RESUMEN

La discusión acerca de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, como instrumentos de gestión pública y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, constituye una temática de interés para el análisis y la reflexión, puesto que de una adecuada implementación de políticas fiscales, dependerá el logro de los equilibrios macroeconómicos y el bienestar de la población, en términos de crecimiento económico sostenido, desarrollo y superación de los niveles de pobreza. En este campo de conocimiento se inscribe la presente investigación doctoral, la cual asumió como razón teleológica, analizar desde una perspectiva crítica las políticas fiscales aplicadas en Venezuela y el impacto que éstas han tenido en el bienestar social de la población, durante el período 1988-2006, y sobre esa base generar un corpus de reflexiones teóricas que permitan orientar el debate y la toma de decisiones sobre esta materia, en los próximos períodos gubernamentales. La investigación adoptó como fundamento epistemológico el paradigma de la criticidad, el cual según Fonseca (1997), busca generar nuevas formas de intervención para aprehender y transformar lo real. Las teorías que fundamentaron la investigación fueron: La Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, Teorías sobre el Desarrollo Económico y la Teoría de la Sustentabilidad Social. La investigación fue de tipo analítico, de fuente documental, con apoyo en un diseño bibliográfico exploratorio. Metodológicamente se asumió la hermenéutica, la cual se concibe como un proceso reflexivo y crítico basado en la interpretación y análisis del discurso textual y contextual. Los resultados evidenciaron que se han realizado intentos por disminuir los niveles de pobreza, pero los esfuerzos no han sido suficientes. Se concluye, que la aplicación de las políticas fiscales no fueron totalmente efectivas en el logro del bienestar social de la población venezolana, en el periodo estudiado.

Palabras Claves: Política Fiscal, Sostenibilidad Fiscal, Bienestar Social, Distribución del Ingreso, Pobreza, Crecimiento y Desarrollo Económico.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

DIVISION DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS

DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICAS

THE FISCAL POLICIES AND ITS IMPACT IN THE SOCIAL WELL-BEING OF THE VENEZUELAN POPULATION. AN ANALISIS FROM CRITICAL PARADIGM. PERIOD: 1988-2006

Autor: Ledis Mesino Rivero

Tutor: Dr. Antonio Balza

Date: October, 2007

ABSTRACT

The discussion  about the fiscal policies and other macroeconomic policies, like instruments of public management and their impact in the social welfare of the Venezuelan population, it constitutes a thematic one of interest for the analysis and the reflection, since on a suitable implementation of fiscal policies, it will depend the profit of the macroeconomic balances and the well-being of the population, in terms of maintained economic growth,  development and overcoming of the poverty levels. In this field of knowledge the present doctoral investigation registers, which assumed like teleological reasoning, to analyze from a critical perspective the fiscal policies applied in Venezuela and the impact that these have had in the social welfare of the population, during period 1988-2006, and on that base to generate corpus of theoretical reflections which they allow to orient the debate and the decision making on this matter, in the next governmental periods. The investigation adopted like epistemological foundation the paradigm of the criticism, which according to Fonseca (1997), looks for to generate new forms of intervention to apprehend and to transform the real thing. The theories that based the investigation were: The Theory of the Keynesian Beneficent State, Theories on Economic development and the Theory of the Social Sustainability. The investigation was of analytical type, of documentary source, with support in an exploratory bibliographical design. Methodologically the hermeneutic was assumed, which is conceived like a reflective and critical process based on the interpretation and analysis of the textual and contextual speech. The results demonstrated that attempts have been made to diminish the poverty levels, but the efforts have not been sufficient. One concludes that the application of the fiscal policies was not totally effective in the profit of the social welfare of the Venezuelan population, in the studied period.

Key words: Fiscal policy, Fiscal Sustainability, Social welfare, Distribution of the Entrance, Poverty, Growth and Economic Development.

INTRODUCCIÓN

Las políticas fiscales constituyen instrumentos de gestión pública que utilizan los gobiernos para conducir y orientar la actividad económica del país y lograr a través de éstas, el cumplimiento de objetivos que se propone el Estado, tales como generar crecimiento económico, mediante el crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento del Producto Interno Bruto per cápita y una distribución equitativa de la renta nacional, entre otros. De este modo, las políticas fiscales implementadas por los gobiernos en conjunto con otras políticas macroeconómicas, deben estar dirigidas a impactar favorablemente el bienestar social de la población, en términos de mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la sociedad.

Sin embargo, en Venezuela durante el período comprendido entre 1988 y 2006, pareciera que el impacto generado por la implementación de las políticas fiscales no ha contribuido a la construcción del bienestar social de la población, pues no se logró un crecimiento económico sostenido y una distribución de la renta que impidiera el incremento del desempleo y los niveles de pobreza, tal y como lo refleja el Informe de la CEPAL (2006), tanto en Venezuela como en América Latina.

Sobre este particular, cabe destacar que según el Informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2006), en coordinación con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), las estadísticas que ofrecen estos organismos en América Latina, el desempleo fue en aumento hasta el año 2003, y entre los ocupados se incrementó la proporción de los trabajadores del sector informal. Se estima que en las últimas décadas, siete de cada diez empleos han provenido del sector informal y que ha aumentado la precariedad del empleo.

Es por ello, que la intencionalidad de la presente investigación es analizar desde una perspectiva crítica, las políticas fiscales asociadas a otras políticas macroeconómicas y su impacto en el bienestar social de la población venezolana durante el período 1988-2006, lo cual condujo a derivar un conjunto de reflexiones teóricas, que permitan por una parte, orientar y enriquecer el debate creador acerca de esta interesante materia, y por la otra, ofrecer opciones alternativas para la toma de decisiones por parte de los actores gubernamentales, en el campo de las políticas fiscales y sus implicaciones en el bienestar social de la población.

La situación antes planteada, conlleva a considerar y reflexionar lo señalado por Alvarado (1993):

Sobre la necesidad de superar los enfoques tradicionales y asistencialistas de la política social y las estrategias antipobreza, con el fin de redimensionar nuevas estrategias para que las políticas públicas con fines sociales, lleguen con mayor efectividad a los sectores más empobrecidos y se generen niveles de bienestar en todos los sectores de la sociedad (p. 15).

De allí que, los objetivos específicos de este estudio, se orientan a discutir la contribución de las políticas fiscales implementadas en Venezuela, en el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, en términos de inversión, crecimiento sostenido y elevación del nivel socioeconómico de la población. También se pretendió interpelar la efectividad de las políticas fiscales aplicadas en Venezuela para la superación de la pobreza y el incremento del nivel de bienestar social de la población venezolana, durante el período 1988-2006, e Interpretar los fundamentos del paradigma crítico, como una opción epistemológica para analizar el impacto de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana. Finalmente, derivar un corpus de reflexiones teóricas desde el pensamiento crítico, que permitan orientar el debate acerca de las políticas fiscales y sus implicaciones en el bienestar social de la población venezolana, durante el periodo 1988-2006.

En definitiva, interesa indagar, desde una perspectiva teórica, si la aplicación de esas políticas fiscales vinculadas con otras de naturaleza macroeconómicas, tales como políticas de producción, monetaria y cambiaria ha redundado en mejoras de la calidad de vida de la población, a través de mayor generación de empleos, acceso a servicios públicos de calidad, mejoramiento en el sector salud y educación, incremento en el ingreso per cápita, igualdad en la distribución del ingreso, entre otros.

A tal efecto, el paradigma epistemológico utilizado fue el paradigma crítico, en tanto, este modo de pensar, permite la construcción de un saber alternativo, a través de la generación de nuevos conocimientos, a partir del conocimiento construido, es decir, se desarrollan nuevas construcciones cognoscitivas desde la interpretación, por lo cual es pertinente abordarlo en la presente investigación. Igualmente, el método utilizado fue el método hermenéutico, dado que se pretendió realizar una interpretación de la realidad estudiada, a través de la comprensión integral de lo textual y lo contextual.

Con relación al abordaje metodológico, el mismo se basó en un estudio analítico, apoyado en una investigación de tipo documental, con un diseño bibliográfico exploratorio, en tanto, se realizó un análisis del impacto económico de la política fiscal, en términos de examinar las políticas aplicadas y sus resultados publicados, por lo tanto, la investigación se apoyó en fuentes bibliográficas y documentales, así como series estadísticas recabadas del Banco Central de Venezuela (BCV), de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) y del Ministerio de Finanzas.

La conceptualización que sirvió de marco de referencia a esta investigación, está enmarcada en las teorías que subyacen en el tema objeto de estudio, las cuales se utilizaron de apoyo a lo largo de toda la investigación, entre ellas están: La Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, las Teorías sobre el Desarrollo Económico y la Teoría sobre la Sustentabilidad Social. De igual manera, la investigación también se apoyó en el saber construido acerca de las relaciones ontológicas entre individuo, Estado y sociedad como fuente integradora de un mismo contexto, en el cual se enmarca la economía como ciencia social.

Esta tesis doctoral, ha sido dividida en cinco capítulos. En el capítulo I, se plantea el problema y su contexto, el cual comprende, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la sistematización del problema, los objetivos de la investigación, generales y específicos, y la justificación de la investigación.

En el capítulo II, se presenta el marco teórico, con sus respectivos antecedentes de la investigación, tanto internacionales como nacionales, la fundamentación epistemológica de la investigación, que comprende, el paradigma crítico en la construcción del conocimiento económico, los referentes teóricos de la investigación, que comprenden, las relaciones ontológicas existentes entre individuo, Estado y sociedad, las políticas fiscales como instrumento de gestión macroeconómica, la teoría tributaria de David Ricardo, el crecimiento económico sostenido, la distribución de la renta o riqueza, el coeficiente de Gini; luego viene, el bienestar social de la población como política de Estado, que comprende la teoría del bienestar de Max Weber, la teoría del óptimo de Wilfredo Pareto, luego viene la pobreza y líneas de pobreza, el crecimiento económico y desarrollo; y la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica; posteriormente, las teorías que fundamentan la investigación, que comprenden las teorías sobre el desarrollo económico, la teoría del Estado benefactor keynesiano, la teoría de la sustentabilidad social y algunas aproximaciones teóricas acerca del desarrollo humano y en última instancia, la categoría de análisis.

Mientras que, en el capítulo III, se incorpora el abordaje metodológico, el cual comprende el soporte epistemológico del estudio, el tipo y diseño de la investigación, el método de investigación, las técnicas para la recolección de la información, las técnicas para el análisis de la data, las dimensiones del círculo hermenéutico y el procedimiento de investigación, el cual comprende las fases procedimentales de la investigación.

En el capítulo IV, se presenta un acercamiento a la realidad. Una aproximación de la autora con el contexto real y el capítulo V, se refiere a las reflexiones concluyentes y aportes al conocimiento, y por último, se incorporan las referencias bibliográficas que fundamentan este estudio.

CAPITULO I

EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO

1.1. Planteamiento del Problema

La relación entre Individuo, Estado y sociedad, está enmarcada dentro del contexto global de la economía mundial como un todo, tomando en cuenta que la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad y la misma supera a cada una de ellas por separado, mientras que el Estado es la organización o estructuración política de dicha sociedad; de allí se deduce, que siempre que hay sociedad, hay estado, aunque no exista una constitución o Carta Magna. En este sentido, el mismo se funda en la propia naturaleza humana, en el individuo, como una necesidad y su existencia implica autoridad, sobre la base de un orden social y cuyo fin debe ser el desarrollo del bien común, concebido de una manera humana y solidaria.

A partir de las apreciaciones anteriores, el Estado al procurar el bien común, tiene como finalidad tender siempre a formar individuos capacitados, instruidos con posibilidades de desarrollarse dentro de una sociedad, que le provea las herramientas necesarias para obtener una calidad de vida óptima, donde las necesidades básicas sean satisfechas. Por lo tanto, la organización política, la estructura del Estado, debe ocuparse de velar por los derechos y deberes de los miembros de la sociedad, el ejercicio de la soberanía, las estructuras de poder y su funcionamiento, y sobre todo, crear los instrumentos que sirven para generar el bienestar social.

Es allí cuando surge el Estado benefactor, el cual según Añez (2004), “nace por las luchas sociales y políticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ante la necesidad de desmilitarizar la institución estatal, caracterizado por tener un carácter improductivo e irracional para el desarrollo económico” (p.3).

La misma autora señala, que estas luchas sociales de los trabajadores demandando un sistema de seguridad social más justo, para mejorar la calidad de vida de los mismos y de la población en general, ha obligado a un cambio de rumbo, hacia el Estado social que surgió aproximadamente hacia los años veinte, fundamentándose esta postura en la Teoría Keynesiana, la cual expresa que es fundamental la intervención del Estado en la economía, con un cuerpo de medidas dirigidas a reactivar el aparato económico, incrementar el consumo, la inversión y el bienestar social de la población.

Ahora bien, todo este planteamiento se inscribe en la discusión permanente del quehacer científico, el cual ha ido avanzando a través de los diferentes procesos de construcción del conocimiento, y por tal motivo, se hace necesario abordar la ciencia, como un proceso de construcción humana en evolución, a lo largo de la historia de la humanidad, puesto que en la medida en que el hombre ha evolucionado, también se ha enriquecido científicamente, ha ido descubriendo cada vez nuevos modos de abordar la realidad, para la construcción del conocimiento, lo cual, según Paz (2003), “es una herencia del pensamiento griego, a través de Aristóteles, llamada epísteme y la misma se consideraba como un saber seguro, apoyado en demostraciones y ordenado en sus conocimientos, contrapuesto a la simple opinión” (p. 3).

Es por ello, que el hombre en su propósito de búsqueda de la verdad, a través de la realidad observada percibida y construida, analiza e interpreta los hechos empíricos como fuente de conocimientos, de ahí que se presenta la ciencia como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad (universo) de los hechos y de los fenómenos que en ella acontecen.

En consecuencia, expresa Tamayo y Tamayo (2004), “la ciencia es un quehacer crítico, no dogmático, que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica” (p.15). De allí pues, que esta premisa de interpelar los presuntos conocimientos, se coloca en el ámbito de la epistemología de la ciencia, la cual significa teoría del conocimiento y por lo tanto, la ciencia sería aquel conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos a través de métodos científicos, los cuales se pueden someter a verificación empírica.

Por lo antes expuesto, cabe destacar, que en el ámbito de la ciencia, se encuentran enmarcadas las Ciencias Sociales, las cuales tienen como objeto de estudio al hombre en sus diferentes disciplinas (Ciencia Política, Psicología, Antropología, Sociología y Ciencia Económica), las cuales se conciben en términos de un proceso dinámico de integración, frente a los diferentes problemas que confronta el individuo como ser social, siempre inmerso dentro de un contexto económico global.

Dentro de este referente, la Ciencia Económica expone Toro (2003), “tiene por objeto de estudio al hombre, en su lucha por resolver el problema económico, y la misma como toda disciplina científica, el fin que persigue, es la formulación de leyes o principios generales, destinados a la predicción de fenómenos económicos” (p. 37).

De lo anterior se desprende, que la actividad económica tiene esencialmente por objeto, la satisfacción de las necesidades casi ilimitadas de los hombres con los recursos escasos de que disponen, en materia de mano de obra, riquezas naturales y equipos, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos limitados que poseen. Por ello, la ciencia económica es considerada como la ciencia de la eficacia.

Es oportuno mencionar, parafraseando a Allais (2000), que en la historia del pensamiento económico se pueden distinguir tres grandes etapas: La primera etapa llega hasta la segunda mitad del siglo XIX, es la etapa de los precursores: Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, entre otros. En la segunda etapa se inicia una revolución en la economía, con la introducción del análisis diferencial por la Escuela Marginalista Austriaca, con la utilización de las matemáticas por la Escuela de Lausana y con la elaboración científica de los datos de la observación por Irving Fischer. Esta segunda etapa llega justamente hasta la segunda guerra mundial; y en la tercera etapa, que se inicia después de la segunda guerra mundial, hasta la actualidad, la economía tiende a transformarse en una ciencia verdadera, fundada en el análisis estadístico de los hechos, en teorías cuya coherencia lógica puede verificarse, y en la confrontación de estas teorías, con los datos de la observación. (p. 23).

En virtud de lo anteriormente señalado, y dado que el fin que persigue la economía es el estudio del hombre en su búsqueda por resolver el problema económico, pero a través de una rigurosidad científica, el mismo está inmerso dentro del ámbito globalizado, a través de la adaptación en el ambiente social, político y económico, donde la sociedad en la que se desenvuelve está regida por una serie de leyes, principios y normas impuestas por el Estado, a fin de regular la actividad económica, y es allí donde surge la intervención del estado en la economía, para regir el destino económico de las naciones, a través de sus políticas económicas.

En el marco de tal concepción, las políticas económicas a nivel mundial, diseñadas por los gobiernos, deben estar dirigidas a asegurar la satisfacción de necesidades de la población, a través de la aplicación de políticas fiscales efectivas, donde el norte del Estado, debe ser el fácil acceso a los bienes y servicios básicos a la población, la disminución de los niveles de pobreza, el incremento del empleo, entre otros, para así tener una calidad de vida acorde a sus requerimientos. Por lo tanto, surge la necesidad de implementar mecanismos idóneos para conseguir tal fin, a través de un manejo eficiente de los recursos, que permita mantener saneadas las finanzas públicas, donde el gasto social dirigido a los programas asistenciales sea socialmente productivo. De allí, la imperante necesidad de atender a las clases más desposeídas, que tienen limitaciones para acceder a los servicios básicos, tales como salud, vivienda, educación, con el fin de garantizar el bienestar social para esos sectores.

La situación antes planteada, conduce a reflexionar sobre las cifras reportadas por el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2005), donde se evidencia la falta de recursos y de políticas públicas adecuadas para solventar el incremento en los niveles de pobreza que subyacen en algunas naciones menos favorecidas, como un problema de tipo estructural. Entre estas cifras se tienen: 800 millones de personas en el mundo padecen hambrunas, 1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1$ diario, 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y los niños principalmente mueren por causa de diarreas, 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco años, por causas evitables, el 70% de las personas pobres del planeta son mujeres, 50 millones de personas están infectadas con el virus del VIH y la gran mayoría no recibe ni tratamiento, ni atención médica, ya que el costo del tratamiento es de 10.000 a 12.000 $ anuales y no lo pueden costear.

También se reporta que el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del planeta y el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas. Estas cifras, indican la magnitud de un problema a nivel mundial, que se considera incide negativamente en las naciones más desfavorecidas y desprovistas de los recursos suficientes, para satisfacer las necesidades que afectan a sus pobladores. Y a su vez, es un problema que afecta a todos los países, porque es un problema de todos.

En virtud de lo anteriormente señalado, las políticas públicas juegan un papel importante en el ámbito mundial, puesto que, es a través de las políticas económicas que los gobiernos, conjuntamente con el sector privado, dirigen la actividad económica y su funcionamiento, pero, no obstante, es al Estado, al que le compete garantizar el bienestar social de la población. Por lo tanto, en este marco contextual, la esencia de la política económica, específicamente la política fiscal, como vía de acción del Estado, debe buscar garantizar el crecimiento económico sostenido, para atenuar los problemas que sufre la economía en su evolución, a través de la estabilidad de precios, la disminución del desempleo, la distribución equitativa de la renta, el estímulo a la inversión privada y una mayor eficiencia económica, entre otros.

No obstante, el manejo de estas políticas en países menos desarrollados, ha sido influenciado por algunos aspectos considerados de gran importancia, entre ellos están, el efecto globalizador en países dependientes, la entrada a la era tecnológica de la información, el manejo de las relaciones internacionales, la apertura de nuevos mercados, el deterioro de los términos de intercambio, la balanza de pagos internacional, el déficit de la balanza comercial en algunos países, el manejo del gasto público y la volatilidad de los ingresos en algunas naciones, que dependen de un solo producto de exportación, de allí que su sostenibilidad fiscal, no sea sostenible en el tiempo.

Es por ello, que al hacer un análisis de la evolución de las políticas económicas, se observa que la misma ha ampliado su dimensión en sus diferentes acepciones, ya que antes de 1936 sólo se apelaba al uso de instrumentos de política monetaria, cuyo fin era, la estabilidad de precios como objetivo establecido.

Ahora bien, las políticas económicas forman parte de la acción directa del Estado en la sociedad, y a partir de Keynes se produjo un cambio de paradigma en cuanto a su utilización, dado que él, le concedió un papel de mayor importancia a la política fiscal, porque según señala el autor, a través de la política fiscal, el Estado podía intervenir en la economía en épocas de recesión, modificando la demanda agregada, para generar fuentes de trabajo y crecimiento económico sostenido.

En este contexto, la política fiscal se define, “como el ajuste de los tipos impositivos o de los gastos gubernamentales, con el fin de modificar la demanda agregada”, (Wonnacott: 1993: 148), y la misma se refiere a la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía en un determinado período, y está formada por cuatro componentes: Los gastos de consumo privado, la demanda de inversión, las compras de bienes y servicios por parte del Estado, y las exportaciones netas.

Por lo tanto, cuando se hace referencia a la política fiscal, ésta no se puede abordar de forma aislada, sino que se debe incluir a las políticas sociales, de producción y monetarias, por cuanto se está hablando de decisiones tomadas por el gobierno nacional, que implican tanto el financiamiento y uso de recursos y gastos, así como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental, necesarias para el logro de los objetivos propuestos, y entre esos objetivos, están los recursos que se deben destinar al gasto social, a través de la política social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más desposeídos, a través de la ejecución de programas sociales, contribuyendo así, al mejoramiento de la distribución de la renta y al progreso y bienestar de esos sectores.

De acuerdo con el planteamiento anterior, debe señalarse además, que las políticas fiscales deben ser sostenibles en el tiempo. Es por ello que, sostenibilidad fiscal, según León (2003), se define como “el logro de la estabilidad económica, a través de una política económica coherente, evitando la volatilidad de los ingresos fiscales para la consecución de los objetivos macroeconómicos, a los fines de asegurar el bienestar social” (p. 19). De manera que, los gobiernos puedan aplicar efectivamente y en forma sostenida, los recursos destinados a la generación de riqueza de la población, contribuyendo a la diversificación del aparato productivo, al incremento del empleo, a mayores recursos para la educación y salud pública, y a unos servicios públicos óptimos que alcancen los estratos más vulnerables de la sociedad. Así pues, alcanzar la estabilización es un elemento indispensable para lograr el crecimiento sostenible de la economía, que permita elevar el nivel socioeconómico de la población.

En virtud de ello, es oportuno mencionar a Ochoa y otros (2002), quienes aportan que “una política fiscal es sostenible en el tiempo cuando la trayectoria de ingresos y gastos del gobierno, no conduce a una acumulación excesiva de pasivos” (p. 2). Esto significa, que los gobiernos no deben tener un endeudamiento excesivo, sea interno o externo para no comprometer el logro de los objetivos de la política fiscal, en la búsqueda del bienestar social de la población, porque tal medida podría crear una economía inestable, donde se generen altos índices inflacionarios, incremento de la deuda pública (tanto interna como externa), pérdida del poder adquisitivo, vulnerabilidad del aparato productivo, posible devaluación para cubrir déficit fiscales, entre otros.

Es por ello que, las proposiciones teóricas en las que se basa la presente investigación, están enmarcadas en la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, desarrollada por Keynes en 1936, las Teorías del Desarrollo y la Teoría de la Sostenibilidad Social o Desarrollo Sustentable, entre otros. Entonces, el énfasis de estas discusiones es la generación del crecimiento económico en las naciones con el fin de la implementación de instrumentos idóneos que garanticen una mejora en el nivel socio económico de la población, en situación de pobreza.

Igualmente, el enfoque que sustenta el análisis en estudio, correspondiente al análisis de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, parte de la perspectiva crítica, ya que se pretende abordar la realidad desde una posición crítica, orientada a la generación de nuevos conocimientos, para aprehender y transformar la realidad observable. Por estas razones, se aborda el objeto de estudio, desde la plataforma metódica de la hermenéutica, la cual se entiende como un proceso reflexivo, basado en la interpretación y análisis de la información obtenida a través del proceso de investigación, en tanto la referencia implícita de estos estudios, se ubica en el dominio de las ciencias fácticas, la cual según Bunge citado por Tamayo y Tamayo (2004), “trata sobre hechos de la realidad” (p. 18).

En consecuencia, el propósito de la presente investigación es examinar cuidadosamente diversos aspectos de este tema en general, relacionado con las políticas públicas, enmarcado dentro del ámbito de las políticas fiscales, puesto que el análisis permitió estructurar un conjunto de reflexiones teóricas, desde el pensamiento crítico para orientar el debate y sus efectos o implicaciones de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana, puesto que las mismas, a través de las políticas sociales, proveen los mecanismos necesarios para la inserción de los más desprotegidos en la sociedad, de una manera digna, a través de instrumentos que conlleven a la superación de la pobreza.

No obstante los planteamientos teóricos en relación con los ejes temáticos a los que se ha hecho referencia, en la actualidad en América Latina, y particularmente en Venezuela, existe una creciente preocupación, no solamente en el ámbito académico y entre los especialistas, sino en la sociedad en general, puesto que pareciera que las políticas fiscales diseñadas e implementadas por el Estado, no están generando impactos positivos en el bienestar social de la población, pues las mismas no están orientadas a solventar problemas de la población relacionadas con la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la desnutrición, servicios públicos de calidad, la educación y la salud. En virtud de ello, una parte importante de las recurrentes dificultades macroeconómicas durante los últimos veinte años, de alguna u otra forma están asociadas al éxito o fracaso de las políticas fiscales.

Tal como lo señala Rodríguez (2003):

La política fiscal en Venezuela, ha estado caracterizada por su carácter procíclico, enraizado en la alta dependencia y volatilidad de los ingresos petroleros, su creciente sesgo deficitario, sólo disimulado temporalmente durante periodos de bonanza petrolera como el actual, y su baja contribución al bienestar económico y social del país (p. 47).

De allí se deriva la importancia de la sostenibilidad fiscal, la cual es entendida como condición necesaria para la inversión y el crecimiento sostenido, que permita elevar el nivel socioeconómico de la población.

Por tal motivo, la problemática que se pretende abordar en la presente investigación de nivel doctoral, está relacionada efectivamente con la posible dispersión, ineficiencia y desarticulación de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas diseñadas e implementadas por el Estado Venezolano durante los años 1988-2006, para impactar el bienestar social de la población. Así lo deja ver Moreno (2000: 142): “La política fiscal en Venezuela, en las dos décadas anteriores, no ha cumplido con los objetivos de estabilidad macroeconómica, ni alcanzado metas de desarrollo económico y social”.

Dicha autora plantea, que una primera característica, la constituye el deterioro simultáneo del balance fiscal y de otros indicadores macroeconómicos como son, la Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de inflación y el ritmo de la Inversión Privada. Efectivamente, durante las dos últimas décadas (años ochenta y noventa), las tasas de crecimiento del PIB y de la inversión privada, promediaron sólo 1,5% y 2,4%, respectivamente. Las cuentas fiscales por su parte, relativamente equilibradas hasta 1973, pasaron a ser claramente deficitarias desde entonces. El comportamiento de la Inflación igualmente se deterioró, al pasar de tasas del 2% anual entre 1958 y 1973, a tasas crecientes y sustancialmente más altas (más del 20% anual), siendo la inflación más alta, la del año 1996, que fue del 103%, debido a la crisis bancaria que sufrió el país para esa época.

De lo anterior se desprende, el notable deterioro que ha sufrido la economía en períodos pasados y en el presente, trayendo como consecuencia el bajo crecimiento en algunas variables macroeconómicas, entre ellas el PIB, la inversión privada, y a su vez un incremento del desempleo tanto formal como informal; de la inflación, de los niveles de pobreza, tanto crítica como extrema; originando una disminución en el bienestar social de la población venezolana.

Igualmente, la misma autora señala que:

Una segunda característica, la constituye el deterioro de un conjunto de indicadores de desarrollo humano, que revela una tendencia de la política fiscal a contribuir cada vez menos al bienestar económico y social del venezolano. Entre ellos, se destacan el gasto público real per cápita en salud y educación, los cuales alcanzaron su valor más alto, hacia fines de la década de los años setenta (Bs. 1.200 de 1984 y Bs. 3.000 de 1984), según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV), para luego descender en forma dramática y continua a los niveles alcanzados a comienzos de la década anterior (Bs. 200 y 700 respectivamente, según cifras del BCV). En estrecha relación con este comportamiento se tienen el de la evolución del PIB per cápita y el de la Pobreza, cuyo porcentaje tanto en su versión de pobreza crítica (25%), como en su versión de pobreza extrema (20%), tendió a aumentar significativamente, sobre todo en los últimos años (Moreno: 2000: 144).

Cabe acotar, que el deterioro de indicadores de desarrollo humano en Venezuela, continúa manifestándose en fechas recientes, tal como lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Informe Reporte Social, para el año 2004, el cual señala que el 60,1% de los venezolanos vivían en situación de pobreza, ya que sus ingresos mensuales no les alcanzaba para adquirir la canasta básica (alimentos y servicios). Es decir, en términos absolutos, para el primer semestre del año 2004, existían en el país 14.503.748 de personas que vivían en situación de pobreza crítica, y sólo 9.610.104 de personas son consideradas no pobres. El Informe agrega que el 28,1% de la población no cuenta con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, lo que significa que se encuentran en situación de pobreza extrema. Según el Banco Mundial, en su Informe de Desarrollo (1999), la pobreza extrema es aquella que percibe un ingreso diario inferior a un dólar americano y la pobreza crítica, es la que percibe un ingreso diario que oscila entre 1 y 2 dólares, ambos a precios de 1985.

En el campo específico de la pobreza en Venezuela, son esclarecedores los reportes formulados por Ugalde (2004), cuando enfatiza que:

La tendencia de la pobreza en Venezuela en los últimos veinticinco años, muestra un país que ha incrementado sus niveles de pobreza total en más del doble y a más del triple los niveles de pobreza crítica. En Venezuela la pobreza ha aumentado de un perfil que alcanzaba a menos del 25% de los hogares en 1978, a representar para el año 2001, más del 60%. Por su parte los niveles de pobreza crítica pasaron de menos del 10% a más del 30%. (p. 49).

Según el planteamiento anterior, se observa un constante deterioro en los indicadores de desarrollo humano y por lo tanto, en los niveles de bienestar que caracteriza a la población venezolana en los diferentes periodos de estudio.

El mismo autor señala, que esta tendencia histórica de crecimiento de la pobreza, registra picos de incremento muy importantes desde 1989 hasta el presente. Dichos aumentos se corresponden con los ciclos recesivos que la economía venezolana ha venido registrando, al menos desde 1989, los cuales se caracterizan por fases depresivas de la economía nacional (dada la imposibilidad de sostener el crecimiento económico), acompañadas por fuertes devaluaciones de la moneda propiciadas entre otros, por shocks externos de ingresos, dada la altísima volatilidad de la economía venezolana, por su dependencia de los precios del petróleo.

Cabe destacar, que esta altísima volatilidad convierte a la economía venezolana en una economía vulnerable y esta vulnerabilidad se debe, tal como lo señala Ochoa y otros (ob. cit.) “al grado de exposición de la política fiscal a factores económicos, políticos y sociales que pueden comprometer el logro de sus objetivos” (p. 51). Encontrándose entre esos factores, la volatilidad de los precios del petróleo originando los llamados shocks petroleros.

De igual manera, Ugalde y otros (ob. cit), señalan que:

La economía venezolana muestra un pésimo desempeño durante el período 1979-2003, dado que en promedio muestra un crecimiento per-cápita negativo de 0,9%. Ello se debe entre otras causas, a que el país aún no ha logrado adaptarse a los cambios impuestos por el ajuste energético mundial de finales de los setenta, por un lado, y al agotamiento de la política de crecimiento económico de los años sesenta y la ausencia de una propuesta económica políticamente viable, que vuelva a hacer del crecimiento una realidad sostenida (p. 50).

En consecuencia, esta situación pudiera tener su origen entre otras causas, en las debilidades en la aplicación de la política fiscal, frente a los intentos de las distintas administraciones que, en las dos últimas décadas y en la actual, han tratado de alcanzar la estabilización de las finanzas públicas y restablecer los principales roles de la política fiscal.

Por tal motivo, esta situación pareciera poner en evidencia, que no sólo han existido deficiencias en el diseño de los programas de estabilización macroeconómica, sino que la naturaleza de los problemas fiscales en Venezuela, trasciende su dimensión política, involucrando a los otros aspectos del desempeño fiscal, como lo son, su dimensión institucional y la gerencia de las finanzas públicas. También pudiera estar asociado, a la falta de voluntad política y al populismo, alimentado por el hecho mismo de la riqueza petrolera y el resultante crecimiento de la deuda pública, para la corrección de las deficiencias estructurales en el área fiscal.

Es por ello, que surgen las implicaciones macroeconómicas de la gestión fiscal, cuando el Estado Venezolano se financia con una alta proporción de ingresos de origen interno y externo (deuda pública interna y externa), y esta situación, plantea problemas de inconsistencia, entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y comercial. Por último, la estructura del gasto en Venezuela es altamente deficiente, tanto desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos, como desde el punto de vista de la distribución del ingreso, trayendo como consecuencia, que cada año el presupuesto de la nación sea cada vez mayor.

En concordancia con lo citado, se observa que el presupuesto para el año 2004 fue de Bs. 66,4 billones y para el año 2005 se ubicó en Bs. 87 billones, aprobándose posteriormente (Marzo 2006), en la Asamblea Nacional un crédito adicional de 13 billones de bolívares, llegando a Bs. 100 billones el Presupuesto 2005, lo que representa un incremento real del 30,9% con respecto al año anterior, aplicando el Índice Inflacionario.

Pero, hay que destacar, según el Informe del Banco Mundial (2003), que mientras Venezuela le dedica apenas alrededor del 6% de su gasto en promedio a seguridad social y bienestar, el resto de los países latinoamericanos le dedica un 25% de su gasto. Esto explica las diferencias que existen dentro de Latinoamérica, pues países como Chile, Uruguay y Brasil, que tienen altos niveles de gasto, también tienen niveles muy altos en seguridad social. Es decir, no se compensa en el país el gasto excesivo en su totalidad, con relación al bajo porcentaje que se invierte en gastos socio-económicos para la generación de bienestar social en la población venezolana.

De acuerdo con estos planteamientos, también se hace conveniente citar las últimas cifras disponibles del Banco Central de Venezuela (BCV), para el año 2004, según las cuales, el Gasto Público ha crecido un 53% con relación al año 2003, es decir, para el período de enero a julio de 2004, el gasto ordinario fue de 26 billones de bolívares, cuando en el mismo lapso del año 2003, estuvo en el orden de 13,6 billones de bolívares. En términos nominales el repunte fue de 89%, pero al ajustarse por inflación, el crecimiento fue del 53%. Y al sumársele las amortizaciones de la deuda, el gasto se incrementa a 32 billones de bolívares, lo que representa en total un incremento del 61,5% con respecto al año 2003. Y todo ello implica, que cada año el gasto público es mayor.

Como se puede evidenciar, ello corrobora que en Venezuela la estructura del gasto público es altamente deficiente, puesto que aunque los ingresos petroleros y tributarios son mayores que en otros períodos, la elevada ejecución del gasto (aumento considerable del gasto público), hace que la gestión del Ejecutivo sea deficitaria. Tal como lo señala el Informe mensual del Banco Mercantil (2004), el déficit fiscal para el primer trimestre del año 2004, es 3,7 veces superior al registrado en el mismo período de 2003. En el segundo trimestre del año el déficit fue de 1,3 billones de bolívares, pero en julio esas deficiencias se incrementaron en 1,8 billones de bolívares. Igualmente, según cifras del Banco Central de Venezuela, para el séptimo mes del año 2004, los ingresos fueron 4,9 billones de bolívares y el gasto estuvo por el orden de los 5,6 billones de bolívares.

El alto nivel de ejecución del gasto, ha hecho que aunque se tengan fuentes ordinarias y extraordinarias de recursos, los fondos sean insuficientes. Por tal motivo, se mantuvieron las emisiones de papeles. El reporte de la institución financiera destaca que el Gobierno Central continuó financiando la brecha fiscal con colocaciones de bonos de la deuda pública interna, lo cual explica el incremento de la deuda pública interna, (ya que la misma pasó de 2,8 billones de bolívares en 1998 a 28 billones de bolívares en el año 2006).

Aunado a esto, cabe destacar, que la Inflación de este período, es una inflación encubierta, porque la mayoría de los precios están controlados por el Estado, lo cual afecta al sector productivo de la economía, entre ellos: subsidios a la gasolina y algunos productos de la cesta alimentaria, control de precios de algunos artículos o bienes, los cuales están afectando al productor, que no puede cubrir sus costos y opta por paralizar la producción, lo cual genera escasez y trae como consecuencia, que se incrementen los precios de los productos; control de las tasas de interés (aunque cabe resaltar, que la disminución de las tasas de interés (activa) es positiva, porque estimula la inversión), aunque el Estado las controla, para no pagar altos intereses por concepto de deuda pública interna, originando que al sincerarse estos precios, la inflación aumentaría considerablemente.

Asimismo, al planteamiento anterior se le suma la inseguridad jurídica, la cual es una variable que afecta, tanto a la inversión privada interna como externa, alejándola del país, motivando que no se generen nuevas fuentes de trabajo, necesarias para reactivar el aparato productivo. De hecho, al disminuir la inversión, producto de la falta de confianza existente en el país, disminuye la tasa de crecimiento de la producción y aumenta la tasa de desempleo, que es lo que se está viendo en estos momentos.

Entonces, la crisis de desempleo, la crisis en la producción y la crisis en la inversión, es responsabilidad del Estado y compete enfrentarlo a través de mecanismos fiscales, más que monetarios.

La situación antes planteada, conlleva a señalar, que aunque el fin último que haya perseguido el Estado venezolano, durante estos períodos, hubiese sido sanear las finanzas públicas a través de un equilibrio macroeconómico, los resultados no parecieran confirmar el logro de esos propósitos. Es así como en Venezuela, durante el período en estudio, las políticas fiscales desarrolladas por el Estado Venezolano, han estado en un constante cuestionamiento, puesto que, según la opinión de calificados especialistas, no han estado orientadas o no han tenido un impacto positivo en el bienestar de la población venezolana, en términos de crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y disminución de los niveles de pobreza.

En este sentido, tal y como lo refiere Guerra (2003), “el periodo 1999-2002, presentó las siguientes características:

Contracción del promedio anual del PIB del 2,4%, alta volatilidad de la economía, incremento de la tasa de desempleo, disminución del componente inversión, que ha acompañado al menor ritmo de actividad económica; aumento tanto de la tasa de desocupación, como de la participación de los empleados del sector informal en la ocupación total y en consecuencia, los niveles de pobreza se incrementaron durante ese período (p. 54).

Igualmente, aporta la citada fuente, el incremento de los precios de la canasta básica y la canasta alimentaria, originó una aceleración de la tasa de inflación. Ello significó que el número de hogares en situación de pobreza, pasó de 2.358.354 en 1998 a 2.946.138 en el primer semestre de 2002, correspondientes a 57,6% y 63,4% de hogares pobres, cada uno de esos años. En términos absolutos, ello significa que 3.056.476 de personas pasaron a engrosar la pobreza, siguiendo el criterio del INE (Instituto Nacional de Estadística), de que cada hogar esté conformado por 5,2 personas”.

Conforme a las estadísticas citadas anteriormente y a las opiniones de calificados especialistas en materia de política fiscal y de la realidad económica y social del país, se asumen las siguientes hipótesis o premisas que orientan la investigación:

1) Las políticas fiscales aplicadas en Venezuela, durante los años 1988-2006, no han sido efectivas para erradicar la pobreza.

2) El impacto económico de las políticas fiscales aplicadas por el Estado Venezolano, durante los años 1988-2006, no han contribuido con el mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

Ello implica, que de no aplicar los correctivos necesarios para lograr el manejo eficiente de las políticas públicas, de modo particular las políticas fiscales, la economía venezolana seguirá presentando deficiencias en el manejo de los programas de estabilización, al igual que en el desempeño fiscal de la nación.

Es por ello, que esta investigación se orienta a analizar las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, es decir, se analizará sobre la base de la documentación teórica textual y las cifras reportadas por fuentes acreditadas, si las políticas fiscales han estado orientadas a incidir en el proceso de crecimiento y generación de riqueza, con repercusión en el proceso de redistribución equitativa de las rentas para todos los sectores de la población, tomando en cuenta la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con todo lo expuesto para orientar la dirección y desarrollo de la presente investigación y en función de las reflexiones anteriores, seguidamente se formula y sistematiza la problemática en estudio, con las siguientes interrogantes:

1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles han sido las más importantes implicaciones de las políticas fiscales, desarrolladas por el Estado venezolano en el bienestar social de la población venezolana, durante el período: 1988-2006?

1.3. Sistematización del Problema

En realidad, ¿las políticas fiscales aplicadas en Venezuela en los años 1988-2006, han contribuido a fortalecer la sostenibilidad fiscal?

¿En qué medida las políticas fiscales implantadas por el Estado Venezolano, han sido efectivas para la superación de la pobreza e incrementar el nivel de bienestar social de la población venezolana, durante el periodo 1988-2006?

¿Hasta dónde los fundamentos del paradigma crítico, constituyen una opción epistemológica para analizar las políticas fiscales y sus implicaciones en el bienestar social de la población venezolana?

¿Será posible formular un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, desde el paradigma crítico que permitan orientar el debate y la toma de decisiones acerca de las políticas fiscales y sus efectos en el bienestar social de la población venezolana, para los próximos periodos?

1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivos Generales

Analizar las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas aplicadas en Venezuela y el impacto que éstas han tenido en el bienestar social de la población venezolana, durante el período 1988-2006.

Generar un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, desde el pensamiento crítico, que permitan orientar el debate y la toma de decisiones acerca de las políticas fiscales y sus efectos en el bienestar social de la población venezolana, para los próximos periodos.

1.4.2. Objetivos Específicos

Discutir la contribución de las políticas fiscales, asociadas a otras políticas macroeconómicas implementadas en Venezuela, en el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, en términos de inversión, crecimiento sostenido y elevación del nivel socio económico de la población.

Determinar la efectividad de las políticas fiscales asociadas a otras políticas macroeconómicas aplicadas en Venezuela para la superación de la pobreza, en el nivel de bienestar social de la población venezolana, durante el período 1988-2006.

Interpretar los fundamentos del paradigma crítico, como una opción epistemológica, para analizar el impacto de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana.

Derivar un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, desde el pensamiento crítico que permitan orientar el debate y la toma de decisiones acerca de las políticas fiscales y el bienestar social de la población venezolana, para los próximos periodos.

