Nhora Magdalena Benítez Bastidas*
Anderson David Maldonado Mina**
Gabriel Álvaro Tapia González***
Santiago Israel Falcón Gordillo***
Universidad Técnica del Norte.Ecuador
nmbenitez@utn.edu.ec
El presente artículo de revisión bibliográfica ha permitido realizar una aproximación a las distintas formas de organización social y política que caracterizan y otorgan identidad a los pueblos kichwas Otavalo, Karanki y Natabuela de Imbabura, a través de una discusión bibliográfica crítica y recopilativa. Estas formas organizativas basadas en los principios de la Cosmovisión Andina son el resultado de un proceso histórico complejo, en donde los movimientos sociales y políticos han luchado de forma permanente por alcanzar el reconocimiento a sus derechos individuales y colectivos ante las distintas constituciones del Ecuador, haciéndose realidad, recién en aquellas de 1998 y 2008. Los actuales movimientos indígenas kichwas de la provincia cuentan con una plataforma política integradora que está preparada para plantear soluciones a los problemas más acuciantes de sus territorios; exigir la ampliación de sus derechos colectivos; forjar alianzas; gestionar la restitución de sus territorios ancestrales; afirmar y reafirmar su presencia a nivel mundial, entre otras. No obstante, el Estado suele percibir a estos derechos como una amenaza a la integridad nacional o consideran que sus exigencias son incompatibles con los intereses del país. De ahí que, el reconocimiento de tales derechos en las dos últimas constituciones del Ecuador tiene poco valor, si en lo posterior, la mayoría de ellos no se ejecutan o sus resultados son poco significativos. Entonces, es recomendable que se reconsideren las políticas públicas en relación a los pueblos indígenas, para conseguir una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Palabras clave: Organización sociopolítica – desarrollo - kichwas – Imbabura.
The bibliographical review in this article has made it possible to approach the different forms of social and political organization that characterize and give identity to the people of Otavalo, Karanki and Natabuela in Imbabura province, through a critical, compilatory and bibliographical discussion. These organizational manners are based on the principles of the worldview and the result of a complex historical process, in which social and political movements have fought permanently for the recognition of their individual and collective rights in the light of the different Ecuadorian constitutions, becoming reality, barely in the constitutions of 1998 and 2008. The current indigenous movements in this province have an integrating political platform that is ready to propose solutions to the most pressing problems of their territories; demand the extension of their collective rights; forge alliances; manage the restitution of their ancestral territories; affirm and reaffirm its presence worldwide, among others. However, the general health state has nothing to do with the interests of the country. Hence, the recognition of these rights in the last two constitutions of Ecuador has little value, if in the future, most of them are not executed or their results are not significant. Therefore, it is advisable to reconsider public policies related to the indigenous peoples, in order to achieve a more equalitarian and solidary society.
Key words: sociopolitical organization - development - kichwas - Imbabura.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Nhora Magdalena Benítez Bastidas, Anderson David Maldonado Mina, Gabriel Álvaro Tapia González y Santiago Israel Falcón Gordillo (2018): “Organización sociopolítica de los pueblos Kichwas de Imbabura, Ecuador”, Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible (octubre 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/delos/33/pueblos-kishwas-ecuador.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/delos33pueblos-kishwas-ecuador
Los indígenas de Ecuador y, concretamente, los kichwas de Imbabura (Otavalo, Karanki y Natabuela) han tenido que luchar a través de la historia por sus convicciones e ideales colectivos, logrando convertirse en actores principales en favor de la construcción de procesos históricos, socio económicos, culturales, políticos, religiosos, ambientales, técnicos y científicos. Lo que ha hecho que hoy tengan patrones y componentes culturales en común, pero también, presentan saberes, aspectos organizativos y rasgos culturales diferenciados, que los identifican y los hacen únicos y diversos.
Los indígenas kichwas de Imbabura, a pesar de toda una historia de explotación, olvido y aniquilamiento, todavía mantienen un legado importante, que es necesario estudiar, preservar y poner en valor. Es muy probable que esta secular marginación social, explotación económica y olvido en definitiva, hayan propiciado un mayor sentimiento de pertenencia, de identidad y de afirmación, así como un aislamiento de autoprotección permanente, que han mantenido sus costumbres y tradiciones hasta la actualidad, aunque son evidentes las señas de un profundo sincretismo, sobre todo idiomático y religioso, y de una importante aculturación en las últimas décadas por la expansión de las mentalidades urbanas, por el comercio internacional (caso de los otavalos), por la emigración y por la globalización (Benítez, Hernández, Gurría, & Cisneros, 2016).
