CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA PALANCA DE DESARROLLO
Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Chile

 

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA PALANCA DE DESARROLLO

Fredy Hardy Wompner Gallardo  (CV)
Universidad de Los Lagos
fwompner@ulagos.cl

 

Resumen:
En el presente trabajo se analizo la política educacional y la Reforma en su ámbito mas postergado hasta ahora; la educación superior. Por ello se hizo una revisión de los principales componentes de la Reforma; calidad, evaluación docente y modificación curricular donde se aplico el análisis sobre estas variables como ejes del mejoramiento de la educación superior. Así en la primera de estas variables fue posible revisar los fundamentos que avalan la formación de un sistema de acreditación de la calidad para la educación superior y sus elementos constituyentes. En la segunda de estas variables fue preciso analizar los principales componentes de un sistema de evaluación docente y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación superior. Por ultimo en lo que respecta a la reforma curricular se analizo la necesidad de modificar los programas de las distintas carreras de la educación superior sobre la base de una formación que este pensada en las competencias necesarias que se requieren para desempeñarse en el mundo moderno.

 


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Wompner Gallardo, F.H.: "Calidad en la educación superior: una palanca de desarrollo" en Observatorio de la Economía Latinoamericana 71, diciembre 2006 Texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/


 

INTRODUCCIÓN

Los problemas centrales de la educación superior en Chile parten del principio de que la formación del capital humano depende del funcionamiento, eficiente o ineficiente, actualizado o anacrónico, de su sistema educativo en todos los niveles, teniendo a la educación superior como principal protagonista (Brunner J., 2003), la que hasta ahora, no a experimentado cambios importantes en el ultimo tiempo, con lo que surge la necesidad de una política para la educación superior acorde al nivel de desarrollo que presenta nuestro país y que permita enfrentar las exigencias del mundo moderno.

Por otra parte el interés por acceder a estudios de nivel superior ha crecido considerablemente en el último tiempo. La matrícula total, que a principios de los 80 era de 175.250 alumnos, hoy supera el medio millón y según la proyección de población de los organismos internacionales, el año 2012 seremos unos 17 millones 400 mil chilenos, de los cuales 2 millones tendrán entre 18 y 24 años, lo cual implica pensar en una meta cercana a un millón de estudiantes en la educación superior para dicho año (Bernasconi A. y Rojas F., 2004).

Afortunadamente, hasta ahora, las instituciones de educación superior han sabido responder a este mayor interés de la sociedad. Actualmente hay 226 instituciones, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que imparten educación superior, distribuidas en 486 sedes a lo largo del país. Donde  se puede reconocer un conjunto amplio y diverso de instituciones tanto públicas como privadas (Bruner J.,2004).

“Por ello es aconsejable mantener y fortalecer esta diversidad resguardando la calidad de los estudios y la transparencia de las distintas opciones, al tiempo que se configura un sistema con distintos niveles que ofrezca a los jóvenes y adultos diversas oportunidades de formación a lo largo de la vida” (Bernasconi A. y Rojas F., 2004).

Las instituciones de educación superior son las principales responsables de responder al reto de formar a las personas para este nuevo mundo. Por ello, resulta ineludible plantear hoy una profunda reforma al sistema de educación superior chileno para colocarlo a la altura que la sociedad necesita, analizando en el presente trabajo, las características que deben tener los principales cambios que se requieren.

 

LA REFORMA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Reforma Educacional Chilena hasta ahora abarca principalmente la enseñanza básica y media de nuestro país con grandes logros e hitos en la historia de Chile y América Latina, donde la equidad y calidad han sido el gran objetivo. Como resultado de ello los estudiantes hoy cuentan con un nuevo curriculum, adecuando para las necesidades educativas del siglo XXI, el 90% de ellos tienen acceso a la informática educativa en escuelas y liceos, tienen entre 200 y 250 horas más de clases al año con la Jornada Escolar Completa y se ha aumentado la inversión en infraestructura educacional para que los niños y profesores tengan mejores condiciones de estudio y enseñanza. Hace poco tiempo, culminó el cuarto hito de la educación chilena en 100 años, se modificó la constitución, para asegurar 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita para todos los jóvenes del país hasta los 21 años (Rosales P., 2005).