1.5. Justificación de la Investigación

El presente estudio, denominado “análisis de las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, durante el periodo: 1988-2006”, se justifica en primer lugar, desde una perspectiva teórica, dado que a través de la misma, se logra profundizar la discusión acerca de las políticas fiscales y el bienestar social de la población en el marco de las relaciones ontológicas existentes entre individuo, Estado y sociedad.

Sobre la base de este propósito, se considera que a través de la política fiscal, los gobiernos tienen la oportunidad de garantizar a sus ciudadanos, tasas de crecimiento deseables, a través de los objetivos de estabilidad macroeconómica y bienestar económico y social, tomando en cuenta la sostenibilidad fiscal y su consistencia dinámica, no sólo en relación a los objetivos del bienestar, sino con las otras áreas de la política económica.

En segundo término, la investigación es relevante, desde el punto de vista epistemológico, puesto que se asumen los fundamentos del paradigma de la criticidad, como opción epistemológica para la construcción de la verdad, de tal modo, que este paradigma, de acuerdo con Fonseca (1997), permite “construir una dinámica que involucra dialécticamente, el actuar, conocer, reflexionar y definir nuevas acciones en cuyo desarrollo la reflexión va dando lugar a un proceso permanente de ruptura/descubrimiento y construcción de un saber alternativo” (p. 93). Es decir, estar en capacidad de adquirir una visión integral, crítica, creadora e innovadora del propio hacer, desde la cual es factible la producción de conocimientos, orientada por un proceso permanente de descubrimiento entre los sujetos actores.

Además, la investigación también se justifica, desde el punto de vista ontológico, puesto que la realidad que se aborda está relacionada con las políticas fiscales, como instrumento para la construcción del bienestar social, el cual debe ser el fin último que persigan los gobiernos, en tanto se observa, que a pesar de la praxis de la política social impulsada por el Estado Venezolano, en la aplicación de programas de atención y alivio a la pobreza, los indicadores socioeconómicos señalan unas cifras no muy alentadoras. Según el Informe de Desarrollo Humano (2006), 2.182.900 venezolanos viven con poco más de 2.000 bolívares de ingreso diario. Este Informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calcula que estos niveles de pobreza extrema afectan a 8,3% de la población y, si bien representan un mejoramiento de casi 7 puntos porcentuales en apenas un año, aún las cifras causan impacto. Además al número de personas que vive con un dólar al día, el PNUD también consideró en el análisis la cantidad de personas que subsiste con tan sólo dos dólares diarios (equivalentes a 4.300 bolívares por día), grupo que también destaca entre la población que está por debajo del nivel de la pobreza de ingresos.

El organismo calcula que el universo de venezolanos en esta situación asciende a siete millones 258 mil 800 personas. El programa, adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toma en cuenta para este estudio las estadísticas que suministran los organismos oficiales, pero aplica una metodología diferente. Las cifras del Informe de Desarrollo Humano 2006, se corresponden con los registros del año 2005, y en algunos temas, del año 2004.

En virtud de lo anteriormente señalado, se observa la vulnerabilidad en la que vive gran parte de la sociedad venezolana, cuyos niveles mínimos de subsistencia no son cubiertos, cuyas necesidades básicas son insatisfechas, que no tiene acceso a la educación, a la salud, a los servicios básicos, ni a insertarse en el aparato productivo, por tal motivo, se hace necesario la presente investigación, a fin de dar posibles soluciones al problema estructural de la pobreza, que afecta a un importante sector de la población venezolana.

La investigación también es relevante en atención a la razón metodológica, puesto que se utilizó como método la hermenéutica, como instrumento para interpretar y asignarle significado al comportamiento de las políticas fiscales aplicadas en Venezuela. Igualmente, la naturaleza y tipología analítico documental del estudio, conduce a la utilización de estrategias y técnicas metodológicas propias de este tipo de investigación cualitativa, como la revisión bibliográfica y profundidad del discurso, el análisis de contenido y los aportes de los especialistas, según la intención de la investigadora. En este sentido, la información fué tomada directamente de los anales de la realidad histórica y recabada del Banco Central de Venezuela (BCV), de la OCEPRE (Oficina Central de Presupuesto) y del Ministerio de Finanzas, tomando en cuenta el conjunto de variables macroeconómicas, anualizadas, sectoriales y trimestralizadas, que presenta en sus estadísticas el BCV, durante el período 1988-2006 y el cual permitió hacer el análisis e interpretación de las categorías de análisis política fiscal y bienestar social de la población venezolana, enmarcadas dentro de un contexto macroeconómico.

También la investigación es relevante, desde el punto de vista axiológico, dado que como profesional de las ciencias económicas, el presente esfuerzo intelectivo se inscribe dentro de la intencionalidad misma del doctorado, que es tratar de construir nuevos saberes, nuevos planteamientos, nuevas reflexiones acerca de los problemas que son comunes y que deben ser pensados y resueltos desde la ciencia, desde la investigación, desde los programas doctorales, dado que, éstos son espacios académicos donde se plantea la necesidad de dar soluciones científicas a los problemas socio-económicos sentidos por la sociedad. Entonces, es a través de la teoría nueva donde hay que situarse para orientar la toma de decisiones que conduzcan a la solución de los problemas.

De este modo, todo conocimiento y toda ciencia progresa por confrontación, por oposición y conflicto, pues la criticidad permite desestructurar todo conocimiento construido, todo conocimiento disponible, toda realidad construida.

Y finalmente, la tesis o trabajo de investigación es relevante, en función de la razón teleológica, puesto que la teleología tiene que ver con la intencionalidad final, el esfuerzo investigativo de la investigadora, primero para dar cuenta de la construcción de un conjunto de saberes en esta área de conocimiento, como bien se ha planteado, y en segundo término, por la posibilidad que tiene la praxis, que el Estado disponga de un instrumento teórico en sus manos, o los actores, para ponerlo en la práctica, intervenir la realidad y transformarla, en términos de garantizar elevados niveles de bienestar social a la población venezolana, con el fin de superar los niveles de pobreza alcanzados en los últimos años.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

El presente capitulo, comprende una amplia discusión acerca de investigaciones o antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y la categoría de análisis, que sustentan el estudio, así como también la documentación epistemológica de la investigación, los cuales se discuten seguidamente.

2.1.1. Antecedentes Internacionales de la Investigación

De Castro (2004), en su investigación titulada: “Una Evaluación Macroeconomètrica de la Política Fiscal en España”, señala que el objetivo de la presente investigación es evaluar la política fiscal en España, desde el punto de vista macroeconométrico y cuya metodología está enfocada en el tipo de investigación evaluativo, de carácter documental, ya que se realizó una evaluación de la política fiscal y la misma está basada en análisis de series estadísticas presentadas por el Banco de España y la cual presentó como conclusiones en el estudio, que la política fiscal en España ha sido tradicionalmente pro cíclica, en el sentido de que es dada a presentar altibajos en los ciclos económicos y por lo tanto, es desestabilizadora, lo cual parece ser, según señala el autor, un comportamiento generalizado en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El presente trabajo de estudio en referencia, se relaciona con la investigación objeto de estudio, debido a que se está realizando una investigación referida al análisis de las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, y coincide con el carácter procìclico de la economía venezolana, que ha perdurado a lo largo de varios periodos presidenciales, esto es debido entre otras cosas, a la alta volatilidad de los ingresos fiscales, por los precios del petróleo.

Por su parte, Paz (2000), en su investigación titulada: “La Efectividad de la Política Fiscal. Caso Español”, cuya finalidad fue analizar cuán efectiva ha sido la política fiscal en España para estabilizar la economía y la misma se basó en una investigación de tipo analítico, de carácter documental, apoyado en un estudio empírico y la cual presentó como conclusiones en el estudio, que la reducción de la monetización del déficit, conlleva a una Política Fiscal más efectiva. Señalando que si se extrapolan estos resultados al ámbito de la Unión Monetaria, donde la independencia del Banco Central respecto a la financiación del déficit público es mayor, se puede concluir que la política fiscal puede convertirse en un importante instrumento de estabilización para los países del euro, donde los gobiernos desearán alcanzar posiciones de equilibrio o superávit presupuestario para asegurar la mayor efectividad de la política fiscal como instrumento estabilizador de la economía.

Esta investigación tiene concordancia con la investigación planteada, por cuanto se pretende analizar las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, a fin de estudiar la efectividad de la política fiscal como instrumento estabilizador en la economía venezolana, considerando la sostenibilidad fiscal, a fin de obtener un mejor logro en el bienestar social, tomando en cuenta las variables objeto de estudio.

También Pérez (2001), en su investigación titulada: “Efectos macroeconómicos de la Composición del Gasto Público”, tuvo por objetivo analizar desde un punto de vista tanto empírico como teórico, los efectos macroeconómicos del consumo público empleado en la explotación y mantenimiento del capital público productivo; estudiando los efectos sobre el crecimiento económico de un subconjunto de partidas de consumo público, usando datos estadounidenses. Y el tipo de investigación fue un estudio analítico, basado en una investigación empírica, de carácter documental bibliográfico.

Por lo tanto, concluye que la inversión pública favorece el crecimiento económico e incentiva la inversión privada, encontrándose efectos opuestos para el componente de consumo público (efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión privada), y donde la consecuencia de estos resultados en términos de Política Económica, se pone claramente de manifiesto con la siguiente comunicación de la Unión Europea (1998): “La disciplina presupuestaria no puede ser cuestionada por la tendencia actual a dar una mayor prioridad a la inversión pública, y por ello, propugna una reorientación del gasto público a favor de la inversión y en detrimento de los gastos corrientes”.

La investigación de Pérez, está en concordancia con la investigación objeto de estudio, por cuanto se pretende realizar un análisis de la política fiscal a través del gasto público, específicamente el gasto social y su incidencia de la inversión pública, a fin de generar altos niveles de bienestar en la población venezolana.

Por su parte, Arenas y Guzmán (2003), en su investigación titulada “Política Fiscal y Protección Social: Sus vínculos en la experiencia Chilena”, cuya finalidad fue evaluar la política fiscal y su impacto en la protección social de la población, a través de la reducción de los niveles de pobreza. Y la metodología utilizada estuvo enmarcada bajo la modalidad de un estudio evaluativo de carácter documental, ya que en la investigación se evaluó el impacto que ha tenido la aplicación de políticas fiscales eficientes para el logro de mejoras del nivel socioeconómico de la población chilena, apoyada en fuentes documentales.

Asimismo, afirman que la política fiscal en conjunto con la política monetaria y cambiaria, ha desempeñado un papel crucial en la generación de las condiciones para el crecimiento económico del país, siendo el crecimiento un pilar fundamental para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo.

En particular, la política fiscal ha favorecido el crecimiento económico por medio de su rol estabilizador de corto plazo y por medio del compromiso de sostenibilidad en el largo plazo. Esto se ha potenciado, entre otros factores mediante la generación de espacios para la iniciativa productiva del sector privado y la creación de bases estructurales y regulatorias adecuadas. De allí, que la política fiscal ha cumplido un rol preponderante en lo que se refiere al financiamiento del gasto social, representando este último más del 70% del gasto público total en 2002.

En forma complementaria al desarrollo económico, el Estado junto con el sector privado tiene una responsabilidad en el desarrollo social y cultural a través del apoyo a la generación de mayores oportunidades para las personas y la construcción de una red de protección social, especialmente a los que no tienen acceso adecuado a los bienes y servicios básicos y que se encuentran mas marginados.

Por tal motivo, se concluye, que el manejo de las finanzas públicas con un enfoque intertemporal y contracíclico como elemento central, como una estrategia de protección social, es determinante para la consecución de un manejo eficiente de la política fiscal, ya que el rol de la misma, en el diseño institucional de los sistemas de protección social es clave, no solo para el financiamiento estable y sostenido de estos programas en el tiempo, sino que implementando diseños institucionales que sean consistentes con las capacidades financieras y fiscales y que con eficiencia cubran las necesidades de los más desprotegidos.

La presente investigación, tiene relación con la investigación objeto de estudio, por cuanto se pretende realizar un análisis del impacto de la política fiscal en la consecución del bienestar social de la población venezolana, es decir, de qué manera la aplicación de políticas fiscales, tomando en cuenta el crecimiento económico, el rol estabilizador de la economía y la sostenibilidad fiscal, ha afectado positivamente en mejoras de la calidad de vida de la población venezolana, y qué tan eficientes han sido esas políticas publicas, a través del gasto social para la solución de los problemas puntuales de los sectores más vulnerables.

2.1.2. Antecedentes Nacionales de la Investigación

Fernández (2003), en su investigación titulada: “Gasto Público Social en Venezuela. Período: 1990-2002” señaló como objetivo, analizar las funciones del gasto público y realizar una revisión empírica del gasto social en Venezuela. El tipo de investigación estuvo enmarcado bajo la modalidad de un estudio documental, apoyado en una investigación analítica de carácter empírico, porque el mismo está basado en fuentes bibliográficas y datos estadísticos.

El estudio presentó como conclusiones, que el desempeño de la gestión del gasto público con relación al logro de la disciplina fiscal, se considera deficiente, ya que el país cuenta con un déficit de carácter estructural, que ha venido incrementándose en los últimos años. Asimismo, la volatilidad de los ingresos petroleros y su tendencia de largo plazo al descenso, no ha logrado ser contrarrestada, ni compensada, con los ingresos fiscales internos, de allí el déficit estructural mencionado.

En parte, esto se explica por la contracción de la actividad económica y porque no se han puesto en práctica adecuadas reglas del juego proclives a la disciplina fiscal. Esta situación genera importantes problemas sociales en el país, ya que la población más vulnerable se ve afectada por los desequilibrios macroeconómicos, que atentan contra la creación de oportunidades de trabajo, incrementando la exclusión social. Y dentro de este ámbito, el autor concluye que el gasto público total en Venezuela, al igual que los ingresos fiscales, tienen un comportamiento volátil y una tendencia de largo plazo a disminuir. Por tal motivo, el gasto social en Venezuela, tiene un comportamiento pro-cíclico, situación que tiene efectos negativos con relación a la distribución social. Asimismo, no se cuenta con mecanismos institucionales efectivos que permitan disponer de ahorros para contrarrestar los efectos de los “shocks” negativos de la economía. De allí, que se necesite un diseño institucional transparente con un mínimo de riesgos, que aumente la probabilidad de que el gasto público sea distribuido adecuadamente y que el mismo pueda contribuir al logro de los objetivos relacionados con el bienestar social y la equidad.

Este trabajo se asocia con el tema objeto de estudio, por cuanto se pretende realizar un análisis de la política fiscal y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, para conocer el comportamiento de la misma y cuán efectiva ha sido su aplicación para la generación de una distribución más equitativa del ingreso en la población venezolana, tomando en cuenta la volatilidad de los ingresos fiscales, durante el período 1988-2006.

Por su parte, Contreras (1988), en su investigación titulada “Efecto de la Redistribución del Gasto Público en Venezuela. Periodo: 1970-1985”, cuya finalidad fue evaluar las implicaciones de la redistribución del gasto público en Venezuela, tomando en cuenta tres periodos. Y el mismo se enmarca dentro del tipo de investigación evaluativo, de carácter documental apoyado en un estudio empírico, por cuanto se utilizan datos estadísticos para la realización de la evaluación del tema objeto de estudio.

Entre sus conclusiones señala, que a la luz de las cifras analizadas, se estima como promedio general que un 40% del gasto total realizado por el gobierno, tuvo efecto redistribuido en la sociedad venezolana, durante el período 1970-1985. Al considerar tres periodos, se observó lo siguiente: durante los años 1970-1973 el efecto redistribuido del gasto alcanzó 47,6%. El segundo periodo 1974-1978, sufre una contracción en dicho efecto al colocarse en 32,3%. Finalmente, durante el período 1979-1985, el valor promedio del gasto distributivo alcanza el 43%. Estos gastos de redistribución, reflejan la preocupación de parte del Estado por atender los programas que eleven el nivel educacional, la salud y la calidad de vida del venezolano, traducido en bienestar social de la población venezolana.

Este estudio realizado por Contreras, tiene relación con la investigación objeto de estudio por cuanto se analizará la distribución del ingreso en Venezuela entre los sectores más sensibles y susceptibles de la población, entre ellos, el sector salud, educación, empleo, entre otros, tomando en cuenta el impacto que generan la aplicación de esas políticas fiscales sobre el bienestar social de la población.

Almeida (1997), en su trabajo titulado: “Efectos del Crecimiento y de las Políticas de Desarrollo, en la Pobreza y en la Distribución del Ingreso: El Caso de Venezuela. Período: 1989-1994”, El presente análisis se concentra en el sector real de la economía y su objetivo está dirigido a evaluar cómo ha sido el proceso de crecimiento en Venezuela en términos de distribución del ingreso y pobreza, todo lo cual contribuye a determinar la distancia a la que el país se encuentra del desarrollo económico como tal. Y la metodología utilizada se caracterizó por ser de carácter documental, apoyada en una investigación evaluativa.

Asimismo, se consideran aspectos relacionados con cambios en el bienestar de los trabajadores y en las oportunidades de empleo, además de los cambios estructurales de la economía, de acuerdo a la evolución de los diferentes sectores.

El autor concluye, que las políticas adoptadas, no sólo pusieron a la economía más lejos del desarrollo económico en términos de pobreza y distribución del ingreso, sino que también la expansión del producto, se sustentó en actividades que no contribuyeron a derrumbar el principal obstáculo a la expansión de la oferta, es decir, la disponibilidad de medios de pagos externos. De igual manera, la economía venezolana no ha alcanzado el cambio que se esperaba respecto a la estructura de producción que apunte a una mayor participación de las exportaciones no tradicionales, para incrementar los ingresos nacionales. Y esto ha traído como consecuencia, pérdida del salario real y el aumento en los niveles de pobreza.

Esta investigación se relaciona con el tema objeto de estudio, puesto que una de las causas de la vulnerabilidad fiscal en Venezuela es la falta de ingresos propios por concepto de exportaciones no tradicionales, es decir, que los ingresos para cubrir el gasto público y los intereses de la deuda, no dependan exclusivamente de los ingresos petroleros, ni de la emisión de deuda, ni que se recurra a la devaluación para cubrir el déficit fiscal, entre otros.

Ochoa y otros (2002), en su trabajo titulado: Consideraciones Metodológicas para la Evaluación de la Sostenibilidad y Vulnerabilidad Fiscal”, la presente investigación tuvo como objetivo fundamental, la revisión de las metodologías para la construcción de indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal, realizándose una evaluación comparativa en el caso de los indicadores de sostenibilidad. Con relación a la metodología aplicada, fue una investigación de tipo evaluativo, apoyada en una investigación documental bibliográfica, de carácter empírico.

Concluyen estos autores, que una política fiscal es sostenible cuando ella no conduce a una acumulación excesiva de pasivos, definida en términos de la disposición de los inversionistas a adquirir deuda pública en los mercados voluntarios de crédito. Y la vulnerabilidad se refiere al grado de exposición de la política fiscal a factores económicos, políticos y sociales que puedan comprometer el logro de sus objetivos, y en consecuencia, su sostenibilidad. Estos objetivos podrían ser de naturaleza macro-fiscal o micro-estructural. De aquí la importancia de combinar el análisis de sostenibilidad con el de vulnerabilidad cuando se evalúa una determinada política fiscal.

La evaluación de la vulnerabilidad fiscal requiere de una mezcla de indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre estos indicadores de vulnerabilidad a tomar en cuenta en el caso de países dependientes de los ingresos petroleros, entre ellos, Venezuela, se encuentra la volatilidad de los precios del petróleo. Sin embargo, dado que este recurso se agota en el tiempo, se hace necesario tomar en cuenta este indicador, no solo como indicador de vulnerabilidad, sino también de sostenibilidad de la política fiscal en el largo plazo.

Esta investigación se vincula con la investigación objeto de estudio, debido a que al analizar las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, es necesario estudiar qué tan sostenible en el tiempo es la misma, y de igual manera, se analizará el grado de vulnerabilidad de la economía venezolana, tomando en consideración la volatilidad de los ingresos petroleros, debido a la fluctuación de los precios del petróleo, y si esta volatilidad afecta negativamente la redistribución del gasto público, específicamente el gasto social, para la consecución de mejoras en los niveles socioeconómicos de los sectores más desprotegidos.

Finalmente, Graterol y otros (2004), en su trabajo titulado: La Política Económica Instrumental en Venezuela: Periodo: 1999-2002, señalan que el objetivo de la presente investigación es describir las políticas económicas instrumentales (fiscal, monetaria y cambiaria), en Venezuela durante el período 1999-2002. La metodología fue descriptiva y documental y las técnicas de observación, fueron la observación y el análisis de documento.

Concluyendo, que en Venezuela las políticas económicas elaboradas por los gobiernos de turno, han sido caracterizadas por un alto e incidente protagonismo de la política fiscal y en correspondencia, las políticas monetarias y cambiarias acordes con ella, derivadas de la inmediatez de los vaivenes ocasionados por los shocks petroleros, que aumentan y/o disminuyen en forma definitiva el presupuesto público y los recursos con los que ha de contar la nación para direccionar la puesta en marcha de la actividad económica y así contrarrestar las tendencias que imposibilitan en un momento dado, mejores condiciones de empleo, estabilidad de precios y búsqueda del crecimiento económico, que redunde en mayores beneficios para la población venezolana.

Como se puede evidenciar, todas estas investigaciones citadas, aportan elementos sustantivos, en el plano de la teoría, de la epistemología, de la ontología, y en los planos propositivos estrechamente relacionados con la presente investigación, puesto que todas dan cuenta de una interesante discusión acerca de los efectos de las políticas fiscales, sobre el comportamiento de las más importantes variables que definen el bienestar social de la población del país.

2.2. Fundamentación Epistemológica de la Investigación

En esta parte se pretendió desarrollar una discusión sustentada a nivel del trabajo doctoral, donde se incluyen los aspectos constitutivos del discurso teórico, que incluyen el paradigma crítico, los referentes del objeto de estudio, las teorías que fundamentan la investigación, y las categorías de análisis, tal y como se desarrollan seguidamente.

2.2.1. El Paradigma Crítico en la Construcción del Conocimiento Económico

El paradigma crítico es una corriente filosófica creada por Immanuel Kant, cuya obra se desarrolló durante el período crítico de la Modernidad, entre 1763 y 1795. Esta tendencia filosófica consiste en someter a la crítica, los resultados de la propia actividad mental y de toda experiencia humana en general, con la finalidad de establecer sus límites, su validez y su posibilidad. Al respecto, señala Gómez (2005), que:

Uno de los desafíos que implica la noción de pensamiento crítico, se refiere a la superación de la dificultad que significa desligarse de los prejuicios con que se abordan creencias, ideas o situaciones. Estos juicios previos y rígidos impiden hacer un análisis crítico de temas y situaciones desde otras perspectivas. Esta debilidad supone desarrollar una actitud crítica, reflexiva y abierta al juicio propio y al ajeno (p. 2).

Conforme a esta referencia, el pensamiento crítico se fundamenta en la razón y la reflexión por parte del investigador para dar cuenta de la realidad, pues la criticidad implica un proceso cognitivo complejo que reconoce la supremacía de la razón sobre otras dimensiones del pensamiento.

Es así como Fonseca (1997), explica que:

La investigación crítica, busca iniciar una dinámica centrada en el desmontaje de las formas tradicionales del pensar/actuar y de sus consecuencias sociopolíticas. Y la misma se pronuncia por el desarrollo de una práctica orientada hacia el diseño de caminos no transitados, innovadores, alternativos, que retome la relación pensamiento/acción y pueda generar nuevas formas de intervención para aprehender y transformar lo real (p. 154).

En efecto, toda crítica debe ser un proceso intelectual orientado al estímulo individual, donde haya una racionalidad compartida y una búsqueda de una integración ideológica, dispuesta a difundir los procesos de ruptura y emancipación a nivel de todos los espacios y dimensiones de la realidad, donde su valor sea el encuentro con la verdad y se construyan nuevos caminos no explorados. Por estas razones, toda intencionalidad de analizar la política fiscal y otras políticas macroeconómicas y su impacto del bienestar social de la población venezolana, debe fundamentarse en la crítica y auto-observación de la realidad construida, para poder avanzar más allá del proceso cognitivo hacia nuevas formas de exploración y aprendizaje.

En ese sentido, la función de analizar las políticas públicas, es medir el impacto que genera la aplicación de esas políticas, en el bienestar social de la población venezolana, y de allí, propiciar la crítica como herramienta para estimular el pensamiento económico. Al respecto, Paúl y otros (2001), señalan que “el pensador crítico debe permitir formularse interrogantes, detectar problemas, evaluar y recabar información relevante e interpretarla, a través de la hermenéutica, así como llegar a conclusiones o soluciones razonables” (p. 316).

Así, el pensamiento crítico asegura que el evaluador de la política fiscal y su impacto en el bienestar social, use el razonamiento más adecuado dentro de un complejo proceso de aprendizaje compartido. Ello implica, tener una mente abierta y flexible, ser capaz de analizar, reconocer implicaciones y supuestos, así como también prever las consecuencias derivadas de las acciones emprendidas. De este modo, Kant (citado por Paz: 2003), plantea que la mente debe criticarse a sí misma, en tanto:

La razón humana debe proceder a una autocrítica, estableciendo de una vez por todas, cuáles son los límites de su radio de acción (y más allá de los cuales solo podría aventurarse abandonando, obviamente, toda pretensión de certeza)… hay en la psique humana un impulso irresistible a superar el ámbito de la experiencia verificable… (p. 4).

El presente planteamiento, precisa la capacidad del pensador crítico para promover el alcance del razonamiento, más allá de la certeza y de la verificación, pues todo pensamiento crítico termina en una inferencia de modo consciente, una conclusión, una hipótesis y la justificación o evaluación concomitante que la sustenta.

Es así como Leal (2003), proclama que la plataforma básica de las decisiones tomadas, está dada por la información, el conocimiento previo y otras referencias aceptadas con anterioridad. Entonces, la conexión entre la base de nuestras decisiones y éstas se constituyen por la inferencia (p. 13).

Por estas razones, existe una estrecha relación entre la identificación y resolución de problemas y la toma de decisiones, en el campo del análisis de la política fiscal y otras políticas macroeconómicas y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, puesto que en ambos casos, se hace un uso profundo del pensamiento crítico, a través del proceso de producción de conocimientos, donde este conocimiento debe estar presente, en mayor o menor medida, en las distintas maneras de enfrentar la situación problema, que exige un conocimiento teórico de la realidad Al profundizar un poco más acerca de la perspectiva filosófica crítica, esta concepción del mundo aporta Habermas (1989):

Que las ideas y las conductas de las personas y los procesos de contraste y comunicación de las mismas, no son neutrales, puesto que la crítica implica reconocer la relación íntima que existe entre intereses y conocimientos, de manera, que las deformaciones y limitaciones que se tienen como consecuencia de nuestras concepciones sobre el mundo, no son sólo el resultado de una visión más o menos simplificadoras de la realidad, sino que también son la consecuencia de nuestros particulares intereses como individuos y grupos sociales (p. 53).

La importancia de esta reflexión en el campo de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, no se limita al hecho de reconocer la existencia de intereses vinculados al conocimiento, ni tampoco a que ambos fenómenos se generan habitualmente en el marco de estructuras dinámicas de dominación y de poder, que provocan la interiorización acrítica de una parte importante de las concepciones de las políticas públicas; aspectos que también se pueden poner en evidencia, en mayor o menor medida, desde las otras perspectivas teóricas analizadas, sino que dicha importancia radica también en que sitúa en primer plano el problema de los fines y recursos, la toma de decisiones y la acción conjunta del Estado con otros sectores. No basta con construir y complejizar el conocimiento, finalmente hay que decidir qué hacer, por qué hacerlo y para qué hacerlo.

De igual manera, para Hessen (1989), el criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada acepta con indiferencia, en tanto constituye una postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. En este sentido, Kant, citado por Hessen (ob.cit.) acota:

El criticismo es aquel método de filosofar de las fuentes, de las afirmaciones y objeciones propias, y de las razones en que los mismos se apoyan; método que ofrece la esperanza de alcanzar la certeza. Su proceder no es dogmático, ni escéptico, sino reflexivo y crítico. Es el medio perfecto entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica (p. 32).

Toda esta acotación permite inferir, que el pensamiento crítico conduce a la construcción de nuevas maneras de leer la realidad, en tanto, en sí mismo es una opción epistemológica para responder a las problemáticas sociales, económicas y políticas.

Por lo tanto, el pensamiento crítico se ha convertido en un punto de referencia epistémica para la búsqueda de nuevos modos de concebir y evaluar realidades complejas, y de modo más específico, en una valiosa herramienta para desentrañar los entramados teóricos y económicos de las políticas públicas.

De este modo, la criticidad en el campo de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, alude a una postura interpelativa y respondiente del investigador, que implica una reacción generada desde un acto de reflexión consciente y responsable de todos los sectores comprometidos con las políticas macroeconómicas y el bienestar social, la cual puede desencadenar en acciones dirigidas a revelarse contra las causas que provocan resultados no esperados en el campo de esas políticas.

Por otra parte, el pensamiento crítico según Ennis (1985), se caracteriza “por manejar las ideas desde la interpelación; su principal función no es generar concepciones teóricas, sino revisarlas, evaluarlas y repensarlas, es decir, que es lo que se entiende para poder procesarlo y comunicarlo, ya sea en forma verbal, matemático o lógica” (p. 23).

En otras palabras, si se profundiza aun más acerca de esta temática, se puede concluir, que pensar la realidad en forma crítica significa asumir una postura reflexiva, donde se examine la estructura de los razonamientos sobre temas de la realidad, que tenga una doble vertiente analítica y evaluativa, e intente superar el aspecto mecanicista del estudio de la lógica, y en consecuencia, intente entender y evaluar los argumentos en sus hábitat naturales como por ejemplo: lo económico, social y político, igualmente ayude a interpretar ideas complejas y evalúe evidencias a favor de un argumento y distinguir entre lo razonable y lo no reflexivo.

Otro aspecto significativo, es que el pensamiento crítico se refiere a no sólo pensar, es todo un proceso de razonamiento que trata de solucionar problemas identificando siempre cada punto de vista y siendo imparcial al escuchar las valoraciones de los diferentes sectores de la economía, aspectos inherentes al proceso estructural y que constituye una herramienta para optimizar la acción dialógica en el proceso económico.

Finalmente, para lograr el desarrollo de la criticidad, es necesario la práctica regular para adquirirlo, el mismo es posible a partir de la incorporación y utilización en todas las disciplinas del saber, en vista que está dirigida a abrir la percepción de un mundo lleno de ideas que no podrán reconocer, a menos que sean capaces de aceptar que otros pueden emitir reflexiones críticas en forma diferente.

De este modo, si se profundiza aun más acerca de esta temática, se puede acotar, que pensar de forma crítica, implica según Paúl y otros (ob. cit.), “mostrar disposición y compromiso para pensar por sí mismo, es decir, autónomamente, con independencia mental; ello alude entender el mundo desde la curiosidad intelectual” (p. 314).

Es por ello, que en el campo de la economía, es necesario poseer conciencia de la necesidad de dirigir las ideas, escuchar las opiniones y los puntos de vista acerca de la aplicación de las políticas públicas, desde la óptica del coraje intelectual.

El teórico referido anteriormente, también señala, que la criticidad en el pensar del investigador provee la habilidad para razonar y no depender de las referencias de los propios sentimientos, e intereses de los sectores, comunidad o nación, pues ser crítico, implica la adherencia a normas intelectuales, sin referencia a los propios avances o al progreso económico.

2.3. Referentes Teóricos de la Investigación

2.3.1. Relaciones Ontológicas existentes entre Individuo, Estado y Sociedad

Las relaciones ontológicas implican el estudio del ser, del individuo, y cuando este individuo se relaciona con la sociedad y el Estado, conlleva una serie de factores relacionados con la interacción del individuo como ser social y la manera de organizarse dentro de esa sociedad, donde el Estado representa la forma más importante de organizar la sociedad y el cual es el principal responsable de la articulación política de esa sociedad y a su vez, el individuo representa un rol protagónico dentro de esas relaciones de dominación ejercidas por el Estado. Por tal motivo, toda sociedad, desde el grupo más pequeño hasta los modernos Estados, implica una forma de organización: un conjunto de pautas de conducta que definen como deben ser las relaciones entre sus miembros.

Este orden social no viene determinado por la naturaleza, sino que son las personas las que lo crean y modifican, dando lugar a diferentes formas de organización social. Estas formas han ido aumentando su complejidad a medida que lo han hecho también los problemas a los que cada sociedad debe enfrentarse. Ahora bien, debido al mismo hecho de la necesidad del individuo de organizarse, es cuando se establecen las relaciones de dominio y poder, y la institución que representa y ejerce el poder político es el Estado, cuya existencia y relación que mantiene con los individuos y la sociedad son algunas veces problemáticas y objeto de discusión.

El término Estado según Sánchez (2005), tiene su origen en la sociedad política a partir del siglo XVI, época en que nace el concepto de Estado por obra de las Teorías de Maquiavelo y de los movimientos de transformación política de Europa en esta época. Con anterioridad se utilizaban los términos polis, entre los griegos, civitas entre los romanos, y regnum o imperium, entre los medievales, pero ni la polis griega, ni la civitas romana, ni tampoco las organizaciones políticas feudales del mundo medieval, eran Estados en el sentido moderno, ya que carecían de los atributos fundamentales del Estado (p. 25).

La misma autora señala, que el Estado como institución representa el poder político, es decir, la potestad y legitimidad para organizar la sociedad en función de la separación en función de los diversos poderes que la integran: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nacido el Estado para proteger la seguridad de los ciudadanos, por lo que se le añade como misión propia, la defensa de sus libertades: surge así durante los siglos XIX y XX, el Estado de Derecho, o Estado protector de las libertades públicas y del bienestar social, con sus diferentes posibilidades de interpretación.

De igual manera, en la política de Aristóteles, él califica al ser humano, como un ser social por naturaleza. De allí que el origen de la sociedad y de la comunidad política, es algo natural, espontáneo, consecuencia de la imposibilidad de sobrevivir y llevar a cabo la vida diaria si no es en contacto con los demás: las personas no pueden desarrollar aisladamente sus capacidades y tampoco alcanzar su propia identidad sin estar en relación con otros.

En virtud de lo anteriormente señalado, es necesario destacar, que el hombre, desde sus orígenes siempre ha existido en sociedad, desde los grupos nómadas de recolectores y cazadores, hasta las sofisticadas y complejas interrelaciones en los grupos contemporáneos. Dentro de este marco de acción, cabe destacar, que Jurgen Habermas (representante del Paradigma Crítico), conceptualiza la sociedad, ya no sólo dominada por la razón de acuerdo a fines o racionalidad teleológica, ni con valores predominantes con el valor de la ciencia, el valor de la moral y el valor de la religión, para él la sociedad es una integración de valores y la razón pura por medio de la comunicación, que es lo que utiliza para lograr dicha integración. Habermas parte de tres concepciones teóricas, una evolución social, como un devenir de la especie humana, como un proceso evolutivo continuo, asimismo, le da a la acción social una corporeidad, el cuerpo sujeto-humano pierde importancia, en cuanto al concepto de sistema, lo plantea como sistema social trans-subjetivo de procesos de aprendizaje en crecimiento, con lo anterior el sujeto es cambiado por una estructura que está más allá de la subjetividad, proponiéndolo como una situación de comunicación.

En concordancia con el planteamiento anterior, en virtud a la relación individuo-estado-sociedad, cabe destacar, que el hombre es un ser social, ya que es parte siempre de una sociedad, donde una sociedad es el conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas y perdura en el tiempo, ya que recoge el pasado y prepara el porvenir. De allí que toda sociedad debe buscar el bien común, y éste abarca el conjunto de condiciones de la vida social, con los cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, es decir, la búsqueda del bienestar social, donde el Estado juega un papel importante, ya que el Estado es la organización o estructuración política (pública) de dicha sociedad. Siempre que hay sociedad hay Estado aunque no exista una constitución o carta magna.

El Estado se funda en la propia naturaleza humana y su existencia implica la autoridad y pertenece al orden previsto y por ello, debe desarrollarse dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común concebido dinámicamente. Significa entonces, que el Estado debe buscar la consecución del beneficio colectivo de la sociedad y del individuo como tal, es decir, debe tender siempre a formar un tipo de hombre culto, capacitado, benévolo respecto de los demás para provecho de toda la familia humana. En virtud de ello, la organización política o sea, el Estado, debe contener por tanto, los derechos y deberes de los miembros de la sociedad, el ejercicio de la soberanía, los instrumentos que sirven para buscar el bien común y las estructuras de poder y su funcionamiento.

En el orden económico es importante que el Estado conserve la función social y el libre mercado debe estar limitado en materia de distribución de bienes y beneficios por la intervención del Estado, especialmente siguiendo el principio de proteger a los ciudadanos y grupos más vulnerables y desarrollar entre los ciudadanos el principio de solidaridad. Es por ello, que el elemento de solidaridad, de justicia social, equidad y de dignidad humana está por encima de todo, y esto es necesario tenerlo en cuenta en el momento de concebir un Estado moderno, donde el bienestar del individuo y colectivo, sea el norte del mismo, a través de la ejecución de políticas públicas efectivas.

2.3.2. Políticas Fiscales y otras Políticas Económicas como Instrumento de Gestión Macroeconómica

Las políticas fiscales, constituyen decisiones tomadas por el gobierno nacional que implican tanto el financiamiento y uso de recursos y gastos, así como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental necesarios para el logro de los objetivos macroeconómicos propuestos. Los instrumentos de la política fiscal son, los ingresos públicos y el gasto público. Con relación a los ingresos públicos, la fuente más importante de estos ingresos, son los diferentes tipos de impuestos aplicados en la economía, aunque también en algunos países, existe otro tipo de ingreso que son los ingresos provenientes de recursos naturales, entre ellos, el petróleo. Estos impuestos según Larraín y Sachs (2002):

Pueden clasificarse en tres categorías como son: impuesto sobre la renta de personas y empresas, que incluye el impuesto provisional sobre los salarios, los impuestos al gasto, que incluyen el impuesto a la compraventa, los impuestos específicos y los aranceles a las importaciones y los impuestos a la propiedad, que abarcan una amplia variedad de gravámenes a casas y edificios, terrenos agrícolas y residenciales y herencias (p. 510).

Estos impuestos también son llamados directos e indirectos, los directos son los que se aplican directamente sobre las personas naturales y jurídicas (como el impuesto sobre la renta) y los impuestos indirectos son los aplicados a bienes y servicios, como el impuesto al valor agregado (IVA).

Existen otros tipos de Ingresos del gobierno, entre los cuales se tienen, los ingresos de capital, que según Massad (2000), “constituyen la venta de activos físicos o de valores mobiliarios, (acciones, bonos), y la recuperación de préstamos ligados a la gestión gubernamental” (p. 264). También están los Ingresos Extraordinarios, que se originan por incremento en los precios de algunos rubros de exportación.

Con relación al gasto público, éste constituye un componente de la demanda agregada del gobierno, y según el mismo autor, se puede agrupar en cuatro categorías: 1) Consumo del gobierno, representado por los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos, así como el pago por bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente, 2) Inversión del gobierno, constituido por los gastos de capital, y a su vez incluyen la inversión real y financiera, más las transferencias de capital. La Inversión real es la que hace el gobierno en activos físicos que contribuyen al stock de capital físico de la economía. La inversión financiera considera la concesión de préstamos con fines de política económica y la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros.

Por último, las transferencias de capital, son los aportes a organismos del sector público o privado con fines de inversión. 3) Transferencias al sector privado, incluye las pensiones de retiro, el seguro de desempleo y otros beneficios de bienestar social a la población, 4) Intereses sobre la deuda pública, también llamado el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses sobre préstamos a organismos a nivel mundial y también en el ámbito nacional, como el sector financiero bancario. En ocasiones, este gasto fiscal se suele dividir en sólo dos grupos, los gastos corrientes, que comprenden el pago de salarios y la compra de bienes y servicios, intereses pagados y transferencias, por una parte; y los gastos de capital o inversión, por la otra.

Cabe destacar, que a nivel mundial, el gasto del gobierno total relativo al PIB aumentó drásticamente durante el siglo XX, no sólo en países de América Latina, sino también en países industrializados y los mismos han visto duplicarse la razón del gasto gubernamental a PIB desde 1938, tales como Holanda, Francia y Estados Unidos, entre otros. Por tal motivo, el economista alemán del siglo XIX Adolph Heinrich Wagner, predijo el aumento a largo plazo de la participación del gasto del gobierno en el PIB y su formulación se conoce desde entonces como la Ley Wagner.

A continuación se presenta en la Tabla 1, según Larraín y Sachs (ob. cit), la estructura de los egresos del gobierno en varios países desarrollados y en desarrollo, obsérvese que una gran cantidad va a partidas de gasto corriente, mientras que la inversión se lleva una porción muy pequeña del gasto, por lo general, inferior al 10%, con excepción de los países del Sudeste Asiático, (Corea del Sur, Malasia y Tailandia) que tienen un porcentaje bastante significativo, 17,5%; 22,4% y 44,9% respectivamente. En contraste, con los países desarrollados presentados en la Tabla (USA, Francia, Alemania y Reino Unido), que destinan un porcentaje menor del 5% a gastos de capital. También se observa, que varios países subdesarrollados, como Argentina, Brasil, México y Venezuela, destinan una alta proporción de su presupuesto, al servicio de la deuda, tanto externa como interna.

Tabla 1

Estructura de Gastos del Gobierno Central en países seleccionados

(Porcentaje del gasto total, finales de la década de 1990)

GASTO CORRIENTE

_______________________________________________

Consumo

País Año Salarios Bienes Pago de Subsidios GASTO DE

Y Serv. Intereses y Transf. CAPITAL

____________________________________________________________________________________

USA 1999 8,4 12,5 13,5 60,9 4,6

Francia 1997 15,9 7,7 6,6 65,3 4,3

Alemania 1998 7,7 24,1 7,1 58,2 4,4

Reino Unido 1999 5,9 22,7 7,6 58,5 3,8

Corea del Sur 1997 10,3 11,3 2,3 39,4 17,5

Malasia 1997 25,5 14,6 11,7 22,9 22,4

Tailandia 1999 23,7 13,8 3,6 6,4 44,9

Argentina 1998 14,8 5,2 14,6 57,9 8,1

Brasil 1997 8,0 6,8 10,8 49,5 2,1

México 1998 17,3 7,4 15,0 50,2 12,2

Venezuela 1999 13,5 5,1 10,4 47,6 7,8

Fuente: FM, Government Finance Statistics Yearbook, 2000.

