Patricio Gómez Abad*
José Luis Sergio Sosa González**
Elieth Blazquez Bonilla***
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
patgoab@outlook.com
RESUMEN
La evolución y posicionamiento de la sociedad civil en Mexico ha sido sumamente complicada, debido fundamentalmente a los obstáculos que han instrumentado los gobiernos de la región. En tal virtud, este artículo tiene como finalidad abordar algunos elementos sobresalientes que permiten aclarar cómo ha sido el proceso de democratización y posicionamiento de la Sociedad civil, así como su evolución y alcance a partir del término de la Revolución Mexicana (1920) hasta el año 2000 cuando se presenta por primera ocasión la alternancia política en el ejecutivo federal. Este artículo permite también observar cuáles han sido las dificultades que ha tenido la Sociedad Civil para iniciar un posicionamiento como el principal actor estratégico en la atención de los asuntos que son del interés público. Asimismo, como un factor explicativo, se plantea el hecho de que en México las instituciones de educación superior, principalmente desde la perspectiva de la administración y la economía, no han abordado con la seriedad y profundidad que se exige a la sociedad civil y sus organizaciones como objeto de conocimiento dentro de sus planes de estudio y actividades de investigación.
Palabras clave: Sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, proceso de democratización, asuntos de interés público, Mexico.
ABSTRACT
In the Latin American context the democratization process and therefore the evolution and positioning of the civil society has been utterly complicated due to the different obstacles, some of which have been premeditatedly instrumented by the regional governments. This article has the objective to talk about some outstanding elements that clear up, firstly, the theoretical framework for the democratization process and the positioning of civil society in Latin America and what has been its evolution and reach in Mexico from the end of the Mexican Revolution (1920) until 2000. This article would allow us to observe a first approach how has civil society has evolved in our country and all the difficulties that it has had from the beginning its positioning as a main strategic actor in the attention of the public interest. It’s also important to note that in Mexico higher education institutions, mainly from the administration perspective, we haven’t touched on the seriousness and profoundness that is demanded by civil society and its organizations as an object of knowledge with its course curriculum.
Key words: civil society, civil society organizations, democratization process, public interest affairs, Mexico.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Patricio Gómez Abad, José Luis Sergio Sosa González y Elieth Blazquez Bonilla (2018): “Sociedad civil en México: evolución y posicionamiento de 1920 hasta la alternancia en el poder del año 2000. Impacto y alternativa en el desarrollo académico actual”, Revista: OIDLES Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, n. 25 (diciembre 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/oidles/25/sociedad-mexico.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/oidles25sociedad-mexico
El presente artículo pretende describir y analizar el proceso de posicionamiento y desarrollo que ha tenido la sociedad civil y sus organizaciones en México, mostrando la lenta evolución y obstáculos enfrentados en la lucha por constituirse como el sector estratégico de los asuntos de interés público; pero también como el actor determinante y fundamental que ha impulsado, con serias dificultades, el proceso de democratización del país.
Para identificar y explicar las enormes dificultades que ha tenido la sociedad civil en su evolución y posicionamiento tenemos que remitirnos a las causas y formas características del origen y funcionamiento del denominado Presidencialismo Mexicano; y a partir de este factor estructural del régimen de gobierno, analizar cómo ha sido la actuación de la sociedad civil en general y de sus organizaciones que de manera particular inciden en los diversos asuntos que son del interés público. Para tal efecto se describen los aspectos sobresalientes que nos muestran como ha evolucionado la sociedad civil y sus organizaciones durante el periodo de 1920 hasta el 2000, año en que se logra la alternancia en el poder para la Administración Pública Federal.
Para analizar la evolución de la sociedad civil y sus organizaciones en el periodo descrito, se identifican tres etapas históricas de impacto en el proceso de democratización política y social en el país: a) periodo posrevolucionario hasta finales de la década de los 50’s (1920-1960); b) periodo de finales de los 50’s hasta antes de los terremotos de 1985 1 (1960-1985), y c) el periodo del 19 y 20 de septiembre de 1985 hasta el 2000 (1985-2000). Las tres etapas coinciden con al análisis que hace Mario Vargas Llosa en lo que llamó como la dictadura perfecta en México, artículo que se publicó el sábado 1 de septiembre de 1990 en el periódico “EL PAÍS” (EL PAÍS, 1990). Las condiciones, a partir de 1985, suponen una diferencia sustancial en la forma de gobernar, la cual continúa hasta la alternancia en el poder que inicia en diciembre del 2000 en adelante, donde la sociedad civil y sus organizaciones toman un posicionamiento estratégico en los asuntos públicos y además se constituyen como el contrapeso real a la actuación gubernamental.
En virtud de que el presente artículo muestra la evolución y posicionamiento de la sociedad civil y sus organizaciones, la recolección de datos e información diversa se obtuvo principalmente de la revisión documental de fuentes como bibliografía y páginas electrónicas tanto de organizaciones de la sociedad civil, instituciones oficiales y publicaciones académicas.Como consecuencia de que existen varios estudios relacionados con el tema que nos ocupa, se consideró indispensable retomar los planteamientos que explican la realidad a través del análisis histórico. La explicación del comportamiento histórico permite integrar el marco teórico metodológico del proceso de democratización (política y social) donde juega un papel fundamental la sociedad civil; por otro lado permite deducir cual ha sido la actuación pasada y vigente de los actores involucrados (sociedad civil y gobierno), lo que identifica su comportamiento e impactos de su acción en el contexto histórico, actual y futuro.
Los países de América Latina, todos ellos considerados en vías de desarrollo o economías emergentes, han transitado históricamente por un proceso de democratización sumamente difícil debido a que en su mayoría fueron controlados por gobiernos dictatoriales emanados de derrocamientos de gobiernos democráticos, establecidos por militares que frustraron normalmente las aspiraciones democráticas de la población. Con este tipo de gobiernos se generaron enormes obstáculos para el avance del proceso de democratización debido a una recurrente represión social caracterizada por desapariciones forzadas, manipulación y cooptación social, desbordada impunidad, altos niveles de corrupción, control mediático, entre otros aspectos que tienden a transcender hasta la actualidad. Particularmente en México, estos elementos se posicionaron como una forma “natural” 2 de ser de los gobiernos sexenales priístas durante más de 70 años. Estos gobiernos hegemónicos, maquillados de democracias, sentaron en México las bases del “presidencialismo mexicano” que tiene su gestación a partir del término de la Revolución Mexicana y que podríamos identificar con mayor claridad a partir del gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río, como se explica a continuación.
