LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO ARGENTINO
Observatorio de la Economía Latinoamericana

 


Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

 

 

 

Economía de Argentina

LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO ARGENTINO
 Y SU RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DESDE 1976 A LA SALIDA DEL DEFAULT (FEBRERO DE 2005)

 María de Monserrat Llairó - Raimundo Siepe
CEINLADI (Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración)
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires
rsiepe@econ.uba.ar


Este trabajo forma parte del proyecto UBACYT 2004-2007: “estado nacional y endeudamiento externo argentino: transformaciones sociales, políticas y económicas ante el condicionamiento de la deuda, 1983-1993”, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires

Para citar este artículo recomendamos utilizar este formato:

María de Monserrat Llairó - Raimundo Siepe: "La evolución del endeudamiento externo argentino" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 53, diciembre 2005. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/



Creemos imprescindible desarrollar nuestra tarea de investigación, explicando los diferentes pasos de la misma. En primer término, nos resulta necesario enfatizar el papel de los organismos financieros internacionales en su evolución y concepción en cuanto a la aplicación de sus mecanismos de financiamiento y de sus fallas estructurales. En segundo término, estudiaremos el ingreso y el comportamiento de la Argentina en el sistema mundial que estaba en funcionamiento, a partir de la caída del presidente Perón en setiembre de 1955. En tercer término, entraremos de lleno en el período comprendido entre el golpe militar de 1976 hasta la caída del gobierno constitucional de De la Rúa en diciembre de 2001 en los aspectos relativos a las políticas económicas implementadas y a sus negociaciones e implicancias directas sobre el endeudamiento externo del país. Culminando con el período de la presidencia de Duhalde hasta la asunción de Kirchner y la salida del default. De esta manera, tendremos una visión mucho más abarcativa y dinámica de los sucesos acontecidos y que marcan la realidad argentina del momento actual.



EL ROL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: AYER Y HOY

En 1944, se sentaron las bases para una etapa inédita de cooperación económica internacional. Semanas después del “Día D” del desembarco en Normandía, representantes de cuarenta y cuatro países se reunieron en el mes de julio en un resort de montaña, el hotel Mount Washington, en Bretton Woods (Nueva Hamsphire), Estados Unidos.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (más conocido como el Banco Mundial) fueron creados por las potencias vencedoras para formar un orden económico capitalista sólido que trajera estabilidad, crecimiento y pudiera competir con el activo comunismo de Rusia y Europa Oriental. El inicio de sus operaciones financieras se dio a partir del 1° de marzo de 1947.

Sus objetivos originales comprendían, los siguientes puntos: a) Fomentar la cooperación monetaria internacional; b) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; c) Fomentar la estabilidad cambiaria; d) Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos; y d) Poner los recursos generales de la institución a disposición de los países miembros con dificultades en la balanza de pagos. Todas estas medidas apuntaban por entonces, a evitar derrumbes, ayudando a los países amenazados por una recesión para que emprendieran políticas expansivas, mantuvieran el nivel de actividad, de empleos y la tasa de cambios.

Al principio, sus integrantes eran keynesianos, pero en los años 1970 y 1980, lentamente la ortodoxia neoliberal los fue desplazando de los lugares estratégicos de decisión.

¿Qué los llevó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a reorientar su posición? Un conjunto de acontecimientos. Por un lado, las potencias occidentales registraban una considerable reducción de sus zonas comerciales. Las empresas transnacionales veían al mundo entero como su mercado posible. Para penetrar sus fronteras era necesario que los países eliminaran sus leyes proteccionistas y abrieran sus economías. A esto se sumó una enorme cantidad de dinero circulante (los petrodólares) que no dejaban renta. Si no se encontraba a quien prestarlo el riesgo de una devaluación del capital era grande. Esto encendió el alerta del sistema capitalista.

La salida para ese desafío la elaboró la “Comisión Trilateral”, un foro impulsado por David Rockefeller en 1973, que expresaba los intereses de las transnacionales y el capital financiero. La idea fue aceptada: la de captar los petrodólares invitando a los países miembros de la OPEP a ingresar como socios del Banco Mundial. De esta manera, el dinero produciría más dinero y los países petroleros verían reducido su poder. Al ingresar al Banco Mundial y aceptar sus reglas de juego perdieron autonomía para decidir cómo y a quién prestar su capital. Puesto que se ve claramente en los registros históricos, como en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el poder de decisión de un país depende de la cantidad de capital que aportó; así le pusieron un techo a los depósitos de petrodólares para que las decisiones de esos países no tuvieran mucho peso.

En la lógica de “quien más pone más gana”, y con los aliados arruinados por la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de los Estados Unidos se estableció desde el comienzo en ambos organismos internacionales. En 1950, el 85% de los recursos disponibles eran norteamericanos. Pero desde los ochenta, la hegemonía fue compartida: el 52% del poder de voto es para las potencias del G7 y el 48% para los 176 países restantes.

En los órganos de decisión la desigualdad es la misma. El Directorio Ejecutivo está compuesto por 24 directores. Ocho son de países que tienen cada uno un voto: Alemania, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia. Los otros dieciséis directores se reparten en los 176 países restantes, que votan en grupos. Las decisiones son aprobadas por unanimidad, mediante la influencia y la aprobación de los países dominantes del sistema financiero internacional.

En los años setenta se moldeo el mundo actual. Los préstamos dejaron de ir a la producción y pasaron al sistema financiero. La ayuda se orientó a aliviar la deuda, en particular, porque los países subdesarrollados tenían dificultades para importar y esto perjudicaba a los Estados Unidos.

Otro cambio clave fue el fin de las ayudas entre países: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pasaron a monopolizar y controlar el sistema de créditos.

Luego, en los años ochenta, aparecieron los “créditos de base política”, que financiaron las políticas de ajuste para garantizar la instauración de la economía de libre mercado en todo el mundo. En los años noventa, esa política se profundizó con las llamadas “Reformas de segunda generación” aunque ya, por entonces, empezaron a aparecer las crisis, desde México en 1994 a la de Argentina en 2001, poniendo en cuestionamiento al neoliberalismo y a los organismos de crédito.

Se dio, en todo este proceso, una confusión de roles, puesto que la responsabilidad de elaborar políticas es de los países, pero muchas veces, ante la falta de políticas coherentes, los organismos cayeron en la tentación de decidir por la simple razón de que poseían el dinero para prestar y de esta forma, dictaban sus recetas.

En los albores del siglo XXI, parecería que existe una revisión crítica a esa idolatría indiscriminada por el mercado. Por eso los condicionamientos ya no se plantean con la firmeza del pasado, y además pareciera que existiera una cierta flexibilización en los criterios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Estamos frente a la presencia de una época de cambios que se le exigen a los organismos internacionales. Se le cuestiona su incapacidad para manejar la crisis y el impacto sobre las condiciones de vida de la población. La volatibilidad y las crisis financieras ya están afectando a las grandes potencias. Los cambios sólo dependen de una decisión política, entre ellos resultan imprescindibles:
-Las decisiones deben ser un país igual a un voto, como en la ONU.

-La transparencia de las fuentes de financiamiento. Cuando el Fondo Monetario Internacional no tiene dólares, financia con préstamos de países y bancos. Esa información debería ser pública y no privada.

-Se necesita agregar evaluaciones externas. Ciertos enfoques teóricos dan lugar a que los bancos hagan su gran negocio, por lo que es necesario que además del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos sean evaluados por expertos independientes. Medida que representaría un grave golpe contra el “pensamiento único”, pero un avance en el sentido del pluralismo del pensamiento económico, social y político.

El Fondo Monetario Internacional es una institución muy jerárquica, burocrática y con una enorme rigidez ideológica. Los funcionarios, unos 2.680 provenientes de 141 países, se reclutan y promueven no sólo por su capacidad sino en función de los principios que ellos defienden. Se sienten los verdaderos economistas del mundo aunque expertos brillantes como Paul Krugman o Joseph Stiglitz han destruido conceptualmente sus afirmaciones. Este último, ex vicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía, dijo que esos organismos promovían los intereses de la comunidad financiera mundial pero traicionando su mandato original, que consistía en otorgar préstamos con fines productivos y no especulativos como en el presente. Por otro lado, las carencias de sus funcionarios son muchas. En general, como hablan sólo inglés, tienen una cultura ínfima, información parcial y un acceso limitado al conocimiento. SI supieran otras lenguas y culturas tendrían una visión más plural. Muchos otros, llegan a un país sin saber el idioma y sin ninguna información previa sobre el mismo: se limitan a imponer una matriz en la que todo les va a encajar sin importar cómo ni en que país estén. Algunos de ellos son jóvenes que a los 25 años son calificados de expertos. Y se lo creen. Vienen con actitud de dadores. A traernos un conocimiento ya producido por el Norte. Y sin mala intención. Con miles de empleados y cientos de expedientes, el funcionamiento de esos organismos se ha transformado en extremadamente burocráticos y que, como toda burocracia, tiene como eje su propia supervivencia. Con altos salarios y privilegios de lujo, los funcionarios son los primeros en trabajar por esa supervivencia. Esas erogaciones en apariencia las paga el Fondo Monetario Internacional pero aparecen contabilizadas como parte de los préstamos. Cerca de un 40% del préstamo se va en esos gastos. Y como toda burocracia no reconoce errores: la culpa siempre es del otro.