Es preciso resaltar que, aun cuando los conquistadores españoles impusieron la desnuclearización de la estructura social de los pueblos y confederaciones para asegurar su colonización, a través de la deportación y trasplantación de agrupaciones tribales a otras regiones con diferentes climas y costumbres. Pues, en la actualidad, gran parte de los indígenas kichwas de Imbabura, todavía mantienen su legado ancestral apegado a los principios de la cosmovisión andina, pese a las dinámicas intraculturales y a los intensos procesos interculturales. Y, es que, ellos no conciben su desarrollo en el aislamiento o en el individualismo, sino que forman parte de una entidad a la que representan y se sienten representados, como es la organización comunitaria, que se constituye a partir de los lazos de parentesco, territorialidad, lenguaje y cultura, cuyos principios se constituyen en un legado ancestral (Peñaherrera & Costales, 2002).
Por otra parte, el movimiento indígena ecuatoriano viene luchando, desde los años sesenta y con mayor énfasis desde los ochenta y noventa del siglo pasado, a favor del reconocimiento de sus pueblos originarios como nacionalidades, lo que ha implicado la admisión oficial de la diversidad cultural, proyectándose en estos momentos a nivel institucional, político y económico.
En general, a partir de las Constituciones de 1998 y de 2008, han logrado un reconocimiento tácito de las reivindicaciones de unos derechos básicos que les corresponden a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Es así que, la constitución de 1998 ya recogió múltiples derechos de los pueblos indígenas en las áreas de idiomas, salud, educación, identidad, biodiversidad y otras, que la Constitución de 2008 aumentó y enriqueció, bajo el principio de la interculturalidad y con claras intenciones por consolidar la apertura de un nuevo ciclo histórico político en Ecuador, si bien la consecución de todo ello está todavía muy lejana, según parece, a tenor de los parcos resultados alcanzados hasta la fecha.
Concretamente, desde el 2006 empiezan a fortalecerse las estructuras, capacidades y competencias organizacionales estatales con la finalidad de recuperar el legado prehispánico y el patrimonio cultural material e inmaterial de las culturas vivas, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Aunque, para Benítez, et al., (2016), este proceso ha sido lento y no se han conseguido visibilizar cambios positivos y significativos, ya que los esfuerzos han estado concentrados en reformas de la legislación y administración de recursos. Y, además, todavía existen reivindicaciones indígenas que no han sido reconocidas, como es el caso del autogobierno propuesto por la CONAIE o el de los idiomas kichwa y shuar como lenguas oficiales, al mismo nivel que el castellano.
Así mismo, si bien, en la Constitución del 2008 se establecen distintas formas de gobiernos autónomos descentralizados y una mayor participación y alcance de los pueblos indígenas. En la realidad, ha ocurrido todo lo contrario, como en el caso del periodo de gobierno 2009-2013, en donde, de un total de 124 asambleístas, tan sólo había siete indígenas, de los cuáles dos eran mujeres. Y, para el periodo 2013-2017, así como para el 2017-2021, la representatividad indígena no llega al 5%, siendo por lo tanto prácticamente testimonial.
Algunos líderes e intelectuales indígenas, especialmente militantes de ECUARUNARI, difunden los ideales del Sumak Kawsay desde su cosmovisión holística, que implica lo que debe ser el objetivo o la misión de todo ser humano: la persecución del Buen Vivir a través de unas condiciones tanto materiales como espirituales idóneas y acordes con la naturaleza.
Frente a una realidad de permanente y secular discriminación, opresión y pobreza extrema, a partir de los años noventa se ha venido trabajando en una propuesta de desarrollo sustentable, respetando su identidad y cultura. Se han organizado para ello en una serie de asociaciones indígenas y, de hecho, al menos el 80% de las nacionalidades y pueblos se insertan en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que a la vez acoge a las tres grandes confederaciones regionales de la costa (CONAICE), de la región andina (ECUARUNARI) y de la Amazonía (CONFENIAE). Junto a otras asociaciones temáticas, también puede destacarse el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).