Según la mayoría de los autores que han abordado el tema, el régimen de gobierno que surgió en México después del término de la Revolución no se puede calificar como una democracia presidencial debido a que las elecciones no estaban constituidas como el mecanismo de competencia entre los partidos políticos para acceder al poder. La forma característica en que se configuró el “presidencialismo mexicano” permitió la supremacía del Presidente de la República y la subordinación de los poderes legislativo y judicial. En este sentido los componentes centrales del régimen autoritario priista fueron: 1) la hegemonía ejercida por un partido tanto en la arena legislativa federal como en las entidades federativas, y 2) la concentración metaconstitucional del poder en quién se constituía como el líder de facto del partido, el Presidente de la República. Bajo este esquema y marco de actuación el régimen priista de gobierno en México se ha calificado por varios intelectuales como un autoritarismo presidencialista de partido hegemónico mayoritario (López 2006).
Aunque no se puede asegurar con precisión el momento que inicia el fenómeno del presidencialismo mexicano, si es posible argumentar que en última instancia se materializó a partir del conflicto que se generó entre Plutarco Elías Calles (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 1924-1928 y que se constituyó como una figura política clave en la historia de México) y Lázaro Cárdenas del Río durante el periodo de junio de 1935 (Córdova et al., 1994, p. 65) hasta el 10 de abril de 1936 cuando el primero salió del País hacia los Ángeles, California (López y Cortés 2003).
Plutarco Elías Calles consideraba que las instituciones eran fundamentales para que el Estado Mexicano pudiera avanzar sin el problema de la enorme ingobernabilidad posrevolucionaria que hasta esa fecha existía; por lo que decidió impulsar la creación de una figura institucional que jugó el papel principal para establecer el control político de los distintos grupos y organizaciones sociales conformados después del término de la Revolución, y que tiene que ver con el Partido Nacional Revolucionario (PNR) (Córdova et al., 1994, p. 79). Después de su periodo presidencial el General Calles se enfocó hacia el manejo político del País debido a que influyó fuertemente en las decisiones presidenciales de los siguientes seis años de gobierno (Emilio Portes Gil presidente interino a partir del 1° de diciembre de 1928, Pascual Ortiz Rubio a partir del 1° de diciembre de 1930 y el General Abelardo Rodríguez a partir del 3 de septiembre de 1932-1934). La influencia política de Plutarco Elías Calles después del término de su mandato, se debía a que había creado a través del partido un poder paralelo al del Presidente de la República (Córdova et al., 1994, p. 81) y que concluyó como consecuencia del conflicto que tuvo con el General Lázaro Cárdenas del Río.
El 1° de diciembre de 1928 cuando Emilio Portes Gil se coloca al frente del Poder Ejecutivo, aparece el Primer Manifiesto del Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario donde se invita a todos los grupos y organizaciones a que se integrarán en un solo conglomerado. El General Calles estaba al frente del PNR y a través del Comité Organizador se convoca a una Convención que tenía como finalidad reunir a los representantes de los distintos grupos interesados para discutir los estatutos y los principios del nuevo partido político. El objetivo se centraba en incorporar dentro de un mismo marco institucional los intereses que tenían las diversas organizaciones que eran producto de la Revolución, por lo que en marzo de 1929 se realizó en Querétaro la Convención que dio nacimiento al Partido Nacional Revolucionario y donde los representantes de las fuerzas revolucionarias firmaron un pacto para someterse a los estatutos del partido (Córdova et al., 1994, pp. 79-80); de esta manera con la creación del PNR también se generó la posibilidad de controlar y de dirigir a los grupos de las Entidades Federativas.
4.1 Conflicto entre el General Calles y el Presidente Cárdenas: Factor fundamental para la consolidación del Presidencialismo en México
El General Lázaro Cárdenas del Río toma posesión como Presidente de la República el 1° de diciembre de 1934, después de haber realizado una campaña basada en los grupos mayoritarios del sector social que tuvieron una participación activa y fundamental en la Revolución Mexicana y cuyas demandas no se habían cumplido en el periodo posrevolucionario. El PNR se encontraba en su nivel más bajo de popularidad debido a que fue utilizado por el General Calles para controlar políticamente a los que le sucedieron en el cargo de la Presidencia de la República durante los 6 años posteriores, lo cual había producido una gran inconformidad social que se manifestaba en la proliferación de huelgas por parte de la clase obrera. Con la estrategia de acercamiento a los grupos marginados como parte sustancial y el poco apoyo que el partido le brindo, el General Cárdenas logró el 98% del total de votos (2.2 millones), pero al asumir el cargo su gabinete era principalmente impuesto por el General Calles, lo que parecía indicar que la situación de control político sería similar al que prevaleció durante los seis años anteriores. En el inicio de 1935 ya se había generado un fuerte movimiento obrero que se reflejaba en un número importante de huelgas, lo que propició que el General Calles formulara ciertas declaraciones el 11 de junio de 1935 ante los senadores, por medio de las cuales hacía una fuerte crítica a la actitud de los líderes obreros y los culpaba de la situación crítica que existía en el País. Al día siguiente se publicó en la prensa las declaraciones del General Calles tocando las fibras más sensibles del proyecto político cardenista que se centraba en la organización popular y sindical, que se constituyó en la piedra angular para impulsar la reestructuración del gobierno (Córdova et al., 1994, pp. 84-86).
