Edixela Karitza Burgos Pino*
Universidad Central de Venezuela
Correo: edixela.burgos@gmail.com
Resumen
Nos proponemos abordar la política pública que tiene el Estado sobre Internet, quien en un principio consideró el uso de Internet como eje directriz para el desarrollo de la nación. Con el devenir de los años nos encontramos con profundas fallas en la infraestructura de telecomunicaciones, deficiencias de conectividad, además del uso de restricciones en los accesos a Internet y las redes sociales digitales. La metodología de estudio se basa en una revisión crítica de las prácticas de control político de Internet en Venezuela entre 2007 y 2015. Se concluye que los ciudadanos deben adquirir competencias para sortear los bloqueos, censura y matrices de opinión que provienen del gobierno y que además participen activamente dentro de la esfera sociopolítica.
Palabras claves: política pública, Internet, hegemonía comunicacional, redes sociales, censura.
Abstract
We intend to address the public policy that the State has on the Internet, who initially considered the use of the Internet as a guideline for the development of the nation. Over the years we find ourselves with deep failures in telecommunications infrastructure, connectivity deficiencies, in addition to the use of restrictions on Internet access and digital social networks. The study methodology is based on a critical review of the Internet political control practices in Venezuela between 2007 and 2015. It is concluded that citizens must acquire competencies to overcome the blockages, censorship and opinion matrices that come from the government and also participate actively within the socio-political sphere.
Keywords: public policy, Internet, communication hegemony, social networks, censorship.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Edixela Karitza Burgos Pino (2020): “Control político guberidntal de internet en Venezuela”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (febrero 2020). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/02/control-internet-venezuela.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/caribe2002control-internet-venezuela
1. A MODO DE INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE ARTE
En el caso de Venezuela, el Estado ha generado un marco institucional y jurídico que pretende responder a los actuales desafíos que supone la llamada sociedad de la información y sus implicaciones, por lo cual, las TIC se contemplan desde la Constitución Nacional vigente (1999) como medios habilitadores del desarrollo (Informe PNUD, 2002), específicamente en los siguientes artículos: 1021 , 108 2 y 110 3 se manifiesta dichas pretensiones, aunque es de conocimiento público, que el marco jurídico fue soslayado por la lógica política y partidista, punto que más adelante discutiremos.
A esta legislación en materia de las TIC y de las políticas públicas sustentadas en Internet, se debe señalar que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) contempla que “…con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica...", en ese sentido el Gobierno de la República se establece como participativo, constituyéndose la participación ya no como un derecho, sino como un deber. Por lo cual, se constituye en una obligación del Estado garantizar y facilitar las condiciones para que se generen esos procesos de participación. En este sentido, el modelo de Estado que se promueve en la Constitución debe fomentar la democracia participativa.
Aunque se debe mencionar que en el año 2010 se reformó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), incluyéndose el control del uso de Internet y las redes sociales digitales en el país, teniendo como nuevo nombre la Ley De Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEMEC). Dicha Ley ha supuesto innumerables prácticas de censura y control de la información, lo cual es una paradoja, ya que por un lado se persigue incentivar y afianzar la participación del pueblo en el uso de Internet y, por otro lado, se limita y criminaliza el libre ejercicio de la libertad de expresión. Aunado a estas prácticas de control, se les une la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada en el año 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente a través de la cual la comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) pretende controlar el sistema de comunicaciones.
Todo ello ha derivado, que los medios en el país realicen prácticas de autocensura, limitando en unos casos y obviando en otros, noticias referentes a la inseguridad, escasez de alimentos, medicinas y los indicadores económicos. Las prácticas de censura digital vienen evidenciándose desde hace años, a la sazón, según varios informes del servicio InsideTelecom, en octubre de 2014 se han bloqueado 1019 páginas web y que a su vez CONATEL apaga unos 2.7 sitios por día (Bisbal, 2016a). Las acciones de CONATEL se han enfocado en aquellos sitios electrónicos que publican el precio del dólar paralelo, ejemplo de ello, ha sido el sitio web Dólar Today (Dollar Today) que desde el año 2015 CONATEL ha llevado una campaña contra este sitio web intentado incluso bloquear la aplicación móvil de la plataforma Dollar Today. Amparados en la Ley de Ilícitos cambiarios (2010) el Gobierno puede bloquear la información y las transacciones que no sean en moneda local en Venezuela, lo que ha llevado que se censure y se bloquee el comercio en línea (Quiñones, 2016).