En este sentido, en el presente artículo se presentan los resultados de un proceso de revisión bibliográfica relacionada con las distintas formas de organización social y política, que caracterizan y otorgan identidad a los pueblos kichwas de Imbabura. Y, es que, las estructuras de organización comunitaria, de jerarquía y poder, se encuentran ineludiblemente vinculadas al desarrollo socioeconómico y a la visibilización de la institucionalidad que han logrado los indígenas, a lo largo de los años.
Desde los años 90, los países Latinoamericanos vienen impulsando una sucesión de cambios orientados al reconocimiento y al fortalecimiento de las sociedades multiculturales y pluriculturales como principio de la reorganización del Estado. Es el caso del Ecuador, en donde, perviven culturas ancestrales enmarcadas en sus cosmovisiones y, que hoy son poseedoras y responsables de una importante herencia cultural, conformada por bienes materiales e inmateriales; hitos históricos de lucha y de reivindicación; códigos y formas de organización social que han dado lugar a un país plurinacional e intercultural. Y, más aún, si trata de los pueblos kichwas de Imbabura, quienes han asumido una posición reactiva y propositiva, intentando convertirse en los protagonistas políticos y en sujetos de derechos colectivos, aunque, todavía existen grandes retos y desafíos.
Los kichwas de Imbabura son pueblos milenarios que han basado su desarrollo en instituciones y formas tradicionales de organización social, política, económica, ambiental, jurídica, cultural e ideológica. Ellos, casi siempre han mantenido su preferencia por las relaciones endógenas como un mecanismo de conservación de su origen, su lengua y expresiones culturales. Aunque, han sido secularmente sometidos, oprimidos e invisibilizados, incluso en las 18 primeras constituciones; es decir, desde que inició la vida republicana del Ecuador, en 1830 (Benítez, 2017). Y, es que, apenas, en las constituciones de 1998 y 2008, los pueblos indígenas consiguen un reconocimiento oficial a sus derechos individuales y colectivos.
En la época prehispánica, el principio de la organización social de los pueblos indígenas era el ayllu o familia ampliada, que agrupaba a los parientes runas (indígenas), así como al conjunto de los recursos naturales de su entorno (ríos, cascadas, piedras, plantas, estrellas, entre otros). Además, la familia indígena siempre ha desempeñado un rol preponderante en el desarrollo económico, con el aporte esencial del trabajo comunitario. En este sentido, Rival (1994) asegura que estos grupos tenían gran poder y al menos hasta antes de la colonia, ya controlaban nichos de intercambio a nivel vertical.
Más, sin embargo, los pueblos indígenas andinos estuvieron subyugados y oprimidos por los propios incas, más tarde por españoles (conquista y la colonia), por los criollos durante y después de la Independencia y, más adelante, también por los mestizos. Al igual que, ignorados y utilizados frecuentemente por los gobiernos conservadores, progresistas y por dictaduras hasta estas dos últimas décadas. Evidentemente, la coexistencia y relación de los pueblos indígenas con otros grupos distintos grupos étnicos, ha sido más de subordinación. Aun así, los pueblos Otavalo, Karanki y Natabuela evidencian una organización comunitaria a partir de los lazos de parentesco, de territorialidad, de lenguaje y de cultura (Naranjo, 1989).
Estos vínculos de parentesco están afirmados en relaciones y obligaciones por consanguinidad y ritualidad, con mayor práctica entre los indígenas de las zonas rurales, ya que pierde valor a nivel de los espacios urbanos no populares. Sin duda, el indígena imbabureño no fomenta su desarrollo en el aislamiento o en el individualismo, sino que forma parte de una entidad a la que representa y se siente representado, como es la organización comunitaria.
Evidentemente, el padrinazgo y el compadrazgo es un sistema generador de relaciones extradomésticas, que promueve la cooperación, la producción y la ayuda mutua entre los indígenas de todos los estratos de la sociedad andina. A decir de Gascón (2005, p. 193), esta forma de parentesco ritual o ficticio se caracteriza “por su adaptabilidad, tanto a los distintos contextos económicos, políticos y socio-culturales como a los diversos intereses de los sujetos que lo practican”. Y, sobre todo, elimina las tensiones interétnicas mediante la interrelación y complementariedad económica social (Montes del Castillo, 1989).
