Cisneros-Palacios, Johanna-Gabriela *
Baixauli-Pérez, Cristóbal **
Samaniego-García, Rosa-Paola ***
Bautista-Segovia, Alexandra-Maribel ****
Amador-Rodríguez, Belén *****
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas
johannacis@hotmail.com
Resumen 
  Esta investigación se centra en la relación entre el  turismo comunitario y la Economía Popular y Solidaria como una estrategia para  generar empleo y una posible solución de problemas de exclusión social y  marginación de la mujer en el área rural. Se trata de un estudio que se centra  en Ecuador, donde desde 1980 se han desarrollado emprendimientos de turismo  comunitario en las zonas agrarias. El objetivo de esta actividad económica,  aparte de la generación de ingresos, ha sido la resistencia a la explotación  petrolera y maderera en un contexto marcado por la globalización. De ahí que  bajo el concepto de “nueva ruralidad” se engloben las transformaciones en las  áreas rurales ecuatorianas, en las que se está desarrollando el turismo  comunitario, una alternativa económica para las comunidades enmarcada en la Ley  de la Economía Popular y Solidaria. Una norma jurídica que apuesta por la  participación comunitaria, la generación de beneficios, la conservación de los  recursos naturales y culturales y el buen vivir.
  Palabras clave: comunidad - turismo - economía social - empleo - género.
  Abstract
  This research focuses on  the relationship  between Community tourism  and the  popular and Supportive  Economy as a strategy to  generate employment and  a possible solution of problems of  social exclusion and marginalization of women in the rural area. It is a study  that focuses on Ecuador, where there have been developed community tourism  projects in agricultural areas since 1980. The objective of  this economic  activity, apart from  the generation  of income,  has been the resistance  to the  exploitation of oil and  wood in  a context  marked by globalization.  Therefore, under the concept of "Nueva ruralidad", the transformation  in the Ecuadorian rural areas are encompassed, in which community tourism is  being developed, an economic alternative for the communities framed in   the Popular economy and Solidarity law. A legal  standard that posts  on community  participation, the generation  of benefits,  the conservation  of natural  and cultural  resources and the  buen vivir politics. 
  Key words: Community - tourism - social economy - employment - gender.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato: 
Cisneros-Palacios, Johanna-Gabriela, Baixauli-Pérez, Cristóbal, Samaniego-García, Rosa-Paola, Bautista-Segovia, Alexandra-Maribel y Amador-Rodríguez, Belén (2018): “El turismo comunitario, un modelo de economía popular y solidaria como solución al desempleo rural en Ecuador”, Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n. 24 (junio / junho 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/turydes/24/turismo-comunitario-ecuador.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/turydes24turismo-comunitario-ecuador
            La  expansión de las actividades turísticas en las áreas  rurales durante las últimas décadas ha llevado a un importante desarrollo de la  literatura sobre este tema, tanto en los países desarrollados como en aquellos  en vías de desarrollo (ver, por ejemplo, Aitchison et al., 2000; Ateljevic et  al., 2007; Bianchi, 2009; Buades, 2006; Buades et al., 2012; Cordero, 2006;  Gascón, 2005; Hall, 1994; Salazar, 2006; Zusman et al., 2008 citados en Gascón  y Ojeda 2014, p. 17). Estas investigaciones están vinculadas a la emergencia de  nuevos conceptos o enfoques como los de Nueva Ruralidad o la pluriactividad campesina  que destacan la importancia creciente de las actividades no agrarias de la  población rural y en concreto la conversión de muchos espacios rurales en proveedores de  servicios, entre ellos los de ocio como el turismo.
   López-Guzmán  y Sánchez expresan que “el fenómeno turístico, y dichas  iniciativas, han provocado una reordenación natural de los distintos mercados  receptores acordes a las corrientes turísticas de la demanda, y ha hecho de  determinados destinos emergentes un potencial para mercados cada vez más  especializados” (López-Guzmán y  Sánchez, 2009a, p. 84). Tanto los  destinos emergentes como las periferias turísticas están relacionados con los  nuevos turistas, es decir, un turista más sensible y responsable con el medio  ambiente, la equidad y el desarrollo local (Prieto, 2011).
   El  turismo comunitario es un término en construcción que se relaciona con el  turismo sostenible y además sus actores forman parte de la Economía Popular y  Solidaria por su forma de organización y los principios del bien común que  fortalecen las capacidades humanas y conservan los espacios naturales y  culturales para las próximas generaciones. Este tipo de turismo tiene características  que lo definen como son la participación comunitaria, la generación de  beneficios y por último la autogestión y control directo de los recursos por  estos miembros, partiendo de que la actividad turística debe generarse desde la  propia comunidad o en su caso como una sugerencia, pero nunca como una  imposición, desde algún agente externo (administraciones públicas,  organizaciones no guberidntales). 
   La  metodología empleada para realizar este trabajo ha sido la cualitativa. De hecho, se ha llevado a cabo una búsqueda  bibliográfica, ya que se ha elaborado el estado del arte de Turismo Comunitario  en Ecuador y la Economía Popular y Solidaria, investigando en varios  repositorios bibliográficos y en páginas web institucionales como el Instituto  de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de la Economía Popular y  Solidaria y el Ministerio de Turismo de Ecuador entre otras. Por otro lado, se  han consultado las estadísticas que hacen referencia al mercado laboral, se han  utilizado los datos de la Encuesta Nacional  de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2016, y finalmente para  el análisis de las organizaciones turísticas se ha tenido en cuenta el catastro  de las organizaciones no financieras de la Superintendencia de Economía Popular  y Solidaria a diciembre del 2017.
