DEMOCRACIA-DICTADURA Y CENTRALISMO-LIBERALISMO. FRACTURA POLÍTICA Y FRACTURA ECONÓMICA EN EL CHILE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

Economía de Chile

 

DEMOCRACIA-DICTADURA Y CENTRALISMO-LIBERALISMO. FRACTURA POLÍTICA Y FRACTURA ECONÓMICA EN EL CHILE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

 

José Leopoldo Montesino Jerez (CV)
poloporo@gmail.com

 

Introducción

En esta monografía me propongo estudiar dos tipos de cambios históricos ocurridos en Chile durante la segunda mitad del siglo XX, como fueron la ruptura de la Democracia en el año 1973 y quiebre de la tendencia creciente en el centralismo de las decisiones en el sistema económico imperante hasta ese mismo año.

La sociedad chilena había emergido a comienzos de la década de 1950 desde una época de fuerte proteccionismo estatal al mundo empresarial, de una época conocida como Industrialización por Sustitución de Importaciones (o estrategia ISI), la que a su vez fue una respuesta natural y lógica a la crisis mundial ocurrida entre los años 1929-1930 que afectó gravemente a Chile y que ha sido ampliamente referida como la Gran Depresión de 1929.

En los años que van desde 1914 a 1945, en tanto, la humanidad debió soportar dos guerras mundiales que provocaron serios trastornos, no sólo por las tragedias derivadas de las mismas –millones de muertos, heridos y desaparecidos- sino por afectar gravemente el funcionamiento de las economías europeas y norteamericana en particular y del resto de los países menos avanzados en general.

En este contexto se fundamentaron, además, nuevas tensiones ideológicas que se manifestaron de diversos modos, desde desconfianzas entre bloques de países occidentales y orientales, hasta luchas intestinas al interior de algunos países que, en definitiva, conformaban un cuadro muy desalentador en vistas a un sano mayor acercamiento cultural y comercial entre naciones civilizadas. Este contexto político-económico mundial también ha sido también ampliamente conocido como la Guerra Fría.

La hipótesis central que sostengo en este trabajo es: “De las fracturas más relevantes de Chile ocurridas entre los años 1960-1990, dos del año 1973 establecieron tendencias opuestas: una fractura dio el paso de un sistema democrático a uno dictatorial en lo político y otra fractura dio el paso de un sistema centralizado-autoritario a uno liberal-democrático en lo económico-social”.

La hipótesis anterior requiere especificar el lenguaje utilizado. En especial me parece conveniente aclarar y discutir los conceptos de fractura versus normalidad política, democracia electoral versus dictadura política y centralismo autoritario versus libertad descentralizada en las decisiones relativas a lo económico-social. Con estas precisiones, es que me propongo analizar a grandes rasgos el proceso político, económico-social chileno vivido entre los años 1960-1990 a la luz de la hipótesis planteada y de acuerdo a los antecedentes disponibles en la bibliografía atingente al tema.

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Montesino Jerez, J.L.: "Democracia-Dictadura y Centralismo-Liberalismo. Fractura política y fractura económica en el Chile de la segunda mitad del siglo XX" en Observatorio de la Economía Latinoamericana 97, mayo 2008 Texto completo en www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/
Fractura

El concepto de fractura surge a partir del estudio de las localizaciones y duraciones de los regímenes democráticos en América latina a través del tiempo. En particular nos interesará por ahora el proceso chileno verificado en la segunda mitad del siglo XX, pero que tiene sus raíces en años previos. Una mejor comprensión de este período se alcanza si consideramos la situación política que se inició en el año 1938 y terminó en el año 1973, bajo la siguiente periodización entregada por el profesor Tomás Moulian: (a) 1938-1946, en la cual se verifica un modelo de democracia que denomina “dominación efectiva”; (b) 1946-1958, bajo un modelo de “dominación represiva”; (c) 1958-1973, modelo de “dominación integrativa” y (d) 1970-1973, época de “crisis y fractura”.

El esquema de análisis anterior presentado por el profesor Moulian reconoce un contexto de democratización hasta el fin de la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, momento en que el poder pasó a manos del conglomerado de partidos de izquierda conocido como Unidad Popular. Esto, al ser reconocido el hecho de que este último gobierno intentó ir más allá de la concepción democrática tradicional chilena y que terminó, como consecuencia de esto, en el golpe militar de 1973.

Aún así y en nuestra opinión el período democrático, que en lo personal denomino de normalidad política, se extiende hasta 1973, pues el entonces Presidente electo Dr. Salvador Allende fue elegido bajo las normas, leyes y reglamentos de convivencia democrática existentes hasta el momento de la ruptura, o fractura siguiendo el lenguaje del profesor Moulian.

Sin perjuicio de lo expuesto, el concepto de fractura considera inevitablemente un proceso político en el cual se incluye una revolución. Se trata de la interrupción del tiempo continuo e histórico que aparece en procesos sociales y a través de un acto revolucionario. En otras palabras es el acto revolucionario lo que determina la fractura o quiebre en un proceso histórico. Ejemplos de esto en América Latina y el mundo serían la fractura en Cuba en el año 1959 y la revolución rusa de 1917. El caso chileno de 1973 corresponde a una fractura sustentada en una revolución capitalista dentro del propio capitalismo.

La fractura de 1973 se inició con el bombardeo a La Moneda. Como un aviso que, si bien habría carecido de significado militar (dada la desigualdad de fuerzas de choque), su valor fue más bien de carácter político. El profesor Moulian señala que este acontecimiento fue el signo de advertencia de una fractura que venía, de que una verdadera revolución comenzaba como tal y, lógicamente, debía estar respaldada por cañonazos.

Normalidad Política

La idea de normalidad política contiene, a mi juicio, cierta dosis de relativismo en el sentido de que al menos es necesario establecer la época y el contexto en que una sociedad determinada se desenvuelve en el día a día. La respuesta a la pregunta: ¿Qué es normalidad política?, se constituye en un tema que se presta para múltiples interpretaciones, en especial si un analista tiene en mente intentar teorizar en la historia.

Desde esta última perspectiva, por ejemplo, el Egipto antiguo aparentemente vivió largos períodos de estabilidad o normalidad política, pues los faraones se sucedían unos a otros de acuerdo a tradiciones más bien familiares y creencias religiosas. De vez en cuando, ciertamente, se producía un cambio de dinastía, en el que comenzaba a gobernar una nueva familia de faraones que accedía al poder por factores sociales que no necesariamente coincidían con una ruptura de carácter violenta o brusca en el sentido de constituir una fractura, como aquí la entendemos.

Aún así, resulta complejo o dificultoso hablar de normalidad política en este y otros casos. También hubo períodos de invasiones, como las de los hicsos o los pueblos del mar y hasta un encuentro famoso en Kadesh entre Ramsés II y los hititas de Muwatally, en el siglo XIII (año 1226) a. de C., pero que fueron eventos más bien aislados en su larga historia. Ciertamente la idea de Democracia, como la entendemos hoy en día, en esos años simplemente no existía y hasta resulta extraño o raro encontrar épocas de guerras civiles semejantes a las ocurridas en épocas más recientes La profesora Natalia Navarrete ha escrito:

“Esta dinastía (la Duodécima) gobernó en poder y esplendor desde cerca del 2000 al 1788 a.C., si aceptamos las últimas fechas más probables. Amenemhet I sobrevivió diversas conspiraciones –presumiblemente obra de facciones aristocráticas celosas- contra su propia vida, y en sus treinta años de reinado estableció plenamente, no el despotismo de los tiempos antiguos, sino la muy efectiva supremacía de la corona, en tanto esta estuviese en la cabeza de un gobernante fuerte y capaz. Así pues, Egipto durante la Duodécima Dinastía disfrutó de dos siglos de prosperidad. La sucesión estuvo asegurada, con una sola excepción, por la asociación del príncipe heredero con su padre, formalmente como co-rey, durante la vida de su padre.”

A la inversa, las constantes luchas verificadas en la antigua sumeria entre distintos reyes de las zonas de Elam y Babilonia parecen reflejar una permanente normalidad política “conflictiva”. La revisión de estos períodos está repleta de luchas intestinas entre pueblos conducidos por líderes agrupados tras un rey de mayor jerarquía como fueron el caso de Hammurabi rey de Baiblonia, quien con 10 a 15 de sus seguidores combatió a Ibalpiel de Eshnunna y conquistó un territorio que alcanzaba toda la antigua Mesopotamia y sus alrededores. Esta monarquía no duró mucho tiempo después de la muerte de Hammurabi, en el año 1078 a. de C., producto de una corta pero destructiva invasión hitita. Finalmente unos invasores no semíticos provenientes de los montes Zagros conquistaron Babilonia y su dinastía se prolongó por más de 400 años.

En definitiva, el concepto de normalidad política resulta un tanto difícil de establecerlo con cierto grado de certeza, debido a que la propia dinámica interna de una etapa que cumpla con ciertas características propias de la estabilidad y tranquilidad social, podría contener algunos pocos elementos conflictivos de naturaleza revolucionaria o reaccionaria que atenuarían aquel significado.