Las acciones de censura del Gobierno se ha extendido también a los sitios de noticias, ejemplo de ello ha sido la página web Noticiero Digital, quienes fueron sometidos a investigación por opiniones emitidas en los foros de esa página, sobre los supuestos asesinatos de Diosdado Cabello y Mario Silva. El canal de televisión NTN24, también sufrió la censura del Gobierno, en el año 2014 CONATEL bloqueó sus sitios web, las aplicaciones de celulares y su página de facebook, por la cobertura que hizo sobre la crisis de la salud en el país. Posteriormente, el canal NTN24 fue sacado de la parrilla de las cableras. Esta misma situación, se replicó en el año 2017 con los canales CNN, RCR y Caracol. Violentando una vez más la libertad de expresión y acceso a la información.
Durante las manifestaciones realizadas en los años 2014 y 2017, las redes sociales han desempeñado un papel preponderante en la organización de las movilizaciones, pero especialmente debido a los procesos de censura y autocensura de los medios tradicionales, que ha llevado a los ciudadanos a buscar alternativas de información. Durante las protestas del año 2014 bajo los hashtags #Lasalida y #12F, se evidenció el control ejercido por el Gobierno a través de las redes sociales:
En un período de aproximadamente tres meses (agosto-octubre 2014), los agentes de seguridad detuvieron al menos ocho personas por usar Twitter para diseminar hechos, imágenes u opiniones sobre temas sociales o políticos. Usando sanciones desmedidas, detenciones y represión más acorde a delitos más graves, usuarios fueron arbitrariamente detenidos por largos períodos de tiempo sin el debido proceso, y algunos siguen bajo custodia en los servicios de inteligencia del país (Quiñones 2016, p. 489).
En el contexto venezolano, desde hace unos años, hemos sido testigos de una política polarizada en las redes, sustentada en complejos escenarios caracterizados por la adquisición de los principales medios de comunicación del país, por parte de empresarios relacionados con el Gobierno nacional, lo cual supuso un condicionamiento de las líneas editoriales de estos medios, y llevó a la disidencia opositora a utilizar intensivamente las redes sociales digitales. Un ejemplo notable de ello, fue la movilización estudiantil en el año 2014. Los estudiantes hicieron uso de las redes para movilizarse y protestar frente a la violencia, inseguridad y las condiciones de vida en el país.
Según Puyosa (2010), desde el año 2006 se ha experimentado en el país iniciativas de ciberpolítica4 que no se circunscriben a las organizaciones políticas tradicionales, sino que son organizaciones interesadas en fomentar la democracia deliberativa a través de la sociedad civil. A lo cual añadiríamos, que las redes sociales se han constituido para el venezolano en una alternativa frente al poco o inexistente acceso a los medios de comunicación tradicionales caracterizados por responder a intereses guberidntales, económicos e ideológicos.
En estos complejos escenarios emergen las tecnologías como mecanismos que permitirían una mayor participación y deliberación de los ciudadanos, incrementando así los espacios para la discusión y el fortalecimiento de la esfera pública. Las TIC ofrecen una estructura muy sofisticada que ha permitido el surgimiento de nuevas comunidades reales y virtuales, potenciando los espacios para la incorporación de los ciudadanos en la vida pública.
2. Prácticas de control político de internet en Venezuela
Basándonos en el trabajo de Puyosa (2015) sobre el “Control político de internet en el contexto de un régimen híbrido Venezuela 2007-2015”, la autora establece que existe un cambio en las políticas públicas de Internet por parte del Gobierno. Dichos cambios se manifiestan en el viraje que se da a partir del año 2007, con el establecimiento de un modelo de control político, el cual se cimenta en la instauración de una hegemonía comunicacional. Este punto merece especial atención, ya que el control de las redes sociales digitales e Internet, se desprende de un plan de acción que se haya fundamentado en la forma cómo se aborda el sistema de comunicaciones en el país. A este respecto, nos parece fundamental tener presente el siguiente corolario:
…si comunicar es socializar, reconocer la existencia del “otro” y desear con-vivir con él tolerando sus diferencias, todo intento deliberado y planificado de incomunicar, producirá entonces, siempre y necesariamente, efectos de-socializantes (por perseguir un divine et impera) y deshumanizante (un negar al otro, supremo crimen anti-humanista, decía Simone Weil), de lo cual se infiere que limitar, modificar, regimentar o conculcar fuera del control social, por coacción, nuestra natural propensión a emitir y recibir mensajes en total libertad, es un atropello social y político de suprema gravedad, porque desfigura y entraba la base misma de mi posibilidad y manera de convivir con el otro, el comunicar. Así, modos de comunicar y formas del convivir son interdependientes; una comunicación autoritaria up-down genera sociedad sumisas, una comunicación bidireccional y dialogal, sociedades abiertas y democráticas. Intervenciones en códigos, canales, contenidos, soportes, emisores y destinatarios del libre comunicar, cuando no legitimadas y consensuadas por democrático convenio, siempre generan control, manipulación, avasallamiento, persuasión/intoxicación o esclavitud (Pasquali, 2017, p. 11-12).
Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, en Venezuela prevalece una comunicación cercenada, con rasgos profundamente autoritarios, en la cual, la crítica y la diferencia son consideradas bajo la noción de terrorismo. Todo aquello que no legitime el pensamiento hegemónico, es criminalizado, por lo cual, la otredad no se concibe bajo la perspectiva de respeto y tolerancia. La pluralidad democrática es reducida a su mínima expresión, la estructura social que deviene junto con el sistema de comunicaciones que detenta el país, se basa en la represión, control e invisibilización de los sectores que adversan al aparato guberidntal.
La consolidación de un modelo comunicacional hegemónico por parte del Gobierno, se empieza a configurar desde el año 2002, emergiendo un “nuevo ecosistema comunicativo” (Bisbal, 2016ª, p.55). Entonces, la estrategia comunicacional del Gobierno de Chávez no solo se sustenta en la promulgación de leyes que llevan a la censura y autocensura, sino que también estamos en presencia de un Estado-comunicador, un Gobierno difusor de propaganda (Bisbal, 2010).
En este sentido, Bisbal (2010) considera que este Estado Comunicador escogió dos vías de acción: La primera es la jurídica, es decir se dotó de un conjunto de leyes a través de las cuales poder ejercer el control y la censura.
No es la presencia de un Estado-censor o el Estado-represor tal como lo habíamos conocido dentro y fuera del país, es la figura de un Estado-legalista que en “situaciones extremas” tiene el mandato de la ley que le obliga a accionar jurídicamente y tomar medidas judicialmente. De igual manera, ante unas instituciones como la judicial, que ha sido secuestrada de forma descarnada y visible, es el recurso de la sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o de cualquier juzgado o de medidas provenientes y solicitadas desde la Fiscalía General de la República, el que se pone en práctica para cercenar o limitar dosis importantes de libertad de expresión y de información (Bisbal, 2010, p. 267-268).
Dichas medidas han tenido un profundo impacto no solo en el ámbito mediático y periodístico, sino también en la propia vida política de los ciudadanos, por los límites a la libertad de expresión y acceso a la información. La segunda vía de acción seguida por el Gobierno de Chávez fue crear una plataforma de medios para “la contrainformación, la guerra informativa y la confrontación ideológica.” (Bisbal, 2010, p.268).
Si bien, ya existía el canal Venezolana de Televisión, el Gobierno fue consolidando su presencia en los medios con canales como: TVES, VIVE, ANTV, Ávila TV y Telesur. En lo que respecta a la Radio, el Gobierno controla: Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y Rumbos, además de las emisoras comunitarias (las cuales para el año 2014 eran más de 250 emisoras). Además de tres diarios como son: Vea, El correo del Orinoco y Ciudad CCS.). El control de los medios por parte del Gobierno se expresó no solo en la estrategia de ocupar los medios, sino también en las facilidades que otorgó el Gobierno para que los “empresarios amigos” adquirieran medios privados, verbigracia la televisora Globovisión, la Cadena Capriles y su diario Últimas Noticias. (Fernández, 2014). A esta lista se debe añadir los diarios El Universal y Notitarde (circulación regional).
A diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando se le retira la concesión a RCTV, el nuevo modelo de negocio es menos agresivo: consiste en la compra de los medios de comunicación con línea editorial favorable a la oposición. Se ha denunciado que altos personeros del Gobierno recurrían a terceros para adquirir medios de comunicación importantes (Fernández, 2014, p. 100)
El escenario que se desarrolla en Venezuela durante los Gobiernos de Hugo Chávez se caracteriza por la imposición de una hegemonía comunicacional, la cual se justifica para dar viabilidad al modelo político iniciado por Chávez desde el año 1999, de ahí que no es azaroso que el antiguo Ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra en enero del año 2007 dijese: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público” (Olivares, 2009). Esta hegemonía comunicacional se expresa:
… por fuerte intervención estatal; hegemonía en el discurso; exclusión de actores políticos y sociales en los medios guberidntales; legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y Derecho a la Comunicación e Información; eliminación de la disidencia comunicacional; cierre de fuentes informativas; límites al acceso de la información pública; generación de mecanismos reales de censura y autocensura; intimidación y agresión a medios y periodistas; exclusión publicitaria oficial para aquellos medios críticos y otras más (Bisbal, 2016a, p. 55).