En ese sentido, cabe destacar que el presupuesto público o fiscal, según Samuelson (2000), desempeña tres grandes funciones económicas, en primer lugar, es un instrumento por medio del cual el gobierno puede establecer las prioridades nacionales, repartiendo la producción nacional entre el consumo y la inversión privada y pública y dando incentivos para aumentar o reducir la producción en determinados sectores. Desde el punto de vista macroeconómico, el presupuesto afecta a través de la política fiscal, a los objetivos macroeconómicos clave. Por tal motivo, los gobiernos utilizan la Política Fiscal, con el fin de ayudar a amortiguar las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuir a mantener una economía creciente de elevado empleo y libre de una alta y volátil inflación.

En ese orden de ideas, el presupuesto público se compone de los ingresos y gastos del gobierno, y que la diferencia entre los ingresos totales, excluidos los préstamos obtenidos y los gastos totales, nos da el superávit fiscal si tal diferencia es positiva; o el déficit fiscal si es negativa. Este saldo final es el que determina la variación en la posición neta de activos del gobierno y define sus necesidades de financiamiento, y el mismo depende del nivel de ingresos de la nación.

Con relación al déficit fiscal, éste constituye un grave problema económico para los pueblos, puesto que las naciones para cubrir sus deficiencias de liquidez, toman varias alternativas, entre ellas, la emisión de deuda pública, a través de venta de bonos de la deuda, el financiamiento externo o interno, a través de préstamos de la banca internacional o nacional, la devaluación y el señoriaje, entre otros, y cada uno de ellos repercute negativamente sobre la economía nacional. Cabe destacar, que el señoriaje, definido por Larraín y Sachs (ob. cit), es “la emisión monetaria por parte del gobierno para obtener un flujo de recursos reales, llamado también creación de dinero inorgánico, y esta creación de dinero, origina un mayor proceso inflacionario, dado que representa un financiamiento inflacionario” (p. 336).

Tal como lo plantea Massad (2000), “cuando el incremento en el gasto fiscal se financia con emisión de dinero, aumenta la base monetaria, y con ella la oferta monetaria total de la economía” (p. 252). El mismo autor señala, que esta situación generará un exceso de oferta monetaria considerable, el efecto es un aumento de la inflación y generalmente un deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esa inflación adicional reduce el poder adquisitivo de los saldos monetarios en poder del sector privado, transfiriéndolo al consumidor. Este es el impuesto inflación. Y en consecuencia, disminuye la calidad de vida de la población, dado que se reduce la capacidad de compra de la sociedad De allí, que en países estables ese impuesto será normalmente bajo, pero en muchos casos, en América Latina el financiamiento monetario del déficit fiscal fue la fuente principal de financiamiento del Estado y el origen de las altas inflaciones, que en general, han caracterizado a la región. A continuación se presenta la Tabla No. 2, donde se observa a algunos países que han utilizado el señoriaje, entre los años 1980 y 1990:

TABLA No. 2

El Señoriaje en una selección de países, 1980-1990

País Como porcentaje de otros Como %

Ingresos Fiscales del PIB

Bolivia 113,56 4,80

Perú 60,00 6,36

Brasil 21,35 5,44

Turquía 19,09 4,59

México 16,28 2,75

India 15,68 2,10

Italia 14,05 3,81

Venezuela 10,82 2,64

Filipinas 7,80 1,09

Corea 7,20 1,26

Canadá 6,42 1,24

Tailandia 5,82 0,94

Estados Unidos 5,41 1,03

Alemania 5,22 1,58

Francia 4,82 1,97

Israel 4,37 2,27

Chile 4,34 1,28

Reino Unido 1,11 0,40

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, varias ediciones, 1979-1990.

Todos los países que aparecen en la Tabla No. 2, utilizaron el señoriaje aunque en magnitudes muy diferentes, entre 1980 y 1990. Obsérvese que en Alemania, Canadá y los Estados Unidos el señoriaje se ubicó entre 5% y 6% del ingreso del gobierno. En contraste, Perú usó el señoriaje para recolectar el 60% de sus ingresos fiscales, Venezuela sólo utilizó el señoriaje para recabar el 10,82% de sus ingresos, siendo también significativo. Pero el país con mayor proporción de señoriaje con respecto al ingreso fiscal total entre 1980 y 1990 es Bolivia (con 113,56%), en donde el señoriaje otorgó significativamente más recursos al sector público que cualquier otra fuente, por tal motivo, en ese período Bolivia sufrió una de las hiperinflaciones más elevadas a nivel mundial.

Dentro del contexto anterior, cabe destacar, y según lo señala Larraín y Sachs (ob. cit.), en relación al déficit fiscal, que los países de la Unión Europea en diciembre de 1991, firmaron el Tratado de Maastricht, donde uno de los principales objetivos del tratado, fue lograr cierta convergencia de las políticas económicas de los quince países que componen la Unión Europea, en tanto, los mismos establecieron varios criterios de convergencia como requisitos de admisión a la moneda única. Tales criterios fueron: Inflación, deuda y déficit fiscal, tipos de cambio e intereses nominales. En cuanto a la política fiscal, el mismo autor señala, que el criterio fue que el déficit del gobierno, planeado o efectivo, no debe nunca sobrepasar el 3% del PIB, además la deuda pública no debe superar el 60% del PIB o acercarse a ese límite. Para fines de 1999, prácticamente ninguno de los miembros potenciales de la Unión Monetaria Europea, tenía una deuda pública bruta inferior al valor de referencia.

En términos generales, se ha considerado que el Tratado de Maastricht fue la principal influencia en la mejora de los indicadores fiscales europeos durante los años noventa, y que jugó un papel preponderante en detener la creciente proporción del gasto del gobierno en el PIB.

Resumiendo lo antes señalado, cabe destacar, que un aumento del déficit genera un aumento de la deuda pública, ya que los déficits se financian mediante préstamos, entre otros, y estos crecientes déficits se deben a un aumento de los gastos del estado, más que a una disminución de los ingresos, por tal motivo, el déficit excesivo contribuirá a reducir el nivel de ahorro nacional, a desplazar la inversión privada y a generar grandes déficits de cuenta corriente. Un fuerte endeudamiento con el exterior para financiar el déficit, puede crear el escenario para una grave crisis de deuda.

En virtud de ello, es importante resaltar, la diferencia entre la financiación de un determinado déficit presupuestario a corto plazo con deuda o con creación de dinero inorgánico. Tal como lo explica Dornbusch y Fischer (2002), “la financiación del déficit con dinero tiende a reducir el tipo de interés a corto plazo, en comparación con la financiación con deuda, debido a que aumenta la cantidad nominal de dinero, mientras que no ocurre así con la financiación con deuda. A corto plazo, la financiación con deuda reduce el nivel de inversión en comparación con la financiación con dinero” (p. 672).

De igual manera, los déficits también producen efectos a largo plazo, según Delong (2003):

Un aumento del déficit significa un aumento de la deuda, lo cual explica que el Estado debe más, es decir, tiene que pagar más intereses a los tenedores de bonos de la deuda. El aumento de los intereses que tiene que pagar, exige con el paso del tiempo una subida de los impuestos y esta subida, reduce la iniciativa empresarial y la actividad económica. La producción por trabajador, además de disminuir como consecuencia de la reducción de la relación capital-producto, experimenta una reducción adicional, la subida de los impuestos necesaria para financiar los intereses que hay que pagar por la deuda nacional, produce efectos negativos del lado de la oferta en la producción (p. 416).

Estos efectos negativos en la producción suceden, porque al incrementarse los impuestos, no hay incentivos para el sector productivo nacional, trayendo como consecuencia, que los costos de los insumos sean más elevados, y por ende, el nivel de precios a nivel de consumidor también se encarece, también es necesario aclarar que algunos países no sólo tienen ingresos por concepto de impuestos, sino también obtienen renta por ingresos petroleros u otros recursos naturales, pero los mismos están sujetos a shocks positivos o negativos, de acuerdo al precio del producto de exportación, si se incrementa o disminuye en el mercado internacional, debido a causas externas, las cuales afectan la estabilidad de esos ingresos a la nación.

Ahora bien, el mismo autor concluye, que un elevado déficit presupuestario produce tres tipos de efectos significativos en la economía. En primer lugar tiende a aumentar las dimensiones absolutas del Estado en relación con el PIB, es decir, lo que se vislumbra como un beneficio generado por un aumento del gasto, repercute negativamente en futuras subidas de los impuestos, necesarias para financiarlo. En segundo lugar, un aumento de la deuda nacional eleva los pagos de intereses, por lo que el Estado debe acabar recaudando impuestos para efectuar dichos pagos. Y en tercer lugar, un elevado déficit presupuestario público, frena a largo plazo el crecimiento económico y hace que el PIB real sea menor que en caso contrario.

Lo que se traduce, que a mayor déficit presupuestario, el Estado tiene menos disponibilidad presupuestaria para cumplir con sus compromisos, entre ellos, el servicio de la deuda, el pago de pasivos laborales, las transferencias, las inversiones de capital, y el cumplimiento de los programas sociales para solventar los graves problemas sociales que afectan a los países, en especial las economías en vías de desarrollo, como la pobreza crítica, la pobreza extrema, entre otros.

Ahora bien, en armonía con estas ideas, en esta parte se presenta una interesante discusión acerca de las Políticas Fiscales como instrumento de gestión macroeconómica y su articulación con otras políticas de naturaleza social, monetaria y de producción.

En lo relativo a la Política Social, se entiende la misma, como el conjunto de medidas que adopta el Estado destinadas a paliar las deficiencias sociales, a través de redes de seguridad social, las cuales comprenden el conjunto de medidas previsivas, que conducen a garantizar a los habitantes de un país, los medios económicos para lograr las condiciones mínimas de satisfacción de necesidades, con relación a la salud, educación, dotación de servicios básicos adecuados, generación de empleo, entre otros. En armonía con estas ideas, Sunkel y Paz (1981), definen la política social “como la creación de sistemas de previsión social, legislación laboral y ampliación de los servicios de salud y educación, así como los de vivienda popular” (p. 76).

En esta perspectiva, entra en juego la gestión de lo social, la responsabilidad estatal de promover y hacer cumplir los derechos sociales y en virtud de ello, los programas sociales se deben estructurar cada vez más, con base en la cooperación del sector público y sector privado, e involucrar a la sociedad civil organizada para su ejecución. Tal como lo señala el Banco Mundial (1997), “la eficacia del Estado es mayor cuando se escuchan las opiniones del sector empresarial y de la ciudadanía en general y se propicia la participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las políticas sociales” (p. 11-12).

En concordancia con lo citado, los Estados deben aplicar estrategias y acciones gubernamentales, a fin de reorientar el gasto público hacia los sectores más pobres, con la finalidad de aliviar la situación de pobreza de los grupos más vulnerables, de manera de asegurarles un nivel de vida adecuado y redes de seguridad social para los que se encuentran en situaciones adversas. En este sentido, el Banco Mundial (1990) señala, “La experiencia demuestra también que se puede reorientar el gasto público a favor de los pobres, incluso en un marco general de disciplina fiscal y dar a las transferencias una orientación más precisa hacia grupos específicos” (p. 4).

En otras palabras, se deben concentrar los recursos públicos, en servicios, programas sociales y transferencias hacia los grupos por debajo del nivel mínimo de satisfacción de sus necesidades, a fin de suministrarles servicios básicos esenciales a estos grupos en situación de pobreza, en especial, atención básica en salud, educación, atención primaria, y tratar de insertarlos en el mercado laboral. Por cuanto el Estado asume la responsabilidad de definir y ejecutar las políticas sociales, a través de los programas sociales, con el fin de reducir o atenuar los niveles de pobreza en la sociedad. Es por ello, que la función básica de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales, a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social.

Finalmente, cabe destacar, que el criterio primordial que debe seguir una política social, que realmente promueva el mejoramiento de los grupos menos favorecidos, es el de inversión social, la cual significa en lograr un adecuado funcionamiento de los servicios para todos los sectores de la sociedad, en crear la infraestructura de transporte y comunicaciones necesaria para la producción y en otorgar a la población más vulnerable, un punto de partida para superar las condiciones de pobreza en que se encuentran, a través de una educación básica de alta calidad, con una cobertura total, que no haya sectores excluidos y un estímulo a los servicios de salud e incentivos a la inversión privada para la generación de fuentes de trabajo.

Con relación a la Política Monetaria, según el Banco Central de Venezuela (BCV) (2005), “son decisiones del Banco Central que influyen sobre la oferta monetaria, las tasas de interés y las condiciones financieras de la economía. Su objetivo final es preservar el poder adquisitivo de la moneda, mediante la creación de condiciones monetarias y financieras que favorezcan la estabilidad de precios” (3). Los principales instrumentos de la política monetaria son, las operaciones de mercado abierto, los requisitos de encaje bancario y los créditos a los bancos. Las decisiones sobre política monetaria que toma el BCV, pueden influir sobre las políticas fiscales, de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado o ente público, de liquidez para cubrir sus cuentas fiscales, entre esas decisiones pueden estar, la devaluación de la moneda, la creación de dinero inorgánico, la variación de las tasas de interés, entre otros.

En otras palabras, la política monetaria comprende el conjunto de acciones dirigidas por el Banco Central, con el propósito de regular la circulación monetaria, y a través de ella, incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía. Es decir, según López-Murphy (2003), “una política monetaria se orienta a la estabilidad del nivel general de precios, minimizando los shocks sobre la actividad real, que pueden causar cambios básicos en los instrumentos cambiarios o monetarios” (p. 94).

En este contexto, cabe destacar, que la política monetaria es ejecutada a través del Banco Central, al cual le compete la preservación del valor de la moneda nacional, y en virtud de ello, procurar la normalidad y la sostenibilidad del sistema de pagos interno y externo, la existencia de condiciones financieras sanas en el país, la administración eficiente de las reservas internacionales, la función de depositario de los fondos monetarios de las instituciones bancarias, que correspondan a los encajes legales, la preservación del poder adquisitivo interno y externo de la moneda, asegurar la continuidad de los pagos en la economía, vigilar o regular el costo del dinero y supervisar y asistir el funcionamiento del sistema bancario privado.

En virtud del un óptimo funcionamiento de la economía, las políticas monetarias pueden ser de corte restrictivo o expansivo, cuando es de corte contractivo, las acciones del banco central tienden a reducir la circulación del dinero, a través de la emisión de bonos, títulos públicos, entre otros, y ello origina que se eleve el costo del dinero mediante el incremento de las tasas de interés, trayendo como consecuencia que se restrinja la demanda de crédito y el gasto de la población, esta medida pudiera ser tomada por el banco central, para bajar los niveles de inflación en la economía, porque habría exceso de liquidez en manos del público, es decir, con la finalidad de absorber excedentes monetarios, para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero.

Con relación a la política monetaria de corte expansivo, por el contrario, se produce cuando el banco central aplica medidas orientadas a incrementar la circulación monetaria en la economía, con lo cual disminuye el costo del dinero y facilita la disponibilidad de crédito, trayendo como consecuencia, que se estimule la inversión privada y el gasto de la población. Esta aplicación de esta política pudiera originar incremento en los niveles de inflación.

En este orden de ideas vale acotar, que según Silva (2000), “los instrumentos de política monetaria, son: 1) prestamista de última instancia a través del redescuento y anticipo, 2) fijación de los requerimientos de encaje legal mínimo, 3) operaciones de mercado abierto (OMA), 4) regulación de las tasas de interés y 5) fijación de topes de cartera” (p. 161). Todos estos instrumentos dan cuenta de los mecanismos que utiliza el banco central para ejercer el control monetario, a fin de regular el crédito bancario y evitar el acentuamiento de tendencias inflacionarias.

En atención a lo antes expuesto, vale expresar, que los objetivos que persigue la política monetaria, son: 1) luchar contra la inflación, 2) contribuir al crecimiento económico y 3) Ayudar a la estabilidad del tipo de cambio. Con todas estas medidas, la Política Monetaria, contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la producción doméstica. Para ello es necesario, contar con un nivel de reservas internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de bienes y servicios, indispensables para el desempeño normal de la economía. De igual manera, también contribuye en mantener una adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económica, con el objeto de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios.

Vale acotar, que es también función del Banco Central la conducción de la política cambiaria, la cual está estrechamente ligada a la política monetaria, a través del establecimiento del tipo de cambio. De igual manera, la política monetaria y cambiaria actúan conjuntamente con la política fiscal, la cual tiene un papel determinante con respecto al objetivo amplio de estabilidad. Tal como lo señala Silva (ob. cit.), “la política fiscal a través de la imposición, el gasto público, la deuda del Estado, la colocación de los fondos de la Tesorería Nacional en la banca y demás entidades gubernamentales, son factores que repercuten en el área monetaria y afectan los resultados de la política que se siga en este sector” (p. 160).

En base a estas afirmaciones, a nivel nacional, es fundamental que se profundice la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, en el marco de un conjunto de medidas de política económica que logren corregir el déficit y una reducción importante y sostenible de la tasa de inflación. Este objetivo requiere, asimismo, reformas estructurales e institucionales que permitan por una parte, dotar al Banco Central de Venezuela, de instrumentos adecuados para la realización de una gestión más eficiente de la Política Monetaria, y por la otra, diversificar las fuentes de ingresos fiscales, racionalizar el gasto público y reducir al máximo los elementos que introducen la discrecionalidad y rigideces al mismo.

La tarea más inmediata que tiene el Banco Central de Venezuela, es reducir y controlar las presiones inflacionarias, pero para ello, se requiere contar con un Estado más eficiente que coadyuve al mejor funcionamiento de los mercados. Es la mejor manera de lograr aumentos de la producción, de la productividad y el empleo, sin que incrementos de la demanda, se traduzcan en presiones adicionales sobre los precios.

Por otra parte, haciendo referencia a las Políticas de Producción, éstas son medidas tomadas por el Estado para incentivar la producción e incrementar la productividad, otorgando estímulos a la inversión privada a través de facilidades de financiamiento en concordancia con la banca privada, con la finalidad de obtener mejoras en el aparato productivo, a fin de generar nuevas fuentes de trabajo para insertar en el mercado laboral los grupos que se encuentran en situación vulnerable.

De igual manera, el Estado también genera empleo a través de la inversión pública y promueve el financiamiento público por medio de sus organismos, para incentivar a la creación de pequeñas y medianas industrias, a fin de crear un crecimiento sostenido en la actividad económica que redunde en beneficios a la población.

Finalmente, es de suma importancia que el Estado venezolano adopte políticas públicas que estén articuladas entre sí, entre ellas las políticas fiscales, conjuntamente con las políticas sociales, monetarias y de producción, para lograr la consecución de los objetivos macroeconómicos, generando niveles de bienestar en la población venezolana. Puesto que en la medida, en que se desarrolle el sector productivo del país, a través de incentivos a la producción para generar la elevación del empleo en la población, se controle el proceso inflacionario a través de la preservación del valor de la moneda, y se apliquen estrategias de crecimiento, en esa medida se estabilizará la economía en un periodo sostenido.

3.2.1.Teoría Tributaria de David Ricardo

Ricardo (1959), en su teoría sobre tributación, elaborada en 1817, señala que “el problema principal de la economía política, consiste en determinar las leyes que regulan la distribución entre los propietarios de la tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la cultivan” (p. xvii). Es por ello, que el principal problema que observó Ricardo en su época, fue la distribución de la riqueza, puesto que la realidad observada, era el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, a veces en el mismo tiempo.

En concordancia con lo citado anteriormente, el mismo autor señala, que el reparto o distribución de la riqueza, es precisamente la cuestión más susceptible de ser influida por las ideas políticas y sociales, ya que se pone en ella de manifiesto la pugna entre los intereses económicos de las distintas clases sociales. Y por ello, estableció la importancia de los impuestos, puesto que son una parte del producto de la tierra y del trabajo de un país, que se pone a disposición del Gobierno, y su importe se paga, deduciéndolo del capital o de las rentas del país.

Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no depende del valor total en dinero de la masa de mercancías, ni del valor en dinero de los ingresos netos de los capitalistas y terratenientes, sino del valor en dinero de los ingresos de cada individuo, comparados con el valor en dinero de las mercancías que consume habitualmente, para ello, se recurre a una serie de impuestos necesarios para cubrir los gastos del gobierno, entre ellos están: Los impuestos sobre los productos del suelo, impuestos sobre la renta de la tierra, diezmos, impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre edificios, impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios, impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo y los impuestos para asistencia a los pobres.

Cabe destacar, que los impuestos vienen a contribuir en el incremento de los ingresos del Estado, aunque los mismos podrían disminuir los beneficios del capital y del trabajo de cada uno de los afectados que cancelan dichos impuestos, aunque según señala Ricardo (ob.cit.), “generalmente esos impuestos recaen sobre el consumidor del producto, aunque no en todos los casos, como es el impuesto sobre la renta, que recaería exclusivamente sobre el propietario, quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario” (p. 205), pero redundaría en beneficios para una mejor distribución del ingreso, siempre y cuando el Estado se maneje eficientemente. En virtud de ello, uno de los impuestos que contribuiría en disminuir la desigual distribución de la riqueza o del ingreso, sería el impuesto para asistencia a los pobres.

Este impuesto de beneficencia, pretendía aliviar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes eran los sectores en condiciones de pobreza, pero para cumplir su objetivo, esto es, “para socorrer a los necesitados” el Estado requería de un aumento de la producción, puesto que como lo manifiesta Ricardo (ob. cit.), “un incremento de la producción por encima de su consumo anual, incrementa el capital” (p. 109), y ello causaría un incremento de los recursos del pueblo y del Estado, ocasionando bienestar social a la población. Tal como le sucedió al gobierno inglés y así lo describe Ricardo (ob. cit.):

A pesar de los gastos inmensos del gobierno inglés durante los veinte años últimos, es indudable que fueron compensados con creces por un aumento de la producción en parte del pueblo. El capital nacional, no fue meramente reproducido, sino grandemente aumentado, por lo que la renta anual de los habitantes, aún después de pagados los impuestos, es probablemente, en la actualidad, mayor que en cualquiera época anterior de nuestra historia (p. 110).

Por lo tanto, debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de satisfacción a la población.

2.3.3. El Crecimiento Económico Sostenido

El crecimiento económico es uno de los objetivos de toda sociedad y el mismo debe estar caracterizado por un aumento del nivel de ingresos y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad, es decir, del incremento del bienestar social. Haciendo una retrospectiva del nivel de crecimiento a lo largo de los siglos, cabe destacar que, según Delong (2003), hasta el año 1500, el nivel de vida material y el nivel de productividad del hombre posiblemente aumentaran un 0,01% al año. Entre 1500 y 1800, aumentaron más de prisa en las zonas que iban a convertirse en el núcleo industrial de la economía mundial moderna (primero en Europa nor-occidental y después en las colonias de Europa noroccidental establecidas en Norteamérica), posiblemente a una tasa del 0,2% al año. En la primera mitad del siglo XX, los niveles de productividad de las economías avanzadas aumentaron alrededor de un 0,5% al año y en la segunda mitad, se aceleraron más.

El mismo autor señala, que hasta 1800 la población creció a un ritmo muy lento y el nivel de vida permaneció estancado. A partir de 1800, el nivel de vida aumentó ininterrumpidamente, y es en esa época, donde se sitúa el comienzo de la era moderna, pues solo entonces, las economías comenzaron a experimentar crecimientos sostenidos de su Producto Interno Bruto (PIB) Per cápita (destacando, que el PIB per capita, es un coeficiente del PIB, versus el número de habitantes de un país), es a un ritmo tal, que podrían duplicar el nivel de vida de las personas en el curso de una o dos generaciones, y la población creció al iniciarse la explosión demográfica, como consecuencia de lo cual, en Octubre de 1999, la población total era de seis mil millones de personas.

¿Qué va a significar todo este avance en materia de crecimiento para la población? Que a medida que haya mayor crecimiento, habrá mayor bienestar social para la población y en consecuencia, los niveles de ingresos serán mayores, esto medido a través del PIB per cápita, aunque es necesario aclarar que si un país tiene un PIB per cápita alto, no todos los habitantes reciben esa cantidad de riqueza. Todo esto va a depender del grado de distribución de la renta o riqueza de cada país y del nivel educativo que posea la población, a medida que el grado de escolaridad sea mayor, las oportunidades de empleo crecerán, la productividad será más eficiente y se crearán naciones prósperas con alto crecimiento económico.

Tal como lo señala, Phels (2006), Premio Nóbel de Economía, “la inversión en capital humano es un componente fundamental del crecimiento económico. Los individuos altamente cualificados que han superado grandes períodos de escolarización, son los que realizan la inmensa mayoría de las innovaciones tecnológicas” (p. 2). En este sentido, es pionero de “la nueva teoría del crecimiento”, con modelos de crecimiento endógeno: la política económica puede influir en la tasa de progreso técnico y los dos factores que más pueden favorecer la productividad global de la economía son los incrementos de capital humano y tecnología. También destaca, que el único camino para conseguir un crecimiento económico alto y estable es a través de la estabilidad de precios.

2.3.4. Distribución de la Renta o Riqueza

La distribución de la renta, es el grado en que se distribuyen los ingresos o renta, entre los habitantes de una nación. En la medida en que los ingresos de una nación sean más altos, en esa medida los ingresos de la población van a crecer. Pero habría que tomar en cuenta, que algunos sectores de la población van a tener ingresos más altos, en detrimento de otros sectores que sus ingresos van a ser mas bien bajos. Es allí cuando surge, la desigualdad en la distribución del ingreso.

En virtud de ello, cabe destacar, que los altos niveles de desigualdad, contribuyen a altos niveles de pobreza de diversos modos. En primer lugar, para cada determinado nivel de desarrollo económico o de renta media, una mayor desigualdad implica una mayor pobreza, ya que quienes están en la parte inferior de la distribución de la renta o del consumo, obtienen un porcentaje menor de los recursos. En segundo lugar, una mayor desigualdad inicial puede dar lugar a un menor crecimiento, y por tanto, a una menor reducción de la pobreza.

El impacto negativo de la desigualdad en el crecimiento puede deberse a diversos factores, entre ellos, está: el acceso al crédito y a otros recursos puede estar concentrado en manos de grupos privilegiados, impidiendo así que los pobres inviertan. En tercer lugar, mayores niveles de desigualdad pueden reducir los beneficios que obtienen los pobres del crecimiento, ya que una mayor desigualdad inicial puede reducir la participación de los pobres en dichos beneficios. En una situación extrema, si una persona concentra todos los recursos, entonces sea cual sea el ritmo de crecimiento, la pobreza nunca se reducirá a través del crecimiento. (Banco Mundial: 2003: 3). Todo lo anterior permite concluir, que la desigualdad, tiene un impacto directo y negativo en el bienestar social, debido a la inequidad en la distribución del ingreso, ya que no todos van a percibir los mismos beneficios y esto origina una brecha entre los diversos sectores de la sociedad.

Cabe destacar, dentro del contexto en discusión, que las diferencias entre los distintos países del mundo, en lo que a riqueza se refiere, son cada vez mayores. Es cierto que los países menos desarrollados (PMD) están creciendo a ritmos muy elevados y su situación cada vez es mejor, pero también es cierto que los países ricos cada vez son más ricos, y el crecimiento de los más pobres no parece ser  suficiente.

La riqueza del mundo está repartida de una manera desigual, ya que mientras un cuarto de la población se encuentra en niveles de ingresos altos, las tres cuartas partes restantes, viven en la más profunda pobreza. A la hora de estudiar la riqueza de un país se recurre al PIB, aunque este indicador no refleja lo que se desea. Incluso el PIB per capita, al ser una media, tampoco es un buen indicador, pues las diferencias entre la renta de unas personas y otras son muy elevadas. Sin ir más lejos, si se hiciera una media entre los PIB per capita  de todos los países del mundo, el resultado sería una media bastante elevada, que sin embargo, sólo sería superada por pocos países, mientras que unas tres cuartas partes del mundo, se encontraría por debajo de esa media.

A continuación se presenta la Tabla No. 3, donde se reflejan datos para ambos grupos (países más desarrollados y países menos desarrollados), señalándose dichas diferencias. La clasificación está en función de los niveles de desarrollo humano de los países según el Banco Mundial, no en función directa del nivel de renta de los mismos. Las diferencias entre las cifras de los 25 países más desarrollados y los menos desarrollados, son muy importantes.

Tabla No. 3

Producto Interno Bruto

PIB Billones US $

Crecimiento del PIB

Crecimiento de la población

Diferencia entre el crecimiento del PIB y el de la población

PIB billones $ PPA

PIB pc billones $ PPA

Media de los 25 países más desarrollados.  (1)

865,07

2,95

0,68

2,27

795,07

18736,8

Media de los 25 países menos desarrollados.  (2)

3,27

3,80

2,62

1,18

11,5368

905,2

Diferencia  (1-2)

861,80

- 0,86

-1,95

1,09

783,54

17831,6

Fuente: Base de datos del Banco Mundial (World Bank). 1999.

En esta tabla se puede observar algunas características de los países según su nivel de renta. En primer lugar, es evidente la superioridad de la media de los países más desarrollados sobre los menos desarrollados, en cuanto al PIB en dólares.

Tomando en cuenta la paridad del poder de compra, los niveles de renta de los países menos desarrollados (PMD) se ven incrementados, pero estas diferencias del coste de la vida en los distintos países, no son suficientes para que los niveles de vida de ambos grupos se acerquen. En términos de renta por habitante la situación es incluso peor, demostrándose así la superioridad del número de personas que se encuentran en los países con menor nivel de renta.  Al observar los datos sobre el crecimiento de la población y de la renta, se puede evidenciar, las diferencias muy significativas entre los dos grupos de países. Como ya se ha señalado, los países en desarrollo están experimentado un crecimiento del PIB superior al de los países ricos. Pero a la vez, se enfrentan a un crecimiento de la población mucho mayor que el de los países desarrollados. Así, el crecimiento del PIB en los PMD ha venido siendo inferior al crecimiento de la población en la mayoría de países. En los últimos años, la tendencia comienza a cambiar, pero todavía, el crecimiento del PIB no es suficiente para hacer frente al crecimiento de la población. La situación en los países ricos es prácticamente la contraria, llegándose incluso a crecimientos negativos que están creando un problema serio de envejecimiento de la población.

Cabe destacar, que en virtud de lo anteriormente señalado, según el Informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo rural (2002), se observa la desigual distribución del ingreso a nivel mundial, a continuación algunas estadísticas:

El rendimiento anual de la economía mundial creció, de $31 miles de millones de dólares en 1990 a $42 miles de millones en 2000 (en 1950, el rendimiento mundial total había sido de $6.3 miles de millones).

El PIB mundial, calculado hoy en US$25 billones, es el retrato de la acumulación de riquezas en manos de pocos: los países del G-7 (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón) detentan US$18 billones. Los $7 billones restantes deben ser repartidos entre más de 180 países.

Agrupando todos los países del mundo en cinco grupos iguales, según la riqueza que disponen se constata que el 20% de los países más ricos, posee una riqueza 150 veces superior al 20% de países más pobres.

El promedio de ingreso de los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de los 20 países más pobres; una brecha que se ha duplicado en los últimos 40 años. (Banco Mundial, 2000).

El grupo de los países más indigentes comprende 24 naciones: 18 países africanos, además de Yemen, Afganistán, Bangladesh, Haití, Mongolia y República Popular Democrática de Corea. (FAO, 2000).

Las 356 personas más ricas del mundo disfrutan una riqueza que excede a la renta anual del 40% de la humanidad.

Por eso, hay 204 millones de pobres y 90 millones de indigentes en América Latina y en El Caribe, a los cuales se les debe aumentar los cinturones de miseria que existen en varias partes de Estados Unidos.

Como bien puede observarse, la distribución del ingreso en la población mundial, es cada vez mas desigual, donde los países que representan la mayor pobreza en el mundo, son la mayoría y son los que obtienen los menores ingresos y los países más ricos, que son menos, son los que obtienen los ingresos mayores, esto se debe entre otros factores, al grado de avance tecnológico, la diversificación de la producción, el incremento de la productividad, las políticas públicas del Estado, el grado de aprovechamiento de los recursos, la capacitación del capital humano, las metas que se proponga cada país para lograr el despegue hacia el desarrollo, entre otros.

2.3.4.1. Coeficiente de Gini

Según Medina (2001), “el Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de ingresos en un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual” (p. 3).

El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El Indice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al Coeficiente de Gini multiplicado por 100. Es decir, es índice de concentración de la riqueza, y por ello, cuanto más próximo a 1 sea el Indice Gini, mayor será la concentración de la riqueza en pocas personas y cuánto más próximo a cero, más equitativa es la distribución de la renta en el país.

Cabe destacar, que casi todos los países de Europa tienen un Indice Gini entre 0,30 y 0,34, aunque hay países como Italia y Portugal que están entre 0,35 y 0,39. Algunos países, (sobre todo los nórdicos), llegan a tener un índice entre 0,25 y 0,29. Con respecto a África y América del Sur, llegan a tener índices en torno a 0,50. Con relación a Venezuela, para el año 2004, tenía un Indice Gini de 0,49, según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD). Es de hacer notar, que el Indice Gini a nivel mundial está aumentando. Esto significa, que la distribución de la riqueza en el mundo, está siendo menos equitativa.

2.3.5. El Bienestar Social de la Población como Política de Estado

El Bienestar Social está definido en función de la equidad en la distribución del ingreso y logro de oportunidades para todos, tal como lo señala Sen (1995):

El bienestar va a depender de la distribución del ingreso, y el mismo está influido determinantemente por las capacidades y habilidades de los individuos, donde los análisis y las políticas distributivas deben enfocarse en lograr la igualdad en términos de “capabilidades”, en educación, salud, alimentación, atención a los minusválidos, eliminar la discriminación de las mujeres, etnias, razas, entre otros (p. 13).

Igualmente, el Bienestar Social se puede entender por la satisfacción de necesidades cualitativas y cuantitativas de un grupo de personas, en una sociedad o bien el acceso y el consumo de bienes y servicios, las relaciones sociales y la calidad del ambiente. Un bienestar social mínimo se alcanza cuando se cubren las necesidades básicas de los individuos, en términos de equidad, entre ellas, alimentación, salud, educación y vivienda. El nivel de bienestar de una sociedad, se evalúa en función de indicadores socioeconómicos, entre los cuales están: esperanza de vida al nacer, relacionada estrechamente con el nivel de salud y de nutrición, así como el ingreso familiar, la tasa de mortalidad infantil vinculada a las condiciones de vida y acceso a servicios de salud y la tasa de analfabetismo, ligada a la calidad de vida, al empleo, al ingreso y la salud, esto es, que todos tengan acceso a los bienes materiales e inmateriales de la sociedad.

Cabe destacar, que la evolución del bienestar social, surge en las primeras décadas del siglo XX, en su lucha por los logros de los derechos de la sociedad y en el sentido de la igualdad social, demostrando que el nivel económico, la madurez del sistema de seguridad social y el nivel de la estructura de la población, son la mejor explicación del esfuerzo del bienestar. En virtud de ello, según Mariñez (2000), “El Estado debe proporcionar ese bienestar social, a través de estándares mínimos de niveles de ingreso, nutrición, salud y seguridad, educación y vivienda a cada ciudadano, no como un derecho caritativo, sino como un derecho social” (p. 9).

En consecuencia, el mismo autor concluye, refiriéndose a lo citado por Marshall (1963), que el bienestar social es una consecuencia del proceso de modernización, o del desarrollo de las sociedades industriales en los últimos 300 años, en el que se lograron alcanzar los derechos de los ciudadanos. Asimismo, realiza la evolución del bienestar social de la siguiente manera:

Tabla Nº 4

Derechos Civiles Derechos Políticos Derechos Sociales

PERIODOS

SIGLO XVIII

SIGLO XIX

SIGLO XX

Principios

Libertad Individual

Libertad Política

Bienestar Social

Medidas Típicas

Habeas Corpus, Libertad de Palabra, Pensamiento y Fe, Libertad para Contratar Legalmente

Derecho al voto, Reforma Parlamentaria

Educación Libre, Pensiones, Cuidados de Salud.

Fuente: Marshall (1963)

De igual manera, el bienestar social es definido según Hernández y Chasco (2004) como:

El conjunto de sentimientos de satisfacción material e inmaterial que producen en las personas y colectividades una serie de condiciones materiales que no pueden reducirse únicamente al nivel de renta, sino que incluyen otras dimensiones importantes de la existencia humana, como la equidad en términos de salud, educación, servicios, infraestructura, vivienda, seguridad, entorno, entre otros (p. 2).

En esta perspectiva, cabe señalar, que el nivel de ingresos es un elemento básico en la obtención de bienestar social, pero tampoco se puede identificar pobreza con ingresos reducidos, puesto que algunos grupos de población sufren también otro tipo de limitaciones en sus capacidades de acceso a diversos bienes, como la enseñanza no obligatoria, buena salud, alimentación adecuada, vivienda y entornos dignos, ejercicio de las libertades, entre otros, y es al Estado al que le compete brindar la mayor suma de felicidad posible a sus ciudadanos, a través del ejercicio de la función pública, logrando la equidad en la distribución del ingreso, para que todos tengan acceso a los beneficios del bienestar, por medio de la ejecución de las políticas sociales a través del gasto público social.

Es por ello, que el fin último que persigue el Estado es el bienestar social de su población, y para tal fin, utiliza las políticas fiscales, a través de la ejecución del gasto social, implementando medidas que conlleven a la búsqueda del mejoramiento del nivel socioeconómico de todos sus pobladores, por tal motivo, el bienestar social, se debe concebir como una política de Estado.

Por su parte, bienestar social y calidad de vida, están estrechamente relacionados y según Sen y otros (2000), define que la calidad de vida es apreciada como la satisfacción de necesidades externas e internas de los sujetos, físicas y psicológicas. El término necesidades básicas remite a la obtención de un nivel de vida mínimo, que incluya alimentación, vivienda, vestido, mobiliario, así como servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación, transporte, educación y salud. Cuando se determina cuáles necesidades deben ser cubiertas en una sociedad y se reconoce que existen deficiencias en su satisfacción, se está en posibilidad de determinar cuándo es pobre una población.

De igual manera, el Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2000), definió Indicadores para determinar mínimos de bienestar, en alimentación se tomó mínimo calórico y proteínico para una persona, para vivienda se determinó el mínimo de espacios suficientes para una familia (2,5 personas por dormitorio en zonas rurales) y dos en zonas urbanas, en buenas condiciones y con servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, para educación se determinó el nivel básico, con la primaria terminada completa, y por último para salud, las tasas de mortalidad y el acceso a los servicios (p. 3).

Finalmente, el bienestar social comprende salud, renta, educación, felicidad, relaciones sociales y oportunidades, es decir, igualdad de oportunidades para toda la población, extendida a todos los bienes materiales e inmateriales, que se consideran socialmente deseables.

2.3.5.1. Teoría del Bienestar de Max Weber

Cabe destacar que según Weber (1944):

Una política estatal digna de este nombre, o sea, una política continuada y consecuente, sólo se origina en la época moderna. El primer sistema que produce es el llamado Mercantilismo. Anteriormente al mismo, sin embargo, había por doquier dos cosas: política fiscal y política del bienestar, en el sentido, esta última, del aseguramiento de la cantidad usual de alimentos” (p. 1050).

En esta perspectiva, el Estado en la conducción de la política fiscal, debe establecer un conjunto de derechos sociales, formadores de la ciudadanía, tomando en cuenta las garantías individuales, la seguridad individual y familiar, y la seguridad de todos los ciudadanos sin distinción social. Y esa política del bienestar está basada en la aplicación de estrategias de desarrollo humano para lograr mejoras en la calidad de vida de la población.

Por otra parte, el Estado también debe cumplir la función de regulador del orden social, a su vez determina el dominio político en el medio social y asegura simultáneamente todas las formas de producción y de reproducción social, en donde él se constituye en ente organizador de la actividad económica y actúa a través de principios y leyes, e implementa los mecanismos para hacerlos cumplir. Es allí donde reposa la legitimación de la dominación o del poder autoritario del mandamiento constitucional. Es basada sobre esa característica que Max Weber explica el concepto de obediencia.

En armonía con estas ideas, Weber ha puesto una definición del Estado que apunta a poner en relación una estructura de poder legítima (la organización), una distribución del poder (el monopolio de la fuerza física), un conjunto de funciones (coerción), un campo de acción específico (el territorio) y una manera particular de construir este territorio. De esta manera, este autor explica lo siguiente:

El Estado moderno es una asociación obligatoria, la cual organiza la dominación. Ha sido exitoso en buscar monopolizar el uso legítimo de la fuerza física como una herramienta de dominación en el territorio. A su fin, el Estado ha combinado los medios materiales de organización, en las manos de sus líderes…El Estado ha tomado sus posiciones y se mantiene en el sitio más alto. (p. 1.083).

Es por ello, que el Estado al actuar como ente regulador, también debe cumplir una serie de funciones, que le son propias como formas de dominación para la consecución del orden social. Sin embargo, esta organización social y económica le permite al Estado lograr el desarrollo de una capacidad de creación para lograr el bienestar.

2.3.5.2. Teoría del Óptimo de Wilfredo Pareto

El economista italiano Wilfredo Pareto formuló una serie de principios alrededor de 1938, que han imperado en la sociedad, llamado Óptimo de Pareto, quien según Millar y Meiners (1989), Pareto señala “que cualquier cambio de situación afectaría a una economía sin perjudicar a otra. Es decir, las situaciones son eficientes, si al haber un cambio de esa situación, se beneficia a alguno, sin perjudicar a otro” (p. 604). Esto es, una asignación de recursos tal, que cuando se compara con cualquiera otra, las partes involucradas están por lo menos en iguales condiciones de lo que estaban antes y por lo menos una de ellas está mejor de lo que inicialmente estaba.

El mismo autor manifiesta, que si aumenta la utilidad de un individuo, sin que disminuya la utilidad de otro, aumenta el bienestar social de los individuos (ceteris paribus). El objetivo que va a perseguir el enfoque, es establecer cuáles son las condiciones para maximizar el bienestar económico.

El bienestar económico depende de las funciones de utilidad de los individuos que integran la sociedad. Las utilidades a su vez, dependerán de las cantidades producidas y consumidas de los bienes y las mismas están determinadas por los niveles de producción y consumo de una economía y la optimización del bienestar dependerá de la utilización óptima de los recursos productivos de la economía y las condiciones de optimización del consumo. Esto es, hay que lograr conductas óptimas de los consumidores y de los productores.

