Ing. Richard Alexander Alvarado Morales
Estudiante de la maestría en Administración de Empresas, Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica de Manabí
Ing. Youry Rezabala Encalada, MBA
Magíster en Administración de Empresas. Profesor Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Técnica de Manabí. Doctorante de la Universidad La Habana
Email: richardalvarado2@hotmail.com
RESUMEN
La investigación, tuvo como objetivo general analizar el impacto de la política pública en las condiciones competitivas del sector agrícola en la Zona 4, provincia de Manabí, República del Ecuador. Fundamentada en las teorías de Lahera (2004), García, Rivas & Pavón (2008), Andrade & Andrade (2018). Los autores consultaron varias bibliografías, realizaron trabajo de campo, con la intervinieron de 23 representantes de diferentes organizaciones de derecho de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, la técnica para recabar información fue la encuesta, considerando los resultados efectivos y confiables, a través de los resultados se logró concebir que las políticas públicas impactan de manera significativa en el logro de los objetivos para el desarrollo de las competencias que intervienen en el sector agrícola. La importancia radica en el sector productivo, se debe profundizar los problemas que se presentan en la actividad diaria, siendo una realidad territorial que las actividades que se ejecuten se cumplan dentro del marco de la política pública actual. Se concluye resaltando la importancia de las competencias de las políticas públicas en las comunidades rurales que son quienes promueven el desarrollo agrícola en el país, diagnosticando su estado presente, y determinar conclusiones a través de los resultados que se alcanzaron en la investigación.
PALABRAS CLAVES: Organizaciones rurales-comunidades agrícolas-asociatividad
Código Jel: M11, M38
SUMMARY
The general objective of the research was to analyze the impact of public policy on the competitive conditions of the agricultural sector in Zone 4, province of Manabí, Republic of Ecuador. Based on the theories of Lahera (2004), García, Rivas & Pavón (2008), Andrade & Andrade (2018). The authors consulted several bibliographies, carried out field work, with the participation of 23 representatives of different law organizations of the Provincial Union of Peasant Organizations of Manabí, the technique to gather information was the survey, considering the effective and reliable results, through From the results it was conceived that public policies have a significant impact on the achievement of the objectives for the development of the competences that intervene in the agricultural sector. The importance lies in the productive sector, it must deepen the problems that arise in daily activity, being a territorial reality that the activities that are executed are fulfilled within the framework of the current public policy. It concludes highlighting the importance of public policy competencies in rural communities that are promoting agricultural development in the country, diagnosing their present state, and determining conclusions through the results that were reached in the research.
KEYWORDS: Rural organizations-agricultural communities-associativity
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Richard Alexander Alvarado Morales y Youry Rezabala Encalada (2019): “Política pública sobre las condiciones de competencia del sector agrícola en la zona 4”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (febrero 2019). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/02/competencia-sector-agricola.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1902competencia-sector-agricola
En la actualidad, la libre concurrencia y la competencia tanto tecnológica como económica se incrementan a un ritmo acelerado, la capacidad competitiva de las naciones está cada vez más determinada por la definición e implantación de políticas públicas adecuadas, que permita de forma clara orientar a las personas, asociaciones, organizaciones, cooperativas, operadores económicos entre otros, hacia la consecución de objetivos concretos, así como la forma de conseguirlos.
La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, sobre el sistema económico que rige en el País, en el artículo 283 establece: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que imposibiliten el buen vivir” CRE (2008).
El régimen de desarrollo establecido por la constitución ecuatoriana ubica como eje fundamental al ser humano, por lo que pretende alcanzar el buen vivir a través de mejorar los niveles de vida de la población y esto para efectos del derecho de la competencia, se traduce en el bienestar del consumidor. La Carta Magna busca impulsar una competencia eficaz en beneficio de los consumidores, a través del establecimiento del comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, minimizando las distorsiones de la intermediación y promoviendo la sustentabilidad. Dentro de los objetivos de política comercial, en el artículo 304 numera 6 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2016) pretende “evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados”.
Para el efecto, la Constitución le faculta al Estado para que a través de sus diversas instituciones creadas para ese fin, apliquen los mecanismos que deben estar regulados en la ley, para evitar estos comportamientos prohibidos que impiden el correcto desarrollo económico del mercado. De ésta manera, el Estado establecerá los mecanismos de sanción para evitar el abuso de posición de dominio de operadores económicos, las concentraciones económicas y otras prácticas de competencia desleal.
