Jhonatan Taguaruco*
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
jatrivas@gmail.com
Resumen
Este articulo representa un acercamiento inicial a cómo los movimientos sociales venezolanos caracterizaron la coyuntura histórica que atravesaron durante la última década del siglo pasado. Para ello tomamos como objeto de estudio a "Referencias", la prensa escrita del primer organismo de derechos humanos del país, donde nos planteamos investigar de qué manera interpretaron la protesta social y cómo definieron la violencia institucional del Caracazo, que fue la masacre más representativa del siglo XX.
Palabras Claves: Caracazo, Protesta Social, Violencia Institucional, Derechos Humanos
Abstract
This article represents an initial approach to how Venezuelan social movements characterized the historical conjuncture they went through during the last decade of the last century. For this we take as object of study to "References", the written press of the first human rights body of the country, where we consider investigating how they interpreted the social protest and how they defined the institutional violence of the Caracazo, which was the most representative massacre of the twentieth century.
Keys words: Caracazo, Social protest, Institutional violent, Human rights
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Jhonatan Taguaruco (2018): “Violencia institucional y protesta social en Venezuela: la interpretación del caracazo (1989) desde los movimientos de derechos humanos”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (junio 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/violencia-institucional-venezuela.html
//hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1806violencia-institucional-venezuela
- Introducción
Durante los días finales de febrero e inicios de marzo de 1989 Venezuela estuvo conmovida por un estallido popular conocido como el "Caracazo" o "Sacudón", el cual fue una revuelta social caracterizada por saqueos y disturbios en rechazo al paquete de medidas neoliberales implantadas por el gobierno del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (CAP) a partir de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La respuesta del Estado para contener los focos de protesta y dispersar a quienes manifestaban fue la represión generalizada por medio de los organismos institucionales de seguridad, especialmente de las Fuerzas Armadas (FFAA) cuestión que terminó desembocando en la masacre más distintiva de todas las violaciones de derechos humanos (DDHH) que ocurrieron en el país durante las cuatro décadas finales del siglo XX.
Esta coyuntura social desencadenó procesos en defensa de los DDHH de organizaciones que ya existían al momento de los hechos, como es el caso del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 1, así como de otras organizaciones que surgieron específicamente a raíz de tales acontecimientos, siendo la más representativa de estas el "Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989" (COFAVIC).
En base a lo anterior, en el siguiente ensayo nos planteamos indagar cómo fue interpretado el Caracazo en el seno de los organismos de derechos humanos; para lograr dicho objetivo nos proponemos analizar de qué manera fue caracterizada la protesta, cuáles representaciones hicieron de los actores sociales involucrados y cómo definieron el papel de los organismos de seguridad. En tal sentido delimitaremos nuestro objeto de estudio al boletín "Referencias", el órgano informativo de PROVEA (editado mensualmente entre noviembre de 1988 y julio de 19932 ).
Debido a que el Caracazo se enmarcó en un proceso histórico amplio, antes de avanzar con el análisis propuesto, consideramos importante bosquejar el contexto en el cual se encuadró la violencia institucional y describir brevemente cómo se desarrolló el estallido social para, finalmente, caracterizar a PROVEA en cuanto organismo de derechos humanos y realizar el abordaje del boletín Referencias.
1. EL PUNTOFIJISMO Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL (EL MARCO GENERAL DE LOS ACONTECIMIENTOS).
El Caracazo estuvo inscrito en lo que la historiografía nacional se conoce como "régimen Puntofijista" el cual fue el período transcurrido entre 1958 y 1998 donde, tras la caída de la dictadura militar que rigió al país por diez años, Venezuela pasó a estar gobernada por un sistema de democracia representativa bipartidista. Fue este contexto en el que los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité Organizado Popular Electoral Independiente (COPEI), de tendencia socialdemócrata y socialcristiana respectivamente, establecieron una alianza táctica para evitar el ascenso de las corrientes revolucionarias al poder ejecutivo; para lograr tal fin resolvieron crear un gobierno de unidad nacional, articular un programa mínimo común, "establecer las elecciones y resultados electorales como única fuente de legitimidad y autoridad, excluir al Partido Comunista del poder y acercarse a los EEUU" (Martínez, 2013: 45), lo cual quedó plasmado en el llamado "Pacto de Punto Fijo" 3.