Todo este esfuerzo ha estado dirigido a desarrollar un sistema de educación a lo largo de la vida, que permita a todas las personas desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción, y su pleno desarrollo personal, desde una perspectiva ética y valórica. La educación permanente es necesaria, porque en el mundo moderno las personas requieren recalificarse cada vez más en breve plazo. En este proceso la educación superior es aun una tarea pendiente, donde los grandes cambios que ha experimentado la sociedad mundial han obligado a las autoridades a replantearse todo el sistema de estudios superiores y el ministerio está trabajando para insertarse en el nuevo escenario.

Mi experiencia como docente me enseña que el entorno económico y social esta cambiando mucho mas rápido de que lo hacen las instituciones de educación superior, presentando estas un desfase entre lo que el medio necesita y lo que la institución ofrece. El resultado de esto es que en el periodo que tarda una universidad entre detectar la necesidad de actualizar una malla curricular hasta lograr implementar los cambios apropiados, en el medio se han producido nuevos cambios que exigen también actualizaciones de los programas y mallas, no pudiendo, de esta manera, en ningún momento cumplir las expectativas planteadas por el entorno. 

Según la declaración de Porto Alegre se debe garantizar el derecho, acceso y la calidad social de la educación superior, en sus dimensiones de enseñanza, investigación y extensión a todos y a todas que la demanden, mientras que en el foro mundial de Dakar (2000) se asumió el compromiso de fomentar políticas de educación para todos en el marco de una actividad sectorial sostenible y bien integrada, que este explícitamente vinculada con la eliminación de la pobreza y las estrategias de desarrollo, a lo que debemos agregar lo estipulado en la declaración mundial para la educación superior (UNESCO 1997) donde se señala que la gestión y el financiamiento de la enseñanza superior exigen la elaboración de capacidades y estrategias apropiadas de planificación y análisis de las políticas. Por otro lado se debe tener presente que “los desafíos que convocan a la educación, no pueden definir a la reforma solo como un intento de mejoramiento de calidad sino como propuesta de cambio de cualidad” (Cox C., 1997). Es en este contexto que la reforma educacional debe fortalecer la calidad de la educación superior y esto implica necesariamente abordar 3 áreas primordiales (Armanet P., 2006); una reforma curricular basada en competencias, un sistema de aseguramiento de la calidad y la evaluación del desempeño docente.

 

FORMACIÓN EN BASE A COMPETENCIAS


        Es necesario revisar la oferta educativa y analizar de qué manera ésta se pone en sintonía con los cambios que hay tanto en la sociedad en su conjunto como en el conocimiento. “La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen” (UNESCO, 1997), nada mas olvidado dentro de nuestra política educacional.

        La formación profesional debe ser repensada para resolver qué es lo que efectivamente se debe enseñar en pregrado y ser capaces de separar lo importante de los accesorio, lo que sin duda redundará en una reformulación de la organización de los estudios superiores. La empresa moderna necesita trabajadores con una elevada educación general (capacidad de establecer relaciones sociales y laborales en su puesto de trabajo, flexibilidad, disposición a trabajar en equipo, creatividad, disposición de aprender continuamente) mas que de habilidades especificas para un puesto de trabajo determinado (Cox C., 1997). Hoy en día, la capacidad de liderazgo, comunicación, creatividad y emprendimiento son habilidades esenciales de cualquier carrera de ingeniería o administración, así como la empatía, comunicación y motivación lo son también en carreras como la pedagogía, medicina, sicología u otra del área social. Estas habilidades muy ligadas a la personalidad pueden ser desarrolladas con una formación adecuada aunque para ello primero debe valorarse y mas tarde concretarse su incorporación en los programas de muchas carreras que así lo requieran.

        La tendencia sobre esa reflexión está comenzando, “pero no es sólo de nuestro país si no que es un tema universal que implica cambios muy significativos al interior de las universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica" (Armanet P., 2006). 1

Es así como las autoridades propusieron el acortamiento de las carreras como una consecuencia frente a los nuevos alcances del sistema. Las carreras de pregrado estuvieron siempre pensadas para durar 4 ó 5 años. De pronto empezaron a demorarse 6, 7 y hasta 8 en algunas profesiones. Esto se debe a que frente a la velocidad del cambio del conocimiento y la ampliación de las áreas, la reacción natural de las instituciones fue la incorporación de nuevos contenidos, sin cuestionarse si éstos eran realmente relevantes para la formación profesional.