En este contexto surge la problemática de que si las políticas públicas contempladas para el sector agrícola están correctamente aplicadas para que generen producción, progreso, rentabilidad, competitividad y sobretodo estén direccionadas a la soberanía alimentaria. Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021.
Las políticas públicas, permiten la repartición equitativa de los beneficios, el florecimiento de nuevos operadores económicos para la economía rural. La presente investigación radicó en analizar el impacto de la política pública en el sector agrícola con las condiciones competitivas, se realizó el diagnóstico del estado actual para determinar las recomendaciones generadas en base a los resultados.
En el marco de la cooperación internacional con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se trabaja en conjunto con: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La FAO promueve una economía agrícola y de desarrollo mediante una coordinación de diferentes iniciativas que contribuyen a la investigación económica, análisis político y a la generación de herramientas que permitan la medición de la inversión pública y promuevan nuevas líneas de cooperación técnica. La FAO, ha prestado apoyo a los países miembros en la búsqueda de sendas eficaces, para poner fin al hambre y toda forma de malnutrición; mediante el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de políticas públicas que direccionen esfuerzos a la mejora progresiva de los sectores de alimentación y agricultura (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).
El Mercado Justo es una de las políticas públicas establecidas por el Estado Ecuatoriano; conforme se establecen en los artículos 35 y 36 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. La política de competencia busca que los operadores económicos de todo el país competir de manera transparente en los distintos sectores de la economía nacional, con el objetivo de que dicha competencia repercuta de manera positiva en el bienestar general de la ciudadanía, mediante la obtención de bienes y servicios de mejor calidad y precios asequibles.
El sector agrícola en todo el territorio ecuatoriano, en especial en la Zona 4, tiene varias problemáticas generadas por el hecho de que la mayoría son pequeños productores, se ven en desventajas al momento de comercializar sus productos respecto de los grandes productores, principalmente por la existencia de una gran cadena de intermediarios.
En una economía de mercado, muchas de las veces es importante la intervención y regulación del estado, mucho más cuando sectores productivos están viendo mermado su productividad y rentabilidad. En este sentido, no solamente que se han establecido políticas y estrategias a nivel del proceso de producción, sino de acopio y de comercialización. Una institución que tiene funciones específicas de fomento en el desarrollo de las actividades agrícolas como el MAG, está tomando gran participación dentro de la asociatividad de los agricultores. Zevallos, 2007; Riera, 2013 consideran que la asociatividad es una estrategia orientada a potenciar el logro de una ventaja competitiva, en donde cada uno de los asociados mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, tomando la decisión de integrase para perseguir y lograr objetivos comunes.
Políticas Públicas
Según Ascher (1994) el surgimiento del Análisis de Política Pública se ubica en las décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos, en el contexto de una creciente crítica a los estudios sociales de la época, los que eran caracterizados como excesivamente formalistas y legalistas. La crítica también señalaba que era necesario abordar el mundo real, tal cual era, y que había que prestar apoyo al gobierno en sus procesos de toma de decisiones. A partir de esa reacción los estudios de políticas públicas se han desarrollado con dos enfoques o énfasis: por un lado, una aproximación que asume que los actores relevantes de las políticas públicas desarrollan conductas racionales y, por otro lado, una aproximación que enfatiza una visión de las políticas públicas como el resultado de un proceso político.
El fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil. (La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social en México, México, M. A. Porrúa. 2006).
Los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado, incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados. Lahera (2004).
Traducen en acciones, estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia de los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre el cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo este revestido de la autoridad legítima y soberana del poder público. (BID, 2006).
Andrade & Andrade (2018) indica que se debe aprovechar las políticas en ejecución y los proyectos ya delimitados por el MAG, para dar una mejor atención y seguimiento al pequeño y mediano productor, por ejemplo en materia de capacitaciones sobre: productos aptos para la siembra en determinados pisos altitudinales, mejor administración de los ingresos y egresos al momento de comercializar, parcelas productivas entre los mismos miembros de una comunidad, etc., entre otros temas de igual relevancia para ser abordados por los técnicos hacia la población que podría obtener un mejor rendimiento productivo en las localidades.
Asimismo, mencionan que políticas públicas ecuatorianas agropecuarias, buscan romper el modelo agrario que se concentra en la generación de ingresos en un solo grupo, con un monopolio estructurado, y en condiciones laborales no optimas, que no ha ayudado a disminuir la pobreza dentro de la provincia y principalmente en las pequeñas comunidades que se dedican a la actividad.
