Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía Latinoamericana

 

LA AGENDA TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA

 

José Jesús Rojas López (*) (CV)
Instituto de Geografía
Centro de Estudios Rurales Andinos
Universidad de Los Andes, Mérida
jrojaslopez34@gmail.com

 

 

RESUMEN

El trabajo revisa los antecedentes y los alcances del enfoque territorial del desarrollo rural en América Latina, con el propósito de introducir una discusión sobre algunos de los desafíos que se le presentan, ante los recientes avances conceptuales de la geografía humanista y la nueva geografía regional. La identidad territorial y la multiescalaridad de los territorios son los retos examinados, dada sus implicaciones directas para el nuevo modelo de desarrollo rural, que cada vez gana más espacio en las políticas públicas de la región.

Palabras clave: desarrollo rural, nueva ruralidad, identidad territorial, multiescalaridad territorial.


Para citar este artículo recomendamos utilizar este formato:

Rojas López, J.: "La agenda territorial del desarrollo rural en América Latina" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 96, abril 2008. Texto completo en http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/


INTRODUCCIÓN

En los últimos años nuevos y diversos temas se han incorporado a la agenda del desarrollo rural en América Latina, en gran parte debido a las insuficiencias y debilidades de las políticas agrarias tradicionales para resolver el gran problema del campo: la pobreza rural, y en parte, también, por los cambios socioeconómicos recientes que están ocurriendo en el agro latinoamericano. Los modelos centrados en la exclusividad de los Estados o los mercados, han dado paso a nuevas lecturas de lo rural, que orientan su interés hacia la revaloración de la ruralidad en la sociedad, la trama participativa de actores sociales, las identidades territoriales, las articulaciones urbano-rurales, agriculturas ampliadas y manejo sostenible del medio ambiente (Pérez, 2001). Sobresale un esfuerzo convergente para la construcción de un nuevo modelo, el desarrollo rural con enfoque territorial (DRET), que anima a organismos multilaterales de cooperación, gobiernos nacionales, instituciones de investigación y estudiosos de la ruralidad, en tanto que se le reconocen bondades y fortalezas para mejorar la calidad de vida de las sociedades rurales más pobres (Schejtman y Berdegué, 2004).

Sin embargo, las experiencias del DRET en la región indican que la diversidad de actores y territorios amerita todavía mayores esfuerzos de investigación, que amplíen la comprensión de los procesos localizados de desarrollo (Soto Baquero et al. 2007). En virtud de que el territorio se erige como el concepto aglutinador y articulador de la trama de actores y procesos sociales, que singulariza a un determinado espacio geográfico, se espera que el análisis de la estructura territorial, sus componentes y funcionamiento, sea de máxima relevancia para el desarrollo rural territorial. Por ello, en este trabajo revisamos el significado de las nuevas lecturas de la ruralidad a objeto de introducir los principales desafíos que el modelo DRET debe asumir ante las recientes propuestas conceptuales de la geografía humanista y la nueva geografía regional. Concretamente, los conceptos sobre la diferenciación identitaria de los territorios y la multiescalaridad territorial serán examinados en el contexto de la discusión, dada sus implicaciones directas en el enfoque territorial del desarrollo rural.

La estructura del documento comprende cuatro breves secciones. En la primera se revisan los antecedentes del modelo DRET. En la segunda, los avances de la nueva ruralidad y el desarrollo rural participativo. En la tercera, los alcances del enfoque territorial del desarrollo rural y, en la última, los retos de la conceptualización geográfica de la territorialidad en el desarrollo rural

I. ANTECEDENTES DEL DRET

Los programas de desarrollo agrícola y rural en América Latina cuentan con una historia relativamente extensa que puede remontarse a los inicios de la inmigración selectiva o de colonias agrícolas en el siglo XIX, la colonización de tierras nuevas de mediados del siglo XX y, poco después, la “revolución verde” y los programas de desarrollo de comunidades. A principios de la década de 1960 se extienden los programas de reforma agraria como vía fundamental para la incorporación de las masas campesinas al desarrollo económico y social. La redistribución de la tierra, la modernización tecnológica y diversas formas de subsidio agrícola, son elementos comunes de los programas de reforma que, sin embargo, a mediados de la década de 1970 ya estaban sometidos a las críticas por sus débiles resultados en la calidad de vida rural (García, 1982).