            El término Economía Social (ES) nace  en el siglo XIX en los países occidentales. Francia fue uno de los principales  países que impulsó este modelo de economía con la creación del Comité Nacional  de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas, el mismo  que en 1980 publicó la Carta de Economía Social. En la carta se define a la ES  como el conjunto de organizaciones que no pertenecen al sector público, pero  que tienen sentido democrático e igualdad de derechos y obligaciones de sus socios  (Monzón y Chaves, 2012).
   En Francia, la economía social significa  reconciliar lo económico y lo social, es decir, reconciliar el capital y el  trabajo (Haribey, 2000; citado por Martínez, 2009). En España se define a la  economía social como un conjunto de actividades económicas que buscan el  interés colectivo de sus miembros, el interés general económico o social, o los  dos a la vez (Algora, 2011). Además, España fue el primer país de Europa donde  se aprueba una Ley de Economía Social (Monzón y Chaves, 2012).
   Al revisar la literatura es posible  observar numerosos significados de este término. Defourny (1992) afirma que la “economía  social” o "social economy” pertenece al tercer sector y es un término que  está presente en distintas actividades económicas y cuya importancia no deja de  aumentar en las economías de los distintos países sin formar parte del sector  público y privado tradicional. Por otro lado, Lévesque y Medell (1999), señalan  que la economía social reconoce las dimensiones sociales de la economía y,  además, es un término polisémico basado en la democracia y la empresa  colectiva. Definición que es compartida con Defourny (1992), la cual es  considerada como un enfoque alternativo a la economía capitalista en la que se  realizan análisis económicos no de la economía clásica sino desde la sociedad,  el individuo y los grupos sociales.
   Para otro grupo de autores, entre  los que se encuentra Barea (1990) la economía social son empresas que actúan en  el mercado con el objetivo de producir bienes y servicios y la distribución de  los beneficios no está relacionado con el capital aportado y tampoco la toma  decisiones recae sobre los socios mayoritarios. Mientras que Defourny (1992) considera  que la economía social está compuesta por actividades económicas de las  cooperativas, asociaciones, mutualidades y posee los siguientes principios: i)  autonomía de gestión, ii) finalidad del servicio de los miembros más que del  propio beneficio, iii) procesos de decisión democrática y la primacía de las  personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. La  economía social es entendida como una agrupación de organizaciones que cuentan  con estatutos jurídicos propios, donde prima el reunir personas antes que  capitales (Laville, 2010; citado por Martínez, 2015).
   En el contexto latinoamericano, los  términos que se asocian a la economía social son la economía popular y la  economía solidaria. Lo común de estas dos denominaciones es que estén  relacionadas con el trabajo y no con el capital. En países como Ecuador,  Venezuela, Bolivia y Paraguay los distintos gobiernos han generado normas y  políticas públicas de la Economía Popular y Solidaria (EPS) o la Economía  Social y Solidaria (ESS) (Bastidas – Delgado y Richer, 2001). Según Coraggio  (2009) en América Latina existe una reestructuración capitalista que defienden  otras formas de organización económica que no se contemplan con el sistema  hegemónico neoliberal. 
   A continuación, se presenta una  breve conceptualización por distintos países de Latinoamérica: En México, a la  EPS se la entiende como iniciativas dispersas y desarticuladas que presentan  fuertes diferencias entre sus actores principales. En este país la EPS está  constituida por cooperativas, asociaciones y mutuales (Díaz, 2012). Desde el  punto de vista de Singer, 2009 (citado por Martínez, 2009), en Brasil la  economía social es una respuesta a la contradicción que se aprecia entre  democracia y capitalismo. El autor considera que el estado cumple una función  relevante de gobernanza entre los empresarios y los movimientos sociales  existentes.
   En Argentina donde el desarrollo de  este modelo tiene una trascendencia importante se entiende la economía social  dentro de un estilo populista apoyado y dirigido por el estado, el cual busca  resolver o aliviar los problemas de grandes masas de personas (Coraggio, 2012).En  Ecuador, el estado señala que la Economía Popular y Solidaria se ha construido  como respuesta a las desigualdades provocadas por los sistemas tradicionales,  buscando crear sinergias e interactuar con la sociedad, el mercado y la  naturaleza, sin exclusiones para nadie; sin embargo, Ecuador aún está en  proceso de construcción del modelo, el mismo que sigue sin estar claro, para la  ciudadanía (Samaniego y Cervantes, 2017).
   De forma complementaria, Ecuador reconoce  la economía popular y solidaria como un modelo económico que permite construir  lazos comerciales, productivos, de servicios y de financiamiento que beneficia  tanto a sus miembros como a la colectividad, donde los primeros generan  ingresos propios y los segundos se benefician con los bienes y servicios que  encuentran en el mercado (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011). Un  aspecto que se considera bastante definido por la Ley en Ecuador es que el  modelo contempla dos sectores: el sector financiero popular y solidario y el  sector no financiero popular y solidario, además presenta varias formas de  organización como son la comunitaria, asociativa, cooperativa y unidades  económicas populares.
