Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de México

 

Reflexiones sobre la caducidad de los grados académicos

Por: Mtro. Gerardo Daniel Juárez Mtz. (CV)
Universidad EDEC de Monterrey
juarezmty@hotmail.com

Resumen: El presente artículo expone la opinión del autor, respecto de la propuesta de ponerle término de vigencia o  caducidad al grado académico que se  obtiene en la universidad, ya que lo anterior atenta contra el verdadero espíritu del quehacer universitario, además de que el mercado por sí solo, ya hace su proceso de selección entre los profesionistas que acceden a una plaza laboral.

Palabras clave:  Caducidad, IPN, Capacitación, Actualización profesional, Sistema Educativo Mexicano, Competencias laborales.


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Juárez Mtz., G.D.: "Reflexiones sobre la caducidad de los grados académicos" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 63, julio 2006. en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm


Introducción

Se pensaba hace tiempo, que la educación era un factor de movilidad social.  Muchos padres de familia hicieron hasta lo indecible, con tal de financiar la educación universitaria de sus hijos.

En algunos casos, la movilidad social llegó a presentarse, pero en muchos otros no.  En una dinámica con sobre oferta de profesionales universitarios, que el mercado laboral no puede absorber, es evidente que los otora orgullosos universitarios, formamos parte del desempleo o subempleo.

El presente artículo argumenta contra la propuesta que emana de la autoridad central del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que pretende que los títulos y grados académicos tengan una caducidad de cinco años, algo a todas luces impráctico y sobre todo, clasista. 

     

I. La propuesta de caducidad del IPN 

Se ha mencionado hasta la saciedad que la educación es un asunto de clase social, de dinero.  Solo las personas con mayores recursos pueden darse el lujo de  pagar una educación pretendidamente mejor para sus hijos, o al menos, con mayores alcances tecnológicos, en escuelas con ciertas comodidades, contrario sensu a lo que ocurre con muchas escuelas públicas, que tienen serias carencias en infraestructura.

Nos pondrán por ahí muchos ejemplos de cómo la cultura del esfuerzo, logró hacer que algunos pudieran superarse, evitando así el trágico destino que su condición social y económica les deparaba para el futuro.  Sin embargo, no dejan de ser garbanzos de a libra.

Por otro lado, ha sido una discusión algo frecuente, el peso psicológico que un título o grado académico puede tener en algunas comunidades, donde se tiene una cultura que valora los grados académicos, como antes se hiciera con los títulos nobiliarios.  Así, el licenciado o el ingeniero, antepuesto al nombre de la persona, es una suerte de título de Conde, Barón o Marqués, infundiendo cierto temor en algunas personas, otros más lo consideran de elemental justicia, porque su dinero y su tiempo les costó hacerse del grado académico.

Otra postura defiende que es preferible tener profesionistas sin título, que títulos sin profesionista detrás, que respalde lo que supuestamente dice el grado académico. Para quien esto escribe, el título no es lo primordial, es algo si bien importante, hasta cierto punto adjetivo.  Hay personas que son a pesar del título y universidad en que lo obtuvieron, hay otros que fueron a la universidad por un título que la sociedad les exigía, pese a que su desempeño laboral y/o profesional, era ya de calidad.

Lo anterior viene a colación, porque el director del Instituto Politécnico Nacional, tuvo la feliz ocurrencia de proponer la caducidad de los títulos y grados académicos. Llama la atención la propuesta que hace Enrique Villa Rivera, a la sazón director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (según  una nota publicada por Notimex), en el sentido de que los títulos y diplomas académicos tengan una caducidad de cinco años.

Si no fuera por lo serio del asunto, lo anterior movería a la risa. Según Villa Rivera, su propuesta se hace para: Garantizar la calidad que ofrecen los profesionistas y por la necesidad de alta competencia que impone el mercado laboral nacional y extranjero.

En un comunicado del IPN se informó que una vez concluido el período, "el profesionista deberá actualizarse y cumplir con las nuevas exigencias del conocimiento que se generen en México y el mundo, a fin de contar con una fuerza laboral vigente"[1].

Ignoro en lo personal los antecedentes académicos y/o administrativos del director del IPN, pero al leer su propuesta en lo general, sin conocerla en lo específico, me parece que yerra en lo fundamental, paso a explicarme.

 

II. Argumentos contra la propuesta

Por principio de cuentas la propuesta me parece inútil, el hecho de obtener un grado académico NUNCA ha garantizado que lo que dice el papel que la persona sabe, realmente lo sepa.  Un título certifica cierto nivel de conocimientos, pero no necesariamente un nivel de competencia profesional.  Para nadie es un secreto que  la desvinculación entre escuelas y empleadores, existe[2], de hecho, fue uno de los factores que  impulsó la creación del Sistema de Competencias Laborales, que en México opera el Conocer, en el cual se vinculan educadores, empresarios y autoridades laborales y educativas. 