Cáceres G, L. S., Pardo E., C. E. & Torres, A. (2013) señala que en el diseño y la implementación de la política pública juegan un papel importante todos los actores locales que hacen presencia social y cuentan con el poder suficiente para incidir en la definición y el desarrollo de ellas. Toda política pública permite que unos sectores se sientan más favorecidos que otros, por lo tanto cada sector buscará presionar a la administración para lograr ser tenidos en cuenta y así obtener beneficios en la definición y la implementación de dichas políticas. Ellas requieren ser explicadas y consensuadas para convencer a la opinión y reducir la oposición, y por tanto su éxito depende del nivel de comunicación que logren para su difusión.
La política aplicada en la provincia de Manabí se basa en el propósito de disminuir la pobreza y la pobreza extrema, como la desigualdad socioeconómica, pretendiendo que los residentes en el campo logren una mejor calidad de vida, centrándose en lograr la seguridad y soberanía alimentaria en el presente y futuro, como se especifica en los Artículos 281 y 282 de la Constitución del 2008, con el enfoque de lograr que los pueblos alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, con el objeto de lograr el uso y acceso a la tierra con los principios de sociales y ambientales, evitando así la concentración económica a un solo sector y dando facilidades para la adecuada producción. Por lo que se determina que esta ley es aplicable también a la Zona 4 del sector en estudio.
Las políticas públicas son el eje fundamental que tiene el Estado para promover la igualdad, producción, rentabilidad a los diversos sectores, en el caso de la agricultura para consolidar un sistema que ayude al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos productivos.
Competitividad
Villafuerte, Franco & Luzardo (2016) señala que la noción de competencias se haya relacionado con la aptitud, idoneidad, capacidad y pericia que podría tenerse para hacer algo. Se trata, por lo tanto, de aquella persona que posee el conocimiento que le permite resolver un asunto. Asimismo, cuando se habla de competencia en relación a la gestión se hace referencia a los objetivos que se procuran, es decir que, se observa los saberes, aptitudes y destrezas de los líderes. Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la define como "la habilidad de los individuos y las organizaciones o unidades organizativas para llevar a cabo funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible".
García & García (2010). La población rural cuestiona la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y por tanto, los Estados se han visto enfrentados ante las demandas y expectativas de los ciudadanos. Al considerar que las cadenas productivas según Riveros (2004) son parte del sistema agroalimentario, entendiéndose como una realidad económico social, constituida por un conjunto de actores y actividades que interactúan y se interrelacionan para satisfacer las necesidades de mercados específicos.
La competitividad es un tema casi obligado en las políticas económicas que diseña un gobierno, pues se ha convertido en un dogma considerado factor necesario para generar desarrollo en las diferentes economías, es decir, se parte del supuesto de que, cuanto más competitivo es un país, este ofrecerá mejores condiciones de vida a la población, mejor desempeño empresarial, contribuye al buen gobierno y la gestión pública y, en general, ayuda a mejorar su estructura económica y social. García, Rivas & Pavón (2008).
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el estudio Gestión de Agronegocios en Empresas Asociativas Rurales (2006) se indica, que la competitividad del sistema agro productivo depende en gran medida de la capacidad de relacionamiento y asociatividad entre los actores, como estrategia que les permite enfrentar los cambios económicos y del mercado con miras en la sostenibilidad colectiva.
Asimismo, las organizaciones requieren de la creatividad para superar barreras o limitaciones y los nuevos retos de la asociatividad, pasan por la participación activa en redes de cooperación con lo que se ratifica la sintonía con el entorno como aspecto central del desarrollo asociativo. Paredes (2005).
Por otra parte, las competencias adquiridas o desarrolladas dentro de un proyecto de desarrollo rural, aportan a la construcción de capacidades que les habilitarán para el cumplimiento de los objetivos de manera eficaz y eficiente. (Toshiro, Sastre, y De los Ríos, 2012).
Consecuentemente, se requiere de incentivar la formación y fortalecimiento de emprendimientos asociativos que faciliten el uso de los recursos disponibles para este fin y mejoren las perspectivas empresariales, financieras, humanas y territoriales de este sector rural, para la creación de habilidades, conocimientos y destrezas, que determinan el éxito y sostenibilidad de las intervenciones.
El tipo de investigación fue bibliográfica y científica, no experimental, analítica-descriptiva de campo, deductiva-inductiva, por cuanto se consultó en textos, documentos e internet, y de campo. Se realizó la técnica de la encuesta como medio instrumental para obtener los resultados en el diagnóstico.
