Indira Samper Sanabria *
Reynaldo Jiménez Guethón**
Nayibis Díaz Machado ***
Universidad Agraria de la Habana, Cuba
Email: barbyindi@nauta.cu
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Resumen
El presente estudio constituye un acercamiento desde la teoría y la práctica al impacto de las políticas agrarias relativas al usufructo en jóvenes rurales en el municipio Santa Cruz del Norte. La historia del usufructo en Cuba comienza desde la etpa de la colonia e incluso se desarrolla durante los posteriores períodos; sin embrago el máximo auge en cuanto a producción y beneficios producidos para sus benefactores se ha otorgado con la Actualización del Modelo Económico y Social cubano que comienza a implementarse a partir del año 2008; la interpretación de los Decretos-Ley 259, 300 y 358 y su puesta en práctica demuestran la cada vez mayor necesidad de implicar al sector juvenil de los contextos rurales en las labores agrícolas para asegurar la sostenibilidad de la actividad agraria; así como la capacidad y competitividad en el sector.
Palabras clave: políticas agrarias, usufructo agrario y juventud rural
Abstract
This study is an approach from theory and practice to the impact of agrarian policies related to usufruct in rural youth in the municipality of Santa Cruz del Norte. The history of the usufruct in Cuba begins from the colony and even develops during the later periods; However, the maximum boom in terms of production and benefits produced for its benefactors has been granted with the Update of the Cuban Economic and Social Model that begins to be implemented as of 2008; the interpretation of Decrees-Law 259, 300 and 358 and their implementation demonstrate the growing need to involve the youth sector of rural contexts in agricultural work to ensure the sustainability of agricultural activity; as well as the capacity and competitiveness in the sector.
Keywords: agrarian policies, agrarian usufruct and rural youth
Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato:
Indira Samper Sanabria, Reynaldo Jiménez Guethón y Nayibis Díaz Machado (2019): "Impacto de las políticas de usufructo agrario en la juventud rural de Santa Cruz del Norte", Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, (marzo 2019). En línea:
https://www.eumed.net/rev/oel/2019/03/politicas-usufructo-agrario.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/oel1903politicas-usufructo-agrario
Introducción
El desarrollo rural ha sido una de las objetivos estratégicos que se persiguen en la consolidación de las sociedades, es por ello importante: la coordinación interinstitucional en la búsqueda de la equidad, la competitividad y la sostenibilidad en la agricultura, entendido como la necesidad de que las instituciones estatales se orienten a facilitar las transformaciones del sector, para que promuevan la innovación, la industrialización, y los agronegocios, pero de igual forma el enfoque participativo del papel de los actores socioproductivos es fundamental en esta actividad económica para trazar las transformaciones y establecer prioridades en correspondencia con las necesidades básicas.
En este escenario, la labor de la familia es primordial en el caso de la actividad agraria en las zonas rurales, pues depende en gran medida de la transmisión de dicha actividad intergeneracionalmente, es por ello que resulta provechoso reforzar los vínculos de los agricultores familiares con los mercados y las cadenas de valor para incrementar los precios pagados por sus productos y la obtención de relaciones comerciales de mayor fidelidad y estabilidad en cuanto al tiempo, y de igual forma incrementar la seguridad social frente a riesgos en la agricultura familiar, así como el acceso a capitales de riesgo que se pueda orientar a fomentar el crecimiento de pequeñas empresas agrícolas.
Al respecto plantea ALARCÓN (2014) que en respuesta a los nuevos desafíos económicos se enfatiza en el cumplimiento de las metas ambientales y sociales, además de equiparar la distribución entre los agricultores y territorios rurales, agilizar el desembolso de los aportes a los pequeños productores y promover la inserción de jóvenes a la agricultura, logrando de esta forma la sostenibilidad intergeneracional de la actividad agrícola (IICA1 , 2015).
En cuanto al cumplimiento de esta meta, en el caso Cuba se han desarrollado estrategias para su puesta en práctica de políticas que desarrollen la sostenibilidad del trabajo agrícola desde productores rurales; teniendo en cuenta que desde el triunfo revolucionario el trabajo ha sido considerado como un derecho, un deber y una de las premisas fundamentales del Estado ha sido el acceso de los jóvenes al empleo (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, 2009). Por tanto en el llamado proceso de Actualización del Modelo Socialista Cubano que comienza con la adopción de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido2 y la Revolución en abril de 2011, esta transformación del modelo se desborda del ámbito económico para evidenciar aspectos sociales fundamentalmente que heterogenizan ampliamente la sociedad cubana.