En segunda instancia, cabe argumentar que el propio mercado laboral, en su dinámica darwiniana - si se me permite el término -, va eliminando de la competencia a aquellos profesionistas que no respondan a las necesidades e intereses del mercado, agravado esto, por la simple maledicencia de algunos, que con tal de abaratar los costos de mano de obra, contratan al empleado que les resulte más barato, sobre todo en profesiones que presentan excedentes de oferta[3].

Se supone que la obligación de capacitar al trabajador recae en el patrón. Si el trabajador se entrena en cierta función que ocupe sólo un área de conocimientos de su carrera, es obvio que lo hace en detrimento del resto de su formación, ¿podrá entonces a los cinco años sustentar nuevamente el examen general de conocimientos de su carrera y aprobarlo?  Entre el mantenerse a él o a su familia, laborar horas extras, trasladarse entre las enormes distancias que existen en las zonas urbanas, ¿le dará tiempo para ello? ¿Y su derecho al descanso?

¿Será acaso que quieren agotar la fuerza física y mental del trabajador, en aras de no dejarlo pensar en nada que no  sea su trabajo? ¿Es acaso una nueva forma de explotación disfrazada de buenas intenciones?

Reconozco que la necesidad de capacitación y actualización es imperativa, pero ponerle caducidad a algo logrado, equivaldría como el hecho de descertificarle la educación básica a la gente, cinco años después de egresar de primaria, al cabo que la realidad demuestra que  muchos universitarios son analfabetas funcionales (somos, dijo el otro), ignorantes de la historia, geografía y gramática castellana, que les fueron enseñadas precisamente en el ciclo de educación básica.

Lo preocupante del asunto es que el director de un plantel público, con gran tradición histórica en las luchas sociales[4], haga una propuesta que es desventajosa para las clases sociales media y baja.

De por sí los pobres no van a la escuela, en muchos hogares machistas se saca a las mujeres de la escuela, para que los hijos varones sean los que la atiendan, en un afán de "ayudar a la familia", argumentando que ellas se van a casar pronto, etcétera.

Pero en una economía no precisamente boyante, con 4 millones de migrantes en los últimos seis años, con una pérdida de 8 millones de empleos, complicarle la existencia a personas que no van a poder financiar su actualización, es poner en desventaja a las clases populares, considerando que los posgrados  y la educación continua, se han vuelto la caja chica de algunas universidades públicas.

Que conste, no se está en contra de la actualización y capacitación, pero es evidente que la actualización profesional cuesta y no poco, si algunos patrones escamotean y eluden su responsabilidad de capacitar al personal, y éste tiene que trabajar dobles jornadas, para complementar su ingreso,  la posibilidad de que pierda su grado académico, según propone el director del IPN, está latente.

Esto perjudica más a las mujeres con hijos, ya que por el doble rol que deben jugar, la posibilidad de disponer de tiempo para su actualización profesional, se diluye con el tic tac del reloj.

 

 

III. ¿Qué puede hacerse?

 

Lo propuesto por las autoridades del IPN es impráctico, improcedente, contradictorio con el mismo espíritu del quehacer universitario.

Tendríamos que irnos a un plano incluso filosófico, teleológico, ¿cuál es el fin?, ¿cuál es el ser y quehacer de la educación en general y de la educación universitaria en lo particular?[5]

 

¿Se estudia la universidad para acrecentar la cultura o para tener una habilitación profesional? Ambas posturas son perfectamente válidas.  Lo interesante de la postura a asumir, es cuánto nos cuesta que la gente se eduque  y cuál es el costo de oportunidad por que no lo haga.

¿Es válido que la universidad pública se financie de los recursos solo para acrecentar la cultura? ¿Es válido que la finalidad de la universidad sea tan solo ser parte del engranaje productivo, como "fabricante" de mano de obra? Ambas y ninguna, según del lado en que nos encontremos.

La universidad, y sobre todo la universidad pública, debe ser un espacio para la formación y libre discusión de las ideas, un espacio generador del pensamiento y solución a los problemas, pero no puede limitarse tan solo a un papel  maquilador de mano de obra.

La solución al problema planteado por las autoridades centrales del IPN es algo que ya existe, por el lado de las cédulas profesionales y por el lado de la certificación de competencias laborales.

En el caso de profesiones liberales como contaduría, derecho, arquitectura, ingeniería civil  o medicina, los colegios profesionales exigen ciertos requisitos de ingreso y permanencia, para mantenerlos como profesionistas certificados, es decir, algo más allá del simple grado académico y cédula profesional (patente para ejercer).

El asunto puede abordarse desde la cédula profesional.  Un universitario puede estudiar una carrera por gusto, aunque no le interese ejercerla.  Otro universitario puede estar alquilando su cédula profesional, prestando su firma para procedimientos administrativos o ante las autoridades, aunque desconozca el alcance o siquiera entienda lo que está firmando.