Desde ahí se debe comprender que la perspectiva teórica de la cual se desprende el concepto de hegemonía propuesto por el aparato guberidntal, nada se relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía, (dirección política intelectual y moral en oposición a la razón política eminentemente instrumental). Andrés Izarra exponía que:
La hegemonía comunicacional yo la lancé como una reflexión en el marco de la construcción del socialismo y lo dije en el sentido gramsciano. Gramsci no habla de hegemonía como lo están haciendo estos intelectuales de derecha, que lo quieren hacer ver como una imposición, como una dictadura, como una coacción sobre la pluralidad, sobre la libertad de disentir, en lo absoluto (Boyd, 2013).
La perspectiva de hegemonía comunicacional impuesta por el Gobierno, se ciñe a prácticas represivas y totalitarias que cada día aplica desde su basamento jurídico y que se expresa en el quehacer social y político, como un conjunto se sentidos y cosmovisiones que atraviesa la totalidad de la vida social. La política de Estado del Gobierno de Chávez se caracterizó por un aparato comunicacional profundamente autoritario articulado a la esfera política. Si nos remitimos al Gobierno de Nicolás Maduro, su política comunicacional no dista mucho del ex presidente Chávez, pues se conciben los medios como entes de control social e ideológico, no obstante para Bisbal (2016b) Maduro ha recorrido un camino diferente, con las siguientes características:
1. La presencia de un ethos militar. En cada esfera del aparato estadal se observa cuerpos de seguridad, verbigracia el Centro Estratégico de Seguridad y la Protección de la Patria, junto con la presencia de las Brigadas especiales contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia (BEGV). Dentro de esta militarización de la esfera pública, se debe incluir a los llamados colectivos armados (denominados también como paramilitarismo bolivariano) y los patriotas cooperantes (sapos-soplones) Los primeros presentan una larga vinculación con el Gobierno de Chávez y la revolución bolivariana, y ahora con su sucesor Nicolás Maduro. Los segundos, también forman parte de la política de control guberidntal, en la cual, cualquier ciudadano puede convertirse en un informante del Gobierno, fiscalizando la cotidianidad de los individuos en el país. Ambos grupos actúan bajo estrategias de control, represión y terror, todo ello con la anuencia del aparato estatal.
2. Una vigilancia ininterrumpida. Hay control sobre las llamadas telefónicas, redes sociales, se bloquean páginas web y se intervienen las redes sociales. Una suerte de Big Brother.
3. El ejecutivo valiéndose de CONATEL, accede a la red, sin iniciar ningún tipo de procedimiento administrativo. Las leyes al servicio de las lógicas partidistas-políticas.
4. La censura se acentúa aún más a través del Presidente de la Republica y la ejecución de CONATEL. Lo cual trae consigo, que los medios se autocensuren para evitar cualquier sanción administrativa o el cierre de los mismos.
5. En el marco jurídico establecido durante el Gobierno de Maduro, el Estado tiene la potestad de declarar el carácter reservado de la información, pero a su vez también obliga a los diversos entes públicos y privados a proveerles información cuando lo consideren oportuno. Una clara muestra de cómo puede usar el Gobierno la información de cualquier índole con un carácter político.
6. Con relación al mapa comunicacional, los medios aparecen con nuevos dueños quienes guardan estrechas alianzas económicas y políticas con el Gobierno. Ejemplo de ello, el cambio editorial e informativo que sufrió el canal Globovisión y el Diario El Universal.
7. En los últimos años, el retraso en la asignación de divisas para la importación de papel y de insumos para los medios impresos, ha llevado al cierre de varios medios que presentan una línea editorial crítica contra el Gobierno. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su balance anual del año 2017, afirman que cerraron 69 medios de comunicación en Venezuela, 46 radios, tres cadenas de televisión y una veintena de periódicos. En el caso de los periódicos, se debe mencionar que la importación y distribución de bobinas de papel está monopolizada por una empresa guberidntal, (cuya distribución es discrecional) debido a ello, 20 diarios se han visto en la obligación de suspender sus tirajes de forma permanente o temporalmente debido a la escasez de papel. Los periódicos que aun circulan a nivel regional y nacional han limitado su paginación, con el fin de evitar el cierre de los mismos.