Las declaraciones de Calles impactaron la política mexicana dándole su apoyo los sectores industriales, financieros y comerciales, sumándose a la crítica en contra de los movimientos populares y obreros; también la mayoría del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Senadores felicitaron al General Calles “por sus patrióticas y oportunas declaraciones”, evidentemente la enorme fuerza de Plutarco Elías Calles se hizo patente nuevamente (Córdova et al., 1994, pp. 86-87).
La respuesta del General Lázaro Cárdenas se dio el 14 de junio de 1935, el mismo día en que el Bloque de la Cámara de Senadores había publicado en el Periódico Excélsior su felicitación al General Calles. En la contestación del General Cárdenas quedó clara su firme determinación de apoyo a la organización y movilización de los grupos populares; además el 15 de junio solicitó la renuncia a todos los miembros de su gabinete (impuestos por Calles) y junto con ellos el presidente del PNR se vio obligado a presentar la suya. El 16 de junio empezaron a llegar los mensajes de adhesión en favor del Presidente de la República; la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de la Cámara de Senadores se sumaron ese mismo día; incluso de los industriales se hicieron declaraciones en favor del Presidente (Córdova et al., 1994, pp. 87-89).
La sociedad mexicana se volcó en favor del General Lázaro Cárdenas del Río, en tres días quedó claro el importante papel que a partir de entonces jugarían las organizaciones populares dentro del sistema político mexicano. En este momento el General Cárdenas se había vuelto sumamente poderoso y en contraposición Calles había perdido el control político del Estado, sin embargo seis meses después volvió a realizar movimientos subversivos, que de inmediato tuvo respuesta ciudadana exigiendo su encarcelamiento o salida del País (Córdova et al., 1994, p. 89).
El sistema político mexicano fue reestructurado de manera profunda, el proyecto de Calles fue sustituido por uno nuevo donde la piedra angular eran las organizaciones populares y sindicales (obreras). El control político de la nación se concentró en el Presidente de la República que se convertía en la pieza principal y única del sistema político mexicano. El PNR se transformó en el Partido Revolucionario Mexicano en 1938, incorporando dentro de sus filas a las organizaciones populares y que por lo tanto acompañaría al Proyecto Cardenista. Evidentemente este fue el toque final que implica la consolidación del denominado “presidencialismo mexicano” (Córdova et al., 1994, p. 90) .
El presidencialismo en México tiene dos diferencias fundamentales: el régimen visualizado y aplicado por Lázaro Cárdenas del Río que tenía su fortaleza en las organizaciones populares y sociales más desprotegidas, y por otro, el régimen aplicado por los presidentes de los sexenios posteriores a su mandato que se orientaba hacia el establecimiento de acuerdos con los grupos de interés político y élites económicas que les permitiera obtener beneficios de la toma de decisiones tanto económicas como políticas. El discurso político de los sexenios posteriores e inclusive hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se centraba en la justificación de los logros y demandas pendientes del proyecto revolucionario, pero también en este periodo se hizo patente el autoritarismo presidencialista de partido hegemónico mayoritario al que se hizo referencia anteriormente.
El autoritarismo presidencialista en México permitió al Titular del Poder Ejecutivo tener facultades metaconstitucionales y realizar acciones generalizadas de cooptación y/o represión a los que se oponían o cuestionaban el régimen de gobierno, obstaculizando con esto el avance del proceso de democratización tanto política como de participación social, donde juegan un papel fundamental las organizaciones de la sociedad civil, que al inicio tuvieron una intervención muy limitada en los asuntos de interés público debido a varios factores, como la cooptación social que sistemáticamente hace el gobierno, la insuficiencia de recursos que tienen y a los que pueden acceder las organizaciones, la falta de cauces institucionales para su intervención en el proceso de políticas públicas, la falta de interés para el fortalecimiento institucional y profesional de las mismas por parte de la academia y de la sociedad en general, y otra gran cantidad de factores que han tenido que ver con la provocación deliberada de la desvinculación social.
En virtud de lo comentado a continuación se abordan algunos aspectos que fundamentan teóricamente el posicionamiento de la sociedad civil en la Región Latinoamericana y su difícil avance histórico en México.
5.1 Planteamiento teórico del posicionamiento de la sociedad civil durante el proceso de transición democrática en el contexto latinoamericano
Para abordar el proceso de democratización en América Latina así como para coadyuvar en la transición de los gobiernos autoritarios hacia la democracia, los teóricos de la región explican el fenómeno en dos sentidos principales; primero, dicho proceso restablece los derechos individuales y de grupo (periodo de liberalización), y segundo, establece el principio de ciudadanía basado en la participación (etapa de democratización) (Cohen y Arato, 2000, pp. 70, 71). Evidentemente en el contexto actual podemos decir que la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en esta etapa, con menor o mayor avance; sin embargo desde hace más de una década (a partir de 2003) hasta 2010, varios países de la Región impulsaron cambios sustanciales, tanto económicos como sociales, siendo México un país que se quedó rezagado comparativamente con los esfuerzos realizados por buena parte de los países del continente.
En relación a la participación social en el proceso de democratización primero es indispensable aclarar que se entiende por sociedad civil. La sociedad civil se refiere a una red de grupos y asociaciones (incluye familias y grupos de contactos directos personales) y las organizaciones de la sociedad civil, así como las estatales, que pueden mediar entre los individuos y el Estado, y entre lo privado y lo público. Por lo tanto la sociedad civil tiene en sí misma una calidad cívica, pública, relacionada tanto con un derecho a existir reconocido, así como a la capacidad para deliberar abiertamente sobre asuntos comunes y actuar en defensa de intereses justificables (Cohen y Arato, 2000, p. 71).