"Más que acortar las carreras debemos discutir qué es lo que esencialmente se debe entregar en pregado” (Asmante P., 2006) y este análisis hace que algunos contenidos que están dentro de las mallas curriculares de pregrado se eliminen y eso implica volver a carreras de 4 a 5 años como máximo.

Hoy día, muchos de los profesionales chilenos que han estudiado 6 ó 7 años se dan cuenta de que ya cuentan con las herramientas y los conocimientos que se les entregan cuando van a hacer un magíster.

Pero el acortamiento de carreras no implica que las personas estudien menos. La vida profesional actual exige que una persona adquiera competencias que no se le entregaron cuando estaba estudiando, pero que se hacen imprescindibles para su desempeño laboral. Por otro lado, el cambio del conocimiento, especialmente en las áreas de las tecnologías, es tan alto que un profesional necesariamente debe reactualizarse para no quedar obsoleto. La educación a través de toda la vida, es un imperativo, ya sea en las vertientes más académicas, como los magíster o doctorados, o por la vía de las especializaciones. Entonces no debemos pensar que una persona debe estudiar 4 años en vez de 7, sino que debe estudiar 4 en pregrado, y regresar a estudiar dos años después, varias veces en la vida, ya que una persona que se titule por ejemplo en 2006 tendrá que actualizar sus conocimientos a mas tardar el 2015.

Las universidades juegan un rol central en esta nueva manera de enfrentar la educación superior y para eso tienen que organizar la formación de los estudiantes de otro modo, "no para estudiantes que vienen una vez, sino para una formación a través de toda la vida” (Asmanet P., 2006).

Debido a la autonomía universitaria, el ministerio no puede obligar a una reforma curricular, pero sÍ puede incentivarla. Y eso es justamente lo que se está haciendo a través de los diversos llamados a concursos Mecesup. La idea es que todas las universidades participen. Aquellas instituciones que no quieran hacer modificaciones curriculares, no van a poder optar a estos financiamientos. Van a poder seguir funcionando e impartiendo clases, porque es una decisión que les corresponde a ellos.

Pero la reforma curricular es imprescindible y afectará profundamente a la organización de las universidades, facultades y departamentos, ya que hace necesario sustituir cursos "lo que significa sustituir profesores, lo que la hace bastante compleja" (Asmanet P., 2006). Realizar profundos cambios a la docencia de pregrado para ponerla en sintonía con la renovación que esta experimentando la formación postsecundaria en el mundo entero.

En el siglo XXI es fundamental desarrollar ciertas competencias transversales para que nuestros profesionales sean eficaces y exitosos en la sociedad del conocimiento. El dominio del inglés y las habilidades para manejarse en el mundo digital son un claro ejemplo de estas competencias. Las nuevas generaciones de profesionales chilenos deberán dominar esta segunda lengua para comunicarse en este mundo globalizado. Debemos plantearnos la meta-país de que todos los profesionales del bicentenario sean bilingües.

 

EL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Para asegurar una formación de calidad de nuestro capital humano avanzado resulta imprescindible mantener y fortalecer la diversidad, en un marco de garantías de calidad de los estudios; mejorar los promedios de egreso, reducir las tasas de deserción y repitencia; favorecer la relación entre educación superior y empresa; y la equivalencia por calidad de los títulos y grados obtenidos en Chile (Brunner J., 2003).

El aseguramiento de la calidad debe ser fruto de un esfuerzo compartido entre el Estado y las instituciones de educación superior. En este esfuerzo debe comprenderse que la calidad no es una cualidad que posee una institución sino un proceso de mejora continua que una institución a implementado y se encuentra en permanente desarrollo.

Más calidad implica mejorar y expandir la formación de doctores y magíster, promoviendo su inserción en la empresa e incentivando la realización permanente de nuevas investigaciones que aúnen el ambiente académico y empresarial, generando, a la vez, un mecanismo que garanticé retribuciones económicas apropiadas a los investigadores o docentes que la realicen o bien incentivos dirigidos al mejoramiento de la calidad. No es posible mejorar la calidad sin pensar en aumentar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología; fortalecer los equipos de investigación y promover su vinculación con el sector privado; promover y fomentar la formación de redes nacionales e internacionales de investigación y desarrollo, para favorecer la existencia de masa crítica suficiente en las diversas áreas frontera de la investigación.