Es por ello que uno de los aspectos fundamentales a tratar en la propia concepción de los Lineamientos ha sido la sostenibilidad de la agricultura a partir de otorgarle mayor peso a la familia en la creación de espacios laborales para la inserción de las nuevas generaciones, o sea la juventud, aspecto que se observa desde el Lineamiento 154 que manifiesta la finalidad de: “Desarrollar una política integral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, en especial en jóvenes y mujeres (…)” (ANAYA y GARCÍA, 2017: p.71).
Respecto a esta concepción PÉREZ esclarece que “Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura” (PÉREZ, 2001: p.18), donde el mantenimiento de costumbres y tradiciones propias del estas regiones son punto de partida desde los jóvenes como grupo etario de continuidad del legado familiar.
En términos generales la juventud es un tema estudiado por diversos autores a nivel nacional e internacional, siendo objeto de concepciones diversas, pues difieren sus características según: el grupo etario al que se corresponde, por las representaciones sociales que se crean en esta etapa o por la identidad que se tiene o no en correspondencia con la dinámica familiar, local o nacional. Es por ello importante destacar que las políticas a tener en cuenta para este grupo etario debe recoger su necesidades básicas con participación y fomentando actitudes y concepciones a tono con exigencias de las circunstancias histórico-espaciales.
En caso de esta propuesta de investigación se reconoce que la juventud rural es un recurso muy importante a la hora implementar una estrategia de desarrollo social a largo plazo; por tanto se han creado diversas opciones de empleo para los jóvenes que habitan en localidades rurales; entre las cuales se encuentra la entrega de tierras ociosas en usufructo como parte de la puesta en práctica del Decreto-Ley 300, la creación de Cooperativas no Agropecuarias en el área de servicios sobre todo tecnológicos, y el trabajo por cuenta propia donde han proliferado los restaurantes y paladares, estos últimos con una presencia mayoritaria de jóvenes (especialmente féminas).
Esta potencialidad del trabajo agrario se ha realizado mediante la implementación en el país de importantes transformaciones para desarrollar las políticas de empleo y agrarias de forma simultánea en la juventud rural, como parte de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución: la Ley 116 /2013. Código de trabajo (sobre el cumplimiento del servicio social de los profesionales recién graduados); Decreto Ley 300/ 2012 referido a la entrega de tierras ociosas en usufructo; la Resolución Ministerial 449/2013, entrega de tierras ociosas en usufructo a los jóvenes licenciados del Servicio Militar Activo; Decreto 63/80 de las responsabilidades de los organismos con la formación vocacional y orientación profesional; Resolución 170 MINED (Modalidades de la formación vocacional y orientación profesional); Procedimiento para la implementación y control de las responsabilidades de las entidades del sistema de la Agricultura en la captación de la demanda de formación y ubicación de la fuerza técnica calificada.
Desde la puesta en práctica de la ley de entrega de tierras ociosas en usufructo, según datos de la FAO (2016) en Cuba las provincias con los mayores por cientos de jóvenes que se han acogido a la misma son Ciego de Ávila (35.2%), Santiago de Cuba (29.3%), Cienfuegos (27.1%), Guantánamo (26.1%), La Habana, Mayabeque y Pinar del Río (22%), Holguín (21%) y Villa Clara con el nivel más bajo (19.9%). (ONEI3 , 2016).
Teniendo en cuenta estos aspectos en la presente investigación se analiza el grupo etario de jóvenes entre los 26 y 35 años de edad ((grupo etario seleccionado para la presente investigación porque al acogerse al usufructo como modo de producción de la tierra ya tienen una madurez y tradicionalidad en la producción que permite resultados confiables a los fines de la investigación), según los datos arrojados en el Censo de Población y Vivienda del 2012 (ONEI), en el caso cubano el entorno rural se ha visto intervenido por un total de 78013 usufructuarios de tierras, 30027 asociados a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 18479 a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), así como 16035 contratados en actividades agropecuarias (BOMBINO, MARTINTO Y ESTÉVEZ, 2017).