Desde sus inicios el régimen bipartidista se apoyó en el uso de la violencia política como mecanismo para la permanencia en el poder y de control de quienes no suscribían la alianza puntofijista, manteniendo así vigente proscripciones y prácticas represivas implementadas desde la dictadura militar. Este escenario se agudizó en los primeros años de la década del '60 a partir de la ofensiva guberidntal contra las organizaciones guerrilleras, donde el Estado implementó todo el aparataje institucional a su disposición y empleó "la sistemática violación de los derechos humanos no sólo un instrumento de poder, sino una realidad cotidiana" (Defensoría del Pueblo, 2012a: 6).
En relación a lo expuesto caracterizamos que cada década del puntofijismo estuvo marcada por una práctica específica de represión: en los '60 fueron los Teatros de Operación4 contra la lucha antisubversiva, en los '70 las persecuciones contra los movimientos estudiantiles y en los '80 la masacre como mecanismo represivo institucionalizado. Esta última etapa surgió en octubre de 1982 cuando veintitrés militantes del Frente Guerrillero Américo Silva (FAS) fueron ejecutados por un comando de las FFAA en la población de Cantaura; a dichos acontecimientos "le seguirían en menos de una década la masacre de Yumare (08/05/1986), la masacre de El Amparo (04/10/1988) y la mayor masacre de todas: la iniciada el 27 de febrero de 1989 [conocida como el Caracazo]" (Defensoría del Pueblo, 2012b: 8). En consecuencia podemos señalar que el Caracazo no fue un hecho excepcional o aislado, sino que emergió en una época extensa de violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de los gobernantes puntofijistas, quienes instalaron un escenario de violencia institucional que se fue profundizando hasta desembocar la masacre como forma particular de represión la cual.
En este sentido y luego de bosquejar de forma general cómo este periodo histórico estuvo marcado por la violencia institucional, además de explicar por qué se piensa que el Sacudón significó el punto más álgido de un conjunto de acontecimientos similares, a continuación realizaremos una breve caracterización de cuáles fueron las circunstancias económicas y sociales que conllevaron al Sacudón.
2. DE LA CRISIS ECONÓMICA AL ESTALLIDO SOCIAL (EL CARACAZO COMO ACONTECIMIENTO).
Desde que en Venezuela el petróleo sustituyó a la agricultura en el primer renglón de las exportaciones, a mediado de los años '20 del siglo pasado, los períodos de crecimiento o reflujo económico estuvieron sujetos a la dinámica internacional del mercado petrolero. Estas circunstancias sentaron las bases para un régimen monoproductor donde las clases dominantes vieron poco interés en desarrollar actividades productivas, puesto que el ciclo de circulación de capital se cumplía con más velocidad y mayores beneficios en los sectores improductivos, por lo cual se dedicaron a "orientar el ingreso rentístico-petrolero hacia la realización de actividades económicas parasitarias y especulativas (banco y comercio de importación) y hacia la satisfacción de propósitos clientelístico-populistas" (Battaglini, 2008: 60).
El Puntofijismo no cambió está realidad sino que la profundizó durante los años '60-'70, sobre todo a partir de los grandes ingresos que recibieron las cuentas nacionales tras la crisis internacional del petróleo en 1973, coyuntura en la que el precio del crudo llegó cuadruplicarse en menos de dos años. De manera tal que, cuando este período de bonanza finalizó y la recesión afectó nuevamente a la dinámica general de la economía capitalista mundial (comienzos de 1982), el gobierno se vio obligado a recurrir recurrentemente al endeudamiento externo para tratar de saldar el déficit presupuestario y para cancelar deudas vencidas (Battaglini, 2011: 165).
Es bajo este escenario, con la economía venezolana subyugada por el peso de la deuda externa y la incapacidad de reactivar procesos productivos, cuando Carlos Andrés Pérez accedió por segunda vez a la presidencia del país5 y en los primeros días de mandato optó por "aplicar un paquete económico de shock, un ajuste que, siguiendo la receta dictada a otros países de América Latina por el FMI, a las primeras de cambio elevaría el costo de la vida" (Herrera, 2011: 37). Dichas medidas generaron protestas y disturbios sociales debido a que contemplaban aspectos tales como: la liberación de precios y tarifas de los servicios públicos, eliminación de subsidios y aumento de la gasolina, entre otros ajustes que afectaban directamente las condiciones de vida de los sectores pobres de la sociedad (Herrera, 2011: 37).