En el caso chileno, Juan Carlos Gómez ha planteado la interrogante de si Chile mantuvo un régimen efectivamente democrático que logró establecer la normalidad política entre los años 1932 y 1973, asunto que por décadas se pensaba como una realidad irrefutable. Esta visión que se habría mantenido prácticamente hasta fines del siglo XX, comenzó a ser cuestionada por autores como Gabriel Salazar y Jocelyn Holt en cuanto al carácter supuestamente pacífico de la democracia chilena de esos años, así como por Tomás Moulián, Brian Loveman y Elizabeth Lira en lo relativo a la condición propiamente democrática. Para Gómez existiría una interpretación más detallada y que incluye características como: (a) la democracia en Chile no fue el régimen político predominante entre 1932 y 1973; (b) que en vez de un solo régimen político estable y pacífico existieron tres; (c) que tan solo uno de esos regímenes, el de 1958-1973, tuvo la condición de democrático y (d) que antes de 1958 existió exclusión social y política de importantes sectores nacionales, que coexistió con una obstrucción permanente al proceso democratizador de parte de los propietarios en general y especialmente los terratenientes.

Democracia Electoral

El concepto de Democracia ha sido ampliamente conocido y discutido a través de la historia debido al aporte del mundo griego antiguo en esta materia, iniciador de las primeras formas democráticas en el mundo. El nacimiento exacto de la Democracia en Grecia parece perdido en las tinieblas del tiempo, pero al parecer se trató de una evolución entre los siglos VII y V a. de C. un tanto afortunada desde la figura de los antiguos reyes de Atenas, hacia una forma de gobierno compartida. El antiguo rey conservó parte de su poder en la figura del basileus, conductor de los asuntos religiosos de la ciudad, mientras que el polemarca se constituía en el jefe militar. El arconte epónimo, por otra parte, era un magistrado que, además de que su nombre permitía recordar un año en particular, resolvía las diferencias entre el Estado y las familias cuando el primero afectaba sus derechos. Luego surgiría la institución de los 6 tesmotetes encargados de la organización de la justicia pública y luego el colegio de arcontes.

Poco a poco esta incipiente forma de gobierno, que más bien se trataba de un poder compartido por individuos de la aristocracia ateniense. Fue incorporando nuevos cargos e instituciones a través de leyes dictadas por personalidades que han pasado a la historia del mundo occidental: Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes, Efialtes y Pericles, y que fueron perfeccionando la estructura política hasta configurar la primera forma de Democracia participativa. Surgieron nuevos organismos de naturaleza democrática, como la Bulé, una especie de Senado ateniense de aquella época, a lo que se sumaron la Helia (o Heleia), la Ecclesía y otras formas políticas como el ostracismo y el demo.

El sentido de la Democracia griega, cabe enfatizar, tenía un sentido diferente del moderno. En general se trataba de un sistema político de naturaleza aristocrática y conservador, pues el pueblo con derechos políticos era apenas una minoría. Por además, se trataba de una Democracia directa y no representativa, pues a los antiguos helenos les interesaba la participación individual, escuchar la voz y recibir el voto de cada persona.

La noción de Democracia Electoral, ciertamente, nos refiere a tiempos más actuales. En los tiempos modernos se discute sobre los distintos regímenes que existen y evolucionan hacia formas más o menos democráticas en lo referente a las posibilidades de elección que tengan los individuos. En lo político dicha noción de Democracia Electoral nos remite al concepto de representatividad, a través de la cual los electores o votantes eligen sus representantes de los poderes Legislativo (Congreso, Parlamento o Cámaras) y Ejecutivo (Presidente o Primer Ministro).

Las distintas formas de Democracia Electoral pueden estar determinadas por elementos como libertad efectiva de elección, nivel y calidad de información recibida por los ciudadanos, acceso expedito a los lugares de votación y una serie de condicionantes que suelen apuntar a la debida independencia con que los eventuales electores participan en el momento de la votación.

Estas condiciones, como lo adelantamos en párrafos anteriores y en referencia al profesor Juan Carlos Gómez, no se habrían dado efectivamente. En términos prácticos, la democracia en general se constituye en una utopía, una especie de meta ideal por alcanzar que no está estructurada en un solo modelo político. De esta consideración es posible diferenciar entre democracia ideal y democracia real, que separa los lineamientos establecidos por los teóricos y lo que sucede en el diario acontecer de un proceso social determinado.

De este modo, e interpretando al profesor Juan Carlos Gómez, al establecer requisitos mínimos se cometería cierta arbitrariedad al proponer tales y cuáles requisitos, unos más o menos prioritarios que otros, eventualmente indispensables para admitir la existencia de una verdadera democracia.

En el resumen presentado en el Cuadro Nº 1 podemos observar algunas posibilidades en este sentido:

La lectura del Cuadro Nº 1 sólo puede llevarnos a reconocer cada unos de los requisitos allí planteados como deseables o aceptables y es difícil estar en desacuerdo con alguno de ellos. Una mirada más suspicaz en torno a ellos, sin embargo, nos puede alertar sobre los múltiples peligros que en todo momento enfrentan los procesos democráticos. La pregunta que sigue es: ¿Qué sucede si alguno de estos requisitos falla? ¿Todos tienen en la práctica la posibilidad de competir por los cargos públicos? ¿Existe un contrapeso entre los aspirantes civiles independientes y los aspirantes presentados por el oligopolio partidista? ¿Qué sucede con los programas o planes presentados por os partidos políticos con insuficiente información a los electores? ¿Qué sucede con los casos de corrupción o fraude electoral? ¿Es aceptable que una coalición determinada gane durante varias décadas seguidas las elecciones o es nada más que una demostración de lo corruptible de la democracia?. Cuestiones como estas han estado y estarán presentes en todo proceso de construcción (o por el contrario involución) democrático.

Dictadura Política

El término dictadura hace alusión a un gobernante único que no tolera oposición o cuestionamientos a sus decisiones al ejercer un poder que puede alcanzar la categoría extrema de totalitario. Al igual como lo hicimos con el término democracia, es necesario aclarar que en este trabajo nos interesará en particular la noción moderna de dictadura, que en cierto modo tiene su equivalente en la historia del mundo antiguo en los tiranos o monarcas autocráticos de diversos lugares y épocas.

El concepto de dictadura parece estar asimilado al de tiranía en la historia antigua, con ciertas salvedades por el hecho de que observamos el pasado con ojos del presente. Las antiguas ciudades sumerias, por ejemplo, contaban con un rey gobernante denominado “lugal” que también asumía deberes religiosos y cuya autoridad era respetada por todos sus súbditos. En aquella civilización mesopotámica los conflictos armados eran frecuentes, como había señalado en un párrafo anterior, muy probablemente por conflictos de límites, derechos de propiedad de agua e inconformidad por injusticias recibidas de los pueblos dominados. En este contexto el “lugal” debía asumir un protagonismo autoritario mucho más marcado dada la naturaleza que tiene ejercicio del poder militar necesario para alcanzar la eficiencia desde el punto de vista organizacional.

La historia de la Grecia clásica también nos ha enseñado que un gobernante llamado Pisístrato y sus hijos Hipias e Hiparco gobernaron de forma despótica y tiránica durante algunos años previos a la consolidación de la democracia tradicional, si bien la bibliografía parece reconocer de manera unánime que en Atenas se evidenció un progreso económico notable y que estuvo acompañado de una adecuada normalidad política.

La idea de dictadura política en la actualidad se asocia al control del poder alcanzado de manera no democrática y ejercido con un alto grado de autoritarismo, en que las posibilidades de participación democrática y las formas de expresión disidentes son restringidas a expresiones mínimas. Si bien una forma extrema de esta modalidad de gobierno corresponde a otro concepto, el llamado totalitarismo, éste no ha sido la norma tradicional en la historia.

Algunos ejemplos de dictadura típicas podrían ser los casos de Francisco Franco en 1939 y de varios gobernantes líderes latinoamericanos que asumieron el poder producto de un golpe de Estado o derrocamiento. Entre otros podemos citar: el retorno de Fulgencio Batista en 1952 y su propia caída en 1959 a manos de un movimiento guerrillero dirigido por Fidel Castro; la huida de Perón en 1955; el régimen militar instalado en Ecuador en 1972 que derrocó a José María Velasco Ibarra; los golpes de Estado en Chile de Augusto Pinochet en 1973 y en Argentina de Jorge Rafael Videla en 1976 que terminaron con los gobiernos de Salvador Allende y María Estela Martínez de Perón respectivamente.

Cabe hacer notar que, desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, tanto las dictaduras como las democracias pueden generar instancias de progreso como retroceso material y social respecto a distintas materias que no es relevante por ahora detallar. En general se tiende a asociar los períodos en distintas épocas y lugares de mayor progreso con el desarrollo de la democracia, pero esto no ha constituido una regla de oro infalible. No resultaría demasiado difícil comprobar que en la historia económica de Estados Unidos, por ejemplo, han existido etapas con escaso crecimiento económico y hasta con depresiones agudas como la gran crisis del año 1929.