El instrumento de medición que se utilizó fue un cuestionario cualitativo y cuantitativo con categorías en escala de Likert, de medición unidireccional, que consiste en la presentación de una serie de juicios al encuestado, los niveles se solicitan en términos de acuerdo o desacuerdo con la pregunta o sentencia. (Franklin, 2013). Este tipo de escala atribuye a las variaciones de respuesta se darán por las diferencias individuales existentes, La validez para recopilar la información es el grado de un instrumento que mide la variable. (Sampieri H. 2006). En efecto se logró recopilar información, realizar el análisis estructurado y altamente reflexivo de las variables involucradas en la presente investigación, mediante el instrumento utilizado. Citado por Briones & Cedeño (2018).
Estableciendo que el análisis estadístico está basado en los datos proporcionados por un cuestionario de encuesta dirigido a los dirigentes de Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (UPOCAM).
Se consideró elaborar una encuesta, y se aplicó a 23 representantes de diferentes organizaciones de derecho, que pertenece a UPOCAM, por ser la primera organización campesina de segundo grado más importante de la provincia de Manabí.
Choez (2017) Menciona que en el éxito alcanzado por organizaciones de segundo grado como la UPOCAM ha influido también el hecho de que desde muy tempranas épocas lograron ofertar servicios y capacitación a la población inserta en sus organizaciones filiales. Esta gama de servicios involucra asistencia técnica (producción orgánica), capacitación a promotores de salud, educación formal y servicios de comunicación a partir de una radio comunitaria.
UPOCAM, es una comunidad de luchas campesinas, donde has sabido aprovechar la estructura de oportunidades políticas, en determinados contextos y coyunturas sociales de la microrregión, para fortalecer su capital social y humano y, especialmente, para mantener la continuidad de sus proyectos e iniciativas en un contexto donde los campesinos habían perdido la fe en las tradicionales organizaciones campesinas y en los programas de desarrollo estatal. Guerrero F. (2012). Esta organización fue creada el 13 de junio 1978 y tiene su personería jurídica desde el 10 de noviembre 2001. Su base social, son las Asociaciones de Fondos Mortuorios, Agrícolas y los Comités Pro Mejoras en los que participan hombres y mujeres campesinas. Cada una de estas organizaciones y comités son conocidas como "organizaciones campesinas" de base o primer grado, tienen autonomía y funcionan de acuerdo a intereses específicos.
En la UPOCAM participan "23 organizaciones campesinas de derecho, más otras 100 de hecho. En 25 años de lucha, se ha logrado vigencia y ha promovido cambios en la vida de las organizaciones campesinas de la provincia y sus familias, está empeñada en el cambio de estructuras para que los pobres tengan mejores posibilidades". Al inicio la UPOCAM comenzó alfabetizando, dinamizando las cooperativas e imaginando estrategias para recuperar tierras para los campesinos, con el objetivo grande de aportar en la construcción de un nuevo modelo sociedad en el Ecuador, con las mismas oportunidades para todos.
Con el correr del tiempo, la UPOCAM amplio su radio de acción en toda la provincia con sus servicios de salud, educación, capacitación, producción y comunicación. Las estrategias se renovaron, aclararon sus líneas de acción y hoy en día la UPOCAM ha crecido, compite con otras organizaciones, incluyendo las políticas y ha ingresado en la arena electoral. El objetivo de esta organización es construir una política organizativa del campesino, por mejores condiciones de vida y defendiendo sus derechos para que se atiendan las necesidades básicas del sector. La UPOCAM trabaja principalmente al nivel provincial, en Manabí donde tiene tres sedes: Rocafuerte, Portoviejo y Jipijapa. Manabí es una provincia al noroeste del Ecuador. Su capital es Portoviejo.
La actividad agrícola es la principal en Manabí que ofrece condiciones favorables por la feracidad de la tierra en las zonas aptas para el cultivo. Sus productos son de clima tropical como cacao, café, banano, maíz duro, arroz y algodón. Entre los árboles frutales pueden señalarse: melón, sandía, naranja, pepinillo, piña, papaya. La zonas especialmente cafeteras son: Jipijapa, Paján, Santa-Ana, 24 de Mayo y Junín. Las zonas cacaoteras son: Chone, Bolívar, Junín y la parte montañosa del cantón Sucre. Algodón se cultiva en los Cantones Portoviejo y Rocafuerte. La provincia de Manabí ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de café (área cultivada y producción) lo mismo sucede en la producción de plátano y ocupa el segundo lugar en la producción de maíz duro seco.