La redistribución de la tierra no sólo fue insuficiente, sino que la dotación estuvo bastante alejada de la titulación de la propiedad. La tenencia precaria fue la regla, aparte de la ocupación por desmonte de las tierras baldías. Respecto a la modernización tecnológica, sus rasgos esenciales fueron la selectividad social y espacial del proceso de innovación (químico, biológico y mecánico), descuidándose tanto sus efectos negativos en el ambiente, como la historicidad de las prácticas culturales y sociales campesinas. Finalmente, los subsidios, créditos y otros instrumentos económicos, no sólo fueron limitados e inoportunos, sino que carecieron de seguimiento y control de desempeño en el campo.

No obstante, a la reforma agraria se le reconoce la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de infraestructuras de soporte, la vinculación campesina con la economía de mercado y el mejoramiento de algunos índices sanitarios. Pero en términos generales, persistieron la pobreza rural, la concentración de la tierra, las asimetrías en la comercialización de insumos y cosechas y los flujos de emigración rural.

Los organismos internacionales y algunos gobiernos nacionales redirigieron sus miradas al campo con una visión distinta a la reformista clásica, en la búsqueda de un desarrollo rural planificado en regiones de reconocida potencialidad agrícola. Surge así, el concepto de desarrollo rural integrado (DRI). Los planes DRI pretendían superar los pobres resultados de la reforma agraria en algunos países o la imposibilidad política de realizarla en otros (Giménez Landínez, 1980). En todo caso, los principales objetivos fueron:

- Mejorar el empleo productivo, no exclusivamente en actividades agrícolas, sino incorporando los empleos rurales no agrícolas, particularmente los relacionados con las pequeñas y medianas industrias rurales.

- Facilitar el acceso a los medios de producción, mediante formas expeditas de financiamiento y extensión rural.

- Mejorar la distribución de los beneficios de la producción, a través de mecanismos de mercado reductores del papel de los intermediarios.

- Lograr mayor participación de la población en los procesos de toma de decisiones, promoviendo nuevas formas de organización social.

- Promover el uso racional de los recursos naturales con campañas masivas de educación y extensión rural y la organización de la educación formal en el medio rural.

- Mejorar el acceso a los servicios básicos, la dotación de infraestructura y las conexiones urbano-rurales.

La evaluación de los modelos DRI en América Latina y África señala cuatro grandes nudos estructurales: a) Demasiados costosos en países pobres, por la gran extensión de las áreas de cobertura, b) Fuertes limitaciones de las estructuras agrarias y las instituciones locales para mejorar la distribución de los beneficios, c) Fragilidad de los servicios técnicos y administrativos para impulsar la modernización agraria, y c) Ausencia de una eficiente y transparente coordinación administrativa que gestionara el cambio planificado en los proyectos de inversión (Portocarrero, 1985).

En los inicios de la década de 1980 se promueve una versión mejorada de los programas DRI, basada en la endogeneidad y el ecodesarrollo (Sachs, 1980). La revaloración de los recursos locales y el medio ambiente en el desarrollo rural ganó espacio en los discursos de los organismos multilaterales, pero fueron pocos los éxitos en sus aplicaciones prácticas debido a su baja operatividad para consolidar redes sociales de acción colectiva. El efecto demostración de algunos proyectos realizados en pequeñas comunidades con apoyo internacional, sin embargo, promovió la endogeneidad como referencia válida en el reconocimiento del valor de las diferencias en la planificación del desarrollo y la importancia definitiva de los factores históricos y culturales en el desarrollo rural.

Durante esta década, los organismos multilaterales promueven en América Latina las políticas de estabilización económica y ajustes estructurales, en sintonía con el modelo neoliberal de desarrollo económico (Segrelles, 2002). Dos elementos centrales se destacan en esta política: a) La reducción del papel del Estado en la economía, y b) El fortalecimiento del mercado como asignador de recursos. En general, las políticas neoliberales no fueron por sí mismas proagrícolas en amplio sentido, dadas las características poco competitivas de la mayoría de los agricultores en estos países. Por ello, el esfuerzo en el desarrollo rural se orientó en tres sentidos fundamentales:

- La organización de las cadenas agroproductivas, especialmente del sector agroalimentario.