En mi opinión, el ideal democrático de una sociedad se adentra más allá de los resultados positivos o negativos en lo económico: bajo democracia, al menos, se presupone una forma más equitativa y prístina en la construcción de la sociedad, de proponer leyes, rechazarlas, aprobarlas o legislar sobre sus reglamentos, de respetar el imperio de la ley, de acceder libremente a la información necesaria u oportuna para la toma de decisiones, en fin, de un respeto mutuo por acuerdo de los individuos que la componen y que permiten resolver las disputas naturales presentes en la convivencia humana de un modo pacífico y civilizado.

Centralismo Socialista versus Liberalismo Capitalista

El término centralismo y en lo que respecta a este trabajo relativo a aspectos históricos del Chile contemporáneo, apunta específicamente a los asuntos económicos de los procesos vividos en el lapso 1960-1990. La ciencia económica refiere a la solución de los tres problemas fundamentales de toda economía (Qué, Cómo y Para Quién producir) en dos grandes sistemas posibles: (a) centralizado y (b) economía de mercado o liberal.

El sistema centralizado o autoritario resuelve las decisiones económicas indicadas bajo la óptica de un comité de planificación central u organismo similar que, a través de planes anuales, trienales o quinquenales de más largo plazo, resuelve la conveniencia de fabricar más o menos autos, camisas, alimentos o vestido según los cálculos estimativos que cada empresa en manos del Estado, debe aportar. Así por ejemplo, si dicho comité central resuelve el qué decidiendo producir 6.000 toneladas de trigo al año, se topará con el segundo problema: el cómo. Pero este resuelto nuevamente por el mismo comité, que podría decidir ocupar un total de 1.000 tractores, 20.000 campesinos y 3.000 hectáreas de tierra cultivable de tal o cual zona agrícola. En otras palabras el comité decide cómo elegir los factores productivos (tierra, trabajo y capital).

Por último, una vez alcanzada la producción de 6.000 toneladas anuales, nuevamente el comité resuelve el tercer problema: a quién irá destinada, si a los más pobres y necesitados, o mediante una distribución geográfico-poblacional, o a los más capaces o de reserva para el ejército. Vemos que lo relevante, el resolver los tres problemas básicos de la economía, es factible en una economía centralizada. Esto, independientemente si la encontramos más o menos eficiente, más o menos justa, si conduce o no al consumismo o, por el contrario, a la escasez y mercado negro.

Un detalle que conviene recalcar bajo este sistema, ciertamente, es que las decisiones de producción se toman en forma centralizada. No existe libertad de los productores individuales para decidir sobre el qué, el cómo o para quién producir. Desde el punto de vista de los consumidores individuales, por otra parte, sólo pueden escoger los bienes y servicios ofrecidos por una organización única a cargo de las fábricas, talleres y distribuidoras, como es el Estado.

El sistema de economía de mercado o liberal resuelve los tres problemas fundamentales mediante el sistema de precios. El qué lo deciden innumerables grandes, medianos y pequeños productores individuales al decidir si fabrican más carteras o zapatos y menos lechugas o porotos. Ellos eligen libremente a qué se dedican, según los precios observados en los distintos mercados: si el precio de los repollos ha sido alto, por ejemplo, puede inducir a muchos pequeños agricultores a sembrar y cosechar repollos en la temporada siguiente. Este tipo de decisiones solamente viene respaldada por dicho antecedente del precio y la experiencia propia, asumiendo el riesgo de éxito o fracaso de tal decisión. En este caso el Estado no le indica u ordena al productor agrícola: ¡produzca repollos!. No interviene en la decisión. Es solamente la intuición, la idea de que “esto es un buen negocio” y el afán de lucro o ganancia el que lo induce a asumir el riesgo de fracasar, o por el contrario alcanzar el éxito, de producir repollos.

Una vez resuelto el qué, los productores de repollos se enfrentan al segundo problema, cómo producirlos y con qué factores. Para ello deben considerar nuevamente el sistema de precios, en este caso los precios de los factores (renta o precio de la tierra, interés o precio del capital y salario o precio de los servicios del trabajo). En función de dichos precios es que libremente y sin interferencia de nadie, cada productor contrata una combinación de factores que optimice la eficiencia económica –más que la técnica- de la producción. Nuevamente corren riesgos de incurrir en costos o pagos que lo lleven a competir en desventaja con otros productores de repollos de otros lugares más lejanos, pero al menos intentan contratar dichos factores al mínimo costo posible dada una calidad estándar.

Finalmente, una vez alcanzada la producción de repollos (o de cualesquiera bienes y servicios en general), los mismos productores decidirán a quienes entregarla o distribuirla (para quién). El sistema de precios resuelve nuevamente el tercer problema fundamental, pues los productores de repollos orientarán su entrega a quienes paguen los mejores precios por ellos, a los mercados donde ellos piensan que el fruto de su esfuerzo es mejor remunerado. Así por ejemplo, puede que productores chilenos decidan entregar una mayor proporción de sus repollos, duraznos, uvas o tomates en los mercados de Estados Unidos y Japón, dado el alto precio allí alcanzado, y menos proporción al mercado interno. Esto puede parecernos ciertamente justo o injusto, eficiente o ineficiente, etc., pero lo que aquí interesa resaltar es sólo la forma como se resuelve le tercer problema fundamental en una economía de mercado.

Este tipo de conducta de los productores es más o menos típica en el capitalismo, independientemente de sus ideas religiosas. No obstante el llamado “espíritu capitalista”, al que hacía alusión Max Weber, indudablemente que puede recibir influencias de la condición religiosa de cada persona, incidiendo en su sentido de independencia, deseos de libertad y propensión a participar en actividades económicas que presenten un mayor riesgo.

Del análisis en conjunto de los dos sistemas –y sus variantes- a través de los años, los economistas en general concordamos en que el sistema de precios libres de mercado es mucho más eficiente, pues dichos precios constituyen la variable que ajusta rápidamente las cantidades necesarias y siempre que no se trate de mercados conocidos como de “competencia imperfecta” (en especial el monopolio). El mercado competitivo permite alcanzar una mayor calidad (la competencia obliga), una mayor eficiencia en la producción (los costos tienden a un mínimo) y en el consumo (se evitan pérdidas innecesarias que tienen un costo social alternativo importante). Se evitan las colas (mercado negro) o, por el contrario, el exceso de oferta (productos en bodega sin vender). Es decir se ajusta la producción al consumo en cada período.

Un sistema de carácter mixto con relación a los problemas fundamentales de toda economía ha sido el llamado Estado de Bienestar, en particular una forma de organización social y económica de las democracias capitalistas avanzadas después de la segunda guerra mundial. En este caso el aparato estatal asumió fórmulas de ayuda y asistencia a los ciudadanos mas necesitados, reconocimiento a los sindicatos y a las formas de negociación colectiva, además de participar como un componente estabilizador de estilo keynesiano ante las eventuales crisis cíclicas que pueda presentar la economía.

Esta forma de gobierno ha sido criticada tanto desde el punto de vista de la derecha como de la izquierda. Claus Offe ha escrito que la primera ha argumentado problemas derivados de la excesiva carga fiscal, el desincentivo a la inversión y al trabajo, mientras que la segunda ha apuntado a la ineficiencia derivada de la necesidad de planificación, la represividad (sic) en el sentido de que el individuo debe probar su necesidad y el control político-ideológico del Estado de Bienestar que sugiere una cooperación entre clases, en vez de una continuidad en la lucha de clases.

El problema de los planes de producción quinquenales del Estado es que son extremadamente rígidos, no consideran un aspecto de la realidad que resulta decisivo: la oferta y la demanda de ciertos bienes y servicios fluctúa permanente e imprevistamente, mes a mes, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. La probabilidad de un “plan perfecto” que detalle la demanda de microbuses al día es prácticamente cero. Un botón de muestra sería el caso que el Club Colo-Colo con la U. de Chile llegue a la final de un campeonato de fútbol, provocando un cambio en la demanda por transporte hacia y desde el Estadio Nacional muy distinta a una final en que la disputa es entre Unión Española y Santiago Morning. Las dificultades que entraña una economía de carácter centralizado ha sido resaltada, entre otros autores, por Fisher, Dornbusch y Schmalense:

“Incluso con los mejores ordenadores, el gobierno se enfrentaría a una tarea imposible en una economía autoritaria. Resulta difícil imaginar que una economía de este tipo pudiese asignar eficientemente los recursos. No es sorprendente que no existan tales economías. Sin embargo, en algunos países el Estado es dueño de todas las fábricas, la tierra y las viviendas y toma muchas de las decisiones básicas sobre el lugar en que debe vivir la población, el trabajo que debe realizar y los bienes y servicios que debe consumir”.