Las condiciones para alcanzar una situación eficiente en el Óptimo de Pareto, son tres: a) Eficiencia en la distribución de los bienes entre los consumidores, b) Eficiencia en la asignación de los factores entre las empresas y c) Eficiencia en la asignación de los factores entre los productos. Esto significa que la condición de Pareto, o condición de optimalidad, es generalmente un sinónimo de una organización de los recursos económicamente eficientes.

En virtud de ello se concluye, que la economía del bienestar, a través del Óptimo de Pareto, proporciona un marco extremadamente útil para evaluar las medidas de política pública, cuyos propósitos declarados son el aumento de la eficiencia y/o el aumento de la justicia o equidad distributiva.

Esta teoría en comparación con la investigación objeto de estudio, es de suma relevancia, puesto que la misma analiza el impacto de las políticas públicas en el bienestar social de la población, a fin de que toda la población se beneficie, a través de la aplicación eficiente de estas políticas y lograr así una mayor equidad distributiva de los recursos de la nación.

2.3.6. Pobreza y Líneas de Pobreza

La pobreza ha sido definida de muchas maneras, una de ellas es la conceptualizada por Sen (ob. cit.), quien señala que la pobreza puede ser entendida como:

Aquella situación generalizada caracterizada por el infraconsumo, que tiene como consecuencia la desnutrición, precarias condiciones de vivienda, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias y de salud, y escasas condiciones de inserción en el aparato productivo, lo cual constituye una de las causas del infraconsumo (p. 43).

Igualmente, según el PNUD (2000), “Pobreza es la falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas, como las necesidades no alimentarias, tales como vestido, energía y vivienda”. Esto es, es la privación material, medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia. Es allí cuando surgen las Líneas de Pobreza, el cual según el INE (ob. cit.), están clasificadas en pobreza extrema, la cual es definida como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas, y la pobreza crítica, conceptualizada como la falta de ingreso necesario para adquirir la canasta básica, la cual está compuesta por alimentos y servicios. Y esta situación va a depender, del grado de inserción que tenga el individuo en la sociedad económicamente activa (de acuerdo a sus capacidades y habilidades), a través de la educación, el trabajo, la productividad, y en la medida que estos niveles de integración sean bajos o nulos, el problema de la pobreza se agudiza.

Es por ello, que el tipo de participación en la actividad económica, la estabilidad, y el nivel de ingresos que se perciben, repercute de cierta manera, en una escasa participación en los mecanismos de integración social. Y por tal motivo, la definición de pobreza va a depender de la concepción asumida sobre las necesidades básicas y va a servir de norma para diferenciar, quiénes son considerados pobres.

En virtud de lo anteriormente señalado, las necesidades básicas insatisfechas, según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2003), es un

método que consiste en seleccionar un conjunto de necesidades básicas y calificar como pobres aquellos hogares que no satisfagan una de ellas y como pobres extremos aquellos que no satisfagan más de una de ellas. En el Informe de Desarrollo Humano en Venezuela se determinaron seis carencias básicas: la carencia de una vivienda adecuada, la carencia de servicios básicos de agua potable y eliminación de excretas, el ausentismo escolar en menores entre 7 y 12 años, la vida en condiciones de hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), una escolaridad muy baja del jefe del hogar (menos de tres grados de escolaridad) y una alta dependencia económica (más de tres personas por cada persona ocupada). De allí que los Indicadores más utilizados para medir la pobreza y el Bienestar Social, sean Nivel Educativo, Salud, Agua y Saneamiento, Nivel de Ingreso per cápita, entre otros.

Cabe destacar, según el planteamiento anterior, que en Venezuela se realizó una Encuesta Nacional por Hogares a través de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) con apoyo del PNUD y la Universidad Simón Bolívar (2000), y la misma fue diseñada con el objeto de caracterizar las condiciones de vida de los venezolanos, en particular, la condición de los pobres, y su acceso a servicios y programas sociales. Su muestra efectiva alcanzó 8.698 hogares, representativos de cuatro dominios socioespaciales del país: área metropolitana de Caracas, ciudades principales de 25.000 habitantes y poblados de menos de 25.000 habitantes. La expansión muestral mostró una estimación de 4.946.392 de hogares venezolanos, habitados por 23.101.417 personas, el cual arrojó los siguientes resultados:

1. Línea de Pobreza por Ingresos: 45% de hogares pobres, de los cuales:

18,69% no tenían suficientes ingresos para proveer adecuada alimentación a sus integrantes (canasta alimentaria),

26,31% no contaba con suficientes ingresos para que sus miembros pudieran pagar los gastos básicos (canasta básica),

2. Necesidades Básicas Insatisfechas: 60,49% de hogares pobres, de las cuales:

Dos o más necesidades insatisfechas: 26,82% de los hogares,

Una necesidad insatisfecha: 33,67% de los hogares.

Esta situación de pobreza en Venezuela, se ve asociada a la presencia de cuatro variables significativas, las cuales son: 1) Tasa de dependencia del hogar: en un hogar de cinco miembros, con la entrada de cada miembro al mercado laboral (esta situación también va a depender de la cantidad de niños que conformen ese hogar), implica una disminución en la situación de pobreza), 2) Tasa de escolaridad del hogar: Por cada año de escolaridad ganado por el hogar, disminuye la probabilidad de no estar en situación de pobreza (algunas veces, el grado de instrucción del jefe del hogar pobre, no pasa de 6to grado) 3) La tasa parental del hogar: A menor presencia de miembros del hogar en rol parental, mayor probabilidad de que el hogar sea pobre, es decir, la figura paterna no siempre se encuentra en el hogar, y 4) Los estratos o dominios socio espaciales: A menor urbanización, se encuentran peores condiciones de vida, esto es, debido al débil acceso a servicios básicos.

Es por ello, que al explicar cada uno de estos Indicadores a nivel mundial, se puede señalar, que según cifras del Informe de Desarrollo Humano (ob.cit.), por ejemplo, en el sector educación, durante la década de los noventa, en los países en desarrollo, de los 680 millones de niños en edad de escolarización primaria, 115 millones no asistían a la escuela, tres quintas partes de los cuales eran niñas. El porcentaje de niños matriculados en escuela primaria, no llegaba al 60%. En la India, 40 millones de niños, más de un tercio del total mundial, no reciben enseñanza primaria. Aparte de eso, menos de la mitad de los niños que comienzan el ciclo escolar, no lo terminan. A causa de estas deficiencias, la cuarta parte de los adultos de los países en desarrollo no saben leer ni escribir (es decir, uno de cada seis personas en el mundo, es analfabeta), y dos terceras partes de los 879 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo, son mujeres. Es por ello, que la falta de educación priva a las personas de una vida plena. También priva a la sociedad de la base necesaria para un desarrollo sostenible, puesto que la educación es fundamental para mejorar la salud, la nutrición y la productividad.

En virtud de ello, se puede hacer este planteamiento: ¿Qué pueden hacer los países en desarrollo para incrementar el gasto en educación y en especial, la educación básica? Una de las alternativas sería, recortar el gasto en otras prioridades, como la defensa. Cuando las prioridades del gasto público no son la educación, ni la salud, el gasto social se ve perjudicado. De igual manera, los gobiernos desempeñan un papel más importante en los países donde el desarrollo humano es elevado, que en aquellos en donde es medio o bajo. En 1999, la mediana del gasto público en países con alto desarrollo humano ascendió al 35% del PIB, mientras que en países con desarrollo humano medio fue del 25% y en los de desarrollo humano bajo, el 21%. En muchos países de desarrollo humano bajo, el servicio de la deuda es un importante componente no discrecional del gasto público, sin embargo, el gasto en defensa, también puede provocar recortes en los gastos de educación. De allí, que en los países pobres muy endeudados, el gasto en educación es particularmente bajo, porque un alto porcentaje se va al servicio de la deuda.

Según la FAO (2000), lograr la matriculación universal en primaria para el año 2015 (que no es lo mismo que completar el ciclo) en los países en desarrollo y en transición, costaría alrededor de 9.000 millones de $ más anuales. No obstante, la realidad que se observa, es que en la mayoría de los países, el 20% más pobre de la población se beneficia de menos del 20% de las ayudas públicas para educación. Entretanto, el 20% más rico se apropia generalmente de un porcentaje muy superior al 20%. Sin embargo, hay países que constituyen una excepción, como Colombia, Costa Rica y especialmente Chile, donde una parte importante del gasto público destinado a la educación, llega al 20% más pobre de la población. Por tal motivo, estos países han realizado importantes avances en las tasas de matriculación universal en primaria.

Con relación a la alimentación, en 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se impuso una meta: rebajar a 400 millones el número de personas que padecen hambre en los países en desarrollo, puesto que cada día las personas que pasan hambre en estos países son 799 millones de personas (aproximadamente el 18% de la población mundial).

En el Asia Meridional, el hambre afecta a una de cada cuatro personas, mientras que en el África Subsahariana, esta proporción es aún mayor, llegando a una de cada tres. India es el país que registra mayor número de personas afectadas por el hambre con 233 millones, seguido del África Subsahariana con 183 millones, China con 119 millones, el resto de Asia Oriental y el Pacífico con 74 millones, América Latina con 55 millones y los Estados Árabes con 32 millones. Por tal motivo, se considera, que el acceso a los alimentos, podría mejorar considerablemente, si los gobiernos implementaran políticas económicas efectivas, que conlleven al incremento en los ingresos de los grupos más vulnerables.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), calcula que alimentar a los 214 millones de personas que pasan más hambre en el mundo, costaría 5.200 millones de dólares anuales. Cifra que no es inalcanzable, cuando se destina más de esa cantidad a gastos de defensa en el mundo. Por ello, para disminuir esas hambrunas en el mundo, es necesario mejorar la distribución de los alimentos e incrementar la producción. Para ello resulta prioritario emprender las siguientes acciones:

Concentrarse en tecnologías que incrementen la producción agrícola: de esta manera, aumentarán los ingresos de las personas, que poseen pocos bienes aparte de las tierras.

Dedicar más recursos a la agricultura: Tanto en los países pobres como en los ricos, la agricultura está desatendida y es necesario invertir esta tendencia.

Distribución más equitativa de los recursos: Se debe disponer de un acceso más seguro a la tierra, igual que las personas que carecen de las mismas.

Prevenir la degradación ambiental: Las personas pobres son las más perjudicadas por la degradación ambiental y al mismo tiempo, la pobreza provoca degradación ambiental. En los países en desarrollo, la baja productividad suele ser la causante de dicho deterioro, mientras que en Europa y América del Norte, la responsable es la elevada productividad.

Con respecto al agua y saneamiento, es necesario destacar, que el acceso a agua potable y saneamiento adecuado es esencial para sobrevivir. El agua es fundamental para el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En virtud de ello, cabe destacar, que según el Informe Mundial de la Salud (2003), señala que en el año 2000, al menos 1.100 millones de personas a nivel mundial carecían de acceso a agua potable y alrededor del doble, 2.400 millones de personas, carecían de acceso a saneamiento mejorado.

De igual manera, el mismo Informe señala, que en los años 90 el número de niños muertos por diarrea (causada por la falta de agua y saneamiento seguros), superó a las víctimas de conflictos armados registrados desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la mitad de las camas hospitalarias del mundo, están ocupadas por pacientes con enfermedades transmitidas por el agua, lo que significa que se están utilizando servicios de hospitalización caros, para tratar enfermedades que podrían prevenirse fácilmente. En el Asia Meridional, sólo el 37% de la población tiene acceso a saneamiento adecuado, cerca de 1.400 millones de personas no tienen alcantarillados.

En el África Subsahariana el problema más apremiante es el agua potable, también implica abordar las desigualdades entre los géneros. Las mujeres y las niñas africanas dedican tres horas al día a buscar agua, gastando en esa labor más de la tercera parte de las calorías que consumen. Estas tareas domésticas alejan a muchas niñas de la escuela, y si acuden, la energía que dedican a realizarlas deteriora seriamente su rendimiento escolar. Además, en caso de enfermedad de algún familiar, generalmente relacionada por la falta de agua o saneamiento, las niñas suelen ser las encargadas de su cuidado. Y cuando se necesita agua en las escuelas, son también las niñas las que deben traerla, reduciendo así el tiempo de juego y estudio del que disponen.

Para garantizar el suministro de agua y saneamiento en el mundo, según el PNUD (ob. cit.), se requiere:

El incremento de los recursos: Existen tecnologías de bajo costo para aumentar el acceso de los hogares y la comunidad al agua potable y al saneamiento. Sin embargo, para los gobiernos con pocos recursos económicos, la instalación y el mantenimiento de infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales, resulta muy costoso.

Mayor equidad: En numerosas ocasiones las personas pobres no pueden permitirse los costos de agua y saneamiento, porque los usuarios más ricos no pagan lo suficiente.

Mayor y mejor mantenimiento: Con mucha frecuencia los gobiernos realizan un mantenimiento insuficiente de los sistemas de suministro de agua y saneamiento.

Reducción de los daños al medio ambiente: Para garantizar un suministro sostenible del agua, es necesario hacer un uso racional de la misma, especialmente en la agricultura.

En virtud de lo anteriormente señalado, se presentan algunas políticas, para subsanar las limitaciones estructurales que existen en los países del mundo en desarrollo:

Invertir lo antes posible y de manera ambiciosa en educación básica y en salud, fomentando simultáneamente la equidad de género. Estas son condiciones previas al crecimiento económico sostenido. El crecimiento a su vez, puede generar empleo y aumentar los ingresos, repercutiendo así en mayores beneficios para la educación y la salud. Incrementar el nivel, la eficiencia y la equidad de las inversiones en servicios sanitarios básicos, entre ellos, abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Aumentar la productividad de los pequeños agricultores en entornos desfavorables, es decir, de la mayoría de las personas que pasan hambre en el mundo. Según cifras del PNUD (2000), estima que el 70% de las personas más pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura. Mejorar la infraestructura básica: Como puertos, carreteras, energía y comunicaciones, para reducir el costo de hacer negocios y vencer las barreras geográficas.

Desarrollar una política de desarrollo industrial, que fomente las actividades emprendedoras y ayude a la diversificación de la economía, eliminando la dependencia de exportaciones de productos básicos, con un papel activo para la pequeña y mediana empresa. Fomentar la gobernabilidad democrática y los derechos humanos para acabar con la discriminación, asegurar la justicia social y promover el bienestar de todas las personas.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y una gestión urbanística sensata, de forma que las mejoras en el desarrollo, sean duraderas.

Dentro del contexto anterior, a continuación se presentará la Tabla No. 5, en la cual se analizan dos variables PNB per cápita y bienestar, y se comparan dos países: Brasil y Costa Rica.

Tabla No. 5

PNB Per Cápita y Bienestar: Comparación entre Brasil, Costa Rica y Venezuela

País PNB per Ingesta Esperanza Analfabetismo

Cápita en 1999 calórica per de vida al nacer adulto en 1998

(dólares) cápita en 1997 en 1998 (años) (porcentaje)

Brasil 4.420 2.974 68 15

Costa Rica 2.740 2.649 76 4

Venezuela 4.357 2.413 72 8

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre Desarrollo Humano Mundial (PNUD, 2000, 2001).

Nótese la desigualdad entre el PNB per cápita y los Indicadores analizados (esperanza de vida y analfabetismo) entre Costa Rica con relación a Venezuela y Brasil. Tal como lo ha señalado Sen (2001), donde plantea, que existen varios casos en los que países pobres con una distribución del ingresos relativamente equitativa, muestran indicadores de bienestar social superiores a los de países ricos con una distribución más desigual. Es decir, Costa Rica con un ingreso per cápita de 2.740 $ en 1999 en relación a Brasil con un ingreso per cápita de 4.420 $ y Venezuela con un ingreso per cápita de 4.357 $, en el mismo año. Se observa, que Costa Rica, sin embargo, tiene una distribución menos desigual que Brasil y Venezuela, lo que se debe en parte a que posee un sistema de bienestar social de cobertura más extensa. El resultado es que, a pesar de ser más pobre, Costa Rica evidencia mayores niveles de alfabetización y de esperanza de vida y un consumo calórico similar al de Brasil y Venezuela. A raíz de estas consideraciones, las Naciones Unidas utiliza como indicador de Bienestar, el Indice de Desarrollo Humano (IDH), el cual es una medición por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico, compuesto por tres parámetros: 1) vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), 2) educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación (primaria, secundaria y terciaria) y, 3) nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita en $).

Según Larraín y Sachs (2002), el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), ha creado un Índice de Desarrollo Humano (IDH) que combina el PIB per cápita, con indicadores de logros educacionales (tanto de alfabetización como de matrícula escolar) y de esperanza de vida, en un intento por ampliar la medición del bienestar humano. Estos indicadores se combinan para producir un índice único. Luego se clasifican los países por Índice de Desarrollo Humano y por PIB per cápita (p. 40).

2.3.7. Crecimiento Económico y Desarrollo

El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de varios años o décadas. Es decir, el crecimiento económico representa la expansión de la producción nacional de un país. Según Samuelson (2001), cuatro factores son importantes para que exista crecimiento: “1) El capital humano (la oferta de trabajo, la división del trabajo, la educación, la especialización, la disciplina, la motivación). 2) Los recursos naturales (la tierra, los minerales, los combustibles, la calidad del medio ambiente). 3) La formación o intensidad de capital (las máquinas, las fábricas, las carreteras) y 4) La tecnología (la ciencia, la calidad de los conocimientos científicos y técnicos, la ingeniería, la dirección de empresas, la iniciativa empresarial)” (p. 512).

Cabe destacar, que estos factores pueden variar mucho de unos países a otros y algunos los combinan más eficazmente que otros, y los mismos como la tecnología y la intensidad de capital, son fuentes de crecimiento a largo plazo, es así como la tecnología multiplica la eficiencia en el trabajo y la intensidad de capital determina la prosperidad y el crecimiento de una economía, ya que la hace más rica y más productiva.

De igual manera vale señalar, que el surgimiento del crecimiento económico moderno data de los tiempos de la revolución industrial, ya que según Simón Kuznets, padre del estudio cuantitativo del crecimiento económico, éste tuvo sus inicios en Gran Bretaña entre 1780 y 1820, en los Estados Unidos entre 1810 y 1860 y en Alemania entre 1820 y 1870. En todos estos países la aparición del crecimiento económico coincidió con el surgimiento del capitalismo como sistema económico predominante. En las primeras fases del crecimiento económico de estos países, hubo una aceleración de la tasa de crecimiento del ingreso total junto con aumentos en el crecimiento demográfico. Estas dos tendencias claramente se entrelazaron con descubrimientos tecnológicos, tanto agrícolas como industriales. (Larraín y Sachs: 2002:94).

Tomando en cuenta la relación existente entre crecimiento y desarrollo, se puede afirmar, que existe desarrollo económico cuando el bienestar económico de la población de un país aumenta durante un largo período. De igual manera, tal como lo señala Dornbusch y Fischer (2003), “existen diversos indicadores para medir el grado de desarrollo de las naciones, entre ellos los más importantes son, el PIB real per cápita, la distribución de la renta y el empleo, pero también hay otros como son, la salud, el grado de alfabetización, la longevidad o esperanza de vida, entre otros”. (p. 319). En otras palabras, acceso a la asistencia médica, educación, expectativa de vida, mejoramiento en la nutrición, empleo y una tendencia hacia la urbanización. Aparte de esos indicadores, un factor muy significativo para medir el grado de desarrollo de una nación es el grado de industrialización de la misma, es decir, todos los países altamente desarrollados, tienen un alto porcentaje de empleo en las industrias manufactureras y en los servicios, donde el alto grado ocupacional refleja la igualdad entre el grado de industrialización y el nivel desarrollo, a mayor grado de industrialización, mayor nivel de desarrollo.

Por tal motivo, los países que no se encuentran en esa etapa de desarrollo industrial, se les llama países en vías de desarrollo, aunque un estudio profundo de los patrones de desarrollo realizado a comienzos de los años setenta, por Hollis Chennery, de la Universidad de Harvard, y Moshe Syrquin, de la Universidad de Bar-Ilan, realizado a más de cien países para el período comprendido entre 1950 y 1970, llegaron a la conclusión de que debía abandonarse la noción de que existe una dicotomía entre naciones desarrolladas y en desarrollo, y que esta idea debería ser sustituida por un concepto de etapas de transición entre niveles de desarrollo. Actualmente, los países en desarrollo muestran muchas características de las fases tempranas de las economías desarrolladas. Los patrones de desarrollo de países muy diversos evidencian trazos consistentemente similares: una declinación de la agricultura, una mayor participación de la industria y los servicios, y una tendencia hacia la urbanización (Larraín y Sachs: 2002:101).

Dentro de este marco de ideas, y retomando el tema objeto de estudio, cabe resaltar, la importancia de la relación existente entre el crecimiento económico, la ejecución de la política fiscal y el desarrollo social, tal como fue señalado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2006), donde el crecimiento económico es un medio para cumplir unos determinados objetivos sociales, en particular, la erradicación de la pobreza, que a su vez, son la base de su sostenibilidad. Donde el bienestar del capital humano se logra a través de la realización de los objetivos sociales, en los ámbitos de salud, educación, el empleo y la erradicación de la pobreza y el hambre, el mismo es un componente clave de las políticas destinadas a garantizar un crecimiento económico sostenido. Por tanto, la cuestión de la equidad y el desarrollo social es fundamental para mantener el crecimiento económico a largo plazo.

De igual manera, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 y en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, se instó a que se adoptara un marco integrado de las estrategias socioeconómicas para lograr los objetivos de la erradicación de la pobreza, la generación de empleo productivo y la integración social. Y se consideró que el crecimiento económico es fundamental para la acumulación de capital físico y humano, que a su vez, constituye la base del crecimiento económico a largo plazo y que la estabilidad macroeconómica es necesaria para lograr el crecimiento económico sostenido. Por consiguiente, la mayoría de las medidas para la reducción de la pobreza han planteado como sus dos objetivos principales: el crecimiento y la estabilidad. Aún así la relación positiva entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la erradicación de la pobreza no se produce automáticamente.

Por tal motivo, también es necesario considerar el crecimiento de ciertos indicadores económicos para medir el grado de crecimiento en una economía, entre ellos se tienen: 1) la inversión (pública y privada), la misma es necesaria que incentiven los gobiernos para generar mayor riqueza entre sus habitantes, a través de la generación de mayores niveles de empleo, diversidad del aparato productivo, incentivos a la producción, mejoras en la productividad, entre otros, 2) el crecimiento sostenido, dado que el mismo produce estabilidad económica, y 3) el nivel socio económico de la población, puesto que a medida que estos indicadores se incrementen y sean sostenibles en el tiempo, habrá mayor crecimiento económico para la economía de los diferentes países, con posibilidades de erradicar la pobreza.

2.3.8. Sostenibilidad Fiscal y Estabilidad Macroeconómica

El objetivo de la política de estabilización macroeconómica, es mantener la economía transitando lo más cercanamente posible a su senda de crecimiento de equilibrio. Igualmente, está el hecho de que las fluctuaciones son en general, indeseables, ya que al apartar el producto y el empleo de sus equilibrios naturales, ocasionarían costos a la sociedad, cuyo bienestar se vería así reducido. Un ejemplo de ello, son los episodios de recesión, que hacen caer el nivel de la actividad económica por debajo de su potencial. En virtud de ello, como lo explica Massad (2000), “las perturbaciones a la economía pueden venir tanto por el lado de la demanda agregada como por el de la oferta, generando los shocks de demanda o de oferta, y estas perturbaciones tienen un impacto rápido sobre la actividad económica y los precios internos, generando a su vez, inflación, desempleo, estancamiento de la economía, entre otros” (p. 56).

En virtud de ello, la política económica, a través de sus políticas fiscales, monetarias y cambiarias son instrumentos que utilizan los gobiernos para generar estabilidad macroeconómica, en ese sentido, los gobiernos utilizan medidas para estabilizar el ciclo económico y disminuir las recesiones, a través de su influencia en la demanda agregada. En otras palabras, los gobiernos pueden luchar contra las recesiones o contra la inflación principalmente utilizando sus instrumentos monetarios y fiscales para influir en el crecimiento de la demanda agregada. Por tal motivo, como lo señala Samuelson (2000), “la combinación de la política fiscal y monetaria depende de dos factores: la necesidad de gestionar la demanda y la combinación deseada de medidas fiscales y monetarias” (p. 642).

El mismo autor señala, que la gestión de la demanda se refiere a la utilización activa de la política monetaria y la fiscal para influir en el nivel de demanda agregada, por ejemplo, la aceleración del crecimiento de la demanda agregada, provocará un aumento de los niveles de producción real, también aumentará la presión sobre los salarios y los precios y tenderá a elevar la tasa de inflación y viceversa. El segundo factor, que afecta a la política fiscal y monetaria, es la combinación de medidas fiscales y monetarias deseadas, y se refiere al poder relativo de las medidas fiscales y monetarias y a su influencia en los diferentes sectores de la economía. La idea básica es que la política fiscal y la monetaria son sustitutivas en la gestión de la demanda. Pero aunque pueden utilizarse distintas combinaciones de medidas monetarias y fiscales para estabilizar la economía, éstas producen diferentes efectos en la composición de la producción. Es por ello, que al variar la combinación de impuestos, gasto público y política monetaria, los gobiernos pueden alterar la proporción del PIB dedicada a la inversión empresarial, al consumo, a las exportaciones netas y a las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Es decir, la composición de estas medidas, contribuye a determinar la composición del PIB. De igual manera, si los gobiernos deciden utilizar una estrategia de elevada inversión, exigirían un superávit presupuestario, así como unos bajos tipos de interés reales, ya que se necesitarían suficientes recursos para llevar a cabo esa actividad.

Del texto anterior se desprende, la importancia de la estabilidad macroeconómica para la consecución de los objetivos macroeconómicos, y para conseguir tales fines, se hace necesario implementar políticas económicas cuya base esté fundada en la sostenibilidad fiscal, y la misma se basa en el hecho de que los gobiernos necesitan recursos suficientes, para asegurar su capacidad de llevar a cabo las funciones que se les atribuye. De modo que, esas funciones deben ir dirigidas a aplicar políticas fiscales eficientes que redunden en beneficios y mejoras en el nivel socioeconómico de la sociedad.

De aquí que es importante destacar, tal como lo señala Ochoa y otros (ob. cit.):

Que no basta con examinar la sostenibilidad de una determinada política fiscal, sino también es necesario evaluar la vulnerabilidad de la misma, y cuya vulnerabilidad implica determinar aquellos factores económicos, políticos y sociales que pueden comprometer el logro de los objetivos de la política fiscal, y en consecuencia, su sostenibilidad (p. 3).

Dentro de este contexto, es oportuno mencionar, según Ríos (2003), los principales problemas fiscales que se presentan en países que tienen un alto grado de volatilidad o vulnerabilidad en sus economías, debido a que dependen generalmente de un solo producto de exportación, por ejemplo, el petróleo, entre ellos se tienen:

* “Exceso de Volatilidad y ciclos petroleros

* Déficits fiscales

* Bajos ingresos no petroleros e Instituciones tributarias débiles

* Gasto público con tendencia al alza, volátil y excesivamente rígido

* Creciente deuda interna

* Uso de la devaluación como instrumento de ajuste fiscal” (p. 6).

Considerando lo anterior se deduce, que la excesiva volatilidad ocasionada por la alta dependencia de la producción de un solo producto de exportación, y la fluctuación de los precios de los mismos en la economía mundial, es el problema principal que enfrentan estos países, para ello es necesario implementar mecanismos de estabilización del ingreso o de los gastos.

2.4. Teorías que fundamentan la Investigación

A continuación se discuten y relacionan las diferentes teorías que sustentan la investigación objeto de estudio, en virtud de la problemática planteada, las cuales son: las Teorías sobre el Desarrollo Económico, la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano y la Teoría del Desarrollo Sustentable.

2.4.1. Teorías sobre el Desarrollo Económico

Antes de pasar a las Teorías sobre el Desarrollo Económico, se ofrece una aproximación al concepto de desarrollo económico, según el Banco Mundial (1991):

El desarrollo económico es el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente. En un sentido más amplio, la definición comprende también otros trascendentes aspectos conexos, principalmente la mayor igualdad de oportunidades, la libertad política y las libertades civiles. Por consiguiente, el objetivo global del desarrollo, es el de dotar de mayores derechos económicos, políticos y civiles a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, grupo étnico, religión, raza, región o país (p. 37).

Por lo tanto, se entiende como desarrollo económico, el aumento en la calidad de vida de la población, a través de la educación, salud, acceso adecuado a servicios públicos, desarrollo de la tecnología, de la infraestructura, donde todos tengan equidad en la distribución del ingreso e igualdad de oportunidades para vivir mejor.

De igual manera, uno de los factores impulsadores del desarrollo, es la capacidad para emplear de la mejor manera el conocimiento existente, a través del manejo de la información en las sociedades, llamadas también sociedad de la información o sociedad del conocimiento, sociedades que cumplen funciones eminentemente útiles, sobre la base de un conocimiento específico de circunstancias que los otros países no poseen. Asimismo, otro factor importante en la conducción del desarrollo, es la inversión en capital humano (saber, educación), ya que en la medida que las sociedades tengan procesos educativos mas avanzados, en esa medida la tasa de crecimiento y el grado de desarrollo de un país será mayor.

Un ejemplo según Wonnacott (2000), de ese grado de desarrollo, de cómo lo lograron, es el desarrollo histórico de Japón y Estados Unidos. Japón se sumó tarde a la carrera industrial y sólo a finales del siglo XIX envió a sus estudiantes al extranjero a conocer la tecnología occidental. Su gobierno desempeñó un activo papel al estimular el ritmo de desarrollo y construir ferrocarriles y otros servicios públicos. Adoptando tecnologías extranjeras productivas, pasó a ser la segunda economía industrial mayor del mundo, posición que ocupa actualmente. El caso de Estados Unidos constituye un esperanzador ejemplo para el resto del mundo. Los inventos clave de la industria del automóvil, entre otras industrias, tuvieron su origen casi exclusivamente fuera de Estados Unidos. No obstante, Ford y General Motors aplicaron inventos extranjeros y se convirtieron rápidamente en los líderes mundiales de la industria automovilística. Los ejemplos de Estados Unidos y Japón demuestran que los países pueden prosperar adaptando la ciencia y la tecnología extranjeras a las condiciones locales de su mercado (p. 536).

Por otro lado, según información obtenida en el Simposio de la Teoría de Desarrollo Económico (2003), realizado en China, se planteó, que una de las metas más importantes del desarrollo económico mundial, es eliminar la pobreza y realizar el enriquecimiento conjunto de todos los pueblos del mundo.

Igualmente, se señaló, que con el desarrollo de la economía mundial, es cada día más importante una distribución justa y razonable de la riqueza y el ingreso que crecen día a día en los países con recursos onerosos. Los países desarrollados tienen la capacidad y obligación de ayudar a los países en vías de desarrollo, para poner en práctica las construcciones concernientes y elevar el nivel de vida de los pueblos de los países en desarrollo.

También se señaló, que hay que poner en pleno juego el rol de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la economía mundial, tratar correctamente las relaciones entre la naturaleza y la humanidad, y lograr el desarrollo sostenible de la población, los recursos y el medio ambiente. A continuación las principales teorías a estudiar son: las Corrientes Dependentista y Estructuralista, la Teoría del Desarrollo por Etapas de Rostow y las Teorías del Pensamiento Latinoamericano del Desarrollo, de Sunkel y Paz.

2.4.1.1. Corrientes Dependentista y Estructuralista

a)Corriente Dependentista:

En esta corriente destacan los aportes de Henrique Cardozo y Enzo Faletto, a finales de la década de los años 60, teniendo su origen en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el objetivo de esta teoría fue:

Promover la discusión sobre los beneficios que comportaba el crecimiento de las economías exportadoras de materia prima, la naturaleza de su conexión con el mercado internacional, las causas del desarrollo y subdesarrollo de las naciones, y el rol del Estado y de los diversos actores políticos y sociales presentes en los países del tercer mundo (p. 54).

Los mismos autores señalan, que una de las premisas de la que partía la Escuela Dependentista, era que el impacto nocivo de los procesos de crecimiento económico en los regimenes de los países del tercer mundo, tenía que ver con la forma en que éstos estaban insertos en el mercado internacional, y con la articulación y naturaleza de sus actores políticos. Por lo tanto, no podía inferirse una relación directa entre crecimiento y desarrollo, y de éste con la emergencia y consolidación de sistemas democráticos.

Igualmente manifiestan, que conforme las economías del tercer mundo se volvían mas complejas, más penetradas por el capital y la tecnología foránea, y más dependientes de bajos salarios para mantener su ventaja comparativa, actores como las fuerzas armadas, los tecnócratas o la burguesía internacionalizada, adquirían una mayor centralidad, en detrimento de actores con mayor representatividad, como los partidos o los sindicatos.

Quiere ello decir, que una mayor integración económica de un país en el mercado internacional, no necesariamente tendría que suponer un mayor desarrollo de ese país, y tanto más, si la demanda de productos importados necesarios para el consumo interno, podía significar una erosión de las ventajas comparativas que ofrecía el país al mercado internacional.

Esta erosión de las ventajas comparativas, tiene su origen en la tesis Cepalina de que las economías de los países del tercer mundo, centrados en la exportación de productos primarios, habían experimentado históricamente un deterioro en los términos de intercambio, respecto a las economías exportadoras de productos industriales y tecnológicos. En base a ello, se elaboró la hipótesis de que en el orden internacional, existe un Centro y una Periferia, que están relacionados comercialmente de forma asimétrica en cuanto a la distribución de la ganancias del intercambio.

La otra premisa es, la Teoría del Intercambio Desigual, la cual supone la inviabilidad de un proyecto nacional interclasista, es decir, la imposibilidad de gestar un proyecto democrático, sin antes haber quebrado el modelo de dominación política existente, tanto a nivel internacional como interior.

En base a ello, muchos de los teóricos partieron de las ideas marxistas y esgrimieron la necesidad de una ruptura de los países del tercer mundo con sus élites, para poner fin a la dependencia de los países periféricos, y por ende, conseguir el desarrollo y la democracia, en el caso de países que estén bajo otra forma de dominación política.

Por tal motivo, la corriente dependentista, combina elementos Neo-Marxistas con la Teoría Económica Keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 30). A partir del enfoque económico de Keynes, la Corriente Dependentista está compuesta por cuatro puntos fundamentales: a) Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; b) Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector generará mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; c) Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional; d) Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. (Kalmanovitz: 1980:279).

Finalmente, cabe destacar, que aunque en Venezuela, se han realizado intentos a través de la implementación de políticas destinadas a superar el estado de país menos desarrollado en que se encuentra, entre ellos la aplicación del modelo de sustitución de importaciones en la década de los años sesenta y setenta, y la implementación de programas destinados para tal fin en épocas recientes, no se ha logrado cumplir los objetivos de desarrollo, puesto que para ello, es necesario que se involucren todos los sectores del país, entre ellos, el sector publico y privado, para la consecución de objetivos comunes, que tengan como norte lograr un crecimiento sostenido en la economía y generar mecanismos idóneos de estabilidad macroeconómica, que coadyuven en la mejora de la calidad de vida de la población.

b) Corriente Estructuralista:

Esta corriente estuvo representada por Raúl Prebish, Secretario General de la CEPAL, en la década de los años cincuenta, y la misma estaba basada según Ocampo (1998) “en el énfasis que se colocaba en la forma en que las instituciones y la estructura productiva heredadas, condicionaban la dinámica económica de los países en vías de desarrollo, y generaban comportamientos diferentes a los de las naciones más desarrolladas” (p. 23).

Esto es, según esta teoría no había estadios de desarrollo uniformes, puesto que el desarrollo tardío de los países de América Latina, tenía una dinámica radicalmente diferente a la de aquellas naciones que experimentaron un desarrollo más temprano. En virtud de ello, la CEPAL (1951), a través de Raúl Prebish, presentó las siguientes características de esta corriente estructuralista latinoamericana, con relación al vínculo establecido entre los países centrales y la periferia:

1) La CEPAL sostenía, que si bien América Latina estaba integrada por economías nacionales, con sus respectivas especificidades, no se las podía comprender si no era en función de su inserción estructural en el sistema económico mundial, la cual estaba caracterizada por la excesiva especialización productiva ligada a la elaboración de productos primarios (mayoritariamente para la exportación), el escaso desarrollo industrial y de los servicios y la satisfacción de buena parte de la demanda interna mediante la importación de bienes manufacturados provenientes de los países centrales.

2) Igualmente señalaba que, por la concurrencia de factores de diversa índole (los importantes diferenciales de productividad existentes entre los sectores dinámicos en ambos tipos de economías, las asimetrías de propiedad de la innovación científico-tecnológica, las distintas elasticidades de los precios y de los niveles salariales existentes en los dos grupos de economías, la fortaleza político-institucional de los diferentes factores de producción, entre otros), existía una tendencia secular a la disminución en los precios de los productos exportados por los países de América Latina, en relación a los productos exportados por los países centrales (o en otras palabras un deterioro en los términos de intercambio de los bienes elaborados en la periferia).

3) Esto se veía potenciado, por los importantes niveles de proteccionismo vigentes en las economías centrales y por las fuertes fluctuaciones en la demanda mundial de los bienes provenientes de la periferia. Todo ello conllevaba una significativa transferencia de excedente desde los países periféricos hacia los centrales, y muy débiles bases de sustentación del crecimiento en los primeros. Se argumentaba adicionalmente, que este tipo peculiar de inserción de los países periféricos en las corrientes internacionales de circulación de mercancías, sumado al tipo de perfil productivo prevaleciente en los mismos, tenía impactos directos sobre el mercado laboral, que tendía a desarrollar situaciones de desocupación y subocupación.

En función de las características presentadas, la CEPAL elaboró una propuesta de desarrollo para los países de América Latina, estructurada en torno de cuatro puntos básicos, relacionados entre sí:

1) En este primer punto, se vincula con el fortalecimiento del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (con fuerte apoyo estatal), que se venía registrando en muchos países de la región en respuesta a las alteraciones registradas en el funcionamiento de la economía mundial a partir de la primera guerra mundial. Según los técnicos de la CEPAL, coordinados y dirigidos por Prebish, ello constituía el principal mecanismo para la superación del subdesarrollo de las economías latinoamericanas. Tal como señalan en el famoso Estudio Económico para América Latina (1949), “no basta con incrementar la productividad para elevar el nivel de ingresos, también es decisivo el impulso al desarrollo de la industria y sus actividades asociadas” (p. 5).

2) Para la CEPAL (ob. cit.), este punto se relacionaba con la excesiva concentración de la propiedad de la tierra, característica de casi la totalidad de los países de la región. Esta situación era vista como un freno al proceso industrializador que se intentaba impulsar y esta situación se intensificaba, debido a la negativa de los grandes latifundistas a destinar al sector manufacturero los excedentes de exportación, por tal motivo, este proceso de industrialización debía ir acompañado de una reforma agraria, para que hiciera más equitativa la distribución de la propiedad de la tierra.

3) En este tercer punto, la intervención estatal debía asumir un rol protagónico, con la finalidad de superar el subdesarrollo y la pobreza de las sociedades latinoamericanas, ello debía manifestarse en los siguientes aspectos: planificación del desarrollo, diseño de un sistema de cuentas nacionales, proteccionismo y promoción de aquellas actividades que se intentaba desarrollar y fortalecer, inversión pública, empresas de propiedad estatal y fomento a la creación de empresarios industriales. De esta forma se consideraba, que en el marco brindado por las condiciones estructurales propias de la periferia latinoamericana, el aparato estatal contribuiría decisivamente al desarrollo económico de la región.

4) El cuarto punto, se asocia al reconocimiento de que ese accionar estatal, debía procurar adicionalmente, la integración económica latinoamericana. Adicionalmente, este impulso a la integración latinoamericana, tenía por objetivo fortalecer el posicionamiento de los países de la región, frente a los centrales.

En definitiva, lo que interesa destacar, es la indudable influencia de la CEPAL en impulsar muchas políticas de carácter desarrollista, aplicadas en la región durante la década de los años cincuenta, ello contribuyó a afianzar el proceso de industrialización, aunque valga decir, no siempre se logró ese fin, debido entre otras causas, a la naturaleza intrínseca de las economías en vías de desarrollo.

2.4.1.2. Teoria del Desarrollo por Etapas de Rostow

Walter Whitman Rostow, historiador norteamericano, y uno de los principales pioneros del desarrollo, a principios de la década de los sesenta, realiza una visión integral del proceso económico, tomando en cuenta aspectos sociológicos, políticos, institucionales, culturales e históricos en general, que favorecen el crecimiento económico, y concibe éste, como una serie de etapas donde deben ocurrir ciertos cambios, tanto en el modo de producción, como en los valores de la sociedad y las cuales deben estar caracterizadas por una mayor propensión a ahorrar e invertir, un incremento del espíritu de iniciativa, una disposición abierta al adelanto tecnológico, entre otros. Y explica el proceso de desarrollo como el tránsito desde la sociedad tradicional (etapa en la que se encontraban los países en vías de desarrollo) hasta la etapa de la calidad o más allá del consumo, (en la que estaban entrando los países desarrollados en la década de los años sesenta). A continuación las etapas desarrolladas por Rostow, son las siguientes:

1) Sociedad Tradicional: La economía en este período se caracteriza por una actividad de subsistencia, donde la totalidad de la producción está destinada al consumo de los productores, más que para el comercio. Este comercio en pequeña escala se desarrolla en base a sistemas de intercambio de mercancías y bienes, a modo de trueques, en una sociedad donde la agricultura es la industria más importante. La mano de obra empleada contrasta con la escasa cantidad de capital invertido, a la vez que la localización de los productos está firmemente determinada por los métodos tradicionales de producción, por la falta de conocimientos técnicos.

2) Condiciones previas al impulso inicial: Período de transición, durante el cual la sociedad tradicional adquiere aptitudes para aprovechar intensa y extensamente los resultados de la ciencia y la tecnología modernas, y para neutralizar los rendimientos decrecientes, en esta etapa se constituye el Estado nacional centralizado y eficaz, se adoptan instituciones modernas y se difunden las ideas y la voluntad de progreso. Igualmente, se requieren cambios radicales en el aumento de infraestructuras, incremento de la productividad y expansión del comercio.