- Promoción de la producción para la exportación de productos con ventajas competitivas, especialmente fruticultura,

plantaciones tropicales y productos del mar.

- Transformación de la pequeña y mediana agricultura en sistemas eficientes y competitivos.

Pero la agricultura competitiva encontró numerosos problemas en América Latina. Entre ellos, que la agricultura moderna- la que podía ser competitiva- era y lo es, todavía, altamente dependiente de insumos externos. Por otra parte, la drástica reducción del financiamiento oficial, elevó los costos de producción, especialmente de los pequeños y medianos productores. Pero sobretodo, que la eliminación de los subsidios a la agricultura hizo menos competitiva la producción frente a la agricultura subsidiada de los países desarrollados. En pocas palabras, el brusco desmontaje de los niveles de protección oficial afectó el desempeño agrícola de los países menos desarrollados, salvo en algunos rubros sensibles que siguieron siendo protegidos, o en otros cuyos previos aprendizajes en los mercados de exportación, les permitieron abrirse campo en el comercio internacional.

II. NUEVA RURALIDAD Y DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO

A mediados de la década de 1990 comenzó una reevaluación de los enfoques y métodos del desarrollo rural, a la luz de los magros resultados de las experiencias anteriores. Cabe destacar los indicadores de pobreza rural, inseguridad alimentaria y deterioro de los ecosistemas naturales. La baja calidad de vida y la precariedad rural seguían estando asociadas en grandes sectores sociales de la región. Al mismo tiempo, el futuro de los más pobres del campo lucía cada vez más sombrío, dadas sus condiciones adversas para enfrentar, o aprovechar, la fuerza arrolladora de la globalización, el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la orientación de las mayores inversiones hacia las áreas urbanas y de agricultura empresarial e, incluso, la mayor movilidad de las poblaciones.

Schejtman y Berdegué (op. cit.) precisan la irrelevancia de los viejos enfoques del desarrollo rural en los siguientes términos: desconocimiento de la heterogeneidad del mundo rural y, por tanto, ausencia de políticas diferenciadas; desconocimiento de la multidimensionalidad del fenómeno de la pobreza rural y poca atención a las opciones económicas rurales no agrícolas; desvinculación entre las propuestas de transformaciones productivas y las necesarias reformas de la institucionalidad rural; poca intervención en los mecanismos de corrección de las fallas de los mercados; escasa coordinación entre los diferentes niveles administrativos de las políticas rurales; dificultades para reconocer la influencia de los mercados en las oportunidades y restricciones económicas de los más pobres del campo; escaso relacionamiento con las agroempresas, servicios urbanos y centros de investigación agrícola, y baja capacidad para adecuar las políticas centrales a las áreas rurales o de promover las experiencias exitosas de estas últimas.

Se exigía, entonces, un repensamiento de la ruralidad en contextos menos convencionales o, si se quiere, hacer otra lectura del mundo rural. En esta labor convergen experiencias de la multifuncionalidad rural y los clusters productivos europeos, las asociaciones rurales canadienses; los aportes teóricos de la geografía económica y la economía neoinstitucional en torno a la economía regional; experiencias latinoamericanas de reforma agraria, desarrollo rural integrado y desarrollo comunitario; movimientos sociales por la tierra, la agricultura y el ambiente en países no industrializados; tendencias descentralizadoras de los sistemas políticos, y, sobretodo, la convicción de que el desarrollo era mucho más que crecimiento económico, que las comunidades rurales eran los principales actores en una planificación más estratégica y menos normativa y que el desarrollo rural estaba fuertemente condicionado por el grado de solidez institucional de la sociedad.