Es importante destacar que el primer nivel de organización de los pueblos kichwas de Imbabura, se encuentra en la unidad doméstica representada por la familia nuclear (padres e hijos), que controla los recursos productivos y la distribución de bienes de consumo (Benítez, 2017). Además, esta familia se constituye en la protagonista de las actuaciones sociales, económicas y políticas. Pero, en los tres pueblos kichwas, también juega un rol preponderante la familia extendida, en donde priman los patrones de convivencia compartida entre, por lo menos, tres generaciones. Y, esta convivencia requiere compartir no solamente roles y responsabilidades, sino también, ingresos y bienes de quienes habitan bajo el mismo techo.
Para Apaza (2008, pág. 8), “la familia extendida, más allá de ser una comunidad de convivencia, es también una comunidad de trabajo y de producción”. Es decir, se trata de estructuras productivas basadas en la reciprocidad y en el apoyo mutuo. De hecho, en algunas comunidades kichwas de la provincia, casi todos sus habitantes terminan siendo parientes, ya sea por consanguinidad o por ritualidad. Y, por ello, todos colaboran en las actividades cotidianas, como; en la preparación de la tierra, la siembra, el aporque, la cosecha, los tejidos, el nacimiento de los animales y, por supuesto, en las celebraciones familiares y locales.
En esta red de relaciones extendidas de las comunidades kichwas de Imbabura, además de los parientes, también se reconocen a los ayudantes o ahijados (yanapac), a los entenados e hijos adoptivos (huinachic), al igual que a los partidarios. Estos últimos son aquellos que asumen parte de las tierras para sembrar y cultivar por temporadas, en donde dividen sus beneficios con los propietarios de las tierras. Para De la Torre y Sandoval (2004), las familias indígenas que cuentan con más hijos, ahijados, ayudantes y partidarios, también les otorga más poder y autoridad en la comunidad.
Desde luego, en el territorio kichwa de Imbabura, también se reconocen al menos otros tres tipos de familias. La primera es la monoparental que está representada por una jefatura femenina como responsable de la subsistencia de los hijos, padres e incluso hermanos con discapacidad. Evidentemente, en las cuatro últimas décadas, las mujeres han ganado representación y liderazgo debido a la creciente migración masculina. La segunda es la familia simultánea, que se forma en base a parejas divorciadas, con lo cual, casi siempre existen hijos de relaciones anteriores. La tercera corresponde a las familias de facto o, de hecho, que se han extendido entre los indígenas otavaleños urbanos, debido a las experiencias de vida en otros países. Y, claro está, todos estos tipos de familias, instituyen una comuna o una comunidad, en cuyos espacios, sus habitantes comparten territorio, propiedad colectiva, memoria histórica, idioma, tradiciones orales, patrimonio material, vestimenta, costumbres y ritos asociados a sus formas y modos de vida, con más similitudes que diferencias.
Por otra parte, estas comunidades, no sólo están regidas por autoridades propias, sino que también controlan variados recursos y un sistema ecológico micro diversificado mediante las relaciones de cooperación con base en el parentesco de consanguinidad y ritualidad (Martínez & Barril, 1995). De hecho, las comunas cumplen roles en favor de la legitimación de valores, modos y prácticas indígenas, a través de la representación, gestión política y social de los recursos naturales fundamentales, así como de otros necesarios para la reproducción y cohesión social e ideológica, que generen un sentimiento de identidad (Chiriboga, 1984).
Lo expuesto, permite afirmar que la división del trabajo en la comunidad mantiene al menos dos principios básicos, como son: la reciprocidad y la redistribución entre los miembros de la familia nuclear, extendida, comunidad e intercomunidad. A decir de De la Torre y Sandoval (2004), la reciprocidad se desarrolla con el propósito de recuperar, sistematizar y fortalecer el pensamiento y la práctica de los pueblos indígenas. En general, estos sistemas de reciprocidad se constituyen en una dimensión económica que regula el flujo de la mano de obra, de servicios y bienes entre las instituciones de producción, distribución y consumo.