LOS ANTECEDENTES: EL INGRESO DE LA ARGENTINA A LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

El gobierno que derrocó a Perón en 1955, conocido como “La Revolución Libertadora”, mediante la sugerencia de su asesor el Dr. Raúl Prebisch a través de su informe “Plan de Restablecimiento Económico”, señalaba la conveniencia de”ingresar al Fondo Monetario y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento…La Argentina es el único país de la América Latina que no participa de sus instituciones públicas…”. Luego de algunos estudios el Poder Ejecutivo por Decreto ley 7103 del 19 de abril de 1956, dispuso iniciar los trámites y por Decreto ley N° 15.960 del 31 de agosto del mismo año ratificado por la Ley 14.467 se aprobó la incorporación de la Argentina al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. A mediados de 1956, dos integrantes de la generación de liberales de posguerra, Carlos Coll Benegas y Adalbert Krieger Vasena, habían viajado para firmar la entrada de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, y para gestionar, de paso, un crédito bancario. Planeaban quedarse no más de dos semanas, pero volvieron tres meses después, con 100 millones de dólares del Export Import Bank de los Estados Unidos para tratar de mejorar el sistema de transportes.

Por otro lado, a través del “Acta de París”, cuyos propósitos eran instrumentar las bases para poner en práctica el sistema multilateral de comercio y pagos y donde se establecían pautas para la refinanciación de la deudas externas argentinas, fue suscripta en París el 30 de mayo de 1956 por los representantes de varios países europeos y por lógica, por los representantes del gobierno argentino, que de esta manera ingresaba a dicho organismo.

En los años que siguieron, los vínculos se hicieron más intensos. El presidente Arturo Frondizi (1958-1962) firmó el primer crédito directo con el organismo a fines de 1958. El Ministro de Economía Donato del Carril consiguió 75 millones de dólares. En 1962, durante el gobierno de José María Guido, el entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, decidió apartarse de las metas de emisión de dinero comprometidas, por lo que el Fondo Monetario Internacional envió a un funcionario importante, Irving Friedman para presionar con la interrupción del stand by vigente. A partir de estos hechos, surgió el papel de los llamados “troubleshooters”, los “solucionadores de problemas técnicos” que el Fondo Monetario Internacional despacha con una posición de máxima dureza. El gobierno del radical Arturo Illia (1963-1966) no tuvo stand by. Su política económica no estaba de acuerdo con la ortodoxia neoliberal, pero tampoco se dio una ruptura con el organismo. Cuando asume el general Onganía, luego del golpe de estado de 1966, se aducía que la Argentina estaba por quedarse al margen de la comunidad internacional. Es cuando en esa época, comienzan a tener importancia los bancos privados, entrando en escena, Morgan Stanley, Credit Suisse o Credit Lyonnais, de la mano del entonces Ministro de Economía Krieger Vasena, quien dio el puntapié inicial para la formación del mercado de títulos externos. Fue una época con menos asperezas con los técnicos de los organismos, en donde la relación era muy buena.

En la primera mitad de los años setenta, las relaciones no fueron cordiales. El 26 de setiembre de 1973, José Gelbard, Ministro de Economía del tercer gobierno peronista (1973-1976) encabezó la delegación argentina a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, en Nairobi. Allí, los países de América Latina actuaron por primera vez en bloque.

La etapa de la Dictadura Militar (1976-1983), daría pie a una de las actitudes que más se le critican al Fondo Monetario Internacional: no darle importancia al creciente aumento de la deuda externa. A los pocos meses de haber derrocado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, en agosto de 1976 se suscribió un acuerdo que permitió el giro inmediato de 180 millones de dólares y facultó, además, la tramitación de un préstamo con un consorcio de bancos norteamericanos, europeos y japoneses, que remesaron en octubre de ese año, 1000 millones de dólares, iniciándose de esta manera el crecimiento vertiginoso de la deuda externa que todavía pesa sobre la Argentina.


EL GOBIERNO MILITAR, 1976-1983

El crecimiento de la deuda externa argentina se incrementó a partir del gobierno de facto que derrocó a María Estela Martínez de Perón y asumió el 24 de marzo de 1976. Los objetivos del programa del Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, apuntaron a la reconversión a largo plazo del aparato productivo interno según criterios de eficiencia y especialización basados en las ventajas comparativas internacionales del país y el redimensionamiento del aparato estatal para que fuera compatible con el papel central que se reservaba a la empresa privada.

La evolución de las principales líneas de la política económica fueron las que a continuación se detallan:
-Cambios en la estructura de la oferta y la demanda global que se dieron a través del avance de las importaciones, la desindustrialización del aparato productivo, la declinación del consumo y el avance lento de las exportaciones.

-El Producto Bruto Interno sufrió cambios en su estructura por la fuerte pérdida de la gravitación de la industria, el avance del sector servicios, del sector financiero (con la reforma Financiera de 1977) y la declinación de la actividad comercial. Sin embargo, hasta 1980 se da un crecimiento de la inversión pública y también del consumo público, pero disminuye el consumo privado. A pesar de esto, el PBI es negativo entre 1976 y 1982, porque precisamente cae la demanda interna, en particular del consumo, y se reemplaza la producción interna por las importaciones. Al producirse la apertura comercial externa fue notable la disminución del componente nacional en la inversión en equipos durables de producción local.

-Baja del empleo en el sector industrial en un 35% entre 1974 y 1982, incrementándose la población ocupada en el sector servicios.

-Reducción del nivel de ingresos del sector asalariado que se reflejo en el PBI, que en el año 1974 era del 39% y que pasó al 34% en 1982.

-Con lo mencionado hasta aquí, se produce en marzo de 1980 la crisis del sistema financiero con estas características:
-el atraso cambiario.

-el incremento de la deuda externa.

-las altas tasas de interés generadas por la insuficiente reducción del déficit fiscal.

-la excesiva expansión del crédito interno y el mantenimiento del régimen de garantía oficial de los depósitos en un marco de tasas libres.

La combinación en sus efectos de las elevadas tasas de interés, de la competencia de bienes importados y la baja del salario real, generó simultáneamente la caída de la rentabilidad con un aumento de la insolvencia en una gran cantidad de empresas de tamaño y sectores, especialmente el manufacturero, textil, electrónico y de bienes de consumo durables.

Para paliar la situación de los pasivos empresarios se dispuso en 1981, la ampliación de los plazos de financiamiento de las deudas contraídas a través de la emisión del “Bono de Consolidación de Deudas” (Bono Sigaut) que permitió la refinanciación de una parte de deudas morosas con plazos de hasta siete años, utilizando el ajuste financiero según el índice de la circular 1050. Los objetivos no se lograron porque prevaleció una aguda recesión y altas tasas de interés.

La crisis financiera de marzo de 1980, se desencadenó con la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR), que dio lugar a una de las corridas bancarias más importantes de la historia económica y financiera argentina hasta entonces y que se generalizó con el cierre de otras tres entidades de gran importancia: Banco Internacional, Banco Oddone y Banco Los Andes. Todo ello provocó la caída de los depósitos y la gran demanda de activos externos.

La devaluación cambiaria programada en la “tablita” que señalaba los valores fijos en los períodos futuros debió abandonarse, y en el plazo de seis meses la moneda argentina se devaluó tres veces en un 10%, 30% y otro 30% respectivamente, que si bien mejoró el cambio real y el sector exportador, agudizó la recesión, cayendo el salario real y empeorando la situación de las empresas endeudadas con el exterior.

La situación política se tornó cada vez más inestable, especialmente a fines de 1981 y se agudizó aun más en 1982 con la guerra de las Malvinas con Gran Bretaña, siendo el primer semestre de ese año el período en que se pierde el acceso a los mercados financieros internacionales.

A partir del 30 de junio de 1982 se modifico la política económica, al dictarse la Ley 22.259, de “Consolidación del Sistema Financiero”, que cambió las regulaciones de la reforma de 1977 para evitar la necesidad de liquidar las entidades financieras, adaptándose una política de intervención cautelar del Banco Central de las entidades con dificultades y las tratativas para que en lugar de su liquidación pudieran resolverse tales inconvenientes por medio de cambios estructurales (fusiones, absorciones de las entidades pequeñas por las de mayor tamaño) o por compra por bancos del exterior.

El incremento de la deuda pública externa desde 1976, llegó a niveles muy elevados a partir de 1980, sobre todo por la liquidez internacional como consecuencia del “reciclaje” de los fondos de los países petroleros (OPEP), juntamente con la creación de “liquidez de base” en los países industrializados y la disminución de la demanda de créditos, lo que generó fondos disponibles para los países subdesarrollados. Los bancos internacionales eran los principales focos de la canalización del endeudamiento externo de los países menos desarrollados cuando la abundancia de recursos financieros no fue demandada por los prestatarios tradicionales. La deuda pública argentina creció sin contrapartida del crecimiento de su PBI, empleándosela para sostener una política económica que significó el aumento del desempleo y una caída excepcional del nivel de actividad económica interna. La deuda externa privada se generó por: sus mayores costos financieros, los subsidios otorgados para que el sector privado no cancelase sus obligaciones en el exterior, y los mecanismos de seguros de cambio a 540 días por los intereses y las obligaciones aún no vencidas.



SU EVOLUCIÓN BAJO EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE ALFONSÍN, 1983-1989

Al llegar a este punto, debemos, en primer término, repasar algunos conceptos básicos sobre la deuda externa. La misma, debe medirse relacionando la tasa de interés efectivamente pagada (tasa de mercado, más spread, más comisiones, etc.) con la variación de los precios de los productos de exportación, ya que afecta a la capacidad de pago del país cuando los precios de esos productos han sufrido una notable caída en el mercado internacional, agravado por los subsidios a la producción agrícola que otorgan los países acreedores de su deuda (EE.UU.: y la Unión Europea). Cabe aclarar estos conceptos, ya que durante este período esto fue lo que sucedió, impidiendo al país reponerse rápidamente de las crisis que se provocaron.

En 1983, la deuda externa (heredada del régimen militar) ascendía a 45.000 millones de dólares y la inflación del año fue del 430%. Bajo estas durísimas condiciones a fines de 1983, luego de las elecciones democráticas de octubre de ese año, asumía la magistratura del país el Dr. Raúl Alfonsín, luego de siete años de régimen militar.

En 1984, el presidente Alfonsín en la Asamblea de la ONU, planteaba la cuestión de la deuda externa junto con Brasil y otros países latinoamericanos, pidiendo una reconsideración de la misma.

