Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de México

 

Aspectos generales de la política económica en México

Mario Antonio de León Urbieta

 

Después de la segunda Guerra Mundial, México implementó un modelo de desarrollo conocido como "desarrollo estabilizador", donde la industrialización ocurrió en un mercado interno protegido tanto por barreras arancelarias como no arancelarias. Este periodo se caracterizó por una gran estabilidad macroeconómica y financiera; el producto interno bruto (PIB) per cápita creció del 3 a 4% anual con una tasa de inflación promedio de casi 3 % anual; en 1954, el gobierno fijó el tipo de cambio en 12,5 pesos por dólar (paridad que duró 22 años); la proporción de las importaciones que requerían permisos previos aumentó de 28 % en 1956 a cerca de 70% en los años setenta. 

A inicios de la década de los setentas fueron esfumándose los éxitos del desarrollo estabilizador. Se incrementaron las predicciones inflacionarias, el déficit fiscal y el desequilibrio externo; la producción perdió dinamismo, aumentó la capacidad ociosa de las empresas, y con ello la tasa de desempleo. Estas tendencias se presentaron principalmente entre 1970 y 1976, con la implementación de una política de freno y arranque en el crecimiento económico a través de la expansión en el gasto público, el alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y el desnivel de los precios internos respecto a los externos provocó la especulación contra el peso y la fuga de capitales, que aunado a la disminución de las exportaciones generó una reducción en la disponibilidad de divisas, por lo que el Estado acrecentó su endeudamiento externo tanto para mantener la paridad cambiaria como para cumplir con sus compromisos de pagos internacionales. 

La crisis hizo evidente la imposibilidad de mantener el crecimiento económico con el aumento del déficit público y una creciente deuda exterior. Ante esta situación se aplicaron medidas de ajuste como: contracción del gasto público, disminución de la circulación monetaria, liberalización del comercio exterior, aumento de las tasas de interés, devaluación del peso, contracción salarial, reducción de subsidios y reestructuración de empresas públicas, entre otras.

A consecuencia del auge petrolero de finales de los años setenta y el descubrimiento de reservas petroleras se propició un cambio de la política económica. Entre 1978 y 1981, el PIB creció a un promedio anual de 8,4% mientras que la inversión total aumentó a 16,2% y el empleo urbano se expandió a 5,7% anual, como contraparte, el peso se sobrevaluó de forma creciente, lo que aunado a las expectativas en los ingresos públicos provocó un desequilibrio en la balanza de pagos. Entre 1978 y 1981, el déficit fiscal como proporción del PIB aumentó de 6.7% a un 14.1% y el déficit de cuenta corriente de 2.7 miles de millones de dólares a 16.1 miles de millones. 

La crisis económica mundial de 1981-1982 provocó que la demanda internacional por petróleo disminuyera, sus precios bajaron y se redujeron los ingresos del país; las exportaciones no compensaron las importaciones y las divisas no fueron suficientes para cubrir las obligaciones financieras con los acreedores internacionales, manteniendo la necesidad de créditos externos para financiar el desarrollo, las tasas de interés internacionales se incrementaron. La falta de una política de ajuste produjo una gran fuga de capitales que inicialmente se financió con endeudamiento externo de corto plazo, una proporción creciente de los nuevos créditos se canalizaba al pago del servicio de la deuda externa, reduciendo el monto de los recursos necesarios para la inversión productiva. Sin embargo, en 1982, ya no había acreedores dispuestos a seguir prestando a México y el gobierno tuvo que declarar una suspensión de pagos de la deuda externa (por 90 días) y se nacionalizó la banca.

En 1982 el tipo de cambio pasó de 27 a 150 pesos por dólar y las reservas de divisas bajaron. La inflación fue de 98.8% y quedó por arriba de las tasas de interés y se observa una desaceleración de la actividad económica. A partir de ese año los ajustes salariales se calcularon en función a la inflación esperada (misma que subestima sistemáticamente a la observada) en lugar de hacerlo con el incremento registrado en los precios del año anterior.

Ante la crisis se aplicó una política fiscal orientada a la reducción del gasto y el aumento de la recaudación para disminuir el déficit público; el incremento en las tasas de interés para estimular el ahorro interno, elevar la paridad peso - dólar, se encareció el precio de los bienes y servicios en el mercado nacional y se favorecieron las exportaciones.

La política de cambio estructural se centró en la privatización de empresas productivas, eliminación de controles de precios y subsidios a bienes y servicios, liberalización del mercado de capitales, apertura de la economía hacia el exterior, incentivos a la inversión extranjera, reformas al sistema de seguridad social y desregulación del mercado de trabajo y flexibilización de la mano de obra.