En este sentido, en el territorio kichwa, la reciprocidad entendida como dar y recibir, se ejecuta en al menos cinco formas; tales como: el maqui maqui o randi randi , la maquita mañai(na) , la minka , maquipurarina , el huasi pichay , la medianería y el trueque. Aunque, estas dos últimas representaciones entre mestizos e indígenas son totalmente asimétricas o desiguales. No obstante, a través de estas formas de intercambio recíproco, las familias kichwas de Imbabura instituyen una extensa red de relaciones sociales, que se desarrolla para obtener mano de obra adicional, con el propósito de completar sus propios recursos domésticos.
Hasta hace pocos años, la redistribución, también se constituía en una práctica generalizada en el territorio kichwa, a través de la cual, se intentaba mantener el equilibrio económico entre los miembros de una misma comunidad. Para el efecto, se acostumbraba a designar como padrinos o compadres (achic taita - achic mama ) a los indígenas que habían acumulado un patrimonio económico que les atribuía desigualdad y superioridad. A decir de Botero (1991) y Benítez (2017), a través de este encargo, los vecinos y comuneros incidían en la disminución de los recursos patrimoniales, pero, sin generar malestar y contrariedad. En general, se les encomendaba el patrocinio de las fiestas o el apadrinamiento de personas en las distintas celebraciones familiares relacionadas con los sacramentos de la iglesia. A cambio, los priostes y/o padrinos sentían una mayor satisfacción personal por la distinción social y el respeto ganado en su núcleo familiar y ampliado. a cambio,
Hace algunas décadas, los estudiosos Collier y Buitrón (1971, p. 124), refiriéndose a los kichwas otavaleños, publicaron “el indio trabaja duro para adquirir suficiente dinero y lo roba si es necesario, con el fin de patrocinar una fiesta”. Sin duda, en aquellos tiempos, no haber “pasado el cargo”, o no haber sido “capitán” o al menos un “paje”, era una verdadera desgracia. De ahí que los kichwas, estaban dispuestos a trabajar y ahorrar durante el tiempo que fuera necesario para tener la oportunidad de apadrinar al menos una de las fiestas tradicionales.
En las dos últimas décadas, estas prácticas (priostazgo y compadrazgo), como una forma de institución, han entrado en el declive y en el desmérito, debido al interés económico que se superpone a los principios de la cosmovisión andina. Y, cada vez más, los indígenas kichwas prefieren establecer vínculos con los mestizos, ya que la carga y/o responsabilidad, también es menor o simplemente no existe.
Es importante resaltar que en el pasado del pueblo kichwa Otavalo, prevalecía una absoluta patrilocalidad; es decir, que los recién casados estaban obligados a vivir en la casa de los padres del esposo. No obstante, con el tiempo, la pareja no tenía ningún reparo en vivir junto a la familia que posea mayores recursos. Pero también, las parejas han preferido independizarse, lo que ha dado lugar a la neocalidad o nuevo espacio.
De alguna manera, los aspectos organizacionales tradicionales en el territorio kichwa, también han sido afectados por los procesos migratorios, generados por la dinámica artesanal, textil y musical, alcanzado su máximo desarrollo en las décadas de los 80 y 90 (Herrera, Carrillo, & Torres, 2015). Lo que ha contribuido a la transformación de las relaciones históricas de trabajo, en donde, los indígenas otavaleños pasaron de sirvientes a empresarios textiles y, la mano de obra, se concentra en los mestizos. Y, es que, en las dos últimas décadas, los empresarios kichwas han ganado supremacía, poder y prestigio ante los mestizos, debido al constante trabajo y acumulación de riqueza.
Esta situación de supremacía, no solo ha provocado una cierta diferenciación social en relación a la población mestiza, sino también con los indígenas imbabureños de las zonas rurales, incluyendo a los propios otavaleños, quienes aducen que se sienten excluidos y vulnerables en los ámbitos social y económico. Sin embargo, de ello, la relación política, económica, ideológica y social de los pueblos kichwas con los mestizos y afrodescendientes se desarrolla en un plano de tolerancia.
Un espacio en donde se observan las distancias culturales entre indígenas y demás grupos étnicos imbabureños es durante las celebraciones asociadas al ciclo vital, así como en las fiestas vinculadas al ciclo agrario (Benítez, 2017). Durante estos eventos, tanto los indígenas kichwas, como los mestizos prefieren agruparse entre miembros de su mismo grupo étnico, ya que así se sienten más cómodos. Desde luego, esta realidad hace entrever que, si bien, coexisten y comparten realidades y experiencias en el marco de la tolerancia y el respeto, ellos todavía no han logrado complementarse y desarrollar un verdadera y positiva interculturalidad que beneficie a todos(as); es decir, que aprendan unos de otros, sin que se pierda su identidad.