Las áreas de trabajo de UPOCAM son la Comunicación: radio Alfaro 96.1 FM, red de reporteros comunitarios, telecentro AlfaroNet; educación: programa de alfabetización "Yo, si puedo", colegio de cursos secundarios "Nuestra Tierra" UNTI, escuela de líderes y lideras; producción: conservación de la biodiversidad, comercialización de varios productos; salud: campañas preventivas, centro médico, farmacia comunitaria, capacitaciones.
En los siguientes gráficos se destacan los datos corresponden a la información general obtenida de la encuesta efectuada a 23 representantes de 23 organizaciones de derecho, de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (UPOCAM), para evaluar las variables en estudio de la presente investigación, sean la política pública y las condiciones competitivas en el ámbito rural.
Se logró determinar en qué medida los representantes de UPOCAM invierten tiempo en la motivación de los socios para el fortalecimiento de las organizaciones productivas, donde el 50% responde que es muy frecuentemente, para Amézaga…[et.al] (2013) consideran el fortalecimiento organizativo se basa en la adopción de estrategias orientadas a fortalecer la confianza entre los asociados, las capacidades de liderazgo y los mecanismos de comunicación interna, se puede proceder a fomentar los otros dos aspectos sociales: la participación y el compromiso.
Mientras que el 20% indica que es frecuentemente, erradicando que se debe establecer estrategias de motivación para que estas organizaciones sean más productivas, tal como lo expone Gil (2013), apostó fuertemente por el fortalecimiento organizacional, como base para que los microempresarios y productores se pudieran organizar en torno a una actividad económica común y vieran los beneficios de que a través de su organización y el trabajo conjunto tienen más posibilidades de acceder al mercado, aumentar sus ingresos y poder salir de la pobreza. En consecuencia el impacto que generan los socios para obtener mayor fortalecimiento de las organizaciones productivas radica en que trabajando de forma agrupada se podrá cumplir con las exigencias de las políticas públicas actuales, al estar motivados podrán trabajar con confianza y esmero por el desarrollo de la comunidad en general.
Por lo expuesto, se establece que al cumplir con la arista de tener motivado a los socios, se podrá aumentar el nivel de quienes contestaron que el 18% ocasionalmente, el 12% raramente. De manera global analizando los resultados expuestos se deben aplicar estrategias con temas actuales que son competencia de los socios de las organizaciones, estarán más motivados generando buenos resultados que conlleven al fortalecimiento de las mismas.
En el gráfico 2, representa el mecanismo técnico de los precios de sustentación al sector agrícola, los representantes indican que el 45% están totalmente de acuerdo, analizando desde este nivel los encuestados reflejan la aceptación que tienen con esta política que en sus teorías beneficia a los socios, y el 35% indica que están de acuerdo, por lo tanto impacta en las condiciones competitivas para generar desarrollo en las diferentes economías que tienen como asociatividad en esta organización.
Quinde (2015) expresa que el agricultor ecuatoriano se encuentra desprotegido ante la dependencia de los eslabones intermedios que forman la cadena de comercialización, esto a causa de la poca intervención gubernamental en las estructuras comerciales agropecuarias, el desconocimiento por parte de los productores sobre los precios de mercado en el sector agrícola, los problemas existentes en el desarrollo de asociaciones de agro-productores que exijan mejores precios para su producto, el débil poder de comercialización que tienen los productos agropecuarios ante un libre mercado y la escaza tecnificación e infraestructura agropecuaria que contribuya en el desarrollo de la producción, poder de negociación y la reducción de los eslabones de la cadena de comercialización tradicional; esta dependencia a los intermediarios tienen como efecto generar malos pagos por la producción agrícola y el estancamiento de este ante sus malos ingresos, complicando a su vez el desarrollo de la calidad de vida de la población rural.
Además, el 12% indeciso, el 5% en desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. En este grupo de niveles que contestaron los encuestados de UPOCAM se deben considerar en qué condiciones se encuentran los socios para fortalecer la economía, y hacer cumplir con la ordenanza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conjuntamente con los integrantes de los Consejos Consultivos de las cadenas productivas del arroz, maíz y plátano, estableció una herramienta de política pública para mejorar la coordinación entre los diferentes actores productivos, proteger y garantizar la rentabilidad al pequeño agricultor y ofrecer condiciones óptimas al resto de la cadena.