Fue así que en la mañana del 27 de febrero de 1989 (27F) en Guarenas, ciudad aledaña a la capital venezolana, se realizaron quemas de autobuses para impugnar el incremento del 100% en los precios del combustible y del pasaje de transporte público. Aspecto que incidió para que en solo cuestión de horas la protesta se repitiera en Caracas y se expandiera hacia las principales ciudades del país convirtiéndose en un saqueo general de supermercados, tiendas de electrodomésticos y otros establecimientos comerciales; escenario tal en el que los organismos de seguridad se vieron desbordados y se mostraron incapaces de frenar el caos generado por las manifestaciones.
Fue así que, en la tarde del 28 de febrero, para contener los saqueos CAP decretó la ejecución de un plan especial de emergencia que abarcaba: la suspensión de las garantías constitucionales, el Estado de excepción a nivel nacional y la intervención del Ejército6 . Como resultado de esta intervención militar "el saldo oficial es de 600 personas asesinadas durante los sucesos, aunque esta no es una cifra definitiva" (COFAVIC, s/f: 2), ya que, en algunos balances se estima "que murieron más de 1000 personas, [mientras] los cálculos más pesimistas hablan de entre 3000 y 5000 muertos" (Martínez, 2013:143).
Una de las razones por las que inclusive al día de hoy no se conocen con exactitud las víctimas mortales, es porque muchas de ella no se contabilizaron ya que fueron enterradas clandestiidnte en fosas comunes en un sector conocido como "La Peste", en el Cementerio General del Sur de Caracas. Otro aspecto que dificulta conocer el saldo real de las víctimas es que las cifras oficiales solo tomaron en cuenta las muertes acaecidas en Caracas durante el 27 y 28 de febrero, los días de mayor intensidad de la revuelta, pero dejan por fuera a quienes murieron en otras ciudades del país y a quienes fueron víctimas de la represión institucional que se agudizó en los días posteriores al Sacudón.
Finalmente, en esta breve caracterización, señalaremos como rasgo característico del Sacudón la dimensión espontánea de la protesta, pues, si bien durante los días anteriores hubo manifestaciones impulsadas por diversos sectores sociales y corrientes políticas, el chispazo inicial de la protesta y el curso posterior de los disturbios no puede atribuírsele a ninguna organización o partido. De hecho, en medio de los acontecimientos, las principales fuerzas políticas que se oponían al puntofijismo se vieron superadas y no tuvieron posibilidad alguna de orientar el descontento social y capitalizar el ánimo de rebelión que prevalecía en la población.
A partir de lo anterior, podemos entrar a analizar el accionar de PROVEA como parte de los movimientos de DDHH.
3. EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA).
El nacimiento de esta organización está enmarcado en el conjunto de alternativas que distintos sectores sociales construyeron para dar respuesta a las carencias organizativas que existían en el país debido al estancamiento de las formas tradicionales de participación, especialmente de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos. Dichas falencias quedaron demostradas en situaciones como, por ejemplo, que la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), la máxima instancia nacional de cohesión de la clase obrera, estaba controlada por partidarios afectos a AD y COPEI con lo cual los reclamos ante el Estado ocupaban un lugar secundario; y también con el hecho de que los partidos políticos opositores se mostraron incapaces de proponer una agenda alternativa que hiciera contrapeso al sistema puntofijista.
Es a partir de este vacío organizativo donde, a pesar del clima general de violación a los derechos fundamentales, los DDHH no ocupaba un lugar central de la agenda de reivindicaciones que se asentaron las bases para que en octubre de 1988 surgiera PROVEA. Este colectivo nació con el objetivo explícito de saldar "la inexistencia de ONGs de derechos humanos que tuvieran una concepción integral de los derechos humanos, específicamente que trabajaran los derechos económicos, sociales y culturales" ("Nuestra historia", párr. 1), convirtiéndose así en la primera organización venezolana en asumir los DDHH desde una perspectiva universalista7 , desmarcándose de aquellas que asumieron acciones por los derechos humanos en base a casos puntuales o como temas de segundo orden. Esta dinámica se puede entender a partir del planteamiento de Ibarra cuando analiza "cómo determinadas crisis estructurales (sobre todo de índole cultural) hacen surgir los movimientos y cómo éstos tratan de distinguirse del mundo circundante creando su propia identidad colectiva, siendo distintos y propugnando una realidad distinta" (2000: 274, subrayado propio). Es decir, la crisis social y el vacío organizativo que existía en el país, crearon las condiciones para que emergiera un actor que asumiera como rasgo identitario central el tema de los DDHH.
