Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

  Economía Latinoamericana

 

Reconfiguración regional de la cintura americana*

Feliciano García Aguirre**
felixiano20@hotmail.com

 

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

García Aguirre, F. (2005) "Reconfiguración regional de la cintura americana" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 48. Texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/

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Resumen
El presente ensayo está dedicado a analizar los efectos de los actuales planes de desarrollo en América Latina: TLCAN, ALCA, Plan Colombia y Plan Puebla Panamá. El capitalismo contemporáneo al imponer orientación y velocidad al proceso de acumulación regional reestructura vidas, recursos, paisajes, nichos ecológicos, etc. Cobra en este contexto especial importancia geopolítica, geoeconómica, y geoestratégica la cintura americana convertida en blanco de los intereses norteamericanos. La promoción de los planes de desarrollo norteados enfrenta la resistencia de los pueblos amenazados de despojo y expulsión de sus territorios. Los peligros que se ciernen sobre las grandes mayorías son muchos frente a la expansión imperialista del siglo XXI.

Abstract
The present essay is dedicated to analize the effects of the development plans in Latin America -TLCAN, ALCA, Plan Colombia and Plan Puebla Panama-. The contemporary capitalism impose the orientation and to speed the process of regional accumulation to restore lives, resources, landscapes, ecological oasis, etc. It takes in this context the special importance geo political, geo economical and geo strategical, the latin american waist turnbed into the target of the norteamerican interest. The promotion of development plans confront the resistence of the people threatened of poverty and expulsions of their territories. The danger over the big population is a lot confronted to the expansion of the 21th century imperialism.

Síntesis curricular
Doctor en Ciencias Históricas, Universidad de la Habana Posdoctorado en Pensamiento y Cultura de América Latina, CLACSO-COLMEX Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana (UV). Profesor titular de la Facultad de Economía, UV

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Tres procesos históricos recorren América latina impulsando la modernidad capitalista durante el último medio siglo. El generado por las potencias imperiales europeas y estadounidense. El inducido por el acomodo de las elites latinoamericanas a los dictados del capital trasnacional, sus intereses geoestratégicos, las luchas de clases propias de los Estados nacionales derivadas de la explotación y extracción de riquezas. Y el mantenido por las sobrevivencias y resistencias de los pueblos asidos de sus herencias socioculturales.

La transformación de Estados Unidos en potencia mundial con pretensiones hegemónicas se fraguó en plural después de la Segunda Guerra Mundial, con la participación de varios centros del sistema capitalista. La triada Estados Unidos, Europa Occidental y Japón[1] conformó un nuevo imperio colectivo, con las bases y formas que ahora vivimos como globalización neoliberal y cuyas medidas económicas de ajuste son impuestas por organismos financieros internacionales. Dicho imperio tiene sus más claros asideros en el control de los recursos naturales, especialmente petróleo y gas, en el ejército industrial de reserva de las zonas empobrecidas del planeta, en su poderío militar y en el control ideológico, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación.

Las elites latinoamericanas forjadas bajo las reglas impuestas por la rígida división internacional del trabajo, se tornaron nacionalistas y populistas[2] ante el utilitarismo liberal decididamente extranjerizante de finales del siglo XIX y principios del XX. Concluidos los periodos en los que se impusieron los modelos primario exportador y sustitución de importaciones, la crisis económica de postguerra anunció la reorganización del capital a escala mundial y el recrudecimiento de los conflictos regionales. Al término de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y el embate imperialista contribuyeron a abrir espacios al capital mediante la adopción del modelo neoliberal. La coyuntura internacional permitió a Estados Unidos imponer varios proyectos de integración a los gobiernos latinoamericanos para mantener sus posiciones ante los avances de la integración europea y asiática. El primero de ellos fue TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México, que entró en vigor en 1994,[3] momento en el cual se anunció en la Florida la decisión de impulsar el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que propiciaría —ante el rechazo popular generalizado— acuerdos comerciales bilaterales entre países de la región y Estados Unidos.

