"Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN 16968360

SALARIO NOMINAL Y SALARIO SOCIAL

Antonio Mora Plaza (CV)

Resumen: En este trabajo se intenta llamar la atención sobre el peso que cada vez más tiene el Salario Social sobre los salarios obtenidos en nómina, fruto de la negociación colectiva. El Salario Social sería el conjunto de prestaciones diferidas, gratuitas o subvencionadas, que ofrece el Estado de Bienestar en los países desarrollados -y que lo son en gran medida precisamente gracias a la existencia de estas políticas- que a lo largo de ya decenios se han desarrollado y concretado en pensiones de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), educación pública, desempleo, sistemas públicos de salud, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, viviendas protegidas, etc. También se analiza para el caso español la posibilidad de un aumento del Gasto Público y, por ende, del Gasto Social, gracias a los márgenes enormes de economía sumergida y de fraude fiscal y en las cotizaciones, que permiten -y pueden permitir aún más- incrementos sustanciales de la recaudación del Estado sin necesidad de variar los tipos impositivos y, en general, la legislación tributaria. Por este hecho, se hace una llamada a los sindicatos para que revisen sus estrategias sobre el peso y jerarquía que deben tener para el próximo futuro la negociación “institucional” frente a la negociación colectiva.

Palabras clave: España, gasto social, economía sumergida, fraude fiscal, sindicatos, negociación colectiva, negociación institucional.

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Mora Plaza, A. : “Salario nominal y salario social" en Contribuciones a la Economía, mayo 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

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Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores-, además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones, desempleo, vivienda protegida- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 38%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias, a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, a disminuir los presupuestos para la vivienda protegida, etc., de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Queda, por lo tanto, mejorar y aumentar los componentes del Estado De Bienestar, luchando contra las tendencias neoliberalizadoras.

        Todo esto obliga a una reflexión a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que, para amplias capas de la población, nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi), de sanidad pública del SNS, viviendas protegidas, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, etc., que los ciudadanos en general, y los trabajadores en particular, van a recibir a lo largo de su vida. El cuadro nº 1 es revelador de este hecho[3], porque indica una tendencia a la baja de las rentas salariales y a la vez que se da una mayor participación del Gasto Público en el PIB desde hace ya más de 2 décadas[4].

 

Renta nacional disponible (precios corrientes)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Remuneración de los asalariados =	312.020	334.625	355.242	378.640	400.963	425.592
Renta Nacional Bruta (RNB) =	624.655	669.696	718.188	773.449	828.925	893.165
Remuneración / Renta =	50,0%	50,0%	49,5%	49,0%	48,4%	47,6%
fuente: INE

 

            Pero, además de este hecho estructural, se da una situación coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no volverán a repetirse: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento marginal de los ingresos públicos como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro, son muy superiores al aumento de las rentas salariales derivadas de la negociación colectiva; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 38%) en España en comparación con la Unión Europea (un 47,6%)[5], la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y, sobre todo, posible.

        Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana y la griega de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante, existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno de estructura económica similar. Así, puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, calefacción, agua, etc.

 

Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6] y aceptamos la definición de economía sumergida como la de aquella que abarca a “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida[8] a partir de la supuesta estabilidad que se da entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[9]. El resultado del trabajo indica que el nivel de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fue del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 180.000 mills. de euros[10]. Utilizamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta y el Producto Interior Bruto[11] (98,7 para el año 2005[12]), que se mueve en un entorno del 98.5% en la última década. Con ello calculamos lo que podríamos llamar “techo de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta del Gasto Social sobre el Presupuesto (50%) del total emergido (180.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 34.200 mills. de euros[13] (ver cuadro 3).

 