Algunos estudios ya habían adelantado la importancia de los empleos e ingresos campesinos derivados de las actividades rurales no agrícolas en algunas regiones, la revalorización del medio rural como abastecedor de servicios ambientales para la sociedad (agua, oxígeno, paisaje, alimentos, fibras), la necesidad del repoblamiento de los campos para disminuir las desigualdades territoriales, el liderazgo de la mujer en la conducción de la familia rural, el papel relevante de las acciones comunitarias para atenuar las calamidades cotidianas y la relevancia de las ciudades medias y los centros poblados rurales en la dinámica geoeconómica de los espacios rurales.

Se inició, de esta manera, la construcción del concepto de la nueva ruralidad: una visión de lo rural más allá de lo agrícola, una consideración de lo local y regional en términos territoriales, un concepto de territorio asociado a su apropiación cultural e identitaria, una idea de los recursos naturales menos naturalista-proteccionista, una relación urbano-rural no dicotómica, una reconsideración del papel de las instituciones y de los modelos asociativos y comunitarios en el desarrollo rural (Pérez, 2001; Gómez, 2002).

La nueva ruralidad amplía el concepto de agricultura y las dimensiones de la ruralidad, por cuanto acentúa los encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio.

La visión europea de la nueva ruralidad difiere de la que se conceptualiza en América Latina, en tanto que en el viejo continente los objetivos se refieren a la readecuación de los espacios rurales en una agricultura industrializada. En este sentido, se tiende hacia la extensificación del uso de la tierra, la reducción de las áreas cultivadas, la terciarización de la economía rural, la ordenación del territorio y la gestión de servicios ambientales (Segrelles, 2000). En América Latina, por el contrario, la agricultura continúa siendo el eje central de este enfoque, al que se agregan las opciones rurales no agrícolas y la necesidad de la concienciación, movilización y empoderamiento de las poblaciones rurales. Ello comprende necesariamente los llamados intangibles del desarrollo: confianza, protagonismo, conciencia colectiva, reivindicación de derechos y valores, educación y organización (Boisier, 2004).

De este modo en América Latina la nueva visión de lo rural privilegia, al menos en teoría, el protagonismo de los procesos participativos. El desarrollo rural participativo no se agota en la nueva ruralidad, sino que defiende la pertinencia de un plan estratégico, consensuado entre los actores rurales en torno a una visión posible o deseable, que hace absolutamente necesario el empoderamiento de las comunidades, para que sean ellas mismas las que tomen las riendas de los procesos locales de desarrollo (Groppo et al. 2003).

III. DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

Se hizo evidente, así, la necesidad de recuperar activamente la heterogeneidad territorial del mundo rural en los programas de desarrollo. La diversidad de agriculturas, productores, recursos naturales, actores sociales, asentamientos humanos, instituciones, tradiciones y culturas requería de un concepto envolvente, un marco articulador, que será proporcionado por un nuevo concepto de territorio rural: ámbito geográfico con una historia propia y una base común de recursos naturales, donde no sólo tiene lugar la agricultura, sino también relaciones socio-culturales, tecno-económicas y político-institucionales, que vinculan a los actores sociales entre sí, con su medio natural, con las actividades rurales no agrícolas y con los asentamientos urbanos (Delgadillo, 2007).

El territorio ya no responde a la clásica concepción geográfica, esto es, un espacio ecológico fijo, delimitado y controlado por una determinada soberanía o forma institucional de apropiación, sino una porción del espacio geográfico individualizado por un tejido sociocultural y formas propias de producción, intercambio y consumo, regido por instituciones formales y no formales y modos de organización social también particulares. Un espacio local donde se entrelazan la proximidad geográfica que evoca pertenencia y permanencia y la proximidad social que identifica una historia común y unos valores compartidos.

Local (regional), territorio y rural se identifican en el DRET, en tanto se busca integrar espacios, actores sociales, mercados y políticas públicas en territorios especificados sociohistóricamente (Sepúlveda et al, 2003). El Estado deja de ser el actor esencial y se convierte en uno de los actores principales que coordinan y facilitan las actividades de un plan de desarrollo rural. A medida que éste se desarrolla “de abajo hacia arriba y hacia los lados”, las comunidades ganan empoderamiento en el proceso, lo que les permite intervenir activamente y con mayor seguridad en las siguientes fases del plan. El asunto clave es movilizar simultáneamente todos los componentes del territorio (sinergia) en torno a uno o más proyectos, vinculados al proyecto-nación. La identidad cultural o la “mirada hacia dentro”, es una fortaleza que posibilita las alianzas y relaciones con actores públicos y privados de otros ámbitos territoriales, es decir, oportunidades de “mirar hacia fuera” en términos de competitividad del entorno local: productividad, calidad ambiental, valor agregado, valorización cultural.