En otro sentido, nos parece importante destacar que en la línea fundadora de PROVEA se articularon experiencias como las de Ligia Bolívar, Dianora Contramaestre y Raúl Cubas quienes respectivamente habían pertenecido a Amnistía Internacional, al Movimiento de Cristianos de Base de Caracas y a los Montoneros de Argentina8 y que inicialmente se articularon "en 1983 [cuando] se fundó en Caracas la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina, encabezada por el sacerdote de origen irlandés Patrick Rice" (López, 2011: párr. 40).
En concordancia con esto se evidencia que tanto en el perfil de los integrantes como en las prácticas emprendidas por PROVEA, las cuales comprendían acciones tales como: campañas de formación a la ciudadanía, recepción de denuncias, seguimiento a los casos de violaciones y orientación a las víctimas por parte abogados especialistas, entre otras, se reflejaron diversos recorridos organizativos y repertorios de acciones colectivas que ya habían sido empleadas en otras experiencias. Lo anterior lo interpretamos usando la caracterización realizada por Alonso cuando plantea "que tales agrupamientos no son homogéneos en sus composiciones y formas. Mayormente están integrados por <<individuos>>, pero el hecho de sumarse o no a ellos muchas veces viene condicionado por la pertenencia a otros agrupamientos - por ejemplo, grupos políticos" (en Flier, 2014: 60 subrayado propio).
Fue así que, a un mes de haberse fundado este organismo ocurrió la Masacre del Amparo donde 14 pescadores fueron ajusticiados por organismos policiales y militares venezolanos en la frontera con Colombia, en una acción que el Estado venezolano presentó ante la comunidad nacional como el resultado de enfrentamientos con fuerzas subversivas. Este acontecimiento le permitió a PROVEA asumir un caso emblemático para darse a conocer y desplegar su accionar como ente defensor de los derechos humanos; de hecho, el seguimiento realizado a este caso y la orientación brindada a los familiares de las víctimas influyó en que el Estado se viera obligado a reactivar las investigaciones donde finalmente se demostró que los pescadores no tenían vínculos con ninguna organización guerrillera9 .
Posteriormente, a principios del '89 ocurrió el Caracazo con lo cual PROVEA tendría nuevamente la oportunidad ejercer un rol importante en las jornadas de denuncias de las violaciones cometidas, contexto en el que el boletín "Referencias" jugó un papel importante en cuanto órgano de comunicación. En tal sentido, es allí donde se hace pertinente realizar las indagaciones planteadas.