cuadro 3	2007 a	2007 b	2008	2009	2010	2011	2020
Negociación institucional
PIB  (con 3% de incremento) =	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.345.087
Incorporación de lo emergido al PIB		90.000	20.000	21.000	21.638	22.287	57.390
PIB con incorporación de lo emergido=		1.090.000	1.050.000	1.081.900	1.114.365	1.147.796	1.402.477
Niveles de fraude =	18,0%	9,0%	16,0%	14,0%	12,0%	10,0%	5,0%
Economía sumergida =	180.000	90.000	168.000	151.466	133.724	114.780	70.124
Presupuesto s/ PIB =	38%	38%	39%	40%	41%	42%	48%
Gasto Social / Presupuestos =	50%	50%	51%	52%	53%	54%	58%
Gasto Social (GS) =	190.000	207.100	204.867	225.035	242.152	260.320	390.450
Margen de negociación =	34.200	17.100	32.779	30.893	28.494	25.527	18.724
Negociación colectiva
PIB =	1.000.000	1.090.000	1.050.000	1.081.900	1.114.365	1.147.796	1.402.477
Rentas salariales / RNB =	48%	48%	48%	47%	47%	47%	45%
RNB / PIB =	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
Salario Nominal (SN) =	472.800	515.352	496.440	500.866	515.895	531.372	621.648
Incremento medio salarial =	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	2,5%
Incremento salarial =	16.548	18.037	17.375	17.530	18.056	18.598	15.541
Negociación institucional =	34.200	17.100	32.779	30.893	28.494	25.527	18.724
Negociación colectiva =	16.548	18.037	17.375	17.530	18.056	18.598	15.541
Diferencia =	17.652	-937	15.403	13.363	10.438	6.929	3.182
Salario Nominal =	472.800	515.352	496.440	500.866	515.895	531.372	621.648
Gasto  Social =	190.000	207.100	204.867	225.035	242.152	260.320	390.450
G. Social / S. Nominal =	40,2%	40,2%	41,3%	44,9%	46,9%	49,0%	62,8%
Acumulado emergido hasta el …=			20.000	41.000	62.638	84.925
Acumulado Incremento Salarial =			17.375	34.906	52.962	71.560
A. emergido / A. Incremento S.=			115%	117%	118%	119%
Gasto Social - Salario Nominal =	282.800	308.252	291.573	275.830	273.744	271.052	231.198
(GS-SN) / PIB =	28,3%	28,3%	27,8%	25,5%	24,6%	23,6%	16,5%
(GS-SN) / Presupuestos =	10,7%	10,7%	10,8%	10,2%	10,1%	9,9%	7,9%
RNB = Renta Nacional Bruta; PIB = Producto Interior Bruto; GS = Gasto Social; SN = Salario Nominal
Gasto Social = PIB  x  Presupuestos/PIB  x  Gasto Social/Presupuestos
Salario Nominal = PIB  x  Rentas salariales/RNB  x  RNB/PIB
datos absolutos en millones de euros
del 2012 al 2020 se supone un incremento medio anual del 2%

        Compárese estos 34.200 mills. de euros de techo de negociación[14] institucional con los 16.500 mills. de euros anuales (col.2007a), también de techo de negociación -pero en este caso colectiva-, que surge del supuesto de un incremento medio del 3,5% en los salarios para un 48% de participación de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta (RNB)[15]. Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, si, siendo optimistas, suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, el de valor máximo de la “capacidad de negociación colectiva”.

        Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude[16], pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación institucional de 17.100 mills. de euros[17] (col.2007b), similar a los 18.000 mills. de euros obtenidos a través de la negociación colectiva[18].

        Hemos adjuntado un cuadro (nº 3) con diferentes situaciones hipotéticas. Así, se ensaya con sucesivas situaciones de fraude (18%, 9%, 16%, 14%, 12%, 10% y 5%), con aumentos de la relación entre Presupuestos y PIB (del 38% al 48%), con aumentos también del Gasto Social en relación al Presupuesto (del 50% al 58%) y variación de los salarios medios (3,5%, 2,5%); hipótesis todas ellas realistas, factibles e, incluso, necesarias.        Pues bien, con esta evolución de relaciones entre Gasto Social, Rentas salariales, Presupuestos y PIB, la relación entre el Gasto Social y el Salario Nominal pasaría del 40,2% en el 2007 al 49% en el 2011 y a un 62,8% en el 2020; visto de otra manera, significaría también un acortamiento en términos de PIB de las diferencias entre ambos (del 28,3% en el 2007 al 23,6% en el 2011, para llegar al 16,5% en el 2020). La mayor dificultad para llegar a este escenario en el 2020 es sin duda el paso 38% de los Presupuestos sobre PIB al 48%. Ahí habrá 2 tricheras por las que pasar: la de la resistencia de cualquier gobierno a cambiar el estado de cosas en las macromagnitudes, y a la resistencia a ultranza de las autonomías gobernadas por el P.P[19]., cuya ideología eleva a los altares al mercado y, simultáneamente, trata de matar al Estado de Bienestar como Teseo al Minotauro; consecuentemente, intentarán –y lo hacen- invertir el proceso, vía privatizaciones (hospitales), vía presupuestos (educación concertada y privada frente a la pública), vía licencias (la construcción por los ayuntamientos), etc., para hacer coherente su discurso neoliberal.

        Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro; también que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exijan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude -incluso apoyarle y exigirle más ahínco-, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[20]. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía que aún navega oculta en procelosos mares, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar vía recaudación y, entonces, habrá que recurrir a modificaciones de los tipos impositivos o, en general, cambios en la tributación que tiendan a aumentar los ingresos fiscales del Estado para aumentar y mejorar los servicios públicos.

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