Para paliar la grave situación económica, se lanzó el PAN, el “Plan Alimentario Nacional”, que consistía en la entrega de cajas con alimentos para los sectores más desposeídos de la sociedad. Se crea el “Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. El gobierno otorga aumentos salariales y la inflación se dispara: hacia fines de año llegó casi al 700%. El dólar pasó de 30 a 200 pesos.

Como ya dijimos, en cuanto al problema de la deuda externa, el país debía 45.000 millones de dólares. Por los intereses, el gobierno argentino debía abonar cada año un 8% de su PBI. Pero, con el alza de las tasas a nivel internacional, la deuda se incrementaba permanentemente.

Los bancos acreedores exigieron al gobierno un acuerdo con el FMI para implementar un “plan de ajuste”, antes de renovar sus créditos. Estos sectores ejercieron una fuerte presión diplomática especialmente sobre el presidente norteamericano Ronald Reagan, quien aconsejaba negociar con el FMI. Durante varios meses el gobierno de Alfonsín estuvo frenando dicha propuesta. Hasta trató de convocar a una acción solidaria con los países latinoamericanos, y amenazó con declarar una moratoria unilateral. Pero el esfuerzo resultó en vano, la presión económica internacional se impuso. A fines de 1984, el gobierno tuvo que firmar un nuevo acuerdo con el FMI.

La gravedad de este problema se manifestó precisamente a fines de 1984, cuando la deuda del país se componía de cerca de 40 mil millones de dólares en concepto de capital y 6 mil millones en concepto de intereses (que venían en su mayoría del período anterior). Esto nos revelaba la magnitud del problema a tratar.

Durante 1985, Alfonsín realizó una fuerte apuesta sobre la política exterior, incorporando a la Argentina al “Movimiento de Países no Alineados” y al “Grupo de Cartagena” para el tratamiento más equitativo de la deuda externa. También apoyó al “Grupo de Contadora” que mediaba en el conflicto de América Central.

Juan V. Sorrouille, es designado Ministro de Economía y el presidente Alfonsín anunciaba una “economía de guerra”. La inflación alcanzó al 30% mensual y la desocupación al 4.5%.

El 14 de junio de 1985, el Ministro Sorrouille anunciaba el “Programa de Reforma Económica” por el alto impacto de la inflación. El “Plan Austral”, proponía un tratamiento de shock: el Banco Central cesaba de emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Se creaba un nuevo signo monetario, el “austral”, que valía 1.000 pesos argentinos y se fijaba así una nueva paridad con cada dólar (a 0.80). Se aplicaba un desagio a los contratos, para eliminar la indexación prevista y se congelaban precios y salarios, luego de un aumento previo del 22%. La clave residía en eliminar las expectativas que traía aparejado un rebote inflacionario, que a su vez, generaba un círculo vicioso. En sus comienzos, se impone el “Plan Austral” con éxito ya que es acompañado por la opinión pública: la inflación baja del 30% mensual al 2% y se produce una reactivación del consumo. Como contrapartida, a pesar de la caída de la inflación, el poder adquisitivo de los salarios baja un 21%. La CGT inició un plan de lucha oponiéndose a estas medidas económicas implícitas en el “Plan Austral”.

La falta de recursos para el pago de esa deuda, obligó a la Argentina a contratar un nuevo sistema de financiamiento denominado “onlending”, que instrumentaba un acuerdo entre el Banco Central (en calidad de deudor) y el gobierno argentino (en calidad de garante), con el “Comité” de bancos acreedores del exterior representados por uno de los bancos en calidad de banco agente.

Dicho convenio se firmó el 27 de agosto de 1985 y se llamó “Term Credit Agreement” que otorgó un préstamo de 3.700 millones de dólares a un plazo de 10 años de devolución.

La finalidad de esta nueva financiación fue en permitirle al Banco Central lo siguiente: a) cancelar deudas externas vencidas y a vencer durante 1985; b) prorrogar el vencimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma de este acuerdo; y c) mejorar el rendimiento del comercio exterior argentino. Los bancos del exterior dieron el préstamo en cuatro pagos, cuando el FMI entregó los fondos prometidos en la refinanciación de la deuda externa argentina. Los fondos se destinaron el 33% al Banco Central y el 66% al sistema “onleading” de préstamos.

Por otro lado, en una reunión partidaria, Alfonsín anunciaba en “Parque Norte” que se estudiaría una “Reforma del Estado”. También inicia una visita a los Estados Unidos. En su reunión en la Casa Blanca, Reagan criticó al régimen marxista-leninista de Nicaragua, mientras Alfonsín defendió el principio de autodeterminación de los pueblos y a su vez criticaba el apoyo de los Estados Unidos a los “contras” en ese país centroamericano. En el Congreso norteamericano, Alfonsín protestó contra la presión de los acreedores extranjeros en el cobro y los intereses de la deuda. Sin embargo, en Houston, frente a los grandes empresarios petroleros norteamericanos, anunciaba la apertura de la explotación de hidrocarburos a las empresas privadas. En 1986, se firma el “Acta” de integración económica con el Brasil.

El Ministro Sorrouille anunciaba la segunda fase del Plan Austral, donde se trataba de incrementar las exportaciones y de promover importaciones (que no se concretaron en su debida forma) y también de “Flexibilizaciones”: con un aumento controlado de tarifas y tipo de cambio, otorgando incrementos salariales. Se produce un rebrote inflacionario: en julio es del 8.8% y el dólar vale 1.02 australes. Por intermedio del Banco Central se dicta la “ley de blanqueo de capitales”. A fin de año, la inflación es del 80% y las exportaciones caen notablemente.

En 1987, la Argentina integra con Brasil y México el “grupo de los tres mayores deudores” para tratar en común el grave problema de la deuda externa.

Se lanza el “Australito” que consistió en un nuevo ajuste. Al aumentarse los salarios, la inflación llegó en agosto de 1987 al 13% mensual. Para profundizar las medidas económicas se crea un “Consejo Empresario Asesor”. Se anuncian privatizaciones y desregulaciones de empresas y servicios públicos. Algunos miembros del elenco gobernante, la Unión Cívica Radical, proponen un plan económico alternativo. La inflación anual es del 170%. Quedaban solamente 500 millones de dólares, como saldo del comercio exterior. Se produce un agotamiento de las reservas.

Con el “Plan Primavera” se trató de lograr un acuerdo con el sector empresario para estabilizar los precios. La CGT lanza en contra de este plan el duodécimo paro general, mientras se logra un acuerdo con el Banco Mundial para refinanciar deudas y obtener préstamos. La inflación se redujo al 7% mensual. Se inician acuerdos económicos para privatizar bienes del Estado: Aerolíneas Argentinas, ENTEL y Telefónica y nuevos contratos petroleros
En 1989, continua el proceso inflacionario, que en agosto alcanzó al 27% mensual. Para complacer a los gobernadores peronistas (del principal partido de la oposición) se lanza un bono especial y se aprueba una nueva ley de coparticipación federal. En la exposición rural, el sector se queja fuertemente de la política radical, especialmente en cuanto a la retención de las exportaciones agropecuarias.

En ese año, las dificultades financieras hicieron fracasar las gestiones ante los bancos acreedores. La inflación subió en enero al 8.9%. Fracasa el “Plan Primavera”, se toca el tipo de cambio y se da una corrida hacia el dólar. Renuncia el Ministro de Economía, Sorrouille, siendo reemplazado por Juan Carlos Pugliese. La inflación llega en abril al 33%. Se produce el “estallido social”. El candidato justicialista Menem se impone en las elecciones presidenciales. En mayo la inflación llega al 78.4%. Se produce una fuerte suba de los precios y del dólar, hay desabastecimiento. Alfonsín traspasa, adelantándose seis meses, el poder a Carlos Menem, quien asumirá el 8 de julio. La inflación de junio es del 114% y la de julio el 196%:
El 6 de febrero de 1989, el gobierno de Alfonsín dejó de sostener el tipo de cambio, por lo tanto el dólar se dispara, al igual que los precios. A medida que se aproximaban las elecciones presidenciales, avanza el proceso inflacionario y se entra en “Hiperinflación”. Los precios son en dólares, se corta el circuito económico y se da el desabastecimiento. La desvalorización avanza tan rápidamente, que muchas personas, el mismo día de cobro convierte su sueldo en mercaderías. Se producen, por otro lado, ataques a supermercados en varias partes del país. Bajo estas condiciones asumirá el nuevo gobierno peronista.

De todos modos, hay que destacar que el gobierno de Alfonsín, a pesar de todos los inconvenientes señalados, avanzó en la reestructuración de las obligaciones de la deuda externa por medio de la renegociación de los vencimientos, la implantación de políticas de ajuste como el “Plan Austral” para el logro de la estabilidad, y la apertura de la economía tratando de acentuar la exportación de bienes nacionales y de reactivar el nivel de actividad interna.



EL CAMBIO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA: EL GOBIERNO NEOLIBERAL DE MENEM, 1989-1999

A) LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO IDEOLÓGICO Y SU PROBLEMÁTICA

Al arribar a este período, debemos analizar los cambios ocurridos en la política económica durante las dos presidencias de Menem, ya que los mismos implicaron un cambio fundamental en la realidad socio-económica de la Argentina, al implementar el modelo neoliberal, que, si en sus comienzos parecía que constituiría la solución a todos los problemas del país, en definitiva, acarrearon una angustiosa situación que hasta el presente resulta difícil de sobrellevar.

Las condiciones básicas para el desarrollo de la nueva política económica argentina efectuada a partir de la primera presidencia de Menem, tuvieron su origen en los efectos generados por el abrupto final de la confrontación ideológica Este-Oeste, y la consolidación de los principios de la libertad económica propios del modelo de mercado libre.