El desarrollo rural se encamina hacia esfuerzos colectivos enraizados en los territorios, que valoriza sus especificidades locales mediante acciones de empoderamiento comunitario. De esta manera, el DRET ocupa el centro de una nueva agenda rural que se construye actualmente en algunos países de América Latina y que privilegia la simultaneidad frente a la confusa integralidad de las acciones, la planificación estratégica frente a la rígida planificación normativa-tecnocrática, el fortalecimiento de las instituciones locales frente a la centralización política-administrativa y la concertación de alianzas y pactos territoriales frente a las políticas sectoriales (Rojas López, 2007).

Schejtman y Berdegué (ob cit.) lo definen como un proceso de transformación productiva e institucional orientado a reducir la pobreza en un espacio rural determinado. Identifican varios elementos que permitirían avanzar hacia una teoría de la acción del DRET. Ellos pueden ser agrupados en tres campos propositivos:

- En lo económico, promover la competitividad (conocimientos y progreso técnico) y la demanda externa a los territorios, motor de las transformaciones productivas. La transformación productiva tiene como finalidad articular la economía del territorio a mercados dinámicos en términos competitivos y sostenibles.

- En lo territorial, acentuar las interacciones urbano- rurales (esenciales para los intercambios agrícolas y no agrícolas), y fomentar las identidades y especificidades que derivan de la heterogeneidad entre territorios (vocaciones de los territorios).

- En lo institucional, fortalecer las instancias mediadoras y articuladoras entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, con el propósito de estimular la interacción, la comunicación y la concertación de los actores locales entre sí y con los agentes externos, y de ese modo incrementar la participación de las poblaciones pobres en el proceso de desarrollo.

En el desarrollo rural territorial se integran los conceptos de desarrollo endógeno, desarrollo integrado, lo agrícola y lo rural, políticas públicas e iniciativas privadas, producción y medio ambiente, lo urbano y lo rural, instituciones y organizaciones públicas y privadas, todo en función de un proyecto de desarrollo generado e identificado por los actores locales, que aporta y recibe información, bienes y servicios, hacia y desde entornos cercanos y lejanos, a medida que se desarrolla el plan estratégico de desarrollo local rural. Siendo un modelo reciente, las experiencias ganadas hasta ahora en América Latina están siendo incorporadas a los marcos de políticas institucionales de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y algunos gobiernos regionales del continente (México, Brasil, Colombia).

Reconociéndose la pertinencia social y la coherencia de los principios del DRET, también se reconocen sus limitaciones e incertidumbres. Tratar de superar la pobreza rural mediante unos procesos de progreso comunitario geográficamente localizados, dejaría por fuera las verdaderas causa del problema, que residen en ámbitos sociopolíticos ajenos a lo local, en modelos económicos acentuadamente excluyentes que favorecen la concentración de la tierra y de los bienes de capital, los mercados monopólicos y oligopólicos y las seculares desigualdades que marcan a estas sociedades (Acosta Reveles, 2006; Mora, 2006). Pero, también es cierto, que en la medida en que los enfoques participativos se generalicen, las identidades territoriales adquieran más vocería y protagonismo en la trama política-institucional y las comunidades históricamente excluidas se organicen en torno a proyectos compartidos, se estará en una mejor vía para superar la precaria ruralidad.

IV. RETOS DE LA CONCEPTUALIZACION GEOGRÁFICA DE LA TERRITORIALIDAD

Puesto que se trata de estudiar la diversidad territorial del desarrollo rural, los aportes conceptuales y metodológicos de la geografía rural no deberían ser desestimados, pues ya desde la década de 1960 estos estudios venían siendo aplicados al planeamiento rural y manejo integrado de los recursos rurales, especialmente en Europa, y Clout (1972), entre otros, sistematizaba las nuevas exigencias que la sociedad moderna demandaba de los espacios rurales.