Al margen del tema de la eficiencia, las asignaciones de producción bajo una economía de mercado suelen ser criticadas bajo la óptica del consumo excesivo. La libertad de producir puede llevar a tal nivel de especialización y división del trabajo la actividad laboral, que se habla de la creación de nuevas necesidades y, por ende, de nuevos mercados. Recuerdo a un profesor del curso de Economía hace unos años que hablaba del “Doctor del pasto”, un tipo de actividad desarrollada por ciertas personas en Estados Unidos que atienden el jardín a numerosos hogares. Lo particular de esta labor, similar a nuestros tradicionales jardineros de casas de gente de clase media y alta, es que se trataba de un especialista. La discusión del caso nos llevaba a plantear el concepto de consumismo – por la verdadera necesidad de tener un jardín bonito o elegante- y el famoso “efecto demostración”: si el vecino tiene un pasto verde fresco, bien podado y hermoso... yo también tengo que tenerlo... . Por lo tanto, se trataría de consumismo innecesario.

El término consumismo nos refiere a una acción compradora excesiva y un tanto desquiciada. La libertad de elegir comprar bienes o servicios en forma indiscriminada y con fines de ostentación, fenómeno que sería más propio de un capitalismo abundante y avasallador, ha sido criticada por eminente autores como Karl Marx, Thorstein Veblen y John Kennet Galbraith. Al margen de la crítica justa y oportuna en su época de Marx a las duras condiciones en las fábricas en Inglaterra, una lectura efectuada por éste sobre Adam Smith –conocido hoy como el padre del capitalismo- nos entrega una crítica sobre la otra faceta que tiene el destino de la producción, como es el ahorro:

“Según Adam Smith, la sociedad es una empresa comercial. Cada uno de sus miembros es un vendedor. Es evidente que la economía política establece una forma alienada de interacción social respecto a la forma verdadera y original y que corresponde a la naturaleza humana ... Mientras menos comas, bebas y leas libros; mientras menos asistas al teatro, a la sala de baile, a la taberna; mientras menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, etc. tanto más ahorrarás; tanto mayor será tu tesoro, que ni las polillas ni el óxido pueden devorar; tanto mayor será tu capital. Mientras menos seas, tanto más tendrás; mientras menos expreses tu propia vida, mayor será tu vida externalizada; tanto mayor será tu cúmulo de existencia alienada. Todo lo que el economista te quita en vida y en humanidad, te lo repone en dinero y en riqueza; y todas las cosas que tú no puedes hacer las podrá hacer tu dinero”.

La lectura anterior de la interpretación de Marx sobre el escrito de Smith nos plantea un aspecto curioso: su crítica apunta más bien a la frugalidad, a un ahorro obsesivo con el objeto de acumular capital, en un contexto en que el individuo debe elegir entre gastar y consumir en ciertos tipos de bienes culturales (ir al teatro, adquirir materiales para pintar, e incluso ir a la taberna a compartir con amigos) o ahorrar. En este pasaje el contrapunto de Marx no confronta ni critica la idea de adquirir bienes de lujo o de consumo suntuoso versus la posibilidad de ahorrar con vistas a un proceso de inversión productivo.

En el caso de Thorstein Veblen la crítica al capitalismo viene por la adquisición de bienes o servicios que otorgan status. En su análisis incorpora el concepto de ocio como un bien de consumo, dando a entender que el consumo ostensible y el ocio ostensible son dos caras de la misma moneda. En el libro que le ha dado fama, (Teoría de la clase ociosa. Un estudio económico de las instituciones.), la mayor parte de su contenido establece aplicaciones en torno a estas ideas:

“El grueso del libro de Veblen se compone de aplicaciones de gran alcance (y en gran medida de carácter sociológico) de esta atrevida generalización. Con profunda intuición amplió su teoría a materias tales como el consumo de ‘bienes inmateriales por parte de caballeros de la clase ociosa: carreras, premios y trofeos cuasi-académicos y cuasi-eruditos’ que ponen de manifiesto la existencia de un ocio improductivo. Los regalos, la moda, los consumos ociosos de las esposas de la clase media, el lugar que ocupa el atletismo, los modales y la educación superior se integran ingeniosamente en la concepción de Veblen. No hay que pasar por alto ninguna parte del libro, pero la conclusión económica de Veblen es que el consumo ostensible es un derroche de bienes y el ocio ostensible es un derroche de tiempo. No está claro lo que Veblen haría exactamente con estos temas, pero el evitar el trabajo productivo y el disfrutar el derroche ostensible formaban parte de la sociedad contemporánea tal como él la veía. Eran instituciones explicables, pero lamentables.”

A las visiones anteriores se agrega la de John Kennet Galbraith, quien ha manifestado un cuestionamiento respecto a las estructuras de mercado imperfectas, en las cuales participan empresas que promueven el consumo a través de la publicidad. Si bien hoy en día es fácil hacer una lista de los aspectos tanto positivos como negativos que conlleva el uso de recursos para publicidad, el afamado ex profesor de la Universidad de Harvard apuntaba sus dardos a las necesidades creadas por ésta: “se requiere todo un ejercicio de imaginación para suponer que los gustos, así expresados, se originan en el consumidor”. De acuerdo a Galbraith, el consumidor es nada más que una marioneta manipulada por los fabricantes mediante el uso de artimañas publicitarias. Agrega que muchas de las necesidades que los productores crean y luego satisfacen son triviales, como demandas de la denominada “comida basura” o el cromado para los automóviles.

Un último autor que me parece oportuno citar respecto de este tema es al profesor Tomás Moulián. En un pequeño libro publicado a fines del siglo XX y titulado El consumo me consume, hace notar los diversos aspectos que contiene la actividad que discutimos, efectuar compras o consumir bienes y servicios de diversos tipos, en diferentes ocasiones y en escenarios o lugares también distintos. Por de pronto, se reconoce consumista de algunos placeres como leer libros, degustar buena comida y viajar. Entre sus críticas al capitalismo al capitalismo destaca la desigualdad en el consumo, un exceso para algunos y hambre y miseria para otros, generalización que no parece advertir en países socialistas conducidos bajo un sistema centralizado o con gobiernos socialistas en países capitalistas:

“Una de las irracionalidades más visibles del actual sistema de acumulación es la combinación del sistema del consumo más sofisticado con el hambre, las habitaciones insalubres, la ausencia de toda comodidad para gestionar la vida cotidiana, la desigualdad educacional. Cohabita el consumo excesivo como posibilidad para algunos, con la imposibilidad de consumo esencial para muchos. ¿Porqué entonces no orientar esa capacidad productiva cíclicamente despilfarrada o hacer posible una vida digna para los que no tienen casi nada?. La economía capitalista está movida por la lógica de la mayor ganancia y no por la lógica de la necesidad. Entre la finalidad de cubrir para todos un consumo mínimo necesario y de permitir que cada uno consuma según su dinero, el sistema capitalista opta por la segunda”.

A pesar de su fuerza y crudeza la crítica y análisis anterior contiene, lamentablemente, una contradicción en sí misma. Da la impresión de que al capitalismo le conviene que sólo a algunos elegidos les vaya bien para que estos consuman más y sostengan el sistema. No queda claro por qué razón al capitalismo le conviene que a los otros, a los pobres, a buena parte de la humanidad por lo demás, le vaya mal y no compre ni consuma. Para mantener una coherencia mínima, resulta evidente que debemos reconocer que a las empresas capitalistas siempre les convendrá vender lo más posible. No parece claro ni lógico que los empresarios deseen tener malos clientes o consumidores pobres, al contrario, su visión siempre será la de expandir su área de negocios.

La pobreza ha existido y se ha mantenido por múltiples razones que no es del caso detallar aquí. Es cierto que han existido empresarios rapaces y que incluso la historia reciente muestra formas de explotación humanas esclavistas solapadas, verdaderas fábricas de miseria humana al interior del capitalismo. Un impactante reportaje aparecido en la prestigiosa revista National Geographic ha revelado al mundo una realidad oculta y que afectaban en el año 2003, según estimaciones aproximadas, la existencia de alrededor de 27 millones personas que son comparadas, vendidas y hasta mantenidas en cautiverio para ser explotadas económicamente.

Lo anterior sería una prueba actual de la realidad que observaron y comentaron Marx y Engels en varios de sus escritos sobre la explotación de los trabajadores de parte de los capitalistas, aparece como una relación disfrazada a través de un intercambio de mercancías como serían la fuerza de trabajo y los medios de producción. En esta relación estos autores verían “la esclavitud y la desigualdad que caracteriza las relaciones entre capitalistas y proletarios en la producción se esconden detrás de la libertad y la igualdad que caracterizan las relaciones de compradores y vendedores en el cambio”.

En términos simples, aquí Marx y Engels se refieren al trabajo mal o injustamente remunerado, cuestión compleja de tratar por cuanto el salario que otorga el mercado depende de múltiples contextos que pueden incidir en favor de una u otra clase (monopolio bilateral, presencia o ausencia de sindicatos, industrias protegidas, legislación más o menos favorable al trabajador, etc.). Desde este punto de vista, cabe dar la razón a quienes piensan que los capitalistas desean que a los trabajadores de estratos más pobres les vaya mal pagándoles menos.