La reforma económica instauró una economía de mercado. La base ideológica de esta cuestión diseñaba un sistema en el cual se estableció con claridad que correspondía a la empresa, y no al Estado, que fuera el motor de la actividad económica.

En este sistema, la competencia y las leyes del mercado, procuraban alcanzar la eficacia en la asignación de los recursos disponibles, buscando el crecimiento económico fundamentalmente de la actividad privada.

Las reformas económicas introducidas en el país a partir de la primera presidencia de Menem en 1989, fueron esencialmente:
-La convertibilidad.

-La reforma del Estado.

-La apertura de la economía tanto al movimiento de bienes como de capitales.

-Un marcado proceso de integración regional: el Mercosur.

-La desregulación y las privatizaciones.

Una de las medidas más importantes fue la introducción conjunta de la ley de convertibilidad y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convertibilidad establecía una política monetaria predecible cuya prioridad absoluta era la estabilidad de precios. La Carta Orgánica del Banco Central brindaba el instrumento para lograr el objetivo de establecer la independencia de sus autoridades del Poder Ejecutivo y de fijarle un margen muy estrecho para desenvolver sus actividades, impidiendo todo tipo de discrecionalidad que pudiera alterar aquel objetivo.

Estas reformas establecieron el marco necesario para lograr la estabilidad monetaria y como consecuencia, lograr la estabilidad de precios, prerrequisito indispensable para que los agentes económicos pudieran hacer planes de inversión y consumo de mediano y largo plazo, y para que pudieran asignar eficientemente los recursos.

Al lograrse la estabilidad de precios, el sector privado varió su comportamiento en la toma de decisiones, pues no se producirían cambios en el valor de la moneda y además la especulación financiera ya no constituiría una actividad rentable.

La estabilidad, llevó a un aumento por parte de los empresarios de las inversiones ya existentes y en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, al sustituir a las políticas de las devaluaciones y de la especulación.

Otra reforma importante fue la del sistema financiero, que permitió asegurar su estabilidad. Esta consistió en la creación de un nuevo marco regulatorio prudencial, que abrió el sistema a la competencia e impuso niveles de capital y liquidez acorde con los parámetros internacionales, adaptados a las características de nuestra economía.

En la medida en que el Banco Central dejo a un lado el papel de controlar los movimientos de capitales, las tasas de interés y la asignación de crédito, para pasar a ocuparse de regulaciones prudenciales para la actividad bancaria, se creó un marco de previsibilidad sobre su accionar que le dio mayor confianza a las inversores en el sistema financiero internacional.

También el país trató de lograr la estabilidad fiscal, sin duda una precondición para la estabilidad de precios, ya que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba. La idea de que el equilibrio presupuestario era fundamental para la estabilidad de precios, generó un compromiso político con la disciplina fiscal., que no siempre se cumplió.

Este nuevo tratamiento del presupuesto también se asentaba en la apertura de la economía y en particular de su cuenta de capital, que permitió que estos capitales ingresaran o se fueran del país sin ningún tipo de restricciones. Esta reforma económica importante implicó también un significativo cambio institucional, pues llevó a un permanente monitoreo por parte de los inversores externos, quienes permanentemente estaban y “están” atentos para reaccionar frente a cualquier cambio en los indicadores de la economía argentina y en particular sobre todos aquellos que indicaran una posible modificación en la solvencia del Estado frente al cumplimiento de pagos de sus obligaciones internacionales.

La reforma del Estado, que lo ha redimensionado concentrándolo en tareas específicas, también ha traído aparejada múltiples cambios institucionales. La privatización de empresas públicas redujo su capacidad de hacer política a través del manejo de las tarifas, del empleo y de los programas de inversión de esas empresas.

La desregulación al eliminar la intervención del Estado en la fijación de precios de bienes y servicios, significó liberar importantes sectores de la actividad privada de la tutela oficial, sin como contrapartida asegurarse el control y el cumplimiento de las metas acordadas entre ambos sectores, el público y el privado. Generando, por otra parte, una masa de empleados públicos desocupados que no tuvieron una capacitación adecuada en lo laboral para poder ingresar al nuevo mercado de trabajo que imponía el sector privado, especialmente en cuanto al conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías, quedando de esta manera al margen del sistema productivo.

La apertura de la economía y en particular los acuerdos logrados en el marco regional del Mercosur, más la adhesión a las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, hicieron más previsible la política arancelaria argentina, pero que en definitiva no lograron beneficiar a la producción nacional ni incrementaron mayormente el nivel de recaudación del Estado.

En su concepción ideológica, para el primer gobierno de Menem (1989-1995), existía una corrupción institucional que se hallaba en ese Estado regulador, empresario y deficitario, porque precisamente, el Estado no sólo recurría a permanentes cambios en los precios de bienes y servicios, ya sea por vía de regulaciones o bien, como consecuencia de su accionar empresario, sino que además, adicionalmente por vía del manejo de la política monetaria y cambiaria, podía producir importantes redistribuciones de riqueza según lo deseara. Por el contrario, lo que quería y lo que finalmente obtendría, fue una redistribución de la riqueza, pero no a favor de aquellos sectores que más lo necesitaban, sino por el contrario, de los más favorecidos por el nuevo contexto del país: los sectores que respondían al capital extranjero.

Sin embargo, durante los diez años y medio de gobierno menemista, lo se trato de corregir y no se logro, fue la cuestión de los altos niveles de evasión impositiva, que imposibilitaron al país cerrar con eficiencia sus cuentas públicas.

En síntesis, las reformas económicas introducidas a partir de julio de 1989, lo que si lograron fueron la estabilidad de precios y un crecimiento económico significativo, que favoreció a las empresas trasnacionales.

Uno de los resultados del “Plan de Convertibilidad” (un peso argentino equivalía a un dólar), fue que permitió el ingreso de capitales del exterior por un valor aproximado a los 18 mil millones de dólares. Desde esta perspectiva la deuda pública aumentó, alcanzando el 18.23% del Producto Bruto Interno en 1995.
Por otra parte, el gobierno nacional no continúo con su política de la fijación de los salarios del sector privado. La determinación de precios y salarios paso a ser libre y sujeta como norma al comportamiento de los mercados. También se estimulo un cambio profundo del sistema de jubilaciones (con la introducción del sistema privado) y del sistema laboral, empezándose a generalizar la denominada “flexibilización laboral”. De esta manera, en vez de incrementar la mano de obra ocupada provocó un aumento importante en los niveles de desocupación, que si durante el gobierno de Alfonsín había llegado al 8%, durante las dos presidencias de Menem, prácticamente sus índices se habían duplicado.

Durante este período, se trató de aplicar algunos principios del “Consenso de Washington”, como la disciplina fiscal, la apertura del mercado y el equilibrio de la balanza de pagos. Hechos que efectivamente se implementaron (muchos sin resultados exitosos) pero que dejaron a un lado un principio fundamental que proclamaba: que estos instrumentos debían darse en el marco del control del Estado Nacional, no quedando librados a la voluntad de las empresas privadas fundamentalmente de capital extranjero.

Si bien los años noventa fueron la década de los economistas liberales, la convicción de que el “mercado” compensaría los efectos negativos de las privatizaciones, de la teoría neoliberal del “derrame”, según la cual el mercado haría que la riqueza llegase a la sociedad, de la apertura de los mercados y de la reducción de gastos en el sector público (de empleados especialmente), demostró su terrible equivocación porque el Estado no actuó en su medida contra la concentración de la riqueza y de la renta de quienes participaron activamente en el proceso de apertura y globalización. Esto significó que el Estado estuvo “ausente”, lo que generó en la sociedad argentina una gran concentración y desigualdad en el reparto de esa riqueza nacional.

Sus fallas más notorias fueron que:
-Los trabajadores no participaron en la medida necesaria en las ganancias de las empresas, ni privatizadas ni de las que se instalaron en el país.

-Faltó una mayor distribución de la renta.

-No se dio una mayor reducción de las desigualdades sociales.

-No se pudo corregir ni eliminar el grave problema estructural de la corrupción gubernamental.

En abril de 2004, la titular por entonces interina del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, de los Estados Unidos opinaba que: “La experiencia argentina en la década del noventa poseía una reticencia a seguir adelante, a confrontar los cambios estructurales que hubieran sido necesarios para una reforma macroeconómica”. Luego, se refirió específicamente a como el control fiscal fue erosionado por una serie de gastos fuera de presupuesto. Señalaba que de un presupuesto balanceado en 1992-1993, el gobierno de Menem generó un déficit del 2.75% del Producto Bruto Interno hacia 1998. Esto sucedió porque para ese año, el país “tenía demasiada credibilidad, eso fue casi parte del problema”. Credibilidad dada principalmente por la entidad que lideraba Anne Krueger, junto a otras como el Banco Mundial, por ejemplo.

Según Krueger, en los primeros años del gobierno menemista, el crecimiento económico superó el 10%, y hubo una enorme entrada de capitales. Pero este “aparentemente impresionante desempeño encubría debilidades estructurales que no fueron enfrentadas”: Entre las cuales mencionaba:
-Los gastos fuera de presupuesto provocados por fallos judiciales a favor de pagos de compensaciones luego de la reforma de la seguridad social y por el pago de deudas a los proveedores. Con el consecuente aumento del endeudamiento.

-El crecimiento de las importaciones mucho más rápidamente que el de las exportaciones.

-La debilidad estructural del sistema bancario, al no existir un estricto control sobre sus operaciones por parte de las autoridades nacionales respectivas.

-La reforma del sistema laboral, que llevó a un desempleo del 12%, cifras inferiores a las que realmente hemos mencionado anteriormente.

-La convertibilidad en sí misma que exigía un control fiscal que finalmente el gobierno no produjo.


B) LA CAÍDA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

La industria fue la que soportó el costo más elevado del ajuste en los años noventa. Durante los años comprendidos entre 1993 y 2001, la economía argentina creció al 1.38%, pero la industria se contrajo a un ritmo del 0.73% por año. En tanto que algunos sectores, como el financiero creció al 6.92%, la actividad minera el 4.7% anual y el campo al 2.78%.