   La economía social y solidaria implica  hablar de otra economía, pero con comportamientos solidarios de una economía  incluyente de individuos con sus identidades y capacidades que protegen el bien  común. El fundamento de la economía social y solidaria se fundamenta en el  trabajo y los sistemas de organización, y la base material exige contar con  medios de producción, créditos y mercados (Coraggio, 2005). Las organizaciones  de la economía social pueden ser denominadas empresas, pero con un rostro  social o humano, aunque al mismo tiempo son capitalistas, y en éstas se admite  la división de trabajo, sistemas de representación y control de  responsabilidades (Coraggio, 2005). 
   En la figura  n° 1 se delimita la Economía Popular y Solidaria como  una intersección de la Economía Popular y la Economía Solidaria enfocándose  desde un sistema de economía mixta. La economía mixta está conformada por los  sectores públicos, empresas capitalistas y populares con lógicas vinculadas con  el bien común y la acumulación del capital. En este modelo de economía se  destaca el papel de las familias, comunidades que son consideradas como unidades  económicas, domésticas y sus extensiones que son las cooperativas,  mutualidades, asociaciones y redes (Coraggio, 2013).
En síntesis, se puede decir que las definiciones de economía social, solidaria y popular de cada país latinoamericano presentan similitudes como búsqueda de agrupación de personas u organizaciones, conformación de cooperativas y asociaciones, igualdad de derechos y de obligaciones de sus socios, equiparando aspectos económicos y sociales (Coraggio, 2011). En varios países de Latinoamérica aún sigue siendo un término confuso la conceptualización de la “economía social” “economía popular” y “economía solidaria”, a pesar de las diferencias conceptuales tienen algo en común como es enlazar todas las formas de organizaciones económicas sin segmentar la economía, generando empleo y reduciendo la pobreza.
            El término “turismo comunitario”  sigue siendo por el momento un concepto en construcción que se relaciona de  forma genérica con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el desarrollo  local y los diferentes tipos de turismo alternativo. Un concepto que se ha  venido transformando por la definición otorgada por varios documentos oficiales  de organismos internacionales relacionados con el turismo, el medio ambiente y  el desarrollo económico.
   El turismo comunitario se define  como “toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la  autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas  democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios  generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar  encuentros interculturales de calidad con los visitantes” (Maldonado, 2005, p.  5). Se debe destacar que el turismo comunitario fue concebido como una  alternativa al turismo tradicional. Una opción que permite gestionar la  conservación de los espacios naturales y la participación de la comunidad en la  actividad turística, contribuyendo al desarrollo local en las áreas rurales.  Los orígenes de estos emprendimientos han sido muy diversos y estos han  aparecido en zonas rurales también muy diferentes, tanto por su cultura e  historia como en lo relativo al nivel de pobreza. Por ello el turismo  comunitario es un modelo complejo en cuanto a sus características,  reconocimiento y alcance (Cañada, 2015; Pastor et al., 2011).
   Por su parte, López-Guzmán y Sánchez  (2009b) afirman que el turismo comunitario “se fundamenta en la creación de  productos turísticos bajo el principio de la participación comunitaria” (p.  85). Para ello el desarrollo turístico debe estar bajo el control de la propia  comunidad, desde la planificación hasta la gestión de los emprendimientos.
   Para concluir estas notas  conceptuales recogemos la aportación de Henríquez, Zechner, y Sampaio (2010)  según la cual el turismo comunitario tiene tres pilares: comunidad,  convivencialidad y cotidianidad, siendo el rasgo fundamental el ser un turismo  más humano que comercial: “la clave conceptual para comprender el turismo  comunitario estaría orientada hacia el propio concepto de comunidad” (Ruíz y  Solís, 2007, p. 7). Nos detenemos brevemente en aquellos tres pilares:
            El turismo comunitario surge en  América Latina a partir de la década de 1980, en un contexto de fuertes cambios  económicos, sociales y políticos. Se trata de un período con importantes  movimientos de reivindicación de los pueblos indígenas sobre sus territorios,  como defensa frente a la presión de empresas extractivas (forestales, mineras,  petroleras). Y unos años en los que, por otro lado, la deficiente dinámica de  las actividades agropecuarias tradicionales contribuyó a la persistencia de  elevados índices de pobreza y desempleo en las poblaciones rurales (OIT, 2008).  A ello cabe añadir a nuestros efectos la dinámica del turismo, con un  crecimiento exponencial del conocido como “turismo de masas”, y la preocupación  latente por el desarrollo sostenible (Maldonado, 2007; Villavicencio, Zamora y  Pardo, 2016).
   De acuerdo con Ruiz et al., 2008, en  Ecuador el turismo comunitario empieza a desarrollarse desde 1980 y estuvo  relacionado con el ecoturismo. Estos emprendimientos surgieron como resistencia  de las comunidades indígenas a las actividades petroleras y madereras. El  turismo comunitario toma forma desde 1991 cuando los movimientos indígenas se  consolidan, en 1999 se crea el Código Ético Mundial del Turismo Sostenible. En  el 2001 se firma la Declaración de Otavalo donde se impulsa la creación el  turismo comunitario.