4. BOLETÍN "REFERENCIAS".
4.1 - Caracterización de las pobladas:
Para PROVEA el Caracazo es interpretado como la continuación de las "pobladas" que se venían suscitado en el país desde algunos meses atrás. Dichas protestas, que tuvieron su origen en distintas problemáticas tales como la falta de empleo, deficiencia de los servicios públicos, los abusos policiales y el reclamo por el acceso a la vivienda, entre otras causas, se caracterizaron por surgir espontáneamente, por ser de composición social heterogénea, por carecer de vínculos con organizaciones políticas y por la violencia institucional como forma de contención por parte del Estado. En línea con lo anterior en el balance de cierre de 1988 plantean que
el año que termina estuvo marcado por un fenómeno social nuevo y creciente: las pobladas. Se trata de manifestaciones espontaneas de descontento por parte de una población que, sin motivaciones político-partidistas, se lanza a la calle a reclamar un derecho que le ha sido negado. Las pobladas de 1988 fueron motivadas por la falta de dotación de servicios públicos, o como protesta ante situaciones de abuso de poder. En la mayoría de ellas, hubo enfrentamientos violentos entre la población y los organismos policiales y de seguridad, destrucción de bienes, detenciones, heridos, en algunos casos muertos, y en todas un uso desproporcionado de la fuerza (...) Hubo 12 pobladas en 1988 en diferentes partes del país (número 310 : 2, subrayado propio)
En este marco de relaciones para principios de 1989 PROVEA contabiliza once pobladas previas al Sacudón, ocho en enero y tres en febrero, y aunque las relaciona con las pobladas de 1988, en estas últimas de febrero se perciben algunos cambios en la forma en que son caracterizadas. El primero es que pasan a ser definidas como "pobladas por hambre" (en vez de "pobladas" a secas), con esto se establece una relación directa entre la protesta social y la dificultad de la población de acceder a los bienes de la cesta básica, a raíz de la liberación de precios comprendidas en el paquete de medidas económicas de CAP, a diferencia de las de 1988 que eran ocasionadas por múltiples factores sociales. En segundo aspecto se identifica a actores específicos en la promoción de la protesta, principalmente madres-amas de casa. Finalmente se destaca la disminución de las fuerzas policiales como mecanismo de control social. En concordancia con la anterior comentan que las
Inmensas pobladas de amas de casa angustiadas por la situación de desabastecimiento de los productos básicos de la dieta, comenzaron a saquear supermercados que tenían acaparados los productos (...) Las características del fenómeno son coincidentes: protagonizados por amas de casa y damnificados, sin violencia hacia los dueños de los abastecimientos (...) es de destacar que no ha habido intervención de las fuerzas policiales en los hechos, pero existe preocupación si incidentes similares se producen en las ciudades capitales (número 5: 4)
En otro sentido, cabe destacar que a lo largo de los números de Referencias predominan los términos "poblada nacional" o "sucesos del 27 de febrero de 1989" para referirse a estos acontecimientos, de tal manera que no se rastrea el uso de las denominaciones historiográficamente aceptadas tales como "Caracazo" o "Sacudón". Consideramos que a partir de esta denominación el Caracazo no queda simbolizado como un hecho único o excepcional, sino que aparece incorporado en el marco de las manifestaciones callejeras vividas en el país desde el año '88 y que volverían a repetirse en los años siguientes "hasta convertirse en uno de los rasgos característicos de este período: 727 en 1991, 987 en 1992 y 679" hasta julio de 1993 (número 57: 2).
4.2 - Evaluación del accionar represivo de la Policía y las Fuerzas Armadas:
Como se ha comentado anteriormente, las pobladas adquirieron mayor impacto a partir del 27 y 28 de febrero debido a la magnitud de las protestas y a lo visible de la represión, que no fue "más que una versión concentrada y aumentada de lo que diariamente padece la población" (número 53: 1). En el número de Referencias previo al sacudón aparece un aspecto importante que sugiere pistas para comprender por qué la represión Estatal alcanzó tales dimensiones durante el Caracazo.
Dicho elemento es la crisis que atravesó la institucionalidad policial en enero de 1989 cuando los funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas (PM) estuvieron de huelga y "pusieron en la palestra problemas que son comunes a grandes sectores de la sociedad venezolana. Desde reclamos económicos hasta el reconocimiento del bono compensatorio como parte del salario" (número 4: 4). Este conflicto ocasionó contradicciones entre los diversos cuerpos institucionales de seguridad, razón por la que los policías en huelga fueron "tildados de inmaduros por sus superiores, amenazados de muerte por los servicios de inteligencia" (número 4: 4) y estuvieron enfrentados a los altos mandos de la Guardia Nacional (GN).
A partir de la identificación de este conflicto al interior de los organismos de seguridad se pudiera explicar la actitud ambigua durante la fase inicial del Sacudón cuando, contrariando el accionar violento con que intervinieron en las pobladas de 1988 y de enero de 1989, "la policía se suma al resto de la gente, participando como pueblo común, y colaborando con que la protesta y la toma de establecimientos comerciales se hicieran con orden" (Iturriza, 2012: 30); lo cual, sin embargo, cambió radicalmente durante el segundo día cuando se intensificaron los disturbios y "la policía, cansada y perpleja, desbordada por la situación, dispara a diestra y siniestra, intentando amainar lo que se estaba convirtiendo en saqueos incontrolables" (Iturriza, 2012: 31). Lo anterior coincide con la descripción de Referencias cuando relatan que "la actuación de la PM osciló entre sumarse a la protesta colaborando en que la toma de negocios se hiciera en <<orden>> a su normal oficio represivo que dejó como saldo numerosas y graves violaciones a los derechos humanos" (número 6: 10).