Dichos proyectos tienen como finalidad estructural concentrar el poder económico, político y militar en manos estadounidenses. La consecuencia más inmediata es la reconfiguración regional de los pueblos y naciones del Río Bravo a la Patagonia pasando por el Caribe. A instancias de la modificación de los flujos comerciales, migratorios, financieros y militares se trastoca la propiedad de los recursos naturales, el medio ambiente y la extracción de riquezas para favorecer al Norte. Reconfigurar significa en este caso el remapeamiento del continente entero adecuándolo a los actuales sentidos de la acumulación capitalista, a los sistemas militares de monitoreo, defensa y ataque, etcétera, lo que se traduce en términos prácticos en la expulsión de poblaciones autóctonas de sus territorios.[4] De forma más llana, los proyectos aludidos representan la mayor escalada emprendida por el empresariado estadounidense de que se tenga memoria con la connivencia de sus homólogos regionales.

Estos remapeamientos de la vida —consecuencia de la reestructuración tecnocrática del capital—, se traducen en desempleos masivos, empobrecimiento, corrupción, evasión social por vías como el alcoholismo y la drogadicción, que cierran círculos perversos vinculados a las formas de explotación más alienantes de que se tiene memoria como la prostitución y el esclavismo. En esas condiciones, quienes han llevado y llevan la peor parte son las grandes mayorías desprotegidas compuestas por niños, mujeres, ancianos e indígenas. Todo lo cual ha generado brotes de inconformidad, resistencia y rebeldía frente a la imposición de proyectos de muerte —más que de vida— como los neoliberales. El ciclo de rebeldías más recientes de América Latina se inició con una serie de levantamientos: el del EZLN en México, los Sem Terra[5] en Brasil, los cocacoleros y mineros de Bolivia, los piqueteros de Argentina, los huelguistas de Perú, el movimiento indígena de Ecuador —que continuó con las impresionantes iniciativas del Foro Social Mundial, con su raíz en Porto Alegre— y el G22[6] en Cancún, influyeron en las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Nestor Kirchner en Argentina, Hugo Chávez Frías en Venezuela y Tabaré Vázquez en Uruguay.[7] Todos esto movimientos anuncian un nuevo momento en la luchas sociales de nuestros pueblos a instancias de las presiones imperialistas neocoloniales.

La importancia de los proyectos referidos son sumamente importantes para la construcción del futuro de los pueblos latinoamericanos. Pero, ¿sabemos sus alcances? ¿Son realmente una solución viable y alternativa para el desarrollo de nuestros pueblos? ¿No tenemos alternativas? Con el ánimo de ofrecer una mirada crítica al respecto, en esta ocasión nos ocuparemos de exponer la manera en la cual dos proyectos, el TLCAN y el PPP, adelantan pasos en dirección del ALCA reconfigurando la vida de los pueblos de México y Centroamérica.

Nunca es tarde…

Iniciativas de integración regional como el TLCAN y PPP se suman a otras —expresadas en forma de tratados comerciales con diversos países— adelantando pasos en dirección del ALCA. Todas ellas son piezas claves del ajedrez mundial de los intereses empresariales, militares y financieros estadounidenses. Tales acuerdos evidencian la ambición norteamericana de apoderarse de los recursos naturales, humanos y culturales de Nuestra América, pero también manifiestan el deslizamiento real de su poderío imperialista ante la integración europea y asiática.

Después de diez años el TLCAN ofrece muestras de lo que no se debe hacer en materia de integración: integrar desiguales capacidades productivas, sociales y políticas, como si fuesen iguales. El resultado de esa experiencia es desastrosa por donde quiera que se le evalúe. El crecimiento de la economía mexicana ha sido anémico durante los últimos diez años (1.4% del PIB, en promedio). La libre movilidad de mercancías, en particular las provenientes de los países del norte —Canadá y Estados Unidos—, se ha asegurado y con ello los excedentes de mercancías, sobre todo de origen estadounidense, han ingresado a México prácticamente sin restricciones, favoreciendo a la economía más poderosa, en detrimento de mercancías de origen mexicano que con frecuencia encuentran resistencias.

En la movilidad de las personas se aprecia el verdadero sentido del TLCAN. Millones de mexicanos trabajan en condiciones inhumanas en diversas empresas en el campo y ciudades estadounidenses. Por falta de acuerdos migratorios los trabajadores mexicanos ingresan ilegalmente a Estados Unidos y por ello son perseguidos, asesinados, expatriados, discriminados y maltratados. Los migrantes mexicanos en ese país se cuentan por millones[8] y constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes de México, después del petróleo.[9]

A la desigual movilidad de mercancías y personas se aúnan los daños en varios sectores económicos, sociales y del medio ambiente, que parecen irreversibles. Sectores agroindustriales como el cañero-azucarero han sido de los más seriamente dañados por la libre entrada de edulcorantes a México. La importación de productos agrícolas y pecuarios han dañado la autosuficiencia alimentaria y con ello afectado a extensas zonas campesinas y ganaderas.