Se pueden detectar distintas fases en este periodo uno de ellos se presenta con el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), aplicadas entre los meses diciembre de 1987 y 1988, la siguiente etapa es el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), de enero de 1989 a 1995 aproximadamente. Los objetivos de los pactos fueron contener la inflación, para ello se pretendió atacar los factores causantes de la inflación y reducir el efecto de inercial de la inflación (fenómeno donde los productores fijan sus precios según sus costos esperados y sus expectativas). Su lógica se centró en:

  • a) Saneamiento de las finanzas públicas, ajustando ingresos y gastos, así como la reestructuración del aparato gubernamental (reducción de su tamaño). La política fiscal fue el papel clave para convencer a la población del compromiso gubernamental para controlar los precios y asegurar la estabilidad macroeconómica.

  • b) Ajuste, realineación, congelamiento y regulación programada de los aumentos de los precios de bienes y servicios líderes.

  • c) Fijación de los contratos saláriales en función de la inflación ex post y no ex ante;

  • d) Liberalización, congelamiento y deslizamiento del mercado cambiario a diferentes ritmos. Con ello se acercaban las expectativas de las cotizaciones a micro devaluaciones.

  • e) Profundización de la apertura comercial, con lo que se evitaba el desabastecimiento del mercado interno y sus consecuentes presiones inflacionarias; los precios de los bienes importados se convirtieron en el techo de los aumentos de las cotizaciones locales competitivas; se generarían incentivos para abatir los costos de producción en mejora de la productividad y competitividad.

  • f) Política monetaria ajustable al desempeño de la economía.

  • g) Concertación social para asegurar la viabilidad del programa estabilizador.

En 1988, la tasa de inflación disminuyó pero la economía no creció, para lograr la recuperación económica era fundamental atraer capital externo y reducir la carga de la deuda, se logró a partir de 1989, sin embargo el PIB se recuperó poco.

Pero la desinflación, se realizó a costa de la desalineación de los precios clave (salarios, precios, tipo de cambio), descenso en la calidad en el nivel de vida de la población y el deterioro del sector externo.

En esa perspectiva, a partir de 1989, se llevaron acabo algunos ajustes en las políticas para corregir las deficiencias del PSE. Con el PECE (1989), se reforzó el control sobre las finanzas públicas, se ajustaron las cotizaciones rezagadas se elevaron salarios y se reanudó el deslizamiento cambiario.

También se adoptaron otras medidas entre las que destacan la renegociación de la deuda externa, cambios en el marco normativo de la inversión extranjera, ampliación de la desgravación arancelaria y la reforma financiera. Con tales medidas se reduce la presión sobre las cuentas públicas, acelera la baja de los precios y aumenta la disponibilidad de divisas.

A partir de 1990, la apreciación cambiaria se vio reforzada por el ingreso de capitales, que ayudó a mejorar el desempeño económico de los años subsecuentes evadiendo las restricciones del bajo ahorro interno y posibilitó el manejo flexible de las políticas monetaria y fiscal, compensó el déficit externo y elevó las reservas internacionales.

Las consecuencias, se incrementaron las tasas de interés y por ende se contrarrestaron efectos desinflacionarios y se restringió el crédito, afectando la producción y se aumentó la dependencia financiera del exterior y la sensibilidad a las fluctuaciones de los mercados externos, con lo que la economía se vería orillada a un ajuste repentino dada su dependencia de flujos externos de capital.

En diciembre 1994 se presenta nuevamente un periodo de crisis económica, se inició con el problema del pago de intereses de instrumentos gubernamentales emitidos en dólares tales instrumentos eran denominados como "tesobonos", tal complicación se presenta ante una devaluación del peso frente al dólar, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El crecimiento económico estuvo basado fundamentalmente en el endeudamiento del público, la aplicación de políticas monetarias restrictivas y la reducción del salario real. La planta productiva con capital nacional mayoritario se semiparalizó, sin posibilidades de crédito y con dificultades para competir en el mercado desregulado y favorable para las empresas transnacionales.

Después de una vertiginosa caída de la actividad económica en 1995, la economía mexicana ha experimentado una recuperación económica donde el puntal ha sido la expansión de las exportaciones. Un aspecto interesante es que a sólo pocos meses después del estallido de la crisis, el gobierno mexicano recuperó el acceso a los mercados internacionales de crédito y, durante 1996 y 1997, las entradas de capital privado de portafolio aumentaron rápidamente.


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