, omitiendo cualquier óptica o perspectiva que ponga el acento sobre la palabra “nosotros”; el individualismo extremo repudia lo colectivo y, por ende, todo tipo de intervensionismo público que trate de mejorar las condiciones vitales de los más necesitados. Todos aquellos que apuestan por el fin del keynesianismo, entendido como un conjunto de medidas que pretenden satisfacer necesidades sociales humanas, niegan igualmente el derecho de todas las personas, sin discriminación alguna, a disfrutar de unos mínimos vitales dignos. Ser persona significa también ser ciudadano con derechos –entre otros, el de vivir con dignidad gracias a los servicios públicos ofrecidos por las distintas administraciones–; la seguridad social, desde su mismo inicio, perseguía satisfacer todas las necesidades humanas “desde la cuna hasta la sepultura” mediante la prestación de unos mínimos, sustentándose en la doctrina keynesiana.
No podemos acabar nuestro trabajo sin un axioma final: los seres humanos, sea cual sea su condición económica, necesitan vivir en sociedad para conservar el propio equilibrio sicofísico; la resolución actual de los problemas exige una visión colectiva, alejada de cualquier aislacionismo exclusivista que reduzca la controversia al “aquí y ahora”. Hoy, más que nunca, problemas globales precisan soluciones a idéntico nivel y parámetro; ahí es donde deberíamos de ser firmes en la defensa de la intervención pública –eje de la construcción keynesiana– para lograr la meta última de la más justa redistribución de la renta en orden a la equidad y el más próspero desarrollo económico. No olvidemos, de hecho, que sólo es posible el avance y progreso económico duradero cuando hay justicia social, amén de respeto a los derechos fundamentales de las personas.







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