Las transferencias de valor de México hacia las economías del norte recorren varios circuitos. El de la sobrefacturación interempresarial es uno de los más extensamente practicados por empresas establecidas en México con sus filiales. Pero también el pago de salarios diferenciados en ramas y sectores de la economía similares, como sucede en la automotriz o la industria maquiladora de exportación; el pago al servicio de la deuda externa y de la deuda misma; la transferencia del ahorro interno como resultado de la privatización bancaria; el control de la política económica por parte de los financieros norteamericanos. Todas ellas son prácticas normales de transferencia de la riqueza generada en territorio mexicano.[10] De todo ello los resultados están a la vista: la mayor parte de la población mexicana (60%) vive en la pobreza y la pauperización ha alcanzado a los sectores medios creados en las décadas anteriores.

Afirmar que la experiencia dejada por el TLCAN es maravillosa y una solución macroeconómica en beneficio de los países involucrados es una falacia desmentida por la propia información oficial disponible sobre el comportamiento de la economía y sociedad mexicanas. Los daños han afectado la libre determinación nacional como nunca antes. La intromisión estadounidense en los asuntos nacionales es cada vez más acusada e impone sus decisiones a través de los organismos financieros, políticos, diplomáticos y culturales internacionales, afectando el desarrollo social. Ante el deterioro económico, social, cultural y político ocasionado por el TLCAN, el PPP constituye el medio idóneo de la elites regionales para asegurar rentas elevadas a corto plazo; a la vez que adelanta pasos para convencernos de la necesidad —e inevitabilidad histórica— de impulsar el ALCA en todo el continente. De ese modo, una región geopolíticamente imprescindible para el capital y los intereses empresariales y militares norteamericanos adquiere rasgos identitarios: la región Golfo-Caribe.

El TLCAN y PPP enfrentan las prioridades estratégicas norteamericanas en el Medio Oriente y en América Latina, pero también las aceleradas modificaciones de la rueda de la historia. El desplazamiento del polo hegemónico imperialista del Atlántico Norte hacia el Oriente ya no es una hipótesis por confirmar. La creciente fortaleza de China muestra un crecimiento sin precedentes en la historia económica mundial del último medio siglo, además de ser uno de los países poseedores de la mayor cantidad de deuda externa estadounidense. China recién ha firmado un tratado comercial con los países del sudeste asiático formando así el mercado más grande del planeta.[11] Rusia y China últimamente anunciaron prácticas militares conjuntas y el presidente chino Hu Jintao, en su reciente gira por América Latina, firmó varios acuerdos de inversión multimillonarios con Argentina, Brasil y Cuba.[12]

En contraposición, Estados Unidos pierde credibilidad incluso entre sectores conservadores. Los errores gubernamentales cometidos después del 11 de septiembre del 2003 crearon un malestar mundial sin precedentes. Este escenario, que tampoco es inamovible, se complica al agregar el aumento de la demanda de energéticos mundiales, especialmente petróleo y gas, los daños a la biosfera y las necesidades mundiales de agua dulce para consumo humano. Estos factores son de vital importancia para la supervivencia del sistema económico norteamericano y ponen en peligro a diversos países latinoamericanos debido a la debilidad de sus gobiernos y la fragilidad de sus economías. El caso emblemático es México que, después de tres gobiernos neoliberales y la firma del TLCAN, ha acentuado su dependencia económica y su subordinación política y militar de Estados Unidos.