Después de este sucinto recorrido por el panorama comunicacional venezolano en estos últimos 19 años, es vital abordar la caracterización de Puyosa (2015) sobre el aparato guberidntal y el cambio en la política pública para Internet. Más específicamente, nuestra autora establece que se gestan tres fases: 2001-2007
2001-2007: Democracia Delegativa e Internet Libre.
2007-2013: Emergen los controles de segunda generación
2013-2015: El control de internet en un régimen híbrido con tendencias autocráticas
La primera fase 2001-2007, Puyosa (2015) la sitúa cónsona con una democracia delegativa, cuyas políticas públicas para Internet fueron acordes con un país en vías de desarrollo. Ejemplo de ello, es la colaboración que se gestó entre el Consejo Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), con las redes académicas y el empresariado proveniente de CAVECOM-E, lo cual se tradujo en la modernización del marco legal del sector, a través de la Ley orgánica de Telecomunicaciones (2000).
Otros avances en materia regulatoria vienen dado por: Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la Ley Especial contra Delitos Informáticos, el Decreto Ley de Licitaciones, la ley de Registros y del Notariado, la Ley Orgánica de Administración Pública, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Identificación, el Decreto Ley Nº 1.290, la asignación de porcentajes del Fondo de Inversión para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) a proyectos de ciencia y tecnología, y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT). Estos avances en materia regulatoria, eran vislumbrados como la posibilidad de constituirnos en una sociedad del conocimiento,sustentada en la inclusión y el uso de las TIC en los diversos procedimientos e instancias administrativas del aparato estatal en lo particular y de la vida social en general.
En esta época, el Estado Venezolano sustentándose en su intención de promover una sociedad del conocimiento, promulga el Decreto Nº 825 (2000): Artículo 1°: “Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela” (Decreto Nº 825. Ley sobre el Acceso y Uso de Internet, 2000). En el año 2001, se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), en la cual, tanto entidades públicas como privadas podían realizar aportes para la ciencia, tecnología e innovación.
Para el año 2004, el Estado Venezolano promulgó el Decreto Nº 3390, en el cual, se contempla la implementación del Software Libre en la administración pública, al considerar que el Software libre contrarresta el individualismo, pues, es un Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuirlo, sin tener que pagar regalías. (Decreto Nº 3390, 2004). Posteriormente, este Decreto influirá en el desarrollo posteriormente del sistema operativo Canaima (GNU/Linux) y de la distribución gratuita de las Canaimitas en los planteles escolares (Proyecto educativo que ha recibido muchas críticas por la orientación ideológica de los contenidos académicos).
Se debe resaltar que en dicho período, Internet se estrena como espacio para la disidencia en Venezuela, ya que se comienzan a observar manifestaciones contra-hegemónicas y de expresiones de la propia polarización política que tiene como lugar de confrontación el ciberespacio. En el caso del activismo chavista, se funda aporrea.org, quien se constituyó en el campo para la discusión política, mientras que en el caso de la oposición también surgieron páginas que permitían disentir, discutir y hacer catarsis alrededor de la figura del ex Presidente Hugo Chávez:
En el año 2002, se multiplicó el número de páginas de debate político en Internet, las cuales ascienden a más de cien. Ver:
www.enredado.com; www.daleduro.org; www.antichavez.com; www.analitica.com; www.anemase.com; www.redbolivariana.com;
http://www.antiescualidos.com/ www.fuerzasolidaria.com;
http://espanol.clubs.yahoo.com/clubs/antichavez; www.antichavez.com;
www.11deabril.com; www.niunpasoatras.net; www.patrialibre.cantv.net;
www.mialmallanera.com; www.comandantechavez.com;
www.venezuelarebelde.com; www.redbolivariana.com;
www.ciudadaniaactiva.com; www.librecomunicacion.org;
www.venezolanos.galeon.com; www.fuerzasolidaria.com;
www.elcompa.net; http://www.geocities.com/area51/dungeon/5258;
www.cartasachavez.com; www.chistesdechavez.com;
Asimismo se registran 500 páginas guberidntales (Lozada, 2004, p.170).
Desde ahí, el ciberespacio se constituyó en un ámbito para la discusión de temas de diversos matices políticos, sin que el Gobierno y sus entes, interviniesen directamente en las redes sociales digitales, aspecto que posteriormente cambiaría como parte de su agenda hegemónica de control y represión, que ya se observaba en las políticas de comunicación aplicada a los medios tradicionales.
La segunda fase, que nos menciona Puyosa (2015) que comprenden el período: 2007-2013, empieza a observarse cambios en las políticas públicas de Internet, pasamos de un modelo de apertura que se había iniciado en el año 2000 a un modelo de mayor control político sobre las comunicaciones, él cual se evidencia con el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2007-2011:
El hito inicial es el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2007-2011, que se alinea con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, específicamente con el objetivo de “Consolidar el sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria” (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007) (Puyosa, 2015, p. 510).
Aunado a ello, también asistimos a la re-estatización de la Compañía telefónica CANTV-Movilnet (2007), dejando atrás todo el proceso de inversión que se había iniciado en el sector de telecomunicaciones, esto supuso un retroceso en el sistema de comunicaciones, ya que la desinversión se ve reflejada en la compra de equipos, mantenimiento del sistema y limitaciones en la infraestructura, todo ello se traduce en fallas que afectan desde la conectividad a Internet hasta el funcionamiento de las líneas telefónicas. Puyosa (2015) sostiene que la inflación, así como las restricciones impuestas por CADIVI y luego por CENCOEX, para la compra de equipos y dotación de infraestructura de conectividad, “este proceso de limitación del desarrollo de infraestructura de acceso a internet puede ser interpretado como una política de denegación de acceso de segunda generación” (Drezner, 2009, citado por Puyosa, 2015, p. 510).
El 25 de marzo del año 2009, tiene lugar el Decreto Presidencial 6649 para la eliminación del gasto suntuario en el sector Público Nacional, considerando que la adquisición de servicios de telefonía celular, las llamadas a larga distancia y el uso de Internet, eran considerados gastos suntuarios. Este decreto, se oponía al Decreto 825 promulgado en el año 2000, donde se consideraba el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo social del país.
En el marco de esta situación, surge el Movimiento Internet Prioritaria, quienes se convirtieron en el primer movimiento activista a través de la red en Venezuela, cuyo objetivo fundamental era que el Gobierno derogase el Decreto 6649, para lo cual se hizo campaña a través de Facebook, twitter y blogs para que la comunidad nacional e internacional conociese las implicaciones del decreto y se le restituyera a Internet su condición prioritaria que por política de Estado se había realizado con el Decreto 825. A pesar de las protestas que se realizaron, dicho decreto no fue derogado. Con lo cual, asistimos a un cambio radicalmente negativo en las políticas públicas de Internet por parte del Gobierno venezolano.
Con relación a Twitter, Puyosa (2015) sitúa dos hitos importantes: el primero de ellos, fue la repercusión mundial que tuvo la protesta con la etiqueta #FreeMediaVE,
La protesta ocurre en reacción contra la salida del aire de 34 emisoras de radio, ocurrida el 31 de julio de 2009, por disposición de CONATEL, entonces encabezado por Diosdado Cabello. #FreeMediaVE llegó a ubicarse en el top 10 de los trending topics mundiales de Twitter. El hecho fue importante porque a partir de ese momento los periodistas y los opinadores en medios masivos venezolanos comenzaron a usar intensivamente esta plataforma de información (Puyosa, 2015, p. 511-512).
Las repercusiones de esta protesta en la comunidad internacional a través de Twitter pudo haber llevado al Gobierno a comenzar también a posicionarse a través de esta plataforma, de ahí que para el año 2010 se crea la cuenta @chavezcandanga con la intención de erigir un nuevo espacio de interacción, pero también como lo expresó Chávez: "las redes sociales son un arma que también debe ser usada por la Revolución"(RNB, 30 de abril de 2010).
. Ya para diciembre del año 2010, se aprobó en la Asamblea Nacional las reformas: Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME). Con respecto, a esta última ley, se pretende un mayor control sobre los contenidos que se publiquen en los sitios web. Si bien, las disposiciones de esta ley se aplicaron a partir del año 2013, el grado de discrecionalidad por parte de los funcionarios ha sido de tal magnitud, que los medios han optado por la autocensura para evitar las sanciones.
En reacción a estas disposiciones a partir de 2011, la moderación comenzó a ser una práctica común en los foros en-línea venezolanos, estableciéndose así otro mecanismo de control de segunda generación en el cual son los medios digitales y los proveedores de servicios de internet los que censuran contenidos, sin que el Gobierno se involucre directamente (Puyosa, 2015, p. 513).
Por último, Puyosa menciona que en este período de tiempo también asistimos al crackeo de cuentas de periodistas, activistas, analistas políticos y dirigentes de la llamada Unidad Democrática.
En programas de opinión transmitidos por el canal de TV guberidntal, Venezolana de Televisión, se han presentado imágenes de correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas e, incluso, grabaciones de conversaciones personales sostenidas en las casas de dirigentes de oposición. Este tipo de prácticas basadas en el uso de información publicada en-línea para hostigar o acusar legalmente a activistas políticos se relaciona con el “patriotic hacking” y es otra modalidad de control político de internet de segunda generación (Deibert & Rohozinski, 2010; Drezner 2010; Kerr, 2014, citado por Puyosa, 2015, p. 513).
Con respecto a la tercera fase, cuyo período se inicia en el año 2014, Puyosa (2015) considera que persisten políticas de control de Internet, así como controles de segunda generación (restricción de la conectividad en ciertas regiones, bloqueo de aplicaciones móviles, ralentización de las conexiones, entre otras). En la red se observa que el disenso político, es ferozmente perseguido a través de acciones judiciales, lo cual ha llevado a la censura y autocensura de los contenidos. Se evidencia también la implementación de mecanismos de denegación de acceso de primera generación (filtrado, censura y bloqueo) por parte del Gobierno venezolano.
Existe evidencia de que durante los años 2012 y 2013 el Gobierno de Venezuela utilizó Blue Coat PacketShaper, un paquete para filtrado, censura y vigilancia en internet (The Citizen Lab, 2013). También habría que tomar nota de que en 2013, la empresa italiana de ciberespionaje Hacking Team recibió solicitudes de demostraciones de sus servicios de parte de entes venezolanos, como el Ministerio de Política Interior, Justicia y Paz. Asimismo, en 2013, fue creado el CESPPA, una oficina nacional de seguridad que reporta directamente a la Presidencia de la República y tiene facultades para interceptar comunicaciones personales en la web sin orden judicial. El CESPPA tiene atribuciones para decidir discrecionalmente que las comunicaciones de una persona pudiesen afectar los intereses estratégicos del Estado, y si ese es el caso interceptar dichas comunicaciones (Puyosa, 2015, p. 516).
A ello se le suma, que el ciclo de protestas estudiantiles realizadas contra el Gobierno en el año 2014 (febrero-mayo) apenas se le dio cobertura por los medios, además, por orden de CONATEL, el canal NT24 fue sacado de la parrilla de las cableras por su cobertura a las protestas en Venezuela. En vista de este manejo discrecional de las protestas por parte de los medios venezolanos, implicó que los ciudadanos usasen las redes sociales digitales para conocer qué estaba sucediendo en el país. Twitter, Facebook, aplicaciones móviles como Whatsapp fueron usadas para transmitir y compartir información.
Las prácticas de filtrado y bloqueo (medidas de primera generación) se convirtieron en las primera políticas de control del Gobierno sobre Internet.
Cerca de 500 sitios web fueron bloqueados para el acceso desde Venezuela durante el mes de febrero 2014 (Espacio Público, 2015), en respuesta a la migración de las audiencias interesadas en las noticias de los medios tradicionales a la web. En el estado Táchira, donde se habían iniciado las protestas el 4 de febrero, el acceso a internet fue completamente cortado durante más de 3 días, mientras la Guardia Nacional tomaba las calles para reprimir las manifestaciones (Freedom House, 2015, citado por Puyosa, 2015, p. 517).
Desde ahí, las políticas guberidntales referidas a Internet también implicó la ralentización de las conexiones,
También existen reportes técnicos que indican que entre mediados de febrero y finales de marzo 2014, CANTV y Movilnet pusieron un límite de 1Mgbps durante las tardes y noches en que se desarrollaban manifestaciones de protesta. Existen denuncias de que entre febrero y marzo de 2014, la empresa guberidntal proveedora de acceso a internet, CANTV, manipuló la velocidad del tráfico de datos hacia los servidores de Twitter y YouTube (Freedom House, 2015, citado por Puyosa, 2015, p. 517).
La estrategia guberidntal con estas prácticas, era limitar que se compartiesen archivos multimedia sobre las protestas, especialmente los referidos a las acciones de represión por parte de los cuerpos policiales, Guardia Nacional y grupos armados afines al Gobierno. Especialmente, por las violaciones a los derechos humanos, aunado al costo político que suponía para el gobierno que dichas imágenes se viesen no solo en el país, sino también a nivel mundial.