El problema aquí es que cada capitalista deseará lo mismo con sus propios obreros o trabajadores, pero no con los de los demás. En definitiva, los salarios de los trabajadores, empleados, ejecutivos y de quien sea, como lo aclara la ciencia económica, no dependen de las buenas o malas intenciones que tengan los demandantes de servicios trabajo (los empresarios), sino de las fuerzas impersonales que determina la competencia del mercado por dichos servicios. Ciertamente, las relaciones de esclavitud que todavía pueden observarse, aun en forma solapada, obedecen a otro tipo de condicionantes que escapan a este análisis y que incluyen un probable contexto combinado de prohibiciones, Estados débiles o corruptos, mafias organizadas y por lo general una situación social de la población en temas como educación, salud y niveles de ingresos extremadamente precaria, que no puede ser tratada de la misma manera que nos referimos a mercados legalmente constituidos.

En una sociedad capitalista moderna, democrática y en que el cumplimiento de las leyes alcanza niveles aceptables, cuando la economía crece la demanda por servicios de trabajo tambi´n aumenta. Así, los empresarios tarde o temprano deberán pagar salarios más altos, no porque sean dadivosos ni buenos, sino simplemente porque por alguna razón les conviene, pues el peligro de quedarse sin trabajadores apropiados es un problema efectivo para ellos. La “utilidad de la pobreza”, de pagar salarios bajos, ha sido un argumento errado y sostenido desde la época de los pensadores mercantilistas, que no es válida bajo ninguna circunstancia. En su momento se creía que si los trabajadores se enriquecían, utilizarían sus excedentes en consumir bebidas alcohólicas y otros gastos relacionados con malas costumbres.

Lo anterior puede ser comprendido incluso con un ejemplo hipotético, que me permito utilizar para refutar una vez más lo anterior: una inundación que deja sin casas a miles de personas. El desastre puede ser tal, con pobreza y necesidad de subsistencia tan apremiante, que lleve a la ruina a cientos de empresas capitalistas, grandes y pequeñas, que abastecían a dichos pobladores por falta de capacidad de pago de estos. En síntesis, a los capitalistas no les conviene que la pobreza crezca ni se mantenga, por su propia naturaleza. El empresario también está expuesto a riesgos, a endeudamiento excesivo, a cambios tecnológicos desfavorables, a bajas en las ventas y, de paso, al desempleo de sus empleados.

Las críticas de Moulián respecto del consumismo ciertamente son variadas y han sido efectuadas a través de fundamentos bien elaborados. Incorpora interesantes cuestiones como el despilfarro, el exacerbar el hedonismo, la ausencia de conciencia de la desgracia ajena, el aburguesamiento de la cultura, desintegración social y otros males de esta naturaleza.

Pero al igual que el resto de los autores que hemos citado, la pregunta que en este tipo de cuestiones siempre ronda es: ¿pero bueno, cual es la alternativa?. ¿No suele ocurrir esto también en el socialismo?. Así como se conocen historias de jeques árabes que tiene varios palacios con cientos de habitaciones y autos que casi nunca utilizan, también se sabe de jerarcas y autoridades comunistas que, aunque sea por razones diplomáticas, han debido someterse voluntaria o involuntariamente al consumo ostentoso. El hedonismo o placer mal entendido, así como la ostentación exacerbada se constituyen en una enfermedad y que me atrevería a afirmar que, afortunadamente, no todos la padecen.

La misma idea de consumo excesivo o hedonista es un tanto ambigua y su análisis desemboca en el terreno de la filosofía, a que el propio profesor Moulián accede al describir a los ascetas y estoicos en su libro. Si todos viviéramos como Diógenes el Perro, ejemplo extremo del anti-consumismo, el mundo actual no existiría. Un mundo de miles de Diógenes caminando por la faz de la tierra significaría que la humanidad renunció a la idea del progreso, el desarrollo de la propia cultura y la civilización.

La idea de justo equilibrio entre el consumo, el ahorro, el trabajo, cantar en un coro, ir al estadio o escuchar conciertos en el Teatro Municipal está en la mente y alma de cada individuo. Al igual que Moulián, me confieso consumista de la buena mesa y ojalá de un viaje a Grecia de vez en cuando, pero no todos los días ni a cada rato: ¿es consumismo o cultura ir a escuchar conciertos u ópera?. Es aquí donde la racionalidad, el concepto griego de “” (areté), las prioridades de cada persona y hasta el sentido común definen o no el carácter del consumismo. No parece lógico ni adecuado, ciertamente, gastarse el dinero del sueldo en conciertos del Municipal si tenemos un pariente enfermo que requiere urgentemente una asignación prioritaria de los recursos para atención médica.

El aumento en el ingreso o producción nacional valorada, que tan relevante resulta para un sistema centralizado socialista, al igual que en el capitalismo, tiene solamente dos destinos: (a) el consumo y (b) el ahorro (que se define como abstención de consumo presente). La teoría económica vigente es muy clara al indicar que si la proporción del ingreso generado en una economía crece en favor del ahorro, crecerá el sistema bancario, habrán más fondos disponibles, bajarán los tipos de interés que estimularán la demanda por inversión y por créditos de consumo, por lo que habrá luego más producción en el período subsiguiente. El ciclo continúa del mismo modo con una parte del producto destinado al consumo o bien al ahorro: no existe un tercer destino.

Fracturas política y económica en el Chile de la segunda mitad del siglo XX.

Fractura política

La historia de Chile en la segunda mitad del siglo XX nos muestra una evolución social hasta el año 1973 con cierta tendencia a mejorar los derechos y posibilidades de elección democrática de la gente común, con ciertas excepciones o retrocesos en determinadas, para luego empeorar hasta niveles casi absolutos después la fractura política ocurrida en aquel año.

En lo económico verificamos que se produjo un fenómeno inverso, pues la sociedad chilena involucionó cada vez más hacia un Estado más poderoso en lo relativo a las decisiones producción (qué, cómo y para quién producir), configurando un escenario que minimizaba las posibilidades de elección de productos y materias primas, se establecieron más restricciones a la contratación de factores productivos y en la práctica se restringió sistemáticamente la libertad de emprender nuevos negocios, aproximando la economía a un esquema de autarquía. Desde el punto de vista de las limitaciones impuestas por el modelo centralizador a los consumidores, se marcó una la tendencia en términos más o menos oscilante, a través del período, pero cada vez más orientada a menos posibilidades de elección hasta el momento de la fractura política.

Después de este evento, la dictadura del General Pinochet propició un tipo de economía liberal tanto en lo referente a las decisiones de producción como de consumo, en que se ampliaron las posibilidades de elección y en un esquema de economía abierta e integrada al mundo. Sin entrar a definir una opinión de lo bueno o malo que pudo revelar este desenvolvimiento, en lo concreto la sociedad chilena debió retroceder hasta un extremo en lo tocante a cuestiones de elecciones democráticas, pero se avanzó con respecto a la libertad de elección económica. A partir del año 1990, con el inicio de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, se perfeccionaron elementos tanto de carácter democrático como económico, que si bien en el lapso en estudio no lograron satisfacer todas las demandas de diversos grupos integrantes de la sociedad chilena, al menos sentaron bases más propicias y consensuadas para el desarrollo de nuevas propuestas futuras que consoliden de mejor manera la recuperación de la democracia en nuestro país.

Democracia y Fractura 1932-1973

La evolución de las capacidades democráticas en el caso chileno, entendidas bajo un contexto de elecciones verdaderamente libres, bien informadas y en ausencia de corrupción, revelaría que a mediados de la primera mitad del siglo XX las clases dominantes ligadas a la aristocracia terrateniente mantuvieron limitaciones a la participación de los sectores populares. Cabe reconocer que las autoridades públicas en Chile fueron elegidas por votación popular en el lapso indicado, pero las elecciones no fueron del todo libres ni limpias entre los años 1932 y 1958. El profesor J. C. Gómez se ha referido a la discusión parlamentaria que tuvo lugar en 1958 y que estuvo orientada a eliminar el cohecho y la corrupción electoral como prueba de los antes señalado. Además, no se tuvo sufragio universal sino hasta el año 1970, pues con anterioridad las mujeres sólo obtuvieron ese derecho en el año 1949 y los analfabetos en el año 1970.

La incorporación de la mujer duplicó la población con derecho a voto en 1949, un año después de que se dictara la llamada “Ley de Defensa de la Democracia”, que sólo vino a ser derogada en 1958. En el año 1962 una reforma hizo obligatoria la inscripción electoral (que en mi opinión no constituye un avance democrático en sí), pero que permitió una incorporación constante (más regular) tanto de damas como varones e incrementando con ello el tamaño del electorado. Nuevas reformas en el año 1970, a través de las cuales se otorgaba el derecho a voto a los analfabetos, a los incapacitados (no videntes) y la rebaja de la edad para ser ciudadanos a los 18 años, permitieron que la población civil con derechos políticos alcanzara a unos cuatro millones de personas.