En términos estructurales, el sector manufacturero representaba el 35% del Producto Bruto de la Argentina en 1970. Pero ya en 1993, se había reducido al 18%, continuando el proceso de desindustrialización durante toda la década del noventa. En el 2001, la participación industrial en la economía había descendido al 16%.

Esa caída generalizada de la industria fue despareja, ya que al final de la década del noventa, hubo sectores más favorecidos y otros que no lo fueron tanto. Veamos:
-Se notó una mejoría de las actividades que componían el complejo agroindustrial.

-Dentro del conjunto de manufacturas de origen industrial, creció el tabaco, papel, siderurgia básica (metales comunes), radio y televisión. La siderurgia básica fue la única que mostró un alto crecimiento, el 3.38%, a pesar de que sus clientes (elaboración de metales, maquinaria y equipo, automotores y transporte) terminaron la década con resultados negativos.

-El personal ocupado disminuyó el 3.99% entre 1993 y el 2001. En los últimos treinta años, la industria perdió casi la mitad de su personal: de 1.716.900 ocupados en 1970, el plantel total cayó a 1.089.360 trabajadores industriales en 2001. Tomándose en cuenta, que la Argentina pasó de tener 20 millones de habitantes a casi 36 millones.

-La productividad laboral, por el contrario, creció el 3.24% anual, ya que compensó la diferencia entre la relativamente caída de la industria y el fuerte racionamiento de personal. Sólo las industrias textiles (-0.38%) y la metalúrgica (-1.23%) tuvieron una productividad negativa. Pero no fue porque tomaron más mano de obra, sino al revés: su caída fue tan profunda, que el producto declinó más que la expulsión de trabajadores.

El salario real por trabajador ocupado cayó el 0.69% y a nivel sectorial la caída fue más pronunciada entre los productores de tabaco, textiles y cuero. En cambio, crecieron los salarios de las industrias petroleras, química, las cementeras, y sobre todo, en las siderúrgicas.

-La participación de los obreros industriales en la distribución de ingresos, que era del 42% en 1970, cayó al 24% en el 2001.

-El costo laboral por cada trabajador se redujo 3.35% en cada uno de los años estudiados. Sólo se hizo más oneroso el costo laboral unitario en las cementeras, las metalúrgicas y productoras de instrumental médico. Cabe aclarar que se basó más en el desempleo y la congelación de los salarios unitarios de los trabajadores, que en el efecto permanente de medidas de competitividad centradas en las innovaciones tecnológicas y de organización.

Lo que se nota tras analizar todo el período, es una estructura productiva sin cambios, un proceso de involución estructural, típica de los modelos de desarticulación de capital.


C) LA SITUACIÓN SOCIAL

La Argentina presentó en el año 2004 la peor distribución de la riqueza en los últimos treinta años, fecha desde la cual el “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” (INDEC) comenzó a efectuar esa medición. Luego de la salida del uno a uno entre el peso y el dólar de la convertibilidad este fenómeno se acentuó. El comportamiento de esa variable siguió una línea de continuidad que arrancó a mediados de los años setenta y que se profundizó en los noventa.

Al terminar de procesar los datos oficiales de fines de 2003 para todo el país, surge que el 10% más rico de la población se queda con el 38.6% de la torta nacional y gana 31 veces más que el 10% más pobre. La desigualdad es más acentuada si se analizan los datos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires específicamente el 10% más rico se queda con el 44.5% de la riqueza producida y mantiene una distancia de 50 veces con el sector más pobre. Esta desigualdad en la región más poblada del país constituye una cifra récord. En 1974, cuando arrancó la medición, esa brecha era de apenas el 12%.

Todos los sectores, tanto los más pobres como los sectores medios bajos y altos, que suman el 90% de la población, resignaron posiciones a favor del sector que está ubicado en lo más alto de la escala social. De esta manera, no sólo los que eran pobres en los años setenta, ochenta y noventa, descendieron varios escalones, sino que también la extensa clase media, que fue transfiriendo ingresos hacia el estrato más alto de la población.

La Argentina tenía en 1974 una distribución de la riqueza que se asemejaba a la de muchos países europeos de desarrollo medio. Pero en el 2004 presentaba un esquema distributivo que se ubica entre los más desiguales de América Latina.

De las cifras difundidas por el INDEC, surge el siguiente cuadro de situación:
-El índice de desigualdad de ingresos de todo el país y de la región metropolitana es el más alto desde que el INDEC lleva esos registros.

-Entre 1974 y 2001, el 10% más rico incrementó su porción de la torta en un 35%. Los más pobres perdieron el 37%, los medios bajos el 24% y los medios altos crecieron el 12.8%.

El grueso de la población y en particular la clase media transfirió al estrato alto, a valores de 2001, el equivalente anual a 15 mil millones de dólares. Este proceso, se explica por el perfil de sociedad dual y desintegrada que adquirió la Argentina desde el “Rodrigazo” en 1975 y el proceso militar iniciado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Con la caída de la convertibilidad y la devaluación el 6 de enero de 2002, se produjo un tremendo achicamiento de la economía. Pero, aunque se redujo la torta, la franja más alta siguió aumentando su participación. Y en el 2003 con el repunte del 8.8% de la economía la concentración volvió a pegar un salto. Así, durante ese año, el 10% más rico pasó de acaparar el 38.8% al 44.6%. De esta manera, la distancia entre los más ricos y los más pobres pasó a ser de 50 veces, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así, la tendencia de distribución de los ingresos no varió tras el cambio de etapa que supuso la devaluación y la concentración de la riqueza siguió profundizándose sin registrar modificaciones, continuando deprimidos los salarios y las jubilaciones.


D) EL DESARROLLO DE LA DEUDA EXTERNA

En julio de1989 cuando asume Menen, el Estado se encontraba en cesación de pagos. En el orden externo la banca acreedora privada y el de los acreedores estatales (FMI) originó una serie de concertaciones que, con el apoyo de la banca particular y el saneamiento de la economía argentina, junto al “Plan de Convertibilidad”, permitieron acordar el “Plan Brady” en marzo de 1992.

¿En que consistió el Plan Brady? En primer término, debemos tener en cuenta para su análisis que el gobierno argentino le debía a los bancos comerciales 30.954 millones de dólares, de los cuales 7.880 millones correspondían a intereses vencidos. El 30 de enero de 1992, en Nueva York, al comité de bancos acreedores, el entonces Ministro de Economía, Cavallo le proponía pagar dicha deuda con bonos. Esta propuesta ya tenía el visto bueno del Fondo Monetario Internacional.

La oferta argentina tuvo la forma de un menú integrado por varias alternativas, de las cuales el banco acreedor elegiría la más conveniente a sus intereses. Finalmente el acuerdo logrado estipulaba, las siguientes características principales: a) el pago al contado de 400 millones de dólares; b) una quita del 35% en los bonos con descuento; 3) la tasa de interés Libor (nunca superior al 9% anual) más un porcentaje para los bonos con descuento; d) una tasa de interés anual, aumentando un cuarto de punto porcentual por año hasta alcanzar el 6% anual en el séptimo año, en los bonos par; e) compra de bonos cupón cero de la Tesorería de los Estados Unidos por 3.000 millones de dólares, para garantizar la operación.

Este acuerdo, convirtió al Plan Brady en un mecanismo de “refinanciación” más que de “reducción” de la deuda. Por otro lado, ¿quiénes se beneficiaron con el Plan Brady? Todos aquellos que pudieron aprovechar la mayor oferta de créditos externos (los bancos intervinientes, los deudores que ya existían y los nuevos, alentados por los nuevos créditos que se otorgaban): Los que se perjudicaron fueron los contribuyentes impositivos, en la medida que para pagar había que aumentar la recaudación. Cabe aclarar que hasta el presente, esa “posible solución” para el primer gobierno de Menem, todavía la seguimos padeciendo: aún seguimos pagando y refinanciando lo que dejo el Plan Brady.
Por otra parte, los préstamos otorgados por el FMI, el préstamo “stand by” y el acuerdo posterior de “facilidades de entendimiento” fueron las bases a ese “Convenio” de reducción y consolidación de la deuda externa que luego, también se celebraría con la banca privada.

En julio de 1992 se acordó un contrato de refinanciamiento como el anterior con el “Club de París”. Estos pactos fueron aceptados por la banca internacional, abriéndose así un flujo de capitales por la colocación de “obligaciones negociables” de varias firmas locales e inclusive por la emisión y aceptación de “euro bonos” emitidos por un banco oficial. A ello hay que agregarle el aumento y la fluidez del comercio internacional y el restablecimiento de las transacciones comerciales, que ayudaron a la renegociación de la deuda externa argentina, beneficios que al gobierno de Alfonsín no se le había presentado.

Otro factor que ayudó para el financiamiento de la deuda externa fueron las “Privatizaciones” que le permitieron al Estado reducir la deuda interna y externa cerca de 6 mil millones de dólares, aunque sin medir sus consecuencias sociales, que se notaron en la gran cantidad de empleados públicos que de pronto se vieron sin su fuente natural de ocupación al quedar al margen del sistema laboral.

Completando la acción en el reordenamiento del endeudamiento externo, el gobierno de Menem encaró un severo ajuste fiscal en el orden interno para corregir el déficit estatal. De esta manera, dispuso la Reforma del Estado y de Emergencia Económica reguladas por las leyes 23.696 y 23.6697, respectivamente. Estas leyes reconocían como antecedentes a los Decretos 640/87, 679/88 y el 680/88, sancionados por el gobierno anterior, que suspendían las ejecuciones contra las cajas de previsión por el cobro de reajustes jubilatorios contra el Estado y se efectuaba una auditoria de los juicios.