3) El impulso inicial o despegue: Entendida como el “crecimiento rápido de un grupo limitado de sectores donde se aplican las modernas técnicas industriales, estos sectores son los denominados sectores guía (ferrocarriles, transformación de alimentos, naval, militar, entre otros)” (p. 289). Y se caracteriza porque la tasa efectiva de ahorro e inversión puede aumentar del 5% al 10% del ingreso nacional, su superan los antiguos obstáculos y resistencias al crecimiento sostenido, éste se convierte en condición normal de la vida económica, el desarrollo tecnológico se difunde y la industrialización se generaliza, la economía explota recursos naturales e incorpora procedimientos de producción avanzados.

4) La marcha hacia la madurez: Rostow la define “como el periodo en que una sociedad ha aplicado eficazmente todas las posibilidades de la tecnología moderna al conjunto de sus recursos” (p. 290). Caracterizado por un largo intervalo de progreso sostenido, aunque fluctuante en el corto plazo, con tasa de inversión variable, entre el 10% y el 20% del ingreso nacional y dominio cada vez mayor de la tecnología, la economía nacional se proyecta al exterior, en función de sus propios intereses, el marco institucional de la sociedad favorece el crecimiento e impulsa el progreso en todos sus aspectos. Esta etapa también se distingue por el cambio en la estructura de la fuerza de trabajo (desplazamiento del sector agrícola al industrial), el aumento de la renta, entre otros.

5) La era del alto consumo masivo: Los sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios de consumo, en razón de un alto y creciente ingreso superiores y la diversificación avanzada del aparato productivo, surge el Estado benefactor y se hacen primordiales los objetivos de bienestar y seguridad sociales. Igualmente, se incrementan las industrias productoras de bienes de consumo. El sector servicios se convierte crecientemente en el área dominante de la economía. De acuerdo con Rostow, “el desarrollo requiere una inversión sustancial de capital” (p. 291).

Cabe destacar, que el proceso histórico de crecimiento no se detiene en la quinta etapa, la sociedad consumista se transforma en post-industrial y nuevas satisfacciones se hacen imperativas más allá del consumo de los bienes materiales, que es la aspiración a una mejor calidad de vida de todos los habitantes que integran esa sociedad.

Resumiendo, esas etapas de desarrollo de Rostow, son mecanismos que pudieran impulsar el desarrollo en el país, aunque fueron diseñadas tomando en cuenta el desarrollo de los países occidentales (Europa y Estados Unidos) y no todos los modelos tienen el mismo patrón de comportamiento, pero habría que tomar en cuenta entre otros elementos sustantivos, una evolución macroeconómica favorable, sustentada en la estabilidad de las principales variables macroeconómicas y un ambiente de crecimiento sostenido en la economía.

2.4.1.3. Teorías del Pensamiento Latinoamericano del Desarrollo, de Sunkel y Paz

Los estudios desarrollados por Sunkel y Paz (1981), sobre el Desarrollo y Subdesarrollo, dan cuenta de la complejidad que representan, “siendo ambas estructuras parciales, pero independientes, que conforman un sistema único” (p. 37).

Esto es, ambos procesos son históricamente simultáneos, que están vinculados funcionalmente y que interactúan y se condicionan mutuamente y que su expresión geográfica concreta se observa en dos grandes dualismos: por una parte la división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, desarrollados, centros, y los estados nacionales subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos, dependientes; y por la otra, la división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas, y en áreas, grupos, actividades atrasadas, primitivas y dependientes.

Los mismos autores señalan, que el problema fundamental del desarrollo de una estructura subdesarrollada, es la necesidad de superar su estado de dependencia, transformar su estructura para obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación de su sistema económico, que permita satisfacer los objetivos de la respectiva sociedad.

En otras palabras, el desarrollo de un país en vías de desarrollo, significa lograr una creciente eficacia en la administración innovadora de su medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social, así como de su relación con otros países, esto implica una reorientación de la política de desarrollo, tanto en lo interno, como en las relaciones internacionales, asimismo implica el desarrollo de la tecnología, obtención de niveles de crecimiento de producto por habitante, la expansión del ingreso nacional, apoyo al sector industrial y productivo, eficiencia en las relaciones de producción y la implementación de políticas sociales que abarquen a los sectores más vulnerables en situación de pobreza, entre ellas, seguridad social, empleo, educación, salud, entre otros.

De igual manera, como lo manifiestan los autores, entre las teorías o tendencias que se preocupan del desarrollo, están: 1) las que conciben el desarrollo como crecimiento, las que lo perciben como un estado o etapa y las que enfocan el desarrollo como un proceso de cambio estructural global.

1) El Desarrollo como Crecimiento: Este tipo de desarrollo se define como el nivel de desarrollo en términos de ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en términos de tasa de crecimiento. El ingreso por habitante es el indicador o medida más adecuado para definir el nivel y ritmo de desarrollo. De igual manera, la preocupación fundamental de la teoría del crecimiento, se centra en la influencia que tiene la inversión sobre el crecimiento del ingreso, el equilibrio dinámico y la ocupación.

En virtud de que esta teoría en gran parte coloca el acento sobre la inversión, permite asociarla fácilmente con la escasez de capitales considerada como el problema básico de los países subdesarrollados, en virtud de ello, esta teoría explica que el nivel de subdesarrollo y la lentitud del proceso de desarrollo, se debe a la falta de capitales. En otro sentido, esta teoría asignó un papel fundamental al Estado, en la política económica, ya sea para que estimule las inversiones privadas o realice nuevas inversiones públicas, o para que mantenga un nivel de gastos públicos elevados, según la situación de la demanda efectiva, basándose en la teoría keynesiana.

Finalmente, el método macroeconómico utilizado por la teoría del crecimiento, representó un avance considerable sobre el macroeconómico, pues permitió destacar, dentro de una visión dinámica y de conjunto, del sistema económico, algunas de las cuestiones centrales del desarrollo, entre ellos, el nivel comparativo de ingresos, el ritmo de crecimiento, el papel del sector público, entre otros.

2) El Subdesarrollo como Etapa: En esta etapa, el proceso de desarrollo es concebido como una sucesión de etapas, que se recorren desde la más primitiva o tradicional a la más desarrollada (moderna sociedad industrial), pasando por varios niveles o estadios intermedios que tienen determinadas características, entre ellas están: el establecimiento de programas como el desarrollo de la comunidad (políticas sociales), la racionalización de la administración pública, los esfuerzos por introducir la preocupación de la productividad en las empresas y en general, el hincapié en la racionalización o modernización en el sentido de los valores, actitudes, instituciones y organizaciones de las sociedades desarrolladas. En otras palabras, se concibe el desarrollo como una secuencia de etapas históricas que son por lo general, las mismas que pueden observarse en la evolución de los países actualmente desarrollados, para señalar descriptivamente, cómo a través de diversas etapas de superación de esas formas primitivas, tradicionales o precarias de la estructura social, y de un cambio de actitudes, de valores y de política, se puede llegar a la sociedad moderna, equivalente a la de los países desarrollados e industrializados. Esta teoría está apoyada en la teoría del dualismo sociológico de Boeke y en los enfoques de Rostow y de Germani.

3) El desarrollo como un proceso de cambio estructural global: Esta teoría concibe al desarrollo como un proceso deliberado, que persigue como finalidad la igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional, como en relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material. Asimismo, explica dicho proceso de cambio, incorporando todas las variables socioeconómicas internas y externas, que se consideren pertinentes, formuladas en función de un esquema analítico explícito, y este esquema debe reposar sobre las nociones de proceso, de estructura y de sistema.

De igual manera, el subdesarrollo se postula basándose sobre la observación m histórica sistemática, esto es, el subdesarrollo es parte del proceso histórico global de desarrollo, puesto que tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico, universal, en virtud de ello, la diferencia fundamental que diferencia a ambas estructuras, es que la desarrollada, en virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica es dependiente, y esto se aplica tanto entre países como dentro de un país.

En virtud de lo anteriormente señalado, esta teoría también se caracteriza por la participación social, política y cultural activa de nuevos de nuevos grupos sociales, antes excluidos o marginados, y esa participación debe hacerse presente, tanto en la formulación de los objetivos de la sociedad, como en la tarea de alcanzarlos. Es decir, se trata de procesos en los cuales, nuevos grupos sociales que fueron “objeto” del desarrollo, pasan a ser “sujeto” de ese proceso. Es por ello, que el desarrollo ha sido conseguido generalmente mediante un proceso intencionado donde algunos de los grupos socioeconómicos, hasta entonces marginados, han participado en forma creciente, tanto en la definición de los objetivos como en las tareas concretas y en los beneficios del proceso (Sunkel y Paz: 1981: 38).

Todas estas corrientes y teorías del desarrollo, lo que persiguen es que se implementen mecanismos en los países menos desarrollados, entre ellos Venezuela, para lograr el objetivo de mayor alcance, que es el desarrollo en si, puesto que los países desarrollados logran desarrollar grandes tecnologías, superar en cierta medida los niveles de pobreza y alcanzar crecimientos sostenidos en sus economías, entre otros. De allí la importancia de adoptar estrategias de crecimiento, fundamentadas en el estímulo de las exportaciones no tradicionales, con la finalidad de garantizar la competitividad externa de los productos de origen nacional, para impulsar las inversiones en el país y con ello, incrementar el empleo productivo, lo que redundaría en mejoras en el nivel de bienestar de la sociedad venezolana, y a su vez, aplicar medidas que impulsen el desarrollo del país. A continuación, se explicará la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, el cual viene a constituir una de las bases que sustenta la presente investigación.

2.4.2. Teoría del Estado Benefactor Keynesiano

La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, sirvió de sustento desde lo económico de lo que se llamó el Modelo del Estado Benefactor, que trataba de disminuir las diferencias sociales. Es decir, el Estado Benefactor Keynesiano tiene su origen en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, la cual se considera el trabajo magistral del economista británico John Maynard Keynes (1883-1946). El libro es visto como la fundación de la Macroeconomía Moderna. Es decir, en gran medida, creó la terminología de la moderna Macroeconomía. Se publicó en febrero de 1936, en una época marcada por la Gran Depresión estadounidense. Su teoría general, desencadenó una revolución en el pensamiento económico, llamada la “Revolución Keynesiana”, en la forma en que los economistas (Clásicos), pensaban en el fenómeno económico y especialmente en cómo pensaban acerca de la viabilidad y conveniencia de la gestión del sector público, y del nivel agregado de la demanda en la economía. Sus ideas tuvieron un fuerte impacto en las teorías económicas y políticas modernas y también en las políticas fiscales de muchos gobiernos. Estaba a favor de una política de intervencionismo estatal, a través del cual el Estado utilizaría medidas fiscales y monetarias con el objetivo de mitigar los efectos adversos de las recesiones, depresiones y períodos de auge económico. Se considera como uno de los principales fundadores de la Macroeconomía Moderna. De igual manera, las teorías de Keynes fueron tan influyentes, que actualmente existe todo un subcampo de la Macroeconomía llamado Economía Keynesiana, donde se discuten sus teorías y las aplicaciones de éstas.

El pensamiento keynesiano estuvo en contraposición en algunos puntos con el pensamiento clásico, ello implicó una ruptura entre Keynes y los Clásicos, es decir, un cambio de paradigma, entre ellos se tienen:

La Teoría Económica Clásica está basada en el supuesto del empleo total del trabajo y de los factores de producción. Puede haber períodos que se aparten del empleo total, pero éstos se consideran como anormales. Si bien en alguna época no hay realmente empleo total, la Teoría Clásica afirma que siempre hay una tendencia hacia el empleo total. La situación normal es un equilibrio estable de empleo total. Si la perturbación persiste, la escuela clásica le atribuye a la interferencia de los gobiernos o los monopolios privados en el libre juego de las fuerzas del mercado. (Dillard: 1980:18).

El mismo autor señala, que en contraste con este planteamiento, Keynes considera que la situación normal del capitalismo del laissez faire es un nivel de empleo fluctuante. La finalidad primordial de la Teoría de Keynes consiste en explicar lo que determina el volumen de empleo en cualquier momento. La Teoría Clásica presupone el empleo total y prosigue explicando cómo se adscribe a la producción un volumen total dado de elementos y cómo se distribuye la renta derivada de la producción entre los diferentes tipos de elementos que participan en la producción. Las fuerzas del mercado que adscriben los elementos a la producción y determinan las recompensas en la distribución son la oferta y la demanda. Las relaciones generales de la oferta y la demanda determinan los valores relativos de los elementos de producción y de las mercancías singulares. Expresados en términos de dinero, estos valores son los precios, y el sistema que fija los precios es el mecanismo planificador inconsciente que guía a los particulares, al perseguir los rendimientos individuales máximos, a poner en juego y sin reserva la totalidad de los medios del sistema económico. Esta es brevemente esbozada, la célebre Teoría del Valor, de la Distribución y la Producción, que constituye el núcleo de la Teoría Económica Clásica.

Asimismo, Keynes estaba en contraposición con la Teoría Clásica sobre el Empleo, donde ellos asocian el equilibrio con el pleno empleo. Señalaban que las altas tasas de desempleo representaban un problema pasajero, originado por las fluctuaciones económicas y el desequilibrio a corto plazo, es decir, según los Clásicos, la economía de mercado tiene una tendencia natural a desplazarse hacia el pleno empleo y habrá pleno empleo, siempre que la economía esté en equilibrio.

En cambio, la Teoría Keynesiana plantea, que la economía puede caer en un equilibrio con desempleo masivo, que implicaría un período prolongado de demanda agregada inadecuada y altas tasas de desempleo. Igualmente, Keynes señalaba que la causa real del desempleo era el insuficiente gasto en inversión.

En otras palabras, la Teoría General del Empleo de Keynes, se ocupa de las variaciones del volumen de producción y del empleo en el sistema económico en su conjunto como resultado de las fluctuaciones en la cantidad de los medios de producción empleados. La aceptación del empleo total como una situación normal de una economía de cambio, se justifica en la teoría económica clásica, mediante el supuesto de que la oferta crea su propia demanda. Este supuesto está basado en la Ley del Mercado de Say. Es decir, todo lo que se produce, se consume o se demanda, esta ley constituye una negación de la posibilidad de una superproducción general, esto es, una negación de la posibilidad de una deficiencia de demanda adicional. En una economía de cambio, la Ley de Say significa que el gasto siempre será suficiente para mantener el empleo total. La justificación clásica del empleo total como normal se basa en el supuesto de que la renta se gasta automáticamente a un ritmo que mantendrá empleados todos los medios de producción.

En ese mismo orden de ideas, Wonnacott (1993), señala, “que los autores clásicos siempre han tendido a considerar como voluntario el desempleo, aún el cíclico y el estructural” (p. 149). En efecto, pensaban que esas formas de desempleo se deben a que los trabajadores que han perdido sus antiguos puestos se niegan a ir a trabajar en otra parte, con un nivel más bajo de salarios. Es por ello, que Pigou (economista clásico), en su Teoría del Desempleo (1933), había sostenido que el volumen de empleo dependía de una tasa de salarios reales y de la curva de la demanda de mano de obra, para él, la baja de los salarios reales debía ser uno de los correctivos utilizables contra el desempleo. Ellos consideraban el desempleo como una manifestación de desequilibrio momentáneo, excepcional (p.261).

Para Keynes, por el contrario, los desempleos cíclicos (períodos de depresión cíclica) y estructural (cuando ciertas ramas de la producción son abandonadas y el trabajador está largos periodos de tiempo sin empleo), son “involuntarios”, es decir, no se deben a la negativa obrera de trabajar en ciertas condiciones, sino al mecanismo mismo de la economía de nuestro tiempo, no podría remediarse con una baja de salarios, ya que también los salarios son rígidos hacia la baja, el desempleo se debe a una insuficiencia crónica de la demanda efectiva, esta insuficiencia es la que limita las inversiones, y por lo tanto, el nivel de la ocupación.

Según Dillard (ob. cit.), el punto de partida lógico de la Teoría de la Ocupación de Keynes, es el Principio de la Demanda Efectiva. El empleo total depende de la demanda efectiva total (y ésta se compone de dos partes: el gasto para el consumo y el gasto para la inversión), donde el paro es el resultado de una falta de demanda total. La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta. Cuando el empleo aumenta, aumenta la renta. Es decir, para que haya una demanda suficiente para mantener un aumento en el empleo, tiene que haber un aumento en la inversión real igual a la diferencia entre la renta y la demanda de consumo procedente de esa renta. En otras palabras, el empleo no puede aumentar, si no aumenta la inversión. Esta es la médula del principio de la demanda efectiva.

Keynes pensaba que la economía estaba caracterizada por una insuficiencia de demanda efectiva. Por ello, según Wonnacott (ob. cit.), las causas de esta insuficiencia le parecían múltiples, pero tres de ellas le fueron de mayor importancia: la disminución progresiva de la propensión marginal a consumir, el decrecimiento de la eficacia marginal del capital y el exceso de la preferencia por la liquidez.

El mismo autor señala, con relación a la disminución progresiva de la propensión marginal a consumir, que era la principal causa, ya que en la economía capitalista, el ingreso distribuido tiende a crecer y cuando éste crece, la parte destinada a gastos de consumo crece también, pero en menor proporción. El ahorro se hace cada vez más fácil. En una sociedad capitalista esta disposición esta reforzada por el comportamiento de los diversos grupos sociales. Por tal motivo, la distribución de los ingresos tiende a hacerse sobre bases cada vez menos igualitarias. En esas condiciones, el consumo de las clases pobres tiende a aumentar poco, porque su ingreso aumenta poco, mientras que las clases privilegiadas, cuyo ingreso crece más de prisa, encuentran un interés cada vez menor en las satisfacciones que les procuraría un aumento de sus gastos de consumo: la parte de ingreso que renuncian a consumir es cada vez más fácilmente creciente. Tal como lo señala Keynes (1980), en su Teoría General:

Este análisis nos da una explicación de la paradoja de la pobreza en medio de la abundancia. Pues la mera existencia de una insuficiencia de demanda efectiva puede ocasionar, y ocasiona a menudo, una detención del aumento del empleo antes de llegar a un nivel de empleo total…Además, cuanto más rica sea una comunidad, mayor tenderá a ser la distancia entre su producción efectiva y su producción potencial, y por tanto, más obvios y atroces serán los defectos del sistema económico (p. 38).

Con respecto al segundo punto, la baja progresiva de la eficacia marginal del capital, señala Keynes que la insuficiencia en las inversiones es un fenómeno grave y muy real y esta disminución está ligada a la baja en la propensión a consumir. Por ello, los empresarios, menos seguros de vender fácilmente y a un precio remunerador, cuando se hace más lento el ritmo de crecimiento de los gastos de consumo, esperan menores beneficios, y esto hace que el incentivo a invertir disminuya. De allí que Keynes señala, que lo que impulsa a invertir no es la abundancia de ahorro (como lo señalan los clásicos), sino el rendimiento probable del capital. Y con relación al último punto, preferencia por la liquidez, éste se basaba en tres motivos: el motivo transacción, el motivo precaución (donde los capitalistas pierden más el gusto por el riesgo y prefieren cada vez más colocar sus haberes en formas lo más liquidas y seguras posibles) y el motivo especulación, siendo éste último el más importante, a causa de su inestabilidad. Donde se afirma, que la preferencia por la liquidez tiende a aumentar cada vez más, sobre todo en situaciones de riesgo, de una guerra, entre otros.

Por otro lado, y dentro de este marco de acción, Keynes utiliza el concepto de demanda total bajo la denominación de demanda agregada y propuso que la demanda agregada se analizara a partir del estudio de cuatro componentes, que corresponden a los componentes del Producto Interno Bruto:

1)Los gastos del consumo privado.

2)La demanda de inversión (demanda de equipos, planta, edificios y nuevas tecnologías).

3)Las compras de bienes y servicios por parte del Estado.

4)Las exportaciones netas.

A pesar de que el consumo es el componente mayor de la demanda agregada, la demanda de inversión y el gasto del Estado, juegan un papel importante en la economía keynesiana. La demanda de inversión es importante debido a que es la causa principal de la inestabilidad económica (donde el volumen de inversión depende de la eficacia marginal del capital y del tipo de interés). Keynes resaltó que los empresarios solo desean invertir cuando esperan obtener beneficios por las inversiones. Pero las expectativas son frágiles, cuando la economía comienza a estar en declive, los empresarios se vuelven pesimistas y por tanto, recortan la inversión, acelerando el descenso. En otras palabras, Keynes utilizó la demanda de inversión, para subrayar lo inestable que podía ser la economía de mercado. Esta visión contrasta con la clásica, en la que una economía se desplaza hacia el equilibrio con pleno empleo y es básicamente estable (suponiendo que la cantidad de dinero también lo sea).

El gasto del Estado juega un papel clave en la economía keynesiana como remedio a la inestabilidad económica, donde el Estado debe proporcionar una solución mediante el incremento del componente de la demanda agregada, directamente bajo su control. Es decir, el Estado debe intervenir incrementando su gasto, cuando hay descenso en la demanda de inversión y de este modo, restaurar el empleo para mantener el nivel global de gasto en la economía. Resumiendo, Keynes, señaló que la inestabilidad de la demanda de inversión, es la causa de la inestabilidad económica. El gasto del estado se puede usar como un remedio. Cuando la demanda de la inversión disminuye, se puede aumentar el gasto del estado. Cuando la demanda de la inversión se recupera, se puede limitar el gasto del estado para estabilizar de nuevo la demanda agregada. Así el gasto del estado, se puede utilizar de nuevo para compensar las fluctuaciones de la demanda de inversión. (Wonnacott: 2000:148).

Es allí cuando surge el Estado Benefactor Keynesiano, puesto que Keynes ofreció las bases para su teoría, presentando la posibilidad de que las crisis económicas puedan controlarse, en alguna manera, mediante la intervención del Estado, y ello originó un cambio radical en las funciones del aparato estatal. Keynes mostró que el sistema no podía regenerarse por si mismo, si no mediaba la voluntad política del Estado y su intervención directa en la economía global de un país y señaló que para los periodos de deflación, de desempleo masivo, de recesión en la economía, era necesario el papel corrector que debe jugar el Estado. Por tal motivo, el Estado va a actuar en beneficio de los trabajadores, implementando reformas para beneficiar a la población, como los programas de salud, vivienda, leyes para regular el salario, educación y en virtud de ello, el Estado puede considerar al gasto social como una inversión productiva y una solución a la crisis.

Finalmente, Keynes argumenta que el nivel de empleo en la economía moderna estaba determinado por tres factores: la Inclinación Marginal a Consumir (el porcentaje de cualquier incremento en la renta, que la gente destina para gasto en bienes y servicios), la Eficiencia Marginal del Capital (dependiente de los incrementos en las tasas de retorno), y la Tasa de Interés. El argumento clave en el pensamiento de Keynes, es que una economía debilitada por la baja demanda (como por ejemplo, en una depresión), donde hay un problema desencadenante (dificultad en conseguir una economía que crezca vigorosamente), el Estado (Sector público) puede incrementar la demanda agregada, incrementando sus gastos (aunque se incurra en déficit público), es decir, los intentos del gobierno tratando de influir en la demanda agregada a través de los impuestos, el gasto público y la política monetaria, sin que el sector público incremente la tasa de interés lo suficiente, como para minar la eficacia de esta política.

Cabe destacar, que en atención a los planteamientos descritos, el Estado venezolano ha sido intervencionista en el periodo actual y en épocas recientes, con la finalidad de regular la economía del país, y a su vez para implementar una serie de programas encaminados a paliar los problemas sociales en que se encuentran los grupos más vulnerables en situación de pobreza extrema. De allí que es imperativo, que el Estado genere mecanismos a través de la vinculación con el sector productivo del país, para que se dote de capacitación técnica y especializada a la población que se encuentra en esta situación y se logren insertar en el mercado laboral, a fin de tratar de superar los niveles de pobreza en que se localizan estos grupos con necesidades básicas insatisfechas.

2.4.3. Teoría del Desarrollo Sustentable

El Desarrollo Sustentable tiene sus orígenes en el año 1972, en la publicación del Informe al Club de Roma, los Límites del Crecimiento: Un Informe del Proyecto del Club de Roma, sobre el predicamento de la humanidad, el cual señalaba la existencia de límites físicos al crecimiento, debido al agotamiento previsible de los recursos naturales y a la incapacidad global de asimilación de los residuos del planeta.

Luego, este planteamiento es retomado casi 20 años después en el debate internacional y se realiza a través del Informe elaborado en 1987 por Gro Harlem Brundtland, Nuestro Futuro Común (conocido como Informe Brundtland), de allí surgió la Comisión Brundtland, la cual en sus deliberaciones, definió el Desarrollo Sustentable, como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 3). En virtud de ello, se deducen dos conceptos básicos: atención a necesidades y equidad transgeneracional. Es decir, que la generación actual no comprometa, ni maltrate el medio ambiente, como para impedir que las próximas generaciones puedan hacer lo mismo y que las futuras generaciones tengan la misma opción.

De igual manera, según la Cumbre de la Tierra (1992), realizada en Río de Janeiro por 178 países, concordaron en un conjunto de principios, denominado Carta de la Tierra, los cuales habrían de ser respetados por los gobiernos y la población, y se adoptó un programa de acciones para promover la sustentabilidad, el cual se denominó Agenda 21, y de allí se creó un mecanismo institucional dentro del Sistema de las Naciones Unidas, que fue la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la cual se encarga de velar por el bienestar de la calidad de vida de las poblaciones a nivel mundial y de los ecosistemas, tratando de crear conciencia, para que no se destruya el medio ambiente a escala mundial, ya que ése es la base para un desarrollo sustentable.

En ese sentido, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (ob. cit.), señala que, “el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el sentido de que su principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de la vida” (p. 10).

De igual manera, Reed (2000), señala que el Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: económico, social y ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este desarrollo.

1) “El Componente Económico de la Sustentabilidad, señala que las sociedades se encaminen por sendas de crecimiento económico, que generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo” (p. 49). Como por ejemplo, el endeudamiento externo, que acarrea posteriormente, el pago del servicio de la deuda, el cual compromete el bienestar de la población futura, por la merma en los ingresos de la nación, el cual pudiera destinarse a la ejecución de políticas públicas, a través del gasto social.

El mismo autor señala, que requiere además, que las sociedades generen un flujo óptimo de ingresos a la vez que mantienen las existencias básicas de capital. En el contexto, el capital incluye el capital de fabricación humana, capital humano y el capital natural. La economía sostenible requiere de un enfoque diferenciado respecto al crecimiento, en el sentido, de que muchas áreas del mundo en desarrollo necesitan urgentemente aumentar su capacidad productiva y, al mismo tiempo, y con la misma urgencia, las sociedades industrializadas deben reducir su consumo de recursos naturales y dar a dichos recursos un uso más eficiente. La Sustentabilidad Económica, exige además, internalizar todos los costos, incluyendo los costos sociales y ambientales relacionados con la producción y disposición de los bienes.

2) Con relación a la dimensión social de un desarrollo sostenible, presupone que la equidad y una comprensión de la interdependencia de las comunidades humanas son requisitos básicos para una calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del desarrollo. A fin de sostener una trayectoria del desarrollo durante un largo período (sostenible en el tiempo), las riquezas, recursos y oportunidades deben compartirse de manera tal, que todos los ciudadanos tengan acceso a niveles mínimos de seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, como alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades de autorrealización personal.

La equidad social significa, asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación y tengan la oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad que sean productivas y justamente remuneradas. La interdependencia de la comunidad humana implica comprender que las severas desigualdades sociales constituyen una amenaza para la estabilidad y la viabilidad a largo plazo de la convivencia humana. La interdependencia implica además, reconocer que los niveles de vida de las comunidades están relacionados, en última instancia, con el tamaño de la población humana que deberá ser mantenida por los recursos ambientales y la infraestructura del planeta. De igual manera, la dimensión social de un desarrollo sustentable, exige la activa participación política de todos los sectores sociales y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos a una sociedad más amplia en relación con su formulación de políticas sociales básicas referentes, entre otras cosas, a asuntos de equidad social y tamaño de la población. Requiere también aprovechar el conocimiento y experiencia de las poblaciones y fortalecer la capacidad de los grupos sociales para moldear y manejar sus propias vidas.

3) La Dimensión Ambiental de un Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el mantenimiento de la integridad, y por lo tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano. Estos tres componentes del desarrollo sostenible, deben converger de forma tal, que generen un flujo estable de ingresos, aseguren la equidad social, alcancen niveles de población socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital de fabricación humana y de capital natural, y protejan los servicios del ambiente que imparten vida (p. 50).

Asimismo, en la Cumbre de la Tierra (ob. cit.), se acordaron una serie de estrategias para el logro de un desarrollo sustentable, entre ellas, están:

1)El Componente Económico:

Administración macroeconómica sana: Aplicación de políticas fiscales prudentes, mantenimiento a largo plazo del equilibrio de la balanza de pagos, contratación de niveles manejables de las obligaciones financieras internacionales.

Crecimiento con alivio de la pobreza: Aplicación de políticas económicas intensivas en el uso de mano de obra, a fin de aumentar al máximo la creación de empleos para los sectores más necesitados y vulnerables, aplicación de incentivos monetarios y fiscales para ampliar las oportunidades productivas y de comercialización para los pequeños agricultores y comerciantes, distribución de los aumentos de la productividad nacional en forma tal que se amplíen las oportunidades de producción para los sectores más pobres, fortalecimiento de los incentivos económicos y sociales para las empresas asociativas y cooperativas entre los sectores más necesitados.

Producción Agrícola: Reversión de las políticas contrarias al sector agrícola, fortalecimiento de la seguridad en el suministro interno de alimentos, aumento de la participación de la inversión pública en la agricultura para el mejoramiento de la tierra, administración de cuencas hidrográficas, reforestación y servicios de extensión.

El papel del Estado incluye tres vertientes: 1) como agente económico, debe adaptarse el papel del Estado a las áreas en las que se desempeñe con mayor eficiencia que el sector privado, y en donde se facilite la participación óptima del sector privado; 2) como garante del bienestar social: fortalecimiento de las funciones de administración, regulación y fijación de normas en áreas en las que se requiere la defensa de los intereses y del bienestar social; 3) como garante del desarrollo social: suministro de bienes y servicios sociales y ambientales y creación de condiciones sociales equitativas.

2)El Componente Social:

Equidad Distributiva: Institucionalización de los mecanismos para la redistribución de la riqueza, activos productivos e inversiones futuras para garantizar la participación de los más necesitados en actividades generadoras de ingresos, así como su acceso a la riqueza social y a los recursos productivos.

Servicios Sociales: Suministro de las necesidades básicas de vivienda, sanidad y agua potable, mejoramiento de la infraestructura social para garantizar la educación, capacitación, atención a la salud y servicios para la población, garantía de acceso igualitario de los pobres a la asistencia legal, servicios crediticios y financieros y oportunidades de empleo.

Equidad de Sexos: Provisión de oportunidades igualitarias con el fin de que las mujeres se incorporen a las actividades generadoras de ingresos, educación y capacitación y programas de salud, establecimiento de un status legal igualitario, a fin de que las mujeres puedan ejercer derechos a la propiedad y obtener acceso al crédito.

Estabilización de la Población: Fomento de la estabilización demográfica y estrategias de adaptación y provisión a las familias de servicios de planificación familiar, para garantizar una población que no exceda la capacidad de soporte del ecosistema de un país.

Responsabilidad Oficial y Participación Política: Instrumentación de mecanismos transparentes y accesibles mediante los cuales los gobiernos deban responder ante la población en relación con los asuntos sociales, ambientales y del desarrollo económico, garantía de consulta y participación de todos los sectores en la formulación e implantación de políticas para el desarrollo nacional.

3)El Componente Ambiental:

Uso sostenido de los Recursos: Limitación del consumo de los recursos naturales renovables a tasas regenerativas, garantía de que las tasas de consumo de los recursos no renovables, no excedan el suministro de sustitutos.

Funciones de Absorción: Disminución de las descargas de contaminantes atmosféricos, contaminantes del agua y desechos tóxicos, para así garantizar que las emisiones no excedan la capacidad de absorción del ambiente.

Capital Natural: Instrumentación de mecanismos reglamentarios y basados en el mercado, para asegurar que la existencia total del capital natural sea constante con el transcurrir del tiempo, establecimiento de políticas nacionales que contribuyan a aumentar la cantidad y calidad del capital natural (p. 52).

Es decir, crear un marco de acción, que regule todo el contexto en el plano de la sostenibilidad de todo el planeta (sostenibilidad global), donde la primera prioridad sea el alivio a la pobreza de los países menos favorecidos, a través de mecanismos nombrados anteriormente, también el reordenamiento de los patrones del comercio internacional y de los flujos de capital, para asegurar una mayor afluencia de los países en desarrollo en estas relaciones económicas, y por último, la responsabilidad de la actual generación en relación con la protección de las opciones y oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones, mediante la protección del ambiente y de los recursos naturales.

Con relación a las teorías planteadas anteriormente, todas dan cuenta del camino a donde se pretende llegar, el cual es la búsqueda de un desarrollo económico, que sea sustentable en el tiempo, y a través del cual se transiten por vías de estabilidad económica, donde la economía no esté presionada por los schoks petroleros, por los déficits fiscales, por los procesos inflacionarios, donde el bienestar social de la población venezolana sea el norte de esas políticas públicas que se llevan a cabo en la economía y en virtud de ello, se observa el distanciamiento de ese deber ser, de la realidad fiscal y económica del país, en función de los resultados sociales, que tienen que ver con la pobreza, el desempleo, la desigualdad en la distribución del ingreso, entre otros.

2.4.4. Aproximaciones teóricas acerca del Desarrollo Humano

Según el PNUD (2000), el “Desarrollo Humano consiste en un proceso de ampliación de las opciones, de fortalecimiento de las capacidades y de incremento de las oportunidades de elección de las personas” (p. 2). Es decir, el desarrollo humano es una postura ética y normativa, que promueve la libertad de la persona, y a su vez, es un proceso de realce de la capacidad humana. Entendida ésta, como “la habilidad de una persona para hacer actos valiosos o alcanzar estados para ser valiosos” (Sen: 1996: 56).

En este sentido, se relaciona con la ventaja que tiene la persona para realizarse, de acuerdo con las oportunidades que se le presenten. El aumento de las capacidades humanas es el factor generador de la dinámica principal del desarrollo humano, capacidades, oportunidades, opciones.

El mismo PNUD (ob. cit.), señala, que dentro de esta perspectiva, el Desarrollo va mucho más allá del ingreso y el crecimiento económico, para abarcar las potencialidades y capacidades de la población. Una nueva visión centrada en la gente, en el mejoramiento de su calidad de vida y en su participación, tanto en el ámbito productivo, como en la promoción de su propio bienestar. Se trata de una visión multidimensional del desarrollo, en la cual se armonizan e integran las dimensiones económicas y sociales relevantes. De allí, que el objetivo básico del desarrollo humano, consiste en ampliar las oportunidades y opciones de la gente, para lograr un desarrollo más democrático y participativo.

Igualmente, la formación de la capacidad humana, es el soporte a partir del cual las personas pueden tener acceso a esas oportunidades y opciones y ser actores de su propio desarrollo. Por ello, el desarrollo humano, es el resultado de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el cual participan de manera activa y comprometida los diferentes actores sociales. Es el producto de voluntades y corresponsabilidades sociales.

De allí, que en todos los niveles de desarrollo, las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo, va mucho más allá, otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida, incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo, y para gozar de respeto por si mismo, desarrollar sus potencialidades y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano, es el desarrollo de los niveles de bienestar social de la población e incremento de las mejoras en la calidad de vida de la misma.

En virtud de ello, el bienestar social de la población venezolana, se debe tomar como una política de Estado, para disminuir los niveles de pobreza en que se encuentran los grupos más vulnerables, donde todos tengan igualdad de oportunidades y puedan desarrollarse en la sociedad de una manera digna, y a su vez, que todos participen en la distribución de la riqueza del país, en forma equitativa.

5.Categoría de Análisis

En esta investigación, las categorías de análisis son la política fiscal y el bienestar social de la población venezolana, y por ello, el impacto del bienestar social, va a depender de las políticas que tome el Estado, en relación al gasto y seguridad social (Política Fiscal), para generar bienestar social y económico en la población. En ese sentido, las categorías de análisis, según Hurtado de Barrera (2000), se definen como:

Las relaciones entre los objetos, y en este caso, por las relaciones entre los contenidos de las unidades informativas y el tema. Implican la identificación de diferencias y semejanzas y la agrupación en conjuntos. Una categoría de análisis, es la abstracción de una o varias características comunes de un grupo de objetos o situaciones, que permite clasificarlos (p. 112).

Es decir, una vez clasificada la información, ésta se agrupa o asocia, de acuerdo a su naturaleza y contenido. Con relación a política fiscal, ésta es definida según el Banco Central de Venezuela (2003), como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado y a las operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determinan montos y distribución de la inversión y consumo público, como componentes del gasto nacional. Tiene influencia en el desarrollo económico social.

Igualmente, según Sen (ob. cit), el “Bienestar Social de la población va a depender de la equidad en la distribución del ingreso, y el mismo está influido determinantemente por las capacidades y habilidades de los individuos, en el que los análisis y las políticas distributivas deben enfocarse en lograr la igualdad en términos de “capabilidades”, en el cual el individuo tenga un óptimo desarrollo humano en términos de educación, salud, alimentación, atención a los minusválidos, eliminar la discriminación de las mujeres, etnias, razas, entre otros” (p. 13). Asimismo, el Bienestar Social va a estar en función de la implementación de políticas fiscales adecuadas, basadas en la sostenibilidad fiscal, con el fin de ofrecer protección social permanente a la población, a través de redes de seguridad social.

En armonía con estas ideas, cabe destacar, que la unidad de análisis, según Cerda (2005), “es el fragmento de la comunicación, que se toma como elemento de base para la comunicación: palabras, frases, párrafos, artículos, libros, textos, entre otros” (p. 358). En la investigación objeto de estudio, las unidades de análisis que se utilizaron fueron, los textos, documentos, artículos informativos, anuarios estadísticos, informes trimestrales del BCV, información suministrada por el Ministerio de Finanzas, entre otros. A continuación el Cuadro que contiene las Categorías de Análisis.

Categorías de Análisis

Objetivos

Categorías de Análisis

Definición Conceptual

Dimensiones

-Discutir la contribución de las políticas fiscales asociadas a otras políticas macroeconómicas implementadas en Venezuela, en el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, en términos de inversión, crecimiento sostenido y elevación del nivel socioeconómico de la población.

- Determinar la efectividad de las políticas fiscales, asociadas a otras políticas macroeconómicas aplicadas en Venezuela, para la superación de la pobreza e incrementar el nivel de bienestar social de la población venezolana, durante el periodo 1988-2006.

Política Fiscal

Según el BCV (2003), es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento Interno y externo del Estado, y a las operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales, se determinan montos y distribución de la inversión y Consumo Público, como componentes del gasto nacional. Tiene influencia en el desarrollo económico social.

Gasto

Público

Deuda Pública

Ingresos Públicos

-Interpretar los fundamentos del paradigma crítico como una opción epistemológica, para analizar el impacto de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana.

- Derivar un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, desde el pensamiento crítico que permitan orientar el debate y la toma de decisiones acerca de las políticas fiscales y el bienestar social de la población venezolana, para los próximos periodos.

Bienestar Social de la Población Venezolana.

Según Sen (ob. cit), el Bienestar Social de la población va a depender de la equidad en la distribución del ingreso y el mismo está influido por las capacidades y habilidades de los individuos, en el que los análisis y las políticas distributivas deben enfocarse en lograr la igualdad en términos de capabilidades, en donde el individuo tenga un óptimo desarrollo humano, a través de la implementación de políticas fiscales adecuadas, basadas en la sostenibilidad fiscal, con el fin de ofrecer protección social permanente a la población.

Distribución del

Ingreso

Sostenibilidad Fiscal

Índice de Desarrollo Humano

Fuente: Autora (2007).

CAPITULO III

ABORDAJE METODOLOGICO

3.1. Soporte Epistemológico del Estudio

El abordaje metodológico permite profundizar y garantizar la cientificidad del trabajo de investigación, en el entendido de que todo trabajo de investigación, en este caso a nivel doctoral, debe estar orientado a la generación de un nuevo conocimiento y este conocimiento debe tener características de rigurosidad y cientificidad, es por ello, que la ciencia del método o teoría del conocimiento científico, llamada también epistemología, se define como la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, la cual está enmarcada dentro de los procesos evolutivos, ya que la ciencia es dinámica y cambia constantemente.

De allí, que la base epistemológica de una investigación según Balza (2000), es entendida como el conjunto de convicciones o patrones de pensamiento que asume el investigador, en el abordaje de la realidad para la producción de conocimientos válidos y confiables. Por lo tanto, el enfoque epistémico que da soporte a una investigación está referido a los caminos que construye y utiliza el investigador para la aproximación en forma sistemática al objeto de estudio y dar cuenta de su naturaleza y particularidades.

En ese sentido, Tamayo y Tamayo (2004), define la ciencia como:

Un cuerpo de conocimientos que reproduce las leyes y teorías de los procesos naturales y sociales de los cuales se ocupa, y por lo tanto, es susceptible de conformación con los mismos, lo cual determina su carácter objetivo. Es decir, la ciencia se presenta como una actividad metódica por medio del cual se llega al conocimiento objetivo de la realidad (p. 16).

Por lo tanto, la ciencia es un conjunto de conocimientos respecto de la realidad y de los hechos y fenómenos que en ella acontecen, donde se caracteriza por ser un quehacer crítico, ausente de dogma, que somete todos sus supuestos a la verificación contrastable.

Ahora bien, en relación a lo señalado anteriormente, el perfil filosófico de la investigación propuesta, requiere, en principio, mostrar algunos alcances del paradigma sobre el cual se intenta delinear la investigación de orden intelectual, a través de la generación de conocimientos. Bengoechea y otros (1998), expresan al respecto:

Todo proceso de producción de conocimientos es la manifestación de una estructura de pensamiento (cualquiera que sea el grado de estructuración y coherencia interna), que incluye contenidos filosóficos, lógicos, epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos que implican siempre modos de obrar y omitir (p. 76).

En consecuencia, el objetivo de la presente investigación, es profundizar acerca del conocimiento de la realidad, a través de la problemática social, desde una perspectiva crítica, tomando en cuenta, la investigación cualitativa, puesto que se realizará una lectura e interpretación de los datos cuantitativos, para lo cual se utilizará la hermenéutica como herramienta que expresa en el contexto del proyecto, y de allí se deriva, la importancia de aplicar técnicas hermenéuticas para su interpretación.