En lo que sigue examinaremos algunos cuadros estadísticos sobre el comportamiento del electorado en las elecciones celebradas en Chile hasta el momento de la fractura política del año 1973. En el caso de las elecciones parlamentarias (ver Cuadro Nº 2), destaca la pérdida de simpatizantes del Partido Radical, el auge y decrecimiento de la popularidad del Partido Demócrata Cristiano, la relativa estabilidad de los Partidos Socialista y Conservadores-Liberales (salvo en 1965), así como el ascenso del Partido Comunista. Estas tendencias obedecen a complejas situaciones políticas y que no pueden ser aquí analizadas en detalle, pero que responden a un contexto de democracia atenuado por algunos de los fundamentos antes citados. Ciertamente, si bien las condiciones de elección probablemente nunca fueron las óptimas, en el Chile de la segunda mitad del siglo XX se distaba mucho de una situación dictatorial extrema como ocurriría después de la fractura de 1973.

En los Cuadros números 3 a 5 siguientes se anota una distribución de votos correspondientes a las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970.

Los resultados de las elecciones desde los años 1958 a 1970 parecen señalar que en la democracia chilena de aquellos años se fue configurando un claro esquema de conocido como de los “tres tercios” en la distribución de las preferencias electorales: 1/3 de votantes de derecha, 1/3 de votantes de centro y 1/3 de votantes de izquierda, cuyos líderes aspirantes al cargo y luego Presidentes resultaban electos en función de cómo el centro era apoyado por la derecha o la izquierda o viceversa.

Desde el punto de vista de un analista este tipo de desenvolvimiento resulta totalmente normal y hasta deseable, pues independientemente del grado de profundidad que puedan alcanzar otros aspectos de carácter democrático y que van más allá de las elecciones políticas, el grueso del resultado de la elección suele reflejar la dinámica normal de los acontecimientos y hechos políticos que hubiesen afectado el bienestar popular es lo que finalmente pesa más al momento de votar.

Las elecciones en general siempre fueron reconocidas como válidas en el caso chileno, a pesar del estrecho triunfo de Salvador Allende en la última elección anotada en que la probabilidad de conflicto por la estrechez de las cifras con el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, se pudo prestar para suspicacias. En realidad este tema nunca ha tenido gran relevancia en Chile producto de la seriedad, orden y experticia que los partidos políticos y la infraestructura estatal habían alcanzado en el logro de la confianza popular en el sistema de votación.

El fenómeno que sí cobró relevancia fue la radicalización de las posturas políticas y la situación de agitación social creciente que se vivió en Chile entre 1970 y 1973. Numerosos acontecimientos de violencia, todo tipo de protestas, falta de alimentos, combustible, la aplicación de una reforma agraria rápida, drástica y masiva, estatizaciones de empresas privadas por doquier, desabastecimiento, así como un clima de odio como nunca antes se había observado en la historia de Chile terminaron por desembocar en un callejón sin salida.

La ruptura o fractura política de 1973 dio paso a una dictadura política casi extrema, con gran protagonismo de quien encabezara el movimiento golpista, el general Augusto Pinochet. Los testimonios de la dureza con que actuó en el terreno represivo y político son innumerables, cuestión que ha dado base para numerosos trabajos y obras que la literatura historiográfica nos aporta. Entre los numerosos testimonios que podemos seleccionar están los dos siguientes:

(1) “ Sólo recordar esos meses de comienzos de la dictadura me provoca un escalofrío. La multitud silenciosa frente al Estadio Nacional, usado como campo de concentración. Los rostros desencajados de mujeres y hombres, portando paquetes los más, esperando un dato que calmara su angustia, aguardando un ‘afirmativo, aquí está’ para saber de la persona amada”.

(2) “La DINA, en mayo del ’77, secuestró a un pequeño niño, Carlos Veloso, y luego lo torturó enfrente de su padre, un dirigente sindical democratacristiano. Una vez que ambos fueron liberados, el hecho se publicó en la prensa, provocando un escándalo que la DINA trató de ocultar culpando a cinco vecinos del dirigente sindical. Las torturas fueron brutales y uno de ellos no resistió. El relojero Jorge Troncoso pasó a integrar la nómina de desaparecidos.”

La represión política y la llamada “guerra sucia”, enfrentamiento entre grupos armados de izquierda clandestinos y fuerzas militares convencionales, produjo una enorme cantidad de tragedias personales y familiares que se han ido conociendo poco a poco a través de los años. La periodista Nancy Guzmán, por ejemplo, publicó una investigación sobre la desaparición del militante de izquierda Bautista van Schouwen y efectuó una entrevista en la cárcel al denominado “guatón Romo”, personaje que describe como tenebroso y que actuó en su papel de torturador de la DINA especializado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno.

Una serie de libros reafirmaría las consecuencias negativas que para una buena parte de la población chilena tendría la fractura política. Si bien el golpe puso un freno a la crisis social y política vivida a fines de 1973, dos de los tres tercios de votantes probablemente hubiese preferido un cambio político pacífico y gradual en vez de una revolución de derecha como la que finalmente se impuso. Obras como: “Asesinato en Washington”, que relata el mortal atentado en contra de Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit; “Política Cultural de la Memoria Histórica”, que intenta una reconstrucción de memoria y reparación, con antecedentes y hechos históricos analizados bajo un enfoque con base en el campo de la psicología; “Campos de concentración Chile 1973-1976”, que relata las vivencias personales de su autor en cinco lugares de detención y “La búsqueda interminable”, el relato de las vivencias de aquellos compatriotas que conformaron una parte de la diáspora chilena después del golpe militar, en particular de quienes se refugiaron en Suecia, constituyen otros testimonios que, desde distintas perspectivas, nos han dado a conocer esta otra faceta los días, meses y años siguientes a la fractura política de 1973.

En el lapso transcurrido entre los años 1982-1990 se fue configurando un escenario político desfavorable al régimen militar, pero derivado principalmente de la situación socio-económica más que por la falta de participación en procesos eleccionarios regulares. La crisis mundial de de 1982 y que repercutiera fuertemente en Chile, en particular en el ámbito de desempleo, terminó por desgastar definitivamente el respaldo que la ciudadanía le había otorgado hasta entonces al gobierno de Augusto Pinochet. En medio de protestas sociales, el gobierno de entonces debió enfrentar de manera creciente la oposición de sectores influyentes como la Iglesia Católica, los sindicatos, los estudiantes, sectores medios y transportistas (que incluso habían sido sus aliados en el pasado) y de amplios sectores populares.

Economía y Fractura

Las transformaciones económicas vividas en Chile a partir de 1973 y hasta 1990, año en que se retomó la senda de la democracia, definen en mi opinión otro tipo de fractura. En este caso, el centralismo en las decisiones de qué, cómo y para quién producir fue cambiado por un sistema de mayor libertad en la elección de materias primas y productos tanto para productores como consumidores.

La economía chilena en el período que hemos incluido en esta monografía, fue pasando por distintas estrategias de desarrollo vistas desde el punto de vista del comercio exterior. El grado de apertura de la economía, de acuerdo a un estudio ya tradicional de Ernesto Tironi, habría atravesado por las siguientes etapas bien definidas:

(a) De Desarrollo hacia adentro clásico, etapa comprendida entre la crisis de los años 30 y el año 1955 aproximadamente. Se caracterizó porque el impulso de la demanda de bienes manufacturados era el motor principal de la demanda interna de la economía chilena, lo que se tradujo en el surgimiento y hasta consolidación de algunas industrias de bienes de consumo corriente y en subsectores como textiles, calzado y vestuario.

(b) De Desarrollo hacia afuera parcial, en la que por una parte se otorgó una apertura significativa y por otra se detuvo, pero no se revirtió, el proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo. En esta etapa, comprendida entre los años 1956 y 1961, el sector privado tanto nacional como extranjero llegó a tener un rol protagónico en el proceso de desarrollo.

(c) De Desarrollo mixto, que se siguió entre 1962 y 1970, en la cual se buscaba un crecimiento hacia adentro de bienes intermedios junto con la exportación de esos y otros productos de consumo hacia un mercado común latinoamericano. La estrategia incluía además implementar un sistema de planificación mixto entre el Estado y el sector privado, como una manera de superar las limitaciones del desarrollo hacia adentro clásico.

(d) De desarrollo hacia adentro estatista, correspondiente al período 1971-1973, en que claramente el sector externo pierde protagonismo y no constituye el motor del crecimiento de la economía. En esta etapa se pretendía que la demanda interna por bienes de consumo masivo se expandiera a través de la redistribución del ingreso: este objetivo se lograría, al menos en parte, a través de la reinversión de excedentes concentrados en las empresas estatales. En el ámbito internacional, la integración con otros países no tendría un rol tan relevante en lo económico pero sí en lo político.

(e) De crecimiento hacia afuera neoclásico, en que el impulso principal a la demanda agregada de la economía estaría dado por su componente externo, ahora con énfasis la promoción de exportaciones no tradicionales y el aumento de la eficiencia de la industria nacional sometida a la competencia proveniente del exterior. Esta estrategia, que comenzó a implementarse en 1973, constituye el núcleo de lo que me permito denominar fractura económica.