   En el año 2002 se aprueba la Ley de  Turismo para reconocerlas oficialmente y además crea a la Federación  Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) para fortalecer a los  distintos emprendimientos comunitarios de los pueblos indígenas, campesino,  afrodescendientes y montubios. Las comunidades pioneras en vincularse al  turismo comunitario fueron Capirona en la región Amazonía y Agua Blanca en la  región Costa (OIT, 2008: 56). En el 2007 se elabora el PLANDETUR 2020 y el Plan  Nacional del Buen Vivir. A partir del 2010 se emite el Reglamento para Centros  Turísticos Comunitarios. Y en el 2015 se elabora el Plan Minga Nacional del  Turismo Comunitario. 
   De acuerdo con la revisión  bibliográfica desde finales de 1980 y 1990 se localizaron alrededor de más de 50  emprendimientos de turismo comunitario que se encontraban a lo largo del  territorio ecuatoriano. En el 2016 se han contabilizado alrededor de 231  comunidades que se encuentran dispersas en 24 provincias, de los cuales  únicamente se encontraban 99 emprendimientos activos (Cabanilla, 2016). A  diciembre del 2017 se encuentran registradas en el Catastro de Ministerio de  Turismo 37 centros de turismo comunitario.
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2016, la población del Ecuador fue de 16.714.929 habitantes de las cuales la población en edad de trabajar (PET)1 es de 11.696.131. La PET estuvo compuesta de una población económicamente activa (PEA)2 de 7.874.021 habitantes y la población económicamente inactiva (PEI) 3 fue de 3.822.110 habitantes.
            En el gráfico n° 1 se detalla la  composición de la población a nivel nacional con sus respectivos porcentajes.  Describiendo en mayor detalle la distribución de la población y el empleo, la  población en edad de trabajar PET se sitúa en el 70,0% (69,0% en hombres y  70,9% en mujeres). Entre la PET se distinguen: la población económicamente  inactiva PEI con un 22,9% (13,4% en hombres y 32,1% en mujeres) haciéndose muy  evidente la brecha entre ambos sexos; y la población económicamente activa PEA  que se encuentra en el 47,1% (55,6% en hombres y 38,9% en mujeres). Por último,  se distingue dentro de la PEA entre población desempleada y empleada. Registrándose  unos niveles de desempleo entorno al 2,4% respecto de la población total en  ambos sexos. Y haciendo un total de PEA empleada de 44,7% (53,1% en hombres y  36,5% en mujeres). 
   Es importante remarcar que de las  definiciones de la ENEMDU se extrae que las mujeres amas de casa no son  consideradas población desempleada, sino población económicamente inactiva.  Quedando fuera de cualquier informe sobre población económicamente activa.  Asimilando los datos en hombres a los de mujeres podemos estimar que el  porcentaje de mujeres incluidas como “amas de casa podría estar rondando aprox.  el 20% de las mujeres”.
   Por otro lado, es importante  analizar el mercado laboral del Ecuador diferenciando entre áreas urbana y  rural. En diciembre de 2016, Ecuador contaba con una PEA de 7.874.022. De entre  los cuales, la población se distribuía del siguiente modo: Rural 32,5%, Urbana  67,5%; Hombres 58,2%, Mujeres 41,8%; Rural-Hombres 19,2%, Rural-Mujeres 13,3%,  Urbano-Hombres 39,0%, Urbano-Mujeres 28,6%.   
   Al mismo tiempo, el INEC 2017 nos  describe un gran incremento de la PEA del Ecuador de forma monótona creciente,  pasando de 6,5 millones de personas en 2010 a casi 8 millones en 2016. En  apenas 6 años el país incrementó su PEA en aproximadamente un 23%. Este  incremento es observado tanto en el área rural, como en la urbana y del mismo  modo en ambos sexos. Aunque Ecuador experimentó un incremento de su PEA, la  integración de toda esta población en el mercado laboral sufrió dinámicas bien  diferenciadas en este periodo que podemos distinguir tanto en función de su  situación de partida como en la evolución de cada uno de estos grupos de  población según su área o sexo de pertenencia.
   Para analizar estas dinámicas con  mayor detalle usaremos las categorías definidas en la Encuesta Nacional de  Empleo, Desempleo y Subempleo asociadas a la PEA. La ENEMDU distingue entre:  Desempleo, Empleo no remunerado, Subempleo por insuficiencia de Ingresos,  Subempleo por insuficiencia de tiempo, Empleo no clasificado, Empleo no pleno y  por último empleo adecuado o pleno. Para evidenciar las diferencias entre sexos  y áreas en cada categoría, usaremos las proporciones de población respecto de  la PEA. Y representaremos gráficamente las series temporales de las  proporciones de cada categoría entre 2007 y 2016, diferenciando entre área y  sexo, obteniendo el gráfico n° 2. 
   Con lo que respecta al subempleo 4en  Ecuador tiene un carácter más estructural de acuerdo con Larrea (2006) debido a  los estancamientos económicos de las décadas anteriores, así como también la  apertura comercial y los cambios tecnológicos han intensificado el subempleo en  los últimos tiempos. Las tasas del subempleo a nivel nacional representan un  19,90% con un incremento de 5,9 puntos con respecto al año anterior. A nivel  urbano tiene un incremento de 6,1 puntos pasando de 12,7% a 18,8%, y en área  rural también tuvo un crecimiento significativo de 5,3 puntos de un 16,8% a un  22% (INEC, 2017b). 