En efecto, la intencionalidad final de la presente investigación, es analizar, desde una perspectiva crítica, el impacto económico de la política fiscal, como proceso previo para generar un corpus de reflexiones teóricas, que permitan orientar el debate acerca de las políticas fiscales y sus efectos en el bienestar social de la población venezolana, con el objeto de presentar posibles soluciones, a una problemática social que afecta a la sociedad en su conjunto.

En concordancia con lo citado, se asume el paradigma de la criticidad como epísteme para reconstruir lo construido, para repensar lo pensado, es decir, como punto de partida para la construcción de una praxis distinta que genere conocimientos alternativos, donde se estudie profundamente la realidad observable, tal como lo señala Fonseca (ob. cit.):

Realizar un análisis de la situación problema, que tenga como modo epistemológico una apertura teórica capaz de dar cuenta de todas las dimensiones en su dinámica contradictoria, para la transformación radical a través de la búsqueda de lo posible por un retorno a la reflexión, que permita una reconsideración de la propia situación problema y de sus elementos constituyentes (p. 143).

En virtud de ello, se pretende determinar qué tan efectivas han sido las políticas fiscales aplicadas en Venezuela, con el fin de disminuir los niveles de pobreza; y qué tanto han contribuido las mismas en el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal en términos de inversión, crecimiento sostenido y elevación del nivel socioeconómico de la población, tomando como opción epistemológica los fundamentos del paradigma crítico, y de allí derivar un corpus de reflexiones teóricas, que permitan orientar el debate para la toma de decisiones acertadas que contribuyan al mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

3.2. Tipo y Diseño de Investigación

Este tipo de investigación está enmarcada bajo la modalidad de un estudio analítico, con apoyo en un diseño bibliográfico exploratorio, de tipo documental.

Según Hurtado de Barrera (1998), la investigación analítica:

Tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes, y consiste en identificar y reorganizar las sinergias de un evento en base a patrones de relación implícitos o menos evidentes, a fin de llegar a una comprensión más profunda del evento, descubriendo nuevos significados y significaciones, tanto de éste como de sus sinergias, en función de la nueva organización. Para ello es necesario descubrir patrones de relación internos que forman unidades de menor magnitud que la unidad total (p. 269).

En concordancia con lo citado, se realizó un análisis crítico de las categorías de análisis política fiscal y el impacto del bienestar social en la población venezolana, dentro de un contexto histórico enmarcado en la sociedad. De igual manera, es una investigación documental, dado que se trabajó con fuentes primarias recabadas en el Banco Central de Venezuela, a través de datos empíricos. Al respecto, se realizó un análisis de la política fiscal y el impacto del bienestar social en la población venezolana, en tres periodos presidenciales, basándose en este tipo de investigación.

Asimismo, al pretender explicar la investigación documental, señala Balestrini (1998) que:

Es aquella cuyos objetivos sugieren la incorporación de un esquema de investigación, donde la recolección de información se encuentra vinculada a la delimitación de un diseño bibliográfico. Los datos que se han de recopilar deben proceder de fuentes documentales confiables, referidas a otras investigaciones, documentos, formularios, informes administrativos, artículos en revistas científicas, boletines estadísticos, archivos oficiales, entre otros. (p. 6).

Igualmente, la UPEL (op. Cit.), define la investigación documental, como “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales”. (p. 6).

Los estudios documentales, requieren no sólo de la inducción-deducción y del análisis-síntesis, sino también de la creatividad e imaginación del investigador. Por ello, se trata de un tipo de investigación realizada dentro del marco de la ciencia, ya que como estrategia de trabajo, aplica reglas y procedimientos intelectuales flexibles propios del quehacer científico. Es un paradigma que permite el pensar reflexivo, el pensamiento lógico, el análisis, la síntesis, lo cual permite desarrollar la capacidad creadora y de cuestionamiento propio del individuo como ser pensante.

Asimismo, el estudio propuesto está basado en la investigación documental, debido al apoyo en fuentes primarias y secundarias, entre las cuales se tienen: series estadísticas del BCV, informes económicos, anuarios estadísticos, entre otros. Y por último, se tiene que el diseño de investigación, corresponde a una investigación no experimental, como lo señala Hernández y otros (1998), “es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables”. (p. 184). Es decir, se trata de una investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

Asimismo, Kerlinger (1979), (citado por Hernández y otros, ob. cit), plantean que “La investigación no experimental o ex post-facto, es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones”. (p. 116).

En consecuencia, al estudiar y analizar el comportamiento de las categorías de análisis: política fiscal e impacto del bienestar social en la población venezolana, con relación a los años en estudio, y derivar de allí un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, se están estudiando categorías sobre situaciones ya ocurridas, y por ende, no existió manipulación de las mismas. Tal y como lo señala Hurtado de Barrera (ob. cit), “en la investigación analítica el foco de atención no considera ninguna intervención intencional con fines de modificación del evento, no hay acción directa sobre el fenómeno por parte del investigador, sólo se juzga, critica o profundiza en un evento partiendo de ciertos criterios” (p. 270).

3.3. Método de Investigación

El método de trabajo utilizado fué el hermenéutico, tanto para el proceso de investigación documental, como para el análisis crítico-interpretativo contextual, con el fin de analizar las variables macroeconómicas abordadas como objeto a investigar.

El método hermenéutico, se entiende como un proceso reflexivo, basado en la interpretación y análisis del lenguaje-texto (etapa rústica, centrada en la interpretación de fuentes, datos e información clave). En ese sentido, Paz (2003), señala, que “etimológicamente hermenéutica, proviene de la palabra griega hermeneuein, que significa interpretar o comprender. El origen del concepto actual de este término, puede encontrarse en el siglo XVII, en relación a la interpretación bíblica y la necesidad de establecer un conjunto de reglas apropiadas para esta interpretación” (p. 59).

En ese sentido, la hermenéutica consiste en el proceso de interpretación y análisis de la significación y alcances de los resultados obtenidos en la etapa heurística. La hermenéutica es una labor reflexiva. Según González (1993), la hermenéutica se trata de:

Una búsqueda de comprensión, es decir, un esfuerzo de asimilación intelectual de un conjunto particular, mediante el establecimiento de lapsos con conjuntos más amplios de conocimientos. En cierto sentido, la hermenéutica es un replanteamiento que presenta similitudes con la etapa selectiva de su escogencia y definición de estrategias. Para ello, el investigador tiene que tomar en cuenta los objetivos propuestos, el marco teórico asumido, las hipótesis planteadas, los instrumentos y materiales utilizados. Evalúa así el proyecto investigativo desde sus resultados, al comprobar el grado de adecuación de las hipótesis y establecer las consecuencias que tienen los resultados en los objetivos y el marco teórico asumido. La investigación no es nunca una simple recolección de información, sino un poner a prueba un planteamiento previo (p. 133).

En otro sentido, de acuerdo a la investigación planteada, el objeto de estudio de cada ciencia, que trata sobre las relaciones lógicas o hechos, a nuestra investigación le corresponde las Ciencias Fácticas o Ciencia Factual, tal como lo señala Tamayo y Tamayo (2004), citado por Bunge (1970), “estas ciencias se clasifican según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad, y dentro de las mismas, se encuentran la Economía, la Sociología, las Ciencias Políticas, entre otras” (p. 18).

Por su parte, Yuren (1998), también las define como “un sistema de las leyes fácticas que relacionan leyes y ofrecen una explicación de las mismas” (p. 37). Esto significa, que la investigación objeto de estudio, también está en correspondencia con las Ciencias Sociales, por cuanto se refiere al análisis de las políticas fiscales, y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, y el mismo está enmarcado dentro de la Ciencia Económica, que es una rama de las Ciencias Sociales, ya que la Ciencia Económica forma parte del conjunto de disciplinas sociales, que tienen como objeto de estudio, al hombre en sus diversas manifestaciones.

3.4. Técnicas para la Recolección de la Información

Comprende la descripción de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información. Para Hurtado de Barrera (2000), la técnica indica “cómo se va a recoger la información y el instrumento señala cuál información seleccionar” (p. 428).

En este sentido, la técnica que se utilizó para la recolección de información, en la investigación objeto de estudio, fué la revisión documental y bibliográfica, a través de fuentes primarias y secundarias, tomadas directamente de la realidad histórica, y la misma está constituida por el conjunto de variables macroeconómicas, anualizadas, sectoriales y trimestralizadas, que presenta en sus estadísticas el Banco Central de Venezuela, la OCEPRE y el Ministerio de Finanzas, durante el período 1988-2006, es decir, se hizo una revisión documental de la información estadística de las variables macroeconómicas, a través de fuentes documentales.

Tal como lo señala Balestrini (2002):

Las fuentes documentales proporcionan la información necesaria de todo lo relacionado con el tema. Sin embargo, para que esta fase proporcione la mayor cantidad y calidad de información posible, es importante que se conozcan y puedan ubicarse las fuentes de datos bibliográficos, y cualquier otro tipo de información que se derive de la revolución de las tecnologías de la información (p. 5).

3.5. Técnicas para el Análisis de la data o Información

Se refiere a las herramientas de tipo cualitativo, que permitió llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos en la investigación objeto de estudio. También puede hacerse por la vía del análisis cualitativo. En ese sentido, las técnicas utilizadas para la interpretación de los datos, fué la interpretación de los textos, la interpretación de la data, utilizando la hermenéutica como método para el desarrollo del proceso de comprensión y análisis de la investigación objeto de estudio. Igualmente, se hizo un estudio comparativo y análisis de varios periodos presidenciales, donde se comparó las diferentes aplicaciones de las políticas fiscales y su impacto en la generación del bienestar social de la población venezolana.

Asimismo, cabe destacar, que para procesar los datos obtenidos en una investigación, los mismos deben ordenarse en función a las categorías de análisis contempladas en el estudio (Política Fiscal e Impacto de la Política Fiscal en el bienestar social de la población venezolana), para definir las técnicas a ser utilizadas para su posterior análisis. Según el nivel de medición, las variables se clasifican en: Cualitativas y Cuantitativas.

Ander-Egg (1996), define las variables cualitativas como aquellas variables:

…cuyos elementos de variación tienen un carácter cualitativo, no susceptible de medición numérica, por ejemplo, el estado civil. Mientras que las variables cuantitativas, son aquellas en que las características y propiedades pueden presentarse en diversos grados de intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo, como por ejemplo, el nivel de ingreso (p. 102).

Para efectos del presente análisis, se utilizaron variables cuantitativas en su naturaleza, pero, el análisis e interpretación es un ejercicio cualitativo, son sólo magnitudes, datos, mas no estadísticas, ni porcentajes, puesto que se pretendió interpretar las categorías de análisis política fiscal y el impacto del bienestar social sobre la población venezolana, y las mismas van a estar expresadas en forma discursiva.

3.6. Las Dimensiones del Círculo Hermenéutico

El círculo hermenéutico explica según Smith (1993), (citado por Paz, 2003):

Que la interpretación del significado sólo puede perseguirse con un constante movimiento hacia delante y hacia atrás, entre la expresión particular y la red de significados en la que dicha expresión está inserta. Este proceso no tiene punto de comienzo, y de final no arbitrario. Este proceso circular además, nos lleva a un desafío importante para la hermenéutica, el grado en que la persona que realiza la interpretación es parte del círculo o contexto, en el que ésta se realiza (p. 186-187).

Estas dimensiones permiten abarcar toda la elaboración de la investigación objeto de estudio, puesto que se utilizó la hermenéutica como soporte para sustentar la interpretación de todo el contenido de la información, que se deriva el tema de estudio. En ese sentido, se realizó un análisis económico en forma subjetiva, de cómo ha impactado la aplicación de políticas fiscales sobre los niveles de bienestar de la población venezolana.

Asimismo, Ricoeur (1998), distingue cuatro funciones fundamentales en el quehacer hermenéutico: El análisis estructural, la interpretación, el comentario y la crítica. Sin embargo, tienen un papel primordial en el paso del ordenamiento de los datos a su exposición. Además no se puede separar drásticamente el ordenamiento, la exposición y la interpretación, puesto que se implican mutuamente.

Conforme a lo anterior, la criticidad en el paradigma cualitativo se da a través de la hermenéutica, buscando el sentido y significado dentro de la historicidad específica, interpretando y comprendiendo que la realidad es sujeto del conocimiento. En este sentido, Martínez (1999), señala que, “la hermenéutica tendrá como misión descubrir el significado de las cosas, interpretar lo mejor posible los escritos, los textos, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte” (p. 32).

Es por ello, que el comprender hermenéutico no es solamente un acto intelectual, sino la inserción activa del intérprete en un acontecimiento histórico, donde asume el rol activo, intencional y subjetivamente significante del sujeto y objeto en el proceso de investigación. Por tal motivo, para la investigación objeto de estudio, se hizo una interpretación de la realidad estudiada, a través de los procesos hermenéuticos críticos, donde el rol del investigador es decodificar esa realidad, a fin de obtener resultados concretos y específicos abordando las categorías de análisis de estudio y generando nuevas fuentes de conocimientos, para tratar de transformar esa realidad, para el logro de mejores niveles de progreso social en la población.

3.7. Procedimiento de Investigación

Especifica los pasos para la obtención de la información en el desarrollo del tema objeto de estudio, es decir, en este punto se explican las diferentes fases secuenciales que se han venido utilizando para desarrollar la investigación, desde la búsqueda de los elementos teóricos, la definición del contexto de estudio, hasta la construcción del corpus de reflexiones teóricas que sustentarán la investigación.

3.7.1. Fases Procedimentales de la Investigación

Fase 1. Lectura Comprensiva

Consistió en un proceso de revisión y búsqueda de información sobre tópicos, teorías, hipótesis y hechos característicos relacionados con el tema a investigar. En este caso, el análisis de las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, como contextos teóricos referenciales.

Fase 2. Lectura Intertextual-Comparativa

Después de seleccionar y revisar el material seleccionado, se organiza el conocimiento en lo que respecta a los postulados y teorías de autores e instituciones que han abordado la temática propuesta. Todo ello bajo la modalidad de un proceso de análisis y síntesis. Posteriormente, se procedió a comparar los supuestos teóricos y los postulados fundamentales de cada autor, en relación a los otros, a la luz de los objetivos del estudio planteado.

Fase 3. Relectura Crítico-Interpretativa

Con base en las derivaciones de las fases previas, la investigación construyó arquitectónicamente su discurso desde una perspectiva crítico-interpretativa, con la intencionalidad de generar finalmente un aporte teórico y praxiológico, acerca del impacto económico de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana y su alcance en el contexto de estudio.

Como se puede evidenciar, este procedimiento de investigación permitió desarrollar las fases del Paradigma Racionalista Crítico, el cual según Padrón (1998), “permite pasar de los datos al problema, del problema a las hipótesis o premisas de investigación, de las hipótesis a las teorías que sustentan la investigación, y de las teorías al aporte al conocimiento” (p. 43), (el cual constituye el corpus de reflexiones teóricas), esto es, el acercamiento a la realidad, una aproximación de la autora con el contexto real, como aporte de investigación a las ciencias económicas.

CAPITULO IV

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD. UNA APROXIMACION DE LA AUTORA CON EL CONTEXTO REAL

En el presente capítulo, se pretende dar respuesta a los objetivos específicos formulados. En este sentido, se requiere construir una serie de reflexiones analíticas relacionales con el discurso de los teóricos acerca de las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, relacionarla con la realidad y exponer el deber ser, obviamente, todo ello permeado transversalmente desde el paradigma de la criticidad.

En virtud de ello, se hace necesario realizar un análisis a profundidad de la discusión de las teorías que sustentan la investigación, las cuales comprenden las Teorías sobre el Desarrollo Económico, la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano y la Teoría de la Sustentabilidad Social, a los fines de enlazarlos con los objetivos específicos planteados.

Igualmente, se hace un análisis de los referentes teóricos, tales como, la inversión, crecimiento sostenido y niveles de pobreza, para derivar de este estudio, el discurso interpelativo que se ha venido utilizando a lo largo de la investigación, y por esta vía, demostrar la veracidad de las hipótesis o premisas planteadas al comienzo del estudio, y derivar de allí, un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, para dar solución en lo posible, a la problemática planteada, que orienten el fin que se persigue, que es generar un óptimo bienestar social en la población venezolana, a través de un crecimiento sostenido, generación de empleo, estabilidad macroeconómica, entre otros, para superar los niveles de pobreza existentes en la sociedad.

La razón pragmática del estudio, es que el mismo sirva de aporte a las instituciones gubernamentales que requieran de la misma, como vertiente teórica para la toma de decisiones, así como también a futuras investigaciones relacionadas con el tema objeto de estudio. A continuación, el análisis relacional de variables y teorías, para demostrar las hipótesis planteadas.

Las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, tales como, la política monetaria, cambiaria, social y de producción, representan los instrumentos adoptados por el gobierno nacional para la consecución de sus objetivos, esto es, el Estado establece los programas o modelos que permiten especificar la manera en que se pretenden alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica y de bienestar económico y social. En virtud de ello, vale acotar, que la política fiscal no es sostenible, si los estímulos al crecimiento y bienestar social, no garantizan estabilidad macroeconómica. Y ésta consiste según Samuelson (ob. cit), en “mantener a la economía en su senda de crecimiento de equilibrio, a fin de estabilizar el ciclo económico y disminuir las recesiones, a través de su influencia en la demanda agregada” (p. 642).

En concordancia con lo citado, en la economía venezolana las políticas fiscales no son sostenibles en el tiempo, puesto que la sostenibilidad fiscal, está asociada a la estabilidad en los ingresos fiscales y al endeudamiento interno y externo, en la medida en que esos ingresos fluctúen, debido a la variación de los precios del petróleo (principal fuente de recursos del país), en esa medida surgirán los shocks externos de ingresos, originando de esta manera, que la economía venezolana presente una altísima volatilidad, por su dependencia de los precios del petróleo.

En cuanto al financiamiento, tanto interno como externo al que tiene que recurrir el Estado venezolano, para cubrir sus déficits fiscales, esta situación también afecta a la sostenibilidad fiscal, puesto que al destinar recursos para el pago del servicio de la deuda, está dejando de invertir esos recursos dentro del país, lo que afecta al bienestar económico y social, en cuanto a que se realizan menos inversiones y menos recursos serán destinados a educación, salud, servicios básicos, que mejoren el nivel socioeconómico de la población.

En el marco de tal concepción, al examinar la gestión fiscal, es posible encontrar serias deficiencias que entorpecen el óptimo desempeño de la política fiscal, impidiendo los objetivos de estabilización y bienestar. Sin embargo, vale acotar, tal como lo señala Rodríguez (ob. cit), “que el problema fiscal está causado, no por bajos ingresos (actualmente el precio del barril del petróleo es elevado, puesto que oscila entre 70 y 80 $), sino por su elevado nivel de gastos” (p. 47). En ese sentido, cabe destacar, que el gobierno ha mantenido una política expansiva del gasto público en este año y en años recientes, puesto que según información suministrada por el Ministerio de Finanzas (2007), el Presupuesto para el año 2007, terminó en 142 billones de bolívares, en comparación con el Presupuesto del año 2006, que fue de 100 billones, el cual tuvo un crecimiento nominal del 42%, pero al ajustarse por inflación el crecimiento real fue de 19,5%. Las autoridades señalaron, que se trató de controlar el volumen de las operaciones, así como los desembolsos para no presionar en la liquidez monetaria, sin embargo, el dinero en circulación se incrementó, afectando la política monetaria en los objetivos de preservar el valor de la moneda y la estabilidad de los precios.

Sobre el particular, se puede decir, que se está en presencia de la “enfermedad holandesa”, este término surgió en la década de los años 60, en los Países Bajos, cuando el descubrimiento de grandes reservas de gas natural desestabilizó la economía. Gracias a los enormes recursos de que disponen cuando aumenta el precio, en los petroestados se incrementa el valor de la moneda y las importaciones se vuelven muy baratas. La industria nacional y la agricultura se ven en serios problemas para competir con los productos del exterior y se agudiza la dependencia del petróleo. De igual manera, entre los años 2004 y 2007, Venezuela vivió un boom de importaciones, al punto que en el primer semestre del año 2007, absorbieron 74% de las divisas provenientes del petróleo, aunque para el año 2006, el porcentaje fue menor, también fue significativo, puesto que representó el 55% de las mismas. Siendo para el año 2006, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, 58.438 millones de $ y por concepto de importaciones estuvieron por el orden de 32.226 millones de $, según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV) (ob. cit.).

Cabe destacar, que en períodos de bonanza petrolera, es necesario establecer un Fondo de Estabilización Macroeconómica para cubrir futuras pérdidas por concepto de disminución en los ingresos petroleros que puedan provocar los shocks petroleros. En virtud de ello, fue creado el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica (FIEM), finalizando el segundo mandato del Presidente Rafael Caldera, según Decreto Presidencial del 04 de noviembre de 1998, con el objeto de “procurar que las fluctuaciones del ingreso petrolero no afecten el necesario equilibrio fiscal, cambiario y monetario del país” (Artículo 1 del FIEM ). Las aportaciones serían por cuatro conceptos: 1) Impuesto sobre la Renta causado por las empresas que se dedican al negocio petrolero, 2) los ingresos por impuesto a la explotación del petróleo y gas, 3) por los dividendos decretados y pagados por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 4) los ingresos por impuesto sobre la renta, sobre ingresos que perciba PDVSA de compañías privadas que participen en la apertura petrolera.

Posteriormente, la Ley del FIEM fue modificada cuatro veces, el 26 de abril de 1999, el 04 de octubre del mismo año, el 11 de octubre de 2002 y el 07 de enero de 2003, mediante el cual se facultó al Presidente de la República para autorizar a PDVSA a retirar los recursos acumulados en el FIEM, sin que hubiese necesidad de reestimar los ingresos de exportación como resultado de una disminución de los precios del petróleo.

Dentro de este marco, vale señalar lo acotado por Guerra (ob. cit.), “estas reformas sugieren que en buena medida se ha desnaturalizado el concepto del FIEM, como fondo de estabilización, toda vez que parte de los desembolsos dependen de decisiones discrecionales y no existe un criterio técnico definido para activar tales desembolsos” (p. 113).

Finalmente, el 27 de Noviembre de 2003, fue derogado el FIEM y se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), el cual está adscrito al Ministerio de Finanzas y tiene por finalidad “lograr la estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles nacional, estadal y municipal, frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios” (Artículo 1 del FEM), y el mismo está en concordancia con el Art. 321 de la Constitución Nacional que señala “se establecerá por Ley un Fondo de Estabilización Macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”.

En función de esta apreciación, el mismo autor señala que:

La definición de un objetivo de estabilización de gasto en lugar de ingreso petrolero parece aconsejable, toda vez que el gasto tiene una incidencia más clara sobre el nivel de actividad económica. Igualmente, luce razonable haber removido la discrecionalidad en las reglas de aportes y retiros. No obstante, no existe consenso acerca de que la forma óptima de regular la volatilidad sea mediante un fondo de estabilización, ante alternativas como mejorar la gestión de Tesorería del Gobierno Nacional, todo ello sin considerar los costos cuasifiscales de un fondo de estabilización, que generalmente coloca sus recursos a una tasa de interés inferior a lo que obtiene el Ejecutivo por la emisión de deuda en los mercados financieros internacionales (p. 115).

Retomando las ideas expuestas, vale destacar, que aunque el FEM es importante para un control efectivo de los gastos del Estado, el FIEM también lo es, debido al grado de vulnerabilidad que presenta la economía venezolana, por el carácter procíclico que presenta la misma, producto de los vaivenes de los precios petroleros. Es por ello, que una de las principales recomendaciones para el fortalecimiento de la sosteniblidad fiscal, es que los países petroleros en períodos de bonanza, cuenten con un fondo para ser utilizado en periodos de escasez o disminución de recursos, debido a los altibajos en la economía petrolera. En virtud de ello, se evidencia el poco ahorro que presenta la economía en estos momentos, puesto que según fuente del BCV (ob. cit.), entre los años 2004 y 2007, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras de Venezuela, ascienden a 166 mil millones de $ y en el Fondo de Estabilización, sólo están depositados 802 millones de $.

Es por ello, que debido al problema de la vulnerabilidad o la volatilidad de la economía de base petrolera, es imperativo la búsqueda de la estabilización macroeconómica, pero no sólo a través de valores nominales, sino de una economía real, donde el efecto inflacionario no influya en sus políticas de estabilidad. En efecto, la vulnerabilidad de la economía venezolana basada en el petróleo es evidente, y por ello se han tenido tantas fluctuaciones amplias, hacia arriba y hacia abajo. Actualmente, se tiene una de esas fluctuaciones que se podrían llamar favorables, se tienen elevados precios del petróleo, se tiene un volumen de producción regulado dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se están percibiendo ingresos petroleros bastante considerables. De allí pues, que es el momento de enrumbar al país hacia sendas de crecimiento sostenido, hacia la transformación de Venezuela de una economía petrolera, hacia una economía realmente integrada, sin que ello signifique que el petróleo deje de tener importancia, en el que sean repartidos equitativamente los beneficios de esos excedentes petroleros en la población, en virtud de que el presupuesto de cada año, se calcula a un precio inferior al precio petrolero actual.

De modo que, ese excedente petrolero sea considerado como ingreso extraordinario, asimilable a un fondo de capital y asignable a la acumulación económica real y a la acumulación humana y social, en el que el desarrollo humano sea una concepción avanzada e integral del progreso social, más allá de lo puramente económico, puesto que no basta con generar riqueza material, hay que convertirla en mejoramiento de la gente, en elevación de las condiciones de vida del pueblo y en soberanía nacional. En definitiva, tomar como norte un proyecto nacional de desarrollo, donde todos los sectores participen, desde el Estado, el cual debe hacerse líder institucional de ese proyecto de desarrollo, que conduzca al país hacia la transformación de ese proceso de cambio, que abarque un sistema funcional de relaciones, donde se integren el propio Estado con el sector económico privado, el sector laboral y la sociedad civil.

Resumiendo, cabe destacar, que aunque ha habido esa afluencia extraordinaria de ingresos petroleros, en periodos anteriores y en el actual, en los últimos cinco años, ha habido ausencia de políticas efectivas y eficaces para canalizar esa vertiente a los fines del crecimiento y del desarrollo social.

En lo relativo a la Inversión, según Larraín y Sachs (ob. cit.), “ésta comprende el flujo de producción de un periodo dado, que se utiliza para mantener o aumentar el stock de capital de la economía” (p. 437). Lo cual significa, que al aumentar el stock de capital, el gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. Y la misma se divide en Inversión Privada e Inversión Pública. Con relación a la inversión privada, ésta constituye el parque industrial de todo el sector privado, que contribuye a la producción presente y futura, coadyuvando en la diversificación de la actividad económica, a través de la generación de empleos productivos, incrementos de la productividad, así como en la formación bruta de capital fijo e innovaciones tecnológicas.

De igual manera, la Inversión Pública, presenta dos fines de suma importancia, que son, la promoción del bienestar social y la promoción del desarrollo económico. Con relación al bienestar social, como lo señala Maza (1983), “exige con frecuencia la realización de obras no reproductivas, desde un punto de vista económico” (p. 507). Puesto que el activo real de la sociedad, no crece en función de esos gastos.

El mismo autor señala, que el Estado debe realizar inversiones para promover el bienestar social, el cual debe envolver aspectos tales como: la distribución progresiva del ingreso, la igualación efectiva de oportunidades de mejoramiento para los miembros de la sociedad, la seguridad social, facilidades para la culturización, pero también incluir aspectos económicos, tales como, la estabilidad del empleo, la difusión de los beneficios de la productividad, la defensa del salario real y la multiplicación de las oportunidades de consumo.

En esta perspectiva, la referida fuente manifiesta, que la modalidad más importante de la inversión pública, es la que se aplica a la promoción del impulso del desarrollo económico. Ello implica, no solo la dirección inversionista por parte del Estado, sino también debe enfocarse a la acumulación de capital social fijo, en la creación de la infraestructura de la economía, que facilite e impulse la inversión privada, De allí, que la inversión pública, junto con la inversión privada, deben ser las bases para impulsar el desarrollo económico.

Es por ello, que para lograr una tasa de crecimiento deseada, se necesita una elevada y sostenida inversión. Se requiere tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Debe planificarse el destino de la inversión, con el fin de alcanzar una economía diversificada. Se debe hacer del desarrollo y no del crecimiento, lo importante, haciendo un uso razonable y eficiente de los recursos disponibles. La inversión deberá realizarse en actividades que fortalezcan la estructura productiva, la investigación y el desarrollo tecnológico, que impulsen la integración interna y, entre otros objetivos, fomenten mayor empleo, así como la formación del capital humano, indispensables en una estrategia de desarrollo económico-social y desarrollo humano.

En ese orden de ideas, cabe destacar, que en Venezuela, según información suministrada por Conindustria (2004), la diversificación basada en la industrialización se vio muy afectada, puesto que las exportaciones no petroleras registraron un estancamiento, como resultado de la aplicación de una política económica, que al enfatizar en el logro de un objetivo antiinflacionario, como el control de precios, por ejemplo, en medio de una falta de disciplina financiera, afectó el establecimiento industrial. Por tanto, la participación del sector industrial en la conformación del PIB no petrolero, retrocedió desde 20,9% en 1998, hasta 18,5% en 2003.

Igualmente, según manifiesta Guerra (ob. cit.), la inversión privada experimentó una caída, debido principalmente a la falta de nuevas inversiones en la formación bruta de capital fijo, la cual alcanzó su máximo en 1978, cuando se situó en 42,5% y ello ha generado disminuciones en la productividad, producto entre otras causas, a la inseguridad jurídica existente en el país, debido al tema de la propiedad privada.

Aporta la citada fuente, que en cinco años, tanto la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital del sector privado, como su valoración en términos del PIB acusaron una declinación de 11,6% promedio anual y 5.0 puntos porcentuales respectivamente, lo que cuestiona la capacidad de la economía venezolana para crecer de manera sostenida en el mediano plazo, en caso de continuar el proceso de desinversión anteriormente señalado. Aunque es necesario acotar, que actualmente la economía venezolana presenta un crecimiento del PIB del 10,3% anual, producto de los incrementos del precio del petróleo, es decir, la economía mantiene un crecimiento estable, gracias a un elevado gasto público, propulsado por el auge petrolero; tomando como referencia que en los primeros ocho meses del año (2007), los gastos del gobierno alcanzan 133 billones de bolívares, pero el mismo no es un crecimiento sostenido en la economía, puesto que el sector privado, no está creando nuevas fuentes de trabajo, no está generando nuevas inversiones, ni incrementando sus niveles de productividad, sino que el mismo es debido a la bonanza petrolera del sector público, es un crecimiento artificial.

Tanto es así que, como expresión de este proceso, según Conindustria (ob. cit.), el número de establecimientos industriales ha experimentado una disminución considerable que alcanza aproximadamente el 50% entre 1999 y 2003. Es decir, de 11.900 industrias que había en el año 1999, en 2003 han quedado 4.900. Es por ello, que como resultado de la caída de la inversión y la productividad media de la economía, la actividad económica del país tuvo un comportamiento desfavorable en cuanto a la tasa de desempleo, puesto que para el año 1998, ésta se encontraba en 11% y para el año 2003, la tasa de desempleo se situaba en un 16,8%, de por sí elevada, según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es por ello, que el aumento de la tasa de desempleo, conjuntamente con la mayor participación del empleo del sector informal en la ocupación total, coloca de manifiesto, un importante deterioro del mercado laboral en el periodo estudiado.

También es necesario considerar entre otras medidas, la inversión extranjera, para que impulse el desarrollo, que se destine hacia las actividades donde sean realmente útiles al país, que sea productiva y no de carácter especulativo, que no se lleven sus capitales, hacia sus países de origen. Que en realidad constituyan ingresos netos de recursos y no se destinen simplemente a comprar empresas nacionales. Es decir, que se implementen condiciones, que sean necesarias para emprender el crecimiento y desarrollo económico y social que se persigue. Tal como lo establece la Constitución de 1999, con relación a la inversión extranjera “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Todo ello, con la finalidad de tener un trato justo y equitativo con los inversores extranjeros.

Sin embargo, vale acotar, el deterioro que está presentando en estos momentos, algunos indicadores de la inversión extranjera en el país. A continuación se presenta un Gráfico del BCV (Nº 1), donde se refleja la disminución de la inversión extranjera en el país, en periodos recientes.

Gráfico Nº 1

Evolución de la Inversión Extranjera Directa en el País

Años

2002

2003

2004

2005

2006

Inversión Internacional Directa en el país

782

2040

1483

2583

-543

Fuente: BCV (2007).

En lo que respecta a este gráfico, se aprecia la evolución de la cuenta Inversión Extrajera Directa (IED) en el país, obtenida de los datos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) en millones de dólares, en la balanza de pagos anual de los períodos 2002-2006, observándose un crecimiento del año 2003 con respecto al año 2002 de 1.258 millones de dólares de diferencia, lo que representa un 260% de incremento. Sin embargo, para el año 2004 decrece con respecto al año anterior en 557 millones de dólares, a la vez para el año 2005 con respecto al año 2004 la diferencia es de 1.100 millones de dólares en forma creciente, pero en términos generales hubo un crecimiento en esos años, y sus causas según información suministrada por el BCV, fueron por el incremento de las reservas internacionales, el aumento de los precios del petróleo y el control de los niveles de inflación. No obstante, el año 2006 presenta una situación particular, puesto que se ubica en una cifra negativa, lo cual implica que presenta una pérdida de 3.126 millones de dólares. Esta disminución de la IED para el año 2006, tiene su origen en las debilidades de la política exterior que ha presentado la economía venezolana, con relación a la inseguridad, que existe con respecto a la garantía de resguardar la propiedad privada. De allí, que el Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz (2007), señala en una entrevista al Diario El Nacional, que “para que exista inversión tanto extranjera como nacional, los derechos de propiedad, deben estar claramente definidos, puesto que quien invierte, espera tener derecho al retorno de su inversión”. Aunado a esta situación, se le suma el exceso de controles y normativas que se le exige a las empresas internacionales que desean realizar inversiones en el país.

Un ejemplo de ello, lo demuestra lo señalado por el Presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio (Venamcham) Edmond Saade (2007), en una entrevista realizada por el Diario El Universal, donde plantea:

Las inversiones de Estados Unidos disminuyeron en el año 2006 y terminaron en 19 millones de $, contra un promedio en los últimos 10 años, que fluctuaba entre 700 y 800 millones de $. Esto refleja una desinversión en el curso de este año, de 8 mil millones de dólares. Una tendencia sumamente perniciosa para el país, porque el capital es fundamental, tanto para la inversión, como para la creación de fuentes de empleo formal. Señala que 1.100 empresas norteamericanas establecidas en el país, generan 700 mil puestos de trabajo directa e indirectamente, sólo que cada día hay menos empleo formal, porque las empresas están cerrando o están reduciendo su actividad (p. 1-2).

El mismo entrevistado señala, que es prioritario que trabajen conjuntamente los tres sectores, el gobierno, el sector privado y el sector social, a manera de impulsar la economía hacia destinos más productivos, donde los niveles de empleo formal se incrementen y mejore el nivel socio económico de la población venezolana.

Por otro lado, el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía, usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto (PIB) real en un periodo determinado, y el mismo representa la expansión de la producción nacional de un país. Según Samuelson (ob. cit.), “cuatro factores son importantes para que exista crecimiento: 1) el capital humano, 2) los recursos naturales, 3) la formación o intensidad de capital y 4) la tecnología” (p. 512).

Cabe destacar, que estos factores pueden variar de unos países a otros, y algunos los combinan más eficazmente que otros y los mismos, como la tecnología y la intensidad de capital, son fuentes de crecimiento a largo plazo, es así como la tecnología multiplica la eficiencia en el trabajo, y la intensidad de capital determinan la rentabilidad y el crecimiento de una economía, puesto que la hace más rica y más productiva.

Con relación al período presidencial 1988-1993 (Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez), este período presidencial, se inició con el Plan de Ajuste Macroeconómico en 1989 (Paquete Económico), el cual consistía en una política de estabilización económica y un programa de reestructuración económica (bajo los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), estos nuevos lineamientos significaban un cambio del modelo de acumulación, con el objetivo de impulsar un proceso de amplia y rápida capitalización de la economía, para lograr objetivos de crecimiento y estabilidad macroeconómica, pero estos objetivos no se pudieron cumplir en su totalidad, debido a los conflictos sociales surgidos a finales de febrero de ese mismo año, debido a la medidas implementadas por el gobierno nacional.

En virtud de ello, según fuente del BCV (ob. cit.), la economía venezolana estuvo caracterizada por los siguientes indicadores económicos, la economía se contrajo en un 8,1%, la tasa de inflación llegó a un 81% en el año 1989, las reservas internacionales se ubicaron en 7.411 millones de $, el déficit de la balanza de pagos disminuyó y el déficit público llegó a un 1,7% del PIB, cifra por debajo de lo que se había estimado. Al principio de la década de los años noventa, se logró un acuerdo con la banca acreedora, pues la deuda se redujo a un 20% y el pago de interés de la misma en un 50%. Pero la economía creció en un 5,3%. El sector de la banca y seguros superó el 23% en crecimiento y la agricultura se halló en un 1,3%. La tasa de desempleo se ubicó en un 10%, la inflación se situó en un 31,86% en 1992, se observó un exceso en la balanza de pagos, pues las reservas internacionales aumentaron a 11.700 millones de $. La Política Fiscal utilizada fue de corte expansivo, puesto que el sector público elevó sus erogaciones con miras a estimular el crecimiento de la economía. La expansión del gasto público, se tradujo en un efecto reactivador, que sobre la demanda agregada interna ejercieron tanto el sector público, como el privado. Tal efecto, ejecutó a su vez una fuerte presión sobre el nivel de precios, lo que se tradujo en inflación. Para el año siguiente la economía tuvo un fuerte crecimiento del 9,2%, en el cual el sector petrolero estaba profundamente vinculado. A continuación se presenta la Tabla No. 6, en la cual se muestra la evolución de la Inflación en el periodo presidencial estudiado:

Tabla No. 6

Inflación Anual del Área Metropolitana de Caracas

Serie desde 1988

(Base 1997= 100)

(En Porcentaje)

1988

1989

1990

1991

1992

1993

35,51%

81%

36,48%

31,02%

31,86%

45,94

Fuente: BCV (1994).

En la Tabla Nº 6, se observa que el año que presentó una mayor inflación fue 1989, esto fue debido entre otras causas, a la liberación de precios que el gobierno implementó para ese entonces, lo que originó los conflictos sociales que tuvo que enfrentar el gobierno nacional en ese año, lo cual incrementó la inflación en un 128% con relación a la inflación del año anterior, causando un aumento de los productos de la cesta básica y alimentaria, debido al proceso inflacionario.

Por otra parte, se logró un ligero mejoramiento en la población, puesto que la tasa de desempleo descendió a un 8,8% y la tasa de población empleada en el sector informal era alrededor de un 40,5%. También los sueldos y salarios mejoraron y el consumo de alimentos se situó en un 20% aproximadamente. Sin embargo, la población no captaba esa mejoría, puesto que la distribución del ingreso seguía repartiéndose en forma desigual y tampoco se lograba evitar la gran dependencia de la economía con el sector petrolero. Es allí cuando irrumpen los fallidos golpes de Estado del 04 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Y el Presidente manifiesta su deseo de suspender su política de ajuste, como los aumentos en el precio de la gasolina y a su vez, estabilizar los precios de la cesta básica y de las medicinas, al igual que las tarifas de los servicios públicos, debido a la liberación de precios de todos los productos y servicios, que había implementado en sus políticas de ajuste. Finalmente, el Presidente es suspendido de su cargo a mediados de 1993 y es sustituido por Ramón J. Velásquez (Presidente encargado) hasta enero de 1994.

En otro orden de ideas, en este período presidencial, las políticas fiscales implementadas, a través de la ejecución de los programas sociales con el fin de aliviar la pobreza y mejorar el bienestar social de la población, a través del Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP), en el marco del VIII Plan de la Nación, mejor conocido como el “Gran Viraje” fueron las siguientes: El PEP estuvo integrado por veinte programas sociales, distribuidos en seis áreas prioritarias: 1) Nutrición: (Beca alimentaria, Beca Láctea y de Cereales, Vaso de Leche Escolar, Merienda Escolar, Comedores Escolares, Lactovisoy al Escolar) 2) Salud: Impulso a la atención primaria preventiva, especialmente a través del Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI), en sus tres componentes: Suministro Alimentario, Prevención en Salud y Programa de Atención Comunitaria, 3) Educación: Dotación de uniformes y Útiles Escolares, Ampliación de la Cobertura de Preescolares, Compensación Socio Pedagógica y Cultural, Capacitación y Empleo Juvenil y Subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil 4) Protección Social: Hogares de Cuidado Diario, 5) Empleo y Seguridad Social: Seguro Paro Forzoso, Programa de Apoyo a la Economía Popular, Programa Nacional de Beca Salario, 6) Vivienda e Infraestructura Social: Vivienda rural, Proyecto de Mejoramiento en Barrios (Promueba) y Programa de Inversión Social Local (Proinsol). Comisión Presidencial para el Enfrentamiento a la Pobreza, (1989).

Es de hacer notar, que la primera parte de la estrategia social de este período de gobierno, estuvo constituida por el suministro de los subsidios directos, y la segunda parte, complemento de la primera, por un conjunto de grandes proyectos de inversión en servicios e infraestructura, (en los sectores de educación, salud, desarrollo social, agua potable y seguridad social), conocido como megaproyecto social. Este último fue previsto como un gran programa armonizador de múltiples proyectos, para dar cumplimiento al objetivo de alcanzar la eficiencia y la equidad de los servicios sociales, para favorecer a las clases más golpeadas por el Plan de Ajuste Macroeconómico, iniciado en febrero de 1989. Cordiplan (1990).

En el marco de tal concepción, si bien los programas compensatorios constituyeron el mayor esfuerzo realizado por gobierno alguno en Venezuela, en materia de atención a la pobreza, sólo se logró compensar la caída de los ingresos de la población parcialmente. De igual manera, en cuanto a la atenuación de la pobreza, la política compensatoria tampoco logró generar los cambios esperados, puesto que en 1990, segundo año del ajuste económico y de aplicación del PEP, los índices disminuyeron levemente, la tendencia durante toda la década fue incremental.