La última de las estrategias anotadas indudablemente que permitió una mayor libertad de decisión tanto a productores como consumidores, si la comparamos con las de etapas anteriores. La apertura de una economía viene dado por el nivel promedio de aranceles (o impuestos a las importaciones) que establecen las autoridades de cada país. Estos tributos se suelen expresar como porcentaje del valor de cada producto o mercadería considerada, por ejemplo un 10%, un 20% un 300%, etc. Mientras más alto es el nivel promedio de aranceles, más cerrada será la economía y menos libertad tendrán los productores y consumidores para elegir, en un sentido también democrático, sus productos finales o materias primas:

“En cuanto a la apertura del comercio exterior, merecen destacarse la eliminación de una serie de trabas al comercio, como cupos por glosas, cuotas de importación, visaciones previas de registros por organismos diferentes del Banco Central y los monopolios comerciales con excepción de la ECA. Se anunció la reducción de la lista de depósitos previos de 10.000 por ciento que afectaba a más de 2.000 ítem y la revisión de algunas prohibiciones de exportar. Lo más importante, sin embargo, fue la decisión de llevar adelante un programa de desgravación arancelaria de significación, en tres años, con la debida consideración de los convenios internacionales vigentes, en especial la ALALC y el Pacto Andino. Junto a esto, los derechos ad valórem superiores al 220 por ciento se redujeron a 200, y los que estaban entre 50 y 220 por ciento a sólo 10”.

La cita anterior permite vislumbrar claramente los efectos en la mayor libertad de decisiones. Uno de los principales objetivos de la macroeconomía moderna de cualquier país es el aumento del comercio exterior, debido a los enormes beneficios que conlleva. Esto significa que aumenten tanto las exportaciones como las importaciones, pues es el intercambio de unos bienes por otros, tanto a niveles nacional como internacional, lo que contribuye a generar mayores niveles de bienestar y riqueza.

La eliminación de algunas prohibiciones de exportar que señala la cita, por ejemplo, reflejaba el choque de concepciones entre un centralismo mal entendido versus la libertad de producir y ofrecer bienes a distintos individuos o comunidades. Recuerdo haber revisado varios boletines de la Sociedad de Fomento Fabril hace unos años, en los cuales un grupo de industriales poderosos el pedía al gobierno de turno que se prohibiera exportar chatarra y fierro viejo en desuso. El argumento era que ese material lo ocupaba la industria nacional para reciclarlo u ocuparlo como materia prima en procesos de fabricación internos. Ellos pensaban que si se exportaba, su precio en Chile aumentaría e iría en contra de sus intereses, al tener que enfrentar costos más altos.

El grave problema de aceptar este tipo de peticiones era que se transgredía el derecho de propiedad de los recolectores de chatarra, pequeños empresarios u hombres relativamente pobres que se ganaban la vida en eso. Independientemente del destino interno o externo que tuviese este producto, la decisión de exportar o vender al industrial nacional corresponde al dueño o recolector de la chatarra. Si el Estado les impuso la obligatoriedad de vender sólo en Chile, entonces se entromete en su libre decisión y afecta gravemente su derecho de propiedad: él está en su derecho de vendérselos a los chinos, a los rusos, a los ecuatorianos o a quien sea, pues la chatarra la pudo obtener comprándosela a un tercero o recolectándola en distintos puntos de la ciudad.

Del mimo modo la larga lista de prohibiciones de importar, altos aranceles, depósitos previos y otras medidas de limitación del comercio exterior, indudablemente en última instancia afectaba la libertad de decisión tanto de consumidores como productores. El economista y político representante de la derecha chilena, Joaquín Lavín, ha hecho notar también el fenómeno de mayores posibilidades de elección en la economía chilena a partir de los años 80:

“Los chilenos comienzan paulatinamente a vivir con muchas más opciones que en el pasado. La sociedad de ‘esto o el otro’, con dos o tres alternativas como máximo, ha sido superada por una nueva sociedad de ‘opciones múltiples’, en que es posible elegir entre las más diversas posibilidades. Estábamos acostumbrados a jubilar en la Caja de Empleados Públicos, el Servicio del Seguro Social o la Caja de Empleados Particulares; a confiar nuestra salud al Servicio nacional de Salud o al Servicio Médico Nacional; a estudiar en la Universidad de Chile, Católica o Técnica; a ver televisión en el canal 13, el 11 ó el 7. Hoy la situación es muy distinta: podemos jubilar en la Administradora de Fondos de Pensiones que elijamos, entre más de diez distintas; confiar nuestra salud al instituto de salud previsional que queramos, de entre cerca de veinte; seguir estudios superiores en cualquiera (sic) de las veinticinco universidades o institutos profesionales públicos o privados; podemos elegir entre cinco canales de televisión n Santiago, cuatro de televisión por cable, mientras que un número creciente de familias está confeccionando su propia programación arrendando películas en cualquiera de los ochenta y siete clubs de video existentes en las principales ciudades del país. Una dueña de casa que entraba a comprar a un supermercado Almac en 1974, podía elegir entre 5.500 productos diferentes. Hoy sus posibilidades de opción alcanzan a 15.000 ítems distintos”.

Por otra parte, el economista Felipe Morandé ha destacado las principales reformas estructurales que la economía chilena efectuó a partir de la situación existente en el año 1973 y su proyección en el lapso 1974-1982. En el Cuadro Nº 6 se confrontan elementos de política económica que permiten observar el paso de una economía más a menos centralizada en las decisiones de productores y consumidores:

Una mirada a las transformaciones estructurales anotadas en el Cuadro Nº 6, revela una vez más que se tendió a favorecer en mayor medida la libertad de elección en distintos ámbitos, incluso en el laboral y que quizás resulta probablemente el más polémico.

En materia de comercio exterior, la unificación del tipo de cambio eliminó distorsiones inadecuadas para la toma de decisiones tanto de exportadores como de importadores y, de paso, evitaba problemas de corrupción o desvíos de flujos de bienes a actividades no rentables. Cuando un importador o exportador enfrenta distintos tipos de cambio, se sabe que puede tener la tentación de “disfrazar” en la facturación mercaderías que compra (o vende) más barato o más caro según su conveniencia.

Los aranceles más bajos, por otra parte, dieron más libertad de elección a los importadores que pudieron adquirir no sólo una mayor cantidad de insumos y productos desde el extranjero, sino también una mayor variedad y de distintas calidades. La libertad de precios, por otra parte, es bien sabido que conduce al equilibrio de oferta y demanda en mercados competitivos, como los de alimentos y productos básicos que adquiere la población: esto eliminó los mercados negros y el desabastecimiento que tantos problemas había generado. La liberación gradual del mercado de capitales también constituyó en una señal de mayores posibilidades de decisión de ahorrantes e inversionistas de aquellos años, en perjuicio del control estatal.

En el tema laboral, se aprecia una legislación claramente más proclive al sector empresarial. Al observar en detalle, se aprecian indicaciones que otorgan más libertad de despido a los demandantes de servicios de trabajo (los empresarios), en particular en mercados sindicalizados. Sobre esto, el consenso de los economistas no es unánime y está lejos de ser resuelto. A un mercado del trabajo el legislador le puede dar más poder a los obreros o a los empresarios: este tipo de mercados es conocido como monopolio bilateral (el sindicato es un monopolio de la oferta de trabajo y la empresa es un monopolio de la demanda de trabajo).

Los estudios analíticos demuestran que en este tipo de mercados no existe un equilibrio único que determine el salario y la cantidad de trabajadores contratados, sino muchos posibles. El resultado final, de salario y empleo, dependerá de la fuerza del sindicato o del empleador, que a su vez está determinada por lo que la ley señala. En este análisis he dejado fuera las empresas pequeñas o familiares -que en la realidad suman una buena cantidad-, pero en que la presencia de un sindicato es de hecho imposible.

Una legislación que permita la negociación por áreas o a través de un sindicato nacional único, simplemente romperá un esquema de negociación más o menos parejo como es la empresa y el sindicato. Lo mismo ocurriría si a todos los grandes empresarios se les permitiera actuar en bloque en contra de los trabajadores. En general la autoridad tratará de equilibrar las fuerzas, pensando en las merecidas reivindicaciones de los trabajadores, pero tratando de evitar que el conflicto se prolongue demasiado por los costos y perjuicios que incluso puede provocar al resto de la economía. Con el advenimiento del nuevo conglomerado gobernante de la Concertación de Partidos por la Democracia, ciertamente, la legislación laboral retornó en un sentido más pro trabajadores, pero en términos bastante moderados.

El lector habrá advertido que el mercado del trabajo sindicalizado que hemos comentado no es competitivo, por lo que las posibilidades de elección tanto de trabajadores como de productores quedan limitadas en ambos sentidos por las definiciones que efectúe el Estado en favor de unos u otros.

Un último antecedente que me permito incluir en apoyo a la tesis planteada se refiere a materias de previsión social, y que señala una vez más mayores posibilidades de elección en el nuevo sistema y respecto al antiguo. Un par de autores especialistas y que han examinado este tema en detalle han sido Rodrigo Acuña y Augusto Iglesias. Ellos han destacado que, al momento de iniciarse la reforma en el año 1980, los problemas de arrastre del sistema antiguo eran casi inmanejables. Citan un estudio del año 1983 que estimaba, en base a tasas históricas de crecimiento, que el déficit del antiguo sistema crecería a tal velocidad que alcanzaría entre el 10,3% y el 16,1% del PIB en el año 2000.