El pragmatismo estadounidense, acostumbrado a imponer sus condiciones, subvalora las múltiples resistencias sociales en Nuestra América, al creer que por las vías tradicionalmente empleadas —chantajes, intimidaciones, bloqueos e invasiones— vencerá todas las oposiciones. En el momento en que el TLCAN entró en vigor, ya lo hemos dicho, el ALCA fue anunciado sorpresivamente desde el epicentro geopolítico estadounidense de la Florida, donde tiene su asiento el Comando Sur. No hay duda en las vinculaciones estratégicas de ambos proyectos. Si bien un tratado no conduce al otro de manera automática, no se puede dejar de lado el tan deseado efecto demostración que ha acompañado a los proyectos estadounidenses para América Latina desde los tiempos del panamericanismo, pasando por la creación de la Alianza para el Progreso (ALPRO) o el desarrollo por cuencas hidrológicas animadas desde los tiempos del Plan Marshall. La misma mano, la misma factura de aquellos proyectos caracterizados como desarrollistas durante la década de los setentas del siglo pasado, es la que ahora conduce los planes de integración impulsados por el gobierno estadounidense en el presente. Con una salvedad: los actuales planes son más acelerados y brutalmente impuestos mediante el empleo de mecanismos económico-financieros-militares-tecnológicos-empresariales que ahora dispone el imperio.

Para las elites gubernamentales latinoamericanas estrechamente vinculadas a los intereses estadounidenses es impensable el diseño y puesta en práctica de sus planes de desarrollo sin la presencia estadounidense. Con más de una década de ajustes neoliberales —probando con posibles dolarizaciones, intentando acuerdos regionales de diversa envergadura, pagando puntualmente los intereses de la deuda, levantando o desmantelando barreras al libre comercio, aprovechando las mal llamadas ventajas comparativas, etcétera—, todavía no encuentran los causes apropiados para organizar la necesaria complementariedad económica, social, política y cultural de nuestros pueblos. Las iniciativas de los actuales gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela han descubierto las alternativas de integración en el Cono Sur, pero Ecuador, Bolivia y Uruguay enfrentan la dura realidad: la decisión de sus pueblos de no continuar la senda trazada por el modelo neoliberal. Colombia, Perú y Chile en cambio apuestan su futuro vinculados a los intereses estadounidenses, aunque éste último modifica sus relaciones internacionales con la mirada puesta en los países asiáticos. México y la gran mayoría de los países centroamericanos y del Caribe no se conciben de otra manera y menos fuera de la zona de influencia de Estados Unidos. El plan Colombia es ya un grave riesgo para la convivencia entre los pueblos de la región andina al constituirse en cabeza de playa de la avanzada estadounidense en la región. Los otros planes en marcha no son menos norteados.

El conjunto de tales planes y proyectos pretenden modernizar a los diferentes pueblos latinoamericanos. La modernidad capitalista es un pasillo estrecho en el que no tienen cabida las mayorías. Continuamos asistiendo pulverizados a los mismos lugares: mercados con monedas fuertes, seguridad militar de los poderosos que al paso de los años se ha convertido en el mayor de los peligros posibles, compitiendo entre nosotros, acentuando nuestras dependencias científicas y tecnológicas, etcétera. Las elites, a diferencia de los pueblos, no dudan cuando voltean hacia otro lado, a Europa o Asia, por ejemplo, lo hacen para presionar al poderoso del Norte y conseguir el beneficio para unos cuantos. Tales negociaciones no tienen la finalidad de concretar acuerdos favorables para sus pueblos, sino para esos grupos reducidos, experiencias de la que está llena nuestra historia. La única experiencia histórica de integración regional exitosa de que se tiene memoria es la europea, que hace justo lo contrario de la estadounidense: involucra desigualdades entre los países para atenuarlas. La cooperación multilateral es su sino y no la oprobiosa imposición de los todopoderosos sobre los débiles como sucede en América.

Un proyecto norteado

La región comprendida en el PPP incluye ocho países —México, Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá—, y nueve estados federados mexicanos —Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo—, lo cual involucra una área con 64 millones de personas y con un poco más de un millón de kilómetros cuadrados que genera un Producto Interno anual de 143 mil millones de dólares. La especialización productiva regional se basa en la producción agropecuaria y de servicios ligados al turismo. Las reservas de agua, petróleo y biodiversidad que poseen dichos países son de las más importantes del continente. Su posición geográfica ha sido estratégica para la acumulación capitalista y fundamental para sortear el tránsito intercontinental de mercancías.