Para analizar la puesta en práctica de las de las transformaciones implementadas en el medio agrario desde el 2007 hasta la actualidad, así como las valoraciones que tienen los jóvenes rurales respecto a las mismas, teniendo en cuenta las opiniones de los miembros familiares respecto a las mismas; es que la siguiente investigación propone como Problema de Investigación: ¿Qué impactos generan las políticas de desarrollo agrario relativas al usufructo de tierras en la juventud rural implicada en el Decreto-Ley 300 en el municipio Santa Cruz del Norte?
Objetivo general: Valorar impactos de las políticas de desarrollo agrario relativas al usufructo de tierras en la juventud rural implicada en el Decreto-Ley 300 del municipio Santa Cruz del Norte.
Objeto de estudio: políticas de desarrollo agrario
Unidad de Estudio: desde lo social y lo institucional; se analiza la juventud rural de Santa Cruz del Norte (entre 26 y 35 años)
La obtención de datos sobre el tema conlleva una investigación que permite analizar consecuentemente la teoría que existe, para lo que fueron vitales los siguientes métodos de obtención de información de fuentes teóricas:
Histórico-lógico: Resultó indispensable para la búsqueda de fuentes pertinentes y analizar la perspectiva histórica del proceso de formación de las políticas de desarrollo agrario desde su origen hasta la actualidad, así como la diversidad de fenómenos socioeconómicos y políticos propios de cada etapa, que han contribuido a las transformaciones y enfoques actuales de la vida rural en las comunidades del Rubio y Picadura (ÁLVAREZ, 2000).
Analítico- Sintético: Se aplicó como método al propio análisis de la evolución que ha tenido el concepto de políticas de desarrollo agrario y juventud rural en los diferentes contextos, y el tratamiento que se le ha dado a partir de las más diversas disciplinas para finalmente lograr una construcción teórico-conceptual que sustente el análisis en función de los objetivos esenciales de la presente investigación (IBÍD.).
Inductivo-Deductivo: En este estudio consiste en un enfoque principalmente interpretativo de algunas particularidades en el tratamiento de la juventud rural en comunidades con tradiciones socioproductivas desde su fundación, con el fin de extraer nuevas aristas. Para ese análisis se parte de algunos referentes generales relacionados con el papel social de las políticas agrarias y de la juventud rural para el desarrollo de la nación (IBÍD.).
Análisis documental: Consistió en el análisis de normas legales que han marcado pautas en el sector agrario, como las leyes de Reforma Agraria, el Decreto-Ley 259 y el actual 300, la Resolución Ministerial 449/2013, entrega de tierras ociosas en usufructo a los jóvenes licenciados del Servicio Militar Activo. Mediante esta técnica se pudo ilustrar la esencia y algunas proyecciones de decisiones y hechos transformadores del sector agrario cubano, posterior a 1959.
Para ampliar la información obtenida de fuentes teóricas se proponen los siguientes métodos de obtención de la información del nivel empírico:
Observación participante: Se observarán los comportamientos de los jóvenes en cuanto al usufructo, sus niveles de acceso a la tierra, su productividad y conocimientos referentes a la actividad agraria y de igual forma sus relaciones y tradiciones familiares para conocer si la producción en el campo es heredada o aprehendida en el propio proceso de inserción en dicha transformación; sin embargo se trabajará con la juventud agraria desde el trabajo diario, intentando que no vea al investigador como agente externo sino que se familiarice con su presencia (este aspecto es favorecido en este estudio porque el investigador es parte de la juventud rural de Santa Cruz del Norte, aunque no es sujeto activo en el usufructo)
Entrevista: Como método permite profundizar en elementos propios sobre la temática de investigación, es por ello que se realizará a Expertos (Se le aplicará a especialistas en los temas de políticas de desarrollo relativas al usufructo y juventud rural para que den sus valoraciones acerca de la relación entre dichas variables y el desarrollo sostenible en Cuba) y Entrevista en profundidad: A la juventud rural (de 26 y 35 años) del municipio Santa Cruz del Norte que se han acogido a las políticas de entrega de tierras en usufructo desde el 2007, con el fin de comprender la importancia que tienen las políticas de desarrollo agrario y su impacto en la juventud rural para la continuidad o no de la actividad productiva como actividad socioeconómica fundamental desde la familia, y de esta forma analizar sus niveles de participación económica y sociocultural que les facilita o no esta transformación.