Si el gobierno controla la expedición de cédulas, basta con subir los requisitos para otorgarlas, exigirla para ciertos trámites y exigir su renovación cada cierto tiempo (anual inclusive), bajo ciertos parámetros.  El término propuesto de cinco años, no ayuda en nada, ante la veloz obsolescencia de la tecnología, en algunas profesiones, cinco años pueden ser demasiado.

En el caso de la contaduría, las reformas a las leyes hacendarias se hacen anualmente, ¿son prudentes cinco años?

Volviendo a lo anterior, la idea es que los parámetros no excluyan a las personas por su clase social y posibilidades económicas.  Las personas deben ser actualizadas en sus empleos, tener tiempo para formarse, leer libros y revistas profesionales y acceder a formación virtual.

Se podría aprovechar internet y los centros comunitarios de aprendizaje, para que los colegios profesionales de las distintas carreras, pongan en línea y con acceso gratuito o con mínima cuota de recuperación, los materiales de actualización necesarios para ser un profesionista vigente, ahí ya sería responsabilidad de los profesionistas liberales o de los empleadores y los trabajadores, cerciorarse de que la actualización se esté aprovechando.

Otra de las vertientes en que ya se está aplicando la necesidad de tener profesionales con conocimientos actualizados y vigentes, es la certificación del "saber hacer", mediante las Normas Técnicas de Competencia Laboral, las cuales tienen su vigencia establecida. 

En ellas, un grupo de profesionales, empresarios y trabajadores, definen un trabajo y cómo se expresa la competencia del saber hacerlo, así, un trabajador puede certificarse en saberes específicos, sin importar cómo aprendió dichos conocimientos, ni si tiene o no, un grado universitario[6].

 

Conclusiones

 

Ignoro el motivo de la propuesta de las autoridades del IPN, pero en los mismísimos Estados Unidos, la certificación profesional es posterior al grado académico, así, un graduado de Bachiller en Economía, puede estudiar los cursos para certificarse como Contador Público, decisión que tomará el Colegio de Contadores, una vez que apruebe su examen.

O quizá prefiera estudiar el Doctorado en Jurisprudencia, pero mientras no apruebe el examen de la Barra de Abogados, no podrá ejercer como tal.

Se agradece la creatividad, pero al menos en este caso, la propuesta parece poco atinada y falta de sensibilidad social.  Quizá haga más falta:

¨       Incrementar la investigación aplicada, para ofrecer solución a los problemas locales y regionales.

¨       Aumentar el grado de vinculación escuela - empresa, mediante la instauración de laboratorios, residencias profesionales y cátedras apoyadas por empresas.

¨       Un diseño curricular basado en el modelo de competencias laborales, para que los egresados realmente sepan hacer algo, y que tengan la ventaja de que, si se ven obligados a desertar, tengan al menos la posibilidad de demostrar que saben algo.

¨       Proveer materiales de actualización profesional, mediante los medios tecnológicos o impresos adecuados, a un costo de recuperación no lucrativo, que permita a las clases más desfavorecidas, acceder a ella sin que se sufra un grave desembolso financiero.

¨       Incrementar la vigilancia a los patrones, para que cumplan realmente con los programas de capacitación y actualización laboral.

 

Así, y solo así, se podrá  preparar a los profesionales adecuados, para apuntalar el desarrollo nacional, pero insisto, el mercado laboral por si solo, ya hace su selección natural, quedando vigentes solo aquellos que responden a las necesidades del mercado de trabajo.

 

No se está en contra de la certificación y actualización permanente, pero si no se tiene un acceso equitativo a ellas, como en tantas otras cosas, se convertirán en asunto de clase social, condenando a la eterna pobreza, a quienes menos tienen.


 

[1] Propone Villa Rivera caducidad de cinco años en títulos profesionales según cable de Notimex el 20-06-06, a las 8:28 horas, según http://mx.news.yahoo.com/060621/7/1s9ok.html

[2] Véase: La  catástrofe silenciosa de Gilberto Guevara Niebla,  y El Sistema Educativo Mexicano de Carlos Ornelas, publicados por el Fondo de Cultura Económica.

[3] En uno de los actos que cabe reconocer, el gobierno federal de México, lanzó un sitio web con información de las profesiones y sus perspectivas laborales a futuro.  El sitio se llama Observatorio Laboral de México, se encuentra en www.observatoriolaboral.org.mx 

[4] Parte de los estudiantes agredidos, desaparecidos y asesinados por el gobierno mexicano el 10-Jun-1971, en el trágico Jueves de Corpus, pertenecían al Politécnico Nacional.

[5] Cfr. Agustín Basave en Ser y Quehacer de la Universidad. Ed. UANL y a Fullat y Sarramona en Cuestiones de Educación, Barcelona: CEAC.

[6] Valle Flores (2000). Formación en Competencias y certificación profesional. México: UNAM.


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios