Braulio Ramos Menar*
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia
Correo: bramosmenar@gmail.com
Resumen
En Bolivia se dieron diferentes transformaciones públicas estructurales que permitieron mejorar los espacios de planificación, entre las importantes se tienen a los procesos de descentralización administrativa, participación popular y los regímenes autonómicos. En este contexto la presente investigación se planteó como objetivo determinar los fundamentos del nuevo sistema de planificación estatal, niveles de planificación y las metodologías para la formulación de los planes territoriales en Bolivia. Los resultados concluyen un nuevo escenario normativo y metodológico de la planificación, mediante la elaboración de planes a nivel nacional, sectorial, territorial, regional, institucional, y empresarial público con un horizonte de largo, mediano y corto plazo. Los logros alcanzados son favorables, sin embargo existen limitaciones y nuevos desafíos; es así que continúa en la agenda de los territorios la legitimación de la participación plena de la población, la asignación eficiente de los recursos públicos, la eficacia en la ejecución presupuestaria y la evaluación del impacto económico y social.
Clasificación JEL: O21
Palabras Claves: Planificación territorial - Economía Boliviana – Sistema de Planificación Integral Estatal.
Abstract
In Bolivia there were different structural public transformations that allowed to improve the planning spaces, among the important ones are the processes of administrative decentralization, popular participation and autonomous regimes. In this context, the present investigation was aimed at determining the foundations of the new state planning system, planning levels and methodologies for the formulation of territorial plans in Bolivia. The results conclude a new normative and methodological scenario of planning, through the elaboration of national, sectoral, territorial, regional, institutional and public business plans with a long, medium and short term horizon. The achievements are favorable, however there are limitations and new challenges; This is how the legitimation of the full participation of the population, the efficient allocation of public resources, the efficiency in budgetary execution and the evaluation of the economic and social impact continue on the territories' agenda.
JEL Classification: O21
Key Words: Territorial planning - Bolivian Economy - State Comprehensive Planning System.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Braulio Ramos Menar (2019): “Perspectivas de la planificación territorial en Bolivia”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (julio 2019). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/planificacion-territorial-bolivia.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1907planificacion-territorial-bolivia
1. INTRODUCCIÓN.
La misión de la actividad planificadora es fundamental en los procesos de reformas estructurales que permitan promover el crecimiento y consecuentemente el desarrollo de las economías. Por lo tanto, la planificación se constituye en un instrumento fundamental del desarrollo, está orientada a mejorar los niveles de pobreza y desigualdad. La planificación del desarrollo tuvo mayor trascendencia con la formulación de la teoría del desarrollo humano y del desarrollo sostenible, que reorientaron la forma de pensar como un proceso que va más allá del crecimiento y que comprende aspectos tales como la justicia, equidad, genero, gobernanza, sostenibilidad, entre otros; siendo el elemento fundamental el ser humano y el medio ambiente.
En el caso latinoamericano la planificación fue concebida como un elemento fundamental para superar las condiciones históricas estructurales del subdesarrollo; por ejemplo, se aplicaron políticas de industrialización orientadas a la sustitución de las importaciones, solución a los problemas de endeudamiento, diversificación exportadora y transformación productiva.
Sin embargo, diversas experiencias de planificación no gravitaron en el desarrollo de los países, en este sentido el grado de avance, la eficacia y los resultados de la planificación es particular en cada país. En la actualidad los procesos de planificación en América Latina están orientados a la formulación de políticas sociales que permitan mejorar los niveles de pobreza y consecuentemente las condiciones de vida, contribuyendo de esta manera al desarrollo social (Ramos, 2019, p. 8).
1Ph.D. Economista. Docente de Planificación Regional, Carrera de Economía. Universidad Técnica de Oruro (UTO), Bolivia.
Bolivia atravesó varias reformas públicas administrativas tales como la participación popular, la descentralización administrativa y los procesos autonómicos, que transformaron las relaciones económicas, sociales y políticas en el ámbito local, regional y nacional. En la década de los noventa se promulgaron normativas que permitieron reorientar los procesos de planificación; la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular reconocieron la conformación de los municipios, avances respecto a la administración propia de los recursos públicos (se transfieren competencias del nivel central a los municipios), asignación de recursos a los municipios (considerando los criterios de población y pobreza) y la participación de la población en la toma de decisiones (se crean las organizaciones territoriales de base y los comités de vigilancia). Posteriormente, la modificación de la Constitución Política del Estado, la inserción de procesos autonómicos y la implementación de un nuevo sistema de planificación, generan un nuevo escenario del sistema de planificación local otorgándose nuevas competencias y responsabilidades a los territorios.
En este contexto la presente investigación tiene el objetivo de determinar los fundamentos del nuevo sistema de planificación estatal, niveles de planificación y las metodologías que deben aplicarse para la formulación de los diferentes planes territoriales en Bolivia. La Nueva Constitución Política del Estado establece como función del Estado la conducción del proceso de planificación económica y social mediante la participación y consulta ciudadana. En este entendido el Sistema de Planificación (SISPLAN) fue reemplazado por el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), mediante Ley N° 777 del 21 de enero de 2016. Los resultados concluyen un nuevo escenario normativo y metodológico para la planificación en Bolivia, mediante la elaboración de diferentes planes a nivel nacional, sectorial, territorial, regional, institucional, y empresarial público con un horizonte de largo, mediano y corto plazo.
2. MATERIALES Y MÉTODOS.
La investigación es de tipo descriptiva, identifica los principales elementos que caracterizan la planificación territorial en Bolivia. En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos, tales como el método histórico mediante el cual se realizó la reminiscencia de los procesos de planificación en Bolivia; la inducción, permitió establecer la comparabilidad de los planes a corto y mediano plazo y su relación con los planes a largo plazo; la deducción se utilizó en la revisión de los preceptos generales de la planificación, aplicadas al estudio de caso de la economía boliviana. El método de análisis y el método estadístico se aplicaron en la presentación de los resultados en el análisis de los datos y la descomposición de cada uno de los elementos que conforman la planificación territorial; a su vez el método de síntesis permitió la estructuración de la discusión y las conclusiones del trabajo de investigación. De la misma manera, se aplicó la técnica de la revisión documental de los principales documentos relacionados con la planificación territorial, metodologías y la normativa vigente. De acuerdo a los objetivos de la investigación, la unidad de análisis se constituye la planificación territorial en Bolivia.
3. RESULTADOS.
3.1. Aspectos generales de la planificación
3.1.1. La planificación del desarrollo
Considerando las diferentes estructuras económicas, sociales y políticas de los países, hoy en día se comprende claramente la necesidad de implementar procesos de planificación que permitan la formulación, ejecución y evaluación de programas de desarrollo económico y social. Por lo tanto, la planificación se constituye en un instrumento fundamental en la construcción del desarrollo, comprende un proceso económico, social y político para una comunidad, región o un país. La planificación del desarrollo adquiere mayor trascendencia desde la segunda mitad del siglo XX, donde se formulan diferentes teorías tales como la teoría del desarrollo humano, teoría del desarrollo sostenible, que reorienta la forma de pensar de la planificación como un proceso que va más allá del crecimiento y que comprende aspectos tales como la justicia, equidad en la distribución de los ingresos, genero, gobernanza, sostenibilidad, entre otros; siendo el elemento fundamental el ser humano y el medio ambiente.
En la actualidad el desarrollo no está relacionado solo con el aspecto económico, adquiere un carácter multidimensional, es decir comprende diferentes dimensiones, tales como la dimensión social, política, cultural, ambiental, ecológica, entre otras. En este sentido, el desarrollo está orientado a las aspiraciones, capacidades y oportunidades de las personas, para alcanzar el bienestar social, individual y colectivo en términos de igualdad y equidad. La dimensión social del desarrollo comprende la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos. A su vez, la dimensión económica está referida a las oportunidades de empleo y consecuentemente niveles de ingreso que permita satisfacer las necesidades; así como las políticas de producción, distribución, redistribución y consumo. La dimensión política de desarrollo enfatiza la legitimidad de los gobiernos, los cuales deben proporcionar oportunidades y beneficios sociales para la población. El respeto a los derechos humanos, culturas y tradiciones de los pueblos indígenas u originarios se refiere a la dimensión cultural; finalmente la dimensión ecológica y ambiental de desarrollo está relacionado al uso racional y sostenible de los recursos naturales preservando el medio ambiente. (Ramos, 2018b, p. 29).
3.1.2. El desarrollo humano
El concepto de desarrollo humano implica la inclusión social y la participación política; al respecto Reyes (2009), menciona que un rasgo de exclusión social es la pobreza, ya sea referida a personas u hogares, en función a la línea de pobreza o respecto a las necesidades básicas insatisfechas. En todo caso, el desarrollo humano constituye un tema convergente y multidisciplinario, es resultado de la interacción de muchos factores y condicionantes económicas y sociales. El desarrollo y la inclusión social están relacionados en lo fundamental, con la participación activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales y comunidades. A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), construye a partir del año 1990 el Índice de Desarrollo Humano, que sintetiza el nivel de logro en las dimensiones de salud (esperanza de vida), educación (tasas de analfabetismo) e ingresos (PIB percápita).
3.1.3. Desarrollo sostenible
La CEPAL (2016), menciona “el lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental, son las nuevas características de nuestra realidad actual” (p. 7); considerando este panorama, es necesario transformar el paradigma de desarrollo y orientarlo al desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. Bajo estas líneas, Naciones Unidas formula una estrategia que comprenda el compromiso de los gobiernos para el logro de diferentes objetivos que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible considerando las generaciones venideras.
3.1.4. América Latina y pobreza
Según la CEPAL (2019), los países de América Latina presentan una marcada heterogeneidad en los niveles de pobreza y de pobreza extrema.
Solo dos países (Chile y Uruguay) tienen una tasa de pobreza inferior al 15%. En siete países la tasa de pobreza se sitúa entre el 15% y el 25%, mientras que en los otros seis la pobreza afecta a más del 25% de la población. Existe, a su vez, una relación directa entre las tasas de pobreza y de pobreza extrema. Los países donde la pobreza es más baja son los de menor pobreza extrema: la Argentina, Chile, Costa Rica y el Uruguay tienen tasas de pobreza extrema por debajo del 5%; el Brasil, el Ecuador, El Salvador, Panamá, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana se sitúan entre el 5% y el 10%, mientras que el resto de los países tienen tasas de pobreza extrema por encima del 10%. Para el caso de Bolivia, n loa gestión 2017 la pobreza representó más del 35% y la pobreza extrema se situó por encima del 15%. La pobreza es un problema latente en los países, en este entendido, los gobiernos diseñaron diferentes políticas sociales que permitan disminuir los niveles de pobreza y de esta manera contribuir en los procesos de desarrollo (Ramos, 2018a, p. 1).
3.2.1. La Nueva Constitución Política del Estado
La constitución establece como una de las funciones del Estado en la economía, la conducción del proceso de planificación económica y social mediante la participación y consulta ciudadana, La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. (Art. 316). Se debe garantizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que aglutine a los representantes de las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. El Estado está obligado a formular periódicamente con participación y consulta ciudadana, el Plan General de Desarrollo de ejecución y cumplimento obligatorio.
3.2.2. Participación y Control
La CPE instituye que el pueblo soberano, mediante la sociedad civil organizada, participará en el diseño de políticas públicas y ejercerá control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. La participación implica participar en la formulación de las políticas del Estado y el control social en todos los niveles y órganos de gobierno. Por tanto, la población boliviana se constituye en principal actor de los procesos de planificación en Bolivia. En este sentido, las experiencias participativas a partir de la Ley de Participación Popular fueron importantes, sin embargo todavía resulta necesario fortalecer y diseñar escenarios que permitan la participación plena de la sociedad.
3.2.3. Proceso de autonomías y descentralización administrativa
Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial, implica la igualdad jerárquica o de rango entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. A su vez la descentralización administrativa, es la transferencia de competencias de un órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza tuición. (Art. 5, Administración de las unidades territoriales). Asimismo, el artículo 8, distingue cuatro tipos de autonomías, autonomía indígena originaria campesina (impulsa el desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio), la autonomía departamental (orienta el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción), autonomía municipal (promueve el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano y coadyuva al desarrollo rural) y la autonomía regional (promueve el desarrollo económico y social de la región).
3.2.4. Espacios de Planificación y Gestión.
Las regiones y los distritos municipales serán espacios de planificación y gestión de la administración pública; la región es un espacio territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del departamento, tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para el desarrollo integral, y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión pública (Ley Nº 031, Art. 19). Los gobiernos autónomos municipales o las autonomías indígena originaria campesinas que conforman la región, conjuntamente con el gobierno autónomo departamental, llevarán adelante el proceso de planificación regional bajo las directrices del SPIE. La región podrá conformarse entre unidades territoriales con continuidad geográfica que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas, con una vocación común para su desarrollo integral.
3.2.5. Sistema de Planificación Integral del Estado
El SPIE se refiere al conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo de Bolivia. Este sistema permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado (Ley Nº 777, Art. 2).
El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por tres subsistemas: planificación, Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral y Seguimiento y Evaluación Integral de Planes, estos subsistemas están integrados y son complementarios en el logro de objetivos. “La calidad implica eficiencia y eficacia…, por tanto es de importancia su medición” (Jordán, 2017a, p. 157). El SPIE, establece las bases del proceso de Planificación, según características propias de cada sector, respetando las directrices establecidas y considerando la Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico Social” (Jordán, 2018, p.22).
El nuevo sistema de planificación comprende la elaboración de diferentes planes tales como el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), que orienta la planificación integral de largo plazo del Estado Plurinacional y establece la visión política para la construcción del horizonte del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), instrumento a través del cual se canaliza la visión política referida a la planificación de mediano plazo. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) que se desprenden del PDES, planes de carácter operativo, que permiten integrar en el mediano plazo el accionar de los diferentes sectores, estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y orientaciones para el sector privado, organizaciones comunitarias, social cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales. De la misma manera, se tienen los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI), que constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Regionales y Gobiernos Autónomos Municipales; los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas (PGTC), orientados a fortalecer la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de las naciones y pueblos que las componen, tomando en cuenta sus propias visiones sociales, culturales, políticas y económicas (Ley Nº 777).
Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI y la elaboración de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. Por otra parte, los Planes de Empresas Públicas, articulados al PSDI, la planificación empresarial pública constituye la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en la empresa para el logro de las metas, resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento del PDES y PSDI del sector al que pertenezca la empresa. Está integrada por los Planes Estratégicos Empresariales y los Planes Estratégicos Corporativos. Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI), constituyen la planificación a mediano plazo de las regiones, regiones metropolitanas y macroregiones estratégicas, articuladas al PDES, PTDI (departamentales y municipales) y a los PSDI. De la misma manera se enuncian los Planes Inmediatos, formulados por el Ministerio correspondiente en el marco del PDES, que tienen una duración de hasta dos años, considerando las necesidades inmediatas de articulación de procesos, medidas, acciones y desarrollo de capacidades económicas, financieras, sociales, ambientales, culturales, y otros que resulten de las prioridades del proceso de gestión pública. Por otra parte, se tienen los Planes de contingencia respecto de desastres naturales que son considerados Planes Inmediatos y se formulan e implementan por los ministerios responsables. Finalmente los Planes Operativos Anuales (POA), establecen la programación de acciones de corto plazo de cada entidad pública, que contempla la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales (Ley Nº 777).
El ámbito de aplicación del SPIE según la Ley Nº 777, comprende a las entidades públicas del Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Empresas Públicas y Universidades Públicas (Art. 4); asimismo se establece como Órgano Rector al Ministerio de Planificación del Desarrollo (Art. 7).
“Con relación al financiamiento (…), estas se encuentran reguladas bajo la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental; donde se regula ocho sistemas implementados como son: el Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Organización Administrativa, Sistema de Presupuesto; Sistema de Administración de Personal, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Tesorería y Crédito Público; Sistema de Contabilidad Integrada y el Sistema de Control Gubernamental”. (Jordán, 2017b, p. 3).
3.2.6. Fundamento de la Propuesta de Desarrollo
Concepción del Vivir Bien
La concepción del “Vivir Bien” es propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia que expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural. La concepción teórica del Vivir Bien busca la convivencia individual, la convivencia en la comunidad y la preservación de la naturaleza.
Modelo Económico Social Comunitario
La economía plural se refiere a la promoción de varias formas económicas de producción que complemente el interés individual con el bienestar colectivo; en este nuevo escenario la estructura del poder económico estará concentrada en el Estado Nacional como productor y conductor de la economía, nacionalización de las empresas, control de los recursos estratégicos naturales, industrialización y producción, modernización de la economía campesina, micro empresarial y comunal, preservación de la estabilidad macroeconómica social y promoción del desarrollo económico. Se considera sectores estratégicos a los hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales; a su vez, los sectores generadores de empleo e ingresos son la industria, manufactura y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio y servicios de transporte. Sin embargo, en la actualidad todavía es incipiente la participación de la economía campesina y comunal.
3.2.7. Lineamientos de la Agenda Patriótica 2025
La Agenda Patriótica 2025 constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) de largo plazo, comprende trece pilares que incluye la erradicación de la pobreza, universalización de servicios básicos, salud, educación y deporte; soberanía científica, tecnológica, financiera, productiva, alimentaria, ambiental; nacionalización de los recursos naturales, industrialización, comercialización, respeto a los derechos de la Madre Tierra, integración de los pueblos, transparencia en la gestión pública, disfrute, felicidad, reencuentro con la alegría, prosperidad y nuestro mar. Una Agenda con mucha incertidumbre respecto al logro de metas, con una perspectiva demasiada optimista que demuestra una connotación política.
3.2.8. Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020, plantea 68 metas y 340 resultados. Se pretende alcanzar al 2020 una pobreza moderada de 24,1% y una pobreza extrema de 9,5%; la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, 25 veces; una cobertura de servicios de agua potable y segura del 95% urbana y 80% rural; cobertura servicios de alcantarillado y saneamiento de 70% urbano y 60% rural; cobertura de energía eléctrica al 100% en el área urbana y 90% en el área rural; cobertura del 90% de acceso universal a la educación (edad de 4 y 17 años); 4,7 millones de hectáreas de superficie cultivada; 24,3 millones de toneladas métricas de producción agrícola; 73 millones de metros cúbicos por día de producción de gas natural; 1.060 millones de toneladas métricas brutas de reservas mineras; 4.878 megawatts de potencia efectiva y 7.483 kilómetros de líneas de transmisión. Considerando las estadísticas del año 2018 es improbable el logro de la mayoría de las metas y resultados formulados al 2020. El análisis de solo dos variables significativas, pobreza y producción de gas permite deducir que es improbable el logro de las metas programadas. El 2020 se pretende lograr una pobreza moderada de 24,1% y una pobreza extrema de 9,5%; según el INE el año 2018 se alcanzó una pobreza moderada de 34,6% y una pobreza extrema de 15,2%; por tanto es inalcanzable una reducción de 5,7% en la pobreza extrema y 10,5% en la pobreza moderada en 18 meses, cuando en últimos cinco años (2014-2018) se redujo la pobreza moderada en 4,6% y la pobreza extrema en 1,9%. Por otra parte, se proyecta para el 2020 una producción de gas natural de 73 millones de metros cúbicos por día; este dato el 2018 fue de 50,90, consecuentemente es insostenible un incremento de 22,1 millones de metros cúbicos en 18 meses (de julio 2019 a diciembre de 2020), cuando en los últimos seis años (2013-2018) se aumentó en solo 3,94 millones de metros cúbicos.
Los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo, que contemplaban variados programas y proyectos no lograron superar los problemas estructurales de la economía boliviana. Por otra parte, la inclusión de la población indígena, genera la exclusión de otros sectores sociales de la población boliviana (clase media, presente en ciudades capitales y centros urbanos), por lo tanto es necesario fortalecer y diseñar escenarios que permitan la participación plena de la sociedad, para generar un Estado incluyente participativo, democrático, sin divisiones ni discriminación. En este contexto se plantean algunas interrogantes que merecen ser analizadas: ¿será posible que la Agenda Patriótica logre el 2025 el 100% de cobertura en el acceso a agua potable, alcantarillado, comunicación, energía eléctrica, sistemas de comunicación, servicios de salud, educación básica técnica, superior pública, infraestructura y formación deportiva?; ¿por qué no se realiza la evaluación de la eficacia, eficiencia e impacto de los programas y proyectos económicos y sociales?; ¿las políticas implementadas permitirán la disminución de la pobreza intergeneracional?; ¿se garantiza la sostenibilidad de los ingresos económicos de Bolivia en el largo plazo?; ¿los planes de desarrollo económico y social en su formulación son demasiado optimistas y conllevan una connotación política?.
La planificación en la construcción del desarrollo social está orientada a mejorar los niveles de pobreza y desigualdad, en este entendido los gobiernos planifican diferentes programas y proyectos para el logro del bienestar de la sociedad.
En Bolivia se dieron transformaciones respecto a la elaboración e implementación de los procesos de planificación; existe un nuevo escenario normativo y metodológico para la planificación territorial, la misma que se encuentra actualmente en proceso de implementación (SPIE) a partir de enero de 2016. Sin embargo, al presente los Planes Nacionales de Desarrollo no lograron superar los problemas estructurales de la economía boliviana, tales como la industrialización, tecnología, pobreza, desempleo, desigualdad, exclusión, corrupción, contrabando, narcotráfico entre otros.
Por lo tanto, será fundamental el involucramiento, empoderamiento y compromiso por parte de los sectores para la consecución los objetivos y metas del PGDE y el PDES que permita la construcción del desarrollo económico y social de Bolivia; las experiencias adquiridas estimulan a pensar en la planificación del desarrollo con un enfoque territorial.
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*Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. bramosmenar@gmail.com