La ley 23.696 disponía la ejecución de sentencias y laudos arbitrales con algunas excepciones. Esto no fue suficiente y al continuar el estado de “Emergencia Económica Nacional”, se dispuso en 1991 por medio de los Decretos 34/91, 53/91 y 383/91, convalidados por la ley 23.982, la suspensión de todos los juicios que se tuvieran por cobro de dinero contra la Administración Pública Nacional, entidades autárquicas, empresas y organismos del Estado. La suspensión de los pagos y los juicios se prorrogó hasta el 23 de agosto de 1991, fecha en que se dictó la Ley de Consolidación de la Deuda Pública.

Por esta ley 23.982, se consolidaban en el Estado las obligaciones que consistían en el pago de dinero, con fecha límite de las contraídas hasta el 1° de abril de 1991.

Las obligaciones que se consideraban consolidadas eran las reconocidas por el sistema judicial, un acto administrativo, un laudo arbitral o un acuerdo transaccional.

Se establecía una “gran moratoria” con vencimientos de los pasivos internos hasta un plazo un plazo máximo de 16 años, con 7 años de gracia, a partir del cual el Estado amortizaba el capital en 120 cuotas mensuales y conjuntamente se pagaban los intereses. Los acreedores podían optar por suscribir a la par por el importe de los créditos “Bonos de Consolidación” (BOCON) cuyo primer pago comenzaría a efectuarse en 1997.

Con el gobierno de Menem se produce el reordenamiento de la deuda pública interna, hechos que exigen un gran esfuerzo para su cancelación, atento al compromiso asumido. Así por ejemplo, en el orden externo, como lo tratamos, a partir del Plan Brady, debieron desembolsarse pagos de 3.000 millones de dólares por los tres años siguientes.

A comienzos de 1995 la economía argentina sufrió los efectos de factores externos que puso cuestionamientos al “Plan de Convertibilidad” por la devaluación mexicana en diciembre de 1994, el efecto “Tequila”, que frenó a las inversiones extranjeras y la entrada de capitales (que por el contrario provocó su salida masiva) que habían sostenido la economía argentina. Los Estados Unidos y Europa, a raíz de un crecimiento sostenido de sus economías, fueron en contrapartida, quienes atrajeron los capitales que iban en su momento hacia los mercados emergentes.

A fines de 1995 los capitales emigrados volvieron al país, cerca de 18 mil millones de dólares. Sin embargo, el déficit fiscal no obstante el ingreso por las privatizaciones (25 mil millones de dólares) y la evolución de las exportaciones no pudo se cubierto ante la baja de la recaudación impositiva. A ello se sumaba el problema que plantea la deuda externa y es de que no sólo deben elevarse los ingresos para atender sus servicios sino que ellos deben ser obtenidos en moneda extranjera porque están concertados en la mayoría de los casos en dólares.

En 1996, aunque las exportaciones aumentaron en cifras récord, y la inflación se mantuvo a niveles inexistentes, la deuda pública aumentó y el 31 de marzo llegó a 88.140 millones de dólares, con tendencia ascendente porque los gastos no se redujeron y la recaudación no llegó a los niveles proyectados en el presupuesto de 1996. En 1999, la situación continuaría igual con su sucesor Fernando de la Rúa.

DEL GOBIERNO DE LA RÚA AL DEFAULT

Con el gobierno de De la Rúa (al que debe sumarse el período menemista) al 30 de junio del 2000 la deuda pública se incrementó hasta superar los cien mil millones de dólares. La deuda pública colocada a largo y mediano plazo era de 118.829 millones de dólares, de los cuales 88.119 millones estaban invertidos en títulos públicos y 30.709 millones correspondían a préstamos de organismos internacionales y oficiales. Además, el 95% de la deuda en títulos públicos (83.531 millones) estaba en moneda extranjera, y el 5% (4.588 millones) en moneda nacional.

Las consecuencias de los gobiernos de Menem y De la Rúa fueron catastróficas, en donde el default que luego se produciría, fue la culminación de una serie de acontecimientos fallidos que hicieron eclosión en 2001 con la crisis. En ese año, se fugaron de la Argentina capitales por un valor de 13.000 millones de dólares y se tuvo que destinar más del 20% del presupuesto nacional para pagar solamente los intereses de la deuda externa.

A partir de entonces, el país se quedo sin acceso al crédito externo. Para tratar de salir de esta durísima situación, el presidente De la Rúa nombró a Domingo Cavallo como nuevo Ministro de Economía, el cual llevó a cabo el “mega canje” que consistió en una reprogramación de la deuda argentina. De esta manera, el Estado Nacional tuvo que asumir obligaciones adicionales por un monto de 55.281 millones de dólares. A pesar de esta medida, continuó la fuga de capitales hacia el exterior. Por lo tanto, el 1° de diciembre de 2001, el ministro Cavallo anunciaba una restricción al retiro de los depósitos bancarios, conocido como el “corralito”. A partir de entonces, se autorizaba a retirar del banco un máximo de mil dólares. La situación social se volvió muy caldeada, en medio de una recesión que se extendería hasta el 2002, en la cual la pobreza había crecido un 15.4% en 1994 al 38.3% en 2001.

El 13 de diciembre comenzaron los saqueos en la ciudad de Rosario, y el mismo día la CGT llamaba a una huelga general contra las restricciones bancarias del gobierno. Los asaltos a supermercados se extendieron a diversos sitios del país y que rápidamente llegaron a Buenos Aires.

El presidente De la Rúa, equivocadamente, decretó el estado de sitio, pero ya todo era demasiado tarde. El 19 y el 20 de diciembre, miles de personas salieron a manifestarse a las calles en todo el país, provocando violentos choques y enfrentamientos con la policía, durante los cuales murieron varias personas.

Estos sucesos, provocaron finalmente el 20 de diciembre de 2001, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en medio del conflictivo “corralito” financiero sobre los depósitos y en un contexto de fuerte fuga de capitales. Tras un interinato de dos días a cargo del senador Ramón Puerta, el 23 de diciembre asumía como presidente Adolfo Rodríguez Saá, hasta ese momento gobernador de la provincia de San Luis. Ese mismo día declaró la cesación de pagos, el “default” según la terminología financiera, de una parte de la deuda pública. Esta decisión fue recibida con una ovación por la Asamblea Legislativa.

Durante la semana que duró su gestión continuaron normalmente los pagos de la deuda a los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este criterio se sigue manteniendo hasta el presente, manteniendo a estos como “acreedores privilegiados”, que no tendrían quitas con sus acreencias. A fines de 2001, la deuda pública sumaba 145.000 millones de dólares.

En poco más de una semana la Argentina tuvo cinco presidentes. A De la Rúa le sucedió, como presidente interino, Ramón Puerta, en su carácter de Presidente provisional del Senado, porque no estaba cubierto el cargo del vicepresidente tras la renuncia de Carlos Alvarez. El 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa designó a Adolfo Rodríguez Saá. Pero éste renunció el 31 de diciembre, luego de que los gobernadores le quitaron el apoyo debido a ciertas medidas que no favorecían a ningún sector en general. El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Caamaño, asumió la presidencia interinamente. El 1° de enero de 2002, la Asamblea eligió a Eduardo Duhalde, quien fuera ex vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia más importante del país Buenos Aires durante los diez años y medio de la gestión menemista, quien asumió la Presidencia para completar el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003.



DE DUHALDE HASTA LA ASUNCIÓN DE KIRCHNER (MAYO DE 2003)

Apenas asumió, Eduardo Duhalde designó como Ministro de Economía a Jorge Remes Lenicov. Este funcionario ya había ocupado el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires. Entre sus primeras medidas, anunció la devaluación del peso, se comprometió a devolver los ahorros en la misma moneda en que habían sido depositados en los bancos y envió al Congreso Nacional un proyecto de ley declarando la “Emergencia Pública”, que dotaba al Poder Ejecutivo de poder ampliar sus facultades para modificar las reglas de juego de la economía y devaluar.

En sus inicios, el gobierno de Duhalde, fijó el valor del dólar en 1.40 pesos, con restricciones para la compra de divisas. Los depósitos se pesificaron a 1.40 pesos, pero las deudas bancarias se pesificaron 1 a 1, proceso que se denominó la “pesificación asimétrica”. Así, se generó un mercado de cambios paralelo con un dólar cercano a los 2 pesos. Pero, a comienzos de febrero de 2002, por presión del Fondo Monetario Internacional, el gobierno liberó el mercado de cambios. En medio de largas colas de personas frente a las casas de cambio, rápidamente el dólar superó los 2 pesos y en marzo llegó a cotizar cerca de los 4 pesos. Esto provocó nuevamente una fuerte fuga de capitales.
A fines de abril, en medio de un feriado bancario y cambiario por tiempo indefinido, el gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto para convertir compulsivamente los depósitos retenidos en el “corralito” y en el “corralón” en bonos, los denominados “Boden”. Esto provocó protestas de los ahorristas y los senadores tuvieron que suspender la sesión donde se trataban estas medidas.

Entre tanto, el grupo de los siete países más industrializados del mundo, conocido como el Grupo de los 7, insistió en que la Argentina debía reducir el gasto público y cumplir con otras exigencias, como la modificación de la ley de “subversión económica”, que trataba sobre la evasión económica y de capitales. Entonces, ante la falta de apoyo interno y externo, el ministro Remes Lenicov presentó su renuncia. Luego de un acuerdo con los gobernadores, el 27 de abril asumía como nuevo Ministro de Economía Roberto Lavagna, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de embajador argentino ante la Unión Europea desde la gestión de De la Rúa. El nuevo funcionario fue aplicando medidas para liberar de manera gradual el “corralito y el corralón” financieros.

Frente a la presión de los ahorristas que tenían inmovilizados sus capitales y también de los bancos afectados por la pesificación, el gobierno tuvo que comenzar a emitir deuda nueva, los bonos conocidos como “Boden” para pagar las compensaciones por la” pesificación asimétrica” y para entregarlos a los ahorristas en canje por sus depósitos, entre otros usos. La nueva emisión sumó 18.000 millones de dólares.