El PPP mantiene varias iniciativas en curso que parecen atractivas. Desarrollo sustentable y humano —para no estar fuera de moda—, prevención de desastres naturales y migraciones, promoción del turismo, intercambio comercial, integración vial, energética y de telecomunicaciones. Ocho son en total los proyectos oficialmente difundidos, cuyo financiamiento corre a cargo de tres entidades: la iniciativa privada, el sector público y la banca de desarrollo. Los diagnósticos revelan una visión tecnocrática del desarrollo, en la que la miseria y el subdesarrollo en que se encuentra sumergida la mayor parte de la población del área sólo puede transformase mediante la inversión, aprovechando las ventajas comparativas o sea la dotación de recursos naturales y humanos. En términos más llanos, se trata de aprovechar una fuerza de trabajo acostumbrada a recibir bajos salarios y un medio ambiente privilegiado con yacimientos de petróleo, gas, agua dulce abundante y una riquísima biodiversidad. De todos los proyectos anunciados, el que avanza sistemáticamente es el de la construcción de carreteras de los países involucrados.

En la iniciativa se mantienen a buen resguardo aspectos importantes que la explican con claridad, cuando se mira la región Golfo-Caribe en conjunto. Estados Unidos enfrenta un problema serio para la exportación y envío de sus mercancías a los países orientales. Durante décadas canalizó sus fuerzas productivas hacia los países europeos asociados al programa de reconstrucción y fomento de posguerra, pero en la medida en que el polo de acumulación mundial se deslizó en la década de 1960 hacia Oriente, la infraestructura construida en la costa atlántica exigía reacomodos.[13] Ronald Reagan inició con su política antisindicalista y flexibilizadora del trabajo, la reanimación industrial en zonas distintas a las tradicionalmente conocidas en el Este y con ello pudo transferir recursos estatales al complejo militar-empresarial-industrial-financiero, medidas concretadas y ampliadas años más tarde por George Bush con la invasión de Irak y el impulso del TLCAN para asegurar un mercado de más de 400 millones de personas.

Las vías más apropiadas para el traslado de la producción estadounidense continúan siendo las históricas rutas de navegación entre Oriente y Occidente. Continentalmente hablando el territorio mexicano forma parte de las posibilidades de reducción de costos de transporte internacional estadounidense. El canal de Panamá es obsoleto para el tráfico multimodal con buques de mayor calado para la transportación de containers. Las alternativas costeables en el corto plazo se inscriben justo en la cintura centroamericana, en la que destaca por supuesto el istmo mexicano de Tehuantepec por significar un ahorro de más de tres mil millas náuticas en el tráfico interoceánico, si se le compara con Panamá y los centros navieros estadounidenses más importantes en el Atlántico. En la actualidad la mayor parte de la producción estadounidense ubicada históricamente en la parte atlántica se traslada recorriendo la red ferroviaria, carretera y fluvial que une la región de los Grandes Lagos con la frontera sur —norte de México—, por El Paso, Texas, con dirección a San Francisco, para de ahí descender a los países asiáticos.

Las peculiaridades geopolítica y geoeconómica del imperio estadounidense llevaron al presidente mexicano Ernesto Zedillo, en 1996, a proponer una serie de corredores terrestres que unían las costas del Golfo de México con las del Pacífico, para facilitarle a aquél las tareas de transportación mercantil con destino a los países antes aludidos.[14] La propuesta encajaba bien en el marco del TLCAN.[15] Los pasos dados por las elites estadounidenses y nacionales no han sido aislados. En 1997, reunidos los presidentes Bill Clinton y Ernesto Zedillo para ajustar los limites del la zona económica exclusiva de Estados Unidos y México, condujo a la pérdida de varios miles de hectáreas de mar patrimonial de los mexicanos. No obstante, con Vicente Fox la iniciativa del PPP apareció como algo extraño en la histórica política exterior mexicana, respetuosa de la libre determinación de los pueblos. Lo cual denotaba la fuerte presencia de la agencias estadounidenses de cobertura internacional.[16] Ambos presidentes mexicanos, muy ligados a los intereses estadounidenses y sujetos a sus reglas, consideran que el sacrificio de las grandes mayorías es el costo que se debe pagar para lograr el desarrollo. No es extraño que uno de sus lemas preferidos haya sido y sea: crecer para después repartir el producto social.