   Según las regiones naturales el  subempleo rural se encuentra en la Sierra con un 49,24%, en la Costa con un  42,26% y en la Amazonía con un 8,50% (INEC, 2017a). La ocupación en la Sierra  “depende en gran medida del cultivo de sus propias parcelas minifundistas. Como  estas no logran proporcionar los ingresos suficientes para la supervivencia,  los campesinos deben emplearse en otras actividades que tampoco garantizan  estabilidad ni ingresos significativos” (Carrión y Herrera, 2012, p.116). La  evolución del subempleo entre hombres y mujeres del área rural, los porcentajes  fluctúan en función si la matriz productiva es capaz de generar empleo estable  y de calidad o únicamente las empresas se basan en la competitividad a cambio  de la precarización laboral para reducir los costes.
   La población urbana tiene  proporciones de empleo adecuado que llegan a doblar a las de las áreas rurales.  En el área rural predominan los empleos no plenos en ambos sexos, y en el caso  de las mujeres rurales la proporción de empleo no remunerado se eleva  alarmantemente hasta un aprox. 25% de la actividad. Por otro lado, observando  las diferencias entre sexos en función de cada grupo Urbano o Rural; En el área  urbana se observa como las mujeres sufren niveles de empleo inferiores al de  los hombres (Empleo Adecuado: 60% Hombres y 45% Mujeres; Desempleo y empleo no  remunerado: 8% hombres, 15% mujeres). Pero estas diferencias se hacen  radicalmente dramáticas en el área rural (Empleo Adecuado: 30% Hombres y 15%  Mujeres; Desempleo y empleo no remunerado: 10% hombres, 30% mujeres).
   Analizando la serie temporal  encontramos dos periodos bien diferenciados cuyo punto de inflexión se  encuentra en 2014. El primer periodo comprendido entre 2010-2014 representa en  el área urbana un periodo de estabilidad en la proporción de población en cada  categoría de empleo. Por otro lado, este mismo periodo tuvo una dinámica muy  positiva en el área rural incrementando las proporciones de población con  empelo adecuado o pleno en ambos sexos. Generando un efecto doblemente positivo  en el área rural. 
   Por el contrario, el segundo periodo  comprendido desde 2014 hasta el final de la serie en 2016, representa un  periodo de grave destrucción de empleo de calidad en ambos sexos y ambas áreas.  Reduciéndose los niveles de empleo adecuado y empleo no pleno e incrementándose  sobre todo la categoría de Subempleo por insuficiencia de tiempo.
   A pesar de que la PEA en Ecuador ha  experimentado un incremento del 23% entre 2010 y 2016 y con ello se ha  incrementado considerablemente la capacidad productiva del país. El retroceso  del segundo periodo entre 2014-2016 en el empleo de calidad, ha dejado unos  niveles de calidad en el empleo en la población similares a los de 2009.
   Para concluir, las áreas rurales de  Ecuador han sido definidas por las características regionales de la agricultura  en Ecuador; en la Sierra predominan los minifundios y pequeñas propiedades  familiares con una agricultura destinada para el consumo interno, mientras que  en la Costa se desarrolla un modelo de agroindustria destinada a la exportación  donde predominan los medianos y grandes productores con uso intensivo de  capital y tecnología. Y en la Amazonía predomina la explotación petrolera  caracterizada por una ganadería extensiva y la insuficiencia de empleo (Carrión  y Herrera, 2012). 
   En cuanto las actividades económicas  que han generado un mayor empleo adecuado a nivel nacional fue el sector del  comercio (16,5%), enseñanza y servicios sociales y de salud (13,10%),  manufacturas (13%) y la agricultura (11,3%). En área rural el empleo adecuado  se centró en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca (31,17%),  manufactura (11,66%) y construcción (11,43%) (INEC, 2017a).
            En el área rural no únicamente se  comercializa la producción, la tierra y el trabajo, sino que existen otros  factores como el patrimonio, la cultura y la naturaleza. Según Martínez (2013)  en el sector rural se desarrolla una nueva ruralidad, centrándose en la  relevancia que implica las nuevas actividades relacionadas con la  comercialización de la naturaleza, el folklore, la vida campesina o rural que  se abre en el mercado de turismo nacional e internacional. Estas nuevas  actividades que incursionan en los entornos rurales deben ser consideradas como  actividades complementarias a la agricultura y además promueven el desarrollo  económico y productivo de los territorios (Idrovo, 2016).
   El concepto de ruralidad en la  región latinoamericana se define desde los cambios demográficos, económicos e  institucionales de los entornos rurales. Lo rural no se basa únicamente en las  actividades agropecuarias sino también son consideradas las actividades  complementarias como la artesanía, el pequeño comercio, el turismo y demás  servicios públicos y privados (García, 2007). En Ecuador, el concepto de  ruralidad viene modificándose y aún sigue estando en construcción. La  definición de ruralidad ha sido impulsada por los movimientos de indígenas,  campesinos, empresarios que intentan definirlo en función de los capitales  disponibles. En la actualidad, el concepto de ruralidad se enfoca desde las  divisiones políticas administrativas (Martínez, 2013a).