De tal manera se percibe una caracterización diferenciada de los organismos de seguridad donde, sin negar que la PM haya tenido un rol represivo, se apunta que es a partir de la presencia masiva de las FFAA en las calles, cuando 10.000 efectivos llegaron del interior del país, en que se produjeron serias violaciones a los derechos humanos. Donde el número de muertos creció a 276 según cifras oficiales (número 6: 1); aspecto que se confirma al indicar que "la mayoría de los muertos en este período se produce por heridas de bala de grueso calibre, alojadas de la cintura para arriba, en horarios nocturnos durante el toque de queda" (número 6: 2), donde "se aplicó un patrón de represión que indica que la gran mayoría de las muertes se producen como consecuencias de actos deliberados (...) para causar sufrimiento en las víctimas" (número 53: 1). Dejando así en evidencia que la intervención de las FFAA, el único cuerpo con dotación y entrenamiento para emplear armas y tácticas de guerra, influyó en que el número de víctimas haya superado al de cualquier protesta anterior.
Por otro lado en Referencias se denuncia que el gobierno aprovechó el clima nacional para cometer acciones contra objetivos políticos específicos, en ese sentido comenta que
Al cobijo de la suspensión de garantías, los cuerpos de seguridad del Estado, incluida la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) que no tiene atribuciones para realizar inteligencia sobre posibles opositores sociales o políticos, realizaron cientos de allanamientos y detenciones de estudiantes y grupos autónomos de base con inserción en zonas populares, hasta inclusive sacerdotes jesuístas con la intención de obtener información sobre sus actividades, intimidarlos y responsabilizarlos de la situación ante la opinión pública (número 6: 2)
En relación a esto se plantea que durante el Caracazo la violación a los DDHH más allá de la violencia física, reflejada en la cantidad de personas muertas o heridas, también abarcó otras dimensiones tales como: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, acusaciones injustificadas de "rebelión militar, torturas y tratos crueles y otras series de violaciones, donde "la suspensión de algunas garantías fue percibida como una suerte de <<licencia para matar>> por parte de funcionarios de diversos organismos de seguridad" (número 6: 3).
4.3 Representación de los actores sociales:
Para Referencias la composición social del Caracazo fue heterogénea, puesto que hubo sectores que concurrieron a los saqueos impulsados por las penurias económicas en que vivían, a la vez que hubo participación pandillas que se aprovecharon de la situación para cometer fechorías. De tal manera identifica que el rol fundamental de la protesta lo desempeñaron los "habitantes de los barrios 11, estudiantes y ciertos sectores de la clase media, que expresaron de esta manera su descontento por las políticas económicas y sociales de sucesivos gobiernos que solo han atendido los intereses de la Banca Internacional" (número 6: 1), a partir de lo cual se afirma que "el Pueblo fue durante dos días el protagonista principal de la vida nacional" (número 6: 1). A través de esta caracterización se establece una diferencia entre el estallido social justificado por las condiciones de miseria y los "hechos vandálicos protagonizados por sectores minoritarios, lumpenes que desvirtuaron, en alguna medida la legítima protesta popular" (número 6: 1).
En otro sentido, a dos meses del Sacudón, el boletín realiza un balance en el cual se analiza "cómo los distintos sectores sociales han respondido a la situación vivida a raíz de la Poblada Nacional del 27 y 28 de Febrero" (número 7: 1), en ese sentido identifica a tres grupos de actores que aun siendo parte de la alianza del sistema puntofijista asumieron posturas diferentes. Con este aspecto se empieza a dar luces de cómo desde el principió se interpreto que el Caracazo significó una ruptura del orden político imperante.