Grupo focales: Se realizará a nivel de colectivo con 8 de los jóvenes rurales de Santa Cruz del Norte seleccionados como muestra que se hayan acogido al usufructo, para determinar el nivel de participación económica y sociocultural que los mismos poseen en pos de analizar sus perspectivas de los efectos favorables y desfavorables y de esta forma se comprende en mayor medida las valoraciones generales que se posee.
Encuesta a informantes clave: Se aplicará a los miembros familiares de cada uno de los jóvenes rurales seleccionados para realizar la investigación, con el fin de comprender la interrelación que existe intergeneracional e interfamiliar en la transmisión de lo agrario como actividad socioeconómica fundamental.
Escala: Se utilizará para medir los niveles de participación económica y sociocultural de los jóvenes rurales acogidos a los Decretos Ley 259-300 sobre el usufructo de tierras ociosas, donde a los indicadores seleccionados en cada una de estas variables se les otorgará un valor numérico del 0 al 5 para que evalúen los efectos que se han producido en sus vidas personales y familiares mediante esta política agraria.
Este estudio es novedoso, entre otras razones, porque desde las perspectivas de análisis de la política y el desarrollo, se tiene en cuenta el proceso de actualización del modelo económico y social cubano y la importancia que ha tenido la actividad agrícola en el desarrollo socioeconómico del contexto cubano, así como las instituciones agrícolas del país y las cooperativas en la producción de modos de vida y tradiciones familiares que se materializan en la juventud cubana, fundamentalmente en la juventud rural. Es por ello que este estudio propone una valoración del fenómeno desde este grupo etario con elementos culturales que se afianzan en la tradición agraria, lo cual resulta necesario no solo para la recampesinización del campo a la vez que eleva la participación socioeconómica y sociocultural de las nuevas generaciones, aspecto que posibilita la sostenibilidad que se pretende alcanzar en la economía familiar y en la actividad agraria específicamente y que se enfocan desde el desarrollo social en aras de realizar algunas proyecciones que puedan constituir cambios favorables desde los propios beneficiarios a la puesta en práctica del proceso de actualización dentro del medio agrario.
Desarrollo
Los humanos son seres sociales; por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia, que no necesariamente tenía una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos; sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras; para establecer conductas y patrones sociales.
En este propio escenario de necesidad de socialización y de convivencia en los diferentes grupos sociales en los cuales el ser humano se inserta, nace la política con su origen en el mismo ser humano. Es por ello que se considera importante cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas, porque el tema política no solo consiste en el ejercicio del poder sino en la aspiración a realizar unos objetivos.
Al respecto asegura SWAM que los hacedores de políticas deben asegurarse de que estas sean identificadas, comprendidas, apropiadas, e implementadas cuando otros esfuerzos fracasen en el logro del resultado deseado, sin embargo un aspecto medular es la promoción de las políticas a los hacedores y decisores de las mismas, por tanto hay que identificar personas receptivas y que apoyen el desarrollo en tanto las propuestas expliquen claramente sus objetivos fundamentales (SWAM, 2013).
Desde esta concepción la autora considera que en este aporte, los Estados tienen un margen importante de autonomía para decidir las medidas específicas que adoptarán con el fin de hacer efectivos los derechos, lo que es esencial para compatibilizar el enfoque basado en derechos con los procesos nacionales de definición de estrategias de desarrollo y a partir de este precepto se trazan las políticas.
Por tanto según ABRAMOVICH: “Las políticas de desarrollo son capaces de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para la cooperación y la asistencia internacionales respecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional. Ese marco conceptual podría contribuir además a definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados frente a los principales derechos humanos involucrados en una estrategia de desarrollo, tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos” (ABRAMOVICH, 2006: p.35).
Las políticas de desarrollo desde cualquier entorno han centrado sus cuestiones primordiales desde el análisis de caracteres sexuales, poblacionales, universitarios, de transporte, tecnológicas y agrícolas; siendo esta última un sistema productor de elementos culturales propios de esta actividad. Precisamente por ello es que la agricultura como actividad humana de acceso a servicios básicos para el ser humano está prevista como política de desarrollo por la sobreexplotación de las tierras en uso de los territorios; no solo como asentamientos humanos sino para proveer alimentos a los mismos pobladores.