   Lo rural en Ecuador se considera a  las áreas geográficas donde la población vive de manera dispersa en el campo y  en pueblos de hasta 15 000 habitantes. De acuerdo con el último Censo de  Población y Vivienda del 2010 la población que vive en zonas dispersas alcanza  los 3.715.343 habitantes, de los cuales se encuentran en las regiones  naturales: Sierra, 1.926.196; Costa, 1.421.441; Amazonía, 478 y en la región  Insular 2228. Los sistemas productivos de estas poblaciones están relacionados  con la agricultura, actividades de transformación y servicios (turismo y  recreación). Por otro lado, la dinámica rural ecuatoriana tiene una  característica importante, la revolución de medios de transporte y comunicación  que permiten conectar el campo con la ciudad y con el resto del mundo (Instituto  Geográfico Militar del Ecuador, 2017).
   El desarrollo de actividades  turísticas es una estrategia bajo los supuestos de que existen pocas  alternativas de ingresos disponibles para los habitantes rurales pobres, el  turismo comunitario complementa las actividades de trabajo (Belsky, 1999). El  turismo comunitario puede ser considerado como una maniobra de la Economía  Popular y Solidaria para combatir el desempleo a través del desarrollo de  empresas turísticas comunitarias. De acuerdo con Ruiz y Solís (2007) “el turismo  comunitario se entendería mejor desde la economía social y las economías populares  (formas organizativas) que desde el sector turístico tal cual (objeto de la  actividad), ya que su elemento definitorio es su organización comunitaria” (p.8).
   Para Maldonado (2005) lo comunitario  desde la perspectiva empresarial se caracteriza por la forma de organización y  los fines que persiguen basados en el control de recursos y el reparto  equitativo de los beneficios. Estas empresas comunitarias se enmarcan en el  contexto de la economía solidaria que permite la generación de empleo y la  distribución equitativa de los beneficios entre todos los miembros de la  comunidad (OIT, 2001).
   El turismo comunitario está  relacionado con los principios de la Economía Popular y Solidaria que buscan un  equilibrio entre el buen vivir y el bien común, la equidad de género, la conservación  de medios naturales y culturas, así como también la distribución equitativa de  los beneficios. La Economía Popular y Solidaria está recogida en la Constitución  del Ecuador aprobada en el 2008, en la que define a otra economía en el  artículo 283 como un “sistema Económico Social y Solidario” que identifica a  las formas de organización económica privada, pública y popular y solidaria.
   En relación con la Constitución, la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de Ecuador (LOEPS) aprobada en el 2011  tiene como objetivos: i) potenciar prácticas de actividades económicas que se  desarrollan en las comunidades, pueblos y nacionalidades y ii) establecer un marco  legal que amparen a las personas naturales y jurídicas. Así como también, en el  artículo 8 se establece y define las formas de las organizaciones integradas  por los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas (Ministerio  Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 
   En el cuadro n° 1 se identifican las  características de las formas de organización según la LOEPS que son objeto del  análisis de esta investigación.
En Ecuador, la entidad encargada de la supervisión y control de las organizaciones del sector económico popular y solidario de los integrantes y las comunidades es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS5 ), la cual inició sus actividades de gestión en junio de 2012. La SEPS clasifica a las organizaciones en el sector financiero y no financiero de acuerdo con los principios que se establecen en la Ley Orgánica Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
            El sector financiero incluye a las  cooperativas de ahorro y crédito, y el sector no financiero incluye el sector real,  es decir, las asociaciones, cooperativas de economía popular y solidaria,  organismos comunitarios y organismos de integración. De acuerdo con el catastro  de la SEPS a diciembre del 2017 se encuentran registradas alrededor de 12.595  organizaciones que aparecen activas en el sector no financiero del Ecuador que  se encuentran resumidas en la figura n° 2.
   En la figura n° 2 se presentan a las  distintas organizaciones de la EPS y son clasificadas según el tipo  organización (asociaciones, cooperativas, organizaciones comunitarias y  organizaciones de integración). En el catastro del sector no financiero se  identifica al sector servicios que es objeto de este estudio y se observa que  se encuentran registradas alrededor de 12 organizaciones comunitarias, 174  asociaciones y 11 cooperativas a nivel nacional que ofrecen servicios  turísticos (SEPS, 2017).
   Siguiendo con el análisis de las  organizaciones no financieras y del sector turístico se procedió a analizar los  emprendimientos que se dedican al turismo en las categorías asociaciones y  organizaciones comunitarias (Gráfico n° 3). 
   Como se puede observar en el gráfico  anterior, la mayoría de los emprendimientos se encuentran ubicados en las provincias  de Pichincha, Manabí y Napo. Dentro de esta clasificación existen 21 centros  con la denominación “turismo comunitario” y se encuentran registrados como  organización comunitaria y asociación en la SEPS, de acuerdo con la Ley  Orgánica Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que  define los principios de las organizaciones. De acuerdo con Cabanilla (2017),  menciona que el turismo comunitario de Ecuador no tiene “una sola forma de  asociatividad como comuna, pues en otros lugares funcionan perfectamente  corporaciones civiles, cooperativas u otro tipo de asociación” (p. 17).