En concordancia con lo anterior, en primer lugar, caracterizan la actitud del poder ejecutivo y de la burguesía, que desestimaron la magnitud de los eventos ocurridos y continuaron adelante con las medidas neoliberales. Es así que ubica en un mismo nivel al "gobierno y Fedecamaras12 , el primero implementando y justificando la aplicación del <<Paquete económico>> y los empresarios beneficiándose de la liberación de precios (...) [quienes] siguen empeñados en negar la situación social explosiva que estamos viviendo" (número 7: 1 cursivas propias). En segundo orden, dan cuenta de cómo desde el poder legislativo los partidos del sistema puntofijista postergaban las decisiones que darían celeridad a las investigaciones de lo ocurrido, dimensión que se refleja cuando comentan que "a nivel del Parlamento, las fracciones parlamentarias de los partidos mayoritarios, Acción Democrática y COPEI, siguen sin ponerse de acuerdo para la designación del Nuevo Fiscal General de la República" (número 7: 1). Y, finalmente, puntualizan las prácticas de las FFAA quienes desde luego de los sucesos de febrero "han pasado a cumplir de hecho una función <<tutelar>> del funcionamiento de la democracia (...) [avanzando] sobre espacios institucionales que no le corresponden, como por ejemplo la política de seguridad interior" (número 7: 1).
En otro orden, también hay un seguimiento al papel de los movimientos de DDHH tras los acontecimientos a partir del cual se puede comprender cómo influyó el Sacudón en la activación de una dinámica donde los derechos humanos pasaron a ocupar un papel importante en la agenda de discusiones. En este contexto se comenta que
A partir del 6 de marzo, que es cuando sectores de la sociedad comienzan a dar una respuesta organizada a la situación. Se forman espontáneamente y sin coordinación ni acuerdo previo, el Comité por los desaparecidos, el Comité pro-restitución de las garantías, el Comité de Notables de la Universidad Central de Venezuela" (número 6: 2)
5. COMENTARIOS FINALES: EL CARACAZO Y SU INTERRELACIÓN CON OTRAS MEMORIAS.
A lo largo de las publicaciones de Referencias se observa que el Caracazo como acontecimiento no ocupó un lugar predominante en los análisis y seguimientos realizados por PROVEA, como sí sucedió con otros casos de violaciones a los DDHH; por esta razón se hace difícil rastrear en dichos documentos los elementos necesarios para establecer la construcción de una memoria consolidada. En este sentido, se aprecia que la mención al Sacudón fue más concurrente en los meses cercanos al estallido13 , donde tales sucesos todavía formaban parte de la coyuntura nacional, pero a medida que hay un distanciamiento temporal la evocación ocurre solo en situaciones especificas, como por ejemplo en las fechas de aniversario o cuando hubo algún avance en las investigaciones y demandas de justicia. Lo anterior se pueden explicar a partir de dos situaciones:
En primer orden por la conformación del Comité de Familiares Victimas del Caracazo (COFAVIC), que fue la instancia en la que se agruparon 42 familiares de víctimas y 3 víctimas directas, quienes a partir de las primeras semanas de marzo de 1989 se encargaron de efectuar denuncias ante instancias nacionales e internacionales, de informar a la población sobre el estado de los casos a través de comunicados y de acompañar los procesos relacionados con las indagaciones judiciales, como fue el caso de las exhumaciones de cadáveres en el sector La Peste del Cementerio General del Sur de Caracas. En consecuencia podemos interpretar que la existencia de este comité, encargado de asumir el Caracazo como reivindicación principal, puso un límite a la participación de otros organismos. A diferencia de otros casos que, al no existir una agrupación u organismo que lo asumiera como reivindicación primaria, COFAVIC tomó como acontecimiento icónico tal como ocurrió con la masacre del Amparo.
En segundo aspecto pensamos que influyó el hecho de que PROVEA asumiera la reclamación de los DDHH desde una perspectiva integral, razón por la cual debían hacerle seguimiento a otros casos que no tenían tanta visibilidad en el escenario político nacional, como por ejemplo: la situación carcelaria, los derechos de los pueblos indígenas, las detenciones arbitrarias y el estado de las luchas sindicales, entre otras temáticas que eran cubiertas permanentemente por el boletín Referencias.
Bibliografía.
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Notas
*Jhonatan Taguaruco, docente e investigador. Licenciado en Educación mención Ciencias Sociales egresado de la Universidad de Carabobo (Venezuela). Actualmente en proceso de realización de tesis para la obtención del título en la maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).