Para establecer relaciones entre la actividad productiva del hombre con el máximo exponente de la misma: la tierra, así como las relaciones que se establecen con las herramientas de trabajo, es que surgen las políticas agrarias, experimentadas desde una gran evolución y transformación en los últimos años.
En relación con esto DONÉSTEVEZ y MUÑOZ plantean que “Las políticas agrarias suelen ser parte sustancial de las políticas públicas. Como totalidad, se encaminan a la determinación de acciones, programas y proyectos de desarrollo donde la producción de alimentos forma parte esencial de los programas de desarrollo socioeconómico sostenible. Las políticas agrarias son aquellas en la que los gobiernos e instituciones, junto a campesinos y trabajadores agrícolas, proyectan y acceden a las líneas metas deseadas y preestablecidas, las que dan solución a problemas centrales de las clases y grupos sociales del campo” (DONÉSTEVEZ y MUÑOZ, 2017: p. 37)
Las políticas agrarias surgen con la premisa de entregar la tierra a las personas que realmente la necesitaban, es precisamente por ello que en el caso Cuba se observan amplias transformaciones en lo agrario posterior al triunfo de la Revolución; cambios que intentan suplir las diferencias entre los sectores así como las condiciones de vida de los actores socioculturales del campo.
Sin embargo, si bien el proceso de reformas agrarias (1959-1963) en el país implementó grandes transformaciones de infraestructura, vivienda y servicios en el medio rural, el proceso de estatización de la propiedad rural que comienza en la década de los 70 del siglo XX, reforzó otros fenómenos sociales que se mantienen hasta la actualidad como la descampesinización4 y la emigración del campo a la ciudad, acciones estas que comenzaron desde los primeros meses del triunfo revolucionario promovidas por las transformaciones económicas y sociales de principios del proceso socialista, estos fenómenos se acentuaron a medida que crecía el sector estatal y disminuía la propiedad campesina.
Respecto a la situación asegura NOVA que continuaron deficiencias que marcan el sector agropecuario nacional, entre las que se encuentran: la irracionalidad en el uso de los recursos (altos costos de producción); los elevados niveles de ganancia; la actuación del Estado como recaudador en vez de regulador; la prohibición de la participación de algunos productos en el mercado; débil estimulación al productor directo. A lo cual se agregan las trabas en cuanto a la movilidad de los productos y la marcada diferencia entre el precio de venta del productor y de este intermediario, lo cual frena el desarrollo del mercado agropecuario cubano (NOVA, 2012)
Es por ello que como parte del proceso de análisis de deficiencias para la Actualización del Modelo Económico y Social Cubano, a partir del 2011 se establece la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. En estos se plantean una serie de alternativas para reimpulsar la agricultura, entre esas vías está el estímulo a nuevos productores, también como opción ante la disponibilidad laboral resultante de la reducción de plantillas en el sector económico estatal.
Según ANAYA y GARCÍA en 2016 (citado por MERLET y ECHEVARRÍA) “Los lineamientos plantean un programa realmente nuevo en Cuba. Como parte de este proceso, se han implementado; la de entrega de tierras ociosas en usufructo; la ampliación del microcrédito agrícola, la venta liberada de insumos y equipos, el incremento del precio de la leche, carne bovina y algunos productos agrícolas, el comercio directo a establecimientos, hoteles e instalaciones gastronómicas de turismo, la descentralización de la comercialización de los productores agrícolas en el mercado minorista, la contratación libre de la fuerza laboral, la constitución de los mercados agropecuarios con gestión de las cooperativas no agropecuarias” (MERLET y ECHEVARRÍA, 2017: p. 125).
Estas transformaciones necesarias en cuanto a la política económica en Cuba, se centran en un documento político-jurídico desde 2011, pero desde el año 2007 se estaban realizando cambios, un ejemplo de ello en cuanto a lo agrario es la puesta en práctica del Decreto- Ley 259 (septiembre del 2008) y su posterior actualización en octubre del 2012 con el Decreto-Ley 300. Debido al análisis de la puesta en práctica del usufructo y su actualización en el Decreto Ley 300 en agosto del 2018 se deroga este Decreto y el Consejo de Estado emitió el Decreto Ley 358, y su reglamento el Decreto Ley 350, aprobado por el Ministerio de la Agricultura en la Resolución No.376, donde se estipulan nuevas transformaciones que beneficien al usufructuario; pero también le exigen el cumplimiento de la legalidad con mucho más rigor.