Ante la fuerte protesta social en todo el país y también para descomprimir el tenso clima político imperante, el 2 de julio Duhalde decidió convocar a elecciones presidenciales anticipadas para abril del año siguiente.

Las elecciones se realizaron el 27 de abril de 2003. Carlos Menem obtuvo la primera minoría, con casi el 25% de los votos. En segundo lugar, con el 22.2% se ubicó Néstor Kirchner, quien contaba con el respaldo de Duhalde. Estos resultados obligaban a convocar a una segunda vuelta. Sin embargo, descontando una derrota, Menem decidió no presentarse en el ballotage. Así, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la Presidencia, tras la deserción de Menem. Uno de sus señales más claras fue mantener a Roberto Lavagna como Ministro de Economía. A su vez, para salir del default, propuso en principio, una “quita” del 50% y el canje que culminaría luego de arduas negociaciones.

Mientras tanto, debemos recalcar que la relación con el Fondo Monetario Internacional había quedado interrumpida desde poco antes de la caída de De la Rúa. A fines de 2001, Washington le cerró las puertas al entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo (el artífice del Plan de Convertibilidad y de las privatizaciones durante la primera etapa menemista) al no renovar un vencimiento. Después, durante la gestión de Duhalde hubo una tensa relación con el organismo hasta que en enero de 2003 se logró firmar un “acuerdo provisorio”, que concluía en agosto de 2003. Recién en setiembre de ese año, Kirchner y Lavagna lograron cerrar un acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional. A cambio de que la Argentina pagara los intereses de esa deuda, el organismo se comprometió a refinanciar los vencimientos de capital hasta agosto de 2006.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluyó por primera vez condiciones que dejaron al descubierto la influencia de algunos grupos de poder internacionales sobre el organismo, como los bancos extranjeros, las multinacionales que controlan las empresas privatizadas y los países ricos. Así, Argentina se comprometía a lograr un acuerdo con los bonistas, subir las tarifas y resolver las compensaciones a los bancos.



¿Y DESPUÉS? LA SALIDA DEL DEFAULT

EL PRIMER PASO

El 22 de setiembre de 2003, durante la reunión anual del FMI realizada en Dubai, Emiratos Árabes, el gobierno argentino propuso a los acreedores privados reconocerles, en nuevos bonos, 20.300 millones de dólares sobre una deuda en default de 81.800 millones. La propuesta representaba una quita nominal del 75%. Los intereses vencidos desde diciembre de 2001 no serían reconocidos y los nuevos bonos además serían emitidos a mayores plazos y menores tasas de interés. Así, en valores de entonces, representaba una quita muy importante.

Esta oferta argentina provocó un fuerte rechazo por los bonistas y también de los organismos financieros y del Grupo de los 7 quienes acusaron al gobierno de no negociar con los acreedores. A partir de allí se forma el “Comité Global de Acreedores”, que encabezaban el italiano Incola Stock y el norteamericano Hans Humes, representando a tenedores de bonos de la deuda argentina por el equivalente a 37.000 millones de dólares. Al poco tiempo, el Ministro de Economía, Lavagna rompe relaciones con ellos por considerar que sólo representan los intereses de bancos e intermediarios que habían lucrado con la colocación de bonos de la deuda argentina entre los ahorristas pequeños.

En junio de 2004, Lavagna presentó una nueva oferta al subir de 20.300 millones a un máximo de 43.200 millones de dólares el reconocimiento de la deuda en nuevos bonos. La quita nominal del 75% se redujo a una poda de un 50% de promedio. Además, fijó nuevos plazos y tasas de interés más altas. Esto y las nuevas condiciones financieras internacionales llevaron a estimar que la quita se acercaba al 66%. Al mismo tiempo se designaron a los bancos asesores y se avanzó en un acuerdo con las AFJP y las compañías de seguros. Luego se anunciaron otras mejoras, como “premios” por recompra de bonos y la emisión de los nuevos bonos seis meses antes, a diciembre de 2003.

A mediados de 2004, Rodrigo Rato (español), asumió la jefatura del Fondo Monetario Internacional y eso, por los fuertes vínculos entre España y la Argentina, alentaba las esperanzas de que el FMI tuviera una actitud más flexible. Sin embargo, Rato mantuvo la posición de sus antecesores y renovó esa postura durante una breve visita a la Argentina.

Ante las presiones del exterior, y con el argumento de evitar las interferencias del FMI, con el aval del propio organismo, el gobierno argentino suspendió el acuerdo de setiembre con la idea de reanudarlo tras el canje de la deuda. Durante la suspensión, la Argentina se comprometió a pagar los intereses y también los vencimientos de capital. Entonces, desde el default, la Argentina le pagó a los organismos internacionales un poco más de 10.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el presidente Kirchner estudiaba un plan para “independizarse” del FMI, cancelando la deuda a medida que fuera venciendo, y evitar con eso tener que renovar el acuerdo con el FMI, después del canje. Tras un análisis en profundidad de la cuestión, este plan que se había denominado de “desendeudamiento” fue dejado a un lado. A partir de allí, el Ministro Lavagna proyectaba retomar las gestiones para llegar a un nuevo acuerdo una vez que se cerrara el canje de la deuda. Los bancos asesores del gobierno argentino están constituidos por UBS Cerril Lynch, Barclays y la Unión de Bancos Suizos quienes trataron con los bonistas privados europeos el canje de la deuda.

Los acreedores principales de los bonos de la deuda externa argentina, se encuentran, por países, en: Argentina, el 38.4%; en Italia, el 15.6%; en Suiza, el 10.3%; en los EE.UU., el 9.1%; en Alemania, el 5.1%; en Japón, el 3.1%; en el rubro “Otros”, el 5.4%; y en “No Identificados”, el 12.8%.


EL SEGUNDO PASO

El 25 de febrero de 2005, la Argentina cerró uno de los capítulos más complejos de su reciente historia económica, al ponerle fin al default de su deuda de 81.800 millones de dólares. Los primeros indicios señalaban que la participación en el canje fue, por lo menos del 75%.

El presidente Néstor Kirchner, poco antes de que cerraran las tratativas, anticipaba que
“Vamos a tener un buen resultado, y que el canje va a demostrar que los argentinos podemos, que habremos hecho la mejor negociación de la historia del mundo. Los datos que estaba recibiendo no son para ponerse contentos porque nuestra deuda es la más grande de la historia del mundo, para el libro Guiness”.

Casi inmediatamente, luego del cierre, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, convocaba a la prensa para explicar que las operaciones se habían producido “con absoluta normalidad”, a pesar de su complejidad técnica.

El cierre del canje le puso un fin al proceso que había comenzado en diciembre del 2001, cuando el Congreso Nacional aplaudía de pie al entonces presidente, Adolfo Rodríguez Saá, anunciando la moratoria unilateral de pagos. Este proceso llevó 38 meses de durísimas negociaciones y presiones para tratar con los 152 títulos en default. Estos fueron cambiados básicamente por 3 tipos de Bonos: el Par (sin quita), el Cuasi Par (quita del 66.3%) y el de Descuento (quita del 30.1%), denominados en dólares, euros, yen y pesos.

Según los medios especializados, como el Banco JP Morgan, señalaban que el 90% de los fondos institucionales de Europa, los EE.UU. y de América Latina, habían ingresado en la operación de la deuda. Pero fue en la Argentina, donde estaban el 38.4% de los títulos en mora, donde el canje fue un rotundo éxito, con el 97% de adhesión en el ámbito local. El presidente de la Caja de Valores de Buenos Aires, Luis Corsiglia, explicaba que: “Estuvimos recibiendo las ofertas y emitiendo certificados sin parar, y la repercusión en los mercados anticipa un resultado exitoso. Los fondos de inversión estuvieron presentando su adhesión en forma adhesiva hasta el último minuto en Nueva York”. ¿Por qué existió tanto entusiasmo de los fondos en entrar al canje? Por que la mayoría de ellos les compro bonos a precios de liquidación a los minoristas europeos, esperando obtener una ganancia del 20%, luego que el canje durara seis semanas.


EL TERCER PASO: LA SITUACIÓN LUEGO DEL CANJE


Al completarse la reestructuración de la deuda en default con una adhesión del 75%, se abre una nueva agenda para la política económica argentina, aunque el tema de la deuda seguirá marcando el rumbo del país.

Por el canje, la deuda que en junio de 2004 estaba en los 181.000 millones bajaría a 141.000 millones de dólares, lo que equivale a 3.900 dólares por habitante.

De este total, el 80%, 115.000 millones, quedaría regularizada, mientras subsistiría una deuda con el Club de París y varios países a renegociar, así como acreedores por unos 20.000 millones de dólares que no ingresaron al canje y que seguirán apostando a cobrar más, al insistir con sus reclamos ante los Tribunales del exterior.

Así, con 141.000 o 137.000 millones de dólares (según las últimas estimaciones), la Argentina quedara con una deuda pública equivalente al 80/85 por ciento de su Producto Bruto Interno. La nueva deuda está más repartida en el tiempo (hasta 2046), colocada en una proporción mayor en pesos y a menores tasas de interés, mientras la que existía al momento del default estaba dolarizada y crecía a tasas muy altas. Pero en todo lo explicado hay que tener en cuenta dos detalles fundamentales: ahora habrá que pagar, con quita, una deuda que no se estaba pagando y de los 115.000 millones de dólares que están regularizados, entre el 2005 y el 2010 hay vencimientos por 70.000 millones de dólares. En el año 2005, hay vencimientos entre intereses y deuda de capital por 13.000 millones de dólares (más del 7% del PBI) y otros 12.500 millones en el 2006. Lo cual seguramente habrá mayores necesidades fiscales.