En virtud de ello, se estima que la reflexión geográfica en torno a la moderna ruralidad, amplía los abordajes del modo como se organiza la heterogeneidad rural en tiempo y espacio y la dinámica de sus encadenamientos en distintos ámbitos espaciales.

1. ¿Cómo se define un territorio rural?

La respuesta a esta interrogante atiende necesariamente a diversos criterios de identificación y delimitación espacial. Los debates clásicos de la geografía regional durante la primera mitad del siglo XX, revelaron un conjunto de atributos descriptivos de la diferenciación regional y de criterios de delimitación por discontinuidad espacial de dichos atributos (James, 1972). Los rasgos diferenciadores podrían agruparse en físico-naturales (formas de relieve, cobertura de vegetación, variables climáticas), socioeconómicos ( uso de la tierra, densidades demográficas, flujos de comercialización), históricos ( áreas indígenas, plantaciones coloniales, procesos de poblamiento) y político-administrativos (municipios, provincias, regiones decretadas), mientras que los usuales criterios de delimitación correspondían a linderos naturales, áreas de extensión de uno o más de los atributos, o soluciones de continuidad espacial de tales atributos (rupturas de contigüidad, intensidad u homogeneidad).

En todo caso la selección de los indicadores atributivos y las unidades territoriales diferenciadas fueron consideradas como aproximaciones razonablemente objetivas de la diversidad del espacio geográfico, construidas por juicios expertos o entrenados en el terreno. Sin embargo, el problema de integrar factores heterogéneos en una síntesis regional fue menos esclarecido metodológicamente (Reynaud, 1976), cuestión que persiste en el modelo DRET por las dificultades de coordinación y articulación de las acciones de los distintos actores del territorio.

Dado que la unicidad o particularidad de las regiones no posibilitaba la formulación de leyes o principios generales de la organización espacial de la sociedad, la geografía neopositivista desplazó el interés de la disciplina hacia los modelos geométricos del espacio, de pretendida validez universal (Bunge, 1966), olvidándose del hombre como hacedor de paisajes y territorios.

La emergencia del sistema-mundo, la crisis de la modernidad y los consecuentes cambios en el espacio geográfico, reactualizaron el interés por la geodiversidad. Tanto la teorización como las experiencias territoriales, subrayaban que el proceso de globalización no se vivía de la misma manera en todos los lugares, puesto que la carga diferencial de significados de cada territorio hacía imposible que el todo fuese igual en todas sus partes. La diversidad regional o territorial no podía desaparecer porque representaba un componente esencial de la sociedad, dado que la región podía considerarse en sí misma como un proceso en constante reconstrucción sociohistórica (Gilbert, 1988). La nueva geografía regional sería, entonces, uno de los modos de comprender cómo es que trabaja la sociedad para crear una estructura territorial definida por una dinámica de propiedades emergentes, esto es, sólo propias a la región y no a otro nivel territorial. Por su parte, la geografía humanista hacía de las relaciones culturales el foco de la identidad regional: las sociedades locales construyen sus territorios de acuerdo a los valores socioculturales que le otorgan a los lugares y regiones donde habitan y trabajan.

Los espacios locales son revalorizados por la nueva geografía regional (Nogué i Font, 1989) y las corrientes humanistas de la geografía (Tuan, 1977), que los convierten en territorios sociales, de arraigo e identidad. Por esta vía se enlazan con las políticas endógenas de desarrollo rural. Sin duda, el viejo concepto de “género de vida” de la geografía regional francesa, aunque arraigado en la ruralidad europea, merece ser evocado cuando se leen las nuevas propuestas de desarrollo rural en América Latina, pues las filosofías fenomenológicas y existencialistas de la geografía humanista recobran el protagonismo del sujeto.