En cuanto a la situación legal del usufructo en Cuba, el Código Civil en su artículo 208.1 expresa que el usufructo brinda el derecho al disfrute gratuito de bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. El usufructo es un derecho real, puesto que se reúnen en él los caracteres de inmediatez y absolutividad; por ello el usufructuario tiene un poder directo sobre la cosa y puede ejercer las facultades que le correspondan sin necesidad de la intervención de terceros (VILLALONGA, 2015).
El proceso de Actualización del Modelo Económico y Social Cubano iniciado en 2008 trajeron innumerables transformaciones, posiblemente las más radicales dentro de la agricultura cubana que se implementan posterior a la década de los 90, al respecto lo denomina VALDÉS como la 4ta Reforma Agraria; “Las difíciles condiciones de recuperación de la agricultura en tierras estatales o recientemente desestatizadas dieron lugar a un creciente fondo de tierras ociosas, lo cual planteó la necesidad imperiosa de redistribución en condiciones de usufructo a nuevos cambios, a campesinos tradicionales y a cooperativistas con disponibilidad de fuerza de trabajo está en curso” (GONZÁLEZ, 2016: p.2).
Con todas estas modificaciones se consideran como aspectos favorables de los Decretos leyes:
Y dentro de los efectos desfavorables:
La política rural en Cuba, sus formas y métodos de realización práctica, se han relacionado con las características históricas del sistema agrario dentro de la economía nacional y con los problemas más complejos que plantea la construcción del socialismo. No obstante, en la década de los setenta (S-XX) se comienza a implementar una nueva política hacia el sector campesino dirigida a su transformación en un productor cooperativo, lo que cambia la estructura social del campo cubano.
Es precisamente por ello que ELÍAS asegura que el contexto rural y campesino cubano actual no es ni cultural, ni social, ni infraestructuralmente al de períodos anteriores. El campo cubano se ha diversificado en sus estructuras y poblaciones. Son mayores los niveles de instrucción, de especialización y de interconexión con otros contextos urbanos dentro y fuera del territorio nacional. Todo ello hace que se modifiquen las formas de socialización y las tradiciones culturales (ELÍAS, 2017).
Lo rural funciona como sistema portador de tradiciones, historia e identidad propias, que se expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia, que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental, de los restantes. Según GONZÁLEZ y LARRALDE la manera en que la dimensión humana interactúa con el medio natural depende de la cultura, la identidad cultural, el patrimonio, el sistema de valores, tradiciones y creencias, que esa población que habita en el territorio ha heredado, construido, reconstruido, transmitido, conservado y difundido (GONZÁLEZ y LARRALDE, 2013)
En el contexto rural, la población joven constituye una importante potencialidad con la que cuenta el país para enfrentar los retos del desarrollo rural integral y endógeno. Además, los jóvenes rurales son intermediarios de conocimientos y prácticas innovadora-científicas y tradicionales provenientes de la transmisión familiar, que les permite una mayor adaptabilidad a los cambios socio-técnico productivo y facilita su inserción laboral
Al respecto asegura GÓMEZ “Categoría socio-histórica que designa al grupo humano en formación y desarrollo con rasgos sociodemográficos entre 15 y 29 años, época de la vida en la que se produce la maduración sociopsicológica y que se especifica de acuerdo con su pertenencia a la estructura social. La juventud establece relaciones sociales propias que configuran la condición juvenil en correspondencia con las cualidades específicas de la etapa, formando una identidad juvenil reconocida tanto por los implicados como por la sociedad” (GÓMEZ, 2009: p.41).
En opiniones de BOMBINO la juventud rural es: “Población cuya condición juvenil (prácticas, subjetivaciones, identidades) se (re)conforma y desarrolla en espacios de socialización en torno al espacio rural, bien porque de manera cotidiana residen en asentamientos rurales y/o laboran en actividades agropecuarias” (BOMBINO, 2014: p. 57)
Es por ello que para los fines de la presente investigación se entiende a la juventud rural como aquel grupo etario comprendido entre los 18 y 35 años de edad que se desarrolla en el contexto rural y crea una cultura aportada desde los modos de vida, costumbres, aspiraciones e identidades asociadas a las labores productivas de lo rural; donde existen fuertes vínculos familiares arraigados al trabajo agrario, sin ser dicha actividad la única existente en ese medio. La permanencia o no de este grupo etario en lo rural define la sostenibilidad de las comunidades ubicadas en el mismo porque le aportan concepciones novedosas y la asimilación de nuevas tecnologías para elevar los niveles productivos unido a la calidad de vida de las personas; es por ello que la creación de políticas socioeconómicas para mejorar y diversificar sus posibilidades de participación resulta prioritario en todo país.