La cuestión pasa en que los organismos financieros refinancien sus vencimientos junto a otros, como los Préstamos Garantizados, Boden y Bogar que están en manos del sistema financiero argentino y de las AFJP, por lo que también podrían ser refinanciados.

Por eso, tras el canje será una cuestión clave la reapertura de la negociación suspendida con el FMI y la colocación de “deuda nueva” para ir pagando la que vence.


EL INFORME CRÍTICO SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TUVO EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN LA CRISIS ARGENTINA DE 2001

El 26 de julio de 2004, el Fondo Monetario Internacional discutió y aprobó un documento autocrítico sobre su desempeño en la Argentina en la última década, que concluyó, como lo venimos tratando, con la peor crisis económica de su historia.

En este documento, el Fondo Monetario Internacional admitió por primera vez que cometió por lo menos ocho errores graves que ayudaron a que la Argentina entrará en 2001 en la crisis económica más seria de los últimos tiempos. Como conclusión planteaba que la crisis económica dejaba 10 lecciones y 6 recomendaciones para que el Fondo Monetario Internacional aplicara en el futuro.

Estas recomendaciones implicaban una mayor dureza y control sobre los programas que debían aplicar los países como la Argentina. Entre otras, figuraba que “el rol del tipo de cambio y la sustentabilidad de la deuda de mediano plazo deben formar el foco de supervisión de los programas”.

Al analizar el “modelo menemista”, el documento cuestionaba el excesivo apoyo que el organismo le había dado para sostener la convertibilidad, cuando existían graves falencias fiscales y estructurales; y había un aumento “no sustentable” del endeudamiento.

Por lo tanto, el informe resaltaba que el principal error del Fondo Monetario Internacional durante la crisis fue el de tratar de mantener la convertibilidad con “financiamiento extra” y no utilizar esos recursos para facilitar una salida ordenada del uno a uno. Como así lo explicaba: “El Fondo ayudó a la Argentina en sus esfuerzos de preservar el régimen de tipo de cambio, con sustanciales desvíos en sus recursos. Este soporte fue justificable inicialmente, pero el Fondo continuó proveyendo durante 2000 a pesar de las inadecuadas políticas”.

Añadiendo que: “En retrospectiva los recursos usados en esto para preservar el tipo de cambio podrían haber sido usados mejor para mitigar los inevitables costos de la salida de la crisis”. Por eso, criticaba los apoyos dados con el “blindaje” y los préstamos otorgados en agosto de 2001. Señalando que el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2001 “fue incapaz de proveer mucha ayuda a la Argentina”.

El documento mencionaba en varias oportunidades la palabra “error” y constituía una dura crítica a los ex jefes del organismo Michel Camdessus y Horst Kohler, a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y a los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Roque Fernández. Las principales conclusiones fueron las siguientes:
El Fondo erró en particular en el período pre-crisis, soportando las debilidades fiscales pronunciadas del país, aun cuando era evidente que a finales de los 90 la disciplina fiscal y las reformas estructurales estaban ausentes.

En 2000 había problemas en el tipo de cambio y en la sustentabilidad de la deuda, los cuales no tenían fácil solución dada la extensiva dolarización de la economía. Pero el Fondo no advirtió los costos y no consideró que era necesario un cambio fundamental en la política.

En 1999 el staff del FMI empezó a considerar más seriamente la viabilidad del tipo de cambio y las posibles estrategias de salida. Pero el tema no fue tratado por el Comité Ejecutivo.

Al contrario, el Fondo continuó desembolsando fondos bajo la política existente, basándose en consideraciones no económicas y en esperanzas de cambios en la confianza del mercado y la situación económica externa.

La supervisión del FMI y sus condiciones fueron débiles y por eso la deuda pública creció, disminuyendo la habilidad de las autoridades para usar contra cíclicamente la política fiscal.

Este documento fue elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del propio Fondo Monetario Internacional, creada para realizar una “autocrítica” sobre el comportamiento del organismo en la crisis económica argentina. Tiene 180 páginas entre su cuerpo principal (de 70 páginas) y un anexo y lleva la firma del titular de la oficina, el economista Montek Singh Ahluawalia y le costó al Fondo Monetario Internacional 6 millones de dólares.

Las conclusiones fundamentales las encontramos en el “Resumen Ejecutivo”, que comenzaba explicando que la crisis argentina 200-2002 fue una de las más severas de sus crisis recientes y se dio bajo un régimen de un peso ligado a un dólar, con consecuencias económicas y sociales devastadoras, cuando el Fondo Monetario Internacional tuvo en la última década con el país cinco acuerdos sucesivos de financiamiento.



LAS CONCLUSIONES FINALES DEL INFORME SOBRE LA CRISIS ARGENTINA. DIEZ LECCIONES Y SEIS CONSEJOS PARA EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El informe de la Oficina de Evaluación Independiente planteaba que la crisis argentina dejaba diez lecciones y seis consejos para el Fondo Monetario Internacional y que trataban de los siguientes temas:

1) La elección del tipo de cambio es un derecho de la autoridad de cada país, pero el Fondo debía exigir que esa elección fuera consistente con otras políticas y otras restricciones. 2) El nivel de sustentabilidad de la deuda para la economía en mercados emergentes debía ser menor que el que se había pensado. 3) El diseño de un programa débil del FMI no ayudaba a los países a identificar sus posibles vulnerabilidades. 4) El Fondo debía estar preparado para no apoyar fuertemente políticas de sus miembros si creía que eran inadecuadas las consecuencias que podían generar. 5) El Fondo debía tener un rol limitado cuando había debilidades institucionales profundas en el sistema político, que se convirtieran en obstáculos insuperables para la rápida recuperación de la confianza. 6) El juicio de las probabilidades que efectúa el FMI al apoyar decisiones de los países debía ser tan riguroso como fuera posible. 7) Cuando no hay elementos fundados sobre la deuda y sobre la sustentabilidad del tipo de cambio, no era razonable esperar una reversión voluntaria de los flujos de capitales.8) Las reestructuraciones de la deuda basadas en el mercado eran costosas e improbables de mejorar la sustentabilidad de la misma si eran tomadas bajo condiciones de crisis y sin credibilidad y bajo la presión de los grupos económicos. 9) La demora en acciones requeridas para resolver las crisis podían hacer crecer significativamente los costos y llevar inevitablemente a una caída del producto, además de una adicional salida de capitales, una erosión de los activos y del sistema bancario. Para reducir costos, el FMI debía tener un enfoque proactivo, incluyendo un adicional de financiamiento para el cambio de política que debía ser hecho aunque fuera costoso. 10) Para minimizar los errores e incrementar la efectividad, el proceso de decisión del FMI debía mejorar en términos de análisis de riesgos, contabilidad y predictibilidad.

Como complemento, según el documento, en base a estas lecciones, la Oficina de Evaluación Independiente ofrecía seis recomendaciones para mejorar la efectividad de las políticas del Fondo Monetario Internacional y sus procedimientos en áreas de crisis y que eran las siguientes:

1) El FMI debía tener una estrategia contingente para el manejo de la crisis.

2) Cuando la sustentabilidad de la deuda o el tipo de cambio están en cuestión, el FMI debía indicar que la ayuda era condicional a los cambios de política mientras el país los aplicara.

3) El tipo de cambio y la sustentabilidad de la deuda de mediano plazo debían formar el foco de supervisión del FMI en los programas a aplicarse.

4) El FMI no debía aceptar mantener relaciones con países que no tenían una crisis inmediata de la balanza de pagos y que tenían serios obstáculos políticos y necesidades de ajuste y reformas estructurales.

5) Una excepción a esto debía presuponer que se daba una cooperación entre el FMI y el país afectado.

6) El Comité Ejecutivo del FMI debía revisar sus decisiones bajo la supervisión previa de su elemento directivo.

Como conclusiones, tenemos que por primera vez en su historia, el Fondo Monetario Internacional realizaba una autocrítica formal y oficial. El FMI, explica que fue un error defender la convertibilidad y propiciar el incremento de la deuda externa, y también, de alentar mecanismos que extendieron en el tiempo la agonía de la crisis, en lugar de haber ayudado a que la Argentina saliera de manera ordenada y con menores costos sociales del esquema del “uno a uno” (un peso igual a un dólar). Estos errores de diagnóstico y de tratamiento, fueron los que ayudaron a provocar mayor pobreza y marginación a millones de argentinos.

El informe explica que los responsables de estos desaciertos fueron las anteriores conducciones del FMI, en especial al manejo político de Michel Camdessus y Horst Kohler, y a los expresidentes argentinos Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Lo hacía con un claro objetivo: el de diferenciar ese proceso con las decisiones de las nuevas autoridades, compuestas por Rodrigo Rato y Anne Krueger.

Este documento si bien admite errores, no va hacia el centro del problema, puesto que no modifica la concepción ideológica del Fondo Monetario Internacional, que alentó un modelo de marginación social. Para la Oficina de Evaluación Independiente solamente hubo equivocaciones y problemas de interpretación, al insistir en que los errores fueron el producto, entre otros factores, de la falta de un mayor ajuste fiscal y de que no se profundizaron las reformas estructurales. Este significa, que la autocrítica, en lugar de cambiar, lo único que trata es tratar de ratificar el rumbo equivocado del Fondo Monetario Internacional.

En definitiva, debido a las erróneas políticas económicas internas y externas que implementó la Argentina, especialmente a partir desde 1976 hasta el 2001, el país tenía en este último año una pobreza que alcanzaba al 38.3%, un desempleo del 18.3% y una deuda pública de 145.000 millones de dólares. Enorme, era entonces, la tarea que tenía que llevar adelante y tratar de resolver el reciente presidente Néstor Kirchner que asumía su mandato el 25 de mayo de 2003, en una de las peores crisis de la historia contemporánea argentina. Tema que en parte vimos, y que lo seguiremos abordando en futuras investigaciones.


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