Se postula que la identidad de un lugar significa el reconocimiento de una trama colectiva de significados o representaciones ambientales y culturales, históricamente legada y socialmente adquirida, de la cual derivan formas particulares de pensar y valorar el entorno y modos de diferenciarse frente a los otros. De ahí que la identidad territorial conjugue un tejido de representaciones propias del territorio que la sociedad adquiere en razón de habitarlo y modelarlo en el transcurso del tiempo. Múltiples territorios que interactúan de múltiples formas, se entremezclan en la representación cultural del espacio geográfico. Por tanto, los programas y proyectos de desarrollo rural no pueden ser universales, no podría existir un “método” de desarrollo rural, sino enfoques que se ajustan a las variaciones y especificidades ecológicas, geohistóricas, antropológicas y económicas de los territorios.

En consecuencia, las percepciones culturales y las experiencias de vida que las comunidades rurales tienen de sus medios naturales, deben ser incorporadas a las políticas públicas. Si bien es cierto que el significado de la naturaleza es culturalmente construido, el entorno que se construye y reconstruye es originalmente la naturaleza, materia prima de la sociedad. Por tanto, la diversidad natural también debe ser incluida en la heterogeneidad rural.

Siendo coherente con los postulados del DRET se impone, entonces, un “diálogo de saberes” entre los proyectistas y los actores del territorio, que dilucide la percepción ambiental y cultural que poseen los actores de su espacio vivido y las estrategias y valoraciones que ellos hacen para la ocupación y uso del territorio (Tovar, 2008). En el primer caso la delimitación territorial quedaría impregnada de sentimientos de pertenencia y permanencia y, en el segundo, la identidad estaría reforzada por los códigos territoriales de la relación hombre-ambiente de la sociedad local.

En razón de ello, debe evitarse el sesgo de incorporar sólo la visión valorativa de los territorios de mayores ventajas comparativas, pues se pasaría por alto que la construcción social del territorio es un proceso complejo que transforma los ecosistemas naturales, incluidos los peor dotados ecológicamente en un momento determinado, en ecosistemas rurales de opciones múltiples. Precisamente se trataría de revertir la exclusiva valoración tecnocrática de la “vocación” de uso de la tierra en los lugares de mayores ventajas comparativas y competitivas, mediante la incorporación valorativa de los saberes y oportunidades territoriales de las comunidades y lugares más alejados o de menor capital natural.

Por otra parte, entendiendo que la conexión más concreta y definida de los actores sociales con su territorio se encuentra en el lugar, éste sería, teóricamente, un espacio de cooperación y solidaridad. No obstante, como no todos los actores territorializan el espacio con la misma intensidad o el mismo poder (económico, político, cultural, religioso), los lugares pueden convertirse en escenarios de conflictos y antagonismos por una determinada distribución geográfica de los recursos provenientes de los programas de desarrollo rural. Ello significa que no sólo se trata de conocer la heterogeneidad entre territorios, sino también al interior de los territorios, y como en el medio rural los atributos naturales y locacionales de la tierra son definidores del alcance del poder, el enfoque geográfico regional apela a los métodos de resolucion de conflictos territoriales o, en último caso, a una redistribución consensuada o redefinición de la ordenación del territorio. En fin, la definición de un territorio en un programa DRET no podría desestimar la redistribución social de los activos territoriales si persigue cerrar la brecha de las desigualdades y superar la pobreza de los excluidos.

2. ¿Y la multiescalaridad territorial?

La elaboración territorial que hace la geografía deja claro que las comunidades locales no son grupos autárquicos, aislados o estáticos, sino actores que construyen históricamente sus lugares, los que, a su vez, son subsistemas de otros (ciudades, regiones, nación) a los cuales aportan y de los cuales reciben múltiples flujos con distinta intensidad en el tiempo y cobertura en el espacio. A la diversidad de la propia naturaleza, “la diversidad de los fijos”, se le incorpora cada vez más “la diversidad de los flujos” (Santos, 2000). Si las relaciones sociales no ocurren en espacios geográficos neutros o indiferenciados, tampoco es posible en espacios aislados o fijos, porque los territorios son la expresión geográfica de múltiples relaciones ecológicas, económicas y sociales tanto en su interior como desde sus entornos. La ausencia de reflexión sobre las escalas, los niveles de análisis y los espacios diferenciados, encerró el trabajo geográfico en un espacio único de conceptualización: la región (Lacoste, 1973), impidiéndose la comprensión y explicación de la geodiversidad en una jerarquía variable de ámbitos espaciales.