El interés y dependencia estadounidense de los yacimientos de petróleo y gas son acusados. El actual gobierno mexicano inició una fuerte campaña para privatizar la industria petrolera nacional y energética en general, como parte del programa neoliberal. La resistencia de varios sectores sociales atemperaron en las Cámaras de Diputados y Senadores las pretendidas reformas, desde las energéticas hasta las fiscales, pretendidamente benefactoras. Sin embargo, han dejado pasar decisiones del Ejecutivo que atentan contra la industria energética nacional.

Las condiciones para que tales políticas se impulsaran habían sido creadas durante la gestión de Carlos Salinas: la firma del TLCAN y la modificación de diversas leyes nacionales que tenían que ver con la propiedad de la tierra (artículo 17 constitucional) y con la participación de la empresas nacionales encargadas de la producción energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).[17]

Con la modificación del artículo aludido se posibilitó la compra y venta de la tierra, lo que significa en términos reales que la propiedad ejidal y comunal —que equivalía aproximadamente a la mitad de la propiedad de la tierra nacional— podría ser vendida. La adquisición de porciones de tierra y recursos naturales importantes a veces intocados, en los que había que incluir reservas de agua superficial y subterránea, se unió a la apropiación de paisajes y lugares adecuados para el turismo, áreas soleadas durante todo el año o corrientes de aire aptas para la generación de energía eléctrica. Los tipos de renta capitalista tradicionales como el de la tierra se han ampliado a la del petróleo, gas, paisaje, aire y agua. Las consecuencias inmediatas de tales artilugios legales se expresan en la expulsión de pueblos empobrecidos por la vía de la compra-venta o el saqueo sin cortapisas.

Con la modificación de las leyes que protegían a la industria energética nacional de los embates extranjeros, se deja a Pemex circunscrita a tareas reducidas. En la práctica, Pemex se encarga del trabajo sucio y cede a manos del capital privado nacional y extranjero las mayores ganancias provenientes de la petroquímica secundaria, sin violentar el mandato constitucional de la propiedad nacional del subsuelo. Para ello idearon los empresarios en el gobierno, la ampliación de los CSM para asegurar la ingerencia de las compañías petroleras, sobre todo texanas. Esta privatización de facto inició su marcha años atrás animada por la falta de mantenimiento a las instalaciones petroleras y el desvío de los recursos generados por el petróleo hacia las áreas prioritarias del actual gobierno: la intención general es demostrar la urgente necesidad de abrir el sector energético a la inversión extranjera. Cosa que sucedía a la par del anuncio de depósitos gigantes de petróleo y gas como el Hoyo de Dona en el Golfo de México y la Cuenca de Burgos, muy cercanos a la frontera con Texas.

Como se puede apreciar las condiciones materiales, políticas y jurídicas del TLCAN y PPP se fueron creando a lo largo de tres sexenios neoliberales. Las funciones asignadas a Pemex como empresa estratégica para el desarrollo nacional se han visto reducidas bajo el pretexto de baja productividad, ineficiencia y falta de competitividad internacional. Mismos pretextos que se han empleado para el caso de la industria eléctrica nacional que incluso ha exportado energía al estado de California, cuando sus empresas privadas han sido incapaces de atender la demanda de sus consumidores. En el epicentro de semejante danza de intereses están por supuesto las empresas petroleras texanas y sus próceres en la Casa Blanca. No necesitamos insistir en el hecho bien sabido de la importancia económica y política que Pemex representa para la nación mexicana, baste tener presente que ha sido el principal rubro del ingreso nacional desde que se nacionalizara la industria petrolera.

Las modificaciones jurídicas ocurridas durante los años noventa revelan la importancia geoestratégica de los recursos naturales de la región para los intereses estadounidenses. Con afectaciones en la propiedad de la tierra y empresas nacionales encargadas de dotar al país de energía, como Pemex y CFE, se asegura la transferencia de la riqueza creada —bajo el influjo del Estado benefactor mexicano durante los años 1940-1980—, a empresarios privados. Temas de tal envergadura reclaman análisis más detallados. Interesa revelar las intenciones ocultas en planes como el PPP cuando se les vincula a miradas continentales y fenómenos sociales complejos como las migraciones, la resistencia de los pueblos, el narcotráfico, la corrupción administrativa, la prostitución y defensa de los intereses nacionales, la iniciativa del ALCA, la recién anunciada actualización del TLCAN, la seguridad hemisférica, etcétera, porque los millones de personas que viven en la pobreza e indigencia reclaman salidas alternativas más allá del embate neoliberal y de las propuestas de desarrollo de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.