“La acreditación de las instituciones de educación superior es un proceso específico de certificación de calidad que está compuesto por varias etapas que aseguran excelencia de las diferentes casas de estudio. Se comienza con una autoevaluación interna de la institución, que se mira a sí misma y en función de su proyecto educativo señala cuáles son sus fortalezas y debilidades, para luego realizar un informe creado entre unidades académicas y estudiantes. Éste es revisado por un comité de pares externos que verifican la veracidad del informe y emite otro a través de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado que dictamina, en base a los antecedentes, la acreditación” (Bernasconi A. y Rojas F.,2004).

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, establece el conjunto de normas a través de las cuales el Estado dará garantía pública de la formación de técnicos y profesionales en el país y contempla cinco funciones principales; la acreditación de carreras y programas de pregrado, la acreditación de programas de postgrado, la acreditación institucional, el licenciamiento de nuevas instituciones y el sistema de información.

La Comisión Nacional de Acreditación realizó una convocatoria a las instituciones de educación superior autónomas del país, invitándolas a incorporarse a un proyecto piloto de acreditación institucional. La respuesta de las instituciones, por su parte, superó con creces las expectativas que teníamos, confirmando el interés existente y, a nuestro juicio también, demostrando el compromiso que muchas instituciones tienen con la calidad. Son 61 las instituciones de educación superior que se han incorporado a esta iniciativa. Representan aproximadamente al 85% de la matrícula de pregrado de universidades e institutos profesionales. Corresponden a distintos tipos de instituciones, públicas y privadas, tradicionales y derivadas, universidades e institutos profesionales. Estamos seguros de que esta experiencia piloto nos permitirá un aprendizaje sustantivo acerca de cómo desarrollar adecuados procesos de acreditación institucional en el país, valorando la diversidad de las instituciones y resguardando un principio de calidad en el cumplimiento de las distintas funciones que nuestras instituciones de educación superior desarrollan.

La acreditación institucional permite obtener información muy valiosa acerca del conjunto de la institución. “Tiene por objeto evaluar el cumplimiento del proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad” (Bernasconi A. y Rojas F., 2004). No sustituye la acreditación de carreras o programas, sino que constituye un instrumento complementario, que pone en perspectiva sus resultados, a sido definida como una auditoria académica, esto es, la evaluación de la capacidad institucional para la autorregulación, que se entiende como el conjunto de políticas, mecanismos, procedimientos y acciones destinadas a determinar si la institución está efectivamente avanzando hacia el logro de sus propósitos y objetivos, asegurando el cumplimiento de estándares académicos y mejorando permanentemente la calidad de los servicios que presta.

Un punto a favor del actual sistema de acreditación lo proporciona la información disponible para los alumnos. Existe un gran consenso respecto a la necesidad de mejorar la información disponible sobre la oferta de educación superior. El proyecto de ley sobre la Calidad de la educación superior, establece la obligación de entregar información oportuna, veraz y relevante. La creación de mayores capacidades, en el Ministerio de Educación y en las instituciones, para recopilar, procesar, validar y publicar la información es un proceso en marcha. Para los futuros estudiantes y sus familias resulta esencial tomar decisiones informadas. Esta decisión se facilita al conocer las posibilidades de empleo y potenciales remuneraciones de las distintas alternativas académicas.

            En segundo termino la retroalimentación obtenida con el proceso de acreditación es muy valiosa para las mismas instituciones ya que para la propia institución es importante porque tiene un proceso establecido y periódico de autocrítica. Las universidades, al igual que las personas, requieren hacer un análisis respecto de lo que están haciendo y cómo pueden mejorar ya que ninguna es perfecta. La evaluación externa genera presión para que estén constantemente progresando.

            Por ultimo un peligro que crea la acreditación es la tendencia a una estandarización de la educación superior, por un criterio único -el de la Comisión Nacional de Acreditación. Lo anterior es aún más cuestionable al observar la integración de la Comisión, ya que en prácticamente las nominaciones de sus 13 miembros participa directamente el Presidente de la República. Si bien en un principio la acreditación fue definida como voluntaria, se han establecido algunos elementos que hacen que en la práctica sea obligatoria. Esto, debido a que la entrega de todo tipo de financiamiento de origen público, que incluiría los aportes directos e indirectos, crédito universitario, donaciones, entre otros, estaría ligada a la acreditación institucional que realizaría la Comisión Nacional. 