En los últimos años, estos pueblos han desarrollado importantes capacidades para el fomento de la asociatividad, a través de la cual, están mejorando las condiciones de vida y evidentemente propiciando el protagonismo de la mujer indígena. De hecho, a lo largo de esta investigación se ha registrado un importante conjunto de comités; asociaciones turísticas, agropecuarias, textiles y artesanales; juntas y directorios de agua, clubes deportivos y culturales; grupos de música y danza.
La expansión de las ciudades, también ha provocado efectos en las características culturales de los tres pueblos kichwas, principalmente en el aspecto organizacional. A decir de (Maldonado, 2004), las comunidades que se localizan a poca distancia de algún centro urbano, han experimentado y desarrollado una mayor aculturación por influencia de la sociedad mestiza, que aquellas que encuentran en las zonas más altas.
En definitiva, en el territorio kichwa de Imbabura, ya no se puede hablar de homogeneidad social y económica y, aunque, no se evidencian clases sociales de forma absoluta, la diferenciación es real. Al respecto, cabe mencionar a Bordieu (1997, pág. 25), quien explica que las clases sociales no existen, sino que se constituyen en “un espacio social, un espacio de diferencias, en el que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado, no como algo dado, sino como algo que se trata de construir”. Es claro que, la organización social de los indígenas imbabureños se cumple mediante el desempeño de roles y status. Y, que, pese a los efectos de la aculturación y consecuente blanqueamiento de su población indígena, también se ha convertido en el referente nacional e internacional de cambios políticos, económicos y sociales integracionistas.
Como se ha dicho, el pasado de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Ecuador ha estado marcado por la pobreza, la discriminación, la opresión y la lucha por la reivindicación social y económica. De hecho, a decir de Macas (2004), uno de los primeros levantamientos indígenas ocurridos en la región interandina se gestó en 1730 (Pomallacta). No obstante, desde mediados del siglo XVI ya se habían desarrollado varias rebeliones, sobre todo, en la región amazónica y del litoral. Este proceso de rebeliones, huelgas y levantamientos fue tan trascendental, que, en 1936, en la ciudad de Quito tuvo lugar la primera Conferencia de Cabecillas Indígenas del Ecuador, en donde se sentó las bases para la conformación y reconocimiento legal de la futura organización nacional indígena y campesina de 1946. Esta primera organización se denominó Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) , a través de la cual, la mujer indígena y campesina tuvo un rol protagónico y preponderante. Y, en general, el movimiento indígena ecuatoriano, es uno de los más consolidados y poderosos de América Latina.
De hecho, desde finales del siglo XX, los movimientos políticos indígenas se convirtieron en los movimientos sociales de mayor influencia en los sectores populares del Ecuador, alcanzando su reconocimiento oficial en las Constituciones de 1998 y 2008 (Larrea, 2015). De hecho, a partir de la última Constitución, los pueblos indígenas han logrado un mayor compromiso de Estado en las áreas de educación, sanidad, infraestructura vial e inclusión social.
En la actualidad, el liderazgo indígena se fundamenta en la cosmovisión andina que procura una vida en armonía, basada en los procesos de desarrollo individual, colectivo y familiar (Benítez, 2017). A decir de, Sánchez (2012), este liderazgo se basa en cuatro designios: poder, saber, hacer y querer. El poder se sustenta en las capacidades organizacionales y de administración comunitaria-territorial. El saber se propicia a través del intercambio de saberes y en escenarios que donde se promueve el debate y la comunicación. El hacer está orientado al desarrollo comunitario sostenible, basado en las prácticas ancestrales, como el trueque y la comercialización en ferias solidarias. Y, el querer, se orienta a las acciones para la protección de la madre tierra o pachamama
Las comunidades kichwas de Imbabura están regentadas por los llamados cabildos , que se constituyen en el principal vínculo con el Estado, por ser considerados. El cual, les ha otorgado el poder para reconquistar y proteger el territorio que por derecho les pertenece y, que les fue usurpado en nombre de la Corona, la Ley y la Iglesia Católica, durante la época colonial y también en la vida republicana (Ayala, 2008). Es necesario precisar que, cada cabildo está conformado por un presidente, un vicepresidente, el secretario, un tesorero, dos vocales principales y dos vocales suplentes.