Si bien el PPP se muestra como una iniciativa tecnocrática promovida por organismos internacionales como el BID, que han ofrecido dos millones de dólares para promoverlo, lo que esperan obtener a cambio las empresas trasnacionales es una cuestión no resuelta. Nos preguntamos además qué significa esa cantidad frente a los 25 millones de dólares anuales que genera tan sólo la sonda petrolera de Campeche. La idea de construir vías terrestres a lo largo y ancho de la región centroamericana argumentando la necesidad de conexión terrestre y energética, sólo se explica por la existencia de yacimientos de petróleo, gas y otros recursos que, cual nichos, pueden rendir beneficios cuantiosos reposicionando los intereses estadounidenses en la región. Sin descontar por supuesto el llamado corredor biológico centroamericano que ofrece rentas cuantiosas a la biopiratería y biotecnología.

Al imperio le interesa asegurar el libre flujo de mercancías pero controlar el tránsito de personas. Construir desinhibidores de las migraciones en dirección a Estados Unidos es otro de los propósitos, además de desmantelar la organización insurgente en Chiapas. La presencia de sesenta mil efectivos militares mexicanos en la zona nos deja entrever que el zapatismo es una de las más serias preocupaciones gubernamentales ante la escalada estadounidense en el área. No es extraño que en fechas recientes se insista en la revisión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) a instancias de los sucesos del 11 de septiembre de 2003, el narcotráfico y las intervenciones militares preventivas estadounidense.

En este contexto el Golfo de México y el Caribe se erigen como un espacio imprescindible para el capital estadounidense y sus pretensiones de dominación hegemónicas. Desde esa perspectiva un as de comunicaciones podría abrir paso en todas direcciones a sus mercancías comunicando al Atlántico con el Pacífico,[18] uniendo las principales zonas productoras del Atlántico estadounidense a una especie de lago interior —el Golfo de México—, mediante el epicentro de la Florida y las zonas petroleras texanas en dirección de los países asiáticos, y sometiendo todo a su paso. El único país de toda la región que preocupa seriamente a los intereses estadounidenses es Cuba, porque se opone a sus dictados y reclama un trato no subordinado.

El PPP tiene que ser valorado desde los lugares concretos en donde se aplica, considerando que forma parte de una estrategia geopolítica, en la que todos los tratados de libre comercio ya firmados en el continente allanan el camino al ALCA en todas sus modalidades. Los gobiernos y pueblos centroamericanos, el Caribe y América del Sur debieran conocer y evaluar las experiencias dañinas dejadas por el TLCAN para prever las consecuencias del PPP y el ALCA, en los términos en que prefiere e impone Estados Unidos y en un momento en que la inflexión histórica mundial ha puesto al descubierto las debilidades de su hegemonía.[19] Creemos, porque la historia lo ha demostrado en más de una ocasión, que la hegemonía es una relación en construcción y movimiento, no es eterna ni definitiva. Por eso el actual imperio estadounidense ni lo sabe todo ni lo puede todo.[20] En poder de lo pueblos está la ultima palabra.

Secuelas

La reconfiguración regional acompaña al sistema capitalista desde sus orígenes. El TLCAN y el PPP reclaman atención cuidadosa y análisis escrupulosos. Son un ensayo más en el campo de pruebas en que se ha convertido toda Nuestra América, aceleradas a partir de la coyuntura histórica que se abriera con el fin la Guerra Fría y la aplicación del modelo neoliberal.

Las reconfiguraciones actualmente en curso impulsadas por el neoliberalismo y los planes de integración norteamericanos —TLCAN, PPP, etcétera—, acentuarán las contradicciones sociales presentes afectando el futuro de millones de personas. Como consecuencia la polarización de la riqueza y la pobreza habrá de acentuarse sirviéndose de los sistemas electorales que promueven y afianzan las democracias representativas. Por esas vías se trata de poner los recursos naturales y humanos al servicio principalmente de los intereses empresariales y militares estadounidenses.