Puesto que los actores (Estado, productores, comunidades, organizaciones políticas, individuos, empresas) actúan a distintas escalas geográficas (mundial, nacional, regional, subregional, local), las demarcaciones territoriales dejan de ser fijas. La geografía regional intenta acoplar los procesos sociales, antagónicos y complementarios, que a diferentes escalas concurren y se entremezclan en las construcciones regionales. Se entiende al territorio como la emergencia de una síntesis multiescalar y selectiva que interactúa con las condiciones pre-existentes en un continuo ajuste de acomodos y reacomodos temporales de la propia estructura regional. Enmarca en cada territorio los distintos procesos que se despliegan y se interfieren desde diferentes niveles escalares. Es un asunto central y uno de los principales aportes de la geografía, dadas las interrelaciones envueltas entre globalización, regionalización y lugaridad (Albet, 1993; Farinós, 2001). Es ese entramado el que evidencia la singularidad y la condición emergente de la región, en virtud de que esas interrelaciones localizadas, tangibles e intangibles, generan atributos propios a ese lugar, cuya sinergia es de importancia crucial para el desarrollo local.

Estudiar los territorios locales en un mundo plural, obviando sus relaciones multiescalares, sería desconocer la creciente movilidad espacial y temporal de la gente, los objetos y las ideas. La geografía se plantea como una cuestión clave descifrar las redes y canales espaciales a través de los cuales interactúan los procesos sociales de diferentes ámbitos escalares. Este reto supone una selección y lectura de los procesos socioterritoriales dominantes en cada nivel y una elaboración de modelos de articulación interniveles, o, lo que es lo mismo, estudiar el cómo se articulan las interacciones entre dominantes territoriales que operan a escalas distintas.

En virtud de las relaciones que existen entre las escalas, los tamaños y las posiciones de los territorios en el espacio, los cambios de escala hacen variar las apreciaciones de la diversidad y las dominantes territoriales. Una sucesión de escalas de mundo a lugares supone una selección de dominantes territoriales diferente en cada ámbito escalar. La estructura dominante es aquella que tiene la propiedad de articular las conexiones del mayor número de factores relevantes en un territorio, es la principal responsable de la organización territorial. En algunos ámbitos escalares podrían ser los ejes viales, los canales de comercialización o los hinterlands del sistema urbano, por ejemplo y, en otros, los sistemas de regadío, el uso agrícola de la tierra o la agroindustria local (Rojas López, 2005). En todo caso, la actualización del estudio de los tradicionales enlaces del espacio geográfico y sus respectivos indicadores de conexión a diferentes dimensiones escalares (sociedad/naturaleza, tradicional/moderno, concentrado/disperso, redes/jerarquía/ regional/general, global/local), apunta a una mejor y más justa comprensión de la diversidad de los territorios (Cutter et al., 2002).

CONCLUSIONES

El reconocimiento de las experiencias y percepciones agroambientales de las sociedades locales, le otorgan mayor solidez empírica a la identidad cultural de los territorios, en virtud de la íntima relación que existe entre la ruralidad y el manejo de los recursos naturales en los territorios rurales de la región. El concepto de espacio vivido de la geografía humanista amplía la visión de la identidad territorial, en tanto que valoriza el sentido de arraigo y pertenencia del lugar de los “otros”, los que propiamente construyen los territorios rurales a partir de sus prácticas colectivas.

Del mismo modo, la síntesis interescalar que la geografía intenta descifrar en las regiones, constituye un esfuerzo importante para comprender y explicar las articulaciones potenciadoras de las economías de los territorios. Las dominantes territoriales en cada ámbito escalar y sus enlaces con y desde la trama de organizaciones e instituciones que operan en las regiones, generan una red socioespacial de intensidad variable, por la cual se despliegan acciones y decisiones desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, que movilizan los programas del plan estratégico de desarrollo rural.

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