Posteriormente a este ciclo de protesta, las actividades de vigilancia y espionaje del Gobierno, se sustentaron en la creación de la Dirección Conjunta de Seguridad Informática (DICOCEI) de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) que incluía una División de Redes Sociales (2014) y en el año 2015, la Dirección Conjunta de Ciberdefensa de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB). El hecho que estos entes se encarguen de monitorear y vigilar las redes sociales, se centra en la idea de que cualquier acción que se ejecute, está sustentada y legitimada en el resguardo de la seguridad nacional.
Además de ello, la política del Gobierno para Internet incluye también el uso de bots5 con la finalidad de configurar la agenda de debate y posicionar temas de manera artificial. A través de Twitter se posicionan etiquetas que llegan a constituirse en trending topics, de esta forma, el gobierno usa estas cuentas falsas para crear tendencias a través de lo que se ha llamado la #tropa del régimen. Es común observar a diario cómo este ejército de bots establece etiquetas en Twitter falseando y tergiversando la realidad sociopolítica del país. Las prácticas de control que hace el Gobierno con estos bots en Twitter forman parte de la hegemonía comunicacional donde se trata de incidir en los discursos, haciendo de esta red social digital, otro campo más para erigir cosmovisiones de la realidad política del país
3. A modo de conclusión
Hasta ahora, hemos realizado un sucinto recorrido por el contexto de las comunicaciones en el país, en especial lo referido a Internet y las redes sociales digitales, bajo una estructura guberidntal cimentada en la hegemonía comunicacional, con sus políticas de censura y control. Este discurso de hegemonía comunicacional guberidntal, se centra en el control acérrimo de la información, a través de políticas públicas sustentadas en censurar, intervenir, otorgar o revocar concesiones, multar, sancionar, hasta el encarcelamiento, de cualquier opinión, línea editorial, o mera expresiones de catarsis (de esas que pululan en las redes sociales digitales), criminalizando con ello, cualquier expresión que se manifieste como disidente, lo cual degenera en prácticas de autoritarismo que permea no solo el sistema de comunicaciones del país, sino todo el quehacer sociopolítico.
En el país hemos pasado de políticas orientadas a masificar los accesos a Internet y que los ciudadanos pudiesen adquirir equipos y dispositivos tecnológicos, a una estrategia guberidntal centrada en limitar cualquier tipo de inversión en el área de las telecomunicaciones, además criminaliza la libertad de pensamiento en las redes sociales digitales, incurriendo en bloqueos y en la constitución de ejércitos de trolls que vulnera cualquier proceso comunicacional y el propio ejercicio de la ciudadanía.
Es de resaltar que la censura que el gobierno ejerce en Internet, es la misma que países como China, Irán y Turquía emplean para controlar los accesos y usos al ciberespacio por parte de sus ciudadanos. Evadir los bloqueos en Internet requiere de unas competencias tecnológicas que la mayoría de los ciudadanos no posee, estamos hablando de habilidades hacktivistas, que si bien pueden ser adquiridas a través de talleres o cursos, esto no llega a todos los venezolanos. En este punto, nos volvemos a encontrar con la brecha digital, ya que ante el control acérrimo de Internet por parte del gobierno venezolano, estamos en un ámbito que va a depender de las habilidades personales y de las competencias tecnológicas que los ciudadanos puedan acceder a un sitio web bloqueado, por ejemplo por la manipulación de DNS (sistemas de nombre de dominio).
Lo cual, implica que los ciudadanos deben poseer recursos, tiempo y sobre todo motivación para eludir los controles y la manipulación del tráfico de la web por parte del gobierno. Es una labor compleja, porque contantemente los ciudadanos deben no solo sortear los bloqueos y la censura, sino también distinguir cuando se está en presencia de matrices de opinión creadas por el gobierno venezolano para desinformar.
A pesar de estas condiciones impuestas por el gobierno venezolano, existen ONG que promueven el activismo con la finalidad que los ciudadanos participen y adquieran competencias para crear y gestionar proyectos que transformen la realidad social, ello supone que se persigue promover modalidades de participación política ciudadana más activas sustentados en un mayor compromiso y responsabilidad.
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*Profesora Agregado de la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela. Investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación (CIC-UCAB). Doctoranda en Ciencias Sociales (FACES-UCV). Email: edixela.burgos@gmail.com