Asimismo Quinde…[et.al] (2018), consideran que el desarrollo de la política agrícola ecuatoriana en especial la de regulación de precios en su interés de maximizar el beneficio de particulares discrepa de lo difundido por Abbott (1998) la liberalización comercial tiene que convertirse en puntal de la implementación de la política de competencia como parte de la política agrícola porque esta genera beneficios de ambos lados de la comercialización.
Analizando los resultados expuestos se observa que la mayoría de los representantes aprueban la aplicación de la estrategia. Pero un gran porcentaje de representantes no están conformes porque manifiestan en la realidad no se efectúa como debe ser la ordenanza, es decir que con la estabilización de precios se evita la especulación en ciertas épocas del año y permite que el agricultor tenga un producto con precios más competitivos frente a los países vecinos, así como mitigar el contrabando en estos productos.
Por lo consiguiente en el Código de la Producción (2010) contextualiza que “los aranceles nacionales deberán respetar los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas”.
Mientras que el resto de los encuestados de UPOCAM escogieron que el 40% están de acuerdo, el 10% indeciso, el 8% en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo, analizando que esta competencia no facilita en su totalidad a los socios de la organización, generando el impacto en de que la cantidad de aranceles no ayudan a proteger la producción nacional de las importaciones. Por lo que se debe establecer acciones que favorezcan a la economía y desarrollo de las diferentes comunidades de la organización.
Se realizó la pregunta para analizar cómo los representantes de las diferentes organizaciones indican que las políticas públicas aplicadas son importantes para el beneficio común, cuyos resultados definieron que el 55% consideran que es muy importante, y el 35% Importante, analizando los resultados se logró consensuar que los dirigentes de las diferentes organizaciones de UPOCAM si considera el impacto generado de la verdadera importancia de que estas políticas públicas son para el beneficio común, radica en el cambio para el desarrollo agropecuario y rural, en condiciones favorables a la agricultura familiar.
Es evidente la importancia de la participación de todos los actores movilizados que reivindican la formulación y ejecución de políticas públicas que favorezcan la agricultura familiar. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2017 en la investigación realizada determina que en Ecuador, las políticas de apoyo a la pequeña producción agropecuaria fueron retomadas en 2007 cuando se crea el Programa del Desarrollo Rural Territorial (PRODER) seguida en 2009, de la creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria (Decreto Nº 1668). Junto con esta nueva institucionalidad está el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca que continúa orientando acciones de apoyo a la producción agropecuaria, sobretodo, la relacionada con el agronegocio. Para la ejecución de la Estrategia nacional del Buen Vivir Rural se constituyó el Comité Interinstitucional del Buen Vivir Rural coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y la participación de un amplio grupo de organizaciones públicas.
Además, que existe un marco general multisectorial que orienta las acciones para la agricultura familiar. Esta categoría es vista en su relación con los espacios rurales y su contribución a la soberanía alimentaria como un derecho ciudadano el cual está definido en el principio constitucional del Buen Vivir: “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos: preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. Bajo los principios del Buen Vivir se formulan el Plan Nacional del Buen Vivir y la Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural, tomando la agricultura familiar y la agroecología como el eje central para la reducción de la pobreza rural. Esta estrategia se fundamenta en el enfoque territorial, hace énfasis en la perspectiva de género y en la interculturalidad. Dentro de los objetivos del plan están la transformación de la matriz productiva y asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Los otros objetivos incluyen auspiciar la igualdad, mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la sostenibilidad “ambiental, territorial y global”, junto con dinamizar la economía, entre otros.
Pero, lo relevante es que la agricultura familiar se reconoce como estratégica para el desarrollo del país y el cumplimiento de los principios constitucionales que lo rigen en la actualidad. Los cambios políticos e institucionales provocados por la Constitución Ecuatoriana de 2008 y su propuesta del Buen Vivir, marcan un hito en la forma de pensar y abordar los procesos de desarrollo rural, pero aún existe una considerable distancia entre las ideas y el avance sobre las condiciones de vida de las poblaciones rurales.
Analizando los resultados y el contexto expuesto, efectivamente es importante que la mayoría de los encuestados consideren que las políticas públicas son para el beneficio en común de las organizaciones que se constituyen por socios que en su defecto son familiares que las componen dando como resultado la agricultura familiar en comunidades rurales, tal como lo indican los diferentes organismos que regulan las políticas públicas y las competencias, y sobretodo el ente regulador que es MAG.