Los proyectos del capitalismo agresivo de finales del siglo XX y principios del XXI sugieren que el pasillo de la modernidad es la única vía posible para lograr el desarrollo y que todos estamos obligados a caminar por esa senda. Los planes de integración impulsados por Estados Unidos así nos lo muestran en todos los escenarios donde tales proyectos se imponen de la mano de las elites gubernamentales neoliberales. Las incontadas resistencias a su globalización y sus formas de convivencia, anuncian la incompletud cultural de los pueblos que se niegan a ser homogeneizados, y que si bien claman trato igual también lo exigen diferenciado. Los proyectos [de las elites gubernamentales como el -PPP, TLCAN y ALCA-] evidencian el grave riesgo que vive la humanidad bajo su esquema de desarrollo económico y de sistema electoral, porque tienden a apuntalar ante todo al complejo industrial-financiero-empresarial-militar estadounidense.

La imposición de la globalización neoliberal desató las amarras del capital trasnacional industrial, financiero y militar tal como lo conocemos en la actualidad. Ha creado formas de explotación no tradicionales, más brutales, pero a la vez sujetos sociales nuevos con capacidades de reacción y organización impensadas hasta hace poco tiempo atrás: movimientos feministas, indígenas, Sem Terra y piqueteros, pero también gobiernos en los cuales se cifra la esperanza de cambio en favor de las grandes mayorías y con ello la posibilidad de construir un mundo en donde quepan muchos mundos.

El camino por recorrer es sin duda complicado. Describirlo a fuerza de incorporar ángulos de mirada diversos habrá de contribuir a encontrar soluciones alternativas a los problemas que nos han generado el imperialismo y la modernidad capitalista. Las resistencias de los pueblos y las formas de integración alternativas, democráticas, distintas de las que impone el imperio estadounidense, señalan caminos posibles. El abandono del modelo neoliberal es urgente en la región, pues sus costos sociales, económicos y políticos son insostenibles. Construir la esperanza implica también abandonar el escenario montado por la modernidad durante siglos de dominio, explotación y colonización. Significa, por tanto, oponerse a los planes de integración neomodernos, neocoloniales, creyentes del fin de la historia y del pensamiento único, que les vienen bien a los intereses hegemónicos, a las elites y no a los pueblos que han sufrido saqueos y explotaciones sistemáticos por generaciones.

La presente situación histórica que viven los pueblos de Nuestra América reclama interpretaciones conceptuales y herramientas teóricas que no tenemos tan afinadas. La mezcla conceptual es un camino provechoso que nos veremos si duda obligados a recorrer ante la complejidad de lo fenómenos sociales que expresan su materialidad geopolítica —por ejemplo, cuando se trata de dar cuenta de fenómenos como las rentas del agua, del aire, de la biodiversidad, etcétera, del trabajo femenino y sus expresiones en el cuidado del cuerpo, etcétera, o de las nuevas ciencia y tecnologías—, geoeconómica y geoestratégica, pero también ante la necesidad de hacer avanzar la democracia participativa y protagónica. Problemas para los que no disponemos de cuerpos teóricos con capacidad explicativa suficiente. La necesidad de dar respuestas a las problemáticas aquí abordadas nos acercan a la posibilidad —cognitiva y epistémica— de valorar posibilidades para construir saberes sociales que ofrezcan ángulos de mirada alternativos, soluciones viables vinculadas a la acción.

El momento histórico revolucionario que vive el planeta es sin duda privilegiado. El reacomodo ocasionado por la división internacional del trabajo y la lucha de clases en los bloques económicos mundiales acompañados de resistencias civiles inéditas, reclaman sin duda modificaciones en las estrategias políticas y de desarrollo de nuestras naciones.

Las piezas del rompecabezas mundial apuntan en dirección de la cintura americana y describen la importancia histórica de la misma. Asuntos tan diversos como los procesos migratorios, el deterioro del medio ambiente, el narcotráfico, la localización de las bases militares estadounidenses, los yacimientos petroleros, las reservas de agua, la biodiversidad, la prostitución, los problemas sociales acentuados por la explotación capitalista, las políticas económicas neoliberales, el papel de las iglesias y la desmantelación del Estado como figura política e institucional garante de la reproducción ampliada del capital, trastocan nuestros asideros teóricos, conceptuales, éticos, epistémicos y empíricos. El momento histórico que vivimos es provechoso porque alimenta, promueve la inventiva y potencia capacidades en un siglo en el cual el despertar político habrá de ser una constante.

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