Los cabildos de las distintas comunidades de los pueblos kichwas de Imbabura han sido elegidos democráticamente a partir de la expedición de la Ley de Comunas de 1937. Hasta hace dos décadas, los líderes comunitarios eran elegidos mediante el voto comunal consensuado y, en la actualidad, este voto es individualizado. La elección de los representantes comunitarios se realiza cada dos años con oportunidad de reelección por una sola vez. Y, en correspondencia a la Constitución del 2008, los cabildos comunitarios respetan la paridad de género y el aspecto generacional.
El sistema de gobierno del pueblo kichwa Natabuela es distinto a los otros dos pueblos kichwas de la provincia. Pues, sus representantes son nombrados de manera vitalicia y, solo son sucedidos por un familiar a su muerte. En este sistema, se encuentra un gobernador con su respectivo consejo de alcaldes, que hasta antes del 2015 era absolutamente masculino.
Los Cabildos kichwas de los pueblos Otavalo y Karanki cumplen funciones y atribuciones orientadas a garantizar la unidad e integridad de la comuna. Sus integrantes son los responsables de la planificación y gestión de la aprobación del presupuesto comunal; de la ejecución y evaluación de los planes estratégicos; de la realización de los censos y registros comunales; del establecimiento de los vínculos y las alianzas con otras comunidades; del otorgamiento de certificados de usufructo sobre lotes familiares; de la socialización de los informes sobre rendición de cuentas; de la suscripción de convenios; entre otros. No así, en el caso del pueblo kichwa Natabuela, en donde, su gestión está orientada exclusivamente a la planificación y desarrollo de mingas comunitarias, fiestas religiosas y tradicionales (la Semana Santa, la conmemoración de San Francisco, las fiestas de San Pedro, San Juan y el Inti Raymi). Y, si el alcalde o varayuc es solicitado por los comuneros para la consagración de las ceremonias matrimoniales, entonces, él procederá de acuerdo a la tradición y a las normas consuetudinarias.
Los cabildos de los pueblos Karanki y Otavalo también suministran la reconocida Justicia Indígena, que castiga los delitos graves y leves, cuyo derecho se encuentra reconocido en la Constitución del 2008. En cuyo documento se autorizan los castigos y sanciones que contribuyan a la solución de los conflictos internos, siempre y cuando, no se atente a los derechos humanos. Para el caso, el Cabildo reconoce como delitos o faltas graves, a las violaciones, los asesinatos (feminicidios) y los robos de bienes y animales, que son castigados con cárcel en la comunidad; baño con ortiga, o bien azotes con espinas y látigos frente moradores de la comunidad (Cárdenas, 2010). Y, dependiendo de la gravedad del delito, entonces, el Cabildo tiene la potestad de expulsar a los miembros de la comunidad y sin derecho a regresar.
Estos pueblos consideran como faltas leves a aquellos delitos que se relacionan con la agresión física y psicológica a la mujer. Al igual que las peleas entre vecinos; el adulterio; las injurias y calumnias; el maltrato a las personas de la tercera edad; el irrespeto a las autoridades comunitarias; los problemas de legalización de tierras, aguas y malversación de recursos económicos (Villavicencio, 2002). Y, para estos casos, los cabildos imponen trabajos en los distintos espacios comunitarios, multas, suspensión de servicios básicos, entre otros.
Los pueblos Otavalo, Karanki y Natabuela pertenecen a la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), que se encuentra integrada por al menos 180 comunidades con la inclusión del pueblo kichwa Kayambi de la provincia de Pichincha. En los últimos años, esta organización ha cumplido con objetivos y proyectos en beneficio de los pueblos indígenas de la provincia. De entre ellos, se destaca el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios e institucionales, al igual, que de forma permanente están propiciando acciones para el rescate de sus tradiciones, costumbres y rasgos culturales. De hecho, una de las metas principales de la FICI, es la eliminación de todas las formas de explotación, opresión y discriminación racial. Por ello, promueve proyectos orientados a lograr una sociedad más solidaria, comunitaria y humanista.
