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Análisis crítico de la estructura organizacional en las OFCC
Alvaro Sánchez Cabrera
2.2.2. El Estado y el cooperativismo colombiano.
Para reforzar el análisis de este periodo de tiempo, es importante resaltar la importancia del Estado y sus diferentes gobiernos, en el inicio y fortalecimiento de entidades de orden superior, que aportaron en los lineamientos organizativos generales de la OFCC.
En 1959 con la benevolencia del Estado, la iglesia católica (Coordinadora nacional de acción social) y el sindicalismo conservador (Unión de trabajadores de Colombia UTC) crearon un organismo de segundo grado, la Unión Cooperativa Nacional (UCONAL) que en 1991 se transformó en banco. En 1960 el Estado facilitó la creación de la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP).
En 1963 surgió la Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social (COOPDESARROLLO) con el fin expreso de concentrarse en la entrega de créditos a las cooperativas, lo que fue impulsado por UCONAL, Cuna Mutual de EEUU y la UTC. Dicha organización a mediados del año 1994 hace algunas transformaciones en su estructura organizacional para convertirse en establecimiento bancario, y a mediados del año 2000 se transforma en banco de accionistas (MEGABANCO). En 1968 el Estado Colombiano dio vida al Instituto Nacional de Desarrollo y Financiamiento Cooperativo FINANCIACOOP, que en 1992 se convierte en el banco cooperativo BANCOOP, con el objetivo de dar apalancamiento financiero como un intermediario del cupo de redescuento otorgado al Sector Solidario por el Banco de la República.
Y como ente regulador se crea la superintendencia de Cooperativas que en 1981 fue convertida en Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP) con las tareas de dirigir y ejecutar las políticas estatales, ejerciendo simultáneamente vigilancia, control e impulsando el crecimiento y desarrollo organizacional del cooperativismo en general. Por los diferentes cuestionamientos que se vieron más palpables en la crisis financiera de 1998, el DANCOOP se convierte en el DANSOCIAL con objetivos enfocados más a la asesoría técnica/empresarial que política/organizativa.
Pero todo esto fue impulsado en los 60s, gracias a un marco regulatorio como la ley 1598 de 1963 per se de otras normas, decretos y resoluciones que abrieron caminos importantes para la participación del sector cooperativo en la dinámica económica y social de Colombia. Además, dicho marco jurídico institucionaliza la forma como el Estado definiera, de manera implícita, las características organizativas y el mismo funcionamiento de las cooperativas dedicadas al ahorro y crédito.
Al respecto escribía una persona diestra en la materia “Desde los orígenes del cooperativismo colombiano se ha podido observar, en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias, el interés del Estado por favorecer el desarrollo del sistema (...) si la acción no ha sido más eficaz esto se debe en buena parte a la desproporción entre los objetivos de desarrollo cooperativo señalados en las leyes y en las declaraciones oficiales, por una parte, y, por otra, los recursos suministrados efectivamente por el Estado para el logro de tales objetivos”(URIBE Garzón, Carlos, 1993: 487).
Es de mencionar que antes de UCONAL, hubo importantes intentos de formar organizaciones con carácter de integración. Uno de esos intentos fue en 1948 con la Unión de Cooperativas Colombianas UNICOOP. “Esta organización integrista, no contó con la simpatía del gobierno y por tanto no le fue reconocida su personería jurídica”. (NIÑO Carlos Julio, y SERRANO Rymel, 1996: 60-61). Otro intento fue la Alianza Cooperativa Colombiana ALICOOP en 1954 cuyo crecimiento estuvo supeditado a un plan de financiación del gobierno que nunca se llevo acabo.
Los aportes del Estado Colombiano se ven palpables en lo referente a los principios de autonomía democrática “un asociado –un voto”; en la definición del “sin ánimo de lucro” que debe llevar implícito todas las organizaciones de carácter social; al permitir que las organizaciones dedicadas a ahorro y crédito, recibieran depósitos o hicieran captaciones de dinero, no solo de sus asociados/propietarios sino de terceros no asociados; y en la búsqueda de una mayor especialización como entes dedicados al crédito y ahorro. (LORA, E., y VESGA, R., 1992: 30-31)
El aporte del Estado también es evidente en la formalización e institucionalización de las organizaciones cooperativas. Varias leyes y sus respectivas normas (Ley 79/88 y Ley 454/98) obedecen a estos criterios. Y como lo comentábamos en las primeras páginas de éste capitulo, se afianzó visiones organizacionales con orientación burocrática que en la práctica fueron la “camisa de fuerza” por donde tuvieron que transitar las transformaciones de la estructura organizacional de las OFCC.
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