   Para continuar con el desarrollo de  esta investigación es necesario resaltar al Instituto Nacional de Economía  Popular y Solidaria (IEPS) que viene trabajando con la SEPS y tiene como misión  “el fomento y promoción de las organizaciones sujetas la presente Ley 6.  Aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados  con la economía popular y solidaria” (Ministerio Coordinador de Desarrollo  Social, 2012, p.85).
   El IEPS cuenta con competencias  adquiridas en la LOEPS y ha desarrollado varios proyectos de desarrollo local a  nivel nacional. Entre las principales actividades que han colaborado con el  turismo comunitario se pueden resumir en las siguientes actividades: i)  levantamiento de información In Situ, ii) identificación de emprendimientos  comunitarios, iii) asistencia técnica y capacitación en la gestión turística,  iv) mercadeo y promoción turística comunitaria entre otras.
   Uno de los proyectos de mayor  envergadura del IEPS fue el Proyecto de Desarrollo del Corredor Central (PDCC).  Este proyecto se desarrolló con emprendimientos administrados por mujeres de  las zonas rurales. Los ejes temáticos estuvieron relacionados con el género, el  fortalecimiento organizacional y la sostenibilidad de emprendimientos  productivos. Los beneficiarios de este proyecto fueron las organizaciones que  forman parte de la Economía Popular y Solidaria (IEPS, 2013). A continuación,  se detallan brevemente tres emprendimientos que están relacionados con el  turismo comunitario del Ecuador, donde el IEPS ha intervenido mediante la aportación  económica, la asesoría técnica y capacitaciones.
  Caso 1: Fortalecimiento  socio-organizativo y generación de estrategias de comercialización de la  artesanía tradicional en las comunidades Waorani de la Asociación de Mujeres  Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – “AMWAE”
   El objetivo de este proyecto fue  fortalecer a la nacionalidad Waorani7  mediante el empoderamiento y liderazgo de capacidades técnicas y financieras.  Este emprendimiento se desarrolló para disminuir la explotación petrolera,  maderera de la zona. La asociación AMWAE está conformada por 169 socias y 350  artesanas. Las actividades económicas de la localidad se han diversificado,  inicialmente su actividad principal fue la agricultura y la caza. Actualmente,  ofrecen artesanías, turismo entre otros servicios. Este emprendimiento  favoreció a varias comunidades como: Tiwino, Bataburo, Meñepare, Acaro,  Tarangado, Enkedido, Kiwado, Nemompade, Zapino, Toñampade, Enkedido, Kenaweno,  Tiwen y Damointado (IEPS, 2013).
   Con este proyecto se revitalizó la  diversidad cultural y la conservación del entorno natural y, por otro lado, las  mujeres de las comunidades indígenas han logrado generar nuevos empleos que les  permite mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus familias. Durante la  ejecución del proyecto, las mujeres se visibilizaron por sus habilidades de  organización y, además, han modificado el estereotipo de la mujer en las zonas  rurales (IEPS, 2013).
  Caso 2: Aprovechamiento  de áreas con potencial turístico en la parroquia Teniente Hugo Ortiz Asociación  Kichwa de Agro productores Sacha Warmi” AMKASAW”
   El objetivo de este proyecto fue  aprovechar los recursos turísticos de los que dispone la comunidad de  nacionalidad Kichwa y Shuar ubicadas en la parroquia Teniente Hugo Ortiz de la provincia  de Pastaza ubicada en la región de la Amazonía. El desarrollo del turismo fue  una actividad complementaria para mejorar los ingresos de las 25 familias que  forman parte de esta asociación. 
   La actividad principal es la  agricultura. Las familias encabezadas por las mujeres han explotado los  atractivos turísticos como son las costumbres ancestrales, danzas, gastronomía,  prácticas ancestrales como la minga y los cultivos de la chacra. Esta  iniciativa sirvió para potenciar los atractivos turísticos respetando los  entornos naturales y revitalizando las costumbres de las nacionalidades Kichwa  y Shuar. Por otro lado, la participación de la mujer en la toma decisiones fue  importante para el desarrollo del proyecto (IEPS, 2013).
  Caso 3: Rescate de la  música y danza tradicional Kichwa en la comunidad San Virgilio
   El proyecto se desarrolló en la  comunidad de San Virgilio del cantón Arajuno, provincia de Pastaza de la región  amazónica. La comunidad es de nacionalidad Kichwa y está formada por 17  familias. Esta iniciativa tuvo la finalidad de revitalizar las costumbres y la  conservación de los recursos naturales y además han logrado generar ingresos  complementarios mediante el turismo. Las mujeres incursionan en el  emprendimiento a través de la organización de las actividades propias de la  zona en los alimentos, artesanías, los cultivos de las huertas y los hombres  realizan las actividades de la caza, pesa y recolección de frutas (IEPS, 2013).
   El IEPS viene fortaleciendo a la Economía Popular y  Solidaria mediante la implementación de proyectos que contribuyen a la  reducción de la pobreza y la generación de empleo sostenible. Esta institución  colabora con los emprendimientos solidarios desde la creación legal hasta la  puesta en marcha de los negocios. Entre las funciones se destacan, las  capacitaciones, acuerdos institucionales, acompañamiento con la constitución  legal en la SEPS, asistencia técnica administrativa, asesoría en la elaboración  de planes de negocios solidarios, cofinanciamiento para emprendimientos  solidarios (IEPS, 2015).