Desafortunadamente las organizaciones de la sociedad civil en América Latina se han movilizado de manera desarticulada de acuerdo con los fines que persigue cada tipo de organización, como es el caso de los grupos de intelectuales, las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de profesionales, organizaciones sindicales, fundaciones altruistas, organizaciones políticas, etc. Todo este tipo de organizaciones no se fusionan en una sola masa que se pueda mover con base a intereses comunes en los asuntos de interés público (problemas y demandas de gran impacto: violación de derechos humanos, inseguridad y delincuencia organizada, etc.) que logre una presión e impacto más efectivo para la misma sociedad y el gobierno. Se puede decir que los espacios donde se abordan los problemas de interés público en el contexto actual, y que se pueden considerar como los foros de la sociedad civil, son por ejemplo las discusiones intelectuales en las universidades que no trascienden más allá de sus fronteras, las formas populares de asociación y reunión para proteger sus intereses, reuniones informales en los cafés, entre otros, que pueden representar el ejercicio y aprendizaje de la ciudadanía porque florece la deliberación sobre los problemas de interés común (Cohen y Arato, 2000, p. 71), pero que en lo general no trasciende como un movimiento de impacto de la sociedad civil que impulse el cambio en el régimen de gobierno. Sin embargo y a pesar de lo comentado, es indudable que los niveles (bajo o alto) de movilización, ya sea de entidades colectivas unificadas o de entidades particulares de la sociedad son de gran importancia de cualquier manera (Cohen y Arato, 2000, p. 72), lo que nos mueve a buscar nuevas alternativas y estrategias para fortalecer su actuación en la toma de decisiones de interés público.
En América Latina el tratamiento histórico de la sociedad civil por regímenes de gobiernos represivos (o autoritarios) como fue el caso de Argentina, se ha centrado en la atomización, despolitización y privatización de la sociedad, creando una esfera pública completamente manipulada y controlada (Cohen y Arato, 2000, p. 72), lo que por supuesto es aplicable al caso mexicano. En general, los regímenes de gobierno autoritario-burocráticos nunca han logrado resolver sus problemas de legitimidad, es decir, ha sido el talón de Aquiles (Cohen y Arato, 2000, pp. 72, 73) de los que están en proceso de democratización y de los que ya se consideran democráticos; esto evidentemente fundamenta la enorme cantidad de obstáculos que ha tenido la sociedad civil para consolidarse, y por lo tanto generar cauces formales e institucionales de participación en los asuntos de interés público; en México sin duda seguimos en el proceso, primero para concientizar (movilizar) y organizar a la sociedad y segundo para proponer y establecer los mencionados cauces institucionales, que evidentemente en lo general no existen para la intervención en el proceso de las políticas públicas y en todos los asuntos que son del interés público.
La estrategia para lograr el nivel de movilización requerido y la formación de la estructura organizacional de la sociedad civil resultan fundamentales, ya que para el Estado es más fácil suprimir o cooptar a las organizaciones sociales que no se encuentran altamente concientizadas y articuladas organizacionalmente (Cohen y Arato, 2000, p. 73) y que en el mejor de los casos dichas organizaciones operan como mediadoras entre el Estado y la sociedad.
En la actualidad, cuando se empiezan a materializar las sociedades abiertas que inciden fuertemente en las decisiones públicas, sin duda es un imperativo renovar los esfuerzos para la concientización y organización de la sociedad civil, no para que actúe como mediadora, sino como el factor fundamental para impulsar el desarrollo democrático y social en una nueva esfera de actuación formal-institucionalizada (Cohen y Arato, 2000, p. 74) que involucre invariablemente a los ámbitos político, económico y social. De estos tres ámbitos la primera estrategia se debe orientar hacia la creación y consolidación de una sociedad política que garantice la transición hacia la democracia. No nos referimos a la “sociedad política” que ha intentado imponer el Estado a la sociedad como formas de organización política, que incluye a los partidos políticos, las instituciones y mecanismos electorales, las legislaturas y sus formas de negociación, entre otras, que se han constituido como las mediadoras entre el Estado y la sociedad; nos estamos refiriendo a las formas de auto-organización de la sociedad civil (Cohen y Arato, 2000, p. 75), que es la única garantía para impulsar el desarrollo democrático real y la intervención institucionalizada de la sociedad en los asuntos de interés público.
Para el caso de nuestro país históricamente los gobiernos priístas de la federación sobre todo en el marco del periodo corporativista se establecieron pactos económicos y sociales que permitieran debilitar o controlar las inconformidades y demandas sociales. Inclusive es conveniente mencionar que Enrique Peña Nieto al inicio de su gestión como Presidente de la República (2012-2018) impulsó el mencionado y trillado Pacto por México como una de sus estrategias fundamentales de gobierno, que fue firmado (diciembre de 2012) por los representantes de los principales partidos (PAN, PRI, PRD y PVEM). Al respecto Cohen y Arato (2000, p. 76) explican con mucha claridad las implicaciones que tienen los pactos en el proceso de desarrollo democrático. Nos dicen que los pactos pueden incidir y orientarse hacia el lado elitista y administrativo con “sentido estratégico” por quienes los operan, que es la orientación común; los pactos se constituyen como elementos intermedios “no democráticos”, sobre todo cuando se establecen entre los partidos de la oposición y el régimen de gobierno (como es el caso mexicano). Este tipo de pactos son exclusivos, no son del todo públicos con la claridad que exige la sociedad y por lo general están orientados a reducir drásticamente el conflicto en el sistema político, debido a que su objetivo implica exclusión y desmovilización; su violación de las normas democráticas tiene consecuencias negativas para el impulso de una concientización y cultura política, ya que generalmente los pactos garantizan ciertos intereses de quienes ocupan el poder (Cohen y Arato, 2000, p. 76) político y económico.
Los pactos como estrategia política y de control social, se suman a la represión selectiva, la cooptación, la manipulación, la desilusión y canalización de la oposición hacia los sistemas de partido y electoral, que han afectado y desmovilizado a la sociedad en su lucha por la democratización; donde resalta la despolitización de la misma sociedad (Cohen y Arato, 2000, p. 78) y la creación y consolidación sistemática de lo que se ha denominado “la sociedad política” que está integrada por los partidos políticos, las instituciones-disposiciones electorales y los órganos legislativos, así como las formas de negociación que se establece entre las mismas organizaciones políticas, o bien entre ellas y el gobierno; todo lo cual impacta en la falta de interés para impulsar la organización social y su participación en los asuntos públicos y específicamente en la política por parte de la sociedad civil y sus organizaciones.