Las principales razones para tal estado de cosas eran la administración deficiente de los recursos, el uso de cotizaciones previsionales para financiar otro tipo de beneficios, la evasión de cotizaciones, la creación de beneficios sin financiamiento, la fragmentación en la administración, la existencia de formas no libres de afiliación (dependía del sector económico donde se desempeñaba el trabajador), la falta de competencia entre las 32 cajas y más de 100 regímenes previsionales, la persistente baja en el promedio de pensiones pagadas por las tres principales cajas, etc.

El nuevo sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que comenzó a operar en mayo de 1981, tuvo como principales características: capitalización individual, libertad de los trabajadores para elegir la institución de su agrado, administración privada de las cuentas individuales y del fondo de pensiones y rol subsidiario del Estado (por la vía de regulación y fiscalización del sistema).

Conclusiones

La revisión de los conceptos de fractura política y económica en un contexto histórico de democracia atenuada y dictadura política, para el caso chileno entre los años 1960 y 1990 aproximadamente, nos lleva a concluir que el golpe militar de 1973 generó dos tendencias opuestas bien definidas con relación a las posibilidades u opciones de elección de los ciudadanos.

La primera de ella, una tendencia antidemocrática en lo político que, si bien no alcanzaría el nivel de totalitarismo observado en otros acontecimientos históricos relevantes como la Alemania hitleriana, la Italia fascista o la Rusia estaliniana, el autoritarismo del régimen gobernante generó muy pocos espacios participativos de la población, a excepción de un plebiscito nacional que ratificaría la propuesta de nueva Constitución y otra consulta popular en que el pueblo chileno iniciaría el camino a la recuperación democrática a través de la sentencia triunfadora del “NO”, alternativa contraria al “SI” que planteaba la continuidad del mando del régimen gobernante encabezado por el General Pinochet.

En este escenario, el pueblo chileno sólo pudo aceptar durante un período de 17 años, específicamente desde 1974 hasta 1989, un sistema político carente de derechos mínimos en cuanto a una gran variedad de temas de carácter tanto social como económico y en el cual los procesos administrativos, legislativos y de reformas políticas vinieron predispuestos “desde arriba”. La gran crisis mundial de 1982 abonó el camino para que el descontento popular por temas de carácter económico y social rebalsara hacia lo político, que estuvo reflejado en las conductas opositoras al régimen militar que tuvieron representantes de instituciones tradicionales en la sociedad chilena como la propia Iglesia Católica, gremios, sindicatos y hasta grupos sociales que inicialmente habían sido simpatizantes del gobierno.

El proceso democrático chileno ciertamente, y en esto parece existir bastante consenso en las nuevas miradas efectuadas desde distintos puntos de vista de la Ciencias Sociales, nunca había alcanzó entre 1960 y 1990 un estándar de pureza como hubiese sido lo deseable. La razón de ello habría sido de que la concepción de democracia hoy no sólo exige elevados niveles de participación libre e informada, ausencia de corrupción o de cohecho y amplias facilidades de expresión de distintos grupos que componen una sociedad, sino cada vez más acciones de tipo participativo de parte del pueblo.

Las nuevas teorías de la elección pública han mostrado a los intelectuales y público interesado n estos temas, que las elecciones de carácter representativo traspasan muchas decisiones de poder a quienes resultan elegidos y por períodos electorales que suelen varias desde 4 a 6 años. Esto genera discontinuidad en la representación que efectúan los parlamentarios electos respecto de sus votantes.

Por ejemplo, en una elección quinquenal en que existen tres partidos, el rojo, el amarillo y el verde, la votación fue 30% el rojo, 40% el amarillo y 30% el verde. Supongamos que los partidos tienen que tomar cuatro decisiones (opciones) de como asignar los recursos del presupuesto: (1) gastar en reparar hoyo de las calles; (2) gastar en atender a los ancianos; (3) gastar en recintos deportivos y (d) gastar en mejorar los parques de la ciudad.

Supongamos que el señor A votó por el partido rojo, el señor B por el partido amarillo y el señor C por el partido verde. Cuando los partidos internamente deciden votar por el orden de las preferencias –hasta que se acabe el dinero- lo hacen de la siguiente manera:

En este esquema así presentado, puede ocurrir perfectamente que el señor A, (al igual que los señores B y C) que delegó su forma de votar en como lo hará su partido el rojo, desee votar de manera distinta: en primera prioridad por la opción 1(como lo haría su propio partido el rojo); en segunda prioridad por la opción 3 (como el partido amarillo); en tercera prioridad por la opción 4 (también como el partido amarillo) y en cuarta prioridad por la opción 2 (como el partido verde). Las combinaciones de prioridades para asignar los recursos del presupuesto de los otros dos votantes B y C también pueden diferir de como lo harían sus propios partidos.

Con esto sólo pretendo enfatizar una vez más que las democracias modernas, incluso las más avanzadas, presentan vacíos respecto a la libertad de expresión de la voluntad popular respecto a distintos temas. De allí que la obediencia ciega e irreflexiva de los miembros de un partido que suelen seguir las indicaciones de lo que señala la cúpula, adolece del grave defecto de la pérdida voluntad, libertad y capacidad crítica en el acto de votar.

En otras palabras, los seres humanos no somos robots y tenemos el derecho a estar en acuerdo y desacuerdo con ciertas políticas de aquellas organizaciones políticas que mejor nos representan. No puede ser pecado estar de acuerdo en un 70% con lo que dictamina el rojo, un 20% con lo que propone el partido amarillo y un 10% con lo que plantea el partido verde. El reconocer esta realidad haría más democráticos aún los países actuales y los técnicos en procedimientos políticos deberán perfeccionar la democracia futura en esta línea.

La segunda tendencia que determinó la fractura de 1973 fue una tendencia democrática en lo económico, de mayores posibilidades de elección, de productores y consumidores, respecto a bienes, materias primas y servicios de factores como tierra, trabajo y el capital. Esta realidad, expresamos en el análisis efectuado, no apunta a reconocer o desconocer el éxito (fracaso) del modelo económico imperante, que indudablemente tuvo resultados muy distintos dependiendo de la época y de las materias consideradas, sino más bien a dar cuenta de una situación que resulta paradojal vista hoy a la distancia de los hechos ocurridos.

Me parece oportuno aceptar que el público y los productores, los demandantes y los oferentes, simplemente vivieron una tendencia creciente en sus posibilidades de elección, lo que no es ninguna novedad por tratarse de un proceso de tipo neoliberal.

El análisis de la literatura económica aquí expuesta es coherente en destacar que el tipo de política económica establecida, referente a una amplio abanico de temas sociales y económicos, liberó a los agentes económicos de una serie de trabas o esquemas de trabajo tremendamente burocráticos. Con esta propuesta, el Estado comenzó poco a poco a retirar su ingerencia en aquellas cuestiones propias de índole privado, centrándose en los aspectos subsidiarios y más propios de su verdadero rol conductor macroeconómico, de control de los monopolios o mercados imperfectos y de focalización del gasto en grupos sociales sensibles a los ciclos de la economía y con altos niveles de pobreza.

La mayor libertad económica se reflejó en un abanico más amplio de elección para los consumidores, que pudieron disponer de productos a precios más bajos y de mejor calidad. Los productos protegidos con altos aranceles, situación que aparentemente favorecía al capital industrial y comercial, en verdad generaba el efecto contrario. Poco a poco la clase media pudo acceder al automóvil, al televisor, a ropa nueva y usada de lugares lejanos y un sin fin de mercaderías que obligaba a aumentar la eficiencia del competidor nacional. Por el lado de los productores, las tasas arancelarias bajas también le permitieron a muchos de ellos adquirir materias primas de mejor calidad y menor costo, posibilitando que buena parte de los productores compitiera en estándares internacionales.

Los sectores industriales menos eficientes, sus trabajadores y empresarios, debieron cerrar las fábricas y eso marcó el precio de la libertad económica otorgada y ausente por tantos años. No es posible en este trabajo determinar los perdedores en esta transformación económica calificada por algunos de hasta brutal, pero permitió evitar de allí en adelante mantener un “sistema de precios mentiroso” y que entregaba señales totalmente erradas a los agentes económicos para su asignación de recursos.

El año 1973 y con relación a las dos fracturas que aquí he examinado, marcó una verdadera paradoja en las tendencias democráticas: una involución negativa en lo político, que coexistió con una evolución positiva en las posibilidades de elección económica. Sólo a partir de 1990 y con el advenimiento de la democracia en Chile comenzarían a marchar juntas nuevamente las dos democracias que tantas zozobras y sufrimientos habían soportado durante casi todo el siglo XX. Es de esperar que, para el bien de Chile, ambos procesos, el político y el económico, continúen marchando juntos hacia el futuro en pos de una mayor perfección aún.

Chile lo merece.

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