En virtud de ello, estos programas sirvieron de paliativo para aliviar la pobreza en su oportunidad, pero tuvieron inconvenientes al observar sus resultados, según manifiesta Alvarado (ob. cit.), entre ellos se tienen: 1) la política social se centraliza en programas de escasa cobertura. No incorpora a gran escala a la población objetivo para beneficiarse de las bondades de los programas. Por ejemplo, según la Encuesta Social de la OCEI, en 1991, del total de niños considerados, el 53,20% no está incorporado al programa PAMI. Para 1992 el porcentaje asciende a 62,38%, siendo 33,89% el total de hogares cuyos miembros no son beneficiados. Igual situación ocurre con las mujeres embarazadas lactantes y hasta 6 meses de postparto, para 1992, el 50,66% no estaban incorporadas al PAMI. Al revisar las causas en ambos casos y años, se encuentra que más del 50% no lo hace porque desconoce el programa, lo cual demuestra la escasa promoción del mismo. 2) Existen grandes desviaciones del objetivo central, 3) No estimulan al beneficiario a salir de la pobreza, sino más bien a permanecer en ella, para seguir recibiendo bienes gratuitamente 4) Cuando el número de usuarios es tan alto, se hace muy difícil la focalización selectiva de beneficiarios y los abusos se multiplican, 5) Los subsidios directos son antieducativos, en contraste con las medidas indirectas, que son invisibles y silenciosas y 6) No insertan a la propia población beneficiaria en el seguimiento y evaluación de los programas, es decir, no propician su participación, en función de sus necesidades.

En ese orden de ideas, se presenta a continuación la Tabla No. 7, donde se observan los niveles de pobreza extrema y pobreza total en el periodo en estudio:

Tabla No. 7

Porcentaje de Pobreza por Hogares

Venezuela (1987-1993)

(En Porcentajes)

Pobreza

Extrema

Pobreza

Total

1987

1989

1991

1993

1987

1989

1991

1993

24,4%

27,7%

33,1%

27,1%

55,3%

60,9%

66,8%

62,8%

Fuente: INE (1994)

Nótese que con relación a la Pobreza Extrema y Total, en el año 1991 fue mayor el porcentaje de pobreza que en años anteriores, debido entre otras causas, a la liberación de precios, al proceso inflacionario, al desempleo, a la disminución en las mejoras socioeconómicas, al difícil acceso al mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, entre otros, para después en el año 1993, descender levemente. Recuérdese que se entiende por Pobreza Extrema según el INE (ob. cit), aquel grupo de población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, y por Pobreza no Extrema o Crítica, aquel grupo de población cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la Canasta Básica (Alimentos y Servicios).

Por su parte, en atención al desempleo, según datos de la OCEI (1992), entre diciembre de 1988 y el primer semestre de 1991, se registró una pérdida de 109.689 empleos formales y un aumento de 353.793 puestos informales. El aumento neto de los puestos de trabajo fue de 204.104, inferior al registrado por la fuerza laboral en ese periodo (526.982). Esto explica el aumento del desempleo de 6,9% a 10,4% y debido a ello, los empleos formales pasaron de 61,9% en diciembre de 1988 a 59,8% en junio de 1990.

Igualmente, cabe destacar, que para el período 1990-1992, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2005), el número de personas desnutridas en Venezuela era de 2.300.000, para una población total de 20 millones de habitantes para ese período, lo cual representa un 11% de la población, esto fue debido, a la falta de acceso a algunos programas sociales por parte de la población en situación de vulnerabilidad, al incremento del desempleo, a la liberación de precios, a la inflación, a las condiciones socio económicas en la cual viven algunos sectores de la sociedad, entre otros.

Es por ello, que en este periodo se observa, que las políticas fiscales implementadas no repercutieron en una mejora del bienestar social de la población venezolana, en virtud de los indicadores presentados, aunque se hicieron esfuerzos para lograrlos a través de los programas sociales implementados durante ese período.

Con relación al periodo presidencial del año 1993 (tomó posesión Ramón J. Velásquez, por ese año), se estableció el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley General de Bancos y otros Institutos Financieros, la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo y la Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se estimuló el proceso de descentralización al aprobar la transferencia de mayor número de competencias a los Estados y al crear el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). No obstante, se descuidó aún más el control sobre la gestión fiscal, elevando la inflación hasta un 45,9%, y el crecimiento fue apenas un 0,7% en ese año. La apertura hacia una economía de mercado se paralizó en su totalidad.

Con respecto al período presidencial 1994-1998 (Dr. Rafael Caldera), el año 1994, estuvo caracterizado por la gran crisis bancaria, comenzando con la intervención del Banco Latino, el derrumbe e intervención de las instituciones bancarias y la fuga de capitales por concepto de auxilios financieros que el Estado le otorgó a la Banca y como consecuencia, muchos ahorristas estuvieron afectados por la pérdida de sus ahorros, al igual que se perdió la confianza y credibilidad de los nacionales y extranjeros en la banca, sumándole a la economía un grave desequilibrio por la sustracción de capitales. Como resultado de esta situación, se obtuvo una gran disminución en las reservas internacionales del país, por lo que el Presidente se vio obligado a instaurar un Control de Cambios, que fue desmontado en 1996.

En virtud de ello, se establecieron ajustes en materia de política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial y social, con el fin de reestablecer los equilibrios macroeconómicos, se reestructuró el IX Plan de la Nación, bajo el nombre de Agenda Venezuela, a través de un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, es decir, se negoció con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (FMI, BM y BID) y se ejecutó en 1996, esto es, se realizaron una serie de propósitos para combatir la inflación, a través de la restitución de los equilibrios macroeconómicos, la recuperación del sistema financiero y del crecimiento de la economía, en un marco de equidad social. Para tal fin, se diseñó un plan de acción a mediano y largo plazo, el cual se concretaría a partir de cuatro microprogramas, que se correspondían con los cuatro grandes objetivos de la Agenda: 1) Programa de Estabilización Macroeconómica, integrado por las políticas económicas nombradas anteriormente, más la política de estabilización financiera, 2) Programa de transformación productiva, 3) Programas de Reformas Institucionales y 4) Programa de Desarrollo Social. El objetivo central de este programa era proteger a las familias de menores recursos y los objetivos específicos eran los siguientes: amortiguar y moderar la inflación, compensar el ingreso de las familias menos solventes, crear empleo y generar ocupación para los jóvenes y otros sectores vulnerables y enfrentar el aumento de la pobreza.

Cabe destacar, según lo manifiesta Alvarado (ob. cit), que al término de la vigencia de la Agenda Venezuela, no se superó la etapa de estabilización y menos la de recuperación de la economía. Los logros parciales en materia de estabilización, no redundaron en un fortalecimiento de las bases del desarrollo productivo y de la inversión, ni en la consolidación del ahorro nacional. A pesar del anuncio de recuperación moderada de la economía; en lo social persistió y se profundizó el desempleo, el deterioro de los salarios reales, la inflación, la contracción del consumo y la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión social. Por tal motivo, es conveniente señalar, según información del Ministerio de la Familia (1999), que entre 1995 y 1997 la pobreza, según medición por Línea de Ingreso, creció de 30% a 69% y el desempleo de 10% a 12,4%.

En relación a lo anteriormente señalado, a continuación se presenta la Tabla Nº 8, la cual muestra la evolución de la Inflación en este periodo presidencial, y por ende, el deterioro del salario real:

Tabla Nº 8

Inflación Anual del Área Metropolitana de Caracas

Serie desde 1994

(Base 1997= 100)

(En Porcentaje)

1994

1995

1996

1997

1998

70,84%

56,62%

103,24%

37,61%

29,91%

Fuente: BCV (1999).

En la Tabla Nº 8, se observa que la tasa de inflación para el año 1996 fue del 103,24%. Cabe destacar, que este porcentaje de inflación mencionado con anterioridad, ha sido el más alto que se ha registrado en la historia económica de Venezuela, esta alta inflación fue debido al incremento de los precios de la gasolina, lo cual incrementó los precios de todo el sistema de comercialización, a la crisis bancaria, a la fuga de capitales y a la disminución de las reservas internacionales, entre otros. De igual manera, la economía estuvo caracterizada por el descenso de 1,6% del Producto Interno Bruto, esta caída del PIB es la tercera que se reconoce en forma continua, y una tasa de desempleo de 12,4%, fueron los efectos de este programa en 1996. Aunado a esta situación, cabe destacar, que los ingresos petroleros en este periodo presidencial fueron considerablemente bajos, llegándose a cotizar el barril a 8 $, por lo que hubo una merma en los ingresos, por concepto de renta petrolera. Es importante destacar, que debido a ello, durante su gobierno se aumentó el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor (ICS) hasta un 16,5%, al igual que el precio de la gasolina entre el 500% y 600%, utilizando una política de consenso entre todos los sectores de la sociedad.

Por otra parte, los programas sociales implementados en este periodo presidencial a través de las políticas fiscales, para aliviar la pobreza, llamado Plan de Solidaridad Social (PSS), el cual sustituye al Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP), se dividieron en tres partes, que a su vez integraron los catorce programas compensatorios: I) Compensación del ingreso y protección de la población vulnerable: Subsidio Familiar, Programa Alimentario Escolar (PAE), Merienda y Comedores Escolares, Incremento del Ingreso a los Pensionados por vejez, Protección al Anciano, Programa Ampliado Materno Infantil (PAMI), Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, Dotación de Materiales Médico-quirúrgico; II) Disminución del Impacto Inflacionario: Subsidio al pasaje estudiantil, Programa de Alimentos Estratégicos, Dotación de Útiles y Materiales Escolares, Suministro de Medicamentos; III) Capacitación y Empleo: Capacitación y Empleo Juvenil, Fortalecimiento Social. Cordiplan (1996).

Es oportuno mencionar, que con relación a la efectividad de estos programas de protección social, la cobertura fue insuficiente y desigual, puesto que la población en extrema pobreza, no pudo acceder a la asistencia institucionalizada (al quedarse fuera de las redes escolar y ambulatoria), mientras que la población clasificada como pobre, era atendida por varios programas a la vez. Es por ello, que sin negar la calidad de estos programas sociales, fue indudable que los gobiernos en la década de los años noventa, se desviaron de las soluciones con relación a la lucha contra la pobreza, a la luz del comportamiento de los indicadores presentados en la economía durante ese período, de allí que el impacto en la aplicación de las políticas fiscales a través de la implementación de los programas sociales que se facilitaron, especialmente en el sector salud y educación, fue bajo. En virtud de ello, a continuación se presenta el Gráfico No. 2, donde se señala el porcentaje de hogares pobres, según las necesidades básicas insatisfechas, para los años 1994 y 1997:

Gráfico No. 2

Fuente: INE (1998).

Nótese que para los años 1994 y 1997 el porcentaje de pobreza extrema se mantiene casi igual (18,79% y 18,89% respectivamente) y en relación al porcentaje de pobreza no extrema o crítica, sucede la misma situación, ambos porcentajes se mantienen 25,88% y 25,87% comparativamente), lo cual significa que los niveles de pobreza se mantuvieron, debido a las políticas de alivio a la pobreza que se implementaron durante el periodo en estudio, aunque las mismas no contribuyeron a erradicarla. En virtud de ello, cabe destacar la siguiente Tabla (Nº 9), donde se enfatiza el porcentaje de población pobre desde el año 1980, tanto en pobreza crítica como extrema, tomando en consideración que el problema de la pobreza, es un problema estructural.

Tabla Nº 9

Porcentaje de población pobre en Venezuela

desde el año 1980 hasta el año 1996

Años

En pobreza critica

En pobreza extrema

Pobreza Total

1980

8,59

9,06

17,65

1981

12,11

10,71

22,82

1982

13,52

12,14

25,65

1983

17,69

14,95

32,65

1984

16,63

15,48

32,11

1985

18,18

16,6

34,77

1986

21,21

17,67

38,88

1987

22,23

16,61

38,84

1988

23,2

16,77

39,96

1989

24,37

20,07

44,44

1990

22,86

18,62

41,48

1991

19,36

16,01

35,37

1992

22,23

15,52

37,75

1993

24,56

16,81

41,37

1994

26,13

27,52

53,64

1995

25,24

22,95

48,2

1996

29,6

35,8

65,4

Fuente: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

La Tabla Nº 9 muestra el porcentaje de población pobre en Venezuela, obsérvese que en los años 1990-1992 el porcentaje de pobreza extrema disminuyó, y en los años 1990-1991 el porcentaje de pobreza crítica también disminuyó, debido al

comienzo en la implementación de los programas sociales. No obstante, en el periodo presidencial, que va desde 1988 hasta 1993 y parte del siguiente, que abarca desde 1994 hasta 1996, el porcentaje tanto de pobreza crítica como extrema, ha ido creciendo en términos generales.

En relación a lo anteriormente señalado, cabe destacar, que en el país, las ideas de políticas de alivio a la pobreza integradas a los programas de ajustes promovidos por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, influenciaron las agendas sociales venezolanas aplicadas por los gobiernos nacionales durante el periodo 1989-1998. En tal sentido, estas estrategias y acciones sociales definidas para intervenir la pobreza, han servido de alivio a la pobreza, más no a su eliminación. En virtud de ello, se ha observado que esos programas no han permitido alcanzar el bienestar y la equidad social, tal como se demuestra en el estudio realizado a más de 13.000 hogares venezolanos en 1998, en el Proyecto Pobreza por Ugalde, et al. (ob. cit), de los 12.842.263 venezolanos mayores de 18 años, un 51,2% de ellos pertenecían a hogares en situación de pobreza.

Cabe subrayar, que el aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente relacionada con las condiciones del mercado laboral. La escasa demanda de empleos productivos (formales), ha hecho que entre 1990 y 2000, de cada 100 personas que ingresaban al mercado laboral, sólo 12 encontraron trabajo en el sector formal de la economía. Es por ello, que para el 2do semestre de 1998, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector formal estaba formado por 1.109.017 ocupados y el sector informal por 4.370.373 ocupados. Debido a ello, el aumento del desempleo asociado al Programa de la Agenda Venezuela, no fue tan grande, porque ya había ocurrido una disminución del empleo durante la crisis bancaria de 1994. Por lo que entre diciembre de 1993 y diciembre 1994, el INE registró una pérdida de 508.837 puestos formales y un aumento de 622.261 puestos informales. Es decir, entre 1993 y 1994 el empleo formal pasó de 59,1% a 50,9% y la informalidad pasó de 40,9% a 48,6%.

Por otra parte, durante el periodo presidencial 1999-2006 (TCnel. Hugo Chávez), la política económica instrumentada desde 1999, estuvo condicionada por un conjunto de dificultades. En primer lugar, según lo manifiesta Guerra (ob. cit.), existía incertidumbre acerca del rumbo económico que seguiría Venezuela, en segundo lugar, los precios del petróleo para esa fecha (1999), se encontraban en niveles históricamente bajos, debido, entre otros elementos, a la política de aumentos de la producción y violación de cuotas en que incurrían los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y una menor demanda de crudos, ocasionada por la recesión de la economía mundial.

Finalmente, señala la citada fuente, y en parte como derivación de lo anterior, una situación fiscal comprometida que auguraba un desajuste de las cuentas públicas, toda vez que en 1998 el Gobierno Central cerró con un déficit equivalente a 4,1 % del PIB. Similarmente la economía estaba entrando en un ciclo recesivo que se manifestó en una tasa de crecimiento del PIB del 0,2% en 1998, que contrastaba con la de 6,4% del año anterior, como resultado entre otros factores, de una política monetaria de corte restrictivo para asegurar que el tipo de cambio permitiera lograr el objetivo de la inflación. Y con relación al año 1999, el PIB mantuvo su ciclo recesivo, observándose una tasa de crecimiento negativo del -6,1% del PIB.

De igual manera, el ingreso por habitante experimentó una disminución de 25,9% entre 1999 y 2003, contrariamente a lo establecido en el Programa de Gobierno y en los diferentes programas económicos anuales, en los cuales se asumía un mejoramiento, tanto del ingreso como de las condiciones de vida de la población. En lo relativo al objetivo de lograr una economía competitiva, según el BCV (ob. cit.), la variable empleada refleja un aumento importante de la participación de los bienes de consumo de origen importado en detrimento de los bienes de capital y las materias primas del sector privado, lo que sugiere un probable aumento de la porción del consumo doméstico cubierto con mercaderías importadas, no obstante, la depreciación del tipo de cambio en 2002, el cual para 1998 estaba en 570 Bs. por $ y para el año 2002, se encontraba en 1.600 Bs. por $ y el establecimiento de un control de cambio integral a partir del mes de febrero del año 2003. Actualmente, la paridad cambiaria se encuentra en 2.150 bolívares por $.

Similarmente, desde el punto de vista de la diversificación, las cifras evidencian que ha aumentado la dependencia de la economía del sector petrolero, toda vez que las exportaciones no petroleras han disminuido su ponderación en el total de las exportaciones, puesto que para el año 1998 las exportaciones no petroleras correspondían al 21,2% del total de las exportaciones, y para el año 2003, disminuyeron dos puntos porcentuales (19,2%). Con relación a la sostenibilidad y volatilidad en la economía, cabe destacar que para que el tipo de cambio pueda fungir como ancla de precios, es necesario que las gestiones fiscales sean sostenibles en el tiempo y las mismas pasen a desempeñar un papel básico para lograr el equilibrio presupuestario. En lo que respecta a eliminar la volatilidad económica, cabe destacar que, la volatilidad impone una restricción al crecimiento por la incertidumbre que ella supone, lo que distorsiona la asignación de recursos en la economía.

Una de las principales fuentes de volatilidad en el país, es la política fiscal, cuyo desempeño está sujeto a acontecimientos del mercado petrolero, lo que puede generar shocks en la economía, a través de la disminución de los precios del petróleo, lo que hace que disminuyan los ingresos por concepto de renta petrolera y para ello, no se cuenta con un verdadero fondo de estabilización que suavice la trayectoria del gasto. Puesto que las reformas que se han introducido en el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), han distorsionado la razón de ser de este instrumento, al modificarse las reglas para el aporte de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional y aumentarse la discrecionalidad en el uso de los montos acumulados. En estas condiciones, la volatilidad del nivel de actividad económica se ha incrementado en el período analizado.

Con relación a la Política Fiscal, las medidas fundamentales por el lado de los ingresos fueron la implantación del Impuesto al Débito Bancario (IDB) con una tasa del 0,5% y la sustitución del Impuesto a las Ventas y al Consumo Suntuario (IVCS) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una reducción de un punto porcentual de la tasa sin ampliar la base imponible. En cuanto a las erogaciones se acordó un recorte del gasto público, equivalente a 1,5% del PIB. Con respecto al año 2002, en vista del deterioro del mercado petrolero, se contempló una reducción del gasto en 1% del PIB y se previó un aumento importante de la recaudación no petrolera, principalmente por conceptos de IVA, ISLR y Aduanas.

Entre las medidas de política para aumentar los ingresos públicos, consistieron en modificar impuestos indirectos existentes, entre los que destaca la eliminación de exenciones al IVA, el aumento de la tasa del IVA a 15,5% y el incremento de la alícuota al IDB a 1%. Similarmente planteó mejoras en la verificación aduanera y en el programa de fiscalización de la recaudación. Igualmente, en 1998 el precio del barril de petróleo estaba en 8 $ por barril, pero para el año 2006 el precio cerró a 71 $ el barril, precio bastante elevado en comparación con el obtenido en el año 1998, significa entonces que el Estado Venezolano ha percibido por concepto de renta petrolera en este período presidencial más de 200 mil millones de $. Por otro lado, un elemento de vulnerabilidad fiscal, lo representan los déficits primarios, por cuanto ello significa, que el gobierno debe financiar el gasto ordinario con más endeudamiento, lo que se traduce en mayor acumulación de deuda.

En virtud de ello, un elemento que puede comprometer las gestiones fiscales futuras es el notable aumento de la deuda interna, que contratada a tasas reales de interés que exceden a la de crecimiento de la economía, representa una restricción para lograr la sostenibilidad fiscal, la cual ha pasado de 2,3 billones de Bs. en 1998 a 27 billones de Bs. en 2006. Por tal motivo, cuando la deuda crece a un ritmo mayor que el PIB, la economía no es capaz de generar los ingresos que permitan servir la deuda que se ha contraído y por tanto, el mecanismo de financiamiento que impera es aquel que implica la desvalorización de la deuda pública, mediante un aumento del nivel de precios o, equivalentemente, mediante la devaluación de la moneda.

Conviene destacar, que el paro del sector petrolero y de las actividades empresariales que ocurrió entre diciembre 2002 y enero 2003, contribuyó decisivamente en la disminución de la actividad económica en 2002 y creó un clima adverso para el desempeño de la economía durante el año 2003.

En lo relativo a la inflación, tras la adopción del sistema de bandas cambiarias en julio de 1996, la política antiinflacionaria se sustentó esencialmente en la estabilidad del tipo de cambio, con mayor énfasis entre febrero de 1999 y febrero de 2002, cuando se abandonó el régimen de bandas cambiarias y se adoptó un esquema de flotación administrada, mediante subastas de divisas. Esa estrategia contra la inflación, se vio favorecida por una sólida, aunque con tendencia a la baja, posición de las reservas internacionales del BCV producto de la mejora de los precios del petróleo en 1999 y 2000. Hasta enero de 2002, la política cambiaria cumplió una especie de rol dual, por una parte servía para estabilizar el tipo de cambio mediante la intervención del BCV en el mercado de divisas y, por la otra, esa presencia del instituto emisor permitía que el exceso de oferta monetaria se drenara a través de las transacciones externas, con lo cual el régimen cambiario se asemejaba a uno de paridad fija.

A continuación se presenta la Tabla Nº 10, mostrando los distintos regímenes cambiarios implementados en Venezuela.

Tabla Nº 10

Regímenes Cambiarios en Venezuela

Fecha Dirección de Gobierno Régimen Cambiario

1960-1964 Rómulo Betancourt Control de Cambio

1964-feb. - 1983 Raúl Leoni, Rafael Caldera Tipo de Cambio Fijo

Carlos Andrés Pérez

1983 feb. – 1989 Luís Herrera, Jaime Lusinchi Control de Cambios con

Tasas duales

1989 sep. – 1992 Carlos Andrés Pérez Flotación Cambiaria

1992 jun. - 1994 Carlos Andrés Pérez Crawling Peg

Rafael Caldera

1994-abril – 1996 Rafael Caldera Control de Cambio

Integral

1996 feb. – 2002 Rafael Caldera, Hugo Chávez Bandas Cambiarias

Feb. 2002 – Ene-2003 Hugo Chávez Flotación Cambiaria

Feb. 2003 Hugo Chávez Control de Cambio

Integral

Fuente: Guerra y Pineda (2002).

En la Tabla Nº 10, se presentan los Regímenes Cambiarios en Venezuela, obsérvese que el período que ha representado mayor estabilidad económica en Venezuela fue el de 1964-1983, durante casi 20 años, el cual estuvo caracterizado por un tipo de cambio fijo, donde se cotizaba el dólar a 4,30 Bs. A partir de allí, comenzó la devaluación del bolívar, hasta la actualidad, tomando en cuenta el dólar paralelo. Igualmente, cabe señalar, que en febrero 2003, se cambia el régimen cambiario y se coloca un tipo de cambio fijo hasta el presente, el cual representa 2.150 Bs. por $, en el mercado oficial. En lo relativo a la economía social, se implantaron las misiones a partir del año 2003, con la finalidad de atenuar los niveles de pobreza existentes en el país. (Parafraseo de Guerra, ob. cit). A continuación se presenta la Tabla Nº 11, en la cual muestra la evolución de la Inflación para el período 1999-2006:

Tabla Nº 11

Inflación Anual del Área Metropolitana de Caracas

Serie desde 1999

(Base 1997= 100)

(En Porcentaje)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20,03%

13,40%

12,30%

31,23%

27,1%

19,2%

14,4%

17%

Fuente: BCV (2007)

Según la información que presenta la Tabla Nº 11, nótese que hubo una disminución de la Inflación para el año 2001, esto fue producto del anclaje cambiario, el cual su efecto más visible y favorable fue el descenso de la misma después de 1997 (37,61%), hasta bordear el nivel de un dígito en el año 2001, cuando alcanzó el 12,3%, luego para el año 2002 la inflación se incrementó, alcanzando un 31,2%, originado por la paralización de la actividad económica y el paro petrolero.

Con relación a las políticas implementadas durante los años 2004 al 2006, se ha seguido la misma línea aplicada en años anteriores, con la particularidad de que se implementó un control de precios, lo que ha originado que algunos productos de la cesta alimentaria se han escaseado y otros han aumentado de precio, y la deuda interna y externa se ha seguido incrementando, puesto que la interna ya va por el orden de los 33 billones de bolívares (15 mil millones de $) y la externa por 45 mil millones de $, según fuente del Ministerio de Finanzas.

Las Políticas Fiscales ejecutadas a través de los programas sociales, implementados durante el periodo 1999-2006, como alivio a la pobreza y para la consecución del bienestar social de la población venezolana, se ejecutaron a través del Plan Estratégico Social (PES), el cual es entendido “como un instrumento de planificación política, creado con el propósito de transformar la calidad de vida del pueblo venezolano, viabilizando la aplicación integral de los derechos garantizados constitucionalmente y el desarrollo de los objetivos del proyecto político nacional”. (MSDS: 2002:1), y el mismo estaba incluido dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Nación) 2001-2007, y los cuales fueron: 1) El Plan Bolívar 2000 y 2) Las Misiones:

1) El Plan Bolívar 2000 representó una alianza cívico militar para atender socialmente a las comunidades más necesitadas, el cual comprendió un conjunto de actividades de asistencia públicas dirigidas a mejorar y construir viviendas, infraestructura educativa, de atención en salud, e incluyó también un programa de empleo rápido, suministros de alimentos e implementos, entre otras acciones de beneficencia en las comunidades de extrema pobreza. El conjunto de estas acciones debía apoyarse en la organización de las comunidades y el mismo fue realizado como plataforma de las estrategias de la lucha antipobreza del gobierno y tuvo tres objetivos principales: poner en contacto a la institución castrense con los habitantes de las comunidades, organizar a estas comunidades y asistirlas en la satisfacción de sus necesidades más básicas.

Cabe señalar, que el principal objetivo del Plan Bolívar 2000, era combatir la pobreza y la exclusión, pero el mismo resultó conceptualmente inapropiado, dado su carácter meramente asistencial y sin pertinencia para solventar los problemas estructurales que tiene por misión atender, por presentar prácticas burocráticas, clientelares, improvisación, pragmatismo, solapamiento de funciones y criterios propios del sector militar, pero impropios del sector social. (Gómez, 2001, citado por Alvarado). Sin embargo, el Plan cumplió sus objetivos en materia de mercados populares, empleos provisionales, consultas médico-odontológicas, recuperación de infraestructura educativa y deportiva y atención al indígena, entre otros. No obstante, continúan los indicadores de desempleo, pobreza y exclusión, puesto que la principal herramienta para combatir el deterioro del nivel socioeconómico de la población, no es a través de un Plan Asistencial, sino a través de una estrategia integral de lucha contra la pobreza, para mejorar el nivel de bienestar social de la población venezolana.

2) Las Misiones surgen en el año 2003, como una iniciativa del Gobierno Nacional con el propósito de atender los principales problemas sociales de los sectores populares en las áreas de educación, salud, alimentación, empleo y vivienda. De allí se derivan las misiones que están relacionadas con objetivos de naturaleza social, como son las que tienen que ver con la atención primaria en salud (Barrio Adentro I, II y III), las misiones educativas (Robinsón I, II y III, Ribas y Sucre), Seguridad Alimentaria (Misión Mercal I y II), la capacitación para el trabajo (Misión Vuelvan Caras), y la Misión Vivienda y Hábitat, entre otras.

Es de hacer notar, que la implementación de las Misiones, ha seguido en esencia, el mismo patrón asistencialista de los gobiernos anteriores. Tal como lo señala Alvarado (ob. cit), “las misiones conforman un conjunto de programas sociales de corte básicamente, asistencialista y focalizados que requieren para su ejecución, una nueva organización popular que los sustente y les otorgue viabilidad” (p. 431). Esto es, el gobierno ha tenido como finalidad, paliar las emergencias sociales y asistir a los sectores más pobres y necesitados, lo cual no deja de tener importancia, pero la misma ha impedido que se conforme una política de carácter estructural de lucha contra la pobreza. En virtud de ello, es necesario desarrollar acciones sociales que involucren a las instituciones del Estado de manera global, con el concurso de todas las instancias del gobierno y del sector privado, para así afrontar en forma sistemática, la magnitud y gravedad de los problemas de pobreza y exclusión que aquejan a la sociedad venezolana.

Es por ello, que estos programas han servido de paliativo para aliviar la pobreza en Venezuela, pero no han sido determinantes para erradicarla, ahora y en períodos anteriores, puesto que la situación de hogares en situación de pobreza crítica y extrema todavía es revelador, la carencia de viviendas es bastante significativa, la cual constituye el déficit habitacional acumulado actual y de años recientes, esto es, la política de vivienda no ha sido tan eficiente como se esperaba, puesto que las unidades construidas no han cubierto las necesidades detectadas. Según las cifras que revelan tanto el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo de Desarrollo Urbano, como la Cámara de la Construcción entre 1999 y 2004 se programaron 159.000 unidades, pero solo fueron entregadas 91.000 viviendas (en 5 años). Esto equivale al cumplimiento del 58% de lo planificado y el déficit habitacional se ubica en 1.800.000 viviendas. Con relación a la tasa de desempleo, éste exhibe registros superiores a los que había reflejado la economía venezolana anteriormente, puesto que entre diciembre de 2001 y el primer semestre de 2003, según cifras suministradas por el INE (ob. cit.), se registró una pérdida de 321.135 empleos formales, que no alcanzó a ser compensada por el crecimiento de los puestos de trabajo informales (156.383) y, por tanto, cayó el total de puestos de trabajo en 164.752. Aparte de la pérdida de puestos de trabajo, en esos 18 meses la fuerza laboral aumentó en 688.690, lo que produjo un aumento del desempleo de 12,8% a 19,2%.

En relación a lo anteriormente señalado, a continuación se presenta la Tabla Nº 12, donde se muestran los niveles de pobreza de las personas provenientes de hogares pobres y no pobres, según el INE (2005):

Tabla Nº 12

Personas provenientes de Hogares Pobres y No Pobres

Desde 1999-2004

Pobreza

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

23.710.809

24.179.360

24.661.269

25.148.518

25.625.384

25.861.959

No Pobreza

11.872.752

12.684.301

13.155.017

10.779.195

9.140.395

9.610.104

No Pobr. %

51,31

53,66

54,62

44,64

37,91

39,85

Pobres

11.268.581

10.954.595

10.931.005

13.365.363

14.970.361

14.503.748

Pobreza %

48,69

46,34

45,38

55,36

62,09

60,15

P no Extrem

6.606.386

6.695.836

6.849.864

7.322.375

7.797.008

7.727.355

P no Extr %

28,55

28,33

28,44

30,33

32,34

32,05

Pob Extrem

4.662.195

4.258.759

4.081.141

6.042.988

7.173.353

6.776.393

P Extrem %

20,15

18,02

16,94

25,03

29,75

28,10

Fuente: INE (2005)

Nótese el deterioro de los niveles de pobreza en el periodo en estudio, en el cual la población no pobre fue disminuyendo, puesto que la misma pasó de 51,31% en 1999, a 39,85% en el año 2004, de igual manera, la población pobre fue incrementándose, la cual pasó de 48,69% en 1999 a 60,1% en el año 2004, a la par que la pobreza no extrema (pobreza crítica) y la pobreza extrema también se incrementaron, las cuales pasaron de 28,55 y 20,15% respectivamente, a 32,05% la pobreza no extrema (crítica) y 28,1% la pobreza extrema. Aunque cabe destacar, que entre los años 2003 y 2004 los indicadores bajaron relativamente, tanto en la pobreza extrema como crítica, esta situación se debe en parte, a la implantación de las misiones en el año 2003. Más sin embargo, se observan todavía muy elevados los índices de pobreza, puesto que para el año 2004, existían 14.503.748 de venezolanos que no superaban el umbral de la pobreza, puesto que no percibían suficientes ingresos para cubrir la canasta básica (alimentos y servicios).

En virtud de ello, a continuación también se presenta la Tabla Nº 13, la cual representa los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):

Tabla Nº 13

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Periodo: 1999-2004

Indicador

NBI

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Niños de 7 a 12 años *

84.032

83.618

93.281

105.742

110.043

91.034

%

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

1,5

Hacinamiento

Crítico

745.712

765.311

737.382

942.043

950.592

941.844

%

15,0

15,3

14,1

16,4

16,2

15,7

Viviendas

Inadecuadas

294.599

286.081

283.553

544.816

541.120

528.209

%

5,9

5,7

5,4

9,5

9,2

8,8

Sin Servicios

Básicos

729.242

783.350

730.173

987.434

952.988

941.868

%

14,7

15,7

14,0

17,01

16,03

15,07

Alta Depend.

Económica

317.352

324.350

312.434

325.709

321.605

323.179

%

6,4

6,5

6,0

5,7

5,5

5,4

Fuente: INE (2005)

* Que no asisten a la escuela ( niños no escolarizados).

Según la información que presenta la Tabla Nº 13, todos los indicadores presentados de NBI se incrementaron, comenzando por la población de niños que no asisten a la escuela, puesto que la misma se incrementó entre los años 1999 y 2004 en un 8,3%. De igual modo, las personas que se encuentran en situación de hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), tuvieron un incremento del 26,3%. Similarmente, las personas que viven en viviendas inadecuadas (ranchos), entre 1999 y 2004 tuvieron un incremento bastante significativo, puesto que el mismo se situó en un 79,29%, pasando de 294.599 viviendas inadecuadas a 528.209 viviendas inadecuadas Finalmente, las personas que se encuentran sin servicios básicos (agua potable, saneamiento) y poseen una alta dependencia económica (más de tres personas por cada persona ocupada), tuvieron un incremento porcentual de 29,15% y 1,8% respectivamente. Esta situación se explica por el deterioro de los indicadores macroeconómicos, tales como desempleo, pérdida del poder adquisitivo, inflación, deterioro del salario real, disminución del parque industrial, falta de capacitación y de escolarización de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, déficit habitacional, entre otros. Es importante destacar, que según la Línea de Pobreza, la población se encuentra en pobreza crítica, cuando presenta una necesidad básica insatisfecha y se encuentra en pobreza extrema, cuando presenta más de dos necesidades básicas insatisfechas.

Igualmente, durante ese lapso (1999-2004), el empleo formal pasó de 50,1% a 47,5%, mientras que la informalidad creció de 49,9% a 52,4%. Igualmente, la tasa de crecimiento del PIB per cápita y del PIB real para el año 2003, experimentó un decrecimiento promedio anual de 5,59% y 3,79% respectivamente. Es por ello que, el menor nivel de actividad económica, la caída del ingreso real, el aumento de la desocupación y el rebrote de la inflación se conjugaron en un incremento en los niveles de pobreza. Así el porcentaje de pobreza general saltó de 57,4% en 1998 a 62,09% en 2003, en tanto que la pobreza crítica pasó de 28,8% en 1998 a 32,34% en igual lapso. (Guerra, ob. cit: 134). No obstante, para el primer semestre del año 2004, según cifras aportadas por el INE, el 60,1% de la población venezolana se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 28,1% de los habitantes del país se encontraban en situación de pobreza extrema.

Por otra parte, el tamaño de la economía venezolana, de aproximadamente 135 mil millones de dólares en 2005, representa alrededor de un 5% del tamaño de la economía de América Latina y el Caribe (ALC), ésta con un PIB global de un poco más de 2 billones de dólares. La economía venezolana sólo está por detrás de México, cuyo PIB representa alrededor de 35% del PIB de ALC, de Brasil (30% del PIB de ALC) y de Argentina (7,5% del PIB de ALC), lo cual la sitúa junto con Chile y Colombia entre las seis economías de mayor tamaño de la región. En virtud de ello, a continuación se presenta la Tabla Nº 14, donde se muestra la Tasa de Crecimiento del PIB 1999-2006.

Tabla Nº 14

Tasa de Crecimiento del PIB 1999-2006. (A precios constantes de 1997)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Variación PIB (%)

-6,0

3,7

3,4

-8,9

-7,7

17,9

9,3

10,03

Fuente: BCV (2007)

La Tabla Nº 14 muestra el comportamiento del PIB correspondiente a los años 1999-2006, obsérvese las cifras negativas que se reflejan en las tasas de crecimiento del PIB, desde el año 1999: -6,0% hasta el año 2003: -7,7%, debido a la volatilidad de la economía, producto de los shocks petroleros y a la paralización de la actividad económica, con excepción de los años 2000 y 2001 que presentó tasas de crecimiento positivas. En lo que va del presente siglo, el PIB venezolano ha estado sometido a significativas fluctuaciones, con fuertes caídas durante los años 2002 y 2003. A partir del año 2004 se observa una recuperación importante del producto, la cual se mantuvo durante el año 2005 y 2006, apoyada fundamentalmente en el fuerte aumento del gasto público, amparado en la tendencia favorable que ha mostrado la evolución de los precios del petróleo y la positiva dinámica de la economía mundial, entre otras causas, por el importante crecimiento de economías emergentes como China y la India. De los aproximadamente 55.500 millones de dólares de exportaciones venezolanas en el año 2005, cerca del 90% correspondieron a las exportaciones petroleras. De allí, que este crecimiento seguirá la tendencia de depender fuertemente del incremento del gasto público corriente, aunque también se incrementó el componente del gasto público destinado a inversión.

En otro orden de ideas, cabe señalar, que debido a la implementación de las Misiones el desempleo ha bajado, porque según el INE (ob. cit.), éste toma como empleados todos los que están incluidos en las Misiones, tal como lo señala Saade (ob. cit.):

El desempleo se está reduciendo, porque el INE colocó en la base de la población activa, las personas que están en las Misiones, y en otras actividades promovidas por el gobierno. Es por ello, que mientras la población crece, disminuye la cantidad de personas incorporadas a la actividad económica propiamente dicha. De igual manera señala, que el número de empleados públicos hasta hace poco, era de un millón doscientos mil empleados. Hoy día, según cifras del INE, sobrepasa los dos millones. (p. 1-2).

Dentro de esta perspectiva, es necesario el papel del Estado para que coadyuve en solventar las necesidades de la población, en el suministro a través de su gasto social, de los servicios públicos de calidad, educación, salud, entre otros, puesto que, una característica del gasto social en Venezuela, ha sido su baja sostenibilidad, de allí la necesidad de revertir sobre la sociedad un sostenido esfuerzo de política social, capaz de incidir cada vez más, sobre la calidad de la educación y salud incorporados. En este sentido, puede decirse que la mejor política económica, es la política social sostenida, porque mediante ella, el Estado dota a los individuos de una mayor competitividad en el mercado laboral, lo cual reduce el compromiso que tiene de disminuir los niveles de desempleo de la economía. En otras palabras, mientras más educación y salud posean los individuos de un país, menor será la probabilidad de que esos individuos estén desempleados y con ello, va a mejorar el nivel de la calidad de vida de la población, y por lo tanto, aumentará el bienestar social entre sus habitantes.

En concordancia con lo citado, en relación a la elevación del nivel socioeconómico de la población, se hace necesario fijarse los siguientes lineamientos: a) Generar adecuadas condiciones a corto, mediano y largo plazo, que favorezcan la aceptación de políticas económicas sanas, b) Procurar que el crecimiento económico se distribuya de la manera más amplia posible, alcanzando de lleno a los sectores más pobres y marginados de la población, c) Insertar a todos los ciudadanos desde su infancia en la escolarización, donde no haya detrimento en las etapas iníciales que deben transitar los educandos, para que no haya excluidos, d) Incentivar al sector productivo del país, a manera de generar fuentes de trabajo, y así aumentar la riqueza del país, e) Satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables, tales como: salud, educación, vivienda, servicios públicos, a través de mecanismos implementados por el Estado, f) Crear un nuevo sistema de seguridad social, sobre la base de cuentas personales de capitalización, que garanticen pensiones y jubilaciones adecuadas, no solo a los que han estado insertos en el mercado laboral, sino también aquellos ancianos y amas de casa, que no tienen pensión alguna, porque nunca se han jubilado, g)) También es importante reactivar algunos programas sociales, que en el pasado han mostrado su capacidad para atender algunas necesidades apremiantes de los sectores de más bajos recursos. Tales como los hogares de cuidado diario y el PAMI, donde se atiende a las mujeres embarazadas y a los niños lactantes.

Es por ello, que aunque se hayan y se estén tomando medidas para solventar los niveles de pobreza en la población y mejorar su calidad de vida, la misma sigue presentando cifras significativas, puesto que según el Informe de Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dos millones 182 mil 900 venezolanos viven en situación de pobreza extrema (no pueden cubrir la canasta alimentaria), lo que representa un 8,3% de la población, y siete millones 258 mil 800 personas, se encuentran en situación de pobreza crítica, es decir, no pueden cubrir la canasta básica (formada por alimentos y servicios), son grupos que se encuentran por debajo de la pobreza de ingresos, que no han superado el umbral de la pobreza.

De igual manera, la citada fuente manifiesta que al posicionar a Venezuela en el Índice de Pobreza Humana (IPH), en el Informe del PNUD del año pasado (2005), Venezuela estaba ubicada en el puesto Nº 14 de la lista (que toma en cuenta solo a las naciones en vías de desarrollo), pero en el último estudio realizado por el organismo multilateral (2006), Venezuela cayó dos puestos, al ubicarla en el lugar Nº 16. Las razones que provocaron este comportamiento, están relacionadas con el estancamiento de las mejoras básicas, como la esperanza de vida al nacer, la alfabetización, el acceso a fuentes de agua potable, y los niveles de nutrición, indicadores que se mantienen sin cambios en los últimos dos años, según los datos manejados en el Informe de Desarrollo Humano 2006.

La probabilidad al nacer de no alcanzar la edad de 40 años, es de 8,2%, al tiempo que el analfabetismo alcanza a 7% de la población venezolana, pese a que recientemente la UNESCO (órgano también adscrito a la ONU), avaló que el país estaba “libre de analfabetismo”, lo que implicaba que menos del 2% de la población eran iletrados. En tanto, la falta de acceso a fuentes de agua potable, afecta a 17% de la población y 4% de los niños menores de cinco años, aún tienen un peso inferior a la media que se considera saludable para su edad.

Todo este planteamiento evidencia la veracidad de las hipótesis o premisas planteadas al comienzo de la investigación, en la cual se señaló que:

1) Las políticas fiscales aplicadas en Venezuela, durante los años 1988-2006, no fueron efectivas para erradicar la pobreza.