5.2 Evolución histórica de la sociedad civil en México
La evolución y posicionamiento de la sociedad civil en México ha tenido serias dificultades debido a la actuación de un gobierno con presidencialismo que ha sido extralimitado en su actuación y que históricamente ha generado una gran cantidad de obstáculos para que el proceso de democratización avance de acuerdo a lo que demanda la sociedad. Actualmente la sociedad civil, las comunidades organizadas y la ciudadanía mexicana han ampliado su intervención a pesar de las limitantes que hasta la fecha instrumenta el gobierno en muchos asuntos que son del interés público; pero también se siguen teniendo serias limitaciones para lograr una fiscalización y exigirle cuentas al gobierno en asuntos que son fundamentales y estratégicos para la sociedad, como son la falta de claridad y veracidad en el manejo de problemas relacionados con la administración, procuración e impartición de justicia, violación flagrante en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas por parte de políticos y dirigentes de instituciones gubernamentales, credibilidad política relacionada con los procesos electorales, entre otros tantos aspectos.
En la Región Latinoamericana los gobiernos dictatoriales, altos niveles de corrupción, perversión en la actuación gubernamental y otra gran cantidad de problemas generados por los regímenes de gobierno, ha generado como exigencia en el planteamiento del marco teórico de la política pública que el elemento sustancial de la misma sea la participación e intervención de la sociedad tanto en las políticas públicas y además como el factor principal que genere el contrapeso a la actuación gubernamental. Bajo este contexto por definición la intervención de la sociedad civil, comunidades organizadas y ciudadanía en general en todos los asuntos de interés público se constituye como un elemento indispensable.
Como comenta Cohen y Arato, el fortalecimiento de la sociedad civil se encuentra directamente relacionado con el proceso de democratización política, a mayor democratización mayor participación de la sociedad civil en los asuntos que son de interés público. En el ámbito latinoamericano las organizaciones de la sociedad civil, comunidades y la población en general, se constituyen como el elemento fundamental en lo que conceptualizamos como política pública; ya que la atención de los asuntos de interés público si no tienen el ingrediente de la participación social en todas las fases o etapas del proceso las conceptualizamos como políticas gubernamentales. Aclarado este aspecto podemos decir que el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en general se mueven en los siguientes ámbitos y/o funciones (Tapia, 2012, p. 166):
A pesar de este marco amplio y sustancial donde intervienen las organizaciones de la sociedad civil, se puede argumentar que la intervención de las mismas en México históricamente ha sido muy limitada o bien frenada por las autoridades gubernamentales en turno; argumento que sigue siendo válido para la administración federal 2012-2018.
Una vez planteada la importancia de la sociedad civil y sus organizaciones que se constituye como el actor fundamental tanto en el impulso del proceso de democratización política y en general para la atención de los asuntos de interés público, veamos cual ha sido su difícil proceso de evolución en el caso mexicano.
Retomamos la descripción que hace Rubén Aguilar (2012) en su libro La Sociedad Civil en México. Aguilar plantea que se pueden identificar tres etapas en la evolución de la sociedad civil en México en el siglo XX (Aguilar, 2012, p. 96):
Al concluir la Revolución Mexicana (1910-1920) nace un nuevo Estado y sistema político en México, cuya actuación se centra en dos ejes principales; por un lado la aplicación de una política de intervención en la economía (Estado interventor), aunado también a la aplicación de una política de bienestar social que se encaminaba a la creación de los sistemas de seguridad social y laboral de la clase trabajadora (Estado de Bienestar). Además de las dos vertientes que inciden en la legitimación del gobierno, éste establece un control político en los distintos sectores de la sociedad a través de organizaciones que se crearon para tal efecto, y que dan origen a lo que se denominó el corporativismo en México; en este sentido podemos identificar los casos de las organizaciones sindicales (CTM, CROM, entre otras) para controlar a la clase obrera, y las confederaciones (específicamente Confederación Nacional Campesina) que permitió establecer el control de los campesinos, siendo sobre todo este sector de población los que jugaron un papel determinante en la Revolución de 1910.
Para afianzar lo comentado después del triunfo de la revolución, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se expande y fortalece el corporativismo que permite controlar a los obreros, campesinos y sectores populares, incorporándolos al partido oficial y otorgando privilegios y prestaciones cuyos beneficios eran principalmente para los dirigentes de las distintas organizaciones que se constituían como el instrumento de control corporativo (Aguilar 2012, p. 97).
Es indispensable comentar que durante el periodo de inicio y florecimiento del Estado benefactor en México, fue prácticamente imposible el desarrollo de la sociedad civil; ya que el gobierno como parte de su actuación, inhibe el surgimiento de organizaciones de carácter independiente y autónomo; esto se debe a que el gobierno mantiene una presencia hegemónica en la vida organizativa de la sociedad, porque vinculaba todo el esfuerzo de construcción social hacia la relación con el denominado Partido de Estado, limitando así la autonomía de las iniciativas y por lo tanto transformándolas hacia la orientación partidista (sindicalismo, agrarismo, indigenismo, etc.) (Aguilar 2012, pp. 97- 98).
Durante este periodo el nacimiento y desarrollo de la sociedad civil organizada es muy incipiente, sin embargo a pesar del control corporativo desde finales de los años treinta hasta finales de los cincuenta se generan los primeros movimientos nacionales de ferrocarrileros y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, cuyas demandas se centran en la libertad de organización, la democracia y el mejoramiento de las condiciones de vida. Evidentemente son movimientos que escapan al control del gobierno, y por lo tanto la única manera de controlarlos es a través de la represión (Aguilar 2012, p. 98).
También durante este periodo surgen de manera muy limitada las organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan en favor de terceros (ejemplo: Secretariado Social Mexicano, Movimiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito que se transformó en la Confederación Mexicana de Cajas Populares); en los años cincuenta aparecen las organizaciones empresariales y/o profesionales (fundaciones) de naturaleza altruista, y desde sus posiciones religiosas o políticas generan organizaciones de la sociedad civil que se constituyen con autonomía del gobierno. Es importante comentar que en este periodo la iglesia católica es la constructora inicialmente de las organizaciones sin fines de lucro (Aguilar 2012, pp. 98 - 100).
La década de los sesenta se constituyó como una de las épocas más turbulentas de la humanidad. La Revolución Cubana y el comunismo que trataba de exportarse hacia los países latinoamericanos, la guerra fría que estaba encabezada por la Unión Soviética (URSS) representante del bloque socialista y Estados Unidos de Norteamérica representante del bloque capitalista, la guerra de Vietnam, movimientos de hippies en los Estados Unidos de Norteamérica, movimientos de las personas de color encabezadas por Martín Luther King que impulsó la lucha no violenta por la igualdad racial, movimientos artísticos de rock and roll (Beatles y Rolling Stones, entre otros) y el asesinato del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica (J. F. Kennedy) en Dallas, Texas, entre otros tantos eventos.
La Revolución Cubana (diciembre 1959) impactó de manera decisiva en la consciencia de millones de latinoamericanos sobre todo en determinados sectores universitarios, en el sindicalismo, en la iglesia católica, en los partidos y organizaciones políticas (Aguilar 2012, p. 100), aunado a los impactos que generó la Guerra Fría y el avance del comunismo.
Al comienzo de la década de los 60 en los países de América Latina se inicia un proceso caracterizado por la toma de conciencia y mayor participación de los ciudadanos en las tareas sociales (Aguilar 2012, p. 100). A pesar de la represión que se generó por parte del gobierno en esta década, se multiplicaron los movimientos de maestros, campesinos, médicos, telegrafistas y estudiantes por todo el país. Crecieron también las cooperativas, organizaciones gremiales, cajas populares, grupos culturales-artísticos y asociaciones civiles sin fines de lucro. Estas nuevas organizaciones se centraban en la gestión propia y en ser espacios de participación ciudadana (Aguilar 2012, p. 101).
Para contribuir a resolver los problemas sociales que aquejaban al país, a nivel nacional se crearon organizaciones como: el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C., Instituto de Fomento de la Casa Mexicana, A.C., Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., Promoción del Desarrollo Popular, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Estudios Educativos, A.C. (Aguilar 2012, p. 101), entre otras tantas organizaciones de la sociedad civil que se crearon en las entidades federativas, según sus necesidades y perspectivas.
En 1968 proliferan las revueltas estudiantiles en todo el mundo, alcanzando notoriedad las de Francia, Estados Unidos y México. Con el movimiento estudiantil de 1968 se abre una nueva etapa en la historia del país. Es el origen de muchos, sino es que de todos los cambios que sobrevendrán a la sociedad mexicana. A partir de entonces ya no es válido ni posible regresar al pasado; la decisión es construir un nuevo país. Una repercusión del movimiento es la aparición de grupos diversos de jóvenes universitarios que tratan de incidir en cambios estructurales a partir de su inserción en comunidades rurales y urbanas, realizando trabajos de promoción social: Unos toman el camino de la guerrilla, otros crean nuevos partidos políticos, otros fundan novedosas organizaciones sociales y otros se deciden por crear organizaciones para ayudar a los demás (Aguilar 2012, p. 103).
El surgimiento de la sociedad civil empieza a ser un fenómeno relevante a principios de los años 70. Ante esta nueva realidad el gobierno reacciona de manera negativa, asumiendo una posición de que cualquier instancia organizada de la sociedad que no esté bajo su control ni responda a sus intereses constituye una amenaza potencial. El gobierno mantiene una actitud pasiva y desconoce el fenómeno e incluso rechaza de muy diversas formas el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (Aguilar 2012, p. 105).
A partir de los 70’s se establecen dos vertientes de trabajo en favor de terceros de las organizaciones sin fines de lucro:
Durante este periodo aparecen nuevas formas de solidaridad y autogestión entre la gente que requería resolver problemas comunes; por lo que se dio paso a nuevos modelos de colaboración, apareciendo organizaciones de apoyo especializados en atención a demandas básicas como: vivienda, educación, asesoría jurídica, y necesidades de grupos concretos, como las planteadas por mujeres y jóvenes. (Aguilar 2012, p. 108)
En los años 80’s empiezan a surgir movimientos de oposición en el campo electoral que adquieren importante visibilidad (en la zona norte del país, en San Luis Potosí, en Juchitán, Oaxaca). También estos años son testigos del surgimiento de nuevos actores sociales y novedosas organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan: grupos ecologistas, grupos feministas y grupos que ya no piensan en liberar a otros sectores sociales, sino en defender sus propios intereses, que se pueden identificar como grupos y movimientos pluriclasistas (Aguilar 2012, p. 110).
Un fenómeno propio de la década de los 80´s es el esfuerzo de las organizaciones en la línea de conformar diversos tipos de redes colectivas e instancias de concertación como las siguientes: Red de Educación Popular, Red de Solidaridad Sacerdotal, Red Artesanal Solidaria, Red Michoacana de Acción Popular, Programa de Formación en la Acción y la Investigación, y el Movimiento de Programas de Salud al Servicio del Progreso Popular, entre otras. También en esta etapa destaca la formación de organizaciones ambientalistas, de grupos feministas y aquellos que desde un enfoque de género trabajan en favor de las mujeres (Aguilar 2012, pp. 110, 111).
En virtud de la incapacidad del gobierno para responder con efectividad a las afectaciones que generaron los sismos en amplias zonas del país y en particular en la Ciudad de México, gran cantidad de personas y organizaciones de la sociedad civil se involucran para participar en el auxilio de la población afectada. Una reacción inmediata a los sismos es que surgen muchas nuevas organizaciones sociales, marcando también una nueva etapa del desarrollo de la sociedad civil y sus organizaciones (Aguilar 2012, pp. 111-112) que operan de manera independiente para enfrentarse al reto que implica la reconstrucción.
Es importante comentar que en 1984 con la explosión de las gaseras de San Juan Ixhuatepec en la Ciudad de México y sobre todo con los sismos de 1985, se constituyeron como los eventos que impulsaron el despertar de la solidaridad y de la conciencia social lo que permitió la intervención popular masiva de participación de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que rebasó ampliamente la capacidad instalada del gobierno. Para tal efecto se crearon nuevas organizaciones como: Coordinadora Única de Damnificados, Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales y la Convención Nacional Urbano Popular, que pasaron de una posición de defensa de la lucha reivindicativa un tanto pasiva a plantear los problemas que aquejaban a la sociedad e impulsar iniciativas para su solución (Aguilar 2012, p. 112). En este sentido surge también la Unión de Víctimas del Temblor, que fue muy efectiva en la movilización de masas y establecer negociaciones que obligaron al gobierno a que hiciera cambios importantes en la política de reconstrucción que había establecido (Somuano, 2010, p. 202).
En materia política, las elecciones de 1988 también son un detonante de la actuación más dinámica y generalizada de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con el que ganó la Presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. El fraude electoral permite que muchas organizaciones de la sociedad civil se incorporen a la lucha político-electoraly también abre el espacio para el encuentro entre la izquierda y el cardenismo representado por disidentes del PRI (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros), surgiendo el Partido de la Revolución Democrática (Aguilar 2012, pp. 112-113).
La falta de legitimidad con la que llega a la Presidencia de la República Carlos Salinas De Gortari lo obligan a que impulse toda una estrategia de posicionamiento en la sociedad mexicana y a nivel internacional; impulsa la reducción del Estado en cuanto a su intervención en la economía con la venta de empresas paraestatales, una apertura comercial de gran impacto con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá que trae consigo un gran proyecto de desregulación comercial-financiera y la entrada sin limitaciones por parte de México a la globalización económica, entre otros aspectos que inciden en lo que se ha denominado Estado Mínimo en el marco del Neoliberalismo. Junto con la intervención en el ámbito económico las acciones del Estado “Neoliberal” en México se concentraron en una política social focalizada, resaltando por su importancia el Programa Nacional de Solidaridad contra la pobreza que se constituye como la estrategia de mayor impacto en materia social impulsada durante el sexenio de 1988-1994; pero que fue producto sin duda de un gran número de demandas sociales, donde jugaron un papel fundamental las organizaciones populares que se intentaron incorporar como parte de la operación de dicho programa, generando de esta manera un reconocimiento por parte del gobierno en relación a la actuación de esas organizaciones (Somuano 2010, p. 203).
Con la instrumentación del Programa Nacional de Solidaridad, el gobierno en turno se interesó en establecer una forma de organización social cooptada y controlada. En este sentido se logran organizar 100 mil comités ciudadanos en los ámbitos rural y urbano para que participaran en la concreción de acciones y con esto obtener los beneficios del mencionado programa para la comunidad que representaban. Al respecto es indispensable comentar que el sistema de control que se aplicaba no dejaba campo de acción a las organizaciones que intentaban caminar en su propia concepción y a partir de sus recursos (Aguilar 2012, p. 113); por lo que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que querían seguir operando fueron cooptadas por el gobierno.
A pesar de lo anterior durante el periodo sexenal de Carlos Salinas De Gortari, en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil se va generando el consenso en torno de que el propósito fundamental del trabajo debe ser influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas y por lo tanto convertirse en un contrapeso de la actuación gubernamental (Aguilar 2012, p. 113), y además constituirse como el actor principal para impulsar el proceso de democratización del país. Al respecto cabe hacer mención que la intervención social desde el punto de vista teórico se constituye como el elemento fundamental e indispensable para que existan las políticas públicas en el contexto de América Latina; de otra manera si dicho elemento no se materializa en la formulación, ejecución, control y evaluación de las mencionadas políticas lo único que se genera son políticas gubernamentales, que si bien atienden los problemas de interés público en su mayoría no son de la entera satisfacción de la sociedad, debido a los múltiples intereses que mueven a este tipo de políticas.
Con la caída del Muro de Berlín (1989) y diversos eventos político-electorales en países de América Latina, se impulsó un mayor fortalecimiento de la sociedad civil en el sentido de adquirir una figura legal, principalmente bajo la forma de asociaciones civiles y organizaciones de asistencia privada debidamente constituidas y al amparo de la ley. Este fue un paso hacia la profesionalización e institucionalización de dicho sector,que hasta entonces había tenido la tendencia de quedarse en una situación de informalidad en su actuación (Aguilar 2012, p. 114).
La crisis política de 1994 (asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu y el Cardenal Posadas), la entrada en vigor del TLCAN, la rebelión Zapatista en Chiapas, entre otros eventos, inciden de manera importante en la concientización de la sociedad civil. El avance del proceso de democratización en el país permitió que a finales de la década de los 90’s las organizaciones ya no sólo trabajan con personas que compartían problemas similares y fungían como intermediarios con el Estado, sino que ahora con sus limitaciones, incidían en impulsar la participación conjunta con el gobierno para diseñar y aplicar proyectos sociales (Verduzco, 2003); intervención que ya podía enmarcarse dentro del marco de la conceptualización de las políticas públicas.
El movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que irrumpió en el Estado de Chiapas a partir del 1° de enero de 1994 también generó un impacto relevante en el involucramiento de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones internacionales. Este movimiento guerrillero puso de manifiesto las disparidades económicas, sociales y culturales que estaban en contraposición al discurso oficial del salinismo. La presión de organizaciones de la sociedad civil de impacto internacional (Human Rights Watch, organizaciones de derechos humanos estadounidenses, Greenpeace, entre otras) presionaron para que se diera una solución no militar al conflicto; lo que permitió el cese unilateral del fuego por parte del Gobierno Federal y se designó a Manuel Camacho Solís como representante del gobierno para impulsar el diálogo con el EZLN, trascendiendo las acciones para su solución durante el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Además es conveniente comentar que a mediados de los 90’s el enorme malestar social acumulado que llegó a su punto máximo con la crisis política generada al final del sexenio de Salinas De Gortari, y a pesar del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) que llegó con un doble discurso, relacionado por un lado con una campaña del miedo y por otro de lograr la estabilización del país; la ciudadanía impulsó la alternancia en el poder en México después de 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional.
A pesar de que a partir de la segunda mitad de los 90’s (periodo sexenal de Ernesto Zedillo Ponce de León) el ejecutivo federal había perdido buena parte de sus facultades metaconstitucionales, la democratización y el acotamiento del poder que ostentaba seguía siendo un tema central. Por esta razón en este mismo periodo la sociedad civil a través de las posiciones de académicos y activistas sociales así como algunos partidos políticos, coincidían que era urgente impulsar una reforma democrática del Estado Mexicano (Isunza y Olvera 2010, p. 491) y por lo tanto acotar y establecer un contrapeso real a la actuación gubernamental. La realidad política bajo la cual se generó la alternancia en el poder ya no es posible explicarlo de manera tradicional en el marco de una lucha por el poder entre partidos políticos que se aprovechan de los movimientos e inconformidad social; sino que salta a la arena política con mayor posicionamiento la sociedad civil y sus organizaciones para establecer un contrapeso real a la actuación gubernamental de los tres poderes constitucionales.
Dos días después de las elecciones del 2000 (4 de julio) el diario europeo Neue Zürcher Zeitung se sorprendió por el proceso electoral en México que se había llevado con toda calma y sin problemas, a pesar de los setenta y un años que se había mantenido en el poder el PRI (Becerra et al 2008, p. 485). Decía el diario que después de los comicios las calles mexicanas amanecieron con calma y paz lo que se parecía como si fuera una vieja democracia occidental (Becerra et al 2008, p. 486). La realidad es que la sociedad (ciudadanos) y sus organizaciones activas políticamente se habían expresado abrumadoramente en los comicios para impulsar el cambio y con la esperanza de que se avanzara en el proceso de democratización política del país, ya que como comentan Cohen y Arato a mayor democratización política existe una mayor intervención y posicionamiento de la sociedad civil y sus organizaciones.
El tratamiento y vinculación de la sociedad civil en materia de políticas públicas que se generó a partir del 2000 con la alternancia política (doce años de gobierno panista que concluyó en 2012) hasta el término del gobierno priista 2018, no generó un avance significativo (que marcara un referente digno de considerar) en la relación sociedad civil y gobierno que permitiera atender de manera conjunta los asuntos que son del interés público. Más bien el posicionamiento de la sociedad civil (sus organizaciones y ciudadanía), donde también integramos como un sector de población fundamental a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales (históricamente excluídos del desarrollo económico y social, y que han sido objeto de una marginación y represión sistemática por parte del gobierno y de las élites políticas y económicas) ha sido de manera autónoma e independiente. La sociedad civil se ha constituido desde finales del siglo XX y sobre todo en el presente siglo como el contrapeso real (su derecho por naturaleza) del gobierno, y además se posiciona como el actor fundamental (con independiencia y autonomía) para la atención de los asuntos que son del interés público. Por lo que respecta a los pueblos indígenas y comunidades rurales también desde finales del siglo pasado (principalmente a partir de los años noventas) han encabezado un largo camino de movimientos sociales donde sus principales demandas han sido (Leo y López, 2006): 1) Que se respeten sus derechos individuales (como personas indígenas) y colectivos (como pueblo indígena), 2) Que la visión del desarrollo económico y social del Estado se transforme en el sentido de que garantice la integración de los pueblos indígenas y comunidades rurales al mismo, salvaguardando una economía endógena comunitaria protegida y sus rasgos culturales, 3) Que se garantice la propiedad comunitaria de sus recursos naturales, ya que en el mejor de los casos, sólo se les permite el usufructo, 4) Que el Estado les reconozca sus propias formas de gobierno, 5) Que se reconozca su derecho a administrar e impartir justicia con base en sus usos y costumbres, 6) Que se reconozca su derecho a diseñar su propio desarrollo, y no se les trate de imponer planes por parte del Estado, y 7) Que se reconozca y respete su cultura, en el marco del derecho internacional. Hasta la fecha en el caso mexicano estas demandas de impacto que plantea este sector de la población no se han resuelto en la práctica, a pesar de las iniciativas de reformas constitucionales a nivel federal y en varias entidades federativas (que tienen sus limitaciones), así como algunas leyes reglamentarias que se han impulsado en los mismos dos órdenes de gobierno.
Uno de los actores principales que forma parte de las organizaciones de la sociedad civil, y que tiene que ver directamente desde la academia con el desarrollo científico y por supuesto proporcionar y coadyuvar en la atención de los problemas y asuntos en general que son del interés público, son las instituciones de educación, con énfasis principal en las del nivel superior. En este marco conviene mencionar que las instituciones de educación superior, desde la perspectiva de la administración, no han abordado con la seriedad que exige los objetos de conocimiento de la Sociedad Civil, sus Organizaciones y Ciudadanía; así como los Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales. El estudio de estos objetos de conocimiento nos plantea un enorme campo de oportunidades:
Con la experiencia y conocimiento histórico y actual acumulado por las organizaciones de la sociedad civil así como de los pueblos indígenas y las comunidades rurales se está en las mejores condiciones para el diseño y puesta en práctica de planes de estudio como se detalla a continuación:
SOCIEDAD CIVIL, PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES RURALES EN EL MARCO DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: INCIDENCIA EN LO PÚBLICO:
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES RURALES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES IMPULSORES DE SU PROPIO DESARROLLO:
Consideramos que la atención del sector social analizado, académicamente es una responsabilidad social de las instituciones de educación superior que han dejado de cumplir, porque las visiones del desarrollo hegemónico vigente ha cooptado también a la academia. Sin duda se tiene un enorme reto que es urgente abordar, ya que esta parte de la sociedad que estamos tratando se constituye como una parte sustancial y prioritaria de una nueva vía del desarrollo que efectivamente sea sustentable y sostenible en el largo plazo.
7. FUENTES DE INFORMACIÓN