Por ello, a pesar de existir amplio acuerdo en la necesidad de implementar medidas que promuevan mejoras en la educación superior, existen opiniones contrarias a la propuesta. Estas se basan en la forma establecida para que ello sea alcanzado. El proyecto de ley requiere cambios en la línea de mayor libertad y competencia en el proceso de acreditación, evitando los riesgos que provienen de un monopolio.

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

La Conferencia general de la UNESCO en Paris 1997 establece la necesidad de formular políticas claras sobre los docentes de la educación superior lo que en otros términos significa evaluar y perfeccionar la condición del personal docente de la enseñanza superior y atendiendo a la concepción de que la docencia universitaria se ejerce desde una compleja red en la que coexisten múltiples entrecruzamientos y diversas tensiones, se asume la evaluación del docente universitario desde una perspectiva institucional en el entendido que a partir de sus definiciones se establece el escenario desde el cual todo profesor puede construir su identidad profesional y su proyecto de vida académica (Vain P., 2005).

Anteriormente se ha insistido en la dimensión social de la evaluación y en la necesidad de establecer el para qué y a quién sirve la evaluación. En este sentido es necesario dejar sentado que todo acto evaluativo debe estar pensado desde una perspectiva de mejoramiento y construido para beneficiar a la sociedad como un todo. Por ello, el proceso evaluativo debe privilegiar una profunda reflexión en torno a las posibilidades de mejoramiento como arma esencial para potenciar la capacidad transformadora que coadyuve a la solución de las más sentidas problemáticas siempre en pro de una sociedad más justa y humana. “La evaluación es la actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto. La evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados y fundamentalmente las decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a cabo” (Medina Rivilla, 2004).

La palabra docente se asocia comúnmente con el papel de enseñanza que cumple el profesor. La sociedad actual exige que las universidades conjuguen adecuadamente sus tres funciones sustantivas y por ello se requiere con mayor urgencia que el profesor universitario, investigue enseñe y se proyecte socialmente. Para ello, se requiere fundamentalmente del desarrollo profesional de los docentes ligado a su contexto particular y de la mejora de las prácticas educativas, lo que va necesariamente ligado a sus procesos de capacitación y actualización docente tanto en el plano pedagógico como en el disciplinar, a la reflexión que haga de su propia labor docente y a su participación decidida en la reflexión institucional que adquiere necesario vigor en el ejercicio autoevaluativo.

En un principio la iniciativa se asocio principalmente a la entrega de un reconocimiento monetario a muchos docentes que, siendo tremendamente creativos, exitosos y entregados, reciben el mismo sueldo que si no hiciesen ningún esfuerzo adicional. La lógica de este tipo de medidas tiene un fundamento claro en la teoría económica. Además, es de sentido común: si tú te esfuerzas y haces bien tu trabajo, recibirás un premio. Si no te esfuerzas, no recibirás nada, o eventualmente un castigo.

La dificultad está en diseñar un sistema que tenga efectos permanentes en la calidad de la educación superior, lo que resulta una tarea compleja, incluso si es que se diseña adecuadamente un método que mida el rendimiento del profesor, existe el peligro de ignorar aquellos aspectos cualitativos que hacen a la educación un producto tan especial. La educación no es unidimensional, no se relaciona solamente a la acumulación de conocimientos, o de capacidades analíticas y verbales. Existen aspectos emocionales y valóricos extremadamente difíciles de evaluar. Si el incentivo está relacionado con un sólo factor o con un grupo reducido de factores, se vuelve muy costoso para los profesores dedicarse a otros factores no evaluados. Eventualmente se puede terminar reduciendo los recursos utilizados y el esfuerzo entregado en aquellos aspectos que no se incorporan en los indicadores usados para medir desempeño. Por ejemplo, se pueden fijar mínimos de enseñanza o de tiempo dedicado a aquellos aspectos que no son evaluados al construir estos indicadores.

Con todo, la posibilidad de aplicar esquemas de incentivos a los profesores tiene un tremendo potencial y es una gran oportunidad. Sin embargo, se debe ser extremadamente cuidadoso en el diseño de estos mecanismos de evaluación porque ninguno es perfecto y pueden desviarse de su objetivo principal como es la calidad de la educación.