   A partir de las experiencias anteriores según Hiwasaki (2006) el turismo basado en comunidad es una  herramienta para la conservación de los recursos naturales y culturales, así  como también promueven entornos sostenibles y responsables con el turismo, al  mismo tiempo contribuyen con el desarrollo local. En los países en vías de  desarrollo está forma de turismo sostenible puede aliviar la pobreza y a  conservar los recursos naturales y patrimoniales para el disfrute de las  nuevas generaciones (Aguera, 2013).
   En las áreas rurales el turismo comunitario tiene un  impacto directo en las familias y contribuye al desarrollo socioeconómico de la  población local (Manyara y Jones, 2007); además ayuda a erradicar la pobreza  (WWF Internacional, 2001). Este modelo de organización comunitaria es una  oportunidad para solucionar problemas relacionados con la exclusión social y  marginación de hombres y mujeres.
   Durante muchos años el mercado laboral ha sido segmentado  por cuestiones de género en temas relacionados con la incorporación y las  remuneraciones. En el sector del turismo se ha observado un crecimiento  considerable de la incorporación de la mujer en las actividades económicas. El  turismo comunitario favorece a la erradicación de la discriminación de las  mujeres y las diferencias salariales (Ordoñez y Marco, 2005). El turismo en las zonas rurales deber ser entendido como  parte del conjunto de actividades productivas entiendo que las actividades  agrarias predominan en estas zonas (Inostroza, 2008). El sector del turismo tiene un inmenso potencial, puesto que  genera mayores oportunidades para crear puestos de trabajo en el área rural.  Incorpora a la economía a personas con alta, media y baja cualificación tanto  mujeres como hombres (Ordoñez y Marco, 2005, p.9).
   Bajo este contexto, la economía popular y solidaria es una  alternativa para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Es  así como el turismo comunitario a través de las ofertas de servicios, su  organización interna y el trabajo de reproducción solidaria puede lograr el  desarrollo local en las comunidades del Ecuador. La sostenibilidad de estos  emprendimientos dependerá en buena medida de la planificación de todos los actores  (comunidad, sector público, privado, ONGs, etc) y el contexto local a nivel  socioeconómico, político y cultural donde se desarrollare el proyecto. Para el  desarrollo de los emprendimientos comunitarios debe existir “un encuentro con  la teoría, con el conocimiento científico, y esa “ecología de saberes” 8 puede ser clave para dar otro alcance a las estrategias de sobrevivencia y  resistencia al capitalismo” (Coraggio, 2008, p.48).
Los centros de turismo comunitario se han visto afectados  por el abandono de los programas y colaboraciones internacionales. En algunos  casos varios de estos emprendimientos fracasaron por falta de empoderamiento por  parte de la comunidad. Bajo esta situación latente en varias comunidades, las autoridades  deben generar políticas de asistencia técnica, capacitaciones que garanticen la  sostenibilidad de estos negocios. 
   El sector rural es un sector emergente y necesita que se  prioricen programas, políticas generadoras de empleo de buena calidad  destinados a los pobladores para que no abandonen sus tierras en busca de mejores  oportunidades en las áreas urbanas del Ecuador. De acuerdo al análisis del  empleo en el Ecuador, el desempleo no sería el mejor indicador para evaluar el  desempeño del mercado del trabajo tras desagregar los componentes de la PEA.  Porque las personas que se encuentren en la categoría del desempleo pasarían a  formar parte del empleo no remunerado o de mala calidad según las definiciones  del INEC. Por lo cual, se deberían analizar con indicadores relevantes que  midan el deterioro real del mercado laboral como por ejemplo el Empleo pleno y  no pleno.
   El turismo comunitario es una actividad que complementa a  la agricultura. Entendiendo que las actividades turísticas implican un riesgo  debido a las fluctuaciones estacionales, crisis económicas, y de otros factores  exógenos que la población no puede controlar.
   En cuanto a la legalización de los centros de turismo  comunitario, se debe destacar los problemas de reconocimiento como “comunitarios”  bajo la Ley de Turismo emitido por Ministerio de Turismo que no benefician a  las comunidades y es un obstáculo para emprender. Actualmente se encuentran  registrados 37 centros de turismo comunitario y existen más 100 centros a nivel  nacional que están en funcionamiento bajo la denominación de “turismo  comunitario”. Por otro lado, la Superintendencia de Economía Popular y  Solidaria tiene registrada jurídicamente a los centros de turismo comunitario  clasificados en asociaciones y comunidades. Hasta el momento no existe una  única ley a nivel nacional que agrupe a estos emprendimientos, por lo que es  necesario que los ministerios responsables y la Federación Plurinacional de  Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) se reúnan y emitan una ley en  beneficio de las comunidades que desarrollan el turismo comunitario.
   El Instituto de Economía Popular y Solidaria está  trabajando de forma conjunta con los emprendimientos que se encuentran  registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para  fortalecer y empoderar a las comunidades rurales, además de garantizar la  sostenibilidad de los centros de turismo comunitario. El IEPS debe ser un ente  intermediario para que las comunidades puedan ser visibilizadas en la  comercialización de los servicios que ofrecen y un puente en las políticas  públicas que toman los gobiernos descentralizados del país, reflejando la  realidad socioeconómica, política y ambiental de las comunidades rurales.
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