Estos pueblos kichwas, también pertenecen a la Federación de Pueblos Kichwas del Ecuador y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La mayoría de ellos se identifican con el Movimiento de la Unidad Plurinacional Pachakutik de tendencia indigenista, progresista y anticapitalista. Y, a la vez, también mantienen relaciones internacionales con organizaciones intergubernamentales (ONU; OEA; OIT; UNESCO; UE; UNFPA), organizaciones no gubernamentales (WWF; OPS; OIDEL) y organizaciones de Pueblos Indígenas de otros países (ONIC - Colombia; CONIVE - Venezuela; ANIPA - México; COIAB - Brasil; COPMAGUA - Guatemala; TAIRONA - Colombia; CDTT MAPUCHE - Chile; Consejo Inter-regional Mapuche - Chile).
A fin de cuentas, desde hace más de dos décadas, el movimiento indígena ecuatoriano ha sido y sigue siendo uno de los actores sociales más importantes del Ecuador y de América Latina. En Imbabura, los pueblos kichwas continúan fortaleciendo sus capacidades organizativas y de representación en los diferentes estamentos del sector público local, provincial y nacional. Además, en la última década, la participación de la mujer kichwa en los distintos procesos de desarrollo comunitario ha sido relevante. No obstante, estos pueblos todavía tienen grandes desafíos por cumplir en los ámbitos político, ambiental, territorial, sociocultural y económico.
Los pueblos kichwas de Imbabura son el resultado de una larga historia de más de quinientos años de opresión, aislamiento, esclavitud y permanente invisibilización, que les ha obligado a adaptarse a un medio y a hechos históricos hostiles. Ante ello, se ha hecho visible su capacidad de resistencia, lucha, protesta y organización por la defensa y reivindicación de sus derechos individuales y colectivos, por parte de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de los pueblos indígenas. Sin embargo, después de 20 constituciones existentes en el Ecuador, es a partir de las constituciones de 1998 y de 2008, en donde, recién han logrado un reconocimiento oficial a sus derechos básicos. Y, aunque, estas constituciones intentan su empoderamiento y la generalizada implantación de la cosmovisión andina, el desarrollo sostenible y la interculturalidad, este proceso ha sido lento y, aun no se han conseguido visibilizar cambios positivos y significativos.
El primer nivel de organización de los pueblos kichwas de Imbabura se encuentra en la unidad doméstica representada por la familia nuclear, que controla la adquisición, producción y comercialización de bienes y servicios. De igual manera, la familia extendida, todavía tiene pleno arraigo en el territorio kichwa, pese a la influencia de los procesos globalizadores y aculturizadores. En todo caso, se tratan de estructuras productivas basadas en las distintas formas de reciprocidad y redistribución. Y, en este contexto, prevalecen los vínculos de parentesco que están basados en relaciones y obligaciones por consanguinidad y ritualidad.
Las brechas entre no indígenas e indígenas en el Ecuador han sido sistemáticas, particularmente en Imbabura. No obstante, ellos a lo largo del tiempo, también se han convertido en los actores principales de la construcción de los procesos históricos socioeconómicos, ambientales, religiosos y culturales, que justifican la reivindicación de sus derechos humanos hasta la actualidad. Tal es el caso, que, debido a su capacidad de resistencia, hoy en día, los pueblos kichwas de Imbabura siguen ostentando y practicando sus valores, principios y saberes, al igual, que aún están vigentes las instituciones culturales, económicas y políticas.
En el territorio kichwa se conjugan diversas capacidades de trabajo entre los miembros de las distintas comunidades kichwas. En general, los miembros de las familias se dedican a la producción para el autoconsumo, al trabajo doméstico, al comercio autónomo, al trabajo asalariado, entre otros. Pero, sobre todo, la reciprocidad interfamiliar se constituye en una de las formas de trabajo comunitario que contribuye al fortalecimiento de los lazos de parentesco consanguíneo y ritual. De manera especial, en la última década, la propia comunidad, con o sin el acompañamiento técnico, ha desarrollado importantes capacidades asociativas, en donde la mujer kichwa ejerce un rol protagónico en las distintas etapas de la gestión micro empresarial. Y, que, pese a las múltiples adversidades, ellos siguen enfrentando retos y desafíos, con el propósito de cerrar las brechas socioeconómicas existentes.
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