2) El impacto económico de las Políticas Fiscales aplicadas por el Estado Venezolano, no contribuyeron con el mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

En virtud de lo anteriormente señalado, el más reciente Informe de la Organización de Naciones Unidas sobre “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” (FAO, 2005), revela que el porcentaje de la población que padece hambre en el país pasó de 11% en 1990, el cual comprendía 2,3 millones de personas, a 17% en el año 2002, conformado por 4,3 millones de personas, esto es, Venezuela está en la lista de países donde hay más personas desnutridas con respecto a la década de los años noventa. Por tal motivo, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, ob. cit), considera que en estos países ha empeorado el problema del hambre entre 1990 y 2002. En estas condiciones están 14 países, según las mediciones que hace periódicamente la FAO, a pesar del acuerdo mundial que existe para luchar contra este flagelo en el mundo.

Manifiesta la citada fuente, que en el documento se asegura que a Venezuela, Tanzania, Liberia, Burundi, Corea del Norte, República del Congo, Panamá, Gambia, Botswana, Guatemala, Suazilandia, Jordania, Líbano y Turquía, les costará más cumplir con una de las metas del milenio, reducir a la mitad el número de personas que padece hambre.

En armonía con estas ideas, cabe destacar, que en Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2006), existen en la economía informal 5.026.385 de venezolanos, representando el 48,5% de la población económicamente activa, esto es, la mayor parte de los venezolanos en capacidad de trabajar pertenece al sector informal (fuera de la regulación y protección del Estado). Es decir, la mayoría de los trabajadores informales son piezas de una economía paralela, en la que no existen las reglas que humanizan el mercado formal y donde deben conformarse hasta con 30% menos de lo que reciben los empleados amparados por la ley. De igual manera, para el año 2005, el desempleo registró 13,5%, lo cual representaba 1,6 millones de venezolanos desempleados. Según proyecciones de Ecoanalítica (2005), para reducir la informalidad de 48.5% a 30% y contar con un desempleo de 7%, la economía venezolana debe crear 7 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años, pero se debe mejorar el desempeño actual, incentivando el aparato productivo. De igual manera, la citada fuente señala, que los empresarios han optado por invertir lo mínimo y utilizar el exceso de capacidad instalada, en un entorno en donde hay dudas sobre los derechos de propiedad, la posibilidad de que aumenten las tasas impositivas y en general, porque hay conciencia de que el modelo no es sostenible, puesto que el crecimiento económico que se generó en el año 2005 (9,3%), es un crecimiento con poco empleo, y el mismo está soportado por el incremento de los precios del petróleo.

En ese orden de ideas, el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Alejo Planchart, (2005), señaló que el control de precios, la inamovilidad laboral, las trabas para adquirir la maquinaria y la materia prima y los problemas de vialidad impactan a las empresas, y todo esto redunda en una baja de la inversión privada. A continuación se presenta la Tabla Nº 15, donde se muestra la Variación de la Inversión Total Privada y Pública 1996-2002.

Tabla Nº 15

Variación de la inversión total, privada y pública 1996-2002

A precios constantes de 1984

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

-6,3

23,9

-2,5

-16,4

1,1

13,6

-22,0

Privada

-5,8

30,9

5,7

-18,0

0,9

11,9

-26,0

Pública

-6,6

18,9

-8,9

-15,0

1,2

15,1

-18,7

Fuente: BCV (2003)

La Tabla Nº 15 presenta la variación porcentual anual de la inversión total desglosada en privada y pública, desde 1996 hasta 2002 (abarcando parte de dos periodos presidenciales), desde 1996 hasta 1998 y desde 1999 hasta 2002. Obsérvese que para el año 1996 tanto la inversión privada como pública arrojó cifras negativas, al igual que para el año 1999, esto se explica debido a que el comportamiento de la inversión ha sido más errático, observándose la alta volatilidad de ambos componentes de la inversión. Sobre todo la inversión privada, originado por la incertidumbre asociada a la cuestión del financiamiento del gobierno, a los controles excesivos (de precios, de cambio), al difícil acceso a los insumos de origen importado, a la propiedad, entre otros; esta situación alienta su comportamiento volátil. Por otra parte, nótese el incremento significativo que tuvo la inversión privada en el año 1997 (30,9%) y la inversión pública también aunque en menor proporción (18,9%), para luego descender a cifras negativas en el año 1999, y posteriormente nivelarse positivamente en los años 2000 y 2001 y finalmente, en el año 2002 se colocó en cifras negativas, debido al paro petrolero y a la paralización de la actividad económica.

Cabe señalar, que los primeros años de este siglo (XXI), reflejan hasta ahora a una economía venezolana más dependiente del comportamiento del ingreso petrolero y, secundariamente, de la efectividad de la recaudación fiscal. La recuperación de la tasa de inversión, sin discriminarla entre su componente público y privado, ha acusado el impacto de una mayor dinámica económica. Este escenario no ha implicado a priori el desplazamiento de inversión privada por inversión pública, pero tampoco se ha producido un proceso de efectiva retroalimentación entre ambos componentes de inversión, lo cual impulsaría aún más el crecimiento del producto interno bruto. A pesar de la existencia de un clima institucional desfavorable para la inversión privada doméstica, el aumento sostenido del consumo privado es un buen indicador de un entorno propicio para la realización de inversiones privadas, aunque ésta sea una variable que se comporte de manera procíclica.

En otro orden de ideas, al analizar el impacto de la política fiscal y otras políticas macroeconómicas, en la población venezolana, conlleva a repensar las causas de la situación económica y social de la economía venezolana, asumiendo para ello, una postura interpelativa, reflexiva y crítica, a través del paradigma de la criticidad, como una forma diferente de observar la realidad, que implica una reacción generada, desde un acto de reflexión consciente y responsable de todos los actores comprometidos con la aplicación de las políticas fiscales en el país, lo cual puede desencadenar en acciones dirigidas a implementar mecanismos innovadores en el campo de las políticas públicas, que coadyuven a generar bienestar social en la población, y por ende, a superar los niveles de pobreza, para la obtención de una mejor calidad de vida en la sociedad.

En atención a lo antes expuesto, cabe destacar, que Alvarado (ob. cit.), señala:

Que el desarrollo de un país, depende en gran medida de la posibilidad de su población de disponer de condiciones de vida adecuadas, en tanto que ello favorece el equilibrio social e incrementa la productividad del trabajo. En tal sentido, la pobreza continúa siendo el mayor desafío para la política del desarrollo en los países del tercer mundo. En el caso venezolano, la crisis económica ha degenerado en el empobrecimiento generalizado de la población, situación que se hace ya estructural, que origina una presión social, de magnitudes imprevisibles, a la cual hay que darle salidas en el corto y largo plazo (p. 9).

La misma autora manifiesta, que estos niveles de pobreza, se deben entre otras causas, a los bajos ingresos percibidos por la población venezolana, puesto que, aunque Venezuela sea uno de los países latinoamericanos con ingresos per cápita mas altos, en la práctica, la realidad, es que la distribución de la riqueza nacional no se corresponde con el trabajo aportado para su creación y por ello, el monto total de los salarios que percibe la mayoría de los venezolanos, representa una mínima parte del ingreso nacional total.

Retomando lo expresado por la autora, cabe destacar, que el desarrollo económico es el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende la satisfacción en los niveles de consumo, tener niveles de salud y educación de calidad y proteger la naturaleza. También implica que todos tengan igualdad de oportunidades, así como las libertades y derechos dentro de una sociedad civil.

De igual manera, el desarrollo también implica desarrollo de la tecnología, obras de infraestructura, urbanismo, vialidad adecuada, y sobre todo, que todos tengan acceso a educación, salud, y sector productivo laboral, donde no haya exclusión y donde se impulse el desarrollo humano, como un factor determinante para la consecución del mismo.

En virtud de ello, las Teorías sobre el Desarrollo que sustentaron la investigación, fueron las Corrientes Dependentista y Estructuralista de la CEPAL, las Teorías del Desarrollo por Etapas de Rostow y las Teorías del Pensamiento Latinoamericano de Sunkel y Paz. Cabe destacar, que todas ellas dan cuenta de los estudios realizados por sus respectivos representantes, en la manera de qué vías utilizar, para lograr el desarrollo en los países en vías de desarrollo, especialmente, los latinoamericanos.

Considerando lo anterior, Venezuela no escapa a esta situación, y la misma está caracterizada por ser un país en vías de desarrollo, y se han realizado intentos en periodos anteriores, para salir de la dependencia en que se encuentra el país con respecto a los países desarrollados, sobre todo, la dependencia tecnológica, entre ellos, la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, el cual no dio resultados; es por ello, que para que surja un verdadero desarrollo económico y social, todos los sectores deben estar involucrados, siendo el Estado, el primer propulsor de esa iniciativa, conjuntamente con el sector privado y la sociedad. Puesto que para la consecución del desarrollo, se conjugan muchos factores, entre ellos se tienen: un crecimiento económico sostenido, un creciente conocimiento y un mayor capital, entre otros.

El crecimiento económico, se mide por medio del PIB y el mismo se genera, a través de la producción de bienes y servicios en una economía de una manera estable, esto es, que haya incentivos a la producción, que se diversifique el aparato productivo, que se realicen constantemente nuevas inversiones y que se genere empleo productivo. De allí, que el crecimiento económico ocurre en sociedades en que los individuos y los diferentes sectores, están enfocados al logro de una economía de crecimiento. Con relación al conocimiento, es de primordial importancia, puesto que se está en la era del conocimiento, del desarrollo de las grandes tecnologías, y ésta se da a través de las capacidades intelectuales de los individuos, es decir, por medio de individuos que han desarrollado altos niveles educativos y para ello, representan un papel de suma importancia, las universidades. Con relación al desarrollo de los niveles de inversión, la misma es necesaria para el desarrollo económico y ésta va a depender de los ahorros, tanto del sector privado como público y del consumo. A medida que se realicen grandes inversiones, en esa medida, se está generando riqueza en la actividad económica y por ende, en sus habitantes.

En lo relativo a la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, ésta surge debido a la proposición de Keynes, en la cual el Estado debe intervenir, incrementando su gasto, para remediar problemas de inestabilidad económica en la economía, entre ellos, el desempleo y la recesión, y señaló que la causa de la inestabilidad económica, es el resultado de la falta de inversión en la economía, producto de la baja demanda de consumo.

Es de hacer notar, que la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, se ha utilizado y se sigue utilizando en muchos países, entre ellos, Venezuela, debido entre otras causas, para tratar de solventar los problemas de pobreza extrema en el país, el problema de desempleo crónico, entre otros, con el fin de ayudar a los grupos más vulnerables, excluidos de la población económicamente activa, en virtud de que muchos no tienen acceso al mercado laboral, por sus bajos niveles educativos, por su falta de preparación o especialización para insertarse en la actividad económica, es allí cuando debe surgir el Estado benefactor, a través del otorgamiento de becas, subsidios, entre otros, pero estos programas deben ser a corto plazo, mientras el individuo mejora la situación en que se encuentra, para que el Estado no se convierta en un Estado asistencialista, puesto que lo ideal, es insertar a esos individuos en el mercado laboral, para que desarrollen plenamente sus capacidades y habilidades, para ello, el Estado debe también apoyar al sector privado, a través de sus inversiones, para que generen la mayor fuente de trabajo productivo.

De igual manera, la Teoría del Desarrollo Sustentable o Sostenibilidad Social, tiene que ver con el mejoramiento en la calidad de vida del individuo y la conservación del medio ambiente, en el sentido, de que la protección del ecosistema es la base para un desarrollo sustentable. Y el mismo abarca tres componentes, un componente económico, un componente social y un componente ambiental.

Con relación al componente económico, señala que las sociedades se deben dirigir hacia un verdadero crecimiento económico, donde haya estabilidad económica, y que ese crecimiento económico no afecte a las futuras generaciones, a través de un inadecuado uso de endeudamiento a largo plazo, para no comprometer sus recursos futuros y disminuir así su bienestar social. En lo relativo al componente social, éste debe estar basado en la equidad social, donde todos tengan los mismos derechos y beneficios, en lo que respecta a salud, educación, trabajo, autorrealización personal y servicios públicos de calidad. Y en lo que corresponde al componente ambiental, consiste en preservar el medio ambiente, sin disminuir la productividad de la naturaleza.

Considerando lo anterior, en lo que respecta a Venezuela, ésta se ha caracterizado por intentar mejorar sus indicadores económicos, a través de la implementación de las diferentes políticas públicas que ha desarrollado a lo largo del periodo en estudio y de años anteriores, tratando de llevar a la economía hacia un crecimiento sostenido, pero no siempre ha sido posible, debido a los altibajos de la economía petrolera.

Con respecto a la parte social, se han realizado esfuerzos por tratar de solventar la situación en que se encuentran los grupos con necesidades básicas insatisfechas, que no tienen acceso al mercado laboral, a la educación, a la salud, a servicios básicos de calidad, entre ellos, están los diferentes programas sociales, (a través del desarrollo de la política social), que se han implementado a lo largo de varios periodos presidenciales, pero debe recordarse que estas políticas sociales, deben ser sostenibles en el tiempo y coadyuvar a la población a salir de la situación en que se encuentran, a través de la inserción en el mercado laboral y fácil acceso a la educación.

En atención a la parte ambiental, tal como lo señala Reed (ob. cit: 235): 1) Los recursos naturales de Venezuela, pueden respaldar ampliamente el desarrollo sostenible. Sin embargo, el deterioro ambiental es agudo y crece rápidamente. 2) Durante las pasadas dos décadas Venezuela ha creado instituciones especializadas y una sólida base legal para la protección del medio ambiente, pero no han sido efectivas en su totalidad. 3) Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la conciencia ambiental y en la prevención de daños ambientales. 4) Se ha desarrollado una relación más estrecha, entre el gobierno y el sector privado, en lo referente al manejo ambiental y a la conservación, 5) El Estado tiene un Ministerio para preservar el medio ambiente, el cual es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

Por otra parte, el Desarrollo Humano viene a constituir la mejora de las potencialidades de los individuos, a través de la igualdad de oportunidades, para el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades. Esto es, no sólo abarca el nivel de ingreso de las personas, sino que toma en cuenta el progreso en la calidad de vida y en la participación tanto en el sector productivo como en el desarrollo de su propio bienestar. En el que estén incluidos el acceso a la seguridad social, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos, entre otros. Por lo tanto, el Desarrollo Humano es concebido, tal como lo señala el PNUD (ob. cit.), “como un proceso de ampliación de las opciones, de fortalecimiento de las capacidades y de incremento de las oportunidades de elección de las personas”.

Se quiere con ello significar, que el factor generador de la dinámica principal del desarrollo humano, es el aumento de las capacidades humanas, es decir, capacidades-oportunidades-opciones, de allí que éste pueda verse como un proceso de realce de la capacidad humana, para ampliar las opciones y oportunidades, de manera que cada persona pueda vivir una vida de respeto y valor.

Ahora bien, el desarrollo humano debe ser sostenible en el tiempo, garantizar en el presente y en el futuro el libre y completo acceso a las oportunidades, beneficiar a toda la población, que no haya excluidos, es decir, que debe realizarse con equidad de oportunidades para todos, y debe ser un proceso que se de en un ambiente propicio, con un nivel mínimo de seguridad, que haga posible la elección y ejecución de las oportunidades y opciones.

Atendiendo a las ideas señaladas, según el Informe del PNUD (2006), el Índice de desarrollo Humano (IDH), es una medición por país, elaborada para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:

a)Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer)

b)Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria)

c)Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita en $).

Con relación a la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el PNUD: En el Informe publicado en el año 2006, el Índice de Desarrollo Humano fluctuaba entre Noruega, con un Índice de 0,965 en la primera posición y Níger con un IDH de 0,311, en el puesto Nº 177. De igual manera, el PNUD clasifica los países en tres grupos:

1)País de desarrollo humano elevado (IDH ≥ 0,8): 63 países.

2) País de desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 83 países

3) País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 31 países.

Cabe destacar, que el IDH, surge como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía, y el mismo busca medir dichas variables, a través de un índice compuesto por medio de indicadores que se relacionan en los tres aspectos anteriormente. Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo con el trabajo de investigación del economista paquistaní Mahbub ul Haq, realizado en 1990. Apoyado en las ideas desarrolladas por Amartya Sen.

En virtud de ello, vale acotar, que el Índice de Desarrollo Humano para Venezuela en el año 2004, se ubicó en 0,784, lo cual significa que Venezuela tiene un IDH medio, debido entre otras causas, a que el país todavía tiene muchos aspectos que mejorar, con relación a la salud, educación y mejoras en la calidad de vida de la población.

CAPITULO V

REFLEXIONES CONCLUYENTES Y APORTES AL CONOCIMIENTO

Conclusiones

El desarrollo de las políticas fiscales, a través de la implementación de las políticas sociales en el logro del bienestar social de la población venezolana, ha sido un tema de primordial importancia en todos los gobiernos, puesto que debe ser una política de Estado, el tratar de disminuir los niveles de pobreza, tanto crítica como extrema en la población.

En concordancia con lo citado, tal como se ha visto, el problema se acentúa al observarse que el número de familias cuyos ingresos no satisfacen, tan solo el costo de la canasta alimentaria (pobreza extrema), ha aumentado con mayor rapidez que el de las familias con ingresos suficientes para cubrir dicha canasta, pero insuficientes para superar el umbral de la pobreza, es decir, para cubrir la canasta básica (alimentos y servicios). Lo anterior evidencia, un constante deterioro en los niveles de pobreza que se expresa en resultados adversos sobre los que la sufren, desnutrición, desempleo, desmejora en la calidad de vida, entre otros. Lo cual significa, que en el período analizado, las políticas fiscales no fueron efectivas en el logro del bienestar social de la población venezolana, es decir, no se lograron impulsar procesos de innovaciones estructurales que condujeran a la superación de la pobreza y de las desigualdades que ella genera en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Por tal motivo, mientras no se resuelvan las causas de la pobreza, los niveles de pobreza estructural seguirán existiendo y por tanto, la pobreza en Venezuela no se justifica en un país petrolero.

De lo anteriormente señalado, se desprende, que aunque la mayoría de las intervenciones sociales del Estado, han estado dirigidas hacia el combate contra la pobreza y su eventual reducción y se han realizado esfuerzos para ello, hasta hoy en día esto no ha sido posible en su totalidad, y esto se debe en parte, a que como lo señala Maingon (2004: 65) “en la práctica se está entendiendo a la política social de forma restringida como un conjunto de programas y de servicios de bienestar social, que le son suministrados a la población más necesitada, y desde esta perspectiva se le concibe como una política pública residual y asistencial”.

De allí, la importancia de crear políticas públicas destinadas al crecimiento económico sostenido, donde se generen niveles de bienestar económico y social para toda la población, a través del incentivo del sector (privado) productivo empleador, para la diversificación del aparato productivo, asimismo, creando condiciones para que se estimule la entrada de la inversión extranjera en el país, a fin de generar nuevas fuentes de trabajo, para insertar los grupos vulnerables en situación de desempleo en la actividad económica, y donde actúen conjuntamente tanto el sector privado, como el sector público. De igual manera, el Estado debe implementar mecanismos para que todos los sectores tengan acceso a la educación, tomando en cuenta los niños no escolarizados, puesto que es un problema que se debe atacar desde los primeros años de infancia, y también en la adultez (aunque esta situación se ha solventado un poco con las misiones). Asimismo, es imperativo también del gobierno, mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, entre ellos, salud, agua potable, saneamiento, electricidad, acceso a vialidad adecuada en los sectores más empobrecidos, e implementar redes de seguridad social que coadyuven en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores con necesidades básicas insatisfechas.

Es preciso destacar, que los resultados que se derivan de esta investigación no son muy alentadores, en el sentido de que han puesto en evidencia, tal como se ha visto en las cifras referidas anteriormente, que la economía venezolana no ha alcanzado el cambio que se esperaba en cuanto al logro del bienestar social de la población venezolana en el periodo estudiado, puesto que las políticas fiscales implementadas en Venezuela no contribuyeron en el fortalecimiento de la sosteniblidad fiscal, en términos de inversión, crecimiento sostenido y elevación del nivel socio económico de la población.

De igual manera, las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, aplicadas en Venezuela para la superación de la pobreza, e incremento del nivel de bienestar social de la población venezolana durante el periodo estudiado, no fueron efectivas, por cuanto, los niveles de pobreza crítica y extrema siguen aún existiendo, tal como lo ofrecen las cifras aportadas por el PNUD para el año 2006, el cual señala que 2.182.900 venezolanos aún viven en situación de pobreza extrema y 7.258.800 venezolanos viven en situación de pobreza critica, lo que representa el 8,3% y 27,6% respectivamente. Lo cual significa que esta población no ha superado el umbral de la pobreza. De allí se corrobora las premisas o hipótesis planteadas al comienzo de la investigación las cuales señalaban que: 1) Las políticas fiscales aplicadas en Venezuela durante el periodo estudiado no fueron efectivas para erradicar la pobreza, y 2) El impacto económico de las políticas fiscales aplicadas por el Estado Venezolano, durante los años 1988-2006, no contribuyeron con el mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

En ese orden de ideas, cabe destacar la importancia que han tenido algunos indicadores en el desempeño de la economía venezolana, en el periodo estudiado, entre ellos están: el gasto público, la deuda pública, los ingresos públicos, la distribución del ingreso, la sostenibilidad fiscal y el Indice de Desarrollo Humano.

En lo relativo al gasto público, éste ha presentado durante el periodo en estudio, una política expansiva, lo cual implica el desembolso de más recursos por parte del gobierno, y el mismo se ha ido incrementando cada año y para ello, se tomará como ejemplo, el Presupuesto del año 2007, que fue programado en 115,17 billones de bolívares, según fuente suministrada por el Ministerio de Finanzas (2007), y el mismo terminó en 142 billones de bolívares, todo esto con la finalidad de atender planes que no estaban contemplados dentro del gasto ordinario.

Asimismo, la deuda pública, en el periodo en estudio, también se ha venido incrementando cada año, y la misma comprende, el uso de financiamiento tanto interno como externo por parte del Estado, para cumplir compromisos u obligaciones en el país. Con relación a la deuda externa contraída con bancos internacionales, está en el orden de los 45 mil millones de $ acumulados en este periodo y en periodos anteriores. Este incremento de la deuda compromete la sostenibilidad fiscal de un país, debido a los recursos que se tienen que destinar anualmente para cumplir con el compromiso del pago del servicio de la deuda, motivado a que esos recursos se pudieron haber destinado a nuevas inversiones, para generar empleos productivos en el mercado laboral, realizar obras de infraestructura, o mejorar el bienestar social de la población venezolana.

En lo que respecta a la deuda pública interna, en el periodo en estudio, para el año 1998, según fuente suministrada por el BCV (ob. cit.), ésta se encontraba en 2,3 billones de bolívares y para el año 2006, la misma ascendía a la cantidad de 28 billones de bolívares, y ya para el año 2007, va por el orden de 33 billones de bolívares (15 mil millones de $).

Con relación a los ingresos públicos, en el periodo objeto de estudio, los no petroleros, se recaudan por concepto de impuestos que se efectúan a las empresas, a los organismos del Estado y a las personas naturales, cabe señalar, que la forma de recaudación de los mismos ha sido muy efectiva en este periodo de gobierno. Con relación a los ingresos petroleros, éstos han presentado altibajos en la economía (volatilidad de la economía), debido a los precios de los mismos en los diferentes periodos presidenciales, pero con relación a este periodo presidencial, los mismos se han mantenido en niveles altos, tanto es así, que para el año 2006, cerró a 71 $ el barril. De allí, la enorme cantidad de ingresos que ha obtenido este gobierno, por concepto de ingresos petroleros, los cuales ascienden entre 1999 y 2006, según fuente del BCV (2007), a la cantidad de 249.293 millones de dólares, lo cual no se justifica el incremento de la deuda, tanto interna como externa.

Dentro de esta perspectiva, la distribución del ingreso, es el grado en que se distribuyen los ingresos en la economía de un país, y esta distribución se mide a través de un Coeficiente llamado Coeficiente de Gini. El cual para el caso de Venezuela según el PNUD (ob. cit.), éste se encontraba en 0,49 para el año 2004, lo cual representa una desigual distribución del ingreso, puesto que mientras más se acerque a cero, la distribución es más equitativa.

Igualmente, la sostenibilidad fiscal comprende el logro de la estabilidad macroeconómica, para la consecución de los objetivos macroeconómicos, y ésta va a depender de la volatilidad de la economía. En el caso de Venezuela, para comienzos del periodo estudiado, la misma se caracterizó por ser una economía volátil, debido al carácter procíclico de la economía petrolera, y esta situación afectó tanto la estabilidad económica, como los programas que se planificaron cada año, para el logro de las metas que se persiguieron en relación al crecimiento y al bienestar social y económico de la población. Con relación a este periodo, la misma se ha caracterizado por tener una bonanza petrolera sostenida, pero de igual manera, la economía sigue siendo volátil, por la incertidumbre en el cambio de los precios petroleros. Otro factor que afecta a la sostenibilidad fiscal, es el excesivo endeudamiento de la economía, puesto que impide que se logren los objetivos de la política fiscal.

Finalmente, el Desarrollo Humano es de suma importancia para desarrollar las potencialidades de los individuos, tomando en cuenta sus capacidades y habilidades, a través de un entorno favorable, donde se generen mayores oportunidades, en lo relativo a educación, salud, empleo, servicios básicos de calidad, donde no haya excluidos. En relación a Venezuela en el periodo estudiado, ésta presentó un Indice de Desarrollo Humano medio, debido a que todavía presenta deficiencias en el campo de la salud, la educación y en el campo de la calidad de vida de la población, de acuerdo al análisis realizado en el estudio.

Aportes al Conocimiento

En la investigación realizada, sobre el análisis de las Políticas Fiscales aplicadas en Venezuela y el impacto en la población venezolana, durante el periodo analizado, donde se asume el Paradigma de la Criticidad como elemento esencial para explicar el problema estudiado, se hace imperante la necesidad de aplicar políticas fiscales correctivas que redunden en bienestar social de la población, puesto que como se puede observar según el estudio realizado, las políticas fiscales implementadas hasta la fecha, no han sido efectivas en el cumplimiento de la superación de la pobreza, en virtud de ello, se realizan algunas reflexiones teóricas y otras opciones alternativas en función de mejorar el bienestar económico y social, de la población venezolana:

Con relación a la implementación de políticas para lograr el crecimiento, se debe realizar una integración de lo económico y lo social, articulando metas macroeconómicas y metas sociales y planteando objetivos de equidad, sostenibiblidad, participación y profundización de la población. Donde se incrementen los niveles de calidad de vida, incluyendo mejoras en salud y educación. Que se tome en cuenta el Desarrollo Sostenible, para que incluya la preservación de los recursos naturales y el mantenimiento de un ambiente sano. Esto es, que haya un desarrollo equitativo, que garantice que todos los grupos de la sociedad, no sólo el estrato alto, disfruten de los beneficios del crecimiento económico.

En virtud de ello, los beneficios del crecimiento económico, deben extenderse a toda la población y no sólo a una parte de ella, de manera de reducir las desigualdades entre los sectores que están en mejor situación socioeconómica y aquellos que no lo están. Debe haber igualdad de oportunidades que abarque a todos los sectores de la población venezolana, igualmente, el acceso equitativo a los medios de vida fundamentales, como son un empleo productivo y bien remunerado (de acuerdo a sus capacidades), acceso a los activos productivos, tales como, tierra, capital, crédito, capacitación e información y los servicios sociales de salud, educación, saneamiento básico e infraestructura social.

En tal sentido, se deben reducir las brechas en las oportunidades de educación, puesto que las mismas se asocian con las demás formas de desigualdad social. Igualmente, en el caso del mercado de trabajo, los diferenciales en educación, se asocian con desigualdades ocupacionales y salariales.

Con relación al empleo, éste constituye para la mayoría de la población venezolana, la principal fuente de sustento, y viene a ser el vínculo principal entre el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo humano. La generación de empleo, va a depender de la tasa y de las pautas del crecimiento. Es por ello, que para que haya un aumento de las oportunidades de empleo, se requiere que éste crezca a un ritmo mayor que el de la fuerza de trabajo, a manera de reducir los niveles de desocupación, luego, es importante que este proceso se traduzca en un incremento de la productividad, como resultado de una mayor capacidad empleadora de los sectores de la economía de productividad más elevada.

En lo relativo a la orientación de las políticas públicas y gastos gubernamentales, en primer lugar, el Estado venezolano debe promover un tipo de crecimiento con objetivos redistributivos, que genere empleo, que estimule la demanda de capital humano, y por ende, las inversiones en su formación. En segundo lugar, está la distribución del gasto social, particularmente de la parte que se destina a los servicios sociales básicos: atención primaria en salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y saneamiento, entre otros. Tomando en cuenta, no solo la magnitud del gasto social, sino también la eficiencia en la ejecución del mismo, es decir, la calidad del gasto.

Igualmente, para promover el desarrollo, el Estado venezolano debe estimular la actividad económica, a través del mejoramiento de la capacidad productiva del sector privado, de la diversificación del aparato productivo, a través del otorgamiento de incentivos a la producción, otorgando créditos para incrementar las inversiones, creando condiciones para mejorar el parque industrial, también mediante inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos, desarrollo de la tecnología, a través de la capacitación de mano de obra especializada, para generar nuevas fuentes de conocimiento y de saberes, capaces de crear tecnología de punta, redundando en el mejoramiento de la capacidad productiva de la población.

En ese sentido, es indispensable que el Estado venezolano dedique importantes recursos a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, mediante una inversión sustancial en servicios básicos en educación y salud de buena calidad, y mediante la atención prioritaria a las manifestaciones más extremas de ésta.

Cabe destacar, que la superación de la pobreza trasciende el papel del Estado, siendo indispensable la ampliación del concepto de políticas públicas, para incorporar a las tareas del crecimiento y desarrollo al sector privado, a las múltiples instancias de la sociedad civil y fundamentalmente, a los destinatarios de las políticas públicas: la población en situación de pobreza. Para ello se requiere, la necesidad de desarrollar una institucionalidad sólida y una modernización sustancial de la política social.

Igualmente, se deben establecer metas para superar la pobreza en un corto o mediano plazo, con el fin de evitar el sufrimiento de los más vulnerables, puesto que es necesario asegurar a los niños y jóvenes los bienes y servicios necesarios para que no sufran los efectos irreversibles de las condiciones precarias en sus hogares, tales como, morbilidad y muerte, desnutrición, el retiro de la escuela antes de haber alcanzado la educación primaria, entre otros.

En armonía con estas ideas, el Estado venezolano debe destinar los recursos necesarios para tomar las acciones requeridas que se necesitan, para dar una solución estructural a la problemática de la pobreza, conjuntamente con los diferentes sectores de la economía, y a su vez, tratar de disminuir el gasto y la atención indiscriminada a políticas antipobreza de tipo asistencial, puesto que estas políticas representan paliativos para aliviar la pobreza, pero no atacan el problema de fondo, que son las causas que están generando esos niveles de pobreza.

Es necesario acotar, que estas políticas asistenciales son necesarias a corto plazo, para solventar los niveles de pobreza extrema en los grupos más vulnerables, pero se deben crear las condiciones, a través de la generación de fuentes de trabajo, para que esos sectores vulnerables se inserten en el aparato productivo, de manera que si el Estado se ve en la necesidad de eliminar o disminuir las políticas asistencialistas (debido a la volatilidad de la economía, por los cambios en los precios del petróleo), la población no se encuentre en la más completa indefensión o desasistida.

De igual manera, el Estado debe inscribir en la protección social, a todos los grupos excluidos del sistema de seguridad social que no estén insertos en el mercado laboral y que no estén jubilados, entre ellos, las amas de casa, los ancianos, los niños de la calle, los ancianos de la calle y en general, los grupos en situación de pobreza extrema. Esto es, atender la población en desventaja social, mediante la creación de una red estable y descentralizada de protección social, que priorice los grupos objetivos y los problemas a atender y que se inscriban en el marco de la seguridad social.

Por otra parte, se debe señalar, que el crecimiento sostenido, es efectivo para reducir la pobreza, pero no así para reducir la desigualdad. Para este fin, se requieren políticas específicas de redistribución de activos hacia los pobres y de igualdad de oportunidades en el acceso a ellos, tales como vivienda, créditos, entre otros.

Es por ello, que la sostenibilidad del crecimiento y las políticas de estabilización, son importantes para reducir el impacto de los desequilibrios macroeconómicos en los pobres. Por lo tanto, lograr un ambiente macroeconómico estable y un crecimiento elevado del producto por habitante es una condición necesaria, para la superación de la pobreza y la desigualdad.

Debe señalarse, además, que a mayor nivel educativo, mayor remuneración en el mercado de trabajo. Allí reside la importancia de ofrecer a la población venezolana con menos recursos, una formación educativa, requisito indispensable para poder insertarse con éxito en el sector productivo y asegurar así un nivel de bienestar económico y social que supere las necesidades básicas insatisfechas. Es necesario destacar, que con las misiones educativas implementadas por el gobierno nacional desde el año 2003, se está tratando de lograr una distribución equitativa en las oportunidades de educación, puesto que esta equidad distributiva, es un requisito fundamental para una más igualitaria distribución del ingreso y menor pobreza.

Por otro lado, la aceleración inflacionaria influye en el incremento de los niveles de pobreza, puesto que el mismo representa un impuesto inflacionario, trayendo como consecuencia la disminución de la calidad de vida de la población, dado que se reduce la capacidad de compra de la sociedad y los hogares se hacen cada vez más pobres, porque tienen menos recursos para adquirir los productos de la cesta alimentaria, por lo cual se debe tratar de evitar los procesos inflacionarios en la economía.

Es de hacer notar, que cuando la economía se encuentra en periodos de recesión o estancamiento, esta situación desmejora el nivel de vida de la población, lo que disminuye la posibilidad para la inversión en capital humano, limitando los alcances y perspectivas de progreso económico en el futuro. Igualmente, con relación a la devaluación del tipo de cambio, éste disminuye el bienestar social de la población, puesto que la moneda pierde valor y los precios de los alimentos de primera necesidad se encarecen y con ello también los servicios básicos. Por lo que es conveniente, la apreciación del tipo de cambio para reducir los niveles de pobreza, acompañada de un crecimiento sostenido en la economía y una estabilidad macroeconómica.

Cabe destacar, que el bienestar económico de un país, está principalmente determinado por el crecimiento de largo plazo que eleva el ingreso por habitante, la capacidad de consumo y los niveles de vida. El crecimiento depende de una mayor dotación de recursos naturales utilizables, de una mayor cantidad y calidad de capital humano, de la acumulación de capital físico y de la incorporación de nuevas tecnologías. Y la inversión extranjera contribuye a este proceso de crecimiento económico, precisamente a través de acrecentar la acumulación de capital, esto es, traen nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo tecnológico nacional, descubren nuevas fuentes de riqueza o la producción de nuevos productos.

Es por ello, que la relación entre la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera y el crecimiento económico, traen efectos favorables a la economía, originando ventajas significativas, entre ellas, un crecimiento sostenido, reducción de la inflación, mayor solidez externa y una mayor eficiencia del sector privado, a través de generación de mayores fuentes de trabajo, disminuyendo el desempleo, y optimizando las redes de seguridad social, para generar bienestar social a la población y la mayor suma de felicidad posible entre sus habitantes. De allí, la importancia de la estabilidad macroeconómica, pues la misma coadyuva en atraer a la inversión interna y externa y las mismas, actúan como fuente de impulsos para el crecimiento y desarrollo, incrementando las tasas de inversión sobre el Producto Interno Bruto y mejorando la calidad de vida de la población.

Ahora bien, es necesario puntualizar cómo se va a lograr la implementación de estas políticas, las cuales se especifican a continuación:

a) Desarrollo local integral: Se le debe dar importancia a proyectos integrales a nivel local, a partir del desarrollo del sector productivo empleador, entre ellos, la pequeña y mediana industria, con el fin es generar riqueza a través de la mejora de la producción a nivel local, para lograr el éxito en la elevación del nivel de vida de las poblaciones pobres y de toda la población en general. En virtud de ello, se deben desarrollar políticas de producción y económicas con el fin de lograr una economía fortalecida.

b) Concertación: Es necesario el consenso entre todos los sectores económicos de la sociedad: El Estado debe incentivar al sector productivo nacional, a través del otorgamiento de estímulos a la producción, ofreciendo soluciones para que el sector privado tenga un crecimiento sostenido, a fin de generar fuentes de trabajo suficientes para absorber a la población económicamente activa que se encuentra desempleada o en la economía informal. Ese incentivo debe ser a través de la eliminación o atenuación de los controles, entre ellos el control de precios, el control de cambios, el control de la inflación, que tengan fácil acceso a las divisas por parte de CADIVI, que se eliminen algunos impuestos que encarecen los productos de la cesta básica, entre ellos el impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) (1,5% a las personas jurídicas por cada operación bancaria que realice), que se garantice la propiedad privada a todos los sectores, que se reúnan tanto el sector privado como el Estado y la sociedad civil, para concertar un acuerdo sobre los precios de los productos, puesto que los controles de precios afectan la productividad del sector privado, ya que si no se cubren los costos de producción más la ganancia que debe obtener el empresario por la inversión que realiza, el mismo opta por paralizar la producción, y esta situación es la que genera escasez y desabastecimiento y el encarecimiento de los productos, produciéndose la inflación, que no es otra cosa, que un incremento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios, lo cual trae como consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo por parte de la población (impuesto inflacionario), y por tanto, desmejora en el bienestar social de los ciudadanos.

c) Fortalecimiento de las Instituciones: En el sentido de que exista un clima de confianza por parte de todos los sectores de la sociedad hacia las instituciones, en el cual se fortalezca la democracia a través del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, en especial el derecho a la propiedad privada, para ello, el Estado debe crear condiciones que garantice ese nivel de confianza, y en el que se fortifique el ejercicio de los gobiernos regionales, para que estén apoyados por el Estado en la consecución de sus objetivos comunes, que en definitiva, es lograr la mejora del bienestar socio económico de sus habitantes. En virtud de ello, este clima de confianza también va a generar que se incrementen las inversiones del sector privado y las inversiones extranjeras, trayendo como consecuencia, que se aumente el empleo y se formen niveles de crecimiento sostenido reales, impulsado por el desarrollo del aparato productivo interno y no por el incremento de los precios del petróleo.

d) Desarrollo de la Educación en todos los niveles: Es necesario que toda la población se inserte en el sector educativo, especialmente los grupos que se encuentran en situación vulnerable, que todos tengan acceso a la educación, a la capacitación, para que se implanten con éxito en el sector productivo laboral, (aunque cabe destacar, que a través de las misiones educativas se ha incluido a los sectores vulnerables que quieran acceder al sistema educativo, específicamente la población adulta), a través de la igualdad de oportunidades, donde haya equidad para todos los sectores, a través de la implementación de programas de capacitación y educativos, incluyendo también a los niños no escolarizados, a fin de mejorar su calidad de vida en el presente y en el futuro, de allí, que para implementar esta política de escolarizar a los niños que no asisten a la escuela, es necesario que el Estado venezolano se comprometa con darle asistencia a los niños en situación de extrema pobreza, (localizarlos por medio del censo poblacional) conjuntamente con los planteles de educación e integrarlos al sistema educativo a través del proceso enseñanza-aprendizaje.

e) Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso: Una de las vías para lograr el bienestar social de la población y disminuir los niveles de pobreza, es el crecimiento sostenido, puesto que a través de él, se incrementan los niveles de empleo y se mejora el aparato productivo, pero es necesario acotar, que el crecimiento sostenido solo no es suficiente, tiene que ir acompañado de la igualdad en la distribución del ingreso y esta igualdad va a depender de los cambios en el ingreso que se dan, debido a los diferentes shocks que impactan a la economía venezolana, por las fluctuaciones en los precios del petróleo, y por tanto, las decisiones de política económica que toma el Estado, afectan los niveles y distribución del ingreso y por esa vía se deterioran los niveles de pobreza debido a la extrema volatilidad de la economía venezolana. Esto es, la caída del ingreso real, es el determinante fundamental del deterioro de los índices de pobreza En virtud de ello, vale acotar, que el Coeficiente de Gini se ha mantenido relativamente alto, lo cual implica que la profunda desigualdad en la distribución de los ingresos, es un fenómeno se estructural en Venezuela. No obstante, el Producto Interno Bruto Per cápita para el año 2007 fue de 7.200 $, pero el mismo no refleja la equidad en la distribución del ingreso. Para la solución al problema del deterioro en los niveles de pobreza, es necesario lograr la estabilidad económica y de precios, y ésta se logra creando las bases para fortalecer al sector productivo empleador, disminuir las importaciones y proteger al sector productivo, generar un clima de confianza en la economía, atraer la inversión extranjera, disminuir el proceso inflacionario creando políticas adecuadas para ello, entre otros, y en periodos de bonanza petrolera, tener un fondo de estabilización como reserva, para contrarrestar las fluctuaciones de los precios del petróleo, a fin de utilizarlo en periodos recesivos.

f) Promoción del Desarrollo Social: El Estado debe implementar políticas de desarrollo social, las cuales deben estar estructuradas sobre la base de objetivos y metas claras, que sean factibles de cumplir en el corto, mediano y largo plazo, es necesario destacar, que en el corto plazo, se deben continuar implementando políticas dirigidas a solventar los niveles de pobreza extrema, a través de la ejecución de programas compensatorios, puesto que su condición de vulnerabilidad requiere atención inmediata. En virtud de ello, se deben establecer también metas para eliminar los factores que determinan la desigualdad y la pobreza, entre ellos están, el crecimiento de la economía informal, las diferencias de escolaridad entre los jefes del hogar, las disparidades urbano-rural en cuanto a las condiciones de trabajo, las diferencias en las condiciones laborales entre los diferentes sectores económicos en que se desempeña el jefe del hogar, la situación de la mujer trabajadora en el mercado laboral. De allí, que para eliminar estos factores debe haber una integración entre el sector privado y el Estado, a fin de beneficiar a estos sectores en situación de riesgo.

g) Favorecer estrategias que fortalezcan las capacidades y potencialidades de los grupos en situación de pobreza: Se debe realizar a través de la implementación de estrategias que permitan aprovechar el capital social destinado por el Estado, a la superación de la pobreza, a fin de que los propios destinatarios sean los protagonistas en la lucha por el desarrollo, como un factor importante para aumentar la eficacia en las actividades económicas y sociales, con la finalidad de lograr los objetivos de superar el umbral de la pobreza e insertarse con éxito en el sector productivo. Cabe destacar, que la implementación de estas políticas, van a impactar positivamente a los sectores más vulnerables, en situación de pobreza extrema y crítica, generando niveles de bienestar social a toda la población.

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