También debemos considerar que una propuesta evaluativa debe tener a los estudiantes como fuente permanente, pero no única, desde la cual los profesores obtienen insumos para la reflexión que potencia su perfeccionamiento. Además debe contemplar estrategias tales como la elaboración por parte del docente de un plan de trabajo semestral acorde con el Plan de Desarrollo Institucional, y las agendas de trabajo que debe elaborar cada uno de los departamentos a los cuales está adscrito el profesor. Estos planes de trabajo incluyen actividades de Docencia, Investigación, Proyección Social, Gestión y Desarrollo Profesoral.

En síntesis la evaluación del desempeño docente debe basarse en 4 fuentes directas de opinión que deben ser analizadas en forma conjunta.

La opinión de los alumnos, quienes opinan acerca de la forma como el docente desarrolla sus procesos de Enseñanza y de Aprendizaje.

La opinión del jefe inmediato, quien se refiere al desempeño general del docente.

La opinión de los Colegas es una variable a analizar. Los profesores contribuyen con la identificación de fortalezas y aspectos en los cuales sus colegas deben mejorar, relacionados con cumplimiento, desempeño académico y relaciones institucionales. Con la información recolectada, el Centro de Evaluación Institucional, elabora un documento para cada docente, en el cual se consignan las principales recomendaciones hechas por sus colegas.

La auto- evaluación que debe realizarse sobre el plan semestral de trabajo debe ser el principal referente evaluativo, en el se pide a cada profesor que informe acerca del nivel de cumplimiento de cada actividad acordada. Esta información, es contrastada con la suministrada por el Jefe inmediato y en caso de no existir coincidencia, se toman como referentes los indicadores de logro previamente establecidos para hacer las correcciones del caso. Toda la información recolectada es organizada y entregada a cada profesor acompañándola de sugerencias de mejoramiento.

Los informes deben ser estudiados por los directivos académicos de la Universidad y del programa quienes, al iniciar el siguiente semestre, hacen un ejercicio de retroalimentación con cada uno de los profesores. De esta manera se les incentiva para seguir afianzando los aspectos positivos de su práctica docente, y se les invita a revisar y reflexionar sobre los puntos en los cuales han sido encontradas debilidades.


 

CONCLUSIONES

La Reforma Educacional Chilena ha abarcado, hasta ahora, principalmente la enseñanza básica y media de nuestro país con grandes logros e hitos en la historia de Chile y América Latina, donde la equidad y calidad han sido el gran objetivo. En este proceso la educación superior es aun una tarea pendiente, donde los grandes cambios que ha experimentado la sociedad mundial obligan a las autoridades a replantearse todo el sistema de estudios superiores.

En este contexto el análisis de la política educacional y especialmente de la reforma nos lleva a distinguir que cualquier política que busque fortalecer la calidad de la educación superior, debe abordar necesariamente 3 áreas primordiales; una reforma curricular basada en competencias, un sistema de aseguramiento de la calidad y la evaluación del desempeño docente.

Una reforma curricular involucra una completa revisión de los programas y asignaturas que componen las carreras en la educación superior y replantear dichos programas sobre la base de competencias para el ejercicio posterior de la profesión.

El aseguramiento de la calidad es de alguna manera responsabilidad del estado quien debe certificar que casas de estudio cumplen con los requisitos académicos necesarios para impartir las carreras que ofrecen, lo que en el fondo resulta ser una evaluación de la capacidad institucional para la autorregulación donde se busca verificar si la institución está efectivamente avanzando hacia el logro de sus objetivos, asegurando el cumplimiento de estándares académicos y mejorando permanentemente la calidad de los servicios que presta.

Por ultimo la evaluación docente debe entenderse como un proceso donde participan los alumnos, compañeros de trabajo, jefes directos y el mismo docente analizando los resultados obtenidos y las características del desempeño en el periodo que dure una asignatura o superior. La evaluación docente por tanto debe ser una herramienta que permita tanto a la institución como al mismo docente mejorar sus puntos débiles  e incrementar las herramientas necesarias mejorar su función.

 

BIBLIOGRAFÍA

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Armanet P. “Reforma curricular: Mejores profesionales en menos tiempo”, El Mercurio, 5 de Enero de 2006.

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Brunner Jose Joaquin, “Oferta y demanda de profesionales y técnicos en Chile”, Editorial Ril 2004. 

Cox Cristián “La Reforma de la Educación Chilena: contexto, contenidos, implementación” . Santiago, PREAL, 1997.

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Medina Rivilla “Evaluación del docente universitario: una visión institucional” www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos. 2004

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