De forma general el problema de la participación de la juventud rural es abordado desde dos niveles diferentes; por un lado, ligado a la sociabilidad, es decir, a la presencia juvenil en distintas actividades recreativas y sociales y, por el otro, en términos de participación política, pero en la presente investigación se propone analizar la participación en aspectos económicos y socioculturales desde la actividad agraria.
Al respecto plantea ELÍAS: “La inserción juvenil en las labores de las diversas formas de organización de la producción agropecuaria ha sido compleja y ha estado matizada por constantes desbalances. Hoy en día, dentro del sector estatal, los jóvenes rurales laboran en empresas agropecuarias, avícolas, en tierras del sector azucarero, granjas militares y en áreas del Poder Popular en zonas urbanas, como los organopónicos. Dentro del sector cooperativo colectivo, los organopónicos se encuentran en las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), en las CPA y en las UBPC. De igual manera, existe un número considerable de jóvenes rurales que trabajan en otros sectores de la producción y los servicios, elemento que se visualiza desde fines de la década de los noventa” (ELÍAS, 2017: p. 110).
En todo este análisis hay que dejar claro que dentro de las políticas de la Revolución cubana el desarrollo profesional y educativo de la juventud es una de las esferas que más se han propiciado; por tanto la juventud rural (y también la urbana) tienen la posibilidad de superarse mediante el acceso a carreras universitarias, sin embargo la selección y retención de estudiantes en carreras agropecuarias es baja; incluso de aquellos que son herederos de la actividad agraria por vía intergeneracional y que incluso viven en el medio rural, aspectos estos que les otorga un ambiente considerable para ejercer labores en este sector.
Para el apoyo de estos mismos principios rectores que se persiguen con los Lineamientos, se emite la Resolución Ministerial 449/2013 por el Ministerio de la Agricultura; donde se constituye una política pública de empleo juvenil que beneficia preferentemente a los varones, quienes de forma mayoritaria se alistan en el Servicio Militar Activo (SMA); esta medida beneficia el trabajo agropecuario para aquellos jóvenes desmovilizados del Servicio Militar lo cual les asegura un proceso de trámites más rápido, y las resoluciones tributarias los eximen de pagar impuestos durante 2 años prorrogables a 4.
La puesta en práctica de esta nueva resolución permitió la inserción de un gran número de jóvenes al usufructo de tierras, lo cual se observa en los datos relevados por BOMBINO que expresa que según informaciones ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre 2012 y 2013, se habían otorgado tierras en usufructo a 91 jóvenes desmovilizados del SMA. En el 2012, estos representaban el 0.3% del total y en el 2013, el 0.2% y en 2015 eran 499 (BOMBINO, 2016).
Conclusiones
Sin embargo de manera general es necesario destacar que pese a las limitaciones que continúan teniendo estos cuerpos legales se ha logrado un incentivo dentro de la juventud y sobre todo en la juventud rural en la actividad agraria, lo cual asegura la continuidad de la tradición productiva familiar y la aplicación de nuevas tecnologías a dicha actividad socio-productiva por las características propias de ese grupo etario; sin embargo es necesario trabajar todavía en mejorar su nivel de participación en la conformación de las leyes y su puesta en práctica.
Con todo este análisis realizado se determina la necesidad de continuar investigando a la juventud en el medio rural pues en su mayoría los estudios se han realizado desde la perspectiva de la ciudad. Asimismo, de los análisis que tienen como objeto de estudio a la población residente en zonas rurales, son muy escasos los que se centran en los jóvenes, y se asume la cultura agraria como el trabajo propiamente del campo sin interesarse en los modos de vida, los intereses, percepciones y niveles de participación económica y sociocultural que los mismos poseen en correspondencia con su actividad productiva